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Autor: mh

Exportadoras de banano, inmobiliarias y productoras de carnes fueron usadas por la mafia albanesa para lavar millones de dólares

El mecanismo no era nuevo, pero se volvió uno de los más usados por la mafia albanesa que opera en Ecuador: en cargamentos que salían de los puertos ecuatorianos como exportaciones de banano se movilizaron miles de kilos de cocaína hacia Europa. Iban camuflados bajo la modalidad de gancho ciego, es decir introducidos directamente en los contenedores, o mediante una técnica que altera su estructura, pues se ocultan en el doble fondo o doble pared en el caso de aquellos containers refrigerados.

Entre 2015 y 2024 este ingente negocio ha significado el lavado de más de USD$31 millones, de acuerdo con reportes del sistema financiero nacional dentro del caso llamado Pampa. Varias compañías que operan en Ecuador y España son investigadas como parte de esta trama de actividades ilegales.  

Este caso tiene su origen en una investigación denominada “León de Troya”, iniciada en 2021, luego de que la Policía Nacional Antinarcóticos, mediante una fuente reservada, conociera sobre la existencia de una organización criminal que se dedicaba al narcotráfico. La estructura era la responsable del envío de grandes cargamentos de droga desde Ecuador a varios destinos en Europa como Bélgica, Países Bajos, España, entre otros. “Se presume que existe una organización delictiva que se dedicaría al tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización entre las provincias de Manabí y el Guayas; sustancias obtenidas desde las provincias fronterizas de Loja y el Oro para su posterior envío hacia mercados internacionales y de consumo interno”, concluyó la Unidad Nacional de Investigación Contra el Tráfico Ilícito para el Consumo Interno de la Policía Nacional, en un informe del 15 de enero de 2022.

El líder era Dritan Gjika, alias “Tony”, de 48 años, natural de Shkodër, una ciudad del noroeste de Albania, que ingresó a Ecuador el 26 de noviembre de 2009 en un vuelo proveniente de Albania. La poderosa organización internacional dedicada al tráfico de cocaína a gran escala y al lavado de activos provenientes del narcotráfico estaba integrada por ciudadanos ecuatorianos, colombianos, argentinos, albaneses, un chino, extranjeros con antecedentes criminales, empresarios y lobistas.


Para conocer cómo funcionaban y se conectaban ambas actividades delictivas en el Ecuador la Fiscalía General del Estado y la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE, con apoyo de la policía europea, han seguido la pista de 13 personas naturales y 12 empresas relacionadas con el albanes, como parte de la “operación Pampa”.

Por tráfico de drogas y delincuencia organizada están detenidos: Julio Lalangui Medina, Julio Lalangui Pillasagua, Jairo Muñoz (colombiano), John Espinar, Jonathan Lalangui, Olmer Jara, Jesús Espinoza, Javier Intriago, Alex Quirola, Juan Yuquilema, Yongdeng Zhuang, Andersson Coppiano, Miguel Álvarez, Héctor Pesántez, Marco Morocho y Evellyn Loor.

En un comunicado la Fiscalía señaló que “todos los procesados trabajarían para el narcotraficante de origen albanés Dritan Gjika, quien se encuentra fuera del país, en calidad de prófugo”.

Por lavado de activos se investiga a: Dritan Gjika, el argentino Mario Sánchez Rinaldi, Carlos García, Julio Lalangui Medina, Julio Lalangui Pillasagua, Jonathan Landívar, Bryan Lalangui, Javier Cevallos, Teresa Pillasagua, Jairo Muñoz, Carina Espinoza, Yongdeng Zhuang, Pablo Hidalgo y las empresas Damascoswett S. A., Agricomtrade S. A., Sentilver S. A., Cresmark S. A., Negoglobal S. A., Ingrener S. A. Holtexsa S.A. y Carniproducción S.A.  

Foto tomada de la revista Vistazo

Los acusados, según la Fiscalía, crearon varias empresas -y utilizaron otras ya existentes- para ocultar el origen ilícito del dinero. Estas compañías se dedicaban a la exportación de productos agrícolas -principalmente banano-, a la compraventa de bienes inmuebles y la producción de cárnicos y cannabis. En este período, Gjika y sus colaboradores compraron vehículos de alta gama, terrenos, casas, oficinas, bodegas, parqueaderos, entre otros. Los bienes están ubicados en las provincias del Guayas, Los Ríos, Cotopaxi y Santa Elena.

En el portal de la Superintendencia de Compañías se puede evidenciar las vinculaciones entre los cuatro principales acusados de lavado de activos mediante las empresas que administran y en las que son accionistas, como se expone en el siguiente cuadro:

Nombre Participación Compañía

Mario Sánchez Rinaldi

Gerente general INGRENER S.A.
NEGOGLOBAL S.A.
DAMASCOSWETT S.A.
HOLTEXSA S.A.

Accionista

LINWORTH EXPORT EC S.A.

Exgerente presidente ejecutivo

SENTILVER S.A.

Exgerente general

NEGOPLUS S.A.

Exaccionista

ECUDELI S.A.

Exgerente general

GLOBALVITA S.A.

Exgerente general

ECUAFRUSA S.A.

Carina Espinoza

Accionista

GLOBALVITA S.A.

Accionista

DAMASCOSWETT S.A.

Carlos García Muñoz

Gerente general

SENTILVER S.A.

Gerente general

GLOBALVITA S.A.

Accionista

AUDITING & BUSINESS S.A. DINESA

Accionista

HOLTEXSA S.A.

Dritan Gjika

Accionista

CRESMARK S.A

AGRICOMTRADE S.A.

INMOBIREALSTATE S.A.

BODEGSAR S.A.

TRUSTAL S.A.

INMOSAD S.A.

INMORD S.A.

DRISARD S.A.

INDUCORD S.A.

CORPSALCORP S.A.

DRIXSA S.A.

CANNMANÁ S.A.S. B.I.C.

Relaciones societarias de Dritan Gjika, Mario Sánchez y Carlos García

Confiscaciones y decomisos en cargamentos contaminados, el modus operandi

Las investigaciones revelaron que en varios de los cargamentos de exportación de las empresas Damascoswett, Frutadeli, Green Life Fruit, Tropicalrepublic y Soprisa se decomisó cocaína, según reportes de la Unidad de Información de Puertos Aeropuertos (UIPA) de la Policía y el Departamento de Análisis de Información de la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas.

Estas compañías eran proveedoras de Sentilver S.A. (relacionada con Carlos García) y Agricomtrade S.A., cuyo presidente fue, entre 2018 y 2021, Dritan Gjika; Jonathan Landívar y Bryan Lalangui también ocuparon el cargo de gerente general.

La exportadora de banano Damascoswett S.A., registra como gerente general al argentino Mario Sánchez Rinaldi. Por esa gerencia también pasaron Carina Espinoza, Raquel Almeida, Javier Cevallos, Jonathan Landívar y María Milan. La Fiscalía también identifica a Carlos García como administrador y a Carina Espinoza como única accionista.

Según información de la policía ecuatoriana y del Departamento de Análisis de Información de la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas, la empresa Damascoswett S.A. registra una “aprehensión de droga” el 3 de enero de 2022.

En esa ocasión se confiscó un contenedor, cuya consignataria era la compañía rusa Fruit Park; allí se encontró un cargamento con 43,69 kilos de cocaína, mismo que tenía como origen el puerto Contecom y como destino Rusia, bajo la modalidad de estructura, que según expertos consultados se aplica en containers refrigerados, donde se oculta la droga en el doble fondo o doble pared.

En julio de 2023, Damascoswett S.A. fue señalada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería de presunta falsedad en las declaraciones de sus planes de embarque. Tras una inspección aleatoria de planes de embarque declarados se verificó que la compañía tenía códigos no autorizados.

En manos de las autoridades españolas se encuentran las conversaciones de Dritan Gjika con Julio Lalangui y Jonathan Landívar, que evidencian cómo se planificaba el envío, traslado y comercialización de la droga. En esas conversaciones también se hace referencia a varios contenedores incautados de Sentilver S.A. y Damascoswett S.A., que habrían salido de las terminales portuarias de Ecuador con destino a países de Europa.

La empresa Frutadeli S.A. registra 3 incautaciones de droga:

Fecha Cargamento Modalidad Puerto de origen Destino Consignataria

Octubre 2018

296,27 kilos de cocaína

gancho ciego (metodología de ocultamiento de la droga en contenedores, que se lleva a cabo en el país de origen)

Puerto de Bolívar

Nueva Zelanda

 

Diciembre 2020

9,97 kilos de cocaína

de estructura

Puerto de Bolívar

Turquía

 

Septiembre 2021

1.001,99 kilos de cocaína

gancho ciego

Naportec

Libia

FIRMA LEON VAN PARYS

Green Life Fruit S.A. registra el decomiso de un contenedor con cocaína:

Fecha

Cargamento

Modalidad

Destino

Consignataria

Marzo 2022

72.27 kilos de cocaína

de estructura

Puerto de Rotterdam, Holanda

PESCANOVA ESPANA SLU

Tropicalrepublic S.A. registra dos incautaciones:

Fecha

Cargamento

Modalidad

Puerto de origen

Destino

Consignataria

Noviembre 2022

1.353,29 kilos de cocaína

Gancho ciego

Contecom

Puerto de Rotterdam, Holanda

DIAZ CASSAGNE

Mayo 2022

40,69 kilos de cocaína

Gancho ciego

Contecom

Puerto de Amberes, Bélgica

TROPIK LTD

Soprisa S.A. registra una incautación:

Fecha

Cargamento

Modalidad

Puerto de origen

Destino

Consignataria

Julio 2021

51,45 kilos de cocaína

Gancho ciego

Contecom

Bélgica

TROPIK LTD

La Policía española señala que entre 2019 y 2021 se decomisó un total aproximado de 2.700 kilogramos de cocaína en contenedores de Sentilver y Damascoswett.

A 2021, el precio estimado del kilogramo de cocaína bordeaba los 30.000 euros, lo que sugiere que la cantidad de droga incautada tenía un valor aproximado de 81 millones de euros en el mercado internacional (alrededor de 87 millones de dólares a la fecha).

Información societaria de las empresas con cargamentos incautados

Empresa

Ubicación

Actividad

Administrador

Accionista

Beneficiario final

Nacionalidad

Frutadeli S.A.

Edificio The Point, Gye

Venta al por mayor de banano

Sandra Monroy, presidente

Sandra Monroy

Sandra Monroy

Ecuatoriana

Green Life

Fruits Greenlifefruitsa S.A.

Edificio Sky Building

Comercialización y exportación de banano

Eduardo Varas, presidente

Alfonso Arévalo

Alfonso Arévalo

Ecuatoriana

Bavinov Semen

Bavinov Semen

Rusa

Tropicalrepublic S.A.

Kennedy Norte

Cultivo de banano

Opalko Pavlo (ucraniano), gerente general

Iaropud Alina Vyacheslavivna

Iaropud Alina Vyacheslavivna

Holandesa

Soprisa S.A.

Km 1.5 Vía a Samborondon

Venta al por mayor de banano

Bravo Angulo Tani, gerente general

Valencia Arroba Jorge Ahmed

Valencia Arroba Jorge Ahmed

Ecuatoriana

Valencia Villavicencio Christian Ahmed

Valencia Villavicencio Christian Ahmed

Ecuatoriana

Otras relaciones

Aunque no constan en el proceso que sigue la Fiscalía, Mil Hojas identificó otras vinculaciones de las empresas procesadas por lavado de activos en el caso Pampa, con actores y empresas relacionados con la política y la actividad minera.

En el portal de la Superintendencia de Compañías consta que Cannmaná S.A.S. B.I.C., cuyos accionistas son Bryan Lalangui, Dritan Gjika, Julio Lalangui y Fidel Alcívar, está relacionada con Cannabis Gold-Green S.A.S. B.I.C., que a su vez registra como accionista con un 15.4% de participación accionaria, a Wilson Aldaz López, quien ejerció el cargo de concejal rural de La Maná, en la provincia de Cotopaxi, entre 2019 y 2023.  

Dritan Gjika y Julio Lalangui también son accionistas de Riomel Gold Corporation Cia. Ltda., una compañía con oficinas en el edificio The Point, en Guayaquil, constituida en octubre de 2023 y dedicada a la extracción de metales preciosos.

Entre 2015 y 2023, Gjika reportó ingresos por USD$ 324.699,00, según la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE.

El dinero ingresó a las cuentas de Gjika únicamente a través de depósitos. El sistema financiero nacional registra que el albanés hizo transferencias a varias compañías:

  • Banalcar Middle East DMCC, una exportadora de banano, con sede en Dubái por USD$48.900.
  • Globalux Trade SL, una comercializadora de equipos electrónicos de Marbella, España, por USD$ 34.932.
  • Armor Car Ecuador, compañía ecuatoriana que ofrece servicios de venta y blindaje de vehículos, por USD$25.240.
  • Gestoria Asinte SL, compañía de Marbella, España, por USD$18.428.

Por su parte las autoridades españolas identificaron otras empresas vinculadas a Dritan Gjika. A través de las compañías: Exportaciones Durexporta S.A. y Bioexport, dedicadas al negocio de las exportaciones de fruta, él y su hermano Fation, radicado en España, son los principales socios de Mario Sánchez Rinaldi en el negocio del narcotráfico.

Mario Sánchez Rinaldi, socio de Dritan Gjika, y su hijo Agustín, fueron detenidos en febrero de este año en España durante la Operación Pampa.

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LaFattoria: El secreto a voces de sus millonarios contratos y presuntos vínculos con el crimen organizado

El grupo empresarial vinculado a LaFattoria no solo ha concentrado más de una veintena de contratos y 15 convenios de pago para el servicio de provisión de alimentos a los presos por 13 años, sino que sería el canal utilizado por los grupos de delincuencia organizada para el ingreso de celulares, droga y una amplia variedad de armas y municiones a las cárceles del país.

Un exsubdirector del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) y fuentes del Centro de Inteligencia Estratégica CIES, han admitido a Mil Hojas que las empresas contratistas de alimentos estarían involucradas en el ingreso de gran parte de los objetos prohibidos a los Centros de Privación de Libertad, situación que sucede desde el régimen del correato y que involucra no solo a LaFattoria.

De acuerdo con fuentes de inteligencia, el engranaje lo conforman desde los líderes de los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO), exautoridades carcelarias y hasta ex ministros de Estado.

El presidente de la República Daniel Noboa, mediante su cuenta en X, se refirió a los actuales proveedores como vinculados al crimen organizado.

En esta red social, el mandatario opinó sobre la denuncia gubernamental presentada ante la Fiscalía General del Estado, este 2 de mayo: “Jamás favoreceremos a proveedores del Estado que tengan vínculos con el crimen organizado… Son 171 millones los que el proveedor de alimentos de las cárceles del país ha acumulado desde 2015. 171 millones que, de comprobarse la vinculación a los actos ilícitos presentados hoy en la denuncia a la Fiscalía, habrían sido destinados a financiar a estas organizaciones criminales”.

Las sospechas alrededor de lo que se esconde bajo el manejo de alimentos al interior de las cárceles han estado en el ambiente durante varias semanas hasta que la presidencia de la República presentó una noticia criminis sobre presuntos actos ilícitos con la posible implicación de LaFattoria.

La entidad Anticorrupción de este Gobierno, bautizada hace dos días como Secretaría General de Integridad Pública de la Presidencia se inauguró con esta denuncia, pues es la que suscribe el documento entregado, que recoge un análisis de alertas, categorizadas por el Centro de Inteligencia Estratégica CIES, como secretas y que vinculan a LaFattoria con el caso Alpha en el que se investiga irregularidades en las cárceles.

LaFattoria fue constituida en marzo de 2008 para servicios de alimentos y bebidas. Su única accionista es Asesoría Empresarial Riasem S. A. RIASEMSA. Y aunque su representante legal es Aracely Pincay, ha sido el estadounidense Richard Villagrán Freire, quien figura públicamente como vocero de la contratista LaFattoria.

Villagrán es el punto en común de un conglomerado de compañías, varias de las cuales han mantenido importantes contratos con el Estado. Ha sido accionista y administrador de varias empresas vinculadas al grupo RIASEMSA, como Provisali que estuvo a cargo de los economatos que proveen de víveres a las cárceles. Además, ha figurado como directivo de firmas como: Acerinox, Alas para el Agro Alpagro, Noviecua y Henadad.

Pero las relaciones empresariales de Villagrán se extienden también a otros círculos. Ha sido gerente de Tiendanet, dedicada al almacenamiento, intermediación y venta de productos y servicios a través de canales digitales y físicos y cuyos accionistas son Telconet y Korban.

La primera es la empresa de Tomislav Topic, quien fue investigado junto a su hijo Jan Topic por presunto lavado de activos dentro de la trama de sobornos de la constructora brasilera Odebrecht. Uno de los hechos más polémicos y sobre el que se desconoce su desenlace es el acuerdo anunciado por los abogados de Topic, en 2019, con autoridades judiciales para entregar USD$13,5 millones que habría recibido como inversión ilícita por la empresa Glory International para ejecutar el cable submarino.

No solo el monopolio de LaFattoria en la provisión de comida a las cárceles y de productos al sistema de alimentación escolar ha sido un secreto a voces, sino también el hecho de que esta empresa sería uno de los principales canales para el ingreso de armas y otros objetos prohibidos a los centros penitenciarios. Pese a ello los gobiernos que han estado en el poder desde 2011 no solo siguieron contratando a esta empresa, sino que le han pagado alrededor de USD$700 millones a lo largo de todo este tiempo.

LaFattoria, importante contratista del estado

Desde 2011 hasta 2022 Lafattoria ha tenido ingresos totales por USD$544,69 millones, según informes que constan en el portal de la Superintendencia de Compañías.

Pero de acuerdo con el Servicio Nacional de Contratación Pública, las instituciones públicas han suscrito con LaFattoria contratos y convenios por más de $700 millones en el período mencionado. Con el Ministerio de Justicia, el sistema penitenciario y el ministerio de Educación LaFattoria ha mantenido más de 20 contratos y 15 convenios de pago y ha sido la beneficiaria de ocho prórrogas de un convenio marco para la provisión de alimentación escolar desde noviembre de 2016 hasta noviembre de 2022, siendo el Ministerio de Educación el mayor contratante.

En entrevista con Mil Hojas el ex director del Centro de privación de libertad de Cotopaxi y exsubdirector del SNAI, Mario Carrillo, asegura que en este último cargo, en el que se desempeñó entre septiembre y diciembre de 2023, conoció no solo del monopolio en la provisión de comida de las cárceles por parte del grupo de LaFattoria, sino también de la fragilidad de los sistemas de control de los centros de privación de libertad que facilita el continuo ingreso de armas y otros artículos prohibidos y es negligente ante los daños intencionados de los escáneres y la corrupción en los filtros de seguridad.

“La alimentación viene desde 2012 con Lafattoría y posteriormente con Gourmet. Son los mismos, pero cambiados el nombre para que administren todo lo que es la alimentación en la zona norte y sur del Ecuador”.

Mil Hojas no encontró vinculaciones de LaFattoria con Gourmet a nivel societario, pero Carrillo asegura que los directivos de estas empresas son bastante hábiles. “Se cuidan, pero todo el mundo en el SNAI sabe, es un secreto a voces que son los mismos”.

En alusión a sus hallazgos durante su paso por la dirección de la cárcel de Cotopaxi Carrillo explicó: “el rato que comienzan a funcionar los escáneres, funcionarios del SNAI y de la policía se encargan de dañarlos”.

A ello se suma la corrupción de los agentes de seguridad penitenciaria y funcionarios policiales que están en los filtros de seguridad para realizar el registro manual y visual de todo lo que entra a las cárceles. “Por ejemplo: tantos quintales de arroz, de papas, de azúcar, de hortalizas, de panes tienen que entrar diario y unos días los funcionarios van a hacerlo muy bien, pero en el sexto o séptimo día ya están cansados. Entonces propusimos que no solamente se compre el aparato sino también el servicio para que el momento que se dañe el escáner, la empresa me garantice el servicio y nunca falte el escaneo para el ingreso de artículos a las cárceles. Entonces ¡está clarito por dónde entran los artículos!”, enfatiza.

Fuentes del CIES revelaron a Mil Hojas que en sus investigaciones se establecieron que la filtración de artículos prohibidos a las cárceles se realizaba bajo la coordinación de líderes de GDO como José Adolfo Macías Villamar, alias Fito y algunos directivos del SNAI, con el conocimiento de altas autoridades de los últimos gobiernos.

Precisan que “las armas eran embaladas e ingresadas por piezas desde los camiones en los que se transportaba los alimentos a vista y paciencia de Richard Villagran”, socio de LaFattoria.

Otra situación que ha sido también analizada es el despegue tan importante que ha tenido LaFattoria sobre todo desde 2015 en que empezó a constituir el holding empresarial que tiene hoy.

Otras alertas

Uno de los frentes en los que ya se advirtió sobre la posible vinculación del servicio de alimentación penitenciario y el ingreso de artículos prohibidos a las cárceles fue la Comisión de Fiscalización de la Asamblea cuando Fernando Villavicencio la presidía.

“Sí teníamos la información de que este no es el único mecanismo que podrían utilizar sino otros también, por eso se han realizado varias coordinaciones con los entes correspondientes para evitar cualquier tipo de ingreso”, dijo en junio de 2022 Pablo Ramírez, entonces director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) y ahora investigado por delincuencia organizada, dentro del caso “Metástasis”.

El oficial de la policía acudió a la comisión de Fiscalización para explicar los procesos de contratación pública y convenios de pago de la empresa LaFattoria S. A. desde el año 2016. Durante la comparecencia Villavicencio le planteó: “tengo información de investigaciones hechas desde el estado donde se confirmaría que se estaría utilizando el servicio de alimentos para el ingreso de armas, municiones y otros productos indebidos a las cárceles. ¿Qué sabe usted señor General?”

Ramírez respondió que había establecido un protocolo con la policía, las Fuerzas Armadas y el SNAI para que exista “una revisión exhaustiva de los vehículos que ingresan con los alimentos. Incluso en la nueva contratación estamos sugiriendo que exista una ubicación satelital de los camiones que ingresan con alimentación desde los centros de abasto hasta el mismo centro. Dentro del proceso tecnológico de adquisición estamos también con la compra de escáneres para que pasen los vehículos por este tipo de artefactos”.

Continuó indicando que “esta información ha sido puesta a disposición de los entes correspondientes que están en el ámbito perimetral de los centros (de privación de libertad CPL) para que haya revisión exhaustiva y de esta manera evitar quizá cualquier tipo de ingreso de objetos prohibidos”.

Ramírez precisó en su comparecencia que entre 2016 y junio de 2022 el estado ecuatoriano pagó solo a LaFattoria USD$177´467.000 por el servicio de provisión de alimentos a las cárceles.

El oficial aseguró ante la Comisión de Fiscalización que, en agosto de 2022 el monopolio de esta compañía terminaría con la zonificación de las cárceles, propuesta que se concretó así:

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Carchi, Cotopaxi, Esmeraldas, Imbabura, Napo, Pichincha, Santo Domingo y Sucumbíos
Azuay, Bolívar, Cañar, Chimborazo, El Oro, Loja, Manabí, Los Ríos, Morona Santiago, Pastaza y Tungurahua

Guayas

Lafattoria ha suscrito más de 20 contratos y 15 convenios de pago con el Ministerio de Justicia y el sistema penitenciario y ha sido la beneficiaria de ocho prórrogas de un convenio marco con el ministerio de Educación para la provisión de alimentación escolar desde noviembre de 2016 hasta noviembre de 2022.

Esta conformación de zonas se amparó en varios criterios: ubicación de las cárceles, accesibilidad a estas, número de privados de libertad, dinamización de la economía local y aspectos de seguridad penitenciaria.

Pero en la práctica el monopolio de LaFattoria continuó intocado. Y un mes después de su comparecencia a la Asamblea, Ramírez se reunió con el narcotraficante Leandro Norero.  Según testimonio de Hélive Angulo, administrador de bienes del capo, Ramírez recibió USD$200.000 para que Norero tenga privilegios en el centro carcelario de Cotopaxi, donde se encontraba recluido.

Decomisos de armas, municiones y drogas no paran

Solo entre el 8 de enero y el 30 de abril del 2024, en los centros de privación de libertad del país se han encontrado 115.866 municiones casi tres veces más que lo identificado en todo el 2023. Además de 280 armas de fuego y 747 unidades de explosivos, entre otros ítems, de acuerdo con información del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Estas cifras se unen a las publicadas por el SNAI a diciembre de 2023 en su informe de rendición de cuentas, donde detalla que las Fuerzas Armadas efectuaron 33 operativos de control de armas, municiones y explosivos en las cárceles. Entre los hallazgos más relevantes están: 39.887 municiones, 153 armas de fuego (cortas y largas), 551 explosivos, 21.926 gramos de cocaína, 26.238 gramos de marihuana, más de 2.600 celulares.

Detalle

Cantidad

Armas de fuego (unidades)
280
Armas blancas (unidades)
2.002
Municiones de diferente calibre
115.866
Granadas (fragmentarias y explosivos artesanales)
747
Alimentadoras (unidades)
590
Sustancias ilícitas (kilogramos)
1.742
Dinero en efectivo
$26.707
Equipos de comunicación
4.299
Accesorios de equipos informáticos
1.633
Electrodomésticos (unidades)
373
PPLs recapturados
66
Personas rescatadas
166

Mil Hojas recupera la comparecencia del exdirector del SNAI Pablo Ramírez, ante la comisión de Fiscalización de la Asamblea, donde el entonces presidente de ese órgano legislativo, Fernando Villavicencio denunció el ingreso de objetos prohibidos a las cárceles mediante el servicio de alimentación.

El SNAI asegura que en 2023 realizó varios procedimientos de contratación para fortalecer la seguridad y el control en los CPL, como la compra e implementación de equipos de control, detección y neutralización de sustancias sujetas a fiscalización, armas, explosivos y dispositivos electrónicos. Para ello “el 25 de julio de 2022 suscribió el contrato Nro. 18-2022 con la empresa Advanced Technologies S. A. Vandetsa por USD$1´600.906,80. Se instalaron 9 Body Scanners que se encuentran distribuidos en 7 cárceles del Guayas, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Manabí.

El 31 de octubre de 2023 se entregaron al SNAI: 210 detectores de metales ferrosos y no ferrosos de uso manual en todos centros a nivel nacional y 12 detectores ferromagnéticos que están distribuidos en los CPL: Chimborazo N° 2, Chimborazo N°3, Pastaza N°1, Masculino Los Ríos N°1, Cañar N°2, El Oro N°2, Guayas N°3, Pichincha N°3, Masculino Pichincha N°2 y CAI masculino Ambato.

Pese a estas acciones que el SNAI asegura desplegar, las armas siguen ingresando a los centros de privación de libertad. El pasado 30 de abril las FF.AA. localizaron una nueva caleta en el Centro de Privación de Libertad Loja, donde se encontró 3 armas de fuego, 6 alimentadoras, 215 municiones, 6 armas blancas, 30 gramos de cocaína y dinero en efectivo.

¿Todo orquestado?

El constante ingreso de objetos prohibidos a las cárceles del país es el resultado de la ausencia de verdaderas políticas de control y vigilancia para el área de rehabilitación social.

Para Mario Carrillo, ex director del SNAI algunas prácticas parecen deliberadas, pues no se explica, por ejemplo, cómo se construyeron las mega cárceles del país, de manera antitécnica. Es decir, sin la provisión adecuada de servicios básicos como agua; sin comedores y para rematar, sin incluir desde el principio el funcionamiento de cámaras para el control al interior de las cárceles dentro del sistema de vigilancia del ECU911.

A ello se suma, las demoras del gobierno para pagar a los proveedores, que en el caso del servicio de alimentación para los centros de privación de libertad se volvió una constante desde hace varios años.

Carrillo asegura que ninguna empresa va a participar en las licitaciones realizadas mediante el sistema de compras públicas para dar la alimentación de las cárceles si el Ministerio de Finanzas tarda en pagar hasta ocho meses. “Estamos hablando de que deben pagarse dos millones de dólares mensuales. Quién puede sostener los costos de desayuno, almuerzo y merienda para unos 20 mil privados de la libertad, sino le pagan tantos meses. Qué empresa va a trabajar si le están debiendo millones de dólares”, cuestiona.

Por lo tanto, para el militar en servicio pasivo, el grupo LaFattoria nunca iba a tener competencia, pues ninguna otra empresa quiere participar en los procesos de contratación para el mencionado servicio.

Con este argumento explica las constantes renovaciones de los convenios de pago con la mencionada empresa. Y agrega que urgen cambios en la política del sector, pues solo con el uso de la fuerza pública no habrá soluciones integrales.

Desde el 1 de mayo pasado la empresa LaFattoria interrumpió el servicio de alimentación a 20 cárceles del norte del país por la falta de pago por parte del Ministerio de Finanzas.

Luego de las declaraciones del presidente Noboa sobre sus razones para pedir a la Fiscalía que investigue a LaFattoria, Richard Villagrán, dueño y representante de la contratista, mediante un comunicado de prensa emitido este 2 de mayo, desmintió la aseveración del mandatario de que los USD$171 millones recibidos por esta empresa del Estado, habría servido para financiar a grupos criminales. Y atribuyó la posición del gobierno a una táctica para justificar la falta de pago a esta contratista. “Es errada la información, señor Presidente, que más bien parece una justificación para no pagar los casi 30 millones de dólares que nos debe por servicios de alimentación”.

Cuestionó las acusaciones de corrupción en su contra al aseverar que no hay evidencia, pues su empresa jamás ha sido denunciada penalmente, ni glosada por la Contraloría General del Estado. “Ese estigma contra la empresa ha dejado ya sin alimentos a miles de PPL’s y dejará a un millón y medio de niños sin desayuno escolar los próximos meses”, advirtió.

En el informe sobre la situación financiera y administrativa expuesto por LaFattoria a la Superintendencia de Compañías, respecto al ejercicio económico de 2022, consta un total de ventas y otros ingresos por USD$100´088.292,6 (1,53% más que en 2021), con una utilidad neta de USD$ 3′ 445.555.

Sus ingresos por ventas de servicios sumaron USD$47´168,952. El mayor volumen de esos ingresos provino de servicios brindados a instituciones públicas como el Ministerio de Educación y el SNAI.

Este reporte es el último presentado por LaFattoria ante el organismo de control societario.

Los convenios de pago, que son mecanismos de uso extraordinario, se convirtieron en la herramienta usada por el Estado para perennizar a Lafattoria en el servicio de alimentación penitenciaria.

La historia de la danza de millones de LaFattoria como contratista del Estado

Entre 2012 y 2016 se firmaron 21 contratos para la alimentación de los internos del país, de acuerdo con el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop). De estos, 19 fueron adjudicados por el Ministerio de Justicia a la empresa guayaquileña Lafattoria S.A., de propiedad de Richard Villagrán Freire y de Rosa Mueckay Morales; por un monto de USD$ 92 millones.

Las primeras contrataciones de alimentos para las cárceles con esta empresa las realiza el entonces ministro de Justicia Lenin Lara y las continúa Ledy Zúñiga, con lo cual las ganancias de LaFattoria empezaron a despuntar, reflejándose en las declaraciones al impuesto a la renta que despegaron desde 2013 con USD $511 mil; 2014 con USD$977 mil y 2015, con USD$707 mil.

Solo en 2016, Lafattoria se adjudicó USD$ 38 millones en tres contratos. Todo esto fue revelado en una publicación de enero de 2017, hecha por nuestro portal Mil Hojas, titulada “92 millones de dólares: los juegos del hambre en las cárceles”. 

De acuerdo con información entregada por el SNAI a la Asamblea Nacional (en junio de 2022), otro contrato del Ministerio de Justicia se firmó el 14 junio 2018 por USD$17 millones; luego se suscribió un contrato complementario del 28 de noviembre de 2018 por USD$1´363.000.

A partir de diciembre de 2018, hasta enero de 2022 el SNAI no volvió a firmar contratos con LaFattoria. Es decir, esta empresa siguió operando sin relación contractual sino mediante 15 convenios de pago.

Según información del SNAI y del portal de compras públicas, seis concursos han sido declarados desiertos:

Fecha

Monto

21 de noviembre de 2019
USD$ 32,25 millones.
25 de mayo de 2020
USD$ 24, 48 millones
7 de octubre de 2020
USD$ 20,89 millones
7 de enero de 2021
USD$ 36,58 millones
19 de mayo de 2021
USD$ 21,49 millones
21 de julio de 2022

tres procesos para la zona 1 por
USD$ 19.194.232,50
USD$15.060.427,50
USD$22.067.062,50

En suma, entre 2016 y casi el primer semestre de 2022 LaFattoria fue la única contratista que manejó la provisión de alimentos a todo el sistema penitenciario del país.

LaFattoria ha sido también contratista del programa de alimentación escolar del Gobierno. Mil Hojas publicó en 2017 (https://www.milhojas.is/612484-un-velo-de-misterio-cubre-la-muerte-de-dos-ninas-en-un-colegio-publico-de-naranjal.html) que los padres de dos niñas que murieron tras ingerir leche en mal estado responsabilizaron de lo ocurrido a esta empresa. El abogado de las familias afectadas denunció robo de la información y de las fotos del médico forense que probarían que la muerte de las estudiantes ocurrió luego de la ingesta de leche entregada por Lafattoria S.A. a un centro educativo fiscal. 

Foto tomada de la licitación del servicio de alimentación para las cárceles del país. El ex presidente Rafael Correa con Richard Villagrán Freire, gerente de Lafattoria (primero desde la derecha)

Los últimos contratos

En 2023 otro actor entra al negocio de la comida para las personas privadas de libertad (PPL) y adolescentes infractores (AI).

El primer proceso de contratación que el SNAI realizó el año pasado para dar el servicio de alimentación a los presos fue la licitación para la zona 2. El contrato Nro. 01-2023 fue suscrito el 23 de enero de 2023 con la empresa Gourmet Food Service GFS S.A. por un monto de USD$12.254,476,25. Según el SNAI, esta compañía provee la comida para 23 centros a nivel nacional desde mayo de 2023, con un plazo de ejecución de 578 días.

Antes de finalizar ese año, mediante otro proceso de licitación se contrató la provisión de comida para los centros de privación de libertad de la zona 3. La firma del contrato se dio el 12 de octubre de 2023 con la empresa Lafattoria S.A. por USD$23.152.597, 50, el mismo que debería ejecutarse hasta el año 2025.

De esta forma el servicio de alimentación para las cárceles quedó en manos de dos empresas: Lafattoria S.A. para la división administrativa territorial Nro. 1 y Nro. 3, y Gourmet Food Service para la división administrativa Nro. 2.

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA N°1 Centros de Privación de Libertad CPL masculinos y femeninos de:

Carchi, Esmeraldas, Imbabura, Sucumbíos, Pichincha, Cotopaxi, Napo, Santo Domingo de los Tsáchilas

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA N°2 Centros de Privación de Libertad CPL y Centros de Rehabilitación Social CRS masculinos y femeninos de:

Azuay, Bolívar, Cañar, Chimborazo, El Oro, Loja, Manabí, Los Ríos, Morona Santiago, Pastaza, Tungurahua

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA N°3

En cuanto a la empresa Lafattoria S.A., el pago de sus servicios se realiza a través de un convenio, el cual cubre el servicio en todos los centros, incluyendo las Unidades de Aseguramiento Transitorio.

De acuerdo con el Informe de rendición de cuentas del SNAI (2023) los convenios de pagos se dan “con el fin de que la Institución pueda cumplir con sus obligaciones con apego irrestricto a la ley. Considerando que esta figura jurídica se aplica por excepción, cuando por circunstancias ajenas a la voluntad o decisión de las autoridades competentes de la entidad debidamente justificadas, no hubiere sido posible celebrar un contrato observando todas las formalidades previstas para la Contratación Pública”.

Si bien se acepta que los convenios de pago solo caben en circunstancias excepcionales, nada se argumenta sobre la justificación para realizar tales convenios con LaFattoria.

Expertos en el tema consideran que las autoridades deberían investigar la legalidad del uso de estos mecanismos de manera tan reiterativa.

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Tratado de Libre Comercio con China, un desbalance de poder

El TLC con China tiene 17 capítulos y seis anexos como cronograma de compromisos arancelarios, uno sobre el sistema andino de franjas de precios, reglas específicas de origen por productos y otros que suman 724 páginas.

Ratificar este tratado, sin que sea debatido, es un acto de fe.

Cifras del Ministerio de Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, establecen que el intercambio comercial entre Ecuador y China fue alrededor de los 12.000 millones de dólares en el 2022. En ese año, las exportaciones ascendieron a 5.823 millones de dólares, mientras que las importaciones un aproximado de 6.353 millones de dólares. Este resultado deficitario en la balanza comercial ha sido un patrón permanente en las relaciones comerciales entre China y Ecuador. Las exportaciones ecuatorianas no han logrado encontrar la ansiada diversificación ni productiva ni comercial en China.

Este comportamiento deficitario en la balanza comercial para el Ecuador y beneficioso para China no necesariamente se solucionará con la entrada en vigencia del TLC; el acuerdo prevé la desgravación de ciertos bienes relativos a la oferta exportable del país, no del 100% de los mismos.

Sascha Hanning, analista internacional que estudia los TLC de Chile, Perú y Costa Rica dice que a China le va mejor con las naciones que exportan recursos naturales: “diría que Chile se volvió totalmente dependiente de la demanda de China del cobre, los acuerdos que han sido exitosos se basan en la exportación de materias primas, Chile no ha logrado diversificar sus productos fuera del cobre, solo cerezas y algo de vino”.   

El caso del TLC con Costa Rica es totalmente distinto, este se firmó bajo la creencia de que China sería el socio que reemplazaría a Taiwán, pero en la práctica no sucedió. Cuenta Sascha Hannig que las exportaciones a China se redujeron en 10, mientras que las importaciones chinas solo crecieron. Costa Rica no vende materias primas, sus rubros de exportación son insumos médicos y electrónicos que son productos que están en total competencia con China. Además, la realidad es que con o sin TLC, China puede imponer restricciones a productos específicos que considere no cumplen con estándares para el ingreso a su territorio, tal como sucedió con este país, que le impuso restricciones a la exportación de carne, porque, supuestamente, incumplió medidas fitosanitarias en la exportación de estos productos. Ecuador ya enfrentó hechos similares en la pandemia cuando autoridades de control del país asiático dijeron haber descubierto trazas de covid 19 en contenedores de camarón nacional.

La comisión permanente de Relaciones Internacionales de la Asamblea fue el espacio en que se debatió el proyecto de TLC que piensa votarse en pocas horas. Esa mesa recomendó su aprobación a pesar de las importantes reflexiones que se presentaron, por ejemplo, David Molina de la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana dijo que un informe inicial del Ministerio de la Producción indica que la balanza comercial se volverá más deficitaria con el TLC, creciendo las exportaciones en un 9% y las importaciones en un 19%, por tanto, la balanza será cada vez más deficitaria.

Es real que el comercio bilateral entre Ecuador y China creció significativamente. Aunque el tratado puede reducir costos y mejorar el acceso, se enfoca únicamente en los efectos de las exportaciones, por ejemplo, el 72% son camarones y el 24% concentrado de cobre y plomo.

Cuando el industrial ecuatoriano se refiere al modelo de producción chino dice que las empresas de ese país que salen al mercado internacional son empresas estatales con lo cual incluso – después de años de exclusión- las mipymes nunca serán competencia. Siendo las pymes las mayores generadoras de trabajo en Ecuador este tratado puede tener severas implicaciones en el empleo nacional y puede implicar un re primarización productiva del país en modo enclave.

El exministro de producción y Comercio Exterior Daniel Legarda en esa misma comisión habló del papel crucial de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), señalando que representan el 80% de las exportadoras, excluyendo el petróleo y minerales. “Las mipymes son fundamentales para la economía, generando el 60% del empleo en el país. El crecimiento significativo de la participación de las mipymes en los mercados externos fue del 80% desde 2015 hasta 2021, representan el 30% del volumen total de exportación, lo que implica un flujo considerable de ingresos para el país.» Argumenta que, en el contexto de acuerdos comerciales, el enfoque debe ser beneficiar principalmente a las mipymes.

Es verdad que hay un grupo de mipymes que se han incorporado como exportadores con importante impacto económico pero la pregunta relevante es por el porcentaje de las mipymes del país que tiene como fuente principal ingresos vinculados a la exportación. Había tal conciencia en los negociadores del impacto que el TLC tendría sobre las Mipymes que en el tratado se establecen salvaguardas y un cronograma de compromisos arancelarios.  La académica Ivonne Telles preguntó en la Comisión de Relaciones Internacionales si tales medidas serán suficientes para garantizar la supervivencia de las mipymes ecuatorianas y señaló la posible afectación de la ventaja competitiva de los productos ecuatorianos debido a la eliminación arancelaria a favor de China. Aunque, según señaló, la Corte Constitucional dijo que las salvaguardias y el antidumping son garantías para preservar esta ventaja competitiva; planteó la preocupación de que, incluso con estas medidas compensatorias, la afectación al mercado local podría persistir durante la eliminación progresiva de aranceles.

Otro tema fundamental es que el acuerdo no especifica claramente cómo operarán las inversiones transnacionales de China en Ecuador. Más de 130 empresas chinas ya operan en el país, muchas en sectores estratégicos como petróleo, minería, telecomunicaciones. La confluencia de estos factores (desmantelamiento de sectores industriales, especialización en la exportación de productos primarios como son los minerales y agrícolas conlleva el riesgo de la reprimarización de la economía y la afectación del empleo.

Vacíos y falencias

Frente al TLC también hay vacíos cómo ¿Qué ocurre con el tema de los puertos ecuatorianos? El acuerdo no abarcó un tema fundamental para Ecuador como el mejoramiento de las condiciones de infraestructura de los puertos; la transferencia de tecnología; la implementación de sistemas de seguridad; la eficiencia en la logística del comercio, por mencionar algunos de los aspectos claves.

¿Regula el acuerdo la operación de las embarcaciones chinas en nuestras costas marítimas? Esta pregunta es fundamental. Ecuador debía aprovechar este espacio de negociación con China para posicionar este tema que es sensible para nuestros intereses nacionales, para nuestros ecosistemas y biodiversidad marítima, y además para nuestra economía.

Otro grave vacío es la omisión en el articulado del TLC de referencia alguna a la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados suscrita en Viena (Austria) el 23 de mayo de 1969 que entró en vigor el 27 de enero de 1980 y de la que el Ecuador es signatario.

El Convenio regula los principios, normas y procedimientos que son de vinculación directa para los Estados miembros de este instrumento si el TLC ni siquiera hace alusión a todos estos elementos es una negociación por fuera de las normas y principios del derecho internacional público.

Acuerdo ambiental

El tema medioambiental no fue parte de las negociaciones del acuerdo. Este ámbito debería constituir un aspecto fundamental para un país como Ecuador, mismo que es parte de la mayoría de los regímenes internacionales en este tema y ha sufrido los impactos del cambio climático en múltiples dimensiones a escala nacional en los últimos años. Más que nunca necesitamos incluir este tema en las negociaciones bilaterales con todos los países con quienes se negocien tratados de libre comercio y exigir a través de estas negociaciones la implementación de mecanismos de cooperación reembolsable y no reembolsable para que el Ecuador pueda mitigar los efectos del cambio climático con recursos económicos; con la implementación de nuevos proyectos energéticos sustentables y sostenibles que permita a Ecuador lograr una verdadera transición energética; y así pueda adaptarse a los efectos del cambio climático con líneas estratégicas de acción. De acuerdo con un reciente análisis “el Ecuador llegó a la COP28 con un perfil mucho más bajo y sin propuestas visibles. El nuevo gobierno apenas está unos días en el poder y tiene otras prioridades.«

Qué nos vende China y en qué condiciones

Entre los 10 principales productos importados por Ecuador desde China solo cuatro de origen industrial pagan aranceles: autos, receptores de TV, maquinaria, y vehículos blindados.

En una publicación hecha en 2023 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) titulada “Estudio sobre los posibles impactos de un acuerdo comercial entre el Ecuador y China”, este organismo regional ubica como único caso sensible el de los vehículos debido a que en Ecuador se ensamblan estos bienes mediante la modalidad de CKD (productos intermedios requeridos para el ensamble).

El resto de items (de la lista de 10) ingresa a Ecuador con arancel cero porque se los considera productos intermedios indispensables para garantizar la salud (vacunas) y la producción doméstica de la industria.

Para evidenciar la gran diversificación y el peso de las compras de productos chinos, el análisis de la Cepal desglosa su análisis a nivel de subpartidas de 50 productos. En la estructura de importaciones de bienes de capital sobresalen nuevamente automóviles, además de: tractores, motocicletas, maquinarias procesadoras de datos, equipo de telecomunicaciones, embarcaciones, equipos eléctricos), entre otros productos finales para la industria.

También constan insumos para la agricultura, principalmente fertilizantes y herbicidas. La Cepal enfatiza que “tales productos, por ser considerados indispensables, entran libres de derechos arancelarios. En la presente coyuntura de escasez de fertilizantes a causa de la guerra en Ucrania, la relación con China se vuelve mucho más importante, por ser un proveedor alternativo de fertilizantes habitualmente adquiridos a Rusia”.

Según el organismo, en el listado de los 50 productos se puede observar la sensibilidad de la industria ecuatoriana respecto a bienes finales que al momento tienen aranceles más altos que los de bienes intermedios, como por ejemplo motocicletas y triciclos que pagan 30% y los automóviles, 41%.

Para la Cepal “mantener altos niveles de protección en sectores en los que Ecuador no posee competitividad podría comprometer sus expectativas de crecimiento económico, principalmente en la producción destinada a la economía local, más que a la producción exportable, generando un costo no deseado para los consumidores”.

Complementariedad y barreras no arancelarias

La Cepal parte de las premisas del alto grado de complementariedad entre las economías de Ecuador y China y las múltiples exigencias, arancelarias y no arancelarias, impuestas al ingreso de los productos nacionales al mercado del país asiático, para sugerir que sería positivo un acuerdo comercial con este último.

En el estudio de este organismo se indica que, a partir de los superávits de Ecuador en agricultura, caza y pesca y productos mineros, y de China en manufactura pesada, se pueden desarrollar estrategias que permitan concretar el TLC, el cual podría coadyuvar a ganancias comerciales no solo en los sectores tradicionales sino también en otros sectores, siempre que se busque un balance en aquellos donde China tiene ventajas.

En cuanto a los aranceles aplicados actualmente por Ecuador a China, la Cepal considera que “son particularmente altos en los casos del cuero y calzado, vehículos a motor, textiles y confecciones, otras manufacturas, y los productos de la agricultura, la caza y la pesca, con valores ad valoren por sobre el 20%. El promedio cobrado por Ecuador en 2021 alcanzó el 8%”.

Respecto a los aranceles aplicados por China a Ecuador, aunque el promedio del 4% es más bajo que el cobrado por nuestro país, sí hay sectores en los que el arancel impuesto por China es superior al promedio: minerales no metálicos (8%); productos químicos (7%), caucho y plástico (7%), textiles y confecciones (8%), maquinaria no eléctrica (7%), calzado (5%), y agricultura, silvicultura, caza y pesca (10%).

Pero la Cepal hace una estimación preliminar de que la resistencia arancelaria de China hacia las exportaciones de Ecuador podría llegar al 15%. A ello se añade el 23% por medidas de diverso tipo (inspecciones, dificultades para cumplir certificaciones y normas técnicas, entre otros).

Es decir, además de la carga arancelaria, hay otras barreras que sortear.

Las proyecciones de la Cepal

En su estudio la Cepal estimó los impactos del TLC entre Ecuador y China en dos grandes escenarios: uno de liberalización completa y otro en el que una cantidad de productos sensibles se excluyen del acuerdo (agrícolas, alimentos, textiles, confecciones y calzado, autos, entre otros).

Sobre esta base y con las particularidades ya descritas del comercio bilateral, la Cepal concluye que las exportaciones ecuatorianas a China tendrían una variación acumulada de 7% en el período 2022-2035, bajo el escenario de un acuerdo con liberalización completa. Es decir, en 12 años las ventas externas de bienes aumentarían en ese nivel. Si se aplican excepciones a productos sensibles la variación sería de 7,2%, y de 19,1% y 31,9% en los casos en que junto con las excepciones se logran reducciones de las medidas no arancelarias de 30% y 60%, respectivamente.

Los mayores efectos positivos por el lado de las exportaciones se centran en los sectores de agricultura, silvicultura, caza y pesca; alimentos, bebidas y tabaco; y madera, celulosa y papel. En el caso de una liberación arancelaria con exclusiones de ítems sensibles, estos 3 sectores recibirían aumentos de corto plazo de entre 7%, 18% y 30%.

Las importaciones de bienes por su parte tendrían un aumento acumulado del 47,3% en el escenario de libre comercio, a poco más del 16% en el resto de los escenarios simulados.

En el caso de las importaciones de servicios también se produce esta reducción, al pasar desde un aumento del 30% en el escenario de liberalización completa a poco más del 8% en los demás escenarios.

El estudio de la Cepal concluye que “dado que en el mismo escenario la tasa de crecimiento de las exportaciones de Ecuador a China es de únicamente 7%, el saldo comercial proyectado hacia 2035 se empina por sobre los 3000 millones de dólares, por lo que no resulta un escenario plausible”.

Efectos mínimos en empleo

La Cepal admite que hay efectos mínimos en generación de empleo para el conjunto de la economía. Bajo el escenario de liberación total del comercio con China, en el sector exportador se incrementarían en 11 mil las plazas de trabajo, especialmente en los sectores agrícola y agropecuario, textil y de confecciones, calculado para el período 2021-2035. Con una reducción del 30% en las medidas no arancelarias se generarían 25 mil empleos adicionales y con una baja del 60% de esas barreras, 40 mil más.

En las tres actividades económicas mencionadas se generaría más del 90% de los nuevos empleos. Las estimaciones toman como base un total de 54.845 trabajos asociados a la actividad exportadora a China en 2018.

En cambio, para el primer período de suscripción de un posible acuerdo con excepciones, las simulaciones muestran un cambio negativo sobre el empleo, con una caída de -0,04%.

Los sectores de la agricultura, caza y pesca, así como de alimentos, bebidas y tabaco, experimentan caídas leves no superiores al 1%, en tanto que los productos manufactureros registraron alzas entre 1% y 7%. “La caída proyectada del empleo se explica por una sustitución de insumo trabajo por los bienes intermedios y de capital, que se tornarían más baratos tras la suscripción de un acuerdo con China”.

Assange y Villavicencio | Investigación Filtraleaks

Tomado de FiltraLeaks.com el primer medio del mundo dedicado exclusivamente a cubrir noticias sobre filtraciones y a cubrir lo que sucede en el mundo a través de filtraciones. MilHojas reproduce este reportaje escrito por el periodista Justin Martínez.
Filtraleaks es un medio dirigido por el reconocido periodista argentino Santiago O Donnell

https://filtraleaks.com/investigacion-filtraleaks/assange-y-villavicencio/

Por Justin Martinez

En marzo de 2019, se publicaron miles de documentos, fotos y mensajes de texto que revelaron la corrupción y las maniobras financieras offshore del Presidente del pequeño país sudamericano de Ecuador.

La respuesta a esta filtración llevó al arresto y, probablemente, a la condena a cadena perpetua del denunciante más famoso del mundo, Julian Assange, un hombre que era tanto despreciado por sus poderosos enemigos como venerado en todo el mundo como defensor de la libertad de información y la lucha contra el poder estatal.

Pero Julian Assange nunca filtró estos documentos.

De hecho, fue Fernando Villavicencio, un intrépido periodista ecuatoriano, un hombre que dedicó años de su vida a luchar contra la corrupción en su país natal, quien sacó la información a la luz. Un hombre que, hace apenas unos meses, perdió la vida mientras se postulaba para presidente con una plataforma anticorrupción, en un asesinato que cambiaría las elecciones de su país y que sería noticia en todo el mundo.

La historia de esta filtración, prácticamente desconocida para el mundo fuera de Ecuador, y las obras de estos dos hombres han transformado la sociedad ecuatoriana y la forma en que el mundo ve la libertad de prensa.

Julian Assange

El 19 de junio de 2012, Julian Assange se refugió en la embajada ecuatoriana en Londres y solicitó asilo político, que finalmente fue concedido por el entonces presidente de Ecuador, Rafael Correa, en agosto de ese año. La solicitud de asilo fue un acto de desesperación por parte del denunciante más famoso del mundo, un último intento de escapar del pedido de captura de Estados Unidos.

La fama de Assange se consolidó como fundador de WikiLeaks, un sitio web famoso por la publicación sin censura de miles de documentos clasificados e información delicada, a menudo especialmente embarazosa para los gobiernos de Estados Unidos y otras potencias militares occidentales. Ejemplos incluyen la publicación en julio de 2010 de más de 91,000 documentos, que contenían informes militares secretos de Estados Unidos sobre la guerra en Afganistán, seguida más tarde en el año por la publicación de más de 400,000 archivos militares clasificados sobre la gestión estadounidense de la guerra en Irak. El año concluyó con la publicación de miles de cables diplomáticos que revelaron evidencia de masacres de civiles por parte de las fuerzas estadounidenses, así como los entresijos de la presión diplomática estadounidense sobre los estados extranjeros.

Este acto final, conocido como Cablegate, que el Departamento de Justicia de Estados Unidos calificó como «uno de los mayores compromisos de información clasificada en la historia de Estados Unidos», se llevó a cabo en cooperación con importantes medios de comunicación internacionales como The New York Times, El País, Der Spiegel, Le Monde y The Guardian.

Fue esta filtración masiva la que finalmente llevó a que se acusara a Assange en Estados Unidos de 18 cargos relacionados con «obtener, recibir y divulgar ilegalmente información clasificada».

En su refugio en una embajada ecuatoriana

En 2012, Assange ya temía que Estados Unidos lo persiguiera por Cablegate y enfrentaba cargos por acusaciones de violación en Suecia, sabiendo que una eventual extradición a Estados Unidos era probable si lo arrestaban. Buscó refugio con la ayuda del entonces presidente ecuatoriano, Rafael Correa, autodenominado «socialista del siglo XXI».

Correa y su movimiento ya habían llevado las relaciones con Estados Unidos a lo que Beatriz García Nice, asociada al Programa Latinoamericano en The Wilson Center, llamó «una crisis». Además de las reformas económicas populistas de izquierda, la administración de Correa había mantenido una relación «desafiante» con Estados Unidos en la que Ecuador «no necesariamente seguía todo lo que Estados Unidos esperaba o deseaba». Una postura arraigada en la creencia en la soberanía ecuatoriana e independencia de un poder «imperialista». Esto lo llevó, entre otras acciones, a negarse a renovar un arrendamiento que permitía a la Marina de Estados Unidos mantener una base militar en su nación en 2009.

Pero el punto culminante de la desafianza de la administración hacia Estados Unidos fue la decisión de Correa de otorgar no solo asilo a Assange, sino permitirle permanecer en la embajada ecuatoriana en Londres durante todo su mandato, a salvo del sistema de justicia penal de Estados Unidos.

En una entrevista de 2014 con Charlie Rose, Correa explicó que su gobierno había pasado dos meses revisando la solicitud de asilo de Assange y determinó que, en caso de que fuera extraditado a Estados Unidos y acusado por la filtración de documentos gubernamentales, «no había garantía de debido proceso» que Assange tenía derecho como periodista.

Fernando Villavicencio

En los años que Julian Assange permaneció en la embajada ecuatoriana, la administración Correa lo destacó y garantizó su seguridad como símbolo de libertad de prensa y resistencia contra el poder estadounidense. Mientras tanto, el periodista ecuatoriano Fernando Villavicencio estaba enfrascado en una batalla contra un gobierno que él denunciaba como corrupto y ávido de poder en su propio país.

Fernando Villavicencio había pasado sus años formativos como periodista de investigación antes de entrar en la política en los últimos años. Fue asesinado en la antesala de las elecciones presidenciales ecuatorianas de 2023, en las que era candidato con una plataforma anticorrupción.

Su obituario en The Guardian elogiaba su tiempo como periodista cuya «crítica vehemente» a Correa lo hizo una figura reconocible en Ecuador. The Times lo describió como un «periodista destapador de escándalos» que jugó un papel crucial en exponer un escándalo de soborno que eventualmente llevó a la condena del expresidente Rafael Correa». Una condena que finalmente ocurrió en 2020 y fue la culminación de dos décadas de acusaciones de corrupción de Villavicencio.

La batalla contra Correa fue brutal para Villavicencio. Según The Times, «En 2014, el Sr. Villavicencio buscó refugio durante varios meses con la comunidad indígena Sarayaku en la Amazonía después de ser condenado a prisión por insultar al Sr. Correa». En 2017, Villavicencio se vio obligado a esconderse nuevamente después de que un juez ordenara su prisión por el uso de «correos electrónicos hackeados en una investigación sobre presunta corrupción en una empresa petrolera» en 2016.

La persecución de un periodista por supuesta «difamación» de una figura pública como el presidente, así como por la liberación de materiales gubernamentales, parece contradecir las afirmaciones de Correa de ser un defensor de la libertad de los denunciantes en lo que respecta a su protección de Assange. Pero no estaba solo, el gobierno de Correa fue criticado por restringir la prensa en su nación y sofocar la disidencia interna mientras utilizaba la estancia de Assange en su embajada para destacar sus credenciales de libertad de expresión en el extranjero.

Assange y Villavicencio

El trato completamente opuesto por parte de la administración Correa creó una línea divisoria nítida entre los dos hombres que definiría su relación mutua.

Villavicencio hizo los informes iniciales en 2015 sobre documentos filtrados que revelaron una relación tensa entre Assange y el personal de la embajada ecuatoriana, incluido un incidente en el que Assange tuvo un altercado con un guardia de seguridad después de ser sorprendido manipulando el equipo de seguridad de la embajada y otro en el que parece que Assange derribó una estantería en su habitación dentro de la embajada.

También estuvo involucrado en una historia de 2018 en The Guardian, que reveló los costos extensos, que sumaron más de 5 millones de dólares en cinco años, y el uso de servicios de seguridad que el gobierno ecuatoriano utilizó para facilitar la estancia de Assange.

Este comportamiento indisciplinado por parte de Assange y los costos significativos, tanto financieros como de mano de obra, para el gobierno ecuatoriano, se citarían más tarde como parte de la razón para su expulsión de la embajada.

La cobertura negativa sobre Julian Assange y su asilo en Ecuador se originó en lo que Fidel Narvaez, ex cónsul y primer secretario en la Embajada Ecuatoriana en Londres, llamó el disgusto personal de Villavicencio por el hombre. «Villavicencio, desde el principio, siempre atacó a Julian Assange», con una vehemencia y consistencia que rozaba la «obsesión», sostiene Narvaez.

Narvaez afirma que esta vendetta personal nació de la opinión de Villavicencio de que «Julian era un protegido del gobierno [Correa]». Un régimen que había protegido la libertad de Assange y lo usó como herramienta para afirmar que Correa era un defensor de la libertad de expresión mientras perseguía y oprimía a periodistas ecuatorianos que se atrevían a criticarlo, como Villavicencio.

Según Narvaez, el periodista ecuatoriano no podía entender por qué, si un denunciante como Assange realmente luchaba contra el poder estatal, «¿por qué no publica sobre la corrupción en Ecuador y Rafael Correa?»

Cristina Solórzano, amiga cercana y colega de Villavicencio, una periodista ecuatoriana que trabajó con él en investigaciones sobre corrupción en empresas petroleras estatales del país y también en historias relacionadas con Julian Assange, afirma que Villavicencio solía decir que Assange había «aceptado el asilo a cambio de su silencio».

Villavicencio señaló el hecho de que, en 2010, antes de que se le ofreciera asilo, Assange había publicado cables que no eran favorables a la administración Correa con respecto al manejo inadecuado de la deuda externa y el supuesto financiamiento de las FARC a la campaña de Correa. No se filtraron tales documentos después de que Assange ingresara a la embajada.

Solórzano explica el pensamiento de Villavicencio sobre Assange de la siguiente manera: «Después de eso, Assange no hizo ninguna pregunta, ninguna filtración que comprometiera al Gobierno, en cuanto a la corrupción masiva, o el ataque a los periodistas, como en mi caso, he sido procesada nueve veces; guardó silencio sobre la violación de los derechos humanos, la libertad de expresión y la corrupción, no solo de Correa, sino también de Hugo Chávez, Nicolás Maduro, el Gobierno de Nicaragua o lo que sucede con Vladimir Putin».

Según informa The Times, Villavicencio realmente envió información a WikiLeaks en 2015 sobre el espionaje del gobierno ecuatoriano a periodistas, pero nunca fue publicada. The Times cita a Villavicencio diciendo: «Era información de interés internacional».

La Filtración de los Papeles INA

Después de que Rafael Correa decidiera no postularse para otro mandato en las elecciones presidenciales ecuatorianas de 2017, su vicepresidente Lenín Moreno fue elegido como su sucesor en la Presidencia y en el movimiento político de Correa.

Sin embargo, apenas meses después de asumir la presidencia, quedó claro que el sucesor de Correa había optado por romper radicalmente con la ideología y el movimiento político de su predecesor. Moreno se movió hacia la derecha en términos de gasto público y regulación de la economía, pero también, crucialmente, en política exterior.

En un giro de 180 grados respecto a la postura antiimperialista de la administración Correa, Moreno comenzó a «regularizar la relación con Estados Unidos» hasta el estatus de «socio» nuevamente, según Beatriz García Nice.

«El personal de la embajada [de Estados Unidos] fue repentinamente bienvenido a eventos oficiales nuevamente», además de recibir informes nuevamente de funcionarios ecuatorianos que los habían ignorado durante los años de Correa.

Pero lo más crucial fue una reevaluación de la permanencia continua de Julian Assange en la embajada ecuatoriana. En su primer año en el cargo, Moreno se refirió a Assange como un «problema heredado» de su predecesor y una «piedra en el zapato» de la cual quería deshacerse.

Finalmente, tendría la oportunidad desde una fuente inesperada. En 2019, con la publicación de los Papeles INA, una colección de mensajes de telegramas, correos electrónicos, fotografías y documentos que detallan la existencia de una empresa offshore conocida como la Corporación INA, dirigida por Moreno y su familia desde que era vicepresidente de Ecuador en 2012.

La filtración fue informada por primera vez en el artículo publicado el 19 de febrero de 2019, por los autores Christian Zurita Ron y Fernando Villavicencio. El artículo se titula «El Laberinto Offshore del Presidente» e incluye imágenes de documentos oficiales en la disolución de la corporación INA después de la publicación original, el certificado que muestra su establecimiento en Belice, entre otros. El artículo se refiere a la corrupción de Moreno como un «laberinto» debido a las extensas conexiones de su familia y amigos cercanos en el esquema de lavado de dinero, acusando también a la primera dama y al hermano del presidente, Edwín Moreno.

El artículo acusa a Moreno de usar esta empresa, entre otras cosas, para realizar múltiples transferencias, «desde diciembre de 2015 hasta febrero de 2016, por un valor de 133,400 euros que han sido respaldados en documentos del Banco Santander de España, que prueban que INA Investment entregó ese dinero al ciudadano español Emilio Torres Copado, para la compra de un apartamento de 140 metros cuadrados que incluye un porche de terraza de 12.4 metros en Villajoyosa, Alicante, con vistas al Mar Mediterráneo».

Una práctica que ocurrió a pesar de que, como señala el artículo, «el gobierno de Lenín Moreno está en contra de mantener relaciones con paraísos fiscales, hasta el punto de que en 2017, un referéndum prohibió a los funcionarios públicos llevar a cabo operaciones offshore». Una ley que la filtración de los Papeles INA mostró que estaba violando claramente.

Los documentos filtrados fueron compilados posteriormente en el sitio web anónimo Inapapers.org, que incluye aún más acceso sin editar a los documentos filtrados que sugerían corrupción y un estilo de vida lujoso que resultaba personalmente embarazoso para el presidente. Una de esas fotos fue publicada en el New York Post de Moreno en la cama con un plato lleno de langosta en un lujoso hotel en un momento de creciente austeridad fiscal en el gasto público de su gobierno para ayudar a los pobres de Ecuador.

Assange finalmente expulsado

La filtración de los Papeles INA enfureció comprensiblemente a Lenín Moreno. Se enfureció en entrevistas y en Twitter por lo que consideraba una invasión de su privacidad y una fabricación destinada a difamarlo. Pero curiosamente, dirigió su ira no a Villavicencio o Zurita, sino a Julian Assange.

Ni Assange ni su sitio web WikiLeaks estuvieron involucrados en la difusión de los materiales ni en la cobertura periodística de dichos materiales. La única interacción que WikiLeaks tuvo con la historia fue un tuit el 25 de marzo que incluía un enlace al sitio web Ina Papers.

Moreno arremetió contra WikiLeaks después de este post. Afirmó que ellos y Julian Assange estuvieron involucrados en la liberación de estos documentos y estaban filtrando en su contra.

No hubo indicación de que Assange hubiera estado involucrado en la filtración; los materiales nunca se publicaron en el sitio web de WikiLeaks y la relación profundamente acrimoniosa entre Villavicencio y Assange hacía poco probable que los materiales vinieran de él.

Sin embargo, dos semanas después, Moreno anunció que revocaría el estatus de asilo de Assange y permitiría que la policía británica lo arrestara en la embajada ecuatoriana. Su arresto fue seguido inmediatamente por el anuncio del Departamento de Justicia de Estados Unidos de 17 cargos en su contra por violación de la Ley de Espionaje. El escenario estaba listo para que Julian Assange pasará el resto de su vida en prisión.

Según Solórzano, Villavicencio tenía sentimientos encontrados sobre la decisión de expulsar a Assange. Estaba básicamente de acuerdo en que había permanecido demasiado tiempo, pero le preocupaba la decisión de permitir que la policía británica ingresara a la embajada para realizar el arresto, algo que consideraba una violación de la soberanía de Ecuador, diciendo: «Creo que el Gobierno ha actuado de una manera muy desesperada, básicamente comparto la decisión de que Julian Assange debería haber salido de la Embajada hace mucho tiempo porque ha actuado deslealmente con Ecuador, pero la forma en que ocurrió este desenlace me preocupa».

La decisión de revocar el estatus de asilo de Julian Assange basada en los Papeles INA parece ser un movimiento descaradamente interesado por parte de Lenín Moreno. Pero lo curioso y trágico de todo el evento fue que Fernando Villavicencio finalmente derribó a uno de sus enemigos, sin embargo, de manera no intencionada; no fue un político corrupto, fue un colega periodista.

Consecuencias

Hoy en día, Assange aún está en una prisión británica esperando la extradición a Estados Unidos. Ha liderado numerosas apelaciones contra los cargos que enfrenta, y la batalla legal ha llevado a un movimiento de activistas que exigen su liberación. Organizaciones que defienden la libertad de prensa, como Reporteros Sin Fronteras y la Federación Internacional de Periodistas, han denunciado el caso en su contra como la persecución de un periodista por revelar secretos gubernamentales. Un grupo de importantes organizaciones de noticias, incluyendo The New York Times y The Guardian, ha emitido una declaración conjunta instando a Estados Unidos a retirar su caso contra Assange, diciendo que representa «un precedente peligroso y amenaza con socavar la Primera Enmienda de Estados Unidos y la libertad de prensa».

Continúan diciendo que «obtener y revelar información sensible cuando es necesario en interés público es una parte fundamental del trabajo diario de los periodistas. Si ese trabajo se criminaliza, nuestro discurso público y nuestras democracias se debilitan significativamente».

Una declaración que, irónicamente, sería una defensa adecuada del trabajo de Fernando Villavicencio, cuyo trabajo filtrando documentos privados en el caso de los Papeles INA y otros lo ha convertido en un símbolo del poder de la prensa en su país natal.

La filtración y la decisión posterior de expulsar a Assange llevaron a Rafael Correa a menospreciar a su sucesor tanto por la corrupción que se reveló como por ser «el mayor traidor en la historia ecuatoriana y latinoamericana» con la decisión de expulsar a Assange de la embajada.

Correa atribuye a Moreno y a su ruptura radical con la política correista un colapso completo de las perspectivas electorales de su movimiento en Ecuador. Moreno dejó el cargo con una escasa aprobación del 4,8%, y fue sucedido en 2021 por un conservador y ex rival electoral de Correa, consolidando la primera derrota electoral presidencial para el movimiento de Correa desde 2007.

Las elecciones presidenciales ecuatorianas de 2023 resultaron en otra derrota para un candidato que apoyaba a Correa. Según Beatriz García Nice, Correa «culpa de la pérdida [de su movimiento] en esta elección en particular a dos cosas principales. La primera es Lenín Moreno, cómo su traición realmente tuvo un impacto profundo en continuar la forma de gobernar de ‘Ciudana’. Y la segunda es la muerte de Fernando Villavicencio».

Fernando Villavicencio fue asesinado el 9 de agosto de 2023, tiroteado mientras estaba en la campaña para las próximas elecciones presidenciales. Había decidido entrar en la política para continuar su lucha contra la corrupción que había llevado a cabo durante muchos años en el periodismo. Su muerte conmocionó al país y recibió cobertura mediática de todo el mundo, con The Times calificándola como un «punto de inflexión» para el país, mostrando que su gobierno había perdido por completo el control del país ante los narcotraficantes de los vecinos Colombia y Perú, quienes se sospechaba que estaban involucrados en su asesinato y habían ganado mayor prominencia en el país en los últimos años.

Según García Nice, el público en general llegó a ver a Villavicencio como un «símbolo de resistencia contra individuos y élites corruptas» que habían llevado a Ecuador a la decadencia y la violencia a lo largo de múltiples partidos y administraciones. Tenía la credibilidad para convertirse en ese símbolo debido a su coherencia al atacar la corrupción en la política, ya fueran partidarios de Correa o enemigos como Lenín Moreno.

Con su muerte, Fernando Villavicencio se convirtió en un mártir y un símbolo, dando su vida en la lucha por un mejor gobierno para el pueblo de Ecuador, a través de su periodismo y su campaña presidencial, que fue truncada trágicamente.

Hoy en día, Julian Assange está en prisión, posiblemente esperando una condena a cadena perpetua por exponer los pecados del gobierno más poderoso del mundo. Su encarcelamiento ha inspirado a miles a exigir mejores protecciones para los periodistas en todo el mundo.

A pesar de sus diferencias y su feroz odio mutuo, los destinos de estos dos hombres están increíblemente entrelazados. Sus historias de vida son, y seguirán siendo, ejemplos extraordinarios del poder del periodismo para desafiar al poder y remodelar el mundo.

Nain Massuh, el hombre de los millonarios contratos estatales

La Fiscalía General del Estado incautó el sistema de cámaras de vigilancia de la casa de Nain Massuh, ubicada en la ciudadela Palma Mallorca, en la vía a Samborondón.  Las grabaciones de esas cámaras -que tienen como fecha entre el 12 y 16 de enero de 2023- y sus transcripciones (más de 500 páginas) constan en los cuerpos 331 al 336 del proceso que lleva adelante la Fiscalía.

Del guayaquileño Nain Massuh Villarruel, llamado “el turco”, hay poca información pública. Se sabe que es empresario y que su fuerte son los negocios en telecomunicaciones. Dice tener un sinnúmero de enfermedades graves y que se le acusa injustamente de filtrar información a la prensa de los que en el pasado fueron sus amigos: grandes políticos y empresarios salpicados de corrupción que hoy están en problemas con la justicia. 

También dice no tener contratos con el Estado, pero no es cierto: MilHojas descubrió que usó a la empresa Ciberc S.A. (antes Cibercall) para manejar varios contratos con el Consejo de la Judicatura y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones,  uno de ellos sigue vigente,  que suman más de $40 millones de dólares. Eso sin contar otro contrato de $ 5 millones de dólares para proveerle al Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) un sistema informático con una base de datos para consultar todo tipo de información de una persona natural o jurídica. Lo polémico es que los accesos al sistema no solo lo tenían los funcionarios del CIES, sino Massuh y otros altos funcionarios del correísmo.

Con conexiones en los niveles de decisión política y con sorprendente capacidad para operar desde las sombras durante los últimos tres gobiernos, su discreto perfil quedó expuesto cuando la Fiscalía General del Estado lo vinculó al caso Encuentro por el delito de delincuencia organizada, cometido por una “organización criminal conformada por funcionarios públicos y particulares, quienes –de forma planificada y coordinada– pretendían obtener réditos económicos indebidos valiéndose de su posición cercana con la política y así interferir en instituciones públicas como: CNEL EP, BanEcuador y Servicio Nacional de Aduanas”, según señala la acusación de la Fiscalía.

Nain Massuh es el nombre que conecta los casos Encuentro y Metástasis. En este último su nombre aparece en repetidas ocasiones en las conversaciones entre el narcotraficante asesinado Leandro Norero y Xavier Jordán, otro empresario millonario, procesado por la trama de corrupción en los hospitales. Jordán lo acusaba de ser el “sapo” que supuestamente filtró la foto de la piscina de Miami, pero además, de ser quien les informó a los periodistas Fernando Villavicencio y Christian Zurita que en el pasado él le había vendido una mansión a Norero.

Xavier Jordán se refiere a la denuncia que hiciera Fernando Villavicencio el mayo de 2022, donde señalaba que “La casa allanada al narco Leandro Norero, en la urbanización Riberas del Batán, le pertenecía a Xavier Jordán, millonario acusado de corrupción en el IESS, durante el correísmo, ahora en Miami. El Toyota 4×4 incautado, está a nombre de Dymarla, empresa de los Jordán.”

“Ese hp es el único que sabe de ahí nadie más por que le andaba cobrando lo del que sabemos y lo sacaron de todo por sapo cuando te cogieron salió lo de la casa”, se quejó Jordán con Norero en mayo de 2022. Tanta era su ira que le insistía al capo que les dé un “susto” a Massuh, Villavicencio y Zurita: Mándales un susto a esos hps que están que nos revientan en redes en especial a mí hps”. “Tienes que tener paz mental y resolver los problemas”, le dice al capo en ese entonces preso en la cárcel de Latacunga. Los chats dejan en evidencia que hubo, incluso, un plan para eliminar a Massuh.

Jordán sugería, Norero ejecutaba, “reviéntalos a todos”, le pidió en una ocasión.

Hoy los buenos tiempos, las fiestas sociales y los buenos negocios entre el “El turco” y Xavier Jordán son parte del pasado.

Caso Encuentro: lo que se descubrió en las grabaciones de la casa de Nain Massuh

El caso Encuentro identificó a una organización delictiva de la que también forman parte, según la Fiscalía, Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, Hernán Luque Lecaro, exdelegado de Lasso en el directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO); Julio León, Jorge Orbe, Roberto Bueno, Antonio Icaza, exgerente de la Corporación Nacional Eléctrica (CNEL) y Leonardo Cortázar, delator y operador del esquema de corrupción en CNEL.

“Con sus acciones, el grupo habría direccionado la adjudicación de contratos y el ingreso irregular de personas en empresas del Estado, con la finalidad de obtener réditos económicos”, señala la Fiscalía. Desde noviembre pasado, Massuh, Cortázar, Luque y Carrera tienen orden de prisión preventiva, a este último se la sustituyó por arresto domiciliario debido a que tiene más de 65 años. Ninguno está preso.

Para la Fiscalía, los líderes de la red delictiva serían Carrera y Rubén Cherres, asesinado en marzo de 2023. Los otros colaboradores serían Luque Lecaro, quien valiéndose de su posición nombró a directores de las empresas públicas, como es el caso de la designación de Antonio Icaza como gerente de CNEL.  Icaza, a su vez, habría coordinado con el resto de ejecutores (Cortázar, León, Orbe y Bueno), quienes direccionaban los contratos. Sobre Nain Massuh, la Fiscalía señala que tenía una relación de amistad de larga data con Antonio Icaza, lo que habría permitido a Massuh el manejo de ciertas unidades de negocios “a fin de obtener réditos económicos indebidos, los mismos que serían entregados a el señor Clemente Icaza, y este a su vez a los líderes de esta estructura criminal”.

En grabaciones publicadas por la plataforma La Posta, se escucha decir a Hernán Luque -entonces director de la Empresa Coordinadora Empresas Públicas- lo siguiente: “En otro tema Nain yo ya te conté que prefería que me des 150 mil mensuales”. Se refiere a Nain Massuh, operador de Rubén Cherres, Hernán Luque y socio de Xavier Jordán y Leonardo Cortázar. 

Y, aunque La Posta quiso ocultar, deliberadamente el nombre de Massuh en las grabaciones, luego salió a la luz que el “turco” era parte de la estructura criminal, según señala la Fiscalía.

Como parte de la investigación, la Fiscalía General del Estado incautó el sistema de cámaras de vigilancia de la casa de Nain Massuh, ubicada en la ciudadela Palma Mallorca, en la vía a Samborondón, provincia del Guayas.  Las grabaciones de esas cámaras -que tienen como fecha entre el 12 y 16 de enero de 2023- y sus transcripciones (más de 500 páginas) constan en los cuerpos 331 al 336 del proceso que lleva adelante la Fiscalía.

Los videos dan cuenta que en esos días, Massuh recibió visitas de amigos, socios y hasta de los periodistas Anderson Boscán y Mónica Velásquez, con quienes comió pizza en la sala de su casa, días después de que La Posta (medio que Boscán dirige) publicase El Gran Padrino. Sobre ellos, Massuh admitió, ante la Fiscalía General del Estado, haber recibido en su casillero los estados de cuenta del banco de EEUU, Wells Fargo Banks.

Las transcripciones del caso Encuentro evidencian la cercanía de Massuh con los periodistas Boscán y Velásquez a quienes regularmente les proveía de información y financiamiento, según se lee en las transcripciones. “Yo no vengo a visitarle vengo a ver mi financiamiento”, señala el interlocutor signado como VM3, que corresponde, según las imágenes a P4, Anderson Boscán.

En los chats del caso Metástasis, cuerpos 42-44, el propio Xavier Jordán le advierte al narcotraficante Leandro Norero que Boscán “es íntimo del turco”.

En las reuniones en casa de Massuh se habló de política, dinero, cuentas, contratos, negocios en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y en algunas Unidades de Negocio de CNEL; y hasta del secuestro del que fue víctima Antonio Icaza, entonces gerente de CNEL, en diciembre de 2022.

Casos Encuentro y León de Troya: la mafia albanesa como factor común

Leonardo Cortázar y la mafia albanesa secuestraron al exgerente de Cnel, Antonio Icaza, esa es la aseveración que hace el “turco” en conversaciones con sus socios, que fueron transcritas por la Fiscalía.

Tomado del portal ED

En ellas, VM1 (Nain Massuh) asegura que Leonardo Cortázar y el albanés “mandan a secuestrar” a Antonio Icaza. “Y con Cortázar iban a verlo Antonio lcaza y que lo mandan a secuestrar con los albaneses brother esto es serio, Cortázar andaba metido con él”. Luego añade: “Antonio lcaza en el carro, manejando Cortázar Alex atrás en la perrera Cherres y el albanes y lo treparon en el carro conmigo, para que tu sepas Antonio lcaza es amigo mío hace veinte y dos años, la hija de él es Olivia, mejor amiga de Belén. Antonio me llamo ayer y me dijo quiero hablar contigo pana hoy día probablemente me vea con el pero es para ayudarlo”, dice la transcripción.

Cuerpo 331, del caso Encuentro. VM1: Nain Massuh

En otra foja, Nahim Massuh (VM1) señala que Leonardo Cortázar trabajaba para él y que la relación acabó luego de un problema de dinero: “Cortázar trabajaba para mí y cuando Jorge le da un billete a Cortázar y Cortázar ni lo reporta”.

En octubre de 2023, la Fiscalía decidió acumular los casos León de Troya y Encuentro en un solo proceso.

En otra transcripción, Massuh señala: “porque Cortázar ya está con los albaneses entonces, él se volvió peligroso como Salcedo que era pero ya dentro de la cárcel se volvió un tipo malo”.  

Antonio Icaza fue secuestrado, en diciembre de 2022, al norte de Guayaquil. En la denuncia presentada por el exfuncionario a la Fiscalía General del Estado indicó que los captores estarían relacionados con contratistas de CNEL que le exigían pagos pendientes y le pedían abstenerse de realizar cambios administrativos en la empresa pública.

Estos hechos evidencian que todos tenían conocimiento de la penetración del crimen organizado en las empresas públicas.

Sobre Icaza, otro interlocutor, identificado como VM3 , dice “yo no digo que maneje pero si ya tiene llegada con Antonio que no lo saquen a lcaza y que lcaza simplemente este nos deje manejar lo que más se pueda, mira Esmeraldas no se quiere nadie con todas esas pendejadas que hay en Esmeraldas yo tengo que andar lidiando con los tiguerones ahorita, para que más o menos tenga idea como son esos imbéciles al gerente general le balearon la casa o sea es otro relajo pero si de pronto algo se puede hacer hasta el mismo Eduardo puede hacer algo”.

Estas y otras declaraciones evidencian que Antonio Icaza era muy cercano a Nain Massuh y servía como mecanismo para viabilizar los contratos en favor de este grupo.

En su versión dada a la Fiscalía General del Estado, Nain Massuh mintió cuando dijo no tener relaciones sociales y comerciales con los otros implicados. En especial con Antonio Icaza, a quien afirmó no conocer.  En una de las grabaciones incautadas por la Fiscalía, él lo reconoce como su amigo, con quien lleva 22 años de amistad, y con sus socios habla de que éste les permita manejar en CNEL ¨lo que más se pueda¨.

Massuh y los contratos con CNT

En su versión ante la Fiscalía General del Estado, Nahim Massuh dijo no tener contratos con el Estado. Eso también es una mentira: en una grabación del 12 de enero de 2023, Massuh y sus socios hacen alusión a un “convenio comercial macro” suscrito con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. En la reunión discuten los términos y condiciones para la actualización del acuerdo comercial que estaba relacionado con un reajuste de precios unitarios. “Se necesita ampliar en primera instancia el alcance del acuerdo macro que tenemos con CNT”, dice uno de los socios, identificado con el código VM5. Otro recalca que una vez propuesto el cambio de los anexos al convenio se debe convocar a una reunión para tratar directamente el tema con Enrique Mendoza, quien a la fecha era el gerente de mercadeo de CNT, y “reportaba”, según la transcripción a Rafael Santelli, entonces gerente Nacional de Negocios de CNT.

Caso Encuentro: transcripción de las conversaciones sobre los negocios en CNT de Nain Massuh y sus socios

En la reunión también participa telefónicamente “Mérida”; los socios discuten con ella los detalles del acuerdo comercial y le disponen realizar los ajustes acordados.  Se trata de Mérida Rodríguez Mera, la gerente de ventas de la empresa CIBERC S.A.  La compañía que en febrero de 2021 firmó un acuerdo comercial con CNT para la “distribución de productos, licenciamiento y servicios para soluciones de contact center y redes durante los años 2021 y 2022”, y que contó con una partida presupuestaria por $1.120.000,00.  El acuerdo fue firmado por el gerente Nacional de Negocios de CNT, Renán Camacho, y por la compañía Redlegal & Asociados Cía. Ltda., apoderada de Ciberc, a través de su gerente general, David Cruz.

En octubre de 2023, la compañía Ciberc S.A. solicitó a CNT la actualización de los precios unitarios de los productos, bienes y servicios que componen el mencionado acuerdo. En noviembre de este año, CNT evaluaba la ¨factibilidad técnica¨ para acoger la solicitud de actualización.

Constituida en octubre de 2003, en Quito, Ciberc es una sucursal de la compañía colombiana Cibercall Ltda., la misma que figura como única accionista, según los registros de la Superintendencia de Compañías.

Hasta mayo de 2015, la empresa se llamó Cibercall S.A., luego cambió su nombre a Ciberc. El administrador actual de esta compañía es Redlegal & Asociados Cía. Ltda., una compañía creada en 2013, en Quito, dedicada a la asesoría legal “en todas las ramas del derecho, patrocinio legal y procuración judicial”.

Entre enero de 2017 y 2022, solo en CNT, Ciberc se adjudicó $ 28.701.446; fueron 61 contratos y órdenes de compra de bienes y servicios relacionados con las telecomunicaciones.

En marzo de 2017, la multinacional CISCO, dedicada a la fabricación, venta, mantenimiento y consultoría de equipos de telecomunicaciones, informó a CNT que Cibercall (Ciberc) era uno de sus distribuidores autorizados. Esto coincide con las afirmaciones de Nain Massuh, que señala “Que sí estoy haciendo telecomunicaciones como toda la vida pero ya con CISCO Estados Unidos, tengo una oficina en Estados Unidos”.

Ciberc también ha suscrito varios contratos con el Consejo de la Judicatura, éstos, sumados a los de CNT, suman $ 41.122.389.19:

AñoContratistaProceso contratación/ContratoContrato Monto total sin IVA Entidad contratante
2018CIBERC S.A.REGEN-CNTEP-B/S-877-2018Adquisición y actualización de la solución integral de servidores basada en arquitectura X86 CISCO UCS, que incluye licenciamiento, soporte e instalación para la CNT. $          1.869.660.71CNT
2019CIBERC S.A.GEN-CNTEP-706-19Adquisición, actualización y/o mejoramiento de soluciones integrales de Telecomunicaciones, switch para redes de Telecomunicaciones, soporte de sistemas de telecomunicaciones para la atención de clientes Gubernamentales de la CNT EP. $              949.193.46CNT
2017CIBERCALL USA CORP                 CIBERC S.A.REGEN-CNTEP-BS-
Ml-724-2017
Este proceso incluye un contrato, cuatro órdenes de compra (bienes) y tres órdenes de servicios. $          8.258.407.74CNT
2017CIBERC S.A.REGEN-CNTEP-BS-Ml-1700.1- 2017Repotenciación de una Solución de Contac Center en Ambiente Cloud para la provisión de servicios a clientes internos y externos de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP $          5.578.071.00CNT
2018CIBERC S.A.GEN-CNTEP-BS-750-2018Adquisición. actualización y mejoramiento de Soluciones Integrales de Telecomunicaciones, renovación y ampliación de licenciamiento, servicio de diseño, implementación, soporte y mantenimiento para la infraestructura informática sobre la que la CNT EP provee servicios de CLUOD COMPUTING a clientes públicos y privados en la plataforma de Networking, X86 y Solución HCS $          4.821.554.23CNT
2011Cibercall S.A.Contrato 93-2011Contratación de la FASE I de una solución de telefonía IP equipamiento LAN/WAN a ser implementada en las entidades de la función judicial a nivel nacional. $          3.485.783.13Consejo de la Judicatura
2012Cibercall S.A.Contrato 24-2012Conectividad y redes inalámbricas de los juzgados de contravenciones y mujer, familia, niñez y adolescencia a nivel nacional. $              343.729.75Consejo de la Judicatura
2012Cibercall S.A.Contrato 148-2012FASE II de una solución de telefonía IP equipamiento LAN/WAN a ser implementada en las entidades de la función judicial a nivel nacional. $          7.979.555.95Consejo de la Judicatura
2017Consorcio Andean – TradeSIE-BANEC-039-2016Adquisición e implementación de la infraestructura de seguridad perimetral de Banecuador B.P. $              611.873.75Banecuador
2020CIBERC S.A.RE-CNTEP-1300002220-20Contratación de soporte técnico, actualización y mantenimiento de la plataforma de contact center Genesys de la CNT EP $          2.646.930.48CNT
2022CIBERC S.A. RE-PU-CNT-534-2022Soporte técnico y actualización de la plataforma de contact center Genesys de la CNT EP $          4.577.628.99CNT
TOTAL $    41.122.389.19 

Luis Verdesoto: Eliminar la EMCO no acabará con la corrupción en las empresas públicas

El pasado 28 de  noviembre, a cinco días de ser posesionado como presidente de Ecuador, Daniel Noboa emitió el Decreto Ejecutivo 37, mediante el cual dispuso que el presidente del Directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO-EP), en un mes, le presente un informe con el procedimiento a seguir para liquidar esa entidad.
En diálogo con MilHojas.is, Luis Verdesoto Custode, ex secretario anticorrupción en el Gobierno de Guillermo Lasso, advierte que esa medida, sin auditar los hechos de corrupción, genera un vacío legal.
La advertencia la realiza a propósito de haber analizado los riesgos de corrupción de los funcionarios públicos de alto nivel, estudio plasmado en
su último libro titulado “Nacen y se reproducen corruptamente”.

El exsecretario anticorrupción lamenta que Lasso, quien lo invitó a liderar la lucha contra ese mal, le haya dado la espalda cuando le advirtió lo que pasaba en la EMCO-EP, inmersa en escándalos como el caso Encuentro, que investiga la Fiscalía y en el que imputó a Danilo Carrera, cuñado de Lasso por el delito de presunta delincuencia organizada.

Otra de las instituciones señaladas en la publicación de Verdesoto como las de más alto riesgo de corrupción es el Consejo de la Judicatura, cuyo presidente, Wilman Terán fue aprehendido este 14 de diciembre por presunta vinculación también con el delito de delincuencia organizada, proceso penal iniciado por la Fiscal General, Diana Salazar.

Tras haber revelado la matriz de corrupción que funciona en el sector público, Verdesoto plantea una hoja de ruta para atacar ese problema y espera que Noboa ponga freno a las prácticas corruptas que ya están identificadas.

El presidente Daniel Noboa, mediante el Decreto 37, dispuso la extinción de la EMCO ¿es una medida acertada como parte de la lucha anticorrupción?
No lo es. A todas luces es un riesgo. Si solo se elimina la función de coordinación que cumple esa empresa, queda un vacío legal y se retornaría a la anterior conformación de los directorios de las empresas públicas. Con eso, las formas de corrupción migran de una modalidad centralizada a una descentralizada y se pueden reproducir nuevas formas de corrupción.

¿Esa decisión evidencia falta de conocimiento sobre esta problemática?
Claro. Piensan que la EMCO, al ser una empresa coordinadora, es una sumatoria de empresas. Debería ser y operar como un holding pero, por la concentración de poder, emitieron resoluciones y eliminaron competencias y funciones de los directorios de las empresas.

¿Quién concentraba el poder?
El Directorio de la EMCO, que es un falso cuerpo colegiado, en donde hay tres miembros designados por el Ejecutivo. Por eso, es un error creer que eliminándola se acabe la corrupción en las empresas públicas.

Hernán Luque Lecaro (centro) presidente del Directorio de la EMCO, de julio de 2021 a diciembre de 2022. También presidió los directorios de todas las empresas públicas, por disposición del expresidente Guillermo Lasso. Foto: Diario El Universo


Pero los directorios de las empresas, sobre todo Petroecuador o las eléctricas, también están plagados de corrupción
.
Así es. Lo que ocurre es que los procesos de contratación pasaron de las empresas al Directorio de la EMCO; es decir, se trasladó la corrupción desde la base hasta la cúpula, que estaba encabezada por el señor Hernán Luque Lecaro, que fue nombrado por el presidente Lasso. Por eso, pensar que al eliminar la EMCO, que es donde está el cáncer de la corrupción, esta desaparece, no es correcto.
 
Entonces, ¿cuál es la solución?
Primero investigar la corrupción pasada y presente. Luego, la EMCO debe ser reemplazada por un holding que, de verdad, coordine a las empresas, pero sin restarles su capacidad de decisión, como lo hizo Luque Lecaro. Y, lo más importante, informar al país, transparentar esta situación; de lo contrario, solo enterraremos una empresa sin saber lo que pasó adentro.

Durante su gestión de ocho meses como Secretario Anticorrupción -de mayo de 2022 a enero de 2023- en el Gobierno de Lasso, ¿qué casos conoció y cuáles son los más preocupantes?

Se fue centralizando la toma de decisiones sobre los procesos de contratación y se puede haber cometido delitos graves. Es muy importante investigar, por ejemplo, cuándo puede haber habido lavado de activos. La contratación pública es la que mayor seguridad brinda al lavador, porque es donde menos se investiga.

¿Eso pudo determinarlo durante su gestión?
Así es. Con el equipo de la Secretaría, en coordinación con la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), sobre todo cuando estuvo de titular Carla Mera Proaño, y con apoyo de los gobiernos de Estados Unidos, Alemania, Francia y de la USAID, realizamos una encuesta a 470.000 funcionarios de entidades que pertenecen al Poder Ejecutivo. También nos basamos en una metodología del Banco Mundial y aprobada por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat, que se preocupa de la seguridad de las personas, de la protección del sistema financiero). Eso permite detectar antecedentes y movimientos económicos de funcionarios públicos que alertan sobre el riesgo de cometer o tener vínculos con delitos como el soborno, el narcotráfico y el lavado de activos.

¿Cuál fue el resultado de la encuesta en Ecuador?
Nos permitió diseñar lo que se llama un mapa de calor: en una escala del 1 al 5, mientras más cerca estás del 5, es más alto el riesgo.  Gracias a ello identificamos a unos 4.000 altos funcionarios en el nivel de riesgo más alto de corrupción.

¿De qué instituciones?
Las entidades con mayor riesgo son los ministerios de Defensa, del Interior y Policía, de Educación, de Salud y el Consejo de la Judicatura. Los datos de este último no son parte del libro porque no pertenecen al Ejecutivo y, por lo tanto, no están en el campo de acción de la Secretaría Anticorrupción.

¿Quiénes son esos 4.000 funcionarios??
Los nombres no los tuve, pedí que no me los pasen, se encuentran en la UAFE a disposición del presidente de la República, para que disponga el seguimiento respectivo.

¿Por qué no quiso conocer nos nombres?
Porque no era mi competencia. Quien debe dar esa disposición es el presidente de la República, que es la máxima autoridad de la UAFE. Mi función era obtener los datos agregados, detectar el grado de riesgo de corrupción y entregar esa información al primer mandatario; así lo hice.

¿Esos 4.000  funcionarios pertenecen al gobierno de Guillermo Lasso?
La investigación corresponde a cuatro años: 2018-2022; pueden ser funcionarios que se mantienen, que dejaron de ser o que ingresaron en ese lapso.

¿Cuántas personas pueden estar involucrados en hechos de corrupción?
Potencialmente los 4.000. Pero esa es una hipótesis, no una imputación. Mientras no se pruebe la naturaleza de sus transacciones, la inocencia es un derecho humano básico. Nadie puede ser imputado sin haberle dado el derecho a la defensa, pero no se dio el seguimiento.

¿Es decir que son funcionarios de los tres últimos gobiernos: de Rafael Correa, Lenín Moreno y Guillermo Lasso?
Así es y esa información está en el libro, de forma agregada. Por ejemplo, en el Ministerio de Defensa tenemos que en el nivel de riesgo 5 están los funcionarios del rango 14, que es el más alto de la administración pública; por lo tanto, es obvio que son generales de la República.

Eso tiene relación directa con la reiterada advertencia del embajador de Estados Unidos Michael J Fitzpatrick sobre los narco generales y otros niveles de corrupción y crimen organizado en el país. ¿Qué hizo el expresidente Lasso cuando le entregó esta información?
No ejecutó nada. Por eso es importante que el presidente Daniel Noboa compare los nombres de los narco generales identificados por el embajador de Estados Unidos con los que constan en la investigación que hicimos.

¿En suma, para combatir la corrupción y la impunidad solo hace falta decisión política?
En un segmento. Lo que pasa es que Ecuador estuvo acostumbrado a trabajar con lo noticioso: cuánto subieron o decrecieron el accionariado, los ingresos o el patrimonio de los funcionarios. Nosotros analizamos también el pasivo que, en muchos casos, bajó a tal nivel que nos preguntamos cómo lo hicieron, de dónde salieron los recursos. Para ello utilizamos 21 variables como cuentas bancarias, movimientos de plata al exterior, autos, declaraciones tributarias, información de notarías y registros de la propiedad.

¿Qué tipo de actividades concretas hacen presumir lavado de activos o narcotráfico?
Cuando detectamos que un funcionario mueve grandes cantidades de dinero o tiene tres, cuatro o más propiedades, se ubica en el nivel 5, el de más alto riesgo; esa es la punta del ovillo porque, con esa información, puedes meterte a los paquetes accionarios, a las remesas sobre la base de las 21 líneas de investigación.

Habiendo entregado a Lasso esa investigación clave para combatir la corrupción, ¿por qué renunció?
El presidente Lasso tenía temor a la inestabilidad política porque trataba mucho con generales de la Policía y de las Fuerzas Armadas. Por eso asumí la responsabilidad de entregarle al país este libro que presenta elementos nuevos en el escenario de discusión sobre la corrupción.

¿Qué elementos?
Por ejemplo, unos cuadros con información sobre la EMCO, que generó controversia, mi distanciamiento del Gobierno y mi renuncia. También la entregué a la Fiscalía General y al Congreso (Asamblea Nacional), y tiene que ver con rutas y vínculos del capital accionario entre quienes concentraron el poder de decisión al dirigir esa entidad.

 ¿Qué pasó después?
Lastimosamente no ha tenido curso; más bien, desapareció material referente a corrupción internacional, que se obtuvo gracias a una investigación que hicimos con los gobiernos de Holanda y Canadá. Por eso me creí en la autoridad de entregárselos al país en el libro.

¿Qué recomienda para emprender una real lucha anticorrupción?
Ecuador tiene tres áreas sensibles: el soborno, el tráfico de influencias y el conflicto de intereses. En ellas se debe trabajar, porque tienen que ver con la gran corrupción. Toda la investigación es importante, pero destaco que dejamos fichas de las 30 principales entidades públicas con los riesgos de corrupción detectadas. Hicimos el inventario inicial de riesgo con la Agencia de Desarrollo de Estados Unidos (USAID), con la Agencia de Desarrollo de Alemania y con Naciones Unidas.

¿Qué empresas lideran ese inventario?
Petroecuador, por ejemplo, que representa más del 50% de la corrupción en inversión y en contratación pública. También están las empresas eléctricas. El nuevo Gobierno tiene toda la información para el control en cada entidad. Dejamos listas las matrices de riesgo y de tipología de la corrupción. En cada ficha se ve los principales delitos, los procesos dañados y las influencias del contexto de la corrupción.

¿Qué debe hacer el Gobierno de Daniel Noboa si, en verdad, quiere combatir la corrupción?
El material para trabajar está hecho, las bases de datos, los programas están listos. La información que dejamos solo tiene un año de retraso. Actualizarla al 2023 no tomaría mucho tiempo. Sobre todo, es fundamental que apliquen esta metodología a todos los funcionarios que ingresen a la función pública para complementar los cuatro años de antecedentes que dejamos como resultado de nuestra gestión. Espero que con el nuevo Gobierno haya la sensibilidad suficiente para frenar esto.

FRASES

“En la gerencia de la EMCO se da la mayor presión y se produce la mayor corrupción”

“De la Presidencia, desapareció material referente a corrupción internacional”

“Todos tenemos riesgo de corrupción, pero más del 80% tiene el nivel más bajo. Los de mayor riesgo son los funcionarios del jerárquico superior”

El personaje

Luis Verdesoto Custode es analista y catedrático especializado en desarrollo local y descentralización; es Licenciado en Filosofía por la Universidad Católica de Ecuador (PUCE); registra una maestría en Sociología por la Universidad Católica de Perú (1978), un doctorado en Estudios Políticos en Francia (2013). En 2018 fue consejero permanente del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Los secretos de la deuda china, una radiografía sobre más de $22.000 millones negociados con el dragón asiático

Al cabo de 18 meses de reuniones de planificación, de largas jornadas de revisión y análisis de miles de documentos, el pasado 28 de noviembre, ante una nutrida audiencia conformada por representantes de la sociedad civil, diplomáticos, académicos, analistas y destacados periodistas, Fundación Mil Hojas presentó el e-book Los Secretos de la deuda china.

 En 255 páginas, sus cuatro autoras escudriñan y desnudan la trama de corrupción, secretismo y sumisión a China, tejida desde 2007 hasta 2017 por el Gobierno de Rafael Correa Delgado e intocada por sus sucesores Lenín Moreno Garcés (2017-2021) y Guillermo Lasso Mendoza (2021-2023). El acceso al e-book es gratuito, solo se debe ingresar al link https://milhojas.is/deudachina/e-book/, llenar un formulario y recibir la obra para su descarga en el correo registrado.

En la publicación, que fue editada por Martha Roldós, Directora de Mil Hojas, las autoras Katerine Erazo, María Elena Verdezoto, Mercedes Álvaro y Cristina Solórzano, reconocidas periodistas con amplia trayectoria en medios nacionales e internacionales, con la coordinación del prestigioso periodista de investigación Christian Zurita, se sumergieron en un mar de decretos, resoluciones y disposiciones dadas mediante oficios e incluso a través de simples correos electrónicos por al menos una veintena de ministros, subsecretarios y otros altos funcionarios del correato, comandados por el ex vicepresidente y ex ministro coordinador de Sectores Estratégicos Jorge Glas Espinel, mano derecha y parte del círculo íntimo de Correa.    

El formato utilizado para la presentación del libro fue un conversatorio. El académico y miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), Paúl Mena, dirigió el diálogo y junto a Katerine Erazo y Christian Zurita, analizó los aspectos más relevantes de la investigación.

Los tres destacaron los mayores hallazgos sobre la agresiva y oscura política de endeudamiento con la República Popular China, sobre la base de un trabajo de investigación que se centró en examinar los procesos precontractuales y contractuales de los convenios de crédito suscritos para las ventas anticipadas de petróleo y para la construcción de 4 proyectos hidroeléctricos, tres viales, dos hidráulicos y uno de infraestructura educativa.

Martha Roldós, directora de Fundación Mil Hojas, junto a las coautoras del libro: Mercedes Álvaro, María Elena Verdezoto, Cristina Solórzano, Katerine Erazo; el coordinador de la obra, Cristian Zurita y el moderador del panel, Paúl Mena.

El trabajo del equipo de Mil Hojas consistió en revisar, analizar y trazar una línea de tiempo sobre las acciones realizadas para la firma del contrato para las preventas petroleras por más de $18.000 millones, que habrían causado pérdidas por cerca de $4.200millones y de los 10 proyectos seleccionados: Coca Codo Sinclair, Minas San Francisco, Paute-Sopladora, Sistema de Transmisión de 500 mw y obras asociadas, 10 carreteras, tres carreteras, Prolongación de la Avenida Simón Bolívar, Control de inundaciones Naranjal y Cañar, Plan Hidráulico Santa Elena fase 1 y Nueva infraestructura educativa 200 escuelas del milenio.

El valor total de esas 10 obras asciende a $6.397,62 millones; de ese monto, con créditos chinos fue cubierto el 64%, rubro que equivale a $4.122,32 millones.

Durante el conversatorio, al abordar sobre las características del modelo aplicado por China en la entrega del financiamiento, uno de los hechos que se destacó por estar presente en todos los convenios de crédito fue el pago de al menos cinco tipos de comisiones: gestión, compromiso, prepago o indemnización, preparación y otros valores por honorarios y pagos a terceros.

Representantes de la sociedad civil, diplomáticos, académicos, analistas y periodistas asistieron al evento convocado por Fundación Mil Hojas

Katerine Erazo, Paúl Mena y Christian Zurita durante el conversatorio sobre la obra, el 28 de noviembre de 2023   

Un aspecto que destacaron los panelistas es el doble discurso de Rafael Correa quien defendía a capa y espada la soberanía nacional y fustigaba la sumisión a Estados Unidos, país al que llama el imperio cuando, en la práctica, su Gobierno aceptó sin chistar todas las condiciones impuestas por el régimen asiático.

La estrategia china es integral, acotó Erazo: la imposición de contratar no solo el crédito con sus bancos sino también a sus constructoras y a su aseguradora estatal Sinosure. Es decir, todo a favor del prestamista.

Para sustentar este análisis, la autora y panelista explicó la cláusula de inmunidad soberana, que consta en todos los contratos suscritos con la banca china: “El prestatario (Ecuador) acepta que él y sus demás activos que no constituyen bienes inmunes están sujetos y disponibles para el Procedimiento (como se define a continuación) y el prestatario se compromete a no invocar ninguna defensa sobre la base de la inmunidad soberana, para sí mismo y/o sus otros activos que no constituyen bienes inmunes… El Prestatario reconoce y acepta expresamente que este Contrato de Préstamo de Crédito al Comprador constituye deuda pública externa del Ecuador y que, por lo tanto, de conformidad con el artículo 130 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (y/o cualquier otra disposición sucesora) todos los ingresos del Ecuador respaldan las obligaciones del Prestatario. Se clasifica en varias categorías a las propiedades y activos que estarían inmunes ante cualquier procedimiento legal”…

Un tema que siempre generó controversia fue el costo del dinero prestado por la banca china. En el conversatorio los tres periodistas coincidieron en que ese costo superó a los que conceden los organismos multilaterales.

Entre los ejemplos concretos que presenta el libro está el del proyecto Coca Codo Sinclair que se financió con una tasa de interés de 6,9%, mientras el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial manejaban tasas entre 4% y 5%. Sin mencionar el costoso seguro de crédito a las exportaciones como se llamó a las pólizas que Ecuador tuvo que firmar con Sinosure.

Paúl Mena hizo una reflexión al mencionar que, si bien la gran deuda y los grandes negocios con China fueron realizados en el Gobierno de Rafael Correa, en los mandatos siguientes de Lenín Moreno y de Guillermo Lasso, no hubo cambios sobre esa situación.

Hasta el momento, ningún Gobierno ha planteado la revisión de los millonarios contratos con China y, peor aún, nadie ha mencionado la posibilidad de fiscalizar las condiciones financieras de la cartera de créditos. Las auditorías se han centrado en la ejecución de las obras de ingeniería y todas están plagadas de anomalías que tienen que ver con el incumplimiento de normas de calidad, ambientales, técnicas y plazos para su entrega.

En el evento de presentación del libro se hizo una mención especial a Fernando Villavicencio, destacado periodista de investigación, legislador y excandidato a la Presidencia de la República, víctima de magnicidio el pasado 9 de agosto de 2023, de quien los panelistas resaltaron su valiente lucha anticorrupción.

Por ello, Zurita plasmó la gratitud a Villavicencio en el prólogo del libro, con el título Volver a casa y así lo enfatizó al final de la ceremonia, al decir …”El esfuerzo de los autores de este libro por dilucidar y exponer la complejidad y las exigencias del financiamiento chino mediante las doce historias presentadas constituye un homenaje al legado de Fernando Villavicencio”.

En 255 páginas, el equipo de Mil Hojas analizó en detalle los procesos precontractuales y
contractuales de 12 contratos suscritos con China

Cuando la Asamblea Nacional volvió a Fiscalizar: El trabajo de la Comisión de Fiscalización presidida por Fernando Villavicencio

Pese a los boicots, a la persecución por sus denuncias y a no contar con una bancada que apoye su gestión en la Asamblea, Fernando Villavicencio realizó un trabajo de fiscalización sin precedentes en las últimas dos décadas

La reputación alcanzada por su trabajo como activista y periodista de investigación, aunada a un disruptivo discurso de campaña en el que planteaba desde reformas al sistema legislativo, como la instauración de un esquema bicameral, hasta una profunda fiscalización de la gestión pública, llevaron a Fernando Villavicencio Valencia a alcanzar una curul en la Asamblea Nacional.

Las importantes tramas de corrupción que develó y logró llevar hasta la justicia fueron no solo su mayor credencial para este arriesgado salto a la política, sino que generaron una gran expectativa que fue superada con creces.

“Vamos a demoler esta asamblea corrupta”, advertía el entonces candidato a legislador en una de sus intervenciones ante la prensa. Y argumentaba la trascendencia que tiene en la vida de la gente el combate a la corrupción: “aunque a los políticos corruptos y delincuentes no les guste esta lucha, está probado que entre 20% y 25% del valor de las obras o proyectos es el costo de la corrupción. Es decir, la lucha en contra de esto es la primera batalla por el empleo, la salud y la educación. Si bajamos ese costo tenemos importantes recursos para impulsar proyectos de desarrollo”.

Fernando Villavicencio se propuso investigar casos de corrupción de los Gobiernos de Rafael Correa, Lenín Moreno y Guillermo Lasso; por ello se planteó un voluminoso plan de trabajo con 26 temas de investigación. Algunas de sus promesas de campaña fueron hacer públicos los procesos y condiciones de contratación de aproximadamente $60.000 millones en deuda externa, así como develar las irregularidades en la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas, en la renegociación de contratos petroleros, en la construcción del proyecto Coca Codo Sinclair; además del manejo irregular de las empresas públicas, entre otras.

En febrero de 2021, Fernando Villavicencio resultó electo como asambleísta nacional para el período 2021-2025. Llegó al legislativo por la Alianza Honestidad, aunque meses después se separó de esa organización y se declaró independiente. El 24 de mayo de ese año, fue escogido presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político.

A pesar de los boicots, desde esta Comisión, al trabajo de Villavicencio, con triquiñuelas como no dar quórum para tratar determinados temas o no aprobar sólidas investigaciones para que no sean debatidas en el pleno de la legislatura, durante dos años el exlegislador investigó al menos 34 temas, presentó 13 denuncias y dos noticias criminis en la Fiscalía General del Estado sobre narcotráfico, ¨narcopolíticos¨ y corrupción. Presentó a debate y votación de la Comisión de Fiscalización, nueve casos que revelaron irregularidades en contratos de fletamento de buques, de preventa de crudo, en obras para la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair y del parque eólico Minas de Huascachaca y en la ejecución del Sistema Único de Compensación Regional (Sucre).

La expectativa sobre la gestión de Villavicencio fue más que cumplida. Aquí presentamos una breve revista a su prolífico trabajo.

De su paso por la Asamblea, sus cercanos destacan su imparable ritmo de trabajo (dormía cuatro horas diarias y trabajaba todos los días). “En dos años, Fernando, como presidente, hizo el trabajo que no se hacía desde hace 15 años en esa Comisión (de Fiscalización). Llevó un plan de trabajo que no se había visto antes, donde cada legislador propuso casos de investigación que debían presentar a través informes de fiscalización para su aprobación. Dejó esa comisión sin ningún escándalo de corrupción”, dice César Gonzaga, amigo y colaborador de Villavicencio.

Entre mayo de 2021 y mayo de 2023, la comisión de Fiscalización y Control Político celebró 147 sesiones, presentó ocho informes de fiscalización, tramitó 16 juicios políticos y recibió 462 comparecencias.

Detalle de los juicios políticos tramitados

# juicioFuncionariosAsambleístas proponentesSustanciación Comisión de FiscalizaciónResolución del pleno
1Dr. Pablo Celi, Contralor General del EstadoJuan Lloret (UNES)Informe enviado al Pleno de la Asamblea. Se recomendó juicio político.Censurado por el pleno de la Asamblea
2Dr. Freddy Carrión, Defensor del PuebloYeseña Guamaní (ID)      Ricardo Vanegas (PK)Informe enviado al Pleno de la Asamblea. Se recomendó juicio político.Censurado y destituido por el pleno de la Asamblea
3Abg. Valentina Zárate, Contralora subroganteRicardo Vanegas (PK)Se recomendó el archivoArchivado por el pleno de la Comisión
4Richard Martínez, exministro de EconomíaVarios legisladoresSe recomendó el archivoArchivado por el pleno de la Comisión
5René Ortiz, Exministro de EnergíaLuis Almeida Salvador Quishpe (PK)Informe enviado al Pleno de la Asamblea. Se recomendó juicio político.Censurado por el pleno de la Asamblea
6Víctor Anchundia, superintendente de CompañíasRicardo Vanegas Luis Almeida (PSC)Informe enviado al Pleno de la Asamblea. Se recomendó el juicio político.Censurado y destituido por el pleno de la Asamblea
7Carlos Riofrío, contralor subrogante del EstadoRonny Aleaga (UNES)Informe enviado al Pleno de la Asamblea. Se recomendó el archivo del juicio político.Pleno de la Asamblea no logró los votos para archivar o continuar con el proceso
8Íñigo Salvador, procurador del EstadoFerdinan Álvarez (UNES)Archivo de la causa por retiro de firmas y retiro del solicitante.Archivado
9Diana Atamaint, José Cabrera, Esthela Acero, Enrique Pita, consejeros del CNE, y Luis Verdesoto, exconsejeroJoel Abad y Mario Ruiz (Pachakutik)SuspendidoSuspendido-Pendiente su tratamiento por período electoral. 
10Ruth Arregui, superintendente de BancosDarwin Pereira (PK)Informe enviado al Pleno de la Asamblea. Se recomendó el archivo del juicio político.Pleno de la Asamblea resolvió su censura y destitución
11Fausto Murillo, Ruth Barreno y Juan José Morillo, vocales del Consejo de la JudicaturaViviana Veloz y Fausto Jarrín (UNES)Informe de la Comisión de Fiscalización no fue aprobado. Se envió al Pleno de la Asamblea informe de posicionesArchivado
12Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS): Hernán Ulloa (presidente), María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo.Salvador Maita, Mireya Pazmiño y Ricardo Vanegas (Pachakutik)Informe enviado al Pleno de la Asamblea. Se recomendó el juicio político.Censurados y destituidos por el pleno de la Asamblea
13Exministra de Salud, Ximena GarzónNataly ViteriInforme de la Comisión de Fiscalización no fue aprobado. Se envió al Pleno de la Asamblea informe de posiciones.Censurado por el pleno de la Asamblea
14Patricio Carrillo, exministro del InteriorSolicitud de juicio unificada. Yahaira Urresta, Ángel Maita, Gisela Garzón, Peter Calo, Johana Moreira, Lucía PlacenciaInforme enviado al Pleno de la Asamblea. Se recomendó juicio político.Censurado por el pleno de la Asamblea
15Diego Ordóñez, exsecretario de Seguridad, Paola Flores, ministra de Derechos Humanos y Patricio Carrillo, ministro del InteriorRicardo Vanegas, Sofía SánchezDesistimiento de los solicitantes 
16Guillermo Lasso Mendoza, presidente de RepúblicaViviana Veloz, Pedro Zapata, Mireya Pazmiño y Rodrigo FajardoInforme que recomendó el archivo del juicio político no fue aprobado por el pleno de la ComisiónEn trámite en el Pleno de la Asamblea

Su agenda de 26 temas con los que inició su gestión fue incluida en el plan general de trabajo de la Comisión, pero que no pudo concluir o no se concretó en informes de fiscalización, primero por los continuos escándalos de corrupción y la creciente violencia que envolvió al país en los últimos años, temas sobre los que indagó y exigió respuestas por medio de comparecencias y comisiones generales en la mesa de la Comisión de Fiscalización. “Las autoridades le deben respuestas claras al país y al primer poder del Estado”, dijo en una ocasión. Luego vino la disolución de la Asamblea y no pudo continuar su plan de trabajo. 

Asumió, además, investigaciones relacionadas con el narcotráfico y el crimen organizado, la crisis carcelaria del país, el desvanecimiento de glosas en la Contraloría General del Estado y la corrupción en los hospitales.

Destacan también los informes que hizo sobre los casos “Pandora Papers” -investigación periodística internacional que en Ecuador salpicó al presidente Guillermo Lasso por su presunta vinculación con empresas domiciliadas en paraísos fiscales-; y León de Troya. Este último lo realizó cuando presidía el Frente Parlamentario Anticorrupción. “Del Caso Encuentro a León de Troya” se llama la investigación que explora los tentáculos del crimen organizado y su penetración en las instituciones del Estado; además de la presunta relación de la mafia albanesa con el desaparecido empresario Rubén Cherres, amigo de Danilo Carrera, cuñado de Guillermo Lasso. Se suma también el informe sobre irregularidades en contratos suscritos por la Corporación Nacional Eléctrica del Ecuador, Cnel, y Corporación Eléctrica del Ecuador, Celec, que presentó a la Fiscalía y a la Contraloría General del Estado.

Este medio revisó sus denuncias, las sesiones de la Comisión de Fiscalización y sus intervenciones en el pleno de la Asamblea e identificó 34 temas que el legislador logró investigar. Nueve de estos concluyeron con informes de fiscalización.

#TEMA
1Petrochina
2Gunvor
3Petrotailandia
4Pdvsa – Ancap
5Flopec, contratos de transporte petrolero
6Coca Codo Sinclair
7Ina Papers
8Proyecto Eólico Minas de Huascachaca
9Caso Sucre-Fonglocons
10Complejo Legislativo
11Laudos arbitrales
12Caso Danubio
13Radares del cerro de Montecristi
14Telefonía celular
15Fuga del territorio ecuatoriano de la exministra de Transporte y Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte
16Salud pública: presuntas irregularidades en contratos adjudicados a hospitales durante la pandemia por la Covid-19
17Compraventa de bienes inmuebles por parte de Leandro Norero. Se presentó notitia criminis en la FGE
18Contraloría General del Estado: desvanecimiento de glosas
19Cartera vencida de la Corporación Financiera Nacional
20Crisis penitenciaria: masacres en las cárceles del país
21Monopolio de la alimentación en las cárceles del país.
22Procesos penales aperturados por redes de corrupción en la salud pública; procesos judiciales de José Antonio Marazita; Publio Olmedo Vásquez Coronel, José Luis Jordan Mendoza, Xavier Jordan Mendoza; Flor Izaguirre Armando Vicente; Leonardo Cortázar Arcos; Womer Vega Martillo
23CNEL y CELEC EP: contratos del sector eléctrico. Se presentó la denuncia en la Fiscalía General del Estado.
24Crimen Organizado y su penetración en las instituciones del Estado; y la presunta relación de la mafia albanesa con el desaparecido empresario Rubén Cherres, amigo de Danilo Carrera, cuñado de Guillermo Lasso: INFORME “DEL CASO ENCUENTRO A LEÓN DE TROYA”
25Inconsistencias en pólizas emitidas por la compañía Interoceánica Compañía Anónima de Seguros a Petroecuador y la Autoridad Portuaria de Esmeraldas. Se presentaron dos denuncias en la Fiscalía General del Estado.
26Presuntos tratos comerciales entre Leandro Norero y Xavier Jordán Mendoza (venta de una mansión). Venta de la casa de Xavier Macías Carmigniani a Xavier Jordán.
27Presunto financiamiento del Estado ecuatoriano a compañías relacionadas con funcionarios del partido político español PODEMOS. Se presentó la denuncia en la Fiscalía General del Estado.
28Narcocandidatos: vínculos de políticos (candidatos a alcaldes, prefectos, concejales y asesores) con organizaciones delictivas relacionadas al narcotráfico. Se presentó la denuncia en la Fiscalía General del Estado.
29Vinculación del narco albanés, prófugo de la justicia ecuatoriana Dritan Rexhepi con varios funcionarios del SNAI, Ministerio de Salud y Defensoría Pública. Se presentó la denuncia en la Fiscalía General del Estado.
30Presunto cometimiento de irregularidades en la elaboración del informe sobre Flopec y Amazonas Tankers, de la exlegisladora Mireya Pazmiño. Se presentó la denuncia en la Fiscalía General del Estado.
31Contratos petroleros de Servicios Específicos con Financiamiento suscritos para la operación de los campos Shushufindi, Libertador y Auca (Schlumberger).
32Empresas públicas: Respecto de las atribuciones de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, EMCO; y sobre presuntas irregularidades en el manejo de las empresas públicas Petroecuador, Flopec, Cnel, Celec, CNT; Ministerio de Energía y Minas y la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables.
33Financiamiento y cometimiento de actos vandálicos y de destrucción durante la protesta de junio de 2022. Se presentó la denuncia en la Fiscalía General del Estado, además de una Notitia criminis.
34Presunta manipulación de los sistemas informáticos de la Asamblea Nacional, el día 29 de junio de 2022. Se presentó la denuncia en la Fiscalía General del Estado.

Los temas relacionados con la minería, carreteras, refinerías del Pacífico y Esmeraldas, puertos, reconstrucción de Manabí, Worley Parsons, Manduriacu, Poliducto Pascuales Cuenca y Toachi Pilatón, no pudo concluirlos debido a la “muerte cruzada”, figura de la Constitución ecuatoriana por la cual el presidente de la República tiene la facultad de cerrar la Asamblea Nacional y llamar a nuevas elecciones para asambleístas y presidente. En mayo de 2023 el mandatario Guillermo Lasso llamó a la “muerte cruzada” motivando su decreto por la grave crisis política y conmoción interna.

Días después, Villavicencio anunció su candidatura a la presidencia de la República por el Movimiento Construye, que se vio truncada tras su asesinato, perpetrado por sicarios, el pasado nueve de agosto, cuando salía de un mitin político en Quito.

Las revelaciones, denuncias y discursos de Fernando Villavicencio en el pleno del parlamento sobre corrupción y narcotráfico causaron gran revuelo y le generaron más de un problema. En el Consejo de Administración Legislativa (CAL) reposan varias quejas de exasambleístas correístas, socialcristianos, Pachakutik-Rebeldes e Izquierda Democrática, en contra de Villavicencio por “injurias y calumnias”. En una ocasión fue suspendido por 31 días por el CAL controlado por correístas y socialcristianos.

En septiembre de 2022, Fernando Villavicencio anunció su renuncia a la presidencia de la Comisión de Fiscalización, después de que el Consejo de Administración Legislativa admitiera a trámite una queja del entonces asambleísta correísta Ronny Aleaga. “Yo no me voy a quedar para hacer el trabajo sucio, ni me voy a quedar administrando las corruptelas, yo no me presto para la impunidad, yo no me presto para recibir una central hidroeléctrica. Yo no me presto para tapar los vínculos con el narcotráfico”. “Vayan a cabildear y pónganse de acuerdo a quién ponen en la Comisión de Fiscalización para que haga el trabajo sucio”, les dijo a los legisladores de la bancada de UNES y del Partido Social Cristiano (PSC).

Poco después de que Villavicencio desistiera de su intención de renunciar a la presidencia de la Comisión porque le preocupaba que el correísmo tomara el control de esa mesa legislativa, los legisladores de UNES (3 integrantes), del PSC (1) y del oficialismo (2) dejaron a la Comisión sin quorum.

El 12 de octubre de 2022, por ejemplo, ni correístas, ni socialcristianos, ni aquellos pertenecientes a la bancada de Gobierno dieron quorum a Villavicencio en dos sesiones. La primera convocada para recibir a Guillermo Rodríguez, director del SNAI; Fausto Salinas, comandante general de la Policía; y Juan Zapata, ministro del Interior, para que informen sobre los hechos violentos suscitados el 3 de octubre de 2022, en el Centro de Rehabilitación Social Sierra Centro, ubicado en Latacunga, que conllevó al presunto fallecimiento del narcotraficante Leandro Norero Tigua. A esta sesión, solo asistieron los legisladores Bruno Segovia y Pedro Velasco y el propio Villavicencio.

En horas de la tarde, la Comisión debía sesionar para tratar el caso de fiscalización denominado “radares de Azuay”, además de aprobar el calendario de comparecencias en el marco del juicio político a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Pero tampoco hubo quorum. Nuevamente los legisladores Ana Belén Cordero y Marco Troya (oficialistas); Gabriela Molina, Roberto Cuero y Comps Córdova (UNES); y Pablo Muentes (PSC) no se presentaron.

El 19 de octubre de 2022 Villavicencio tampoco tuvo quorum. En la mañana estaban programadas las comparecencias de autoridades del sector petrolero por la investigación que el legislador llevaba adelante sobre los contratos petroleros suscritos con la empresa Schlumberger para los campos Auca, Shushufindi y Libertador. Solo asistieron Bruno Segovia y Pablo Muentes.  A la sesión de la tarde, de ese mismo día, se presentaron los oficialistas Ana Belén Cordero y Marco Troya, Roberto Cuero, Francisco Hidalgo y Andrea Girón (los dos últimos son suplentes de los correístas Gabriela Molina y Comps Córdova) para aprobar el cronograma de comparecencias en el juicio político al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Cuero habló de un “hartazgo con Villavicencio”. Unes y Cordero le remarcaron el incumplimiento de su palabra respecto de la renuncia a la presidencia de la Comisión.

La última sesión convocada por Villavicencio para el 11 de mayo de 2023 para conocer una acción de protección planteada por Diego Hernán Ordoñez en el marco de un juicio político tampoco tuvo quorum. Los correístas Cuero, Molina, Córdova y el socialcristiano Muentes no asistieron.

En los archivos del CAL consta también la queja que el exlegislador Ricardo Vanegas puso en contra de Villavicencio por haber señalado que era socio de una de las compañías que conformaban el Consorcio Oro Negro, hoy investigado por la Fiscalía General del Estado (FGE) por el delito de tráfico de influencias. Una indagación que tiene origen en un informe con Indicios de Responsabilidad Penal emitido por la Contraloría General del Estado en 2017.

Él aseguró que se trataba de “acoso laboral y persecución política”. Pero el trabajo de fiscalización de Villavicencio acrecentaba el clima de incomodidad en su contra y por ende el nivel de riesgo al que estaba expuesto, llegando a comprometer su vida. En abril de 2023 Fernando Villavicencio presentó formalmente ante la Fiscalía General del Estado una denuncia en ese sentido, según ella cinco asambleístas estarían detrás de un intento criminal para acabar con la vida del entonces legislador. Villavicencio listaba los nombres de estos, cuatro correístas y un socialcristiano.  Entre ellos Ronny Aleaga, Roberto Cuero y Pablo Muentes.

Meses después, la tarde del 9 de agosto de 2023, siendo candidato a la presidencia de la República, Fernando Villavicencio fue asesinado por sicarios.

Canoa: Los hijos de Dios no están a la venta

Un padre desesperado. Sus dos pequeños hijos que nunca dudaron en acompañarlo. Los tres van juntos donde una ex reina de belleza que les ofrece lo que solo habían podido ver en sueños o enterarse por televisión. El modelaje. La fama. El dinero. El hombre le entrega sus hijos a la mujer y se va. En bandeja. Confiado. ¿Qué le podría pasar a mis pequeños con esta guapa mulata que solo quiere ayudarnos?, se habrá preguntado. Y al cerrar la puerta del cuarto de una casa vieja improvisada como centro de castings, comienza la verdadera pesadilla de estas víctimas indefensas de la pedofilia, que en la película Sonidos de Libertad están representados por Rocío y Miguel, los hermanitos de Honduras, a quienes el agente estadounidense Tim Ballard se empeña en rescatar. A costa de su propia vida, de ser necesario.

No es común que al terminar una película en los cines se escuchen aplausos. En Ecuador, aquello pasó en muchas funciones al concluir Sound of Freedom, el título original en inglés. Sobre todo, cuando pasados los créditos de la producción, habló Ballard, quien estuvo en el estreno del filme en Ecuador, y dijo, sentado al pie de la pantalla gigante, que si bien esta historia de la vida real se refiere a casos de tráfico sexual de niños en Centro América y Colombia, en nuestro país ocurrió algo similar o tal vez peor. Específicamente en la paradisíaca Canoa, en Manabí. Y hace poco, hasta el año pasado.

Nada muy diferente a lo que se ve en la película. Niños que tenían hambre y a quienes se les cruzaron en las polvorientas calles de Canoa, desde el 2021, dos «gringos» que les regalaron comida. Los extranjeros -en realidad, holandeses- sabían que llenando estómagos, sería una buena manera de ganar su confianza y conseguir entrada con los parroquianos manabitas, gente que en un 50% terminó con las justas el colegio y en un 21%, apenas la primaria. La generosidad incluía comprarle a los pequeños ropa de una conocida tienda deportiva, con la condición de que se pongan las prendas en el interior de un hotel que los gringos adquirieron y al que llegaban además otros extranjeros atraídos por la oferta que encontraron en internet para saciar sus crueles perversiones. Se dice, y esto es lo peor, que a dicho hotel también llegaban algunos padres de los niños, que salían felices cargando en sus manos electrodomésticos. Dejando a sus hijos adentro.

¡Alto, Policía!

Los ruidos de la noche de Canoa casi siempre son los mismos. Normalmente no alteran el sueño de los nativos y extranjeros que allí suelen dormir. A veces hasta los arrullan, como el golpe debilitado de las olas del mar cuando llegan sin fuerza a las orillas y apenas remojan la arena. Pero el escándalo que se generó en la noche del 21 de junio de 2022, se salió de lo acostumbrado. Tres mujeres que baldeaban el piso de una acera cercana a la iglesia parroquial lo recuerdan con exactitud, cuando ha pasado más de un año del hecho: Eran sonidos de golpes a las puertas, de hombres con botas corriendo rápido. Se sentía que un operativo sorpresa se estaba ejecutando.

-¡Alto, Policía! ¡Están detenidos! Después, solo silencio.

Fue la operación policial internacional “Luz de Infancia IX” desplegada en Brasil, Estados Unidos, Argentina, Panamá, Paraguay, Costa Rica y Ecuador, que luego se supo tuvo origen en Ucrania, a donde Tim Ballard había viajado para seguir su lucha contra el tráfico sexual de niños. Allí detectó la pista clave que apuntaba sin lugar a dudas a Canoa, un pequeñísimo punto de la costa del Pacífico, en Ecuador. Y Ballard no dudó en venir a nuestro país para estar presente el día de la acción policial, en Manabí.

-Encontramos dos niños en el hotel, recordó después.

El hotel parece uno más, como cualquier hotel de Canoa. Madera, ladrillos y cemento son los materiales que se usaron para levantar una construcción mixta, de tantas que se ven en las zonas playeras. Nada que llame particularmente la atención. Se encuentra frente a un polideportivo, en el que una tarde caliente de septiembre, como casi todas, unos jóvenes patean la pelota con fuerza como si lo hicieran con rabia, usando al balón como su instrumento para saldar frustraciones. Sea o no esa la motivación, los jóvenes en las canchas matan el tiempo y algunos reviven sus ilusiones de convertirse algún día en futbolistas famosos.

En este hotel, que funcionó hasta el año pasado, entraban y salían muchos extranjeros. Y al mismo tiempo, entraban y salían y muchos niños. La mayoría, varones, de no más de doce años. Y a prácticamente nadie de esta comunidad, ese hecho les llamó la atención. Como pasarían de desapercibidos, que justo diagonal al lugar en donde pasaba todo, funciona el Gobierno Parroquial de Canoa. Desde la oficina del Presidente del pueblo se puede ver el hotel, pero para él, igual que para todos por aquí, este es un tema difícil de narrar. Y doloroso de recordar.

De los 73 sospechosos a escala regional, dos estaban ubicados en la playa de Canoa. En el allanamiento al hotel Avatar, se detuvo a Luijs Lesley Gerardus Servaas. Aquí se reclutaban a los pequeños para obtener el material ilegal y también se ofrecían transmisiones en vivo. El 23 de junio, detuvieron en el Aeropuerto de Guayaquil, a punto de salir del país, al holandés Matheus Hendrick Uittenbogaar. Iryna Ivanchenco fue vinculada al proceso luego de que los agentes se enteraron de que vivía en el hotel, que había quedado aparentemente desocupado. Ella está recluida en la cárcel de Portoviejo. Mientras en México, días después, el holandés Nelson Maatman, fue detenido con material pornográfico el 5 de julio de 2022 y fue acusado de liderar la red en Manabí. Los dos holandeses capturados inicialmente, luego fueron trasladados a la cárcel de Guayaquil, tras descubrirse que desde la cárcel El Rodeo de Portoviejo, seguían dedicados a la comercialización de pornografía de menores. Ellos fueron sentenciados en junio de 2023 a diez años de prisión por este delito, pero su defensa ha apelado y el caso está en el trámite de segunda instancia.

Lo que vino despúes: atados de pies y manos

Después de este mazazo que remeció y dejó a todos en Canoa con profundos dolores de cabeza, lo que tocó después es hacer algo, para tratar de compensar lo que durante mucho tiempo no se cumplió a cabalidad.

Pero uno llega a esta parroquia de cerca de 7000 habitantes y es difícil encontrar esas compensaciones sociales. No hay señales de reivindicación alguna, porque las calles siguen igual de polvorientas, las casas no tienen agua potable en sus llaves y el alcantarillado suena como una utopía más del país del nunca jamás. El ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, dijo en una entrevista para este informe que “tenemos el presupuesto institucional más alto de la historia, más de 1700 millones de dólares”. Toda una fortuna que por aquí ni se ve ni se siente.

Cómo será la situación de precaria, que el programa principal de ayuda que impulsó el gobierno tras la desarticulación de la red de pedofilia, se llama “Apoyo y Custodia” pero su personal trabaja arrimado a las oficinas de revisión de carros de la agencia municipal del cantón San Vicente, en donde antes funcionaba una vieja piladora de arroz. Entonces el presupuesto más alto de la historia, 1700 millones, del que habla el ministro Bernal, queda sembrado como una cruel broma.

No fue la única cifra que dio el Ministro Bernal: “De esos 1700 millones, 151 millones son presupuestados al año para el desarrollo infantil de 193.000 niños del Ecuador”, nos dijo. Pero en Canoa, más de 300 niños comen su almuerzo a diario gracias a la caridad de la organización estadounidense OUR, fundada por Tim Ballard. Su representante en Ecuador, Albert de la Huerta, indicó que el gasto mensual en la comida de los niños es de $2000 al mes, aproximadamente, financiados desde afuera.

Contando siempre con la colaboración de algunas madres que se turnan para cocinar y también con el trabajo de varios padres que cuidan los jardines de la iglesia que presta sus instalaciones para que los pequeños se sirvan los alimentos. $2000 al mes suena poco para los $151 millones que el Ministro Bernal asegura se destinan para los niños. Pero no será para los almuerzos que se regalan en Canoa. De la Huerta recuerda que los pedófilos facilitaron su entrada en la parroquia regalando comida a los niños que tenían hambre. El objetivo es que esta necesidad no vuelva a ser aprovechada por los delincuentes.

En donde sí se gasta parte del millonario presupuesto es en el personal contratado por el Ministerio. En Canoa hay técnicos y psicólogos para el programa de Apoyo y Custodia para los niños, trabajando en el terreno de la vieja piladora del cantón San Vicente, que ya hicimos referencia. A ellos se les hace la pregunta necesaria:

¿Con cuántos niños víctimas de la red de pedófilos han podido hablar para luego poder ayudarlos?

-Con ninguno. Porque no sabemos quiénes son. Ni cuántos son.

Oficialmente, esa información no existe. Aunque Tim Ballard, la propia Policía que intervino en la captura y el Presidente de Canoa, Guido Alcívar, digan que son entre 200 y 300 niños los que fueron víctimas de los pederastas, lo cierto es que no hay ningún registro, entrevistas, ni nombres que puedan dar alguna certeza respecto a la verdadera cantidad de niños abusados sexualmente en Canoa.

Y por lo tanto, tampoco se ha podido darles ninguna ayuda especializada para niños violentados.

Las autoridades intentan explicarlo a su manera, como la Directora Regional del Ministerio de Inclusión Económica y Social, Mabel Vega, que respondió preguntas al respecto:

-¿Por lo menos saben ustedes cuántos niños han sido abusados?

No. Fuimos a la Fiscalía para investigar estos datos, pero están blindados. No dan mayor información. Y no sé si se trata de una estrategia de la Fiscalía para buscar más datos o investigar si hay más culpables.

-¿Y no han hablado con los padres de los niños?

No hemos tenido ni un solo contacto con los padres. No hemos llegado allá. No pueden, no quieren. Se rehúsan y nosotros no podemos llegar más allá. No nos olvidemos que este es un caso judicial. Lo que nosotros hacemos es prevención, no podemos abordar más allá, porque con quien pasan más tiempo los chicos es con sus padres, esa ya es su responsabilidad, no de los técnicos.

-Entonces puede decirse que ustedes están atados de pies y manos porque los padres no colaboran.

Podría decirse que sí, pero no sería la palabra correcta porque sí hacemos actividades, tratamos de llegar. Pero no podemos inmiscuirnos más.

Desde su despacho, en Quitumbe, en el sur de Quito, el ministro de Inclusión, Esteban Bernal, solo ratificó lo que informó la Directora Regional, Mabel Vega:

“No sabemos cuántos niños han sido abusados, eso maneja la Fiscalía. Y no puedo actuar sin resolución judicial porque es ilegal”.

Así las cosas, el hecho es que en Canoa hubo niños violentados, pero no se sabe cuántos ni tampoco se ha desplegado ayuda especializada o profesional para que puedan superar sus traumas, porque nadie sabe quiénes son ni dónde están.

Los hijos de Canoa 

Queda entonces seguir la vida, no regresar a ver atrás y mirar al frente. Esa parece ser la consigna de todo el pueblo, que ya ha soportado dos terremotos -1998 y 2016- y que en determinada época se apuntaba como uno de los nuevos puntos de destino vacacional con mayor proyección turística del país. Los problemas del día a día están intactos: aquí no hay empleos, la pesca está cada vez más escasa y las drogas no dejan de tomarse las calles.

Todo esto pasa en una parroquia en la que ni sus hijos nacen aquí, porque no hay un centro de Salud adecuado para los partos. Las nuevas vidas ven la luz en el hospital más nuevo del país, el Miguel H. Alcívar, ubicado en Bahía de Caráquez, en donde siguen naciendo los niños de Canoa. Así fue que el 8 de septiembre, día en que terminaba esta cobertura, en este impecable y hermoso hospital, una jovencita que parece adolescente tuvo un tierno bebé. Un varoncito que lloraba con todas las fuerzas que le daban sus pulmones pequeñitos. Hasta que la chica lo agarra, lo besa con amor en la cabeza y lo calma: «Tranquilo mi vida, pronto iremos a casa. Y estarás bien».

Correísmo a un paso de cooptar la Contraloría General del Estado

Según las valoraciones preliminares Alejandra Vivanco, exfuncionaria de la Contraloría entre 1997 y 2017, es la mejor puntuada, con 49,5 puntos de 50 posibles.

El reglamento de calificación establece que la formación académica se valora hasta 15 puntos; la experiencia laboral con otros 15 puntos; la experiencia específica  con un valor similar y otros méritos hasta por 5 puntos. Pero los altos valores que registra el expediente de Vivanco no tienen consonancia porque no acredita experiencia en docencia ni participación ciudadana. No cuenta además con publicaciones indexadas ni libros publicados. Llama también la atención de haber incluido las escrituras de su casa dentro de los requisitos y que no haya presentado su declaración juramentada al momento de la postulación.

A pesar de esto, solamente se le han restado 0,5 puntos y en menos de 24 horas hubo cambios en la valoración de los aspirantes a la máxima autoridad de Contraloría. Resulta incluso anecdótico que el presidente de la comisión, Marco Chalco, haya dicho que un expediente (el de Guido Escobar Pérez) “no le deja dormir” y se le hayan restado puntos porque, según él, estuvo “sobrevalorado”, mientras las calificaciones de Vivanco son las  más alta sin cumplir lo citado anteriormente ¿Hay algún interés detrás de esta calificación a Vivanco? ¿Quién está detrás de esto? ¿A quién se quiere beneficiar? En las sombras se vislumbran actores políticos y exasambleístas que persiguen intereses y operan a través de miembros de la comisión.

Estas preguntas, con algo de suspicacia, encuentran un indicio de respuesta si miramos hacia atrás. Es necesario recordar que Alejandra Vivanco fue funcionaria de la Contraloría General de Estado y fue parte del equipo de Carlos Pólit, investigado por el caso Odebrecht. Se debe recordar que Pólit intentó nombrar, a su salida, a Sabett Chamoun como la contralora subrogante, pero se determinó que no existió la documentación necesaria para esto, por lo que se configuró un delito de usurpación y simulación de funciones en la Contraloría, por lo que se condenó a un año de cárcel a Chamoun, así como el pago de cuatro salarios básicos unificados y pedir disculpas públicas a la institución.

Vivanco, en ese momento, se desempeñaba como especialista jurídica de la entidad y fue quien irrumpió en el despacho del contralor, junto con Chamoun grabó a Pablo Celi cuando este rompió el documento que lo despojaba de sus funciones como contralor subrogante y que fue viralizado a través de redes sociales. Las imágenes de su presencia son públicas.

Además es determinante la visita de Vivanco a Rafael Correa en Argentina, en mayo de este año. Dicho viaje está reflejado en los movimientos migratorios de la abogada e incluso Correa, a través de su cuenta de Twitter, publicó una foto junto a ella y otras personas. ¿Qué discutió durante esa reunión la postulante a la CGE?

Alejandra Vivanco también fungía como jueza civil de coactivas de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, al mismo tiempo que se desempeñaba como abogada de libre ejercicio, siendo patrocinadora de la constructora Hidalgo e Hidalgo, señalada por este portal y la Fiscalía General del Estado en la trama del caso Sobornos. Si el “plan Vivanco” falla el segundo mejor calificado es Juan Falconí Puig, el hombre de Odebrecht, el de las relaciones estrechas de Glas, el cerril enemigo de Fernando Villavicencio.

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