Autor: mh

El mecanismo no era nuevo, pero se volvió uno de los más usados por la mafia albanesa que opera en Ecuador: en cargamentos que salían de los puertos ecuatorianos como exportaciones de banano se movilizaron miles de kilos de cocaína hacia Europa. Iban camuflados bajo la modalidad de gancho ciego, es decir introducidos directamente en los contenedores, o mediante una técnica que altera su estructura, pues se ocultan en el doble fondo o doble pared en el caso de aquellos containers refrigerados.

Entre 2015 y 2024 este ingente negocio ha significado el lavado de más de USD$31 millones, de acuerdo con reportes del sistema financiero nacional dentro del caso llamado Pampa. Varias compañías que operan en Ecuador y España son investigadas como parte de esta trama de actividades ilegales.  

Este caso tiene su origen en una investigación denominada “León de Troya”, iniciada en 2021, luego de que la Policía Nacional Antinarcóticos, mediante una fuente reservada, conociera sobre la existencia de una organización criminal que se dedicaba al narcotráfico. La estructura era la responsable del envío de grandes cargamentos de droga desde Ecuador a varios destinos en Europa como Bélgica, Países Bajos, España, entre otros. “Se presume que existe una organización delictiva que se dedicaría al tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización entre las provincias de Manabí y el Guayas; sustancias obtenidas desde las provincias fronterizas de Loja y el Oro para su posterior envío hacia mercados internacionales y de consumo interno”, concluyó la Unidad Nacional de Investigación Contra el Tráfico Ilícito para el Consumo Interno de la Policía Nacional, en un informe del 15 de enero de 2022.

El líder era Dritan Gjika, alias “Tony”, de 48 años, natural de Shkodër, una ciudad del noroeste de Albania, que ingresó a Ecuador el 26 de noviembre de 2009 en un vuelo proveniente de Albania. La poderosa organización internacional dedicada al tráfico de cocaína a gran escala y al lavado de activos provenientes del narcotráfico estaba integrada por ciudadanos ecuatorianos, colombianos, argentinos, albaneses, un chino, extranjeros con antecedentes criminales, empresarios y lobistas.

Para conocer cómo funcionaban y se conectaban ambas actividades delictivas en el Ecuador la Fiscalía General del Estado y la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE, con apoyo de la policía europea, han seguido la pista de 13 personas naturales y 12 empresas relacionadas con el albanes, como parte de la “operación Pampa”.

Por tráfico de drogas y delincuencia organizada están detenidos: Julio Lalangui Medina, Julio Lalangui Pillasagua, Jairo Muñoz (colombiano), John Espinar, Jonathan Lalangui, Olmer Jara, Jesús Espinoza, Javier Intriago, Alex Quirola, Juan Yuquilema, Yongdeng Zhuang, Andersson Coppiano, Miguel Álvarez, Héctor Pesántez, Marco Morocho y Evellyn Loor.

En un comunicado la Fiscalía señaló que “todos los procesados trabajarían para el narcotraficante de origen albanés Dritan Gjika, quien se encuentra fuera del país, en calidad de prófugo”.

Por lavado de activos se investiga a: Dritan Gjika, el argentino Mario Sánchez Rinaldi, Carlos García, Julio Lalangui Medina, Julio Lalangui Pillasagua, Jonathan Landívar, Bryan Lalangui, Javier Cevallos, Teresa Pillasagua, Jairo Muñoz, Carina Espinoza, Yongdeng Zhuang, Pablo Hidalgo y las empresas Damascoswett S. A., Agricomtrade S. A., Sentilver S. A., Cresmark S. A., Negoglobal S. A., Ingrener S. A. Holtexsa S.A. y Carniproducción S.A.  

Los acusados, según la Fiscalía, crearon varias empresas -y utilizaron otras ya existentes- para ocultar el origen ilícito del dinero. Estas compañías se dedicaban a la exportación de productos agrícolas -principalmente banano-, a la compraventa de bienes inmuebles y la producción de cárnicos y cannabis. En este período, Gjika y sus colaboradores compraron vehículos de alta gama, terrenos, casas, oficinas, bodegas, parqueaderos, entre otros. Los bienes están ubicados en las provincias del Guayas, Los Ríos, Cotopaxi y Santa Elena.

En el portal de la Superintendencia de Compañías se puede evidenciar las vinculaciones entre los cuatro principales acusados de lavado de activos mediante las empresas que administran y en las que son accionistas, como se expone en el siguiente cuadro:

Confiscaciones y decomisos en cargamentos contaminados, el modus operandi

Las investigaciones revelaron que en varios de los cargamentos de exportación de las empresas Damascoswett, Frutadeli, Green Life Fruit, Tropicalrepublic y Soprisa se decomisó cocaína, según reportes de la Unidad de Información de Puertos Aeropuertos (UIPA) de la Policía y el Departamento de Análisis de Información de la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas.

Estas compañías eran proveedoras de Sentilver S.A. (relacionada con Carlos García) y Agricomtrade S.A., cuyo presidente fue, entre 2018 y 2021, Dritan Gjika; Jonathan Landívar y Bryan Lalangui también ocuparon el cargo de gerente general.

La exportadora de banano Damascoswett S.A., registra como gerente general al argentino Mario Sánchez Rinaldi. Por esa gerencia también pasaron Carina Espinoza, Raquel Almeida, Javier Cevallos, Jonathan Landívar y María Milan. La Fiscalía también identifica a Carlos García como administrador y a Carina Espinoza como única accionista.

Según información de la policía ecuatoriana y del Departamento de Análisis de Información de la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas, la empresa Damascoswett S.A. registra una “aprehensión de droga” el 3 de enero de 2022.

En esa ocasión se confiscó un contenedor, cuya consignataria era la compañía rusa Fruit Park; allí se encontró un cargamento con 43,69 kilos de cocaína, mismo que tenía como origen el puerto Contecom y como destino Rusia, bajo la modalidad de estructura, que según expertos consultados se aplica en containers refrigerados, donde se oculta la droga en el doble fondo o doble pared.

En julio de 2023, Damascoswett S.A. fue señalada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería de presunta falsedad en las declaraciones de sus planes de embarque. Tras una inspección aleatoria de planes de embarque declarados se verificó que la compañía tenía códigos no autorizados.

En manos de las autoridades españolas se encuentran las conversaciones de Dritan Gjika con Julio Lalangui y Jonathan Landívar, que evidencian cómo se planificaba el envío, traslado y comercialización de la droga. En esas conversaciones también se hace referencia a varios contenedores incautados de Sentilver S.A. y Damascoswett S.A., que habrían salido de las terminales portuarias de Ecuador con destino a países de Europa.

La empresa Frutadeli S.A. registra 3 incautaciones de droga:

Green Life Fruit S.A. registra el decomiso de un contenedor con cocaína:

Tropicalrepublic S.A. registra dos incautaciones:

Soprisa S.A. registra una incautación:

La Policía española señala que entre 2019 y 2021 se decomisó un total aproximado de 2.700 kilogramos de cocaína en contenedores de Sentilver y Damascoswett.

A 2021, el precio estimado del kilogramo de cocaína bordeaba los 30.000 euros, lo que sugiere que la cantidad de droga incautada tenía un valor aproximado de 81 millones de euros en el mercado internacional (alrededor de 87 millones de dólares a la fecha).

Información societaria de las empresas con cargamentos incautados

Otras relaciones

Aunque no constan en el proceso que sigue la Fiscalía, Mil Hojas identificó otras vinculaciones de las empresas procesadas por lavado de activos en el caso Pampa, con actores y empresas relacionados con la política y la actividad minera.

En el portal de la Superintendencia de Compañías consta que Cannmaná S.A.S. B.I.C., cuyos accionistas son Bryan Lalangui, Dritan Gjika, Julio Lalangui y Fidel Alcívar, está relacionada con Cannabis Gold-Green S.A.S. B.I.C., que a su vez registra como accionista con un 15.4% de participación accionaria, a Wilson Aldaz López, quien ejerció el cargo de concejal rural de La Maná, en la provincia de Cotopaxi, entre 2019 y 2023.  

Dritan Gjika y Julio Lalangui también son accionistas de Riomel Gold Corporation Cia. Ltda., una compañía con oficinas en el edificio The Point, en Guayaquil, constituida en octubre de 2023 y dedicada a la extracción de metales preciosos.

Entre 2015 y 2023, Gjika reportó ingresos por USD$ 324.699,00, según la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE.

El dinero ingresó a las cuentas de Gjika únicamente a través de depósitos. El sistema financiero nacional registra que el albanés hizo transferencias a varias compañías:

• Banalcar Middle East DMCC, una exportadora de banano, con sede en Dubái por USD$48.900.
• Globalux Trade SL, una comercializadora de equipos electrónicos de Marbella, España, por USD$ 34.932.
• Armor Car Ecuador, compañía ecuatoriana que ofrece servicios de venta y blindaje de vehículos, por USD$25.240.
• Gestoria Asinte SL, compañía de Marbella, España, por USD$18.428.

Por su parte las autoridades españolas identificaron otras empresas vinculadas a Dritan Gjika. A través de las compañías: Exportaciones Durexporta S.A. y Bioexport, dedicadas al negocio de las exportaciones de fruta, él y su hermano Fation, radicado en España, son los principales socios de Mario Sánchez Rinaldi en el negocio del narcotráfico.

El grupo empresarial vinculado a LaFattoria no solo ha concentrado más de una veintena de contratos y 15 convenios de pago para el servicio de provisión de alimentos a los presos por 13 años, sino que sería el canal utilizado por los grupos de delincuencia organizada para el ingreso de celulares, droga y una amplia variedad de armas y municiones a las cárceles del país.

Un exsubdirector del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) y fuentes del Centro de Inteligencia Estratégica CIES, han admitido a Mil Hojas que las empresas contratistas de alimentos estarían involucradas en el ingreso de gran parte de los objetos prohibidos a los Centros de Privación de Libertad, situación que sucede desde el régimen del correato y que involucra no solo a LaFattoria.

De acuerdo con fuentes de inteligencia, el engranaje lo conforman desde los líderes de los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO), exautoridades carcelarias y hasta ex ministros de Estado.

El presidente de la República Daniel Noboa, mediante su cuenta en X, se refirió a los actuales proveedores como vinculados al crimen organizado.

En esta red social, el mandatario opinó sobre la denuncia gubernamental presentada ante la Fiscalía General del Estado, este 2 de mayo: “Jamás favoreceremos a proveedores del Estado que tengan vínculos con el crimen organizado… Son 171 millones los que el proveedor de alimentos de las cárceles del país ha acumulado desde 2015. 171 millones que, de comprobarse la vinculación a los actos ilícitos presentados hoy en la denuncia a la Fiscalía, habrían sido destinados a financiar a estas organizaciones criminales”.

Las sospechas alrededor de lo que se esconde bajo el manejo de alimentos al interior de las cárceles han estado en el ambiente durante varias semanas hasta que la presidencia de la República presentó una noticia criminis sobre presuntos actos ilícitos con la posible implicación de LaFattoria.

La entidad Anticorrupción de este Gobierno, bautizada hace dos días como Secretaría General de Integridad Pública de la Presidencia se inauguró con esta denuncia, pues es la que suscribe el documento entregado, que recoge un análisis de alertas, categorizadas por el Centro de Inteligencia Estratégica CIES, como secretas y que vinculan a LaFattoria con el caso Alpha en el que se investiga irregularidades en las cárceles.

LaFattoria fue constituida en marzo de 2008 para servicios de alimentos y bebidas. Su única accionista es Asesoría Empresarial Riasem S. A. RIASEMSA. Y aunque su representante legal es Aracely Pincay, ha sido el estadounidense Richard Villagrán Freire, quien figura públicamente como vocero de la contratista LaFattoria.

Villagrán es el punto en común de un conglomerado de compañías, varias de las cuales han mantenido importantes contratos con el Estado. Ha sido accionista y administrador de varias empresas vinculadas al grupo RIASEMSA, como Provisali que estuvo a cargo de los economatos que proveen de víveres a las cárceles. Además, ha figurado como directivo de firmas como: Acerinox, Alas para el Agro Alpagro, Noviecua y Henadad.

Pero las relaciones empresariales de Villagrán se extienden también a otros círculos. Ha sido gerente de Tiendanet, dedicada al almacenamiento, intermediación y venta de productos y servicios a través de canales digitales y físicos y cuyos accionistas son Telconet y Korban.

La primera es la empresa de Tomislav Topic, quien fue investigado junto a su hijo Jan Topic por presunto lavado de activos dentro de la trama de sobornos de la constructora brasilera Odebrecht. Uno de los hechos más polémicos y sobre el que se desconoce su desenlace es el acuerdo anunciado por los abogados de Topic, en 2019, con autoridades judiciales para entregar USD$13,5 millones que habría recibido como inversión ilícita por la empresa Glory International para ejecutar el cable submarino.

LaFattoria, importante contratista del estado

Desde 2011 hasta 2022 Lafattoria ha tenido ingresos totales por USD$544,69 millones, según informes que constan en el portal de la Superintendencia de Compañías.

Pero de acuerdo con el Servicio Nacional de Contratación Pública, las instituciones públicas han suscrito con LaFattoria contratos y convenios por más de $700 millones en el período mencionado. Con el Ministerio de Justicia, el sistema penitenciario y el ministerio de Educación LaFattoria ha mantenido más de 20 contratos y 15 convenios de pago y ha sido la beneficiaria de ocho prórrogas de un convenio marco para la provisión de alimentación escolar desde noviembre de 2016 hasta noviembre de 2022, siendo el Ministerio de Educación el mayor contratante.

En entrevista con Mil Hojas el ex director del Centro de privación de libertad de Cotopaxi y exsubdirector del SNAI, Mario Carrillo, asegura que en este último cargo, en el que se desempeñó entre septiembre y diciembre de 2023, conoció no solo del monopolio en la provisión de comida de las cárceles por parte del grupo de LaFattoria, sino también de la fragilidad de los sistemas de control de los centros de privación de libertad que facilita el continuo ingreso de armas y otros artículos prohibidos y es negligente ante los daños intencionados de los escáneres y la corrupción en los filtros de seguridad.

“La alimentación viene desde 2012 con Lafattoría y posteriormente con Gourmet. Son los mismos, pero cambiados el nombre para que administren todo lo que es la alimentación en la zona norte y sur del Ecuador”.

Mil Hojas no encontró vinculaciones de LaFattoria con Gourmet a nivel societario, pero Carrillo asegura que los directivos de estas empresas son bastante hábiles. “Se cuidan, pero todo el mundo en el SNAI sabe, es un secreto a voces que son los mismos”.

En alusión a sus hallazgos durante su paso por la dirección de la cárcel de Cotopaxi Carrillo explicó: “el rato que comienzan a funcionar los escáneres, funcionarios del SNAI y de la policía se encargan de dañarlos”.

A ello se suma la corrupción de los agentes de seguridad penitenciaria y funcionarios policiales que están en los filtros de seguridad para realizar el registro manual y visual de todo lo que entra a las cárceles. “Por ejemplo: tantos quintales de arroz, de papas, de azúcar, de hortalizas, de panes tienen que entrar diario y unos días los funcionarios van a hacerlo muy bien, pero en el sexto o séptimo día ya están cansados. Entonces propusimos que no solamente se compre el aparato sino también el servicio para que el momento que se dañe el escáner, la empresa me garantice el servicio y nunca falte el escaneo para el ingreso de artículos a las cárceles. Entonces ¡está clarito por dónde entran los artículos!”, enfatiza.

Fuentes del CIES revelaron a Mil Hojas que en sus investigaciones se establecieron que la filtración de artículos prohibidos a las cárceles se realizaba bajo la coordinación de líderes de GDO como José Adolfo Macías Villamar, alias Fito y algunos directivos del SNAI, con el conocimiento de altas autoridades de los últimos gobiernos.

Precisan que “las armas eran embaladas e ingresadas por piezas desde los camiones en los que se transportaba los alimentos a vista y paciencia de Richard Villagran”, socio de LaFattoria.

Otra situación que ha sido también analizada es el despegue tan importante que ha tenido LaFattoria sobre todo desde 2015 en que empezó a constituir el holding empresarial que tiene hoy.

Otras alertas

Uno de los frentes en los que ya se advirtió sobre la posible vinculación del servicio de alimentación penitenciario y el ingreso de artículos prohibidos a las cárceles fue la Comisión de Fiscalización de la Asamblea cuando Fernando Villavicencio la presidía.

“Sí teníamos la información de que este no es el único mecanismo que podrían utilizar sino otros también, por eso se han realizado varias coordinaciones con los entes correspondientes para evitar cualquier tipo de ingreso”, dijo en junio de 2022 Pablo Ramírez, entonces director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) y ahora investigado por delincuencia organizada, dentro del caso “Metástasis”.

El oficial de la policía acudió a la comisión de Fiscalización para explicar los procesos de contratación pública y convenios de pago de la empresa LaFattoria S. A. desde el año 2016. Durante la comparecencia Villavicencio le planteó: “tengo información de investigaciones hechas desde el estado donde se confirmaría que se estaría utilizando el servicio de alimentos para el ingreso de armas, municiones y otros productos indebidos a las cárceles. ¿Qué sabe usted señor General?”

Ramírez respondió que había establecido un protocolo con la policía, las Fuerzas Armadas y el SNAI para que exista “una revisión exhaustiva de los vehículos que ingresan con los alimentos. Incluso en la nueva contratación estamos sugiriendo que exista una ubicación satelital de los camiones que ingresan con alimentación desde los centros de abasto hasta el mismo centro. Dentro del proceso tecnológico de adquisición estamos también con la compra de escáneres para que pasen los vehículos por este tipo de artefactos”.

Continuó indicando que “esta información ha sido puesta a disposición de los entes correspondientes que están en el ámbito perimetral de los centros (de privación de libertad CPL) para que haya revisión exhaustiva y de esta manera evitar quizá cualquier tipo de ingreso de objetos prohibidos”.

Ramírez precisó en su comparecencia que entre 2016 y junio de 2022 el estado ecuatoriano pagó solo a LaFattoria USD$177´467.000 por el servicio de provisión de alimentos a las cárceles.

El oficial aseguró ante la Comisión de Fiscalización que, en agosto de 2022 el monopolio de esta compañía terminaría con la zonificación de las cárceles, propuesta que se concretó así:

Esta conformación de zonas se amparó en varios criterios: ubicación de las cárceles, accesibilidad a estas, número de privados de libertad, dinamización de la economía local y aspectos de seguridad penitenciaria.

Pero en la práctica el monopolio de LaFattoria continuó intocado. Y un mes después de su comparecencia a la Asamblea, Ramírez se reunió con el narcotraficante Leandro Norero.  Según testimonio de Hélive Angulo, administrador de bienes del capo, Ramírez recibió USD$200.000 para que Norero tenga privilegios en el centro carcelario de Cotopaxi, donde se encontraba recluido.

Decomisos de armas, municiones y drogas no paran

Solo entre el 8 de enero y el 30 de abril del 2024, en los centros de privación de libertad del país se han encontrado 115.866 municiones casi tres veces más que lo identificado en todo el 2023. Además de 280 armas de fuego y 747 unidades de explosivos, entre otros ítems, de acuerdo con información del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Estas cifras se unen a las publicadas por el SNAI a diciembre de 2023 en su informe de rendición de cuentas, donde detalla que las Fuerzas Armadas efectuaron 33 operativos de control de armas, municiones y explosivos en las cárceles. Entre los hallazgos más relevantes están: 39.887 municiones, 153 armas de fuego (cortas y largas), 551 explosivos, 21.926 gramos de cocaína, 26.238 gramos de marihuana, más de 2.600 celulares.

El SNAI asegura que en 2023 realizó varios procedimientos de contratación para fortalecer la seguridad y el control en los CPL, como la compra e implementación de equipos de control, detección y neutralización de sustancias sujetas a fiscalización, armas, explosivos y dispositivos electrónicos. Para ello “el 25 de julio de 2022 suscribió el contrato Nro. 18-2022 con la empresa Advanced Technologies S. A. Vandetsa por USD$1´600.906,80. Se instalaron 9 Body Scanners que se encuentran distribuidos en 7 cárceles del Guayas, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Manabí.

El 31 de octubre de 2023 se entregaron al SNAI: 210 detectores de metales ferrosos y no ferrosos de uso manual en todos centros a nivel nacional y 12 detectores ferromagnéticos que están distribuidos en los CPL: Chimborazo N° 2, Chimborazo N°3, Pastaza N°1, Masculino Los Ríos N°1, Cañar N°2, El Oro N°2, Guayas N°3, Pichincha N°3, Masculino Pichincha N°2 y CAI masculino Ambato.

Pese a estas acciones que el SNAI asegura desplegar, las armas siguen ingresando a los centros de privación de libertad. El pasado 30 de abril las FF.AA. localizaron una nueva caleta en el Centro de Privación de Libertad Loja, donde se encontró 3 armas de fuego, 6 alimentadoras, 215 municiones, 6 armas blancas, 30 gramos de cocaína y dinero en efectivo.

¿Todo orquestado?

El constante ingreso de objetos prohibidos a las cárceles del país es el resultado de la ausencia de verdaderas políticas de control y vigilancia para el área de rehabilitación social.

Para Mario Carrillo, ex director del SNAI algunas prácticas parecen deliberadas, pues no se explica, por ejemplo, cómo se construyeron las mega cárceles del país, de manera antitécnica. Es decir, sin la provisión adecuada de servicios básicos como agua; sin comedores y para rematar, sin incluir desde el principio el funcionamiento de cámaras para el control al interior de las cárceles dentro del sistema de vigilancia del ECU911.

A ello se suma, las demoras del gobierno para pagar a los proveedores, que en el caso del servicio de alimentación para los centros de privación de libertad se volvió una constante desde hace varios años.

Carrillo asegura que ninguna empresa va a participar en las licitaciones realizadas mediante el sistema de compras públicas para dar la alimentación de las cárceles si el Ministerio de Finanzas tarda en pagar hasta ocho meses. “Estamos hablando de que deben pagarse dos millones de dólares mensuales. Quién puede sostener los costos de desayuno, almuerzo y merienda para unos 20 mil privados de la libertad, sino le pagan tantos meses. Qué empresa va a trabajar si le están debiendo millones de dólares”, cuestiona.

Por lo tanto, para el militar en servicio pasivo, el grupo LaFattoria nunca iba a tener competencia, pues ninguna otra empresa quiere participar en los procesos de contratación para el mencionado servicio.

Con este argumento explica las constantes renovaciones de los convenios de pago con la mencionada empresa. Y agrega que urgen cambios en la política del sector, pues solo con el uso de la fuerza pública no habrá soluciones integrales.

Desde el 1 de mayo pasado la empresa LaFattoria interrumpió el servicio de alimentación a 20 cárceles del norte del país por la falta de pago por parte del Ministerio de Finanzas.

Luego de las declaraciones del presidente Noboa sobre sus razones para pedir a la Fiscalía que investigue a LaFattoria, Richard Villagrán, dueño y representante de la contratista, mediante un comunicado de prensa emitido este 2 de mayo, desmintió la aseveración del mandatario de que los USD$171 millones recibidos por esta empresa del Estado, habría servido para financiar a grupos criminales. Y atribuyó la posición del gobierno a una táctica para justificar la falta de pago a esta contratista. “Es errada la información, señor Presidente, que más bien parece una justificación para no pagar los casi 30 millones de dólares que nos debe por servicios de alimentación”.

Cuestionó las acusaciones de corrupción en su contra al aseverar que no hay evidencia, pues su empresa jamás ha sido denunciada penalmente, ni glosada por la Contraloría General del Estado. “Ese estigma contra la empresa ha dejado ya sin alimentos a miles de PPL’s y dejará a un millón y medio de niños sin desayuno escolar los próximos meses”, advirtió.

En el informe sobre la situación financiera y administrativa expuesto por LaFattoria a la Superintendencia de Compañías, respecto al ejercicio económico de 2022, consta un total de ventas y otros ingresos por USD$100´088.292,6 (1,53% más que en 2021), con una utilidad neta de USD$ 3′ 445.555.

Sus ingresos por ventas de servicios sumaron USD$47´168,952. El mayor volumen de esos ingresos provino de servicios brindados a instituciones públicas como el Ministerio de Educación y el SNAI.

Este reporte es el último presentado por LaFattoria ante el organismo de control societario.

La historia de la danza de millones de LaFattoria como contratista del Estado

Entre 2012 y 2016 se firmaron 21 contratos para la alimentación de los internos del país, de acuerdo con el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop). De estos, 19 fueron adjudicados por el Ministerio de Justicia a la empresa guayaquileña Lafattoria S.A., de propiedad de Richard Villagrán Freire y de Rosa Mueckay Morales; por un monto de USD$ 92 millones.

Las primeras contrataciones de alimentos para las cárceles con esta empresa las realiza el entonces ministro de Justicia Lenin Lara y las continúa Ledy Zúñiga, con lo cual las ganancias de LaFattoria empezaron a despuntar, reflejándose en las declaraciones al impuesto a la renta que despegaron desde 2013 con USD $511 mil; 2014 con USD$977 mil y 2015, con USD$707 mil.

De acuerdo con información entregada por el SNAI a la Asamblea Nacional (en junio de 2022), otro contrato del Ministerio de Justicia se firmó el 14 junio 2018 por USD$17 millones; luego se suscribió un contrato complementario del 28 de noviembre de 2018 por USD$1´363.000.

A partir de diciembre de 2018, hasta enero de 2022 el SNAI no volvió a firmar contratos con LaFattoria. Es decir, esta empresa siguió operando sin relación contractual sino mediante 15 convenios de pago.

Según información del SNAI y del portal de compras públicas, seis concursos han sido declarados desiertos:

En suma, entre 2016 y casi el primer semestre de 2022 LaFattoria fue la única contratista que manejó la provisión de alimentos a todo el sistema penitenciario del país.

LaFattoria ha sido también contratista del programa de alimentación escolar del Gobierno. Mil Hojas publicó en 2017 (https://www.milhojas.is/612484-un-velo-de-misterio-cubre-la-muerte-de-dos-ninas-en-un-colegio-publico-de-naranjal.html) que los padres de dos niñas que murieron tras ingerir leche en mal estado responsabilizaron de lo ocurrido a esta empresa. El abogado de las familias afectadas denunció robo de la información y de las fotos del médico forense que probarían que la muerte de las estudiantes ocurrió luego de la ingesta de leche entregada por Lafattoria S.A. a un centro educativo fiscal. 

Foto tomada de la licitación del servicio de alimentación para las cárceles del país. El ex presidente Rafael Correa con Richard Villagrán Freire, gerente de Lafattoria (primero desde la derecha)

Los últimos contratos

En 2023 otro actor entra al negocio de la comida para las personas privadas de libertad (PPL) y adolescentes infractores (AI).

El primer proceso de contratación que el SNAI realizó el año pasado para dar el servicio de alimentación a los presos fue la licitación para la zona 2. El contrato Nro. 01-2023 fue suscrito el 23 de enero de 2023 con la empresa Gourmet Food Service GFS S.A. por un monto de USD$12.254,476,25. Según el SNAI, esta compañía provee la comida para 23 centros a nivel nacional desde mayo de 2023, con un plazo de ejecución de 578 días.

Antes de finalizar ese año, mediante otro proceso de licitación se contrató la provisión de comida para los centros de privación de libertad de la zona 3. La firma del contrato se dio el 12 de octubre de 2023 con la empresa Lafattoria S.A. por USD$23.152.597, 50, el mismo que debería ejecutarse hasta el año 2025.

De esta forma el servicio de alimentación para las cárceles quedó en manos de dos empresas: Lafattoria S.A. para la división administrativa territorial Nro. 1 y Nro. 3, y Gourmet Food Service para la división administrativa Nro. 2.

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA N°3

En cuanto a la empresa Lafattoria S.A., el pago de sus servicios se realiza a través de un convenio, el cual cubre el servicio en todos los centros, incluyendo las Unidades de Aseguramiento Transitorio.

De acuerdo con el Informe de rendición de cuentas del SNAI (2023) los convenios de pagos se dan “con el fin de que la Institución pueda cumplir con sus obligaciones con apego irrestricto a la ley. Considerando que esta figura jurídica se aplica por excepción, cuando por circunstancias ajenas a la voluntad o decisión de las autoridades competentes de la entidad debidamente justificadas, no hubiere sido posible celebrar un contrato observando todas las formalidades previstas para la Contratación Pública”.

Si bien se acepta que los convenios de pago solo caben en circunstancias excepcionales, nada se argumenta sobre la justificación para realizar tales convenios con LaFattoria.

Expertos en el tema consideran que las autoridades deberían investigar la legalidad del uso de estos mecanismos de manera tan reiterativa.