Autor: mh

Por: Redacción MilHojas
El Ecuador recibió la noticia de que el Servicio de Inmigración de Estados Unidos había detenido a los hermanos Roberto y William Isaías el 13 de febrero de este año. La versión oficial del abogado de los detenidos, Jorge Zavala Egas, fue que se trataba de un asunto de rutina que se resolvería pronto. Pocos días después, cuando el país se caldeaba a partir de la noticia publicada el 19 de febrero en el portal Somos La Fuente sobre empresas Offshore que involucraban al entorno del Presidente Lenín Moreno, las complicaciones migratorias de los hermanos Isaías en Estados Unidos parecían servir para cambiar la agenda de debate nacional. No era la primera vez que la saga Isaías cumplía con esa función.
De pronto parecía un hecho su deportación y retorno inmediato al Ecuador. El 22 de febrero la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia emitió un comunicado oficial indicando que “tras la detención de Roberto y William Isaías por parte de las autoridades de migración de los EEUU, Ecuador ha cumplido con el pedido de dichas autoridades y ha emitido los pasaportes provisionales con miras a su eventual deportación.” 
El comunicado además daba cuenta de los antecedentes del caso y del destino de los hermanos Isaías al llegar a Ecuador “Sobre los hermanos Isaías existe un pedido de extradición de la justicia ecuatoriana. En el país, pesa sobre ellos una sentencia de ocho años de privación de libertad por el delito de peculado bancario, por lo tanto, a su llegada al territorio nacional, el gobierno ejecutará la orden de detención que ha emitido la administración de justicia. El Gobierno Nacional actúa en el marco de sus competencias y espera que la justicia y las autoridades competentes actúen bajo estricto derecho.” La Ministra de Interior recordó al país que sobre los hermanos pesaba un pedido de extradición por parte de la justicia ecuatoriana pero que sobre el proceso no le correspondía en ese momento actuar al gobierno ecuatoriano. Ambas declaraciones hacían referencia al proceso de extradición solicitado durante el gobierno de Correa, pero lo que se ventilaba en ese momento era la posible deportación. 
Después de la tormenta vino el silencio. Tras varias semanas se hizo evidente que los hermanos Isaías no iban a ser deportados en el corto plazo al Ecuador. Breves notas en la prensa dieron cuenta de su liberación del centro de detención de migración y de que su proceso había pasado al ámbito judicial en Estados Unidos. Ningún funcionario del ejecutivo o de la procuraduría emitió un pronunciamiento oficial al respecto.
Los hermanos Isaías viven en Estados Unidos desde el año 2000
¿Qué pasó entonces con la “inminente” deportación de los hermanos Isaías?
Roberto y William Isaías fueron detenidos durante un mes en Miami -Estados Unidos- en el marco de un proceso migratorio de deportación. Los hermanos Isaías, ex dueños de FILANBANCO, recuperaron su libertad bajo fianza a mediados de marzo cuando proceso de deportación pasó del ámbito administrativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) que actúa inmediatamente, a la función judicial desde el 27 de marzo.
Esto sucedió porque la jueza de migración María López aceptó el fallo de Kathleen M. Williams del Tribunal de Distrito Sur de la Florida.  Williams concedió la petición de Hábeas Corpus presentada por los hermanos Roberto, de 74 años, y William, de 75 años, en contra del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de  Estados Unidos (ICE), que era la entidad que los mantenía bajo su custodia.
El argumento original de las autoridades migratorias estadounidense era que ambos ex directivos del quebrado Filanbanco estaban sujetos a una "remoción expedita" (INA236), por la supuesta comisión de ‘delitos graves´ en el marco de la nueva política migratoria de Donald Trump.
El ICE se refería con “comisión de delitos graves” a la sentencia de 8 años de prisión dictada en 2012 por la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, en contra de ellos por peculado. El estatuto migratorio estadounidense en su sección 238 establece entre las causales de revocatoria de visa la de tener una sentencia definitiva por el delito de fraude, que haya causado un perjuicio superior a $ 10.000.
La defensa de los Isaías alegó que la detención de sus clientes realizado por agentes del ICE, del 13 de febrero y al 15 de marzo pasados, fue ilegal. También señaló que había riesgo de que los hermanos Isaías sean trasladados a Ecuador sin que se les haya dado la opción a fianza y audiencia judicial.
En la audiencia del 8 de marzo, (caso número 19-20814-CV-KMW) la jueza Williams expuso que la detención realizada por el ICE fue una violación a la ley. Señaló que los hermanos Isaías no habían cometido, ni habían sido condenados por un delito agravado (aggravated felony) que implique que deban estar bajo custodia.
Siguiendo esa línea de que no hubo base legal para detenerlos ordenó su liberación inmediata  de las instalaciones de detención migratoria donde estaban detenidos y dispuso la celebración de una audiencia para considerar fianza, la que tuvo lugar el 15 de marzo de 2019.  Esto no significa que los hermanos Isaías vuelvan a su status previo a la detención por parte de las autoridades migratorias, pues en ese momento tenían visa de inversionistas, sino que ahora van a litigar en libertad en el sistema judicial su status migratorio y la posibilidad de permanecer en Estados Unidos.
Filanbanco cerró sus puertas el 18 de julio de 2001 y entró en proceso de liquidación desde el 30 de julio del 2002
La jueza Williams basó este fallo en la conclusión a la que años atrás había llegado el Departamento de Estado de EEUU cuando el gobierno de Rafael Correa solicitó la extradición de los Isaías. En ese entonces el Departamento de Estado contestó al requerimiento de las autoridades ecuatorianas que no existía evidencia (causa probable) de delito grave por parte de los hermanos Roberto y William Isaías.
A su vez, el Departamento de Estado fundamentó sus conclusiones en que las sentencias emitidas en Ecuador, durante el régimen de Correa, violaban los estándares del debido proceso y, por lo tanto, no aceptaban la acusación de que eran responsables de "delitos graves". Entre sus argumentos: los acusados fueron juzgados en ausencia, pues han vivido y trabajado legalmente en Miami, desde el año 2000.
Al pronunciamiento del Departamento de Estado se suma el del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que en 2016 determinó que en el juicio a los hermanos Isaías el Ecuador "violó el debido proceso y los derechos humanos para ser juzgados por un tribunal independiente (fundamentaban esto en el hecho de que la judicatura controlada por Rafael Correa destituyó sucesivamente a 23 jueces hasta que se emitió una sentencia condenatoria).

Aunque esta vez el proceso de deportación de los Isaías se dio a partir del cambio de política migratoria en Estados Unidos por el cual los antecedentes penales pueden ser motivo de deportación, el equipo legal contratado en Estados Unidos por el Estado ecuatoriano para el tema Isaías, volvió a intervenir, sin éxito.  La argumentación judicial en síntesis fue que si esa condena no había sido considerada como razón suficiente por el Departamento de Estado para la extradición, tampoco podía ser causal de la deportación. 
Este es el cuarto intento fallido del Ecuador por traer a los hermanos Roberto y William Isaías  al país. Los trámites judiciales ante los tribunales y las cortes de apelación estadounidenses, notas diplomáticas de ida y vuelta entre los Gobiernos de Ecuador y Estados Unidos y los anuncios de personeros del Ejecutivo nacional, solo han desembocado en negativas a los pedidos de extradición y ahora a la deportación de los ex banqueros por parte de los órganos de justicia norteamericana.
Una historia de litigios e intentos de extradición
El Estado ecuatoriano ha llevado a cabo varias acciones en contra los hermanos Isaías en Estados Unidos. En primer lugar, un juicio civil iniciado por la AGD y continuado luego por la Procuraduría General del Estado en el Tribunal Undécimo del Circuito Judicial en el Condado de Miami, signado con el número de caso 09-34950CA09.  En segundo lugar reiteradas solicitudes de extradición ante las autoridades estadounidenses con fundamento de la sentencia de la justicia ecuatoriana en su contra del año 2012.
El litigio del condado de Miami inició con Carlos Bravo Macías, quien actuó como gerente general de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) desde el 4 de julio de 2008 hasta el 9 de julio de 2009 y fue el ejecutor de la decisión del ex presidente Rafael Correa, de incautar los bienes y empresas de propiedad de los hermanos Isaías Dassum. Incautación cuestionada por el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
Antes de ejercer este cargo, Bravo fue el abogado defensor de Juan Falconí Puig en procesos judiciales que mantuvo con William y Roberto Isaías. Cuando Falconí Puig fue superintendente de Bancos, Bravo fue asesor. En el año 2000, Bravo actuó como abogado del máximo organismo de control financiero en un proceso instaurado por una supuesta sobrevaloración de las obras de arte entregadas por Filanbanco a la AGD.
Bravo también defendió a Falconí en 2001, cuando se lo acusó de falta de acuciosidad y de no haber implementado la vigilancia debida durante la fusión de Filanbanco con La Previsora.
El 29 de abril de 2009, la AGD bajo la administración de Bravo, presentó una demanda en contra de Roberto y William Isaías Dassum, ante la Corte del Circuito Judicial para el Condado de Miami – Dade, en la Florida.
Squire, Sanders & Dempsey LLP fue la oficina de abogados contratada por la AGD para llevar ese proceso. Es la misma que junto a la firma Dechert LLP, asesoró al Estado en el arbitraje internacional que debió enfrentar con la petrolera Oxy. En mayo de 2014, Squire Sanders se fusiona con Patton Boggs, y pasa a llamarse Squire Patton Boggs.

Cuando el Ministerio de Finanzas asumió las competencias, activos y derechos de la AGD (1ro de enero de 2010), la Procuraduría General del Estado tomó a su cargo la procuración legal del caso Isaías y la firma Squire, Sanders & Dempsey LLP siguió patrocinando el proceso.
Tres meses después de la desaparición de la AGD, la Jueza Gill Freeman de la Corte del Circuito de Miami, mediante orden de 10 de marzo de 2010, reconoció que el Estado ecuatoriano sustituía a la AGD en el caso. Tres años después, el 30 de mayo de 2013, el juez John Thornton de la Corte del Undécimo Circuito de Miami concedió un pedido de juicio sumario a favor de los demandados, manifestando que los actos de Estado realizados en Ecuador no eran compatibles con la legislación y políticas norteamericanas, por lo que desechó la demanda.
Las autoridades nacionales apelaron la sentencia de Thornton en julio de 2013 y un año más tarde la Corte de Apelaciones del Tercer Distrito concedió el recurso al Ecuador, señalando que el juez Thorton mal interpretó el alcance de los actos de Estado y que, con la demanda no se intentaba incautar propiedades de los demandados en Miami, sino cobrar los valores pendientes de pago en Ecuador. El proceso volvió a conocimiento del juez Thornton, quien el 15 de octubre de 2015, desechó nuevamente la demanda de Ecuador, ratificándose en su argumento de que el Procurador General del Estado no tenía derecho para suceder a la AGD en el proceso. Según el juez la acción demandada estaba prescrita al haber transcurrido más de diez años desde la transferencia de Filanbanco a la AGD. La Procuraduría cuestionó la decisión indicando que el juez  “violó la Doctrina de los Actos de Estado, cuando declaró la prescripción sin tomar en cuenta que la resolución de la ex-AGD era un acto de Estado”.[1]
En 2012 la Corte Nacional de Justicia de Ecuador dictó una sentencia de 8 años en contra de Roberto y William Isaías por peculado
Ecuador apeló y por segunda ocasión, el 27 de diciembre de 2017, la Corte de Apelaciones del Tercer Distrito del Estado de la Florida revocó la sentencia de John Thornton.
Esta Corte concluyó también que el Ecuador no estaba obligado a probar la responsabilidad de los hermanos Isaías con respecto a las pérdidas sufridas por Filanbanco. El proceso volvió a la Corte de primera instancia para determinar los daños y perjuicios a favor del Estado ecuatoriano y fue conocido por el juez William Thomas. El fallo fue presentado como favorable para la Procuraduría, “Sin embargo, conforme este Tribunal advirtió…, esto no significa que la República tenga derecho a incautar de manera automática los bienes de los Isaías en el Condado de Miami-Dade. Las alegaciones de la República de que los Isaías aún le deben dinero a la República están “sujetas a prueba como en cualquier reclamo por parte de un soberano extranjero contra uno de sus ciudadanos que residen en los Estados Unidos”
En el ámbito de la solicitud de extradición los resultados han sido más adversos para el gobierno ecuatoriano. Las autoridades de turno mediante sucesivas notas diplomáticas han pedido la extradición de Roberto y William Isaías.  Las últimas notas de solicitud de extradición  se fundamentan en la sentencia por peculado dictada en su contra en 2012 y ratificada en 2014.
La primera nota diplomática dirigida por la Embajada del Ecuador en Estados Unidos se envió el 16 de agosto de 2001 (No. 4-2-84-2001) fue complementada el 7 de julio de 2008 (con la No. 80/2008). El 22 de diciembre de 2009 (No. 4-2-171/200) y el 28 de septiembre de 2010  (No.4-2-147/2010) se enviaron dos notas más (la No. 4-2-171/2009) y la No.4-2-147/2010, respectivamente).
Entre noviembre de 2004 y septiembre de 2010 el Gobierno de Estados Unidos insistió en señalar las deficiencias de las solicitudes de extradición de Ecuador mediante cinco notas diplomáticas[2],  en las que señalaba también que se ha dado a las autoridades nacionales explicaciones detalladas de los requerimientos de las leyes estadounidenses y del Tratado de Extradición entre Estados Unidos y Ecuador, “a fin de que se entregue una solicitud de extradición completa en términos legales”.

Funcionarios del Gobierno estadounidense se reunieron en varias ocasiones con autoridades ecuatorianas para discutir los mecanismos que permitan remediar los problemas que contenían los pedidos de extradición.  Estados Unidos enfatizaba en la necesidad de que la evidencia en contra de los hermanos Isaías debía ser suficiente para ser detenidos, una vez que fueron juzgados y sentenciados en ausencia.
El Departamento de Estado anticipó también que de haber una futura solicitud del Ecuador se facilitarían los análisis legales si esta tiene “una narración concisa que resuma los hechos del caso, así como la descripción de los actos criminales (delitos) llevados a cabo por los hermanos Isaías, y la manera en que dichas acciones violaron las leyes ecuatorianas”.
En efecto, casi tres años más tarde, en respuesta a nuevas notas diplomáticas de Ecuador el Departamento de Estado informó al entonces canciller Ricardo Patiño que “los Estados Unidos no está en este momento en capacidad de proceder con el pedido de extradición en contra de Roberto y William Isaías Dassum…”
El 19 de junio de 2013, el Ejecutivo de ese país le dijo a su par ecuatoriano que luego de la revisión de la sentencia de la Corte Nacional de Justicia por parte de los Departamentos de Estado y de Justicia de Estados Unidos, no podía acceder al pedido de extradición en contra de los demandados, pues tal solicitud carece de evidencias de que los ex directivos de Filanbanco participaron deliberadamente en la planificación de la malversación (peculado) ni tampoco de que distrajeron fondos del Banco Central
En esta nota diplomática dirigida a la embajada ecuatoriana, el Departamento de Estado agregó que “si Ecuador pudiera posteriormente entregar evidencia que demuestre de manera suficiente la existencia  de una  "Causa Probable" para el delito por el cual se juzgó a los hermanos  Isaías; así como la descripción somera de los delitos atribuidos y la relación de los hechos, los Departamentos de Estado y de Justicia podrían dar una nueva consideración al pedido”.
En los años desde que el Estado ecuatoriano interpuso la primera demanda en contra de los hermanos Isaías, el fisco ha gastado millones de dólares n servicios de consultoría y asesoría legal.  En una auditoría hecha en 2015 por la Contraloría (DAAC-0263-2015) a los contratos suscritos por la Procuraduría General del Estado con estudios jurídicos y abogados externos se establece que entre honorarios y gastos se pagó a Squire, Sanders & Dempsey 6’447.752,47, pero en tal informe no se detallan las causas que fueron patrocinadas por esta firma.
Del análisis realizado por Mil Hojas tan sólo en los años 2012 y 2013 la Procuraduría pagó a la firma americana Squire, Sanders & Dempsey LLP alrededor de US$4 millones de dólares por llevar el caso Isaías como se evidencia en los CUR (Comprobante Único de Registro de Transferencia o Pago) de ejecución de gasto de la Procuraduría Ecuatoriana durante los años 2012 y 2013.  En ese cálculo no se incluyen los costos cuando la AGD era la denunciante ni los costos posteriores.  No hemos podido acceder al CUR sobre contratos de bufets de abogados nacionales e internacionales de los demás años, pero la firma en mención continúa representando a la Procuraduría del Ecuador en este caso.

Por: Redacción MilHojas
Consta en la página web de la Judicatura que el pasado 27 de marzo a Rafael Correa Delgado se le adjudicó la propiedad de una casa en remate, luego de que hubiera acreditado el valor de $240 mil al contado, mediante el Sistema de Remates en Línea de la Función Judicial.
El inmueble objeto del remate había sido propiedad de la Familia Roditti Ortiz quienes captaron notoriedad por la difusión en redes sociales de un vídeo en que Antonio Roditti agredía a un guardia de seguridad de la ciudadela en dónde vivían. Este 3 de abril en sus cuentas de redes sociales @fmilhojas en Twitter y @milhojasfundacion en Facebook, el portal digital Mil Hojas publicó un video con esta información. Al día siguiente, en curiosa sincronía con la negativa del expresidente Correa de su participación en la puja y la activación del trollcenter correísta atacando la veracidad del vídeo presentado por Mil Hojas, el juez Leonidas Prieto Cabrera solicitó la validación de las tres posturas presentadas en el remate, se presume que en un intento por revertir este proceso. Esto pese a que en el auto de admisión y calificación de posturas realizado el pasado 29 de marzo por la Unidad judicial Civil de Guayaquil consta que la oferta de Correa calificó como la mejor y la primera.
El Remate en cuestión
El anuncio del remate se publicó el 20 de diciembre del 2018, en la página web del Sistema de Remate en Línea del Consejo de la Judicatura. Se fijó como fecha del proceso al 25 de enero del 2019, con el código de remate No. EC-RJ-36458. En la información de la página web de la judicatura consta que, además del expresidente Rafael Correa, en la puja por la casa de los Roditti participaron el Banco del Pacifico S.A. y Fausto Eloy Basantes Cárdenas. Este último es un correísta que en 2015 se benefició de la Ley de Reparación de las Víctimas promovida por su madre Rosa Mireya Cárdenas, ex Alfaro Vive Carajo y funcionaria del régimen de Rafael Correa Delgado. El Banco del Pacífico era el acreedor de la mencionada vivienda, ubicada en la Urbanización Los Ceibos Norte en Guayaquil. Su postura fue de $238, 222,20, y acreditó $23.822,22 en BanEcuador equivalente al 10%, el día del remate, conforme el ordenamiento jurídico. Rafael Correa Delgado presentó una postura por $240.000,00 y, según consta en la web de la judicatura, consignó el mismo valor, es decir el 100%. Según consta en el acta de calificación de posturas, su forma de pago fue al contado. Fausto Basantes presentó una postura con el mismo valor que la de Correa, pero consignó $24.000,00, el 10% requerido por ley, al contado. El 29 de marzo de 2019, el juez Leónidas Prieto Cabrera,  de la Unidad Judicial Civil sentó razón de que “se aprecia que estas dos últimas posturas a más de ser iguales son superiores a la propuesta por el banco. Consecuentemente la situación procesal se encuentra subsumida en lo dispuesto en el Art. 403 del COGEP (Código Orgánico General de Procesos), por lo que en acatamiento al mismo en esta misma audiencia lo procedente sería es que los postores en igualdad de condiciones entren en una puja para obtener la mejor postura. Sin embargo los referidos postores no han comparecido esta diligencia. Por lo que el suscrito juez en atención a la anticipación de presentación de posturas califica como la mejor y la primera la propuesta por el señor RAFAEL VICENTE CORREA DELGADO, registrándose la postura de él, con fecha 25 -01-2019, a las 23:29:10, que resulta anterior a la presentada por FAUSTO ELOY BASANTES CARDENAS, el postor calificado como preferente esto es el señor RAFAEL VICENTE CORREA DELGADO, formula como valor de la misma en la cantidad de 240.000,00 de contado y según el dato obtenido por secretaria del sistema de remates judiciales en línea a consignado 240.000,00, por validar… Con lo expresado se dispone que la presente acta sirva como escrito de esta diligencia y de lo decidido y que sea notificado a las partes en el término de 48 horas siguientes a fin de que las partes ejerzan los derechos que crean conveniente”. Después de este pronunciamiento había 48 horas para pronunciarse por las partes, lo cual no sucedió.

Documento completo
Antecedentes del Remate
Un préstamo vencido de Centroexport S.A. por $700 mil más intereses garantizados por Antonio Roditti y Katia Ortiz fue la causa para que el Banco del Pacífico realice este remate. Centroexport S.A.se constituyó en febrero de 1995 para dedicarse a la compra venta de bienes inmuebles y comercialización de materiales de construcción; como actividad secundaria consta el comercio de productos bioacuáticos. Luego cambió su actividad económica a la pesca y acuicultura. Sin embargo, según el Servicio de Rentas Internas (SRI) cesó sus actividades el 15 de mayo de 2001 y en la Superintendencia de Compañías consta como una empresa ya disuelta desde 2008. Antonio Giovanni Roditti Viteri consta como su único accionista en el portal del órgano de control societario. 
La deuda de Centroexport S.A.fue contraída en el año 2000. El Banco del Pacífico inició un juicio ejecutivo el 11 de febrero del 2014, en contra de la compañía Centroexport S.A. y su gerente Katia Ortiz Tanner de Roditti, como deudora. Luego su esposo Antonio Roditti Viteri apareció en el juicio, catalogándose a ambos como garantes deudores solidarios. El proceso (09332-2014-29139) recayó en la Unidad Judicial Civil de Guayaquil. El banco ganó el juicio y la sentencia dictó un mandamiento de ejecución por $2´666.803,19. A partir de tal sentencia, en providencia del 27 de octubre del 2017, el juez Prieto ordenó el embargo de un solar y de la villa 1 de la manzana 857 de la Urbanización Ceibos Norte en Guayaquil, además del solar # 3 de la manzana 857 de la misma urbanización.
El debate actual
La posición del expresidente Rafael Correa y de su trollcenter es sostener que el tema estaba pendiente de validación como si ello anulara todo lo actuado. Lo que está registrado en la página web de la judicatura es algo diferente. En enero 25 se indicaba claramente en ese portal que el dinero había sido consignado al 100% y en efectivo. Después de la publicación de Mil Hojas este 3 de abril y de la respuesta de Correa, el juez reacciona y a las 14:46 del 4 de abril de 2019 se registra en la página Satje del Consejo de la Judicatura, con la firma del abogado Daniel Nivelo Intriago, secretario encargado de la Unidad Judicial presidida por el juez Prieto Cabrera, que la postura del Banco del Pacífico ha sido acreditada pero ni la de Correa ni la de Basantes han sido acreditadas en la cuenta de CONTROL DE REMATES JUDICIALES. Con anterioridad a las 12:08 el mismo secretario había remitido a BANECUADOR el siguiente Oficio: “República del Ecuador, Unidad Judicial Civil con sede en el Cantón Guayaquil, 4 de abril de 2019 Oficio No. 0267-UJCG "Señores, BANECUADOR EP Ciudad- De mis consideraciones. Dentro del juicio ejecutivo No. 09332-2014-29139, seguido por Banco del Pacífico S.A., contra la compañía CENTROEXPORT S.A. en la interpuesta persona de su Gerente y Representante Legal Señora KATIA MARÍA ORTIZ TANNER DE RODITTI, como deudora, Sr. ANTONIO GIOVANNI RODITTI VITERI y la Señora KATIA ORTIZ TANNER DE RODITTI, por sus propios derechos y por los que representa de la sociedad conyugal que tienen formada, he ordenado oficiar a usted cumpliendo con lo ordenado por el señor juez, mediante mandato judicial de fecha jueves 04 de abril del 2019 a las 09h22 solicito a usted se me informe referente a las posturas presentadas por los señores FAUSTO ELOY BASANTES CÁRDENAS de fecha 25 de enero del 2019, valor de la postura $240,000.00, consignación de la postura $24,000.00 valor acreditado por validar forma de pago al contado, y RAFAEL VICENTE CORREA DELGADO de fecha 25 de enero del 2019, valor de la postura $240,000.00 consignación de la postura $240,000.00 valor acreditado por validar forma de pago al contado. SI HAN SIDO VALIDADAS Acorde el remate nro. EC-RJ- 36458. Para lo cual, se le concede el término de 48 horas. Lo que comunico a usted, para los fines de Ley- Atentamente, ABG. DANIEL EFRAÍN NIVELO INTRIAGO SECRETARIO (E) MEDIANTE ACCIÓN DE PERSONAL NRO. AP-05445-DP09- 2019-JM” Sientan razón también de la constancia de que el oficio nro. 0267-UJCG dirigido a BANECUADOR fue remitido a través de correos del Ecuador a las 15:23 con el Número de Guía EN687788157EC.
Este 5 de abril, ante la queja de Rafael Correa Delgado de que habrían suplantado su identidad, realizada después de que el portal Mil Hojas publicara que se le adjudicó el bien inmueble, la Unidad Judicial Civil de Guayaquil emitió una nueva providencia en la que dejó en firme solo la postura del Banco del Pacífico. En lugar de anunciar que se realizará una investigación sobre el tema, en esta providencia se pretende solucionar todo, basado en el principio de la buena fe al señalar que: “en las posturas realizadas por los señores RAFAEL VICENTE CORREA DELGADO y FAUSTO ELOY BASANTES CARDENAS , a través de la página web de la Función Judicial, definitivamente no registran acreditado valor alguno, ni valores en tránsito por transferencias bancarias… ya que es de conocimiento notorio que a través de las redes sociales -que innegablemente se han convertido en parte de que hacer social- uno de los supuestos postores el señor ex presidente Rafael Correa Delgado habría expresado públicamente que se habría usado de manera dolosa su identidad”.
Qué hubiera pasado si el portal Mil Hojas no publicaba que se le había adjudicado el mencionado inmueble a Correa? Se hubiera perfeccionado su  propiedad sin que hubiera entregado un solo centavo?
Es grave y contradictoria la afirmación del juez de que en la página web de la función judicial definitivamente ni Correa ni Basantes registran acreditado valor alguno ni valores en tránsito por transferencias bancarias. Esto pone en cuestión el sistema de remates en línea del Consejo de la Judicatura. Mil Hojas consultó a quienes tienen experiencia en este tipo de remates y nos señalaron que, cuando el postulante indica que se va a pagar de contado, ni siquiera se puede participar en línea si no se ha consignado de manera electrónica la transferencia bancaria por el mínimo del 10% del valor que se oferta; y debe transferirse al menos el 15% si se señala que se va a pagar en plazos, según establece el COGEP. “En el remate en línea, las o los postores deberán entregar, mediante depósito bancario o transferencia bancaria electrónica, el 10% de la postura realizada. Si la postura contempla el pago a plazo se deberá entregar el 15%”.
Zobeida Aragundi, ex vocal del Consejo de la Judicatura expresó al portal www.milhojas.is su extrañeza puesto que si no se había realizado tal depósito o transferencia el sistema automáticamente no debería haber dejado participar ni a Correa ni a Basantes, y sin embargo según la última razón sentada por el juez, no sólo participaron sino que la postura de Correa fue considerada preferente. Es decir que en la página web del Consejo de la Judicatura, conocida como SATJE, se encuentran sentadas dos razones contradictorias. La de enero 25 que dice que están consignados las posturas (el 10% de ley por parte del Banco del Pacífico y Basantes y el 100% por parte de Correa) y la del 4 de abril que dice que los valores postulados por Basantes y Correa no fueron consignados. Finalmente el juez actuó siguiendo el pulso de las redes sociales redes sociales, mientras el 4 de abril pidió información a Banecuador y mantenía a Rafael Correa como postor preferente que debía consignar el valor de contado ofrecido en la puja, este 5 de abril las expresiones de Rafael Correa lo arrinconaron en la postura del error de buena fé.
Recordemos que la información que consta en el proceso el 25 de enero de 2019 era: “Fecha de Postura 25 de enero de 2019 a las 23.29.10 horas valor de la postura US$ 240,000.00 consignación de la postura, US$ 240,000.00 valor acreditado por validar, forma de pago al contado, con cédula 0908813512; Basantes Cárdenas Fausto León fecha de la postura 25 de enero del 2019, valor de la postura US$ 240,000 consignación de la postura US$ 24,000, valor acreditado por validar, Juzgado de Leónidas Prieto Cabrera, Secretario Encargado William Marcillo Peñafiel.” Definitivamente este es un tema que debe ser aclarado por el Consejo de la Judicatura. El remate que adjudicó a Rafael Correa una casa por valor de US$240,000.oo abre un camino inexplorado para la sociedad y la opinión pública, que desconoce cómo funcionó el sistema judicial de recuperación de recursos. Un sistema oscuro que apenas abre un vector para conocer el sistema implantado por Gustavo Jahlk.

A Nachito, un niño de 6 años, terminarán de practicarle cirugías plásticas para injertarle piel en sus pantorrillas en el 2036, cuando tenga 23 años y termine su crecimiento. Los injertos evitarán que sus piernas sufran deformaciones porque sus huesos se alargarán pero su piel no podrá hacerlo. Tampoco volverá a caminar de forma normal ya que sus tendones de Aquiles están dañados.
Tiene un 38 % de discapacidad intelectual, como consecuencia de un daño irreversible en su cerebro, a lo que se suman la disminución auditiva en uno de sus oídos y un estrabismo agresivo en sus ojos.
Nachito está con terapias del lenguaje semanales y rehabilitación para sus piernas. Se estima que deberá completar unas 400 sesiones . Siempre requerirá de una persona que lo acompañe, su madre, pues por sí solo no podrá movilizarse.
Pero Nachito no nació con estos problemas neurológicos y daños funcionales, su desarrollo cognitivo y motriz evolucionaban acorde a su edad: un poco más del año de vida, caminaba y decía sus primeras palabras: ‘mamá’, ‘papá’, ‘teta’… corría, jugaba y reía.
El proyecto de vida que se rompió en el HCAM
Nachito ha vivido más de cuatro años con incapacidad intelectual y física provocadas. Todo empezó el 27 de noviembre del 2014, en el Hospital Carlos Andrade Marín (HCAM) de Quito. Cuando el niño tenía 1 año y 6 meses, por un cuadro de ausencia testicular, lo ingresaron a esa casa de salud para que le realicen una operación laparoscópica (procedimiento invasivo) programada con meses de anterioridad. La intervención fue diagnosticada, solicitada y practicada por la cirujana pediátrica, Yolanda G.
Los protocolos utilizados en la primera cirugía de Nachito no se habrían cumplido en cuanto al uso del tipo de instrumental médico y el tiempo en que fue dado de alta  
Durante la operación, la cirujana utilizó material quirúrgico para adultos en un niño de año y seis meses, según relató la madre del niño, Sandra Ojeda, para diario El Telégrafo : “(…) nunca nos contó que usaría ese instrumental. Tenía que decirnos para llevarlo a otro hospital. ¿Qué clase de profesionales de la salud trabajan de esa forma?”.
Tres horas después de la intervención la doctora dio el alta, cuando el protocolo en este tipo de operaciones determinaría un alta en mínimo 8 horas. Una vez en casa, ubicada al sur de Quito, Nachito vomitaba, tenía dolor abdominal y fiebre. Sus padres lo trasladaron a urgencias del hospital Padre Carollo, el más cercano a su domicilio, la madrugada del 28 noviembre del 2014. En esa casa de salud lo compensaron con sueros y le realizaron un eco abdominal (procedimiento no invasivo) y detectaron líquidos, por lo que fue remitido al HCAM, donde le habían realizado la laparoscopía pediátrica.

La familia esperó en el HCAM casi lo que dura una jornada laboral para que atiendan las complicaciones del bebé y lo vuelvan a operar. La segunda intervención quirúrgica duró casi 4 horas y fue practicada por la misma cirujana pediátrica. Ella descubrió que en la primera operación había perforado el intestino del niño. En la cirugía se corrigió la perforación, pero no la sepsis (infección) causada por la materia fecal que escapó del intestino. 
El shock séptico (una descomunal infección interna) llevó a un  fallo multiorgánico y eso incluyó un paro cardiorespiratorio, el mismo que desencadenó una hipoxia cerebral provocando la inevitable muerte de neuronas por falta de oxígeno, por consiguiente, un daño neurológico sin retorno. Nachito -luego de pasar por todo lo relatado- quedó con una discapacidad intelectual determinada en un 38 %.
Y en Terapia Intensiva…
Todavía inconsciente por la anestesia general y con una mortalidad alta del 84.4 %, Nachito pasó a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del HCAM, y la mañana del 29 de noviembre, los padres recibieron la noticia de que las piernas del niño estaban quemadas.
Entre la médica de turno, Alexandra V.; la enfermera, Elvia H.; y, la auxiliar de enfermería, Lidia S., habría estado la siguiente decisión y posterior acción: calentar a ‘baño maría’ por más de 10 minutos algunos sueros salinos, llevarlos a la termo cuna y colocar a Nachito sobre ellos, al parecer, con muy poca protección, tanto así que la piel de las coyunturas de sus piernas (tras las rodillas) sufrieron quemaduras de tercer grado, a más del daño irreparable de sus tendones de Aquiles. Y el niño no lloró mientras se quemaba, es cierto, pues el efecto de la anestesia todavía lo tenía en el más profundo de los sueños.
Esto lo habrían hecho para detener una hipotermia (35 grados), en lugar de utilizar una manta eléctrica, pues el hospital contaba con estos implementos. El procedimiento no está registrado en la historia clínica del niño. Nachito permaneció 75 días hospitalizado y pasó por el quirófano 3 veces.
Información levantada en cuatro audiencias judiciales
1.- En la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio por el delito de lesiones con incapacidad de 31 a 90 días -que se instaló el 27 de marzo del 2017-, el juez penal Giovanny Freire Coloma, decidió liberar de responsabilidades (sobreseimiento)  a la cirujana Yolanda G., -quien perforó el intestino de Nachito- bajo el argumento de que no existían elementos suficientes para vincularla en el caso. Y decidió llamar a juicio a la médica Alexandra V.; a la enfermera, Elvia H.; y, a la auxiliar de enfermería, Lidia S., el equipo que atendió a Nachito en terapia intensiva.
En la audiciencia preparatoria de juicio la cirujana pediatra que perforó el intestino del niño fue desvinculada del caso
2.- Meses después, al final de la audiencia de juicio, el 11 de mayo del 2018, el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha (primera instancia) sentenció con 1 año de privación de libertad a las tres profesionales de terapia intensiva. Ordenó que cada una entregue USD 10.000 como reparación integral a los padres de Nachito, por lesiones de 90 días, causadas por mala práctica profesional. Sin embargo, la incapacidad física e intelectual del niño es irreversible, por lo tanto supera los 90 días. Además, solo en 2014, los padres de Nachito  ocuparon más de USD 15.000 en tratamientos.  
Los padres del niño y la fiscal de este caso, Claudia Romero, interpusieron un recurso de apelación ante la Corte Provincial de Justicia de Pichincha (segunda instancia), puesto que la reparación integral no es suficiente para cubrir las casi dos décadas de tratamientos médicos que necesita el niño. A los abogados defensores de las procesadas no les pareció justo que se haya excluido a la cirujana que le practicó la primera operación y también interpusieron el recurso contra el fallo del Tribunal de primera instancia.
Solo las profesionales que actuaron en terapia intensiva fueron sentenciadas, por lo que sus abogados apelaron la decisión del Tribunal
3.- La audiencia de apelación a la sentencia sucedió el 31 de octubre del 2018. Entre los sollozos de la madre de Nachito -que se encontraba en el público-, y las fotos de las piernas quemadas del niño –sostenidas por el padre que estaba sentado junto a la Fiscalía, frente a los jueces-, ya avanzada la noche la Sala Penal decidió regresar el caso hasta la evaluación y preparatoria de juicio, momento judicial en el que la cirujana fue sobreseía en el 2017. Es decir que fue incluida nuevamente en el proceso.
Los padres del niño y la Fiscal apelaron ante la Corte Provincial de Pichincha para que revea el monto de la reparación integral, pues no es suficiente para cubrir el costo de las operaciones que Nachito requerirá hasta el año 2036

4.- Esta segunda audiencia preparatoria de juicio se instaló el 14 de febrero del 2019 y se reinstaló el sábado 16, ante la magistrada Luz Ortiz. Según reportes de prensa, “menos de treinta minutos necesitó una jueza para darle nulidad al proceso de mala práctica profesional en el que estaban vinculadas cuatro personas”  y lo regresó a formulación de cargos. 
Según un boletín de prensa publicado por la Fiscalía General del Estado , la fiscal del caso apeló esta decisión judicial, por lo que el caso irá por segunda vez a la Corte Provincial de Pichincha. La fecha y la hora para esta audiencia aún no se han definido.
¿Por qué la magistrada decidió anular el caso?
La dolorosa perplejidad de los padres de Nachito se manifestó en lágrimas de impotencia. La jueza anunció su decisión en una audiencia instalada el día sábado, ante los sujetos procesales  -incluido uno de los abogados de la defensa que estuvo presente a través de video llamada porque se accidentó en Azogues-. Regresó el caso a formulación de cargos porque la diligencia de reconstrucción de los hechos se realizó en un piso del HCAM que no era el de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, por lo tanto, dejó en indefensión a las profesionales de la salud imputadas en este caso. 
Ante este argumento, según el boletín de Fiscalía , cuando la fiscal encabezó dicha reconstrucción, la  Unidad  tenía  20  niños  conectados en máquinas y corrían un riesgo mortal.  Entonces llegó a un acuerdo firmado con  los  abogados  de  las  4  personas  procesadas,  para  recrearlo  en  otro  piso del hospital.
La jueza valoró a la perforación intestinal y a las quemaduras de tercer grado provocadas en Nachito como situaciones separadas. Pero son  eventos  conexos que le causaron daños irreversibles al niño, refirió la Fiscalía en la audiencia. 
Los padres precisan que la justicia se refleje, tanto en un castigo legal para las personas que lo afectaron, como en una reparación integral que les permita costear todas las etapas de rehabilitación y cirugías plásticas de injerto de piel que el niño deberá recibir y así recuperar de alguna manera la normalidad en sus vidas. El temor del padre del niño  es que el caso prescriba, luego de cinco años de peregrinaje, sin haber logrado que la justicia incline su balanza a favor de Nachito.

El Servicio de Rentas Internas (SRI) ha hecho graves hallazgos en materia de determinación de gastos injustificados por parte de Tecnazul en 2014 y hay serios indicios también en contra  Worley Parsons, ambas empresas involucradas en los megaproyectos de repotenciación de la Refinería Esmeraldas y la inexistente Refinería del Pacífico.  Más grave aún, el SRI tiene plazo hasta fin de este mes de marzo  para auditar el ejercicio del año fiscal de 2015 de Worley Parsons, Tecnazul y las otras empresas del Grupo Azul.
La consultora Tecnazul, cuyo dueño y accionista mayoritario es William Phillips Cooper, asesor y amigo personal del ex presidente Rafael Correa, simuló en 2014  gastos por $17.6 millones. El uso de ese dinero nunca pudo ser justificado ante la autoridad tributaria.
Tecnazul además es parte de la Corporación Azul que se encargó de traer al país a la consultora australiana WorleyParsons, la que, a su vez, fue seleccionada por el ex presidente Correa y el vicepresidente Jorge Glas, para gerenciar y fiscalizar la repotenciación de la Refinería Esmeraldas y el proyecto de la inexistente Refinería del Pacífico. En estas dos megaproyectos el Estado gastó no menos de $5.000 millones. Todo ese dinero fue gestionado por WorleyParsons, de la mano de William Phillips Cooper.

La empresa Tecnazul ha sido investigada por la Fiscalía de Ecuador por dar coima a Alex Bravo, Gerente de la Refinería Esmeraldas, a cambio de contratos. Sin embargo, William Phillips siempre fue protegido por su cercana relación con el poder.
Este portal analizó el Acta de Determinación del Servicio de Rentas Internas, que se refiere a la auditoría  de gastos de Tecnazul del año 2014.

Los hechos:
Cumplido el tiempo que concede la ley a empresas auditadas para que presenten los reparos al acta borrador, la consultora Tecnazul no pudo demostrar la legalidad de los gastos de: software por $ 4´500.000; know how por $3´600.000; comisiones ventas por $ 2´250.000 y representación por $ 7´270.000, dando un total de $ 17´620.000.
Ante la falta de justificación el SRI emitió un Acta de Determinación y poco tiempo después, una  resolución definitiva glosando a Tecnazul.
Pese a la gravedad de esta situación, la consultora de William Phillips no ha tomado acciones por las vías judicial y constitucional para responder las glosas emitidas por el SRI, ni ha presentado prueba alguna dentro del proceso administrativo para justificar los gastos glosados.
William Phillips Cooper es la cabeza del grupo Azul al que pertenece la consultora Worley Parsons, seleccionada por el ex presidente Rafael Correa y el ex vicepresidente Jorge Glas, para fiscalizar la repotenciación de la Refinería Esmeraldas y la inexistente Refinería del Pacífco
También llama la atención que el mismo SRI no ha dado el paso siguiente en este proceso: Impulsar una investigación ante la Fiscalía por defraudación tributaria y peculado, pues para hacerlo el plazo vence HOY.
Tecnazul empresa de  William Phillips Cooper, esposo de Mónica Hernández, también ex asesora de Correa y líder del conservador Plan Familia, se acogió a la Ley de Remisión de multas e intereses, impulsada por el gobierno de Lenín Moreno, y pagó $ 3’ 500.000 sobre un valor de $ 3’ 432.000, es decir, graciosamente pagó un excedente de $ 68.000. Lo hizo luego de que no tuviera argumentos, ni documentos para justificar los gastos glosados.
Si bien Tecnazul pagó el impuesto del valor glosado por el SRI, no pudo responder por los $ 17’ 620 000.
La simulación de gasto de los $17’620,000 es una revelación resultado de los actos de determinación del SRI. Tal simulación evidencia no solo un delito de defraudación tributaria, sino también apuntaría a la figura de peculado si esos fondos públicos fueron a parar en las millonarias cuentas personales del amigo del ex presidente Correa.
El artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sobre la defraudación tributaria, señala que:  “La persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria para dejar de pagar en todo o en parte los tributos realmente debidos, en provecho propio o de un tercero será sancionada". Y en los casos que estaría incursa esta empresa podría enfrentar una pena privativa de libertad de 1 a 3 años.
En consecuencia con su propio trabajo, la  autoridad tributaria está en la obligación de poner una denuncia ante la Fiscalía General y hasta ahora no lo ha hecho.

Directivos de Tecnazul fueron procesados por la Fiscalía por hacer pagos al ex gerente de Petroecuador, Alex Bravo, supuestamente para beneficiarse con contratos
Auditorías privadas no detectaron anomalías
Las auditorías a Tecnazul pasaron por alto las irregularidades que fueron encontradas por el SRI.  La firma  Astrileg Cía. Ltda.,  auditó los estados financieros de la consultora Tecnazul en el 2014.  En su informe señala que la empresa de Phillips Cooper tuvo ingresos por $ 45’233. 032, con costos de $ 35’195. 789, por lo tanto una utilidad de $ 10‘372.243.
Si tomamos en cuenta el hallazgo del SRI de que Tecnazul tuvo valores injustificados por $ 17´620.000, el margen de utilidad de la consultora realmente debió ser de $ 27´657.243. Esto significa una utilidad bruta del 61.14%, cifra extremadamente alta e injustificada.
Por lo tanto, si el monto de sobreprecio no justificado de $ 17´620.000 acorde a los rubros glosados por el SRI, se encontraron en los estados financieros catalogados como costos y no como gastos, el propósito de ello era ocultar el verdadero margen de utilidad bruta de la operación de Tecnazul para ese período y la auditora no lo detectó.
Mientras el Servicio de Rentas Internas en su Acta de Determinación y resolución manifiesta que los ‘gastos’ por software $ 4´500.000, know how $ 3´600.000, comisiones ventas $ 2´250.000 y representación $ 7´270.000 carecen de elementos reales que demuestren la procedencia, Astrileg Cía. Ltda., en su informe de auditoría a los estados financieros de Tecnazul no emitió observación alguna y manifestó que: “los estados financieros adjuntos se presentan razonablemente, en todos los aspectos (…) los flujos de efectivo por el 2014 son de conformidad con las normas internacionales de información financiera”.
Astrileg Cía. Ltda.,  y TC Audit Cía. Ltda. no solo haN auditado a Tecnazul sino también a otras cinco empresas del grupo Azul:
1.-Campetrol S.A., auditada Astrileg del 2011 hasta el 2014
1.-Campetrol S.A., auditada Tcaudit año  2015
2.-Caterpremier S.A auditada Astrileg año 2015
3.-Impexazul S.A. auditada Astrileg del 2010 hasta el 2014
4.-Ofparis S.A., auditada Astrileg del 2011 hasta el 2014
5.-Consultora Tecnazul Cía. Ltda. Auditada Astrileg del 2010 hasta el 2015
El Estado ha gastado $1.500 millones en trabajos previos a la construcción de la Refinería del Pacífico, un proyecto que nunca concluyó 
Los estados financieros de Worley Parsons y el SRI
De la revisión a los estados financieros a los años 2014 y 2015, se pudo evidenciar lo siguiente:
En 2014, WorleyParsons generó ingresos por un $ 114´842.278,50 y costos y gastos por un valor de $ 111´823.344,33, dejando un margen de utilidad de  $3´018.934.17 que corresponde a 2.63%. Sin embargo, en los estados financieros también se reveló que esta empresa no tuvo gastos o costos por personal, ni de mano de obra ni administrativo, ya que todo fue subcontratado. Los comprobantes del pago de los trabajadores ecuatorianos al IESS tampoco se presentaron.
Eso quiere decir que WorleyParsons no realizó ninguna de las actividades de fiscalización para las que había sido contratada por el Estado ecuatoriano con personal propio a pesar de que la Ley Orgánica de Contratación Publica prohíbe subcontratar el 100% del contrato.
Y ya que a partir de 2008 no existe en Ecuador la tercerización de personal se evidencia que la contratista simulaba ejecutar la fiscalización, pero a través de terceras personas y empresas.
WorleyParsons en realidad no realizó directamente ninguna tarea. Subcontrató con empresas de grupo Azul.  De los $114´842.278, 50  que WorleyParsons recibió como ingresos en 2014  pagó  a Tecnazul un valor de $ 34´975.926.42.  Es decir,  sólo con una  empresa de su mismo grupo subcontrató  el 30%  de lo que recibió como ingresos.
En 2015 WorleyParsons obtuvo ingresos por $107´180.426,81 y pago a Tecnazul $ 26´196.151,51. Nuevamente, tan solo a una empresa de Grupo Azul le correspondió el 24%  de los ingresos obtenidos por WorleyParsons
A la fecha actual la empresa WorleyParsons ya ha sido determinada por la administración tributaria, causando un  impuesto a la renta a pagar del  año 2014 un valor de  $14´369.346,09.  Eso quiere decir que la administración tributaria glosó costos y gastos por un valor de $65´315.209,50  aproximadamente tal como se muestra en la página del SRI.
Todos los contratos firmados con Worley Parsons para fiscalizar la rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas superan los $228 millones
Si  la venta del ejercicio fiscal de 2014 tuvo ingresos por $ 114´842.278, 50 y el SRI le glosó un valor de $ 65´315.209,50 y le ordenó pagar por impuesto a  la renta  un valor de $14´369.346,09 eso quiere decir que el porcentaje de gastos nos sustentados, gastos no deducibles o simulados, fue del 57%. En términos legales ello significa que 57% de los gastos no existieron.
Desde otro punto de vista dichos gastos no deducibles o inexistentes vienen a ser directamente el sobreprecio.  Si el gasto no existió o es irreal es inexistente. En otras palabras, la fiscalización tuvo que tener un menor precio con gastos reales  y sustentados.
Del análisis realizado al estado financiero del año 2015 no cabe duda que es una empresa que  simula realizar una actividad y no realiza absolutamente nada pues todo lo hace por medio de terceros.  En los estados financieros reportados por WorleyParsons en 2015, se evidencia que no tuvo empleados durante ese ejercicio fiscal.  Deja mucho que pensar el que una empresa que generó ventas o ingresos por $ 107´180.426,81 no haya tenido la necesidad de contratar en relación de dependencia ni empleados administrativos ni  mano de obra. Nunca necesitaron una secretaria, un bodeguero ni una recepcionista, pues todo fue subcontratado. En ese sentido, en 2015 la empresa tuvo el mismo comportamiento que el año 2014WorleyParsons fue auditada en los años 2014 y 2015 por la  firma “Ernst & Young Ecuador E&Y Cía. Ltda.” que en su opinión no menciona absolutamente nada en relación al personal administrativo o de mano de obra y por consiguiente no existe beneficios sociales o estudio actuarial ya que todo fue subcontratado, así mismo es importante resaltar que quien hacía la función de contador de dicha empresa es la firma auditora Deloitte.
De la revisión a la página del SRI se puede ver que WorleyParsons ha cumplido con la obligación de declarar sus estados financieros hasta el año 2017.   Sin embargo, la empresa no ha cumplido con los informes de auditoría de los años 2016, y 2017 a la Superintendencia de Compañías.

Es de suma importancia que la Administración Tributaria audite el ejercicio fiscal del año 2015, de WorleyParsons y de todas las empresas del Grupo Azul como son Tecnazul, Campetrol, Caterpremier, Headsada, Impexazul, Ofparis, Sierrazul.
Si el Servicio de Rentas Internas no abre una auditoría del ejercicio fiscal de 2015 hasta fines del mes de este mes pierde la facultad determinadora que le establece el artículo 94 del Código Tributario, la misma que establece que el período de caducidad es de 3 años para auditar costos y gastos a partir de la fecha de la declaración.
La Administración Tributaria tendría elementos suficientes para abrir una investigación en contra de los representantes legales, contadores y auditores de las empresas WorleyParsons y Tecnazul, bajo los preceptos jurídicos de defraudación tributaria, ya que existe basta información  que colige que existe simulación de gastos.

El país llega a votar hoy en medio del entusiasmo de las campañas para dignidades seccionales y, en paralelo, con la absoluta confusión respecto de cómo votar y de cómo se va a contabilizar el voto para elegir a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como también en contraste con una aparente apatía de los propios sujetos políticos en torno a las tareas vinculadas al control electoral. 
Hay dos novedades en este proceso. La primera es que este CNE post correísta se inaugura con esta lid electoral y la segunda, que la responsabilidad de la designación de los integrantes de los Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) es ahora de los votantes.
Este 24 de marzo de 2019 los ecuatorianos acuden a votar por 11.000 autoridades seccionales entre más de 80.000 candidatos. Las cifras no sólo son estratosféricas en términos de dignidades y candidatos.  El país cuenta con 13’261,994 de electores, según el último padrón aprobado por el CNE, en octubre de 2018, y tiene más de 6’440.350 de afiliados o adherentes a alguno de los 278 partidos y movimientos políticos registrados en el país. 
En cuanto a elecciones seccionales, más allá de la multiplicación de opciones, no hay mayores novedades para los electores.  Los ecuatorianos estamos acostumbrados a votar por prefectos, alcaldes, concejales e incluso, donde corresponde, juntas parroquiales. En este tipo de comicios existen procedimientos pre-establecidos por parte de la autoridad electoral para el conteo e impugnación, que son conocidos por el electorado, los delegados a mesas y los sujetos políticos.
El reto de los electores reside en que, en cumplimiento del mandato de la Consulta Popular de febrero de 2018,  ahora tienen la responsabilidad de designar a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadano y Control Social, que antes eran designados por la presidencia de la República.  Y es aquí donde la situación se complica.
Anexo a la pregunta 3 “Las consejeras y consejeros serán elegidos por sufragio universal, directo, libre y secreto cada cuatro años coincidiendo con las elecciones a las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados. El régimen de sus elecciones estará contemplado en ley orgánica que regule su organización y funcionamiento.”
El 4 de febrero de 2018 un país desesperado por romper el blindaje de impunidad a la megacorrupción y violación de derechos humanos del correísmo acudió a votar una Consulta Popular donde en su pregunta 3 se facultaba al Presidente a cesar al existente CPCCS y a nombrar un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. 
Este Consejo fue creado en la Constitución de Montecristi por el correísmo.  Con este nuevo poder del Estado se buscaba, en una suerte de carambola, captar la fiscalía, la justicia y todas las autoridades de control mediante su capacidad de designación para dichas dignidades.  
Ante las nefastas consecuencias que trajo para la institucionalidad del país este estratégico invento correista  (único en el mundo) la tarea del Transitorio consistía en evaluar y, de ser el caso, destituir a tales autoridades y nombrar nuevas.
Pero la pregunta tres, tenía un anexo, en el cuál además de las facultades del Transitorio se hicieron cambios a la Constitución y, pese a las críticas, se dejó vivo al CPCCS, al determinar que a partir de las próximas elecciones seccionales (las de hoy) sus integrantes se elegirían por voto popular. 
Tras la aprobación de esta pregunta y su anexo, la urgencia era cesar al CPCCS en funciones y dar paso al nuevo Transitorio.  La ciudadanía en general dejó de lado la preocupación por cómo elegir el CPCCS definitivo.  Pero como no hay plazo que no se cumpla, al día de hoy, la mayor parte de los ciudadanos enfrentan un dilema.  La mayoría ni siquiera sabe quiénes son los candidatos por los que van a votar porque su campaña, con los apretados minutos de promoción electoral divididos en segmentos de treinta segundos, solo ha permitido una mínima presentación de los mismos y que sus propuestas se reduzcan a eslóganes que se pronuncian a la mayor velocidad posible como si se trataran de trabalenguas. 
Con esa escasa información millones de electores tienen que enfrentarse a tres papeletas, en las que debe decidir por tres hombres, tres mujeres y un representante de las nacionalidades para que integren, ni más ni menos, que uno de los poderes del Estado.
Hay quien señala, no sin razón, que muchos tampoco conocen a los candidatos a concejales. La diferencia, es que en esa categoría los ciudadanos tienen la opción de votar por una lista de un partido político al que le quieran dar su representación. 
Más allá de lo cuestionable del CPCCS como institución los problemas en esta elección tienen diversos orígenes. 
En el anexo a la pregunta 3 de la Consulta se introdujo una modificación a la Constitución que establece no sólo que los candidatos no puedan ser patrocinados por partidos y movimientos políticos, sino que tampoco puedan ser afiliados, adherentes ni dirigentes de los mismos en los últimos cinco años.  En esa situación están 6’440.350 de ecuatorianos. Por lo tanto, el universo elegible se redujo a la mitad de quienes están en capacidad de elegir y ser elegidos en el país.  En una elección en que la ley orgánica elaborada para dar cumplimiento al mandato de la consulta establece la existencia de una papeleta de nacionalidades, en un país en que parte importante del movimiento indígena está vinculado a una fuerza política, deja fuera de la papeleta a figuras importantes.
Como señala Alberto Molina, consejero del CNT Transitorio “La Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS)” generó otros problemas al expedir la exigencia de que se vote en una papeleta con tres listas,  una para hombres, mujeres y nacionalidades. Estas exigencias en términos de promoción electoral redujeron a los candidatos exclusivamente a los spots del CNE y obligaron a que sólo pudieran candidatizarse quienes tuvieran título de tercer nivel.  El Consejo Nacional Electoral Transitorio demandó la inconstitucionalidad de esto pero tal demanda, en tiempos aún de la llamada Corte Cervecera, no prosperó.  Por lo tanto, la ley orgánica quedó vigente.
Lo inmanejable, en términos prácticos de la papeleta planteada por el legislador llevó a que el CNE decida manejar tres papeletas.  Con esto surge otro problema: el cómputo de los votos nulos.   
La disputa sobre el tema del cómputo de los votos nulos se volvió relevante cuando el nulo se convirtió en una opción promocionada por varios sectores del país.  Sobre el tapete el tema de la igualdad del voto:  ¿Por qué si una papeleta con votos positivos vale 3 votos, el voto de quien la anula sólo vale 1?  
El intento, un tanto tardío de solucionar este problema en el Pleno del CNE se dio mediante una propuesta del consejero Luis Verdezoto, quien sostuvo el principio de la igualdad de los votos ciudadanos.  Tal propuesta contó con el apoyo del consejero Enrique Pita y la oposición de los consejeros Esthela Acero y José Cabrera y no se concretó por la abstención de la Presidenta del CNE, Diana Atamaint.  Quienes justificaron la no aprobación de la propuesta dijeron que los candidatos al CPCCS podrían objetar que tal interpretación perjudicaría sus intereses. 
El tema de principio de la igualdad del voto de todos los ecuatorianos fue entonces soslayado, alegando temas de seguridad jurídica.  El problema fue derivado a un Tribunal Contencioso Electoral que se acaba de declarar este viernes 22 de marzo incompetente para conocer esa materia.
Ahora, a la incertidumbre sobre cómo elegir entre un grupo de virtuales desconocidos, se suma el tema de cómo se van a contar tales votos.
Ante este panorama se vislumbran algunas propuestas de cómo votar y por qué hacerlo de esa manera.
Quienes llaman a votar nulo.  En esta opción no sólo estarán quienes se hagan eco de una propuesta de periodistas, intelectuales y políticos que sostienen que es la manera de rechazar políticamente la existencia del CPCCS y que, en algunos casos, aspiran no sólo a un resultado simbólico sino efectivo.  Si los nulos son mayores a los votos positivos, debería volverse a convocar la elección.  
En la orilla de quienes llaman a votar en positivo, pues quieren recuperar el control del país está el ex presidente Rafael Correa (quien no regresa al Ecuador por sus deudas con la justicia) y su actual movimiento político Revolución Ciudadana.  Correa pretende recuperar el CPCCS a través de varios candidatos que lograron colocar en el proceso para desmantelar lo actuado por el Transitorio.  Correa incluso ha señalado quienes son estos candidatos.  
Finalmente están quienes llaman a votar en positivo, pese a creer que el CPCCS debe desaparecer, para cerrar el paso a los candidatos correístas, que pese a ser minoría, tal porcentaje pudiera serles suficiente para ganar si el resto de ciudadanos anula o vota de manera dispersa.  Por parte de quienes promueven esta propuesta se han realizado diversas “pollas” de los candidatos no correístas más aceptables.  El rango de quienes llaman a votar en positivo de esta manera va desde el FUT hasta organizaciones de ciudadanos articulados en grupos de WhatsApp que fueron claves en la movilización contra los abusos del correísmo. Para quienes hacen este llamado también debe desaparecer el CPCCS, pero es una tarea para después del proceso eleccionario de este 24 de marzo. Es una especie de apuesta, una vez más, por sobrevivir.
En cuanto a cómo reaccionen los ciudadanos a estos llamados, habrá que verlo hoy.  Seguramente en el campo de los votos nulos estarán no sólo quienes hayan leído o escuchado a quienes lo promueven, sino quienes, sin esas reflexiones, reaccionen con enojo o frustración ante una papeleta donde no saben cómo votar.  Tampoco hay que descartar todos los votos anulados por errores comprensibles ante una elección que los ciudadanos no habían tenido que realizar antes.  
En cuanto a los votos positivos de lado y lado, el cruce y contrastación de “pollas” de por quién votar es la actividad en las redes sociales familiares, de amigos y profesionales.  Los ciudadanos que han decidido votar en positivo están en una especie de quiniela o apuesta de torneo de fútbol mundialista, esperando no equivocarse demasiado.
En un momento en que es prematuro evaluar los logros del CPCCS Transitorio para recuperar la independencia en la fiscalización, el control y la justicia, pues es una tarea inacabada, los actuales consejeros serán reemplazados en un proceso en el que primará un alto nivel de desconocimiento e incertidumbre de los electores.  Quienes resulten electos pasarían a integrar una institución que tiene la capacidad de armar o desarmar la institucionalidad de justicia y control en el Ecuador. 
La apuesta también es alta para el nuevo Consejo Nacional Electoral.  Después de más de una década de un despotismo controlado les ha tocado hacerse cargo de una institución diezmada por Juan Pablo Pozo.  La presencia y desplazamientos de los observadores internacionales, la veeduría técnica de un grupo de enviados de las universidades ecuatorianas para el conteo digital son buenas señales.  
Por otro lado, son graves falencias: la falta de decisión sobre la forma de contar o la lentitud en sancionar abusos como los del movimiento Revolución Ciudadana que promocionó candidatos al CPCCS contra norma expresa.  Nuevamente la apuesta es muy alta.
Esta elección no es el fin de nada, pero sí un momento muy importante en este proceso de distensión que vive el Ecuador después del correísmo. Tendremos que leer un nuevo mapa de fuerzas políticas y de entrada quedan planteados nuevos retos. No sólo qué hacer ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cómo sea que quede constituido, sino qué hacer con una institucionalidad electoral que tiene el incentivo perverso de la dispersión y no de ofrecer al país las mejores propuestas.

Según la Contraloría General del Estado, durante la primera administración de Jimmy Jairala Vallaza, la Prefectura del Guayas  realizó contratos donde hubo uso de documentos falsos, subvaloración del rendimiento de equipos para inflar el valor de la obra, retrasos en la entrega de las obras y pago por trabajos defectuosos o incompletos.  Todo esto bajo el paraguas de la declaratoria de emergencia “preventiva” para enfrentar las consecuencias del invierno firmada por Jairala el 26 de octubre de 2009.
La Contraloría llegó a estas conclusiones a partir del “Examen Especial de Ingeniería de los Procesos de Contratación y Ejecución de varios proyectos a cargo del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas, por el periodo comprendido entre el 01 de Marzo de 2009 y el 30 de Agosto de 2012”.

Al término de este examen se produjo 33 informes con indicios de responsabilidad penal (IRP).  En todos ellos se apunta al cometimiento de PECULADO. El perjuicio estimado al Estado fue de $10’028.858,10.

Paúl Ponce Quiroz, fiscal provincial del Guayas, debe explicar al país las razones por las que pidió archivar los informes de responsabilidad penal contra Jairala, fue un protagonista de la impunidad

A mediados de 2013, la Contraloría envió los  informes con indicios de responsabilidad penal a la Fiscalía Provincial del Guayas, pues en Ecuador el sistema es acusatorio y el monopolio de la acción penal lo tiene la Fiscalía. Como uno de los implicados era Jimmy Jairala Vallaza, el tema debía ser conocido por el fiscal provincial del Guayas que ese entonces era Paúl Ponce Quiroz.

La Fiscalía Provincial del Guayas pidió el archivo de 32 de los 33 casos derivados de los informes. Los jueces también ceptaron el archivo solicitado por la Fiscalía. En los casos en que un encargado temporal de la Presidencia de la Corte Provincial del Guayas en ausencia de su titular, contravino su voluntad de archivo, entró en escena el propio Galo Chiriboga, entonces Fiscal General del Estado advirtiendo a la Corte Provincial que debían desestimar los procesos.

El rol del Fiscal General del Estado, Galo Chiriboga fue bloquear cualquier intento de continuar o ahondar las investigaciones.

En esta entrega Mil Hojas analiza el contenido y destino de estos IRP.  Si el contenido de los informes desnuda las tempranas prácticas de contratación pública de la administración de Jimmy Jairala, el destino de los mismos en el sistema de justicia revela un entramado de impunidad. Luego de meses de trabajo hemos podido componer un cuadro comprensivo de la naturaleza de las infracciones y las modalidades por las cuales la Fiscalía decidió archivar prácticamente todo.

En algunos casos los IRP dieron lugar a “noticias de delito” que se pueden encontrar en la propia página web de la Fiscalía.  En tales noticias se omite el nombre de Jairala pero aparecen los nombres de otros de los implicados y el número del informe de Contraloría correspondiente.  De otros IRP hemos podido rastrear los procesos judiciales e incluso una acción extraordinaria de protección interpuesta por la Contraloría.

Antecedentes: Declaratoria preventiva de emergencia frente al invierno, endeudamiento, venta de activos y una lluvia… de contratos

El 26 de octubre del 2009 con el discurso de que se trataba de una medida “preventiva” Jairala expidió una declaratoria de emergencia “atendiendo un pedido de alcaldes y presidentes de juntas parroquiales frente a una estación invernal que los expertos preveían como difícil”. Se dijo que la medida era necesaria “para la contratación de las obras necesarias para rehabilitar, mantener, limpiar y preservar sistemas de canales, muros de gaviones, escolleras, encausamientos de causes, mantenimiento de puentes, vial y de alcantarillas; caminos de acceso de penetración y vías… así como la contratación de maquinarias y equipos, para atender la emergencia señalada, por el  tiempo que dure la misma de conformidad con la Ley».

El fondo destinado para ejecutar todos los trabajos previstos fue de $29 millones. De estos recursos, $12 millones provenían de un préstamo del BEDE y $17 millones de la venta del paquete accionario de la empresa eléctrica de Guayaquil que tenía la Prefectura del Guayas al CNEL.

Los informes con Indicios de Responsabilidad Penal IRP de la Contraloría General del Estado como resultado del examen especial de ingeniería a los procesos de contratación y ejecución de varios proyectos de la Prefectura del Guayas para el período del 1 de marzo de 2009 al 30 de agosto de 2012 detectaron varios hallazgos:

De 33 informes con IRP, 12 se refieren a procesos donde los contratistas presentaron planillas y cobraron rubros que no ejecutaron. En esos primeros doce informes el perjuicio estimado es de US$ 1’346.418,85. Además 21 informes muestran procesos de contratación donde los oferentes presentaron información que no correspondía a los equipos de la propuesta y porque adjuntaron certificados falsos de arriendo de equipos o de experiencia de obras.

Otro millonario hallazgo es que en 29 de los procesos examinados se subvaloró el rendimiento de la maquinaria utilizada para la limpieza y desazolve de ríos y canales.  Es decir, si estadísticamente una excavadora de ciertas características debía limpiar 982 metros cúbicos por día, en los libros de obra de estos procesos se registraba que el rendimiento de tal máquina era de 2.300 metros cúbicos por día. Ello implicaba que el precio unitario del rubro contratado se sobrestimó y que el pago así realizado al contratista fue superior a lo que debía. El monto acumulado de la subvaloración del rendimiento de la maquinaría habría generado  a la Prefectura del Guayas un perjuicio por US$5’064 449,57.

En seis obras viales se produjo otro perjuicio de $3´278.330,05 por el incumplimiento de especificaciones técnicas pues, luego de la extracción de núcleos de las carpetas, se evidenció que no cumplían con las exigencias relacionadas con el espesor de la carpeta.

Otro rubro fue el pago realizado por trabajos defectuosos. Son los casos de la construcción de un camino vecinal en el Km 48 vía Duran-El Triunfo-Recinto El Capullo, el cual recién entregado ya tenía baches y acumulación de agua como se indica en el IRP DPAyA-0029-2013 o el de un camino vecinal que no cumplió las especificaciones del contrato como se evidencia en el IRP DAPyA-0040-2013.

La Contraloría también advirtió que en 21 de los  proyectos analizados no se justificó la contratación bajo la modalidad de emergencia puesto que los pagos de los anticipos de estos contratos se realizaron luego de concluidos sus plazos contractuales, una vez terminada la emergencia.

Las autoridades de control también encontraron problemas con la recepción de las obras contratadas por parte de las autoridades de la Prefectura del Guayas. Había casos donde se suscribieron el  acta de entrega recepción provisional de la obra sin que se hubiera concluido el objeto contractual. Hay casos donde los trabajos se ejecutaron después de suscrita el acta de entrega recepción provisional.  Se encontraron casos incluso casos de celebración de contratos complementarios después de firmadas las actas de entrega recepción de obras que ya debían haber estado terminadas. No se cobró multas por retraso en la entrega de la obra.  Incumplimiento de especificaciones técnicas en vías asfaltadas.  Acá los detalles de otros hallazgos.

Adicionalmente, hay un aspecto que  el examen especial de la Contraloría General del Estado no abordó pues se centró en los procesos de cotización, licitación y de contratación en sí.   El cuestionamiento no abordado es de naturaleza previa: La Prefectura del Guayas liderada por Jimmy Jairala Vallaza tenío o no la capacidad de realizar por sí misma las obras contratadas.   Este cuestionamiento lo realizan exfuncionarios contactados por Mil Hojas que señalan que a la fecha de la emergencia la Prefectura contaba con equipos y maquinaria pesada propios al punto de que incluso los facilitaba a diversos gobiernos municipales de la provincia del Guayas.

¿Qué pasó con los IRP?

A fines de Julio de 2013 una avalancha de IRP llegó al despacho del Fiscal Provincial del Guayas (e) Paul Ponce Quiroz. Venían firmados por Diego Abad León, Director de Patrocinio, Recaudación y Coactivas de la Contraloría General del Estado. Ahora era asunto de la Fiscalía Provincial del Guayas actuar conforme indicaba el Código Penal, investigar y de ser el caso procesar a los responsables de los delitos si los hubiere.

A partir de este momento los informes tomaron varios caminos con un solo destino: el archivo.
En menos de diez días, entre el 26 de septiembre y el 4 de septiembre del 2013, 12 de los 33 informes fueron “desplazados” hacia fiscales de nivel por parte el Fiscal Provincial Ponce. Esto significa que en esas doce (12) investigaciones se eliminó al Prefecto Jimmy Jairala como persona de interés y sólo se investigó a los integrantes de las comisiones y subcomisiones encargadas por la Fiscalía del proceso de contratación, al igual que a los representantes de las empresas contratistas. El destino de los archivos “desplazados” es diverso, si bien en gran parte de ellos los fiscales de nivel emitieron dictamen abstentivo y solicitaron el archivo, no siempre este se consiguió.  Hay un caso donde la jueza rechazó el archivo y el tema subió a consulta al despacho del actual Fiscal Provincial del Guayas, Edmundo Briones y otro donde la representante de la Contraloría solicitó ante la Corte Constitucional una Acción Extraordinaria de Protección contra el archivo,  misma que aún no ha sido admitida.  En cualquier caso, el Fiscal Ponce sacó a Jimmy Jairala  de todos esos procesos.

Los otros 21 informes donde Jairala permaneció implicado fueron archivados directamente por el Fiscal Provincial Ponce y ahí donde alguna vez un juez encargado como Luís Riofrío opuso resistencia al dictamen abstentivo, entró en escena el Fiscal General del Estado de ese entonces, Galo Chiriboga para dejar claro que el único escenario posible era archivar.

La argumentación de la Fiscalía Provincial del Guayas y de la Fiscalía General del Estado para dar dictamen abstentivo y archivar los procesos no se centraba en señalar alguna debilidad por parte de los expertos de la Contraloría o negar las numerosas irregularidades registradas en los procesos de cotización, licitación y contratación aprobados por la Prefectura del Guayas y los funcionarios de la Comisión y subcomisiones respectivas.  La Fiscalía se hizo eco de la argumentación central de los descargos de los funcionarios imputados: La Declaratoria de Emergencia por parte del Prefecto Jairala los ponía en un régimen de excepción más allá de los mínimos controles en materia de contratación pública, por lo tanto no se podían hacer responsables de todas las irregularidades e incluso delitos cometidos por las contratistas que los IRP detallaban.  Estos casos ejemplifica la actuación del Fiscal Provincial del Guayas Paul Ponce.

En síntesis, la Fiscalía Provincial y la Fiscalía General del Estado aceptaron como un hecho la argumentación de los imputados de que el Sistema de Compras Públicas (Incop), instaurado durante el régimen de Rafael Correa, con su portal, leyes y normas cuenta con un hoyo negro donde toda exigibilidad desaparece: La declaratoria de Emergencia.   Según ellos, lo único que los funcionarios debían hacer era ceñirse a los pliegos de licitación emitidos por ellos mismos y aprobados por el Incop.  Uno de los implicados llegó a decir que tales pliegos les “prohibían” (sic) confirmar datos claves que entregaban los oferentes. Por lo tanto no debían responder por falsificaciones, demoras, multas no cobradas, no conformidad de obras, no debían responder por nada.

El rol de Galo Chiriboga en el archivo de procesos

El Fiscal Provincial del Guayas Paúl Ponce Quiroz pidió el archivo de gran parte de los procesos en los que se involucraba directamente al Prefecto del Guayas Jimmy Jairala Vallaza.  En otros casos al derivar los casos a fiscales de nivel (Fiscalía de Administración 2, Administración 3, Fe Pública 5, etc…) pretendió adjudicar las responsabilidades tan solo a funcionarios de menor rango del gobierno seccional.  No estuvo sólo en esta tarea.  En muchos casos ante la duda de los jueces provinciales de aceptar el archivo, su dictamen debió ser ratificado por su superior, el Fiscal General del Estado: Galo Chiriboga.

En los veintinueve (29) procesos que Mil Hojas pudo revisar, identificamos 10 donde los dictámenes de archivo estuvieron sustentados en oficios enviados por el Fiscal Chiriboga a la
Corte Provincial del Guayas para que se archiven los casos. En todos los casos donde Chiriboga envió oficio se aceptó la solicitud de archivo.

El impacto de Chiriboga no se limita estos diez casos pues en el resto de ocasiones en que la Corte aceptó la solicitud de Ponce de archivar causas contra Jimmy Jairala Vallaza, el Presidente de la Corte Provincial del Guayas, Julio Aguayo, citó como fundamento de su decisión su concordancia con los criterios emitidos por el Fiscal General del Estado Chiriboga en casos similares.

Al parecer el Juez Aguayo prefirió no cruzarse más en el camino de Ponce-Chiriboga luego de que su suplente pusiera en riesgo la suerte de Jimmy Jairala.  Resulta que al menos tres solicitudes de archivo que Ponce envió a la Corte Provincial de Justicia del Guayas llegaron cuando su Presidente, Julio Aguayo, estaba ausente y se encontraba encargado el Presidente Subrogante de la Corte, Luís Riofrío Terán.

Galo Chiriboga, fiscal general, brindó respaldo irrestricto a Jairala, la defensa al prefecto se entendió como un símbolo de cohesión y complemento entre los diversos actores políticos que apoyaron al correísmo

En 11 de marzo de 2015 el Juez Luís Riofrío le negó al Fiscal Ponce el archivo de las indagaciónes 91-2013 y 112-2013 correspondientes a las DAPyA-0022-2013 y DAPyA-0018-2013 respectivamente y el 23 de marzo de 2015, también le negó el archivo de la indagación 110-2013, correspondiente a la DAPyA-0021-2013.

Estos tres casos involucraban a empresas oferentes –GRISALE S.A., CEPOLIN S.A. y DOCUCENT S.A.- que habían entregado documentos falsos en los procesos de cotización para la realización de obras de limpieza y desazolve de ríos, esteros y canales y mejoramiento de vías. Los documentos falsos se referían principalmente al equipo que presentaban para realizar la obra –principalmente volquetas con matrículas falsas o que correspondían a otro tipo de vehículos- pero según su IRP la empresa DOCUCENT S.A. adjuntó como parte de su experiencia un documento de ejecución de una obra, en un recinto que según la certificación del Alcalde de Flavio Alfaro de Manabí, no existe.

En todos estos casos Contraloría responsabilizaba de los delitos a funcionarios de la Prefectura del Guayas con Jairala a la cabeza, además de los representantes de las tres oferentes.
En los tres casos el dictamen del Fiscal Provincial Ponce Quiroz señalaba que los procesos se realizaron conforme a la ley sin favorabilidad para el contratista.  El Fiscal libraba de responsabilidad en los casos al Prefecto Jairala y a sus más cercanos colaboradores y disponía que se investigue a las empresas oferentes, da las cuales GRISALE S.A. y DOCUCENT S.A. ya están disueltas y sólo CEPOLÍN S.A. sigue activa y con ellos a los funcionarios de la Comisión Técnica de la Prefectura.

La primera reacción del Presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Julio Aguayo, es concordar con la actuación del Subrogante Juez Luís Riofrío y no aceptar las solicitudes del archivo del Fiscal Provincial.

La argumentación inicial del Presidente de la Corte Provincial Aguayo sostenía que “si se acepta la desestimación no se podría continuar con la investigación que el fiscal ha pedido iniciar, pues vulneraría el principio del non bis in ídem (que no se puede iniciar otra investigación sobre un mismo delito) y los hechos que, a criterio del mismo fiscal provincial ameritan ser investigados, quedarían en la impunidad” y agregaba que si el Fiscal Provincial consideraba que en la indagación no había personas que gozaran de fuero, debió desplazar la investigación a un fiscal de primer nivel para que continúe con la investigación, desestime o inicie la instrucción.

Mil Hojas tampoco ha encontrado respuesta a este interrogante de por qué el Fiscal decidió derivar unas investigaciones y archivar de entrada otras.

En consecuencia, la Corte Provincial de Justicia del Guayas envió los expedientes a la Fiscalía General del Estado rechazando el archivo y solicitando se sirva designar al fiscal de primer nivel que investigue los casos de uso doloso de documento falso.

El fiscal Galo Chiriboga respondió esta solicitud de la Corte Provincial ratificando el dictamen abstentivo del fiscal provincial Ponce en sendos oficios del 13 de mayo sobre las investigación abierta por el IRP DAPyA-0021-2013 (Involucrados: Jairala, funcionarios y  DOCUCENT S.A.) y el día 4 de junio sobre aquellas relativas a los IRP DAPyA-0018-2013 y DAPyA-0022-2018.

La reacción del Juez Aguayo, Presidente de la Corte Provincial del Guayas, fue rápida.  El 29 de mayo de 2015 aceptó archivar el expediente No. 09100-2014-0005G vinculado al IRP DAPyA-0021-2013 y con aún mayor celeridad el 11 de junio de 2015 aceptó el archivo de los expedientes 09100-2014-0004G y 09100-2014-0025G vinculados a los IRP DAPyA-0018-2013 y DAPyA-0022-2013.

¿Cuáles fueron los convincentes argumentos del Fiscal General del Estado Galo Chiriboga que lograron dar al traste con la corrupción?

Los argumentos de Chiriboga se repiten con poca diferencia en casi todos sus oficios.  Los hemos clasificado como argumentos de principio y particulares (aunque los particulares son reiterativos)
El argumento de fondo es señalar que en todos los casos la Contraloría implica al Prefecto y funcionarios en el delito de peculado atenuado, el cual era un delito en el Código Penal anterior y como en agosto de 2014 entró en vigencia el nuevo Código Orgánico Integral Penal donde desaparece la figura de Peculado Atenuado el delito ya no existía por Principio de Favorabilidad se debía archivar pues ya no había delito que perseguir.  Para el mismo propósito el Fiscal reivindica el archivo en función de los principios de oportunidad y mínima intervención penal. Además, en tales oficios, Chiriboga le recuerda a la Corte Provincial del Guayas que, por ley, la Fiscalía General es la única que puede ejercer la acción penal pública y que en un sistema acusatorio como el ecuatoriano se impide al juzgador desoír al titular del ejercicio de la acción penal. 

Un aspecto destacable es que pese a que la Fiscalía del Guayas recibió todos los informes a mediados de 2013 esperó a que entre en vigencia el nuevo COIP donde desaparecía el delito de Peculado Atenuado para actuar en esos procesos y solicitar el archivo apelando al Principio de Favorabilidad.  Recordemos que el COIP se publicó a inicios de 2014 pero había que esperar seis meses para que entre en plena vigencia.

En lo “específico” el Fiscal General Galo Chiriboga se hace eco de la argumentación del Fiscal Provincial Ponce que usualmente sigue el mismo formato: Rechaza los indicios de favorabilidad en la contratación de la compañía a la que se declaró adjudicataria. Rechaza que los miembros de la comisión y subcomisión de la Prefectura del Guayas encargadas de la contratación hayan actuado con dolo, que es el elemento indispensable para la presunción de peculado. Señala que a final de cuentas la obra fue ejecutada y entregada, lo cual es aceptado por el propio informe de la Contraloría, más allá de los reportes de irregularidades tales como documentación adulterada. Reitera que no hay indicios contra Jimmy Jairala Vallaza y su equipo, por lo que desestima la «noticia del delito» de acuerdo a los Arts. 38 y 39 del Código de Procedimiento Penal. Solicita al Presidente de la Corte de Justicia Provincial que disponga el archivo correspondiente.

El Presidente de la Corte Provincial del Guayas, Julio Aguayo, aceptó todos y cada uno de los archivos solicitados, haciéndose eco de la argumentación del fiscal general: el delito de peculado atenuado no existe en el actual Código Penal.   Finalmente indica que no tendría caso negar un archivo solicitado por el fiscal general del Estado, pues teniendo la Fiscalía el monopolio de la acción penal y siendo además una entidad autónoma e indivisible cuya máxima autoridad era Chiriboga no habría ningún fiscal o ningún ente que pudiera llevar adelante un proceso cuyo archivo éste hubiera solicitado.
Aguayo refuerza su actuación con un pronunciamiento de la Corte Nacional de Justicia en el sentido de que la opinión de la Fiscalía General como máxima autoridad es vinculante para el órgano jurisdiccional penal.

Se archiva o se archiva

De los 33 informes enviados por contraloría a la Fiscalía Provincial del Guayas, 21 que implicaban a Jairala fueron archivados directamente por el fiscal provincial Ponce o por el fiscal general Chiriboga, pero 12 informes más fueron derivados a fiscales de nivel por temas de fuero de corte.  Las Fiscalías del Administración Pública 2, Administración Pública 3, Administración Pública 5, Fe Pública 5 y Soluciones Rápidas 1 fueron sus receptoras.

A ese nivel ya no aparecía sindicado Jimmy Jairala pero si varios de sus funcionarios y cercanos colaboradores en la Prefectura.  Hay varios funcionarios que repiten en casi todos los procesos como Amada Pamela Aguilera Romero, Segundo León López, Ana Rosa Mite, Freddy Vásquez Baque, Edward Lamadrid Lamilla y Alfredo Aguilera Negrón.

Lea aquí: Ruta y destino de los IRP DAPyA15

El destino de la mayor parte de estos casos también ha sido el archivo.  Existen excepciones.  Mil Hojas tiene documentados dos casos, en ambos, el mismo fiscal Pedro Intriago Briones solicitó el archivo.  En el caso derivado del IRP DAPyA-0015-201p3 el juzgado le concedió el archivo pero una funcionaria en representación de la Contraloría presentó ante la Corte Constitucional un Recurso Extraordinario de Protección contra el archivo.

En el otro caso, la Juez de la Unidad Penal uno de Unidad Judicial Norte de Guayaquil negó la solicitud de archivo y envió el expediente a estudio del actual Fiscal Provincial del Guayas, Edmundo Briones.  En la página del Consejo de la Judicatura aún no se registra su pronunciamiento al respecto.

¿Y las empresas contratistas?

La Contraloría detectó que la Prefectura del Guayas contrataba a empresas y personas naturales relacionadas unas con otras, pero no fue más allá en cuanto a investigar las presuntas vinculaciones entre varias de estas contratistas a las que se les entregó millones de dólares en contratos, no estableció ninguna conclusión en cuanto a las implicaciones que ello podría tener en el eventual cometimiento de otros delitos. Tampoco se conoce si el organismo de control inició algún examen de control para investigar esta práctica de contratar a empresas relacionadas.

En sus conclusiones generales sobre todos los procesos precontractuales y contractuales analizados, la Contraloría dice que el gobierno seccional contrata con empresas y personas naturales relacionadas unas con otras: “analizadas las invitaciones efectuadas bajo la declaratoria de emergencia, se observa que los representantes legales y los accionistas de una compañía están relacionados con otras, aspecto que se evidenció de la documentación proporcionada por la Superintendencia de Compañías; las personas delegadas por los contratistas, para que asistan a las verificaciones físicas de las obras, trabajaban para varias compañías o eran representantes legales de otras”.

Mil Hojas pudo constatar que en los casos analizados el 60% de las empresas contratistas son ya han sido disueltas.  De hecho, la mayor parte de ellas ni siquiera duró un año con lo que no presentaron balances ni informes a la Superintendencia de Compañías.  Estas empresas tienen además accionistas y representantes legales relacionados.

Por otro lado, las empresas que duraron más de un año, continuaron contratando con la Prefectura del Guayas pese a las observaciones de la Contraloría General del Estado y de tener procesos en la Fiscalía por causas como falsificación de documentos en el marco de procesos de cotización, licitación y contratación con dicha institución.