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Autor: Christian Zurita Ron

Director del Portal MilHojas
Javier Jordán

Horror y comedia

El horror y la comedia se dan la mano en el evento que este lunes 21 de julio se va llevar en la Asamblea Nacional. El narcotraficante que ayudó acabar la vida de Fernando Villavicencio tendrá tribuna privilegiada para levantar un discurso político a su favor. Narrará su propia historia. Desde los años 80 políticos y empresarios corruptos levantaron una treta que la llamaron “mi verdad” y que hoy ha sido ampliamente analizada por teóricos sociales bajo el nombre de post verdad. Simplemente son mentiras aromatizadas con verdades a medias.

Lo hará en la Comisión de Fiscalización, el espacio que Villavicencio dirigió con lucidez. Este lugar le otorgará estatus político a un criminal. Nuestra reciente historia política, llena de fragilidades, nunca deja de sorprendernos: la Asamblea Nacional convertida en el teatro de purgas de dos criminales. Felicitaciones esa comisión por impulsar a un prófugo a la categoría de fiscal.

El pasado 17 de julio llegó a esa misma comisión el sentenciado Daniel Salcedo, que ya en su declaración jurada ante la justicia ha dicho todo lo que sabe del crimen de Fernando, pero en su visita a la Asamblea dejó enormes deuda sobre la gestión de los grupos empresariales y políticos con respecto a la contratación pública. No dijo nada que no se sepa: direccionamiento de términos de referencia para favorecer a  participantes que además compiten por los contratos entre socios del mismo grupo. Esa debilidad institucional nunca ha sido superada y dudo que escuchemos a los miembros de Fiscalización u otra comisión debatir aquello.

No dijo una palabra sobre Abdalá Bucaram, sus hijos Dalito y Jacobito; de José Luis Llerena y de todos los protagonistas de los negocios sucios del hospital Teodoro Maldonado Carbo. Tampoco hubo asambleístas con suficiente solvencia para levantar la mano y preguntarle sobre los flujos de cuentas de esos contratos o mejor dicho la ruta del dinero: dónde se depositaron los recursos del Estado, cómo se distribuyeron en las diversas cuentas corporativas, cómo es que esos dineros llegaron a manos de líderes de la revolución ciudadana.

Los hechos del pasado pueden dejar de ser fieles y distorsionarse por una narrativa que siempre pasa por lo ideológico, lo religioso y por los intereses de grupos corporativos y eso es lo que está sucediendo en la Asamblea, donde un grupo de jóvenes alzamanos que no tiene idea del pasado reciente, acepta una narrativa, la del crimen organizado, como cierta y es incapaz de preguntarse cómo estos nuevos discursos incidirán en nuestro futuro y en la lucha contra la impunidad.

Daniel Salcedo tiene una fila de sentencias y en esos procesos arrastró a su hermano Noe. Sabemos que hizo lo imposible por guardar silencio, pero su vinculación al caso Villavicencio a inicios de este 2025, puso precio a su cabeza. Los grupos de delincuencia organizada acordaron su asesinato. Fueron los últimos eventos, dónde providencialmente se salvó -la bala se encasquilló en el cañón que apuntaba a su cabeza- que marcó un derrotero dónde tácita y públicamente aceptó haber sido el nexo entre los brutales grupos de delincuencia organizada, las corporaciones corruptas y la revolución ciudadana. Salcedo dijo que tenía una amistad con Javier Jordán. Que conoció su casa en Riberas del Batán, la misma donde encontraron a Leandro Norero. Que nadie ha tenido la valentía de hacer este tipo de denuncias, sentenció en la Asamblea ante el silencio de todos. Yo no no iba contar, prosiguió,  pero me intentaron matar, eso cambió la figura y le pedí a mi abogado que presente el escrito (para acudir a la Asamblea). Luego vinculó a todos los que aparecen en la piscina como parte de la corrupción hospitalaria, como si estuviera revelando algo y no confirmando lo que se denunció desde 2020 en los portales La Historia y Periodismo de Investigación.

Frente a la dramática exposición Javier Jordán pidió lo mismo: hablar en la Asamblea, aunque sus condiciones son totalmente distintas: vive en una casa de al menos 3 millones de dólares en el norte de Miami y puede pagar cientos de miles en honorarios a un abogado que a estas alturas debe ser rico.

Nuestra reciente historia política, llena de fragilidades, nunca deja de sorprendernos: la Asamblea Nacional convertida en el teatro de purgas de dos criminales. Felicitaciones esa comisión por impulsar a un prófugo a la categoría de fiscal.

Hablará  hoy en la casa del debate político nacional y dirá que su fortuna es legal, producto de su esfuerzo empresarial y aunque en su rostro miremos el objeto de su codicia, se atreverá negar cualquier relación con el crimen organizado a pesar de las decenas de mensajes periciados que detallan cómo planificó el crimen de Fernando e impulsó, también, asesinarme junto a otros colegas periodistas que no le temen y lo miran con el mismo desdén que yo lo hago.

La Asamblea le dará podio al tesorero de Leandro Norero y le dirá al país que es víctima de una  farsa judicial, un complot de mentiras propagadas por los periodistas, que los ha enjuiciado en el Ecuador y el Estado de la Florida,  dónde probará todas las mentiras. Por supuesto uno de los enjuiciados es quien escribe este texto y si yo no he comparecido en uno de los juicios es porque simplemente no tengo 30 mil dólares para costear abogados en las cortes de Miami. Tampoco es muy necesario, el Departamento de Homeland Security y el FBI le han dedicado investigaciones, no tiene pasaporte y no hay forma que en la administración Trump lo proteja con el paraguas del asilo político.

No les contará nada de las decenas de empresas que operan en Ecuador, Costa Rica y Reino Unido. Seguramente no dirá una palabra de cómo compró la emblemática casa de la familia Macías Carmigniani, tesoreros del patrimonio del ex presidente Lenín Moreno, en Salinas. Tampoco dirá nada de cómo obtenía información privilegiada del sistema de inteligencia gracias a que su amigo y socio Nain Massuh accedía a información de los contratos de software que mantuvo con el Centro de Inteligencia Estratégica. Y mucho menos dirá cómo activó el crimen contra Fernando Villavicencio cuando logró alinear a Pablo Muentes y su jefe en un megaplan que muchos sabían y que callaron.

¿Para qué va? ¿Para que los asambleístas digan que se sienten amenazados y pidan al Ministerio del Interior resguardo policial por sus vidas? Aterra la vacuidad de la Asamblea que considera la política como la simple línea de una carretera que llega a ningún lado. Como aquel personaje de Oswaldo Soriano, el informático Coluccini, que recorre una errática ruta que parece más una huida o una búsqueda sin propósito.

Y no es un tema atribuible tan solo a la “juventud” de los asambleístas sino de sus carencias que hace sospechar de su irresponsabilidad y falta de propósito y consideración por las consecuencias ¿En serio quieren pasar a la historia como la pasiva audiencia de la réplica del tetón de la piscina que se llenó los bolsillos con el dolor y la muerte en temporada de COVID, con el tesorero del Patrón Norero y uno de los acusados de ser uno de los maquinadores del asesinato de un Asambleísta que sí honró la Comisión de Fiscalización y la Asamblea Nacional?  ¿En serio creen que la Asamblea es el espacio para un repugnante reality donde los más buscados enarbolen sus mentiras?

Paso histórico

En agosto de 2006, cuando era reportero de televisión, documenté cómo el barco de nombre Jet Mark, con bandera de Madagascar y tripulación asiática, había cargado en sus bodegas 135 mil galones de diésel subsidiado para venderlo a precios internacionales en alta mar. Al preguntar a los trabajadores del Puerto de Manta cómo pudo suceder, contestaron que en 24 horas decenas de tanqueros descargaron ese combustible en una terminal. Nunca hubo en el rostro de los empleados portuarios un gesto de reprobación, no pasaba por sus mentes tensión legal alguna, era un hecho natural con el que convivían y se preguntaban qué hace un periodista indagando lo que no le importa.

Esa prueba evidente de tráfico de combustibles en cantidades irrazonables continuó sin control en lo que va del siglo. Siete presidentes, miles de diputados, centenares de funcionarios de control callaron sobre este sistema de robo del patrimonio de la nación. La prensa nunca encontró un camino para abordar estos hechos y los políticos se acostumbraron a callar y ser parte de los beneficios que entrega este sistema rápido y eficiente de corrupción.

No recuerdo a políticos social cristianos hablar de la venta ilegal de combustibles subsidiados y cuando llegó la revolución ciudadana simplemente los funcionarios se mimetizaron en la pirámide de riquezas ilegales que ya estaba constituida. Solo hay que recordar las conversaciones de Jorge Glas con un ex funcionario de control de hidrocarburos llamado José Luis Cortázar.

Este negocio de la corrupción anclado a los puertos y a las rutas de tanqueros, parece que puede llegar a su fin. Creo que es histórico y a momentos inverosímil la forma en que el gobierno de Daniel Noboa ha dejado al descubierto este millonario negociado: solo bastó un simple cruce de las cuentas de compras y ventas de las empresas que comercializan estos combustibles y compararlas en el tiempo, información que reposa en la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, ARCH. Nada mas.

Desde fines de este 2024, pese a las malas condiciones del Ecuador,  ya no podemos volver a mirar y valorar a los funcionarios del ARCH bajo el prisma de la incomprensión: los hechos ya están al descubierto con enorme facilidad, el sistema de comercializar los combustibles subsidiados a precios del mercado ha quedado en total evidencia y no puede haber retorno, no puede haber silencio, ni impunidad.

No recuerdo a políticos social cristianos hablar de la venta ilegal de combustibles subsidiados y cuando llegó la revolución ciudadana simplemente los funcionarios se mimetizaron en la pirámide de riquezas ilegales que ya estaba constituida. Solo hay que recordar las conversaciones de Jorge Glas con un ex funcionario de control de hidrocarburos llamado José Luis Cortázar.

El primer nocaut le acaba de llegar al alcalde de Guayaquil Aquiles Alvarez, que hasta hace poco fue accionista de un grupo al que llamaremos por simple pedagogía COPEDESA. Las denuncias del ARCH, a las que se suma Petroecuador y el Servicio de Rentas Internas, dicen que las empresas de Álvarez recibieron de Petroecuador diésel subsidiado para que lo vendan en tres segmentos: naviero, industrial y automotriz; millones de esos galones se vendieron a precios del mercado, generando ganancias superlativas en favor de las empresas del alcalde y su familia.

El director de la Unidad de Análisis Financiero, José Julio Neira, aseguró en su cuenta de X que el beneficio por el contrabando -entiéndase robo- le generó ganancias de 94 millones de dólares a las empresas de Aquiles Álvarez desde 2021.  

La primera línea de este negocio pasa por el segmento naviero, la denuncia de la ARCH ante la fiscalía asegura que la empresa del alcalde Álvarez en este ramo, llamada Terminal Naviero Petrolero Ternape, recibió 61.3 millones de galones de diésel subsidiado entre 2018 y 2024. Con información cruzada con el SRI se sabe que entre los años 2021 y 2023 esta compaía entregó 5 millones de galones de diésel de forma irregular a una empresa armadora de buques en Panamá.

Esa cantidad de diésel, 5 millones de galones, representa como 70 barcos, similares al Jet Mark con bandera de Madagascar, que documenté en ese agosto de 2006.

Otra línea en que dicen se benefició a las empresas del alcalde guayaquileño es el industrial, como en el caso de la compañía Corpalubri S.A. que vendió mas combustible del que recibió de Petroecuador. Entre 2022 y 2023 se habrían desviado 5,45 millones de galones.“…significa que, éste Diesel facturado a los consumidores finales, habría provenido de otro segmento de mercado, causando un gran perjuicio al Estado Ecuatoriano”, dice la denuncia en fiscalía.

Sobre el ramo automotriz, sorprende que los medios no hayan explotado la presentación que hizo José Julio Neira, de la UAFE, en la Asamblea Nacional, sobre la forma en que Copedesa, vendió combustibles subsidiados sin estar autorizada para ello. Hay el caso de venta de 123 mil galones a una persona natural, incluso información sobre un tipo de vehículo que recibió 117 mil galones de gasolina extra y 3200 galones de diésel. Si fue así hasta la Luna parece un destino fácil de llegar.

El alcalde Álvarez  contraatacó con fuerza y no ha dudado en acusar de persecución al gobierno actual. En tiempos electorales es notorio que volverá a refugiarse en la revolución ciudadana y ya se ha incluido en la misma lista roja de víctimas como Correa, Glas y Topic, risible en verdad. 

El FMI dice que los subsidios de combustibles en el mundo fueron de 7 billones de dólares a 2022. La cifra no solo representa el dinero que los gobiernos gastan directamente para abaratar los combustibles, sino también el valor de los costos que la sociedad asume debido a su consumo, pero que no se ven reflejados en el precio que pagan los consumidores.

La determinación del gobierno en este caso abre el camino para identificar y acabar con las estructuras del tráfico de combustibles marcadas por falsificaciones de documentos, sobrefacturación, clientelismo, extorsión y asesinatos. No es cosa menor lo provocado pero la poca institucionalidad de los organismos de control frente a la reacción violenta del alcalde acusado y otros grupos similares nos puede llevar a ningún lugar, tal como aquel reportaje que elaboré en el puerto de Manta hace 18 años. 

Depredadores

Esta condición de grupos depredadores, que se convierten en elite política, tienen un límite marcado por el evidente conflicto de intereses y no entiendo por qué la sociedad trata de pasar por alto este obstáculo del tamaño del Chimborazo.

Gestor de negocios. Así se calificó Ricardo Rivera Arauz, tío del ex vicepresidente Jorge Glas, cuando brindó su primera versión ante el fiscal subrogante Wilson Toainga por el caso Odebrecht. La declaración de 9 páginas del fallecido empresario tiene hoy suprema importancia porque brinda todos los anclajes para entender cómo sus socios se hicieron millonarios en el correísmo: Fui yo quien introdujo la tecnología satelital así como el desarrollo de una plataforma digital interactiva que está soportada por los recursos de banda ancha que nos da Telconet,  contaba.

Se refería a su amigo personal y socio Tomislav Topic que levantó una poderosa y eficiente empresa de telecomunicaciones, que hoy es líder en la región, y del que nadie quiere saber de su pasado o escarbar la forma en que se hizo millonario.

Es un gran ejemplo de cómo nuevos grupos económicos de Latinoamérica, que crecieron y se hicieron poderosos gracias a las millonarias contrataciones con el Estado, hoy buscan el control de la política y tratan de hacernos creer que dependemos de ellos para sobrevivir y salir adelante. Esta condición de grupos depredadores, que se convierten en elite política, tiene un límite marcado por el evidente conflicto de intereses y no entiendo por qué la sociedad trata de pasar por alto este obstáculo del tamaño del Chimborazo.

Hoy, mientras sacude su fortuna promoviendo su candidatura -seguro gastará en su  campaña un valor similar al que recibió de Odebrecht – Igor Krochin Lapentty, presidente de Telconet, le exige al Ministerio del Interior el pago de casi un millón de dólares por un contrato de cinemómetros, los equipos que miden la velocidad de los autos. Un contrato firmado a finales del año pasado, cuando Jan ya era candidato.

Jan Topic, parte fundamental de esta trama, que en la campaña electoral pasada se vendió como experto en seguridad, hoy nos brinda su rostro de víctima y sabio energético mientras gran parte de la elite del país apuesta a su nombre y echa tierra sobre la historia de la corrupción de la que forma parte; hay que recordarle al país esos antecedentes y que mejor que el fallecido Rivera Arauz, que dejó escrito los hechos en piedra. Contó que un amigo suyo llamado José Alvear Icaza (al que Fernando Villavicencio lo identificó como uno de los testaferros de Jorge Glas) le ofreció a Tomislav, padre del candidato, inversión de China a través de un empresario llamado Michael  Ying, dueño de una empresa llamada Glory, allá por el año 2010.

Dos años después, en 2012, Glory recibió de Odebrecht transferencias que llegaron a una cuenta bancaria de Jan Topic en los Estados Unidos. Trece millones sumaron el valor de las coimas, con ese dinero construyeron el cable submarino y se hicieron intocables.

Hoy, mientras sacude su fortuna promoviendo su candidatura -seguro gastará en su  campaña un valor similar al que recibió de Odebrecht – Igor Krochin Lapentty, presidente de Telconet, le exige al Ministerio del Interior el pago de casi un millón de dólares por un contrato de cinemómetros, los equipos que miden la velocidad de los autos. Un contrato firmado a finales del año pasado, cuando Jan ya era candidato.

Como si fuese tierra de nadie las organizaciones políticas se han alineado a los Topic en un llamado al juego limpio, yo prefiero el titular “Grupo depredador le exige al Estado el pago de contratos para gastarlo en su campaña”.

El país de lo imposible

Miguel de Cervantes no pierde vigencia al exponer la tensión entre la ley y la moral. Su relevancia perdura en debates sobre justicia y es buen momento para referirme a esto después de tanto silencio.

Neccesitas caret lege” que se traduce como “La necesidad carece de ley”, es una frase expuesta en Los habladores» por el protagonista, llamado Sarmiento, que usa dicha expresión como respuesta a la brutal solicitud de un hombre que le pide le entierre un puñal a cambio de 50 ducados.

El inimaginable hecho expuesto  en la comedia abre una reflexión sobre el poder de las palabras.

Esta comedia me ha retraído a la tragedia nacional, sobre todo al mecanismo narrativo que todos los enemigos de la democracia conjugan hoy contra la poca institucionalidad que tiene el país y se concreta en las acciones de la fiscal general del Estado y los resultados que logró en la justicia.

Su extenso y dedicado trabajo encontró vías para probar hechos de corrupción y lograr las sentencias de los gobernantes mas corruptos de la historia del país. Hoy su vida tiene precio, los grupos de delincuencia organizada que buscan el control de la justicia y la política van por su vida y a esa línea se han unido los mas despreciables actores de la propaganda, mas otros que creen poseer la verdad en la región como el Grupo de Puebla. En palabras de Cervantes: “habladores de matraca, granizada que apedrea, torbellino que marea”.

El ataque a Diana Salazar empezó con las amenazas de  Anderson Boscan. No recuerdo en la historia del periodismo de nuestro impasible país un evento similar: un periodista extorsionando en un programa en vivo a la fiscal general del Estado con hacer pública información que solo él conoce por el hecho de ser bien informado.  Como dudo hasta de la sombra pedí que me ayuden con la transcripción textual de lo que dijo. A veces la distancia puede variar nuestra percepción pero no fue así: la transcripción ratificaba lo que entendí y sentí vergüenza. Porque esto no se trata de lo que sabe la fiscal Salazar, se trata de lo que Boscan lo presenta como información para salvarla o hundirla ¿Desde cuándo un periodista amenaza y no publica? A mi criterio sucede cuando un país pierde la vergüenza. Es un tema que los ecuatorianos lo permitamos.

Leamos lo que dijo:  “flaca, sabes qué tengo que hacer para que tu juicio político termine donde debe terminar, hago esto  (toma su teléfono) y te pongo la hemeroteca, porque yo sí tengo mis archivos y me podrás mandar a matar con tus amigotes, podrás pedirle a los flacos de Los Ríos que te hagan la vuelta…yo sí tengo mis archivos, Diana”.

En el mundo de la propaganda nunca han faltado los facinerosos que se llaman periodistas; hoy son tiempos distintos y en toda región miramos cómo estos protagonistas promueven falsas narrativas ya no solo para beneficiar a organizaciones políticas, sino también a grupos relacionados a la corrupción, el lavado de dinero y el narcotráfico ¿La razón? Pues capacidad económica y búsqueda de impunidad.

Imponer su voz y extorsionar con teléfono en mano no es el único evento de Boscan, evidencia también la pedagogía aprendida del correísmo porque repite el esquema de amenaza y enfrentamiento del narcopolítico Ronny Aleaga, hoy bien abrigado por la dictadura venezolana. Acaso ya olvidamos el sainete de amenazas a la fiscal de hacer públicos chats privados supuestamente gravísimos:  “…habladores de matraca, granizada que apedrea, torbellino que marea”.

En el mundo de la propaganda nunca han faltado los facinerosos que se llaman periodistas; hoy son tiempos distintos y en toda región miramos cómo estos protagonistas promueven falsas narrativas ya no solo para beneficiar a organizaciones políticas, sino también a grupos relacionados a la corrupción, el lavado de dinero y el narcotráfico ¿La razón? Pues capacidad económica y búsqueda de impunidad.

Personalmente sostengo que la construcción de nuevas narrativas nada tiene que ver con la libertad de expresión y se ha convertido en un activo componente de los retrocesos democráticos.  Este es un gran ejemplo porque el país es testigo cómo el extorsionador se relaciona con las fuerzas del mal, léase Leandro Norero, léase Xavier Jordán, léase el turco Nahim Massuh a quién además le pedía dinero y entiéndase también los empresarios que se hicieron exitosos con el dinero de Odebrecht y el apoyo de Jorge Glas.

Los procesos de levantamiento de narrativas falsas y regresión democrática cuentan también con apoyo político y si Boscán se atrevió tanto es porque cuenta con ello. La pregunta es quién lo impulsa.

Los procesos de levantamiento de narrativas falsas y regresión democrática cuentan también con apoyo político y si Boscan se atrevió tanto es porque cuenta con ello. La pregunta es quién lo impulsa: ¿Sus amigos social cristianos empeñados en evitar el fin de Pablo Muentes porque abre el camino del fin para el gran líder Jaime Nebot? ¿El correísmo que busca el juicio político de Salazar como trofeo y muestra de que son políticamente impolutos? ¿Los operadores del narcotráfico, iniciando por Ronny Aleaga, el operador político de Norero y Correa? ¿El peligroso y millonario Jordán que amenaza a todo aquel que se atraviesa en su vereda?

Todos están contra Salazar: delincuentes de pistolas y cuchillos, presidiarios, prófugos,  falsos locutores, líderes políticos, grandes billeteras,  jueces y seguro también fiscales. Todos unidos a la causa de los tetones que incluso convencieron a dos medios internacionales para sus objetivos como the Intercept y Drop Site News, que desde el ámbito periodístico han demostrado su torpeza al elaborar un reportaje centrado únicamente en la palabra de un narcotraficante como Ronny Aleaga.

Luego Rafael Correa y el grupo de Puebla hicieron el resto al  apalancar su viejo cuento de perseguidos. La maquinaria de propaganda ya se repite en todos los países de la región como un modelo de regresión democrática. Existe una red poderosa que permite la difusión de esos mensajes y la creación de contenidos complementarios que orgánicamente se suman en diversas plataformas y que hacen mas ágil la expansión de sus falsos mensajes. Los contenidos generados se vuelven particularmente redundantes y complejos.

Toda esta narrativa de odio, polarización y persecución que levantan tiene que convertirse en el contexto de lo que buscan concretar: la cooptación de jueces y del proceso de selección de un nuevo fiscal general para lograr la reversión de las sentencias en Odebrecht y Sobornos.

La necesidad carece de ley» encapsula la idea de los enemigos de la democracia  y justifica su actuar para buscar su supervivencia a cualquier costo. Ya lo sabemos, lo hemos vivido y parece que están ganando.

Informe oficial del sacrificio de tortugas gigantes

Las investigaciones que este portal realizó entre 2021 y 2022, que concluyó con la publicación del reportaje Cacería y extinción de las tortugas gigantes de Isabela, permitió al equipo de pi. mantener sendas conversaciones con funcionarios de la Dirección del Parque Nacional Galápagos DPNG, quienes de distintas maneras entregaron información a este medio de comunicación.

En el mes de julio de 2022 pi. accedió a un informe de la Dirección del Parque Nacional Galápagos con fecha diciembre de 2013, en el que se expone la problemática de la matanza de tortugas gigantes en peligro de extinción dentro de la isla Isabela.

En las cinco secciones y los anexos que componen el informe se señala antecedentes de la problemática, se describe la situación de la matanza de tortugas gigantes y el tráfico de su carne en el 2013, se explica la relación entre cacería furtiva de tortugas gigantes y cacería de especies introducidas y se indica que, con el tiempo, estos crímenes han ido en aumento dentro de Isabela.

Llama la atención que ninguna autoridad conozca el contenido de este documento y aseguren que éste no existe oficialmente en los archivos de las oficinas del PNG. Si es así ¿cómo es que este medio lo tiene y no las autoridades llamadas a proteger la integridad del patrimonio natural?

Este portal no tiene dudas del contenido expresado en el informe, un año de seguimiento nos permite ratificarnos en cada uno de los reportajes que han evidenciado la negligencia de las autoridades del Parque Nacional Galápagos, acostumbrados al silencio y complicidad de guardaparques y grupos de colonos qué conocen la realidad.

El informe también presenta los nombres de 28 sospechosos implicados en la matanza de tortugas gigantes, entre ellos dos guardaparques de la Unidad Técnica Operacional de Isabela (UTI) de la DPNG, quienes actualmente están activos. Isabela es un cantón con aproximadamente 3000 habitantes dónde muchos saben quiénes matan tortugas en peligro de extinción, así como quiénes trafican y compran la carne de tortuga gigante.Cabe mencionar que nueve sospechosos presentes en el informe también fueron señalados por fuentes ciudadanas y por fuentes de la DPNG, dentro de la investigación periodística, por estar involucrados en la matanza de tortugas gigantes y en el tráfico de la carne de galápago. Varios de estos presuntos delincuentes ofrecen carne de tortuga gigante a los hogares de Puerto Villamil.

A continuación, el documento titulado “Informe Técnico. Sacrificio de tortugas gigantes en el sur de la isla Isabela”, tal como Periodismo de Investigación lo recibió de las fuentes en julio del presente año. El documento se explica solo.