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Autor: Cristina Solórzano, Fernando Villavicencio V. y Christian Zurita Ro

LOS PAPELES SECRETOS DE CHINA

Miles de documentos en manos de Periodismo de Investigación (convenios, contratos, minutas, mails, informes habilitantes, comisiones, intermediarios) relacionados con la contratación de deuda externa pagada con petróleo y obras estratégicas, negocios que superan los 100 mil millones de dólares, fueron calificados de confidenciales y reservados por exigencia del gobierno chino.

No conformes con la condena al silencio sobre estas operaciones, las autoridades de China “recomendaron” al gobierno de Rafael Correa, limpiar informes de Contraloría, investigar y sancionar a quienes difundiesen esa información. A partir de esta publicación entregamos a la ciudadanía los documentos cuya condición de reserva estuvo dirigida a ocultar una gigante trama de corrupción aún no investigada por la justicia.

Las condiciones financieras de los créditos y los términos comerciales de los contratos de provisión de petróleo fueron totalmente reservadas. Esa fue una de las condiciones que impuso China al Ecuador para firmar los contratos de desembolsos pagados con petróleo.

El Gobierno de Rafael Correa, por supuesto, cumplió la exigencia rigurosamente: en octubre de 2010, dos meses después de firmada la primera línea de crédito por $ 1.000 millones, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) declaró secretas y reservadas todas las operaciones de endeudamiento público.

El exministro de Economía y Finanzas, Carlos De la Torre, en declaraciones que El Universo recogió, confirmó que fueron los bancos chinos quienes pidieron la confidencialidad de los créditos.

«No querían que se sepa en qué condiciones le entregaban (créditos) al Ecuador porque, si no, ellos tendrían que responder ante terceros países entregándoles condiciones similares», dijo De la Torre.

Pese al secretismo y la falta de transparencia que rodean la operaciones con China, este portal ha revelado que las líneas de créditos fueron contraídas en condiciones no beneficiosas para el país.

«YO NO AUTORICÉ LA FIRMA DE ESE CONTRATO»

En abril de 2016 el portal Focus publicó una nota y reveló en un video los detalles de la Línea de Crédito IV, de $ 2.000 millones, negociada con el China Development Bank (CDB). Con ese préstamo se comprometió 181 millones de barriles a Petrochina que deben entregarse desde 2018 hasta 2026.

La publicación señalaba que el contrato era lesivo por los altos intereses (7,5%) que el país debía pagar y por el perjuicio que generaba la intermediación petrolera, pues China, que recibía el crudo ecuatoriano a precios menores a los del mercado, luego lo revendía a terceros a precios superiores.

El video, además, explicaba que el contrato de préstamo evadió los procedimientos regulares de contratación de Petroecuador y que firmó una carta de garantía soberana que le daba a China la potestad de embargar el crudo ecuatoriano en cualquier parte del mundo.

Una de las ilegalidades de esa operación lo confirmó el entonces ministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli (ahora en prisión) que acusa de haberse suscrito el contrato de provisión de 181 millones de barriles con Petrochina, vinculado a la línea de crédito de $2 mil millones del CDB, sin contar con la autorización del directorio de Petroecuador, presidido por él.

“Yo no autoricé la firma de ese contrato”, enfatizó Pareja, quien sostiene esta acusación en la cooperación eficaz suscrita con el exfiscal Carlos Baca Mancheno, documento olvidado en algún escritorio fiscal.

La publicación del video disgustó enormemente al CDB, tanto, que enviaron un oficio al entonces subsecretario de Financiamiento Público del Ministerio de Finanzas, William Vásconez Rubio, solicitando explicaciones y pidiendo la colaboración para investigar la “revelación inadecuada de información confidencial de la Línea IV de crédito”.

Periodismo de Investigación accedió a ese oficio de mayo de 2016. En el documento, Wang Hongjun, sub-apoderado de la Misión Residente del Banco de Desarrollo de China en Ecuador, pide que se investigue la “revelación inadecuada de información confidencial de la Línea IV de crédito”.

Según Hongjun, el video reveló detalladamente las condiciones financieras, estructura de transacción y causó daños a la imagen de Alianza País, de Petroecuador, Petrochina y del CDB, porque contenía “ataques, distorsiones e incluso calumnias hacia nuestra cooperación de la Línea IV”.

En la misiva CDB-ECU-2016-001, el banco chino hace cuatro pedidos puntuales.

El CDB advirtió que “de continuar difundiéndose entre el pueblo ecuatoriano” el video “la posterior cooperación sino-ecuatoriana se arriesgaría a quedarse afectada” y pidió que se investigue quiénes y en qué canales se reveló la información, además de que se evalúe la “influencia negativa causada por la difusión inadecuada de este video y proponernos adecuadas medidas a tomar para mitigar en la mayor medida posible la potencialidad de consecuencias negativas”. 

En el mismo renglón, China ordenó al Ministerio de Finanzas “aclarar y responder públicamente” a la publicación del portal Focus, enfatizando que la cooperación china-ecuatoriana era de beneficio mutuo y con ganancia recíproca.

Recalcaron que las altas autoridades del CDB “conceden suma importancia al evento de esta divulgación inadecuada” por tanto esperaban que se les notifique detalladamente el resultado de la investigación y las propuestas para solucionarlo, aclarando que esas soluciones debían ser “satisfactorias” para el CDB.

El CDB además solicitó a William Vásconez los informes con “calificaciones positivas” elaborados por la Contraloría General del Estado sobre las tres líneas de crédito anteriores, “con reconocimiento de que los términos y condiciones financieras de los préstamos de CDB han sido entre los mejores de todos los convenios de créditos que el Estado ecuatoriano ha contraído en las últimas tres décadas”.

LOS CONTRATOS DE PETROCHINA GLOSADOS

En 2013 la Contraloría General del Estado emitió el informe DA3-0015-2012 que establecía que el país perdió $ 39,1 millones en el primer contrato de compraventa de crudo, firmado en 2009 con Petrochina.  Por esto, la Contraloría predeterminó glosas por $ 39 millones a cinco funcionarios de Petroecuador.

En marzo de 2013, la Contraloría General del Estado aprobó el informe DA3-0015-2012 que predeterminó glosas a cinco funcionarios de Petroecuador: Luis Aurelio Jaramillo Arias, entonces presidente Ejecutivo; Manuel Elías Zapater Ramos, a la fecha gerente General; Susana Cristina Bustos Navarrete, de la Jefatura de la Comercialización; Nielsen Giordano Arias Sandoval, entonces subgerente de Comercio Internacional y Mario Danilo Aldana Vargas, también de la Gerencia de Comercio Internacional.

La glosa de $39.1 millones fue repartida así: $ 34.45 millones impuestos a Luis Jaramillo, Susana Bustos Navarrete y Mario Aldana Vargas, por vender el petróleo con premios muy bajos.

$2.4 millones para Luis Jaramillo y Mario Aldana y 90.134,70 para Manuel Zapater y Nilsen Arias, por negociar en condiciones desfavorables y sin estudios técnicos la calidad de los crudos Oriente y Napo.

Otros $ 2.079.699,80 perdió Petroecuador por no establecer correctamente las cotizaciones de los precios del crudo. Por esta observación se predeterminó glosas en $1.933.461,91 a Luis Jaramillo y en $ 146.237,89 a Manuel Zapater.

Este documento en la era de Carlos Pólit fue criticado con fuerza. Jorge Glas se apresuró a desmentirlo en cadena nacional, insistiendo que no hubo perjuicio para el país y amenazó con enjuiciar al entonces asambleísta Cléver Jiménez y al periodista Fernando Villavicencio que insistían en que los acuerdos de comercialización de crudo perjudicaban a Petroecuador.

DESVANECEN LA GLOSA DEL CONTRATO DE PETROCHINA

Glas dijo, en agosto de 2013, en un correo electrónico, dirigido a Alexis Mera, Fernando Alvarado y Rafael Correa, que el informe de Contraloría había sido “aclarado y desvanecido”. A esa fecha, eso aún era un pedido.

Esto ocurrió recién en marzo de 2016, un mes antes de la firma del contrato de crédito de la Línea IV, el entonces subcontralor general del Estado, Pablo Celi concretó los deseos de Glas y los chinos y desvaneció la glosa. De mantenerse en pie ese informe de Contraloría las futuras líneas de crédito y/o preventas podían tambalear.

La Contraloría, en su examen que fue tirado al tacho de la basura, dijo que el país vendió el crudo con premios y diferenciales inferiores a los del mercado internacional, pues fijó los premios “sin respaldar los aspectos técnicos, económicos y comerciales que justifiquen que (…) fueron los más convenientes”, además de que el crudo vendido por Petroecuador no iba a las refinerías de Petrochina.

El informe mencionó la participación de una empresa (Taurus) como intermediaria en los embarques y traslados del crudo adquirido por Petrochina a otros países, lo que llevó a contemplar la posibilidad de que la estatal china podría estar revendiendo el crudo a precios superiores a los comprados a Petroecuador.

Tres meses después de desvanecida la glosa, los Papeles de Panamá revelaron que, en la primera venta de crudo, Enrique Cadena Marín y Jaime Baquerizo Escobar recibieron comisiones de $1 dólar por cada barril de crudo vendido a Petrochina. La intermediación fue manejada a través de las empresas Castor Petroleum Ltd., Gunvor Group Ltd., Waterway Petroleum y Eston Trading Ltd.

LOS DOCUMENTOS RESERVADOS

Los documentos confidenciales de la Línea de crédito IV a los que este medio tuvo acceso dan cuenta que una de las exigencias de China era la confidencialidad. De hecho, su cumplimiento era una condición determinante para avanzar en las negociaciones, según la minuta de entendimiento, firmada por Xu Yan, director del CDB; Li Shuai, gerente de Comercio de Petrochina; Nilsen Arias, gerente de Comercio Internacional de Petroecuador.

Las actas confidenciales establecen una línea de tiempo de las negociaciones desde 2014, cuando el CDB visitó al Ministerio de Finanzas y “mostró apertura” para una nueva línea de cooperación, para septiembre de ese año.

En diciembre de 2014, se realizaron los primeros acercamientos para iniciar las negociaciones. Entre el 7 y el 11 de septiembre de 2015 una delegación del Ministerio de Finanzas viajó a China y propuso una nueva oferta de negociación de crudo que el CDB se comprometió a analizar.

En noviembre de 2015, funcionarios del MEF y Petroecuador viajaron a Beijing para insistir en la oferta de comercialización de crudo y detallar los tiempos de explotación y volúmenes que serían parte de la negociación. A partir de esa fecha, la negociación continuó con intercambios y requerimientos de información.

El 11 de enero de 2016, la delegación del Ministerio de Finanzas y Petroecuador viajó a Beijing a firmar el contrato de préstamo. 16 días tardaron las negociaciones en la matriz del CDB.

El 14, 18, 20 y 21 de enero se sumillaron los términos financieros de la Línea IV impuestos por el CDB. El 26 de enero de 2016, Petroecuador presentó una nueva propuesta de cobertura de crudo que, finalmente fue aceptada por el CDB.

Desde el 3 de marzo al 11 de marzo de 2016, representantes del CDB, Petroecuador y Petrochina se reunieron en Beijing para discutir los términos del préstamo. Finalmente acordaron que la deuda se pagaría con dos contratos de venta de 181.440.000 barriles repartidos entre Petrochina y Unipec, a ocho años plazo más dos de gracia.

“La forma del contrato de compraventa se ajustará sustancialmente a los contratos anteriores entre Petroecuador y Petrochina Int. y deberá ser de forma y sustancialmente satisfactoria para el CDB”, dice la minuta de entendimiento.

Finalmente, en abril de 2016, en medio de la tragedia que enfrentaba el país por el terremoto, se firmó el contrato de préstamo, además de la carta de confidencialidad del 25 de abril de 2016. El monto $2.000 millones se dividió en dos tramos, el A que entregó $ 1.500 de libre disponibilidad para programas y proyectos del plan anual de inversiones, y el Tramo B que se destinó para financiar proyectos con contratistas chinos aprobados por el CDB.

El interés, para el Tramo A fue fijado en 7,25% y para el B 6,87 %.  Tasas superiores a las firmadas en las tres líneas de créditos anteriores. Además, el país tuvo que pagar el 1,30% por la comisión de gestión. El acuerdo de préstamo fue firmado por el entonces ministro de Finanzas Fausto Herrera y el vicepresidente del CDB.

Poco antes de la firma del contrato, Carlos Barrionuevo Toasa, entonces subsecretario de Financiamiento Público, subrogante, explicó la conveniencia de la tasa del crédito establecida por el CDB comparándola con la alternativa de emitir bonos de deuda externa en el mercado internacional.

Dijo, en un oficio enviado al entonces ministro de Finanzas Fausto Herrera, que el cupón al cual los inversionistas demandarían un título valor del país sería de alrededor del 11,97%, “por lo que la tasa del CDB es menor a aquella de emitir de bonos de deuda”. Y citó el hecho de que los Bonos Global 2020 tenían una tasa fija del 10,50%, por lo que concluyó que el crédito era conveniente para el país y las condiciones “adecuadas”.

Ese análisis fue enviado también al Comité de Deuda y Financiamiento que tenía que aprobar los términos y condiciones del préstamo. Patricio Rivera, como representante de Rafael Correa, Fausto Herrera, Adolfo Salcedo de Senplades y Carlos Barrionuevo subsecretario de financiamiento fueron quienes aprobaron el préstamo, el 14 de abril de 2016.

Al cierre de esta edición el directorio de Petroecuador aprobó una nueva línea de crédito por $1400 millones con el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC), que será pagada con un contrato de provisión de 50 millones de barriles a suscribirse entre Petroecuador y Petrochina o Unipec.

Estas operaciones reeditan el cuestionado mecanismo aplicado por el régimen de Rafael Correa; con un agravante, en este caso Petroecuador emitió un informe negativo en el que advierte un perjuicio de 2 dólares por barril, $119 millones.

Frente a la resistencia de la estatal petrolera, el presidente Lenín Moreno, asumió plenos poderes y con decreto 1075 sometió una vez más el interés de Ecuador a las condiciones del imperio chino.

¿Cómo se financió la campaña de Lenín y Glas?

«Si ustedes se hacen los tontos, yo me hago el pendejo”, así reaccionó el presidente Lenín Moreno, frente a la investigación Arroz Verde 502 publicada por los portales La Fuente y Milhojas, según la cual, contratistas multinacionales y nacionales financiaron las campañas electorales del movimiento Alianza PAIS, los años 2013 y 2014. La difusión de Arroz Verde provocó un impacto judicial y político sin precedentes, uno de los personajes poderosos e intocables del correísmo, Alexis Mera Giler, se encuentra en prisión tras la delación de la exasesora de Rafael Correa Delgado, Pamela Martínez, apresada horas después de difundido el reportaje periodístico. Un informe elaborado en agosto de 2017 deja entrever que el mecanismo de financiamiento electoral de 2013 y 2014 se extendió a la campaña presidencial de 2017, bajo similares formas y códigos que identifican a aportantes y recaudadores. Aquí una nueva entrega de Arroz Verde.

La estructura de donaciones y financiación irregular para gastos electorales de Alianza PAIS, que evidenció los informes de Arroz verde 502, también se extendió a la campaña presidencial del binomio Moreno-Glas en 2017.

Documentos revisados por nuestro equipo de investigación evidencian que para la última elección presidencial no sólo se captaron recursos del sector privado, también existió un alto porcentaje de dineros públicos que se entregaron a través de las prefecturas de Los Ríos, Manabí y Pichincha.
Una parte de esos recursos públicos salieron también del fondo de reconstrucción del terremoto que golpeó Esmeraldas y Manabí en abril de 2016. Otro hallazgo importante es la entrega de recursos de gastos reservados que la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) direccionó en favor de la campaña de Moreno-Glas.

Los detalles de las donaciones se encuentran en un informe llamado “Lucas Majano”, el nombre de una calle secundaria al norte de Quito, donde se encontraba la oficina en la que se concentró y gestionó el dinero.


Vecinos del sector aseguran que la vivienda era frecuentada por altos dirigentes de PAIS, reconocen en particular a Gustavo Baroja y Paola Pabón. La zona permanecía llena de vehículos oficiales y personas que llegaban a cobrar por sus servicios a la campaña. La casa de tres pisos hoy está desocupada, aunque hasta pocas semanas fue local de campaña de la lista 5 que auspició a Paola Pabón a la prefectura de Pichincha.

Baroja, Pabón y Glas, los líderes
Los aportes de empresas privadas, nacionales y extranjeras, más las instituciones públicas sumaron $ 7’720.000. El proceso de recaudación se efectuó entre la primera y segunda vuelta electoral y al igual que en Arroz Verde 502, tres líderes: Gustavo Baroja (L1), Paola Pabón (L2) y Jorge Glas (L3)- se encargaron de solicitar, gestionar y recaudar los aportes voluntarios para Alianza PAIS.

Completaban el equipo de recaudación los “coordinadores” Diego Espinosa D’ Herbécourt (C-1) y Patricio Beltrán Vinueza (C-2). El informe Majano dice que fueron supervisados por Félix Delgado y Verónica Castro, funcionarios de la Prefectura de Pichincha y del movimiento AP.

En 2016, Diego Espinosa, era el gerente general de la empresa pública Hidroequinoccio y Beltrán Vinueza el gerente financiero de esa misma entidad.

Según el reporte, ellos recibieron $ 7’360.000 en efectivo, que fueron entregados en las oficinas ubicadas en la Av. Brasil y Pasaje Lucas Majano.

Los “líderes” antes descritos negociaron y gestionaron directamente con las empresas e instituciones. Espinoza y Beltrán se encargaron del seguimiento hasta la obtención del dinero. Este distribuía a los miembros del equipo de campaña con autorización de Baroja, Pabón y Glas.

El documento señala que “no existen registros de empresas petroleras, debido a que, según informa, mediante correo electrónico, Patricio Beltrán (C-2) a Diego Espinosa D’ Herbécourt (C-1): “a las empresas que fuimos ya está recolectado por Jorge Glas y Edwin Moreno” (sic).

Según el informe, todos los recursos gestionados y obtenidos por los líderes, eran repartidos, en efectivo, por Patricio Beltrán, en las oficinas del área financiera de la campaña, ubicadas en la Av. Brasil y Pasaje Lucas Majano.

Los detalles
El líder 1, Gustavo Baroja, a la fecha prefecto de Pichincha, tenía a su cargo nueve organizaciones, codificadas así: V1-La Fabril, V2-Hidalgo & Hidalgo, V3-Ripconciv Construcciones Civiles, V4 –Prefectura de los Ríos, V5 – Prefectura de Manabí, del Fondo de Gastos Especiales, V7-Secretaría de Inteligencia, V8 –Servicios de Seguridad Armiled, V12-Vip Cevipsa y V14-Secretaría Técnica de Reconstrucción.

Las reuniones se concretaron con Carlos González Artigas, dueño de La Fabril (V1), en el hotel Oro Verde de Manta, provincia de Manabí y fue Patricio Beltrán (C2) quien recolectó $1.5 millones en efectivo, entregados en tres partes de $500.000 cada una. El informe no establece las fechas de entrega de los recursos.

Hidalgo & Hidalgo S.A. (V2), al tener participación societaria con la cadena hotelera Holiday Inn, usaba esas instalaciones, ubicadas en la avenida Orellana y Reina Victoria en Quito, para negociar con Gustavo Baroja (L1) y Diego Espinosa D’ Herbécourt (C1) aportaciones voluntarias.

Según el reporte, en esos encuentros se comprometieron a la ampliación de la vía Aloag – Santo Domingo, la conclusión del pago del canal de riego Cayambe – Pedro Moncayo, la devolución de las concesiones y la construcción del Túnel Bombolí. El documento indica también que se hicieron dos entregas de $450.000 cada una, en las oficinas de Hidalgo & Hidalgo, ubicadas en la avenida Galo Plaza Lasso N51-127 y Algarrobos.

El contacto con la empresa fue Aurelio Hidalgo, actual ministro de Transporte y Obras Públicas.

Ripconciv Construcciones Civiles Cía. Ltda. (V3), hizo, según el documento, dos entregas en efectivo de $ 300.000 cada una, en las oficinas de la avenida República y Pradera en Quito. Allí se reunieron Francisco Peña, fundador de Ripconciv Construcciones, Gustavo Baroja y Diego Espinosa D’ Herbécourt.

Esa empresa se ha adjudicado grandes obras financiadas con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, en las provincias de Manabí y Pichincha, como el mantenimiento de la autopista General Rumiñahui, en el sector del cerro Ilaló.

Baroja y Beltrán se reunieron con Marco Troya Fuertes, exprefecto de Los Ríos (V4), en las instalaciones del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador. Gestionaron la entrega de $ 350.000 en efectivo, valor que se entregó en cuatro partes: dos de $80.000, una de $60.000 y una final de $130.000.
A Troya Fuertes le ofrecieron nombrarlo titular del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, según el informe. Mariano Zambrano Segovia, entonces prefecto de Manabí (V5), fue contactado por Gustavo Baroja y Diego Espinosa D’ Herbécourt para la entrega de los aportes voluntarios, a través de su hijo Mariano Zambrano Vera. Según el documento, él organizó dos reuniones en Quito con Baroja, en las Torres de Suites, ubicada en la Av. Orellana y Av. Amazonas. Allí se entregó en efectivo 800.000 en dos pagos iguales a Diego Espinosa D’ Herbécourt (C1) y Patricio Beltrán (C2).

La Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) (V7), entregó, con autorización de Rommy Vallejo, su titular, $ 1.5 millones a Baroja, “quien personalmente recibió en las instalaciones de dicha institución en Lumbisí estos valores, en un solo desembolso entregado en billetes de denominación de cien dólares, provenientes del fondo de gastos especiales para operaciones de inteligencia y contrainteligencia”.
La Secretaría Técnica De Reconstrucción (V14) entregó a Baroja, a través de su titular Carlos Bernal, la suma de $350.000 dólares en las oficinas de RTS, dice el informe Majano.

También se identifican varias reuniones de Baroja y Beltrán con Danny Walker, Munir Abedrabbo y el grupo Wright (sin identificar quién) en las que acordaron aportar $320.000 en efectivo.
El dinero fue entregado en tres pagos, dos de $130.000 y uno de $60.000, a través de la compañía Servicios de Seguridad Armiled Cía. Ltda. (V8). Los encuentros tuvieron lugar en las instalaciones de esa empresa, ubicadas en la calle Pedregales N35-115.

“Se les ha ofrecido nombrar al titular de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones”, dice el informe.

El reporte señala que Gustavo Baroja y Patricio Beltrán “contactaron y gestionaron con Karla Semanate, VIP Cevipsa S.A. (V12) la entrega de aportes voluntarios para insumos y logística” de la campaña del binomio Moreno-Glas.  El dinero ($350.000) se entregó a Beltrán en efectivo, en la ciudad de Quito, en tres partes: dos de $150.000 dólares y una de $50.000 dólares.

La líder 2, Paola Pabón (L2), entonces secretaria de Gestión de la Política, gestionó los aportes de V9–Reylacteos y V10– Corporación Eléctrica Nacional de Venezuela. A través de Segundo Wong, de Reylacteos, obtuvieron $120.000 y por medio de Carlos González, de Corporación Eléctrica Nacional de Venezuela, lograron $280.000, dice el informe.

Al líder 3, Jorge Glas, le asignaron tres organizaciones codificadas para la gestión de recursos: V6-Sinopec International Petroleum Service Ecuador, V11-Tele Cuatro Guayaquil C.A. Red Telesistema Rts (propiedad del fantasma Ángel González) y V13-Grupo Azul.

En agosto de 2016, en uno de los chats filtrados por #InaPapers el entonces asesor de Lenín Moreno, Andrés Michelena, informaba sobre la visita a Ginebra de Carlos Mantilla, presidente de diario El Comercio y de Carlos Lorefice Lynch, representante del magnate de la comunicación Ángel González (el Fantasma). El mensaje de Michelana decía: “Hola Lenín. Buen día. Te comento que está listo el viaje para visitarte con El Comercio. A partir del 8 de agosto cuando tú digas. Iría Carlos Mantilla, Carlos Lorefice Lynch (maneja todos los medios de la región) y un asesor del grupo”. A esa fecha ya estaba vigente un informe de la Contraloría del Estado que ordenaba la reversión de varias frecuencuencias de radio y televisión adjudicadas ilegalmente al grupo controlado por González. Dos años después de posesionado Moreno como Presidente de la República, nadie se atreve a ejecutar el informe.

Con Sinopec obtuvieron $150.000, el contacto aparece “sin registro” en el documento revisado por este medio. De Tele Cuatro Guayaquil, a través del contacto Eduardo Mangas, consiguieron $600.000. El Grupo Azul, por medio de su dueño William Phillips, les entregó $80.000.

Una mochila llena de fuerza y convicción

El informe Lucas Majano identifica posibles líneas de uso de esos recursos de campaña. Por ejemplo, señala a “Homero Arellano, Stalin Basantes, Paola Escobar, como encargados de la logística de las caravanas presidenciales y vicepresidenciales”.

También se identificaron desembolsos a nombre de María Augusta Enríquez, asistente de Vinicio Alvarado Espinel para el pago de publicidad relacionada a la campaña electoral”. Vinicio Alvarado, hoy prófugo de la justicia por haberse identificado su participación en Arroz Verde 502, diseñó la estrategia de campaña que llevó a Moreno y Glas al poder.

Según el informe, el entonces candidato Moreno conoció el presupuesto que se necesitaba para cada salida de campaña. El documento hace alusión a “comunicaciones mantenidas entre Lenín Moreno y Homero Arellano, embajador de Ecuador en Chile, a través de la aplicación Telegram.
En una de ellas, se adjunta un archivo denominado “logística.pptx”, enviado por Arellano a Moreno, indicándole que lo lea y que tiene algunas dudas que necesita sean absueltas.

Por su parte Moreno contesta: “me parece bien Homero, hay que conversarlo con Ricardo Patiño y/o Gustavo Baroja, ellos ya saben que vos vas a manejar el tema”, puede leerse en una captura del chat, del 31 de agosto de 2016.

Arellano le responde: “Perfecto! Voy a Ecuador, hoy noche, justo para reunirme con Ricardo y Gustavo, voy con la mochila llena de fuerza y convicción, amigo!!”.

Según el informe, el archivo “logística.pptx” contenía la organización y costos del “Plan Nacional de Logística” para el binomio. “Se debe señalar que mensualmente se realizaba al menos una comitiva presidencial en la Sierra, Costa, Amazonía y una de las “ciudades grandes”, por lo que el valor mensual oscilaba en los USD 349.920 dólares mensuales”.

Las comitivas vicepresidenciales que se realizaban mensualmente, al menos una vez, fluctuaron en $ 243.420 mensuales, según el detalle:

La información revisada incluye un documento denominado “Liquidación de fondos 1ra. Vuelta”, en formato Excel, de finales de 2016, de Alianza País. Señala que, a esa fecha, el movimiento tenía un total de ingresos por $1.376.330,42, repartidos en los siguientes rubros: Numerarios (Recursos privados personas naturales ecuatorianas y extranjeras residentes en el Ecuador) $1.376.330,42. Especie (recursos privados personas naturales ecuatorianas y extranjeras residentes en el Ecuador) $75.457,00 y Otros Ingresos (intereses cuenta corriente) $48,85.

De esta información no se cuenta con mas referencias de cuentas, entidades financieras y personas a cargo. El informe Majano agrega un balance contable, titulado “campaña electoral 2017, presidente y vicepresidente de la Republica, movimiento Alianza País Patria Altiva y Soberana, listas 35, ple-cne-perm-5-20-11-2016”, que señala que los gastos de campaña sumaron $1.219.330,89 y se repartieron en movilización y transporte, arriendos, “otras campañas electorales”, “elaboración de artículos promocionales, imprenta, reproducción y similares”.

Al final del documento, en el apartado de “Certificación”, se dice que “los abajo firmantes certificamos, que la presente LIQUIDACIÓN DE FONDOS DE CAMPAÑA ELECTORAL, ha sido elaborada de conformidad al balance general, estado de resultados y demás documentos de soporte contable, los mismos que fueron discutidos y aprobados, el 03 de mayo de 2017”. Se adjuntan los nombres de Gabriela Rivadeneira, en calidad de representante legal de Alianza País, Patricio Beltrán Vinueza, responsable del manejo económico y Verónica Castro M, contadora.

Los aportes a la campaña electoral de Alianza PAIS del año 2017, contenidas en el informe Lucas Majano, son adicionales a aquellas contribuciones investigadas por la Fiscalía General del Estado, en el marco de la indagación previa abierta en marzo de 2019, en contra del consejero presidencial Santiago Cuesta Caputi, quien confirmó a un medio de comunicación, que él canceló de su bolsillo los hororarios del asesor internacional Jordi Segarra, rubros no reportados al Consejo Nacional Electoral. Según información entregada a la fiscalía, Cuesta Caputi, gestionó recursos económicos adicionales para la campaña de Lenín Moreno.