Autor: mh

Por Gonzalo Guillén*
Foto del 4 de septiembre de 2017 cuando el jefe negociador del Gobierno de Colombia, Juan Camilo Restrepo (izquierda) y el jefe negociador del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Pablo Beltrán (derecha),  en el Salón Los Próceres de la Cancillería ecuatoriana, en Quito, anunciaron la firma por parte del gobierno de Colombia y del ELN  de un acuerdo de cese al fuego bilateral  a partir del 1 de octubre. Foto: AFP
Después de la reciente desaparición de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, ahora el Ejército de Liberación Nacional, ELN, es, en tamaño, la primera –y única– guerrilla del país. Se trata de un grupo clandestino armado y preparado para la guerra, brutal y marginal. La personalidad de sus miembros está limitada por un mazacote de creencias secretistas de marxismo ciego, cristianismo obcecado y fervor sangriento e insaciable.
Sus militantes, calculados en 1.500, van a la muerte con la obediencia y la misma inspiración suicida con las que en noviembre de 1978 se quitaron la vida simultáneamente 918 personas en Jonestown, Guyana (limítrofe con Venezuela), bebiendo veneno preparado en una olla comunal que durante el culto les repartió el pastor evangélico estadounidense Jim Jones, de El Templo del Pueblo. El reverendo sucumbió de último para correr alcanzar a los demás en el camino al Cielo.
Suicidio colectivo de 918 personas en Jonestown, Guyana en 1978.
Jim Jones reclutaba incautos para que lo acompañaran a luchar con ardor por la justicia y a construir un mundo mejor. Fundó El Templo del Pueblo en Indianápolis (Indiana), lo trasladó a San Francisco (California) con su congregación de fieles completa y, por último, condujo a todos hasta la amazónica y primitiva Guyana. Llegó con cerca de 900 personas y construyó con palma y tablones una ciudadela entre la selva húmeda y abrasadora que desde el comienzo fue un "paraíso socialista" en el que reinó la idea de la igualdad económica y racial absoluta. Los creyentes trabajaban la tierra en granjas que les proveían los alimentos y, de cuando en cuando, asistían a liturgias nocturnas que el reverendo denominó "noches blancas", en las que las plegarias se mezclaban con maldiciones contra los "traidores cerdos capitalistas" y en algunas oportunidades simulaban suicidios preparatorios con cianuro de potasio. Entre las grandes metas de la hermandad que después de un tiempo fueron trazadas estaba la de huir a la Unión Soviética o quedarse en Guyana para cometer un "suicidio revolucionario". La fe, el valor, el espíritu de sacrificio, la convicción y la obediencia (como en el ELN), llevaron a que el 18 de noviembre de 1975 el rebaño entero comenzara a ingerir buches de cianuro mientras el pastor Jones gritaba en estado de trance sincero: "Acabemos con esto ya, acabemos con esta agonía". Para resolver la disyuntiva revolucionaria universal de "vencer o morir", optaron, voluntariamente, por la segunda.
En el ELN se obedece con la abnegación y la disciplina del rebaño de Jones y quienes han intentado alegar razones propias sobre la doctrina originaria han sido fusilados. Porque la venerable enseñanza revolucionaria no se discute, sino que se defiende en cualquier tipo de confrontación y se acata conforme a la voluntad inmodificable de los padres fundadores, entre quienes subsiste, por encima de todos, el carismático sacerdote católico Camilo Torres Restrepo, aristócrata bogotano que murió en 1963, a la edad de 34 años, durante el primer combate al que fue mientras trataba de accionar un revólver oxidado y de mantener encendida su pipa de embocadura de plata pura, cargada con picadura de manzana.
Mural recordatorio del Cura Pérez.
En 1973, tras una purga tan doctrinaria como sangrienta, ascendió a la directiva central un sacerdote católico español, célebre por sus satisfacciones sexuales viciosas, llamado Gregorio Manuel Pérez Martínez, quien adoptó el nombre de guerra de "Poliarco" y en 1980 se coronó como sumo pontífice de aquella secta insurgente cristiano-castrista-marxista. Había Nacido en Alfamén, en el Campo de Carimeña (Zaragoza), en 1943. Fue ordenado en Roma por el Papa Pablo VI y se vinculó a la Obra de Cooperación Sacerdotal Hispano-Americana (OCSHA) que lo trajo a Colombia, acompañado de otros dos curas españoles desaforados y aventureros: Domingo Laín y José Antonio Jiménez. Los tres se incorporaron con la fe del carbonero a la lucha a muerte, pero redentora, del ELN. Optaron por tratar de redimir al mundo mediante la construcción de un paraíso forjado con homicidios ejemplarizantes, adoctrinamiento forzado, secuestros extorsivos, justicia social y saqueos sistemáticos. Como en Las Cruzadas cristianas, no dejaron de decapitar sin miramientos a los contradictores declarados de su fe o a quienes dieran trazas de llegar a serlo. Obraban como iluminados por los rayos misteriosos de Carlos Marx, Fidel Castro y Jesucristo; sus armas eran utilizadas en nombre del pueblo, al que debían redimir o masacrar si se oponía a recibir el beneficio que, como los tres Reyes Magos, vinieron a darnos, siguiendo la luz de la estrella de la revolución cubana. Asaltaban bancos para repartirse el dinero entre ellos mismos y algo entre el pueblo. Azotaron al país con una racha eterna de secuestros de personas a las que dejan en la ruina para poder comprar su libertad personal. Llegaron alguna vez al extremo de comprarles secuestrados a la Policía y a otras bandas criminales en vista de que sus propias fuerzas armadas no daban abasto.

El ELN ha cometido masacres y crímenes atroces sin cesar. El que más me conmueve a mí es la masacre en la población de Machuca (Antioquia), en octubre de 1989, donde, en nombre de sus dioses y de la salvación del mundo que les fue encomendada por ellos, dinamitaron el oleoducto que pasa por un lado del caserío.  El flujo de combustible que corría por dentro se incendió al salir a borbotones y las llamaradas devoraron las 46 casas y a los 84 humildes campesinos del poblado que las habitaban. La mitad de los muertos fueron niños.
Nicolás Rodríguez Bautista alias Gabino. Foto: ELN Ranpal
Hoy, el jefe supremo es Nicolás Rodríguez Bautista, "Gabino", de 68 años de edad, de los cuales lleva 54 en la militancia, pues llegó siendo un niño de 14. En 1983 preparó el “Primer Congreso Héroes y Mártires de Anorí”, en el que fue ascendido a la jefatura militar de la organización y segundo al mando, después del cura Pérez. Anorí es el nombre de la población del departamento de Antioquia en la que la V Brigada del Ejército cercó al ELN entre el 7 y el 18 de octubre de 1973 y dio un parte de victoria anunciando la derrota total de esa guerrilla. Fue una acción militar aplaudida en todo el continente, en la que el coronel Hernán Hurtado Vallejo desplegó una brillante maniobra táctico-estratégica con las primeras tropas contraguerrilleras propiamente dichas que tuvo Colombia. Fueron abatidos 80 guerrilleros, entre ellos los jefes Manuel y Antonio Vásquez Castaño, y 50 insurgentes fueron detenidos. Pero, a la postre, no fue el fin del ELN sino que los sobrevivientes se reagruparon con la categoría de héroes y volvieron a sus andadas.
La canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa reafirmó su apoyo a la comisión de paz colombiana en el proceso de diálogo. Foto: cancilleria.gob.ec
Las células del ELN hoy operan en cerca de la mitad de Colombia y una zona de Venezuela, donde prestan servicios sicariales a la “revolución bolivariana” y les dan mantenimiento y protección a las rutas de tráfico de cocaína del Cartel de los Soles, regido por altos dignatarios y encumbrados generales del régimen de Nicolás Maduro. Ha ofrecido la paz de manera recurrente y los últimos gobiernos de Colombia se han sentado con sus voceros en múltiples mesas de negociación que invariablemente terminaron convertidas en diálogos de sordos. Durante las negociaciones recientes que culminaron felizmente en La Habana con las FARC hubo un nuevo intento fallido por incluir al ELN en los acuerdos finales. No obstante, el mesianismo, el fundamentalismo y la fe ciega en su alucinada revolucionaria cristiano-castrista, lo dejaron rezagado de la historia. Empero, sus eficaces células criminales continúan activas, propinando golpes certeros en los que asesinan cantidades asombrosas de militares y policías.

Las posibilidades de hacer la paz con el ELN por la vía del diálogo quedaron por fuera de los mecanismos y del tiempo que le concedió a la paz el recién salido presidente Juan Manuel Santos. No quedó otro camino que la guerra a muerte, pero en circunstancias que van a ser más feroces para esta organización, perdida en los meandros de la locura y el fanatismo, puesto que ahora el poder de fuego del estado se ha centrado en ella. Con el agravante de que el presidente actual, Iván Duque, es el coime mudo, sumiso y rendido que cuida del garito del belicoso y enardecido líder de la extrema derecha, Álvaro Uribe, cuya fascinación con la muerte y el lucro fácil que deja la sangre de la guerra son idénticos a los del ELN.

El ELN sabe lo que le espera. Pero lo desea porque es con el fuego y la muerte en la guerra que se desarrolla su vocación para resistir hasta el día imaginado en que llegarán la redención nacional completa y la felicidad revolucionaria definitiva. Se hacen matar por alcanzar el paraíso de sus anhelos, como el Estado Islámico, que recluta y aliena niños para convertirlos en asesinos sagrados de Alá, misioneros de la revolución, a quienes sus propios padres entregan para que sirvan a la causa y preferiblemente mueran en ella.
Cuando sus almas lleguen al cielo, Dios, Marx y Fidel Castro los recibirán. Les reconocerán su sacrificio a los mártires del ELN, quienes entrarán, por fin, a la eternidad. En ese momento, de acuerdo con los cálculos de ellos mismos, Colombia estará entregada a honrar su memoria con ceremonias y estatuas y monumentos en todas las plazas y parques del país.
Hasta entonces, para ellos no hay sino una de dos: “vencer o morir”.

Gonzalo Guillén* Ha sido distinguido con varios premios entre ellos el de la Asociación de Editores de Periódicos del Estado de Florida, Usa y el Premio Internacional de Periodismo Rey de España. Su trabajo le permtió conocer a la región el caso de "Los falsos positivos" en el gobierno de Álvaro Uribe. Fue editor general de diario El Universo en Guayaquil.

La administración estatal de las empresas que tan pomposamente el Gobierno de Rafael Correa incautó, bajo el discurso de lucha contra la corrupción de los banqueros beneficiados por el salvataje bancario, no estuvo exenta de irregularidades durante la revolución ciudadana.
Otra investigación por peculado enfrenta Pedro Delgado, primo de Correa, por sus actuaciones cuando presidió la Junta del Fideicomiso AGD-CFN No más Impunidad. En esta trama no está solo. La Fiscalía investiga también a Camilo Samán Salem, ex presidente de la Corporación Financiera Nacional (CFN) y ex miembro de la Junta del mencionado Fideicomiso, así como al Gral.  en servicio pasivo de la FAE, Alonso Espinoza Romero y su ex esposa Dalila Vargas.
El caso ha estado en manos de la Fiscalía desde hace tres años. Es decir, en todo este tiempo no se decidió ni archivar el caso ni formular cargos a ninguno de los investigados.
Hasta el momento, la investigación previa se realiza a las presuntas irregularidades en la valoración y venta de la empresa Minga S.A., que fue propiedad del Fideicomiso Mercantil AGD-CFN No más impunidad, tras su incautación.
El caso se origina en un examen especial de la Contraloría General del Estado (N° DAAC-0300-2015), remitido al entonces fiscal general, Galo Chiriboga, el 17 de diciembre de 2015.
Al momento, la agente Fiscal Jéssica Córdova, de la Unidad de Flagrancia, está a cargo de la investigación de este tema en el que la Contraloría ya determinó Indicios de Responsabilidad Penal (IRP), al identificar desde irregularidades en la contratación de los administradores no solo de Minga sino además de Pacific Oil S.A. y Siano S.A (también compañías incautadas), hasta omisiones en sus procesos de venta, como deudas que mantenían con el Estado.

Informe de Indicios de Responsabilidad Penal N° DAAC-0300-2015- del Examen Especial a la Administración de compañías Minga S.A. y Pacific Oil S.A. y a los procesos de valoración y venta de acciones de las empresas Minga S.A., Pacific Oil S.A. y Siano S.A.

Anexo al informe de Contraloria No DAAC-0300-2015, contiene la documentación de sustento que permitió emitir la responsabilidad penal en el venta de la empresa incautada
La Contraloría determinó que Delgado, quien hasta hace 6 años fuera defendido por Correa, cuando ya se lo relacionaba con otros actos reñidos con la ley, aprobó junto a Samán, el 7 de noviembre de 2011, de manera ilegal la entrega de la administración de Minga S.A. a la empresa Danielcom Equipment & Supply S.A., representada por Dalila Vargas Guerra.
Minga es una empresa de servicicios petroleros que empezó a operar en 1977, construye plataformas para pozos, centrales de procesamiento y otras facilidades. Foto: Minga
Tal autorización se tomó sobre la base de un informe elaborado por el cuñado de Delgado: Francisco Endara Clavijo, entonces Coordinador General de la Secretaria Técnica del Fideicomiso AGD – CFN.
Endara junto a Delgado ya fueron sentenciados en 2014 a ocho años de reclusión por peculado bancario en el caso Cofiec, en el cual se benefició al ciudadano argentino, Gastón Duzac, con un crédito concedido de manera ilícita por $800.000. En enero de 2017 la Corte Nacional de Justicia ratificó esta sentencia, en casación, para Delgado, Endara y tres personas más. Ya en este caso apareció involucrada Minga por la concesión ilegal de créditos vinculados por parte de Cofiec a favor de empresas administradas por el Fideicomiso AGD-CFN No más Impunidad. Se determinó que esos créditos vulneraron la Ley general de instituciones del sistema financiero, en su título IX, Capitulo III.
Delgado, quien falsificó su título de economista, viajó a Miami en diciembre de 2012 al matrimonio de su hijo y no volvió. Este 8 de enero, en otro proceso penal en su contra, fue condenado a 5 años de prisión por enriquecimiento ilícito.
De regreso a las actuaciones oficiales sobre Minga S.A. y Danielcom, el informe favorable que emitió Endara en relación a la entrega de la administración de Minga se dio tras una propuesta que presentó la gerente de Danielcom Equipment & Supply S.A., Dalila Vargas, sin que exista ninguna convocatoria. Además Danielcom, a través de Vargas, conoció los detalles de la valoración y el proceso de venta de Minga S.A., antes de la publicación por la prensa del concurso de ofertas. Y con esta información privilegiada accedió a un crédito de la CFN para comprar Minga.

Vargas, ex esposa del Gral. Alonso Espinoza Romero, ex comandante de operaciones y defensa de la FAE, aparece también en un Informe del Banco Central del Ecuador (BCE) y del Ministerio de Relaciones Laborales (sobre el cumplimiento de tareas oficiales en el exterior) presentado por Pedro Delgado, cuando fue presidente del BCE, como parte de la comitiva gubernamental que viajó a Irán el 14 de febrero de 2012. Vargas ha negado su participación en este viaje, pero aceptó ante la prensa nacional que su hijo Alonso Espinoza Vargas y su esposo, Francisco Avilés, sí participaron. Ellos han dicho que fueron a Irán a buscar financiamiento o alianzas para fortalecer la situación financiera de Minga, lo cual nunca se consiguió.
Estas decisiones irregulares en torno a Minga y otras incautadas es una de las muchas papas calientes que la Fiscalía mantiene en sus manos. Expertos penalistas explican que si bien, judicialmente el peculado es un delito que no prescribe, por lo que una investigación previa puede durar más de dos años, desde el ámbito administrativo es una omisión y una falta grave de la Fiscalía no haber despachado este caso, peor aún al tratarse de peculado.
Pedro Delgado fue pilar fundamental de Rafael Correa en los negocios del Fideicomiso AGD No mas impunidad. La Fiscalía General del Estado en manos de Galo Chiriboga se encargó de anular cualquier investigación de los primos Correa-Delgado
Camilo Saman salió de la esfera pública luego de su gestión en la Corporación Financiera Nacional.
Cómo se tejió esta maraña?
En el 2008 la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), con Carlos Bravo a la cabeza, organizó y ejecutó procesos generales de incautación a las empresas del grupo Isaías, así como también a empresas que las autoridades consideraron vinculadas al extinto Banco de Préstamos.
Sobre este segundo grupo, el 27 de agosto de 2008 la AGD (mediante Resolución AGD-GG-2008-43), dispuso la incautación de todos los bienes que sean de público conocimiento de propiedad de los ex administradores y/o ex accionistas de Banco de Préstamos, en la cual se incluyó a Minga S.A., Pacific Oil S.A. y Siano S.A; para que sus recursos sean transferidos a un fideicomiso en garantía hasta que se pruebe su real propiedad. Mientras tanto estableció que dichas empresas sean administradas por el presidente ejecutivo de Petroecuador.
Entonces se delegó al contralmirante Luis Jaramillo Arias, como primer administrador de Minga ya que él presidía la petrolera estatal. Minga contaba con más 30 años de experiencia en la representación de fabricantes nacionales y extranjeros de equipos petroleros, así como en servicios de mantenimiento y operación de maquinaria para ese sector.
La AGD (mediante Resolución AGD-UIO-GG-2009-018) el 3 de febrero de 2009, declaró que la compañía Minga S.A. era de propiedad de los accionistas del Banco de Prestamos y resolvió que la totalidad del paquete accionario pasara a la AGD. El 18 de marzo y el 20 de agosto de 2009 (con resoluciones AGD-UIO-GG-2009-029 y AGD-UIO-GG-2009-90) respectivamente, se resolvió lo mismo en relación a Pacific Oil S.A. y a Siano S.A.

En el caso de Minga, desde el 19 de mayo de 2009, fecha en que sus acciones pasaron al Fideicomiso Mercantil AGD-CFN No Más Impunidad, hasta el 2011, la compañía estuvo administrada por varios gerentes nombrados por la Junta del Fideicomiso, función cumplida únicamente con el nombramiento respectivo.
Pero luego, este modus operandi cambió. Tras una denuncia presentada el 26 de diciembre de 2013, en la Contraloría, en la Presidencia de la República, Superintendencia de Bancos y Fiscalía General, por parte de familiares del ex accionista del Banco de Préstamos ya liquidado, el organismo de control investigó (entre el 19 de marzo de 2009 y el 31 de julio  de  2014) los antecedentes que permitieron a Danielcom hacerse cargo de la administración de Minga y sus procesos de valoración y venta.
En su informe, la Contraloría detalló cómo Danielcom, sin que exista una invitación a presentar ofertas o algún otro antecedente formal de que se requería contratar servicios de administración para Minga, el 20 de septiembre de 2011, dirigió un oficio a Francisco Endara, entonces coordinador de la Secretaria Técnica del Fideicomiso AGD-CFN, con una propuesta para operar Minga S.A., Pacific Oil S.A., Inmopetrosa S.A. y Servicios Technicos Petroleros del Ecuador NV.  
Ya desde esta propuesta para asumir la administración de Minga, Dalila Vargas, gerente de Danielcom, planteó a Endara que se le dé la primera opción de compra de Minga. Es decir, aún no se hacía cargo del manejo de la empresa incautada y ya quería un trato preferencial para el proceso de compra.
Luego, a partir de varias reuniones entre los ejecutivos de Danielcom y personal del Fideicomiso AGD-CFN, el 11 de octubre de 2011 aquella empresa presentó una segunda propuesta en la que incluso sugirió acciones a cumplir para ejecutar el contrato de administración. “Y el Coordinador de la Secretaría Técnica del Fideicomiso AGD – CFN (STF), el 28 de octubre de 2011, solicitó la aprobación de la propuesta de Danielcom para la administración y operación de Minga S.A. y Pacific Oil S.A., en base a los análisis financiero y legal realizados”.
Por lo tanto, la Contraloría observó que “existieron reuniones con los ejecutivos de Danielcom, sin que de esto exista evidencia documental de los puntos a tratarse, previo a la firma del contrato de prestación de servicios de administración de Minga S.A. y Pacific Oil S.A.”
En menos de un mes de estas conversaciones la Junta del Fideicomiso ordenó a la CFN, (fiduciaria que manejaba las empresas) que contrate los servicios de administración de Danielcom.
Por todo esto, la Contraloría estableció que “los miembros  de la Junta, con votos a favor de Pedro Miguel Delgado Campaña y Juan Camilo Samán Salem, y voto en contra de Carlos Arsenio Larco Velasteguí, mediante resolución de Junta Virtual 74.08-01 del 7 de noviembre de 2011, aprobaron e instruyeron a la Fiduciaria (CFN), celebrar un "Contrato de Prestación de Administración y Operación" por parte de Danielcom de las empresas MINGA S.A. y PACIFIC OIL S.A., en base al informe realizado por el Coordinador General de la Secretaría Técnica del Fideicomiso, Jaime Francisco Endara Clavijo, respecto de la propuesta de la empresa administradora, sin previo requerimiento o convocatoria del Fideicomiso”.
Es así que el 1 de diciembre de 2011, José Gabriel Apolo, apoderado del Gerente de la CFN, y Dalila Vargas, gerente de Danielcom, firmaron el mencionado contrato con un plazo de 7 años y un valor correspondiente al 25% de las utilidades anuales para Danielcom, garantizándole además la primera opción de compra. Pese a que el Gral (p) Alonso Espinoza en una entrevista concedida al portal La Fuente (28 de agosto de 2018) niega que haya existido una primera y preferente opción de compra para Danielcom, esto sí consta en la cláusula séptima: “DANIELCOM EQUIPMENT SUPPLY S.A. por efecto de este contrato tendrá el derecho a la primera opción para adquirir a la COMPAÑÍA ADMINISTRADA, bajo, el esquema legal correspondiente (venta de activos y pasivos o cesión del cien por ciento de las acciones)…”

Un detalle en este capítulo del manejo oficial de las empresas incautadas, y que no consta en el informe de Contraloría, es que a diciembre de 2011, la principal accionista de Danielcom era la compañía Almara Corp. S.A., con el 71,29 %. El Gral. Alonso Espinoza Romero tenía el 25% del paquete accionario de Almara Corp. y en ese entonces aún se encontraba en servicio activo, es decir era un funcionario público. Pasó al servicio pasivo desde el 12 de octubre de 2012.
Lo que sí determinó la Contraloría es que todo este proceso no cumplió con las modalidades de negociación establecidas en el Reglamento para la Negociación de Bienes de las instituciones del Sistema Financiero sometidas al Control de AGD o de su propiedad.
También en la fase de valoración de Minga, para su posterior venta, se registraron anomalías, según el IRP de la Contraloría. El 20 de agosto de 2013 la Junta de Fideicomiso resolvió contratar a la firma Peritajes, Avalúos e Ingeniería (Pavaing S.A.) para la valoración de los paquetes accionarios de 24 empresas incautadas. Ese mismo día la CFN y Pavaing firmaron un contrato por $10.750, con un plazo de 20, días para que la avaluadora actualice el valor comercial de Minga.
Un primer elemento que llamó la atención fue que el informe de valoración tiene fecha 17 de agosto de 2013, es decir, estuvo listo 3 días antes de la firma del contrato. Otra inconsistencia: el asesor administrativo de la Secretaría Técnica presentó su informe sobre el trabajo de Pavaing a la Junta del Fideicomiso el 16 de agosto de 2013, cuatro días antes de la firma del contrato, documento en el que además ya se recomienda que para la negociación de Minga se utilice la valoración de $882.853,34. Ósea antes de firmar con la avaluadora ya estaba decidido el valor base para la venta.
En el avalúo se expusieron tres metodologías de trabajo:
Dentro de la valoración por patrimonio se presentó el sistema de valoración en libros (resultado de dividir el valor del patrimonio para el número de acciones), por el cual se determinó la cifra de $882.853,34, mientras que por el sistema de valor patrimonial ajustado, el avalúo fue de $1’312.073,52.
Sobre la valoración de mercado Pavaing indicó que no había una empresa de similares condiciones a las de Minga y que por eso no se emitía una proyección en ese sentido. Y por el método de flujos descontados (flujos de dinero que se puedan generar en el futuro) se presentaron tres escenarios. El optimista estimó un valor de $1’045.676,88; el normal, $123.021,13 y el pesimista, – $1’179.139,35.
La Contraloría resaltó las significativas variaciones de los resultados con el método de flujos descontados, como por ejemplo la diferencia entre el escenario optimista y el escenario normal que fue de $922 655,75.
El 5 septiembre de 2013, la Junta del Fideicomiso aprobó las valoraciones hechas por Pavaing a más de una veintena de empresas incautadas, entre ellas Minga:
El órgano de control recalcó que en el valor utilizado como precio base para el proceso de venta de Minga no se consideró que se trataba de una empresa activa, con operaciones y negocio en marcha; únicamente se valoró sus bienes y obligaciones.
El mismo día (5 de septiembre de 2013), la Junta del Fideicomiso (con resolución JV 135.01.02) ordenó al Comité de Subastas llamar a concurso de ofertas en sobre cerrado para la venta de Minga.
La convocatoria por la prensa se hizo el 7 de octubre del 2013 y el 15 de ese mismo mes se receptó la única oferta participante en el concurso: la de Danielcom.
La Contraloría reveló que Danielcom, que hasta entonces administraba Minga, conoció de los procesos de valoración y venta de la incautada, a través de su representante legal, Dalila Vargas, antes de la publicación del concurso público, lo que se evidenció en una comunicación del 9 de septiembre de 2013, remitida a la CFN, en la cual Vargas solicitó la venta del Certificado de Pasivo Garantizado (CPG) para con ello poder adquirir el 100% del paquete accionario de Minga S.A. Es decir, 28 días antes de la publicación del llamado al concurso.
Danielcom recibió un crédito de la CFN por $706.282,67 en CPG, que junto a $188.717,33 que pagó con cheques certificados completó $895.000 con los que adquirió Minga. El Gral (p) Alonso Espinoza Romero, en calidad de presidente de Danielcom, en noviembre de 2013, dirigió un comunicado al Comité de Subastas para dejar constancia de los pagos de la cifra mencionada.
El 4 de noviembre de 2013 Minga pasó a ser propiedad de Danielcom, pese a que esta compañía al haber sido su administradora estaba prohibida de participar en el concurso, pues la junta del fideicomiso AGD expidió una norma que impedía a personas naturales o jurídicas relacionadas con Minga acceder a su propiedad.
Este no era el único impedimento que tenía Danielcom. El 14 de octubre de 2013, un día antes del remate, el entonces Superintendente de Bancos, Pedro Solines pidió (con oficio No.SBS-2013-733) a Katia Torres, representante legal del Fideicomiso AGD-CFN, suspender el concurso de ofertas. Sus argumentos fueron los reiterados pronunciamientos de esa Superintendencia sobre la no vinculación de María Fernanda y Paulina Peñafiel al extinto Banco de Préstamos y que eso debía ser considerado en cualquier acción que tomara el Fideicomiso. Además señaló que debía revisarse la valuación de los paquetes accionarios y de los bienes para no perjudicar al Estado ni a terceros.
Once años atrás, también el ex Superintendente de Bancos, Miguel Dávila se había pronunciado por la desvinculación de Minga S.A. del Banco de Préstamos.
Ninguno de estos antecedentes se tomó en cuenta y tampoco han sido mencionados en los informes de Contraloría. Lo que este organismo evidenció fue que la vigencia de la publicación del concurso para la venta no solo de Minga, sino también de Pacific Oil y Siano, tuvo un plazo de 8 días calendario, es decir, la mitad del tiempo establecido en la norma, por lo que la Contraloría determinó que con ello se limitó la posibilidad de participación de otros posibles oferentes.
COFIEC dio un crédito a Minga que no fue pagado por Danielcom
Cuando Minga S.A. aún era administrada por el Fideicomiso AGD-CFN adquirió una deuda que no se tomó en cuenta al momento de vender la empresa a Danielcom, generando con ello un perjuicio al Estado. Esta irregularidad fue ya identificada por la Contraloría mediante su examen DAAC-0302-2015, cuyo informe sirvió de base para el informe (DAAC-0300-2015) con Indicios de Responsabilidad Penal (IRP).
El 6 de abril de 2011 la gerencia de Minga S.A. firmó un pagaré a la orden del Fideicomiso AGD-CFN por $300.000 con un plazo de 180 días y una tasa de interés fija de 8,65%.
En la contabilidad de Minga S.A. se registró el préstamo, en la cuenta por pagar banco COFIEC, de propiedad del Fideicomiso AGD-CFN, mediante comprobante de ingreso (#0001915) de 14 de abril de 2011.
Luego, con comprobante de Diario (#0025225) de 31 de julio de 2011, la contadora de Minga S.A. reclasificó el registro del crédito a la cuenta “Otras Cuentas por Pagar”, con detalle: “Préstamo otorgado por la STF” (Secretaría Técnica del Fideicomiso).
La deuda de $300 mil fue adquirida por la falta de recursos de Minga para cumplir sus obligaciones contractuales. Este detalle hay que tomar en cuenta más adelante porque explicará otros cuestionamientos de la Contraloría a la forma en que la administración de Minga (cuando estuvo en manos de Petroecuador) manejó un contrato de importación de equipos petroleros, sin tener recursos suficientes para asumir esa responsabilidad.
Volviendo a la deuda, cuando se firmó el contrato de venta del 100% de acciones de Minga (4 de noviembre de 2013), entre la CFN y el representante de Danielcom, no se consideró la liquidación de los $300 mil, como una de las obligaciones de la empresa con el Fideicomiso AGD-CFN.

Cuando la Contraloría comunicó los resultados provisionales de su examen (DAAC-0302-2015) a varias ex autoridades del Fideicomiso AGD-CFN, así como al ex gerente de Minga y a Dalila Vargas, gerente de Danielcom, esta última contestó (con oficio No. DES15-002 de 16 de enero de 2015) que “como accionista del 100% del paquete accionario de Minga S.A., reconocen los 300 000,00 USD como capital adeudado, los valores que constan en los estados financieros como provisiones por intereses de dicho documento al momento de adquisición, e intereses desde el 4 de noviembre de 2013”.
No obstante, a los 13 días de esta respuesta, la gerencia de Danielcom deslindó responsabilidades en el tema y le dijo a la Contraloría “que se debe aclarar que los valores registrados en los estados financieros de MINGA S.A. por concepto de capital e intereses adeudados al momento de su adquisición, reflejaron los valores correspondientes, sin embargo de lo cual, el Fideicomiso no consideró el mecanismo legal mediante el cual se procedería a su cancelación o compensación”.
Debido a esto el organismo de control (en su informe DAAC-0302-2015) estableció que dos funcionarios (gerentes de Negocios Fiduciarios y de Titularización) de la CFN, que es la administradora y representante legal del Fideicomiso  AGD- CFN, incumplieron al menos cinco leyes al no considerar la deuda: el artículo 103 de la Ley de Mercado de Valores, la cláusula cuarta del contrato del Fideicomiso Mercantil, el artículo 22 (literal e y h) de la Ley de Servicio Público y el artículo 77, (numeral 2, literal a) de la Ley de la Contraloría.
Llama la atención que este tema no se menciona en el informe con Indicios de Responsabilidad Penal DAAC-0300-2015 de la Contraloría.
Minga posee laboratoriosde calibración de los equipos de perforación y variedad de motores que la usa la industria petrolera
Petroecuador fue observada por manejo de contratos de importación de equipos firmados con Minga
Antes de que algunas empresas incautadas pasen a la empresa privada también se tejieron otras enredadas maniobras desde la administración estatal. En el caso de Minga dos contratos por $6,24 millones que impulsó Petroecuador fueron observados por la Contraloría por problemas en su manejo que no se habrían superado con la nueva administración de Danielcom.
Luego de que la AGD incautó todos los bienes de los supuestos ex administradores y/o ex accionistas del Banco de Préstamos (27 de agosto de 2008), en la cual se incluyó Pacific Oil S.A., Minga S.A. y Siano S.A., estas compañías fueron administradas por el presidente de Petroecuador.
La Contraloría sí analizó estos contratos en su examen DAAC-0302-2015, pero es otro tema que no se mencionó en su posterior informe con Indicios de Responsabilidad Penal (DAAC-0300-2015).
El 30 de noviembre de 2009 Petroproducción y Minga (manejada por Luis Jaramillo, como  presidente de Petroecuador) firmaron el contrato No. 2009082 y luego, el 8 de enero de 2010,   el contrato modificatorio No. 201002 para el servicio de compra, montaje y puesta en operación de 3 unidades automáticas de medición de petróleo para las estaciones Auca, Sacha y Shushufindi, por $6´241 805,83.
Entre los documentos de la contratación hay una Letra de Crédito (formulario #3) por $4,49 millones que incluyó como beneficiario a la compañía Minga Equipment & Supply Company Co., Inc., (Mesco), domiciliada en Houston y que a su vez, fue accionista de Minga S.A. (Ecuador), hasta el 13 de diciembre de 2007, es decir antes de su incautación.
El contrato modificatorio estableció el valor de $4,49 millones por provisión de equipos y $1,56 millones + IVA por servicios. Pero Minga S.A. facturó solo $1,37 millones + IVA por servicios, pues lo correspondiente a provisión de equipos se realizó directamente a través de la intermediaria Mesco Inc. (ex accionista de Minga), la cual a su vez se encargó de adquirirlos a la firma FMC Technologies.
Minga tuvo problemas en la ejecución contratactual que derivaron en discrepancias con la petrolera estatal. La Contraloría determinó que Petroproducción contrató con Minga (manejada por el presidente de Petroecuador) pese a que la empresa incautada no tenía la solvencia económica y financiera que le permita enfrentar el negocio para el cual se le había contratado.
Según lo expuesto a la Contraloría por la Gerencia de Minga S.A. (con oficio GG-AE-2014-055 de 19 de noviembre de 2014), la empresa fue notificada por Petroproducción con multas debido a retrasos en la entrega – recepción de los equipos, por lo que los estados financieros de Minga reflejaban al 31 de diciembre de 2013, una provisión (fondos para cubrir potenciales obligaciones o pérdidas) de $224.560,66 por dicho concepto.

Pero en el contrato de venta de acciones de Minga a Danielcom, no se consideró esas provisiones, pese a que cuando se hizo la valoración de su paquete accionario (31 de julio de 2013), las provisiones ya sumaban $204.905,46.
Tampoco se tomó en cuenta que estaba pendiente un proceso de mediación con la Procuraduría del Estado, solicitado el 5 de diciembre de 2012, por la gerente de Minga S.A., Dalila Vargas, quien consideraba como ilegal el cobro ilegal de multas.
Luego de la lectura final de resultados de este informe de la Contraloría, Vargas (el 29 de enero de 2015) manifestó que el contrato de cesión de acciones hacia su compañía incluyó todos los activos y pasivos reportados en la valoración, “por lo que, el Estado mal podría hoy tratar de recuperar un valor cuya expectativa es incierta y que depende de la efectividad de las gestiones que realice la actual administración…”
Al no considerar en la venta de acciones que había una mediación en trámite, la Contraloría determinó que la CFN incumplió la Ley de Mercado de Valores, la cláusula tercera del contrato del Fideicomiso Mercantil, el Reglamento de conformación y seguimiento de la Secretaría Técnica del Fideicomiso, la Ley de Servicio Público y la Ley de la Contraloría.
El equipo de control estableció además que tanto el contrato principal como el modificatorio con Petroproducción no fueron liquidados ni se firmaron las actas de entrega-recepción y otros documentos de finiquito. Ratificó su criterio de que las multas corresponden al período en el cual Minga fue propiedad del Fideicomiso Mercantil AGD y los pasivos registrados disminuyeron su patrimonio.
Para el 24 de febrero de 2015 las partes firmaron un acta de imposibilidad de llegar a un acuerdo. La mediación se dio por terminada, por lo que se desconoce cómo se hizo el finiquito del contrato y si se restituyó la deuda.
El organismo de control también estableció que no hubo evidencia de que la declaratoria de emergencia que hizo el vicepresidente de Petroproducción para justificar el contrato, mediante la figura de contratación directa, se basó en una situación motivada por peligros inminentes, daños o catástrofes en la empresa estatal.
Otro hallazgo del equipo auditor fue que Danielcom, luego de comprar el 100% del paquete accionario de Minga S.A., en el ejercicio 2013, dio de baja una deuda de su contabilidad por $237.318,89 que mantenía con otra empresa incautada por el Estado, Servicios Technicos Petroleros del Ecuador NV. Solo después de que la Contraloría le informara de este tema a Danielcom (en la entrega de los resultados provinciales de su auditoría el 7 de enero del 2015), esta empresa reversó el asiento contable. Y el 24 de abril de 2015 depositó en la cuenta corriente de Servicios Technicos Petroleros del Ecuador NV la totalidad de dicha obligación.
A qué se dedica Danielcom y quiénes son sus dueños?
Se constituyó como una compañía limitada el 29 de marzo de 1995 para la comercialización, exportación, importación y distribución de insumos químicos industriales.
El Gral (p) Alonso Espinoza Romero fue uno de sus 6 accionistas fundadores. En 1999 se transformó en sociedad anónima. Sus actuales accionistas son: Dalila Vargas y Almara Corp S.A. de propiedad de Alonso Espinoza Romero (exesposo de Vargas Guerra) y de Dalila Vargas y de los hijos de ambos: Alonso Fernando, María Alejandra y María Raquel Espinoza Vargas.
Sitio web de Danielcom
Esta empresa que hoy registra en el SRI como principal actividad la venta de maquinaria y equipos para la industria petrolera, cuenta en Ecuador con oficinas en Quito y Guayaquil. Tiene también una planta de fabricación.
En sus cifras es evidente no solo el incremento de sus ingresos luego del primer año del gobierno de la revolución ciudadana, sino también la progresiva salida de recursos al exterior. Así se refleja en sus pagos de impuesto a la renta que prácticamente se quintuplicaron entre 2007 y 2008, al pasar de $7,788.40 a $34,305.44, respectivamente. A partir de allí sus pagos de impuestos siguieron en alza, siendo 2014 y 2015 los años en que alcanzó sus mayores cifras con $246.980,12 y $204.433,75, en su orden. En 2012 llegó a su pico más alto en impuesto a la salida de capitales con $224,656.32.
Foto: Captura de video de Danielcom
Danielcom está calificada como oferente de Petroecuador y sus filiales. Ha cotizado en la Bolsa de Valores de Guayaquil y es socia de la Bolsa de Valores de Quito. Ha realizado dos emisiones de obligaciones por $1,5 millones cada una.
En el Informe de calificación de riesgos (a febrero de 2016) realizada por Class International Rating, a la segunda emisión de obligaciones de Danielcom, se señala que a esa fecha ya era pequeño holding de empresas con planes de expansión a los mercados de Perú y Colombia.
Las ventas y servicios de la compañía están dirigidas en una proporción importante hacia el sector público, específicamente empresas petroleras, lo que se consolidó en 2012. Dos años más tarde el principal cliente, que representaba más del 60% de los ingresos de la empresa era Petroamazonas EP. Para diciembre de 2015, esta estructura varió, a pesar de ser Petroamazonas su cliente más representativo con un 36,77%, la compañía cuenta con más diversidad en sus clientes, de acuerdo con la empresa calificadora.
En cuanto a los ingresos de Danielcom, Class International califica como un crecimiento inusualmente alto el registrado en el 2012: 55,91% con respecto al año anterior debido a que la compañía ganó el concurso para proveer al Bloque 31 (operado por Petroamazonas). Para los siguientes años se mantienen los incrementos en sus ingresos, pero a menor velocidad, sin embargo, durante el periodo 2012-2015, la calificadora denota una tendencia creciente, desde $9,14 millones hasta $12,34 millones.
Foto: captura de video de Danielcom
Esto se refleja en sus utilidades que desde el 2015 continuaron en ascenso. Pasaron de $830.963 a $1´005.365 en 2016, luego a $1´257.461 en 2017. Para 2018, Danielcom estima un monto de $1´586.274 y para el 2019 $ 2.25 millones, de acuerdo con la calificación de riesgos.
Al 31 de diciembre de 2015, Danielcom Equipment Supply S.A. reportó vinculaciones con otras empresas. La primera vinculación por propiedad es con Borets-ESP Services S.A, pues participa con el 20% de las acciones. Y con Minga con el 0,05% del paquete accionario.
Borets-ESP Services S.A. es una empresa de servicios petroleros que se constituyó en junio de 2015. Tiene como accionistas a dos empresas domiciliadas en países considerados como paraísos fiscales por el Servicio de Rentas Internas: Borets Services Ltd de las Islas Vírgenes Británicas que tiene el 99,9% y Chiros Investments Limited también de las Islas Vírgenes Británicas que tiene el 0,1%.
La plana gerencial de Danielcom Equipment Supply S.A presentó vinculación por administración con 7 empresas:

Danielcom ha tenido oficinas en Madrid con el nombre de DANIELCOM USA CORP SL. Se constituyó como sociedad limitada hace 6 años y 6 meses (18/04/2012). Su objeto social fue el comercio al por mayor y menor, importación y exportación, reparación y mantenimiento de instalaciones y maquinaria. Su representante fue Alonso Espinoza Vargas. Se inscribió en el Registro Mercantil de Madrid, con un capital social de 3.088 euros, con una cantidad de empleados de entre 1 y 10 y ventas de entre 250.001 y 750.000 euros.
Fue disuelta el 22 de abril de 2013.
El 2 de septiembre de 2003 en Miami (13288 Noroeste 9 Lane- 15th Street, Pompano Beach) Florida también se constituyó, como una corporación nacional con fines de lucro, DANIELCOM USA CORP. Su representante es Dalila Vargas.  Actualmente es una empresa oferente de Petroecuador.
La incautación misma de Minga está en tela de duda, la CIDH investiga
Por si fuera poco el cúmulo de las irregularidades que se están encontrando en el manejo de varias empresas incautadas, la legalidad de algunos de los embargos hechos por el correísmo tras la crisis financiera está siendo examinada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El pasado 14 de agosto la CIDH pidió información al Gobierno ecuatoriano sobre la petición presentada por María Fernanda y Paulina Peñafiel Salgado ante la Comisión (el 24 de marzo de 2009), en la que aduce que la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) inició procesos de incautación en contra de sus bienes sin que tuvieran vínculo jurídico o comercial con el extinto Banco de Préstamos. La solicitud del organismo internacional se envió al Ministro de Relaciones Exteriores, José Valencia, quien a su vez redirigió el pedido a la Procuraduría General del Estado.

2
REF- 341-09 CIDH xzxozxzoixuz oxzxzxpxxoizxu ozuxoz xiozuxioz oixuzixuiozxuoiziuxz xiozuxozuxoziux

El 12 de septiembre de 2018, la Dirección Nacional de Derechos Humanos de la Procuraduría (oficio #00587), señaló al Superintendente de Bancos, Juan Carlos Novoa, que María Fernanda Peñafiel y 21 miembros adicionales de su familia han denunciado violaciones a 10 artículos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Por lo que pidió al Superintendente la entrega de una certificación de que María Fernanda Peñafiel y sus familiares, (entre ellos su hermana, Paulina, los esposos e hijos de ambas) han ostentado la calidad de accionistas o administradores del liquidado Banco de Préstamos.

Oficio # 00587x zoxizuxoziuxozuxoizuxozux
La Superintendencia en su primera respuesta del 25 de septiembre pasado se limitó a indicar que es el Banco Central del Ecuador el cesionario y sucesor de las instituciones financieras liquidadas tras la crisis bancaria. Pero el primero de octubre de ese año, envió un alcance de su respuesta en el que señaló que “involuntariamente” ha omitido justamente lo que solicitaba la Procuraduría. El Intendente Nacional Jurídico de la Superintendencia de Bancos, Carlos Salazar explicó que en dos comunicados de marzo y noviembre de 2012, el titular del organismo de control financiero de ese entonces informó que Ana María Fernanda Peñafiel Salgado, David Esteban Peñafiel Salgado y Paulina del Consuelo Peñafiel Salgado no se encuentran vinculados por propiedad, administración o presunción respecto del Banco de Préstamos (hoy liquidado).
Oficio N° SB-INJ-2018-0084-O xozozoxiz xozixozxiozuxo
El primer plazo que tenía el Gobierno para responder a la CIDH terminó el 14 de noviembre pasado, aunque según los procedimientos previstos en estos casos el país podría pedir una ampliación por 30 días más.
Hasta el momento, María Fernanda, Paulina Peñafiel y sus familiares no han recibido información alguna de que el régimen haya emitido una respuesta al organismo internacional de derechos humanos.

El 16 de agosto de 2018 el  prefecto de Manabí, Mariano Zambrano Segovia (izquierda) y su hijo Mariano Zambrano Vera, fueron llamados hasta la Fiscalía General en Quito, para las investigaciones previas de los delitos de delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, lavado de activos, testaferrismo y perjurio, denucniados desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Foto: Diario El Universo
María Arboleda*
Si finaliza su tercer período en 2019, Mariano Zambrano Segovia, prefecto provincial, habrá gobernado la provincia de Manabí durante 14 años, por tres períodos consecutivos: del 5 de enero de 2005 al 24 de mayo de 2019.  La suscripción irregular de contratos con entidades estatales y locales, por parte de empresas de propiedad del prefecto, fue la base de la denuncia presentada por el CPCCS a la Fiscalía General del Estado, en febrero de 2018.
Estas contrataciones continuaron hasta el año 2016, por un total aproximado de $ 73´195.514,50. El primer freno lo puso la estatal CELEP EP, ya con el cambio de gobierno a Lenin Moreno, al declarar desierta la convocatoria y descalificar al consorcio Mardcomsa-Marzam del prefecto de Manabí, debido a que el socio mayoritario del consorcio era también una autoridad provincial incursa en inhabilidad para ofertar y contratar. [1] El segundo freno lo acaba de colocar la empresa estatal Petroecuador EP, al declarar unilateralmente la terminación del contrato con Marzam Cía Ltda., empresa que pretende la revocatoria de la medida actuando –como ha sido su costumbre—en “cancha propia”, en un juzgado en Portoviejo. En realidad, la acción de Petroecuador se basa en un Informe de la Procuraduría General del Estado, liderada por Iñigo Salvador, que manda se termine el contrato de la estatal con Marzam.
El 21 de junio de 2018, la Secretaría de Transparencia y Control Social del CPCCS-T  (STTLAC) presentó a la Fiscalía General del Estado (FGE) una acción de patrocinio, legalmente sustentada, que reforzó la denuncia inicial estableciendo el posible cometimiento de cinco delitos: tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, testaferrismo, perjurio y lavado de activos, por parte de los funcionarios públicos Mariano Zambrano Segovia, Mariano Zambrano Vera y otras personas de su familia y no solamente dos como se había señalado en la denuncia de febrero del CPCSS anterior.
Antes del 21 de junio de 2018, varias investigaciones previas se encontraban abiertas en Guayas y Manabí en contra del señor Mariano Zambrano Segovia y miembros de su familia.  Incluso la denuncia presentada por el CPCCS en febrero de 2018, había sido enviada por la FGE a su filial en Manabí, donde una oportuna acción de patrocinio ingresada por la Secretaría de Transparencia del Consejo Transitorio (STTLACC), logró que no fuese cerrado el proceso.
El 30 de julio 2018, el Contralor General del Estado, subrogante, hizo público un informe con el que disponía la destitución del prefecto manabita junto a 16 empleados del gobierno provincial y solicitaba a Fiscalía que investigue la posible responsabilidad penal de Zambrano Segovia.  La destitución se derivaba de procesos precontractuales y contractuales para la ejecución de obras públicas en el territorio conocido como La Manga del Cura, entre el primero de agosto de 2014 y el 30 de noviembre de 2017, que adolecían de incumplimiento de requerimientos legales para la contratación, incumplimiento de plazos y realización de estudios incompletos. La destitución de Zambrano fue ratificada

El prefecto Zambrano abrazó con entusiasmo la Revolución Ciudadana y la apalancó electoralmente con importantes resultados, la figura del prefecto fue una luz para Alianza PAIS

La existencia de estas diversas causas y la realización de un análisis fino para desenredar el entramado empresarial y accionario de la familia Zambrano, así como el conjunto integral de evidencias, documentadas y detalladas, asociadas al Informe de investigación, aportó a la definición de un nuevo escenario con la presunción de existencia de delincuencia organizada, delito superior e instrumento para el cometimiento de los cinco delitos arriba señalados.
Así, en la acción de patrocinio del 21 de junio, se estableció la presunción de la conformación de una organización delincuencial por parte de Mariano Zambrano Segovia y cinco hermanos suyos (Consuelo Narcisa Ramona Zambrano Segovia, Graciana María Zambrano Segovia, Josefa Lucia Zambrano Segovia, Grismaldo Antonio Zambrano Segovia y Carlos Manuel Zambrano Segovia), la esposa del prefecto María Piedad Vera Loor y los dos hijos del prefecto, los hermanos María del Pilar y Mariano Zambrano Vera.  En el lado empresarial, las compañías del consorcio familiar señaladas fueron Marzam Cía. Ltda., Naviera Marnizam; Marítima De Comercio – Mardcomsa; Manhost Sa.; Automotores Manabitas y Negocios Inmobiliarios Negocorp Cía Ltda.
Puesta la mirada en los contratistas privados, es necesario enfatizar en la penumbra que recubrió a las entidades estatales que fungieron como contratistas. Por ello, la acción de patrocinio del 21 de junio de 2018, insistió en la responsabilidades de quienes, desde  despachos estatales, colaboraron en las irregularidades.  En el lado estatal, habría que investigar a un conjunto de servidores públicos que ordenaron y participaron en la reiterada adjudicación irregular de contratos por parte de las entidades y empresas estatales implicadas: Petroecuador, Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), Municipios de Montecristi y Paján, el Hospital General Rafael Rodríguez Zambrano, la Dirección de Movilización del Comando Conjunto de las FFAA (Centro de Movilización de Manta),  y la Dirección General de Aviación Civil, Dirección Regional II, incluyendo a funcionarios situados por encima de las autoridades de estas entidades, quienes habrían aceptado,  ordenado  y traficado influencias, para que los contratos fuesen adjudicados.
Si las contrataciones se celebraron en contra de expresas disposiciones constitucionales y legales, al parecer ninguna acción de supervisión y control fue cumplida, antes del cambio de gobierno a Lenin Moreno, por la Contraloría General del Estado, la PGE, el Servicio de Contratación Pública, el Servicio de Rentas Internas, la Superintendencia de Compañías y la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífera, entidades con competencia sobre los temas denunciados.
Las contrataciones con Petroecuador se suscribieron a sabiendas de que Zambrano Segovia era accionista de Marzam Cia. Ltda., y funcionario de elección popular, lo que se conoce como “una persona políticamente expuesta”. Existe documentación de que Petroecuador EP, el 28 de septiembre de 2017, es decir varios meses después de la posesión de Lenin Moreno y arguyendo la actualización del Registro de Calificación de las proveedoras de servicios, solicitó a las compañías navieras, incluyendo a Marzam, la presentación de documentos y una “declaración Juramentada del Gerente General y/o del representante legal de la empresa en el que se indique que ninguna de sus autoridades incluida el Gerente General, representante legal y sus accionistas, sean Persona Políticamente Expuestas”. [2] Ya que no se conoce el resultado de esta diligencia, compete a la Contraloría General del Estado realizar el control.

La documentación en torno al que ha derivado en llamarse el Caso MZ, sustenta la presunción del cometimiento de cinco tipo de delitos o irregularidades. Estos delitos serían:

• Posible tráfico de influencias y uso de información privilegiada para la adjudicación de los diversos contratos.  
• Presunto testaferrismo cometido por los señores Mariano Zambrano Segovia y Mariano Zambrano Vera, con el interés de proteger privilegios obtenidos en beneficio de sus empresas, mientras actuaban como candidatos o como autoridades electas.
• Posible perjurio, tanto del prefecto como del asambleísta. Se debería investigar los documentos presentados tanto en los procesos electorales (candidaturas), como los obligatorios para la posesión de sus cargos.
• Probable enriquecimiento ilícito, puesto que las ganancias  proveniente de los servicios prestados por las contratistas, de por sí, ya era cobrado pese a impedimentos normativos, por lo que podría discutirse su origen ilícito).
• Factible lavado de activos.

Por ello, la acción del patrocinio del 21 de junio de 2018, presentada por la Secretaría Técnica del CPCCS-T solicitó a fiscalía iniciar la investigación previa por delincuencia organizada y por los cinco delitos señalados, con base en los artículos 270, 279, 289, 317, 369 y 580 del Código Orgánico Integral Penal (COIP); el artículo 24 de la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP); los artículos 62 y 64 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) y el artículo 110 del Reglamento de la misma Ley, el artículo 163, numeral 7, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Adicionalmente, debido a la presunción del delito de delincuencia organizada, se solicitó aplicar las técnicas de investigación establecidas en el artículo 476 del COIP y normas de la legislación internacional como el Tratado de Palermo.
El 21 de junio se solicitó también a la Fiscalía General del Estado, acumular las investigaciones que cursaba en diversos procesos provinciales y, debido al fuero de corte nacional de que goza el asambleísta Mariano Zambrano Vera, se observó que tanto la indagación previa como la siguiente acción penal, no debían estar radicadas en las provincias sino en la sede nacional de la FGE, en Quito.
Las empresas de la familia
Entre 2009 y 2016, el prefecto Mariano Zambrano Segovia y miembros de su familia, incluyendo a su esposa, sus hijos y sus hermanos, participaron como accionistas de un grupo empresarial integrado por 12 compañías de diverso tipo. Desde esta posición estratégica, firmaron contratos con entidades estatales, todos los cuales estarían afectados por irregularidades o incumplimiento de normas legales, en procesos en  los que las responsabilidades corresponden claramente tanto a las entidades contratantes como a las empresas contratadas.
Seis entidades estatales fueron señaladas: Petroecuador, Celec, Municipios de Montecristi y Paján, la Dirección General de Aviación Civil, Dirección Regional II, Centro de Movilización de Manta y el Hospital General Rodríguez Zambrano de Manta.

En los últimos 9 años, la familia Zambrano registró un importante incremento de su patrimonio. A fines de 2016, Zambrano Segovia tenía declarado personalmente aproximadamente $4´707.495 en acciones de sus compañías. Del conjunto de empresas del prefecto, cinco estarían involucradas en la firma de los contratos irregulares: Marzam (Marítima de Comercio Cía. Ltda.), Mardcomsa; Naviera Marnizam Cía. Ltda., Automotores Manabitas Cía. Ltda y Manhost S.A.
Las empresas de la familia Zambrano configuran una intrincada red en que personas y compañías se entrecruzan mutuamente mediante la propiedad de las acciones. Los vínculos societarios se sostienen en los vínculos de parentesco. Una fuerte presunción de testaferrismo se deriva del análisis de varios de los comportamientos empresariales del consorcio Marzam. 
El testaferrismo se encuentra definido en el Código Orgánico Integral Penal, artículo 289, como el consentimiento de una persona para aparentar como de su propiedad, bienes muebles, inmuebles, títulos, acciones, participaciones, dinero, valores o efectos, generados por el enriquecimiento ilícito de un servidor público, o como producto de una actividad privada no justificada.
El traslado de acciones del  prefecto de Manabí, Mariano Zambrano Segovia, a favor de su cónyuge, y del asambleísta Mariano Zambrano Vera a su hermana, el hecho de que la mayoría de compañías cuenten entre los accionistas a parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, podría configurar esta figura. Llama la atención que la Superintendencia de compañías sobre estos aspectos. 

Marzam Cía. Ltda.
Oficialmente creada en septiembre de 1992[4], el objeto social de la compañía Marzam Cía. Ltda., reza que “…se dedicará a las agencias y representaciones de buques nacionales y extranjeros y más actividades conexas; agencias y representaciones de compañías o empresas de navegación marítima o fluvial…”[5].
Según las cifras de los archivos de la Superintendencia de Compañías, el salto de capital de la empresa es notable: la compañía que contaba apenas con USD 1.200 de capital en 1998, para enero de 2015 cuenta con a USD 8´681.000 mientras para octubre de 2017, el capital de la empresa crece hasta llegar a USD 11´531.000.  
Mariano Zambrano Segovia fue el accionista mayoritario de la compañía hasta el 15 de septiembre de 2017, con una participación del 24,59%. Zambrano Segovia era, a su vez, el mayoritario de su otra compañía, Marnizam Cía. Ltda., donde controlaba el 74% de acciones (lo veremos a continuación). Fuentes expertas señalan que con esta vinculación, habría controlado el 98,59% de Marzam debido a los entrecruzamientos accionarios entre las compañías.  Otros accionistas eran María del Pilar Zambrano Vera, hija de Zambrano Segovia y también su presidenta a partir del 16 de junio de 2017, y Walter Segundo Capa Mendoza, ex-cónyuge de la hermana del Prefecto.[6] A partir de abril de 2017, Bartolomé Polivio Saldarriaga Santos se posesionó como gerente general de Marzam.
El 15 de septiembre de 2017, Zambrano transfirió la totalidad de sus acciones en Marzam, a su esposa María Piedad Vera Loor. El traspaso se cumplió después de que Leonardo Viteri, Marcelo Farfán y Francisco Bravo instauraran el primer proceso de los varios que afronta el prefecto a partir de esa fecha. La acción puede ser leída como la pretensión de ocultar la calidad de accionista mayoritario del prefecto en Marzam.

Compañía Naviera Marnizam Cía. Ltda.
En la pequeña (comparada con las otras) Compañía Naviera Marnizam Cía. Ltda., con un capital suscrito de USD 900.000, Mariano Zambrano Segovia poseía, desde su constitución el 26 de febrero de 1986, el 74% de las acciones, lo que correspondía a USD 666.000. El resto de accionistas eran sus hermanos Grismaldo Antonio Zambrano Segovia,  Carlos Manuel Zambrano Segovia, Graciana María Zambrano Segovia, Josefa Lucía Zambrano Segovia y Consuelo Narcisa Ramona Zambrano Segovia.[8] La actividad económica de Marnizam consta como: “Agencias y representaciones de buques nacionales y extranjeros, y más actividades conexas, así como las agencias y representaciones de compañías, etc.”. En la parte administrativa, dos actores antes citados aquí se intercambian roles: Bartolomé Polivio Saldarriaga Santos era el presidente de la compañía desde el 22 de diciembre de 2016, mientras la hija de Zambrano Segovia, María del Pilar Zambrano Vera, era su gerente general desde el 22 de marzo de 2017.
No hace falta ser adivino para adivinar lo que sucedió con las acciones del prefecto en esta compañía: el 15 de septiembre de 2017 fueron traspasadas a María Piedad Vera Loor, su esposa. Por otro lado, Marnizam Cía. Ltda. vendió todas sus acciones a Negocorp Cía. Ltda., compañía donde los hijos del prefecto eran accionistas.

Manhost S.A. (Mantahost Hotel)
Manhost S.A., compañía formada en enero de 1998 y dedicada a “la industria hotelera y a la explotación y desarrollo de la actividad turística, nacional e internacional”, contaba en 2017 con un capital de USD 6´600.000. Mariano Zambrano Segovia registraba a 2017 una participación en la empresa por USD 66.000 en acciones.
Otros accionistas eran los hijos del prefecto, Mariano Zambrano Vera, presidente de Manhost desde el 21 de marzo del 2016,  con el 50% de las acciones y María del Pilar Zambrano Vera (paquete accionario de USD 22.000) , así como dos de sus hermanas, Graciana María Zambrano Segovia y Josefa Lucía Zambrano Segovia (acciones por USD 33.000) y Negocorp Cía. Ltda., otra de las empresas familiares, estaba registrada con el 13,23% de acciones.

Los contratos
Empresa pública Petroecuador EP
Para muchas personas consultadas, el secreto del enriquecimiento rápido e indetenible de Mariano Zambrano se encuentra en los contratos de Marzam Cía Ltda. con Petroecuador, el primero de los cuales fue firmado en mayo en 1996, coincidiendo con los meses finales del gobierno de Sixto Durán Ballén, para el “suministro de combustibles marinos de producción nacional al sector naviero nacional e internacional (también nacionales en ruta internacional), a precio internacional”[10]. La fórmula de comprar barato, en este caso subsidiado, para vender caro, habría sido la clave bien conocida de una oportunidad comercial que crecerá conforme la zona marítima costera del país vaya convirtiéndose en ruta de tránsito de diversos negocios de las economías legales e ilegales, en especial aquellas que juegan en el mercado internacional.
Para 2001[11], el negocio de Marzam con Petroecuador se amplía gracias a un contrato para el  “suministro de derivados de petróleo para los requerimientos de combustible del segmento industrial nacional.”[12]

El presidente Rafael Correa fue el gran envión de Mariano Zambrano a nivel privado; el ex presidente no se ha referido a los negocios que su amigo hizo en la prefectura
Pero será en 2011, bajo el gobierno de Rafael Correa, cuando los contratos de la compañía Marzam con la empresa pública Petroecuador, se multipliquen: 2 contratos se firmarán en 2011, 1 en 2013, dos en 2014 y dos en 2016.[13] En estos contratos se concretan dos tipos de irregularidades debidas a la prohibición (inhabilitación legal) para que Mariano Zambrano, como prefecto de Manabí y al mismo tiempo accionista de la compañía Marzam, pueda contratar con una empresa pública como es Petroecuador. Esto podría incluir su inhabilitación para postularse como candidato si se comprobase que habría omitido información sobre su participación accionaria en sus empresas en las declaraciones que le tocaba realizar por ley.
Gracias a estas irregularidades, actos legalmente penalizados ya sea por participar como oferente y contratista o por omitir la información en sus declaraciones obligatorias como autoridad electa, entre 2011 y 2016 Zambrano Segovia y sus empresa se habrían favorecido con la firma de siete contratos suscritos por Marzam con Petroecuado. El monto de estos contratos ascienden a alrededor de $40´325.392,24.
La finalidad de todos los contratos suscritos por Marzam con Petroecuador, es la prestación de servicios de transporte marítimo de cabotaje y alijes de productos limpios bajo la modalidad de “Time Charter. En 2009, la Gerencia de Comercio Internacional de Petroecuador EP fundamentó la contratación en un pronunciamiento del Instituto Nacional de Contratación Pública, oficio INCOP Nro. DE-163-2009 del 20 de enero de 2009 , que señala:“…este instituto ha determinado que la actividad de comercialización externa de hidrocarburos, transporte marítimo e inspección independiente, servicios especializados de información del mercado petrolero y servicios de calificación de riesgo, que realiza PetroecuadoR, no está dentro del ámbito de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública”. [14]

En octubre de 2018, Petroecuador declaró unilateralmente la terminación del contrato con Marzam tras la realización de un control legal por parte de la Procuraduría, notificado el  11 de octubre de 2018, del contrato No. 2016848 suscrito entre Marzam y Petroecuador. El Informe de Control de la PGE ratifica la existencia de inhabilidad para contratar por parte de Marzam, por cuanto “uno de sus socios era el prefecto de Manabí, quien, a través de una persona jurídica, ente ficticio, actuó por interpuesta persona, lo cual estaba expresamente prohibido por el  Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD)…” La PGE ordena la terminación unilateral y anticipada del contrato, por haberlo celebrado contra expresa prohibición legal, según lo determinan “los artículos 45 letra e) del Procedimiento: Operaciones de Comercio Internacional del 04 de septiembre de 2014 y 94 número 5 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (…) ”.

Petroecuador, en la notificación enviada a Marzam para la terminación del contrato, con fecha 12 de octubre de 2018, declaró que la empresa había cometido la culpa grave de haber celebrado el contrato con fraude contra expresa prohibición legal. Debido a que la compañía del prefecto, en su respuesta, no subsanó ni justificó los cargos establecidos, Petroecuador declaró a Marzam como contratista incumplido y ordenó solicitar a la compañía Oriente Seguros la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento del contrato en su totalidad. La empresa Marzam ha demandado la revocatoria de estas medidas actuando –como ha sido su costumbre—en “cancha propia”, en un juzgado en Portoviejo.
La forma en que se firmaron estos contratos pone en evidencia una doble participación en la irregularidad: el prefecto y sus familiares omitieron su obligación de declararse inhabilitados para contratar con la empresa pública y los funcionarios de Petroecuador que omitieron el control debido y la aplicación de la prohibición legal. [15]

Celec EP
El total de la inversión de la empresa pública estratégica Celec EP, en tres contratos suscritos desde el año 2010 hasta el 2015, con las compañías de Mariano Zambrano, prefecto de Manabí, con él y a sus familiares como accionistas, ascienden a un valor aproximado de $32.801.701,17. El primero de estos contrato fue suscrito con Marzam y los otros dos con Mardcomsa, como puede verse en el siguiente cuadro:

Todos estos contratos y la posterior licitación declarada desierta por Celec EP, con el consorcio Marzam’Mardcomsa como único oferente, muestra la corrosión sufrida por la función de la Contraloría General del Estado CGE, en la revisión de la legalidad de los mismos.
 

El primer contrato Marzam – Celec
En abril de 2012, Marzam obtuvo el contrato Nro. 0050-12 (proceso de licitación LIC-CEP-TE-001-2012), con Celec, Unidad de Negocio Termoesmeraldas, para la provisión de transporte multimodal (marítimo y terrestre, recepción, almacenamiento y despacho) dirigido al abastecimiento de combustible fuel oil 6 y diesel, para la central termoeléctrica Jaramijó. Es curioso que, siendo suscrito en abril de 2012, el abastecimiento de combustibles cubriera el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2009 al 31 de mayo de 2014. El monto de este contrato subió a $18´683.701,17 y el plazo pactado fue de 5 años.
En los años 2015 y 2017, la CGE, emitió dos informes  de examen especial sobre este contrato. El primero, con el código Nro. DASE-00015-2015 y aprobado el 28 de mayo de 2015, revisó las operaciones administrativas y financieras del contrato. El segundo informe de examen especial, Nro. DR2-DPA-CELEC EP-AI-0021-2017, realizó la misma revisión para el período comprendido entre el 1 de junio de 2012 y el 31 de diciembre de 2015, y fue aprobado el 21 de Julio de 2017.  En ambos informes, la CGE, omitió el análisis de la inhabilidad para contratar con el Estado, del señor Mariano Zambrano Segovia, prefecto de Manabí, así como de sus familiares, debido a su vinculación con Marzam, en calidad de accionistas.[16]
Contratos de Mardcomsa con Celec EP
Dos contratos fueron celebrados entre Mardcomsa y Celec. En 2010, Celec convocó el proceso de licitación LI-CELEC EP-EGU-0.0251-2010 para contratar el transporte marítimo de combustible fuel oil 4 dirigido al abastecimiento de dos centrales (Gonzalo Zevallos y Trinitaria), por un valor total de $11´362.000 (certificación presupuestaria Nro. 375-vafp-10). Tras el proceso, a Mardcomsa le fue adjudicado solo el abastecimiento a la central Gonzalo Zevallos, por un valor de $6´422.000 y un plazo de 5 años.[17]
Cinco años después, el 25 marzo de 2015  Mardcomsa firmó el contrato No. 013-2015, por $7´696.000, para la provisión de transporte marítimo de combustible fuel oil 4 para la Central Gonzalo Zevallos de la Unidad de Negocios Electroguayas (Celec EP), por un plazo de 730 días.[18]
 El prófugo ex contralor del estado Carlos Pólit jugó un papel preponderante al no haber inhabilitado al prefecto en uno de sus informes. Foto: Extra
La Contraloría General del Estado realizó el examen especial a este segundo contrato, por el período comprendido entre el 1 de agosto de 2012 y el 31 de julio de 2015. El Informe (Nro. DR1-DPGY-AE-0017-2016), aprobado el 27 de enero de 2016, tampoco señaló la inhabilidad de Mariano Zambrano Segovia, Prefecto de Manabí, y los otros accionistas, emparentados con él, para contratar con el Estado a través de la compañía Mardcomsa.
El concurso declarado desierto
En 2017, Celec convocó nuevamente a un proceso de licitación (Nro. LICBS-CELEGU-006-17), por $11.082.500, para el servicio de transporte marítimo de 25.000.000 galones de combustible fuel oil No 4, dirigido a la unidad tv1 de la central Aníbal Santos y 130.000.000 de galones de combustible fuel oil No 4, para las unidades tv2 y tv3 de la central Gonzalo Zevallos.
El 2017-06-02, ya con el gobierno del presidente Lenin Moreno instalado, el Portal de Compras Públicas informó que el proceso había sido declarado desierto: “Por haber sido inhabilitada la única oferta presentada por el Compromiso de Consorcio MARDCOMSA MARZAM….”  La medida se basó en la Resolución Nro. CELEC EP-GGE-0036-17, de 1 de junio de 2017, que establecía que el consorcio Mardcomsa Marzam había incumplido las condiciones establecidas en los pliegos del proceso Nro. LICBS-CELEGU-006-17 y por tanto, como autoridad contratante resolvía: artículo 2.- Descalificar la oferta presentada por el Compromiso de Consorcio. MARDCOMSA MARZAM, de conformidad con el numeral 4, del Formulario de la Oferta (…). Artículo 3.- Declarar desierto el procedimiento de Licitación (…).

Al ser solicitado el Consorcio Mardcomsa-Marzam por la Comisión Técnica del proceso de licitación, mediante  el Acta No. 4 de Convalidación de Errores, Compromiso de Consorcio, a informar quiénes eran las “personas jurídicas que integran el consorcio (…)”, las entidades oferentes remiten un formulario diferente al inicialmente presentado con su oferta y bajo juramento hacen constar lo siguiente: “Acepto que en caso de que el accionista, partícipe o socio mayoritario de mi representada esté domiciliado en un paraíso fiscal, la Entidad Contratante descalifique a mi representada inmediatamente”. Esta declaración, a juicio de la Comisión Técnica, habría distorsionado el pedido de la solicitud emitida por el Servicio Nacional de Contratación Pública, que pedía emitir, bajo juramento, la siguiente expresión: “Acepto que en caso de que el accionista, partícipe o socio mayoritario de mi representada se encuentre inhabilitado por alguna de las causales previstas en los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; y, 110 y 111 de su Reglamento General, la Entidad Contratante descalifique a mi representada”.

Los contratos con gobiernos municipales
Marnizam y municipios de Montecristi y Paján
Usando el procedimiento de régimen especial, al cual recurrió frecuentemente el gobierno de Rafael Correa para firmar contratos a discreción, en abril del 2015 se suscribió un contrato entre la Compañía Naviera Marnizam y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Montecristi, para el mantenimiento de vehículos y maquinarias del parque automotor del GAD Municipal de Montecristi, por un valor de USD 32.499,96 y un plazo de 15 días.[19]
Diomedes Ricardo Quijije Anchundia, alcalde, adjudicó el contrato el 2 de abril de 2015 (Resolución Nro. AA-GADCM-002-2015). Actuó como Procurador Síndico del GAD de Montecristi, el  Abg. Luis Aurelio Jiménez Alvarez.  En representación de Marnizam, empresa en la cual Mariano Zambrano Segovia, prefecto de Manabí, era accionista y por tanto él y la empresa estaban en inhabilitación legal para participar, actuó su hermana Josefa Lucía Zambrano Segovia, gerente general de la compañía.
El contrato se adjudicó a pesar de que los pliegos de la licitación (Sección I, numeral 1.8) establecían que “No podrán participar en el presente procedimiento precontractual, por sí mismas o por interpuesta persona, quienes incurran en inhabilidades generales y/o especiales, de acuerdo a los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -LOSNCP-; y, 110 y 111 del reglamento General de la LOSNCP.” Así mismo, señaló que “De verificarse con posterioridad que un oferente incurso en una inhabilidad general o especial hubiere suscrito el contrato, dará lugar a la terminación unilateral del contrato conforme el numeral 5 del artículo 94 de la LOSCP.”[20]
Pocos meses después, el 1 de junio de 2015, el alcalde Galo Atahualpa Borbor Flores, en representación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Paján, suscribió el contrato Nro. SIE-GADPAJAN-2015-05, licitado mediante  Subasta Inversa Electrónica, por un valor de $23.288,70, con la compañía Marnizam, con objeto similar al del contrato celebrado con el GAD de Montecristi, esto es, para la adquisición de lubricantes y grasa para el mantenimiento de vehículos y maquinarias del parque automotor del Gobierno Municipal de Paján.
El guión se cumplió de manera similar a lo ocurrido en Montecristi, con pequeñas pero importantes variaciones. Aunque el valor y el objeto del contrato son similares y la naviera Marnizam también estuvo representada por Josefa Lucía Zambrano Segovia, hermana del prefecto, la naviera, única empresa oferente, sí presentó su nómina de socios, incluyendo al prefecto y sus hermanos. Pese a ello, el 26 de mayo de 2015, el alcalde emitió la Resolución de Adjudicación (Nro. 005-SIE-GAD PAJAN-2015).
Automotores Manabitas Cía. Ltda.
Automotores Manabitas y la Dirección de Movilización del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (Centro de Movilización de Manta)
La empresa Automotores Manabitas Cía. Ltda. celebró operaciones de venta de combustibles tanto a la Dirección de Movilización del Comando Conjunto de las FFAA (Centro de Movilización de Manta), como al hospital general Dr. Rafael Rodríguez Zambrano, de la misma ciudad.  En ambos casos, las entidades procedieron a contratar a la empresa bajo el mismo parámetro de incumplimiento de la ley, es decir cuando Mariano Zambrano Segovia, ejercía funciones en su segundo período como prefecto de Manabí.
Casi un millón de dólares en 2009 (USD 964,20)y USD 1,252.44 en 2010, invirtió el Centro de Movilización de Manta de la Dirección de Movilización del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para la adquisición de combustibles mediante contrato con la empresa de Zambrano Segovia.  Las compras se realizaron entre el 17 de agosto de 2009  y  el 9 de diciembre de 2010. [21] La adquisición de gasolina se cancelaba mediante  facturas emitidas por Automotores Manabitas Cia. Ltda., como puede verse en el cuadro abajo.

Automotores Manabitas y Hospital Dr. Rafael Rodríguez Zambrano

Las contrataciones del Hospital Dr. Rafael Rodríguez Zambrano de Manta con Automotores Manabitas, para la  adquisición de combustibles para los vehículos de esa casa de salud, son de pequeñas montos[22]  y ascienden a un total de USD 1.415,73. Sin embargo, no es solamente por los montos que se incluyeron en la denuncia sino además porque las operaciones se contrataron bajo el mismo parámetro de incumplimiento de la ley, es decir cuando Mariano Zambrano Segovia, ejercía funciones en su segundo período como prefecto de Manabí.

Manhost
Manhost y la Dirección General de Aviación Civil DAC, Dirección Regional II
El día de Navidad, el 24 de diciembre de 2015, la Dirección General de Aviación Civil DAC, Dirección Regional II –DAC, suscribió el contrato Nro. 022/2015 RII con la compañía Manhost S.A., que tiene entre sus accionistas, con un 13,25% de acciones, a la empresa NEGOCORP Negocios Inmobiliarios Cía. Ltda., en la cual Mariano Zambrano Vera, hijo de Mariano Zambrano Segovia, posee el 50% de acciones. El objeto del contrato era el arrendamiento de un bar-restaurante-cafetería, en el Aeropuerto Internacional Gral. Eloy Alfaro de la ciudad de Manta.[1] El plazo fue pacto en 2 años, contados desde el 24 de diciembre de 2015 y el canon de arrendamiento mensual en USD 1.421,74 más IVA.
A pesar de que Mariano Zambrano Vera (hijo) fue electo el cargo de asambleísta por la provincia de Manabí, hecho que generó una inhabilidad superviniente para contratar con el Estado (no podía hacerlo porque ya era contratista), el contrato se mantuvo operando. La declaración patrimonial jurada Nro. 2246368, presentada al inicio de su gestión por el flamante asambleísta Zambrano Vera, incluye la siguiente declaración: “Declaro que no me encuentro incurso en ninguna causal legal de impedimento, inhabilidad o prohibición para el ejercicio de un puesto, cargo, función o dignidad en el sector público”.  Este último hecho configura una acción presumible de perjurio.
El Prefecto de Manabí y padre del asambleísta, Mariano Zambrano Segovia también se encontraría vinculado debido a su calidad compartida de accionista de Manhost, y encontrándose en el ejercicio de su tercer período como autoridad electa.

---

Inhabilidades e impedimentos electorales
Como hemos señalado, las autoridades públicas de elección, como el prefecto de Manabí, Mariano Zambrano Segovia y el asambleísta por Manabí, Mariano Zambrano Vera, están impedidos por normas constitucionales y legales, para actuar como oferentes y proveedores de servicios a entidades del Estado.[24]
El artículo 24 de la Ley Orgánica del Servicio Público (en adelante LOSEP), en su parte pertinente, prohíbe a los servidores públicos:
j) Resolver asuntos, intervenir, emitir informes, gestionar, tramitar o suscribir convenios o contratos con el Estado, por si o por interpuesta persona u obtener cualquier beneficio que implique privilegios para el servidor o servidora, su cónyuge o conviviente en unión de hecho legalmente reconocida, sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Esta prohibición se aplicará también para empresas, sociedades o personas jurídicas en las que el servidor o servidora, su cónyuge o conviviente en unión de hecho legalmente reconocida, sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad tengan interés.

Las indagaciones encontraron similar comportamiento por parte del asambleísta Mariano Zambrano Vera,  quien realizó la transferencia de sus acciones en la empresa Marzan Cia. Ltda. a su hermana María del Pilar Zambrano Vera.
En efecto en la página de la Superintendencia de Compañías, se encuentran estos dos movimientos de traspaso de acciones de la empresa Marzam, a la señora María Piedad Vera Loor. El mismo 15 de septiembre de 2017,  Mariano Zambrano Segovia cedió sus acciones en las compañías Marnizam, Automotores Manabitas S.A. y Mardcomsa, a su esposa María Piedad Vera Loor.  Mientras, el  23 de mayo de 2018, Mariano Zambrano Segovia transfirió las acciones que poseía en la compañía Manhost Sa. – Mantahost Hotel, a su esposa María Piedad Vera Loor. [25]
Las contrataciones fueron suscritos con anterioridad a estos traspasos accionarios de padre e hijo, lo que permite presumir que estos negocios habrían contado con salvaguardas político – administrativas que facilitaron la inobservancia de las normas legales.
Por tanto, diversas inhabilidades por la suscripción de contratos con entidades estatales afectan a Mariano Zambrano Segovia, prefecto de Manabí y a Mariano Zambrano Vera, asambleísta por Manabí, electo el 19 de febrero de 2017 para el período comprendido entre el 24 de mayo de 2017 y el 24 de mayo de 2021.
Zambrano Vera era accionista de Marzam Cia. Ltda., a través de la empresa Negocorp, de la cual solamente él y su hermana eran propietarios. Como tal y como accionista y presidente de Manhost S.A. por tres años a partir del 21 de marzo de 2016, Zambrano Vera mantenía participación en los contratos con Petroecuador EP y DAC, por lo que se encontraba impedido de ser candidato (Constitución de la República, Art. 127; Código de la Democracia, Art. 96; y Ley Orgánica de la Función Legislativa, Art. 163).
Zambrano Vera se mantuvo como dueño de acciones de la empresa Marzam hasta varios meses después de su posesión como asambleísta, cuando las traspasó a su hermana María del Pilar Zambrano Vera.  Según las normas legales y constitucionales, estas actuaciones del señor Mariano Zambrano Vera, deben generar la pérdida de la calidad de asambleísta.
En el caso de la empresa Manhost S.A., Zambrano Vera como accionista y presidente, había firmado el 24 de diciembre del 2015, día de Navidad, el contrato de arrendamiento Nro. 022/2015 RII, con la Dirección General de Aviación Civil -Regional II. Debido al terremoto ocurrido en Manabí el 16 de Abril de 2016, al día siguiente inició un trámite de terminación del contrato de arrendamiento que a la fecha de su posesión no se había dado por terminado.[26] Este hecho suma a que Zambrano Vera se encontraba inhabilitado para posesionarse como asambleísta electo, pues su calidad de arrendatario también debía impedir su posesión.
La Constitución de la República, en su artículo 127, además de disponer  que los asambleístas deberán ser “responsables políticamente ante la sociedad de sus acciones u omisiones en el cumplimiento de sus deberes y atribuciones, y estarán obligados a rendir cuentas a sus mandantes”, les prohíbe en el numeral 7 del mismo artículo, “Celebrar contratos con entidades del sector público” y establece que “Quien incumpla alguna de estas prohibiciones perderá la calidad de asambleísta, además de las responsabilidades que determine la ley.”
En el caso del asambleísta Zambrano Vera, él suscribió en su formulario electrónico Nro. 2246368 de Declaración Patrimonial Jurada de Inicio de Gestión ante la Contraloría General del Estado, que no se encontraba incurso en ninguna causal legal de impedimento, inhabilidad o prohibición para el ejercicio de un puesto, cargo, función o dignidad en el sector público”. De conformidad con el Art. 270 del Código Orgánico Integral Penal COIP, la presentación de este formulario habría configurado los delitos de falso testimonio y perjurio.

De comprobarse que el prefecto de Manabí, hubiera omitido esta información en sus declaraciones, también podría haber incurrido en los delitos de perjurio y falso testimonio según establece el Art. 270 del Código Orgánico Integral Penal. Y si no las hubiere omitido, podría haber estado inhabilitado para ser candidato y prefecto.
En las manos de Fiscalía
En las casi dos décadas que van de mayo 1998 a octubre de 2017,  un año es crucial: 1997. Según diversas fuentes, la vida política de Mariano Zambrano Segovia, empezó en este año, cuando es electo por el Partido Social Cristiano PSC a la Asamblea Constituyente de 1997-8.
En 2004 fue elegido prefecto de Manabí por el mismo partido, cargo que ha ocupado por tres ocasiones. En el segundo período llegó representando a un movimiento local considerado el ala manabita de Madera de Guerrero, organización liderada por el alcalde de Guayaquil Jaime Nebot tras alejarse del PSC. Mientras en 2014, se postuló a su tercer período como prefecto, por el movimiento Alianza País.
Dicen que si alguien te quiere, te lo demuestra y la vinculación de Zambrano Segovia con el PSC parece estar en el centro de su corazón: fue muy difundido el video del lapsus público del prefecto, en un acto con presencia del ex presidente Correa, cuando en lugar de nombrar en sus alabanzas al movimiento AP,  nombró al PSC. Hace poco, los estrechos vínculos de Zambrano con Jaime Nebot se pusieron a la orden del día debido a que, en la coyuntura pre-electoral a gobiernos locales que vivimos, se hizo público un supuesto apoyo del alcalde de Guayaquil a Zambrano, para terciar a la alcaldía de Manta.
Libro cerrado no saca letrado. El apoyo de Nebot a Zambrano,  no desmentido por el líder máximo de Madera de Guerrero, parecería seguir creyendo en un factor que aparecería como siendo desmentido por los hechos: el supuesto control férreo del manabita sobre la población votante de Manabí, capital político que cualquier candidato a la presidencia de la República desearía tener de su lado. Sin embargo, tras el anuncio público de la supuesta alianza y el lanzamiento de la precandidatura de Zambrano Segovia a la alcaldía del primer puerto manabita, ésta fue públicamente retirada. ¿La posible razón? Los resultados de algunas encuestas, realizadas por una empresa de filiación cercana a la derecha ideológica ecuatoriana, que habrían mostrado que el prefecto de Manabí no solo tiene mucho menos adherentes de lo que se creía sino que el porcentaje de quienes están en su contra es mucho mayor. 
El carro de adelante que se vuelca, avisa al que viene detrás, dice la sabiduría popular.Actualmente, han comenzado a elevarse desde los territorios, voces que hablan de despojos de tierras y revelan formas de apropiación basadas en el control de instancias locales, desde registradurías de la propiedad hasta fiscalías y juzgados incluyendo GADs municipales.

En la Fiscalía General del Estado existiría actualmente suficiente evidencia e información acerca del posible cometimiento de los delitos señalados: tráfico de influencia, testaferrismo, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y perjurio.  Y suficientes indicios también sobre la presunción de existencia de una modalidad organizada para realizar estos delitos. El país debería conocer pronto, dentro del proceso en curso, resultados de la apertura y análisis de las cuentas que mantuvieron y mantienen en el sistema financiero nacional e internacional, tanto Mariano Zambrano Segovia como su esposa María Piedad Vera Loor, sus hijos María Pilar Zambrano Vera y Mariano Zambrano Vera, sus hermanos y hermanas, Grismaldo Antonio Zambrano Segovia, Graciana María Zambrano Segovia, Josefa Lucía Zambrano Segovia, Carlos Manuel  Zambrano Segovia, y Consuelo Narcisa Ramona Zambrano Segovia.
También deberán conocerse los resultados de la investigación tributaria realizada sobre todas las personas involucradas, las copias certificadas de las declaraciones juramentadas del señor Mariano Zambrano Segovia en las notarias de la provincia de Manabí, durante los años 2005, 2009, 2011 y 2014 y el registro y contenido de las llamadas, grabaciones y mensajes telefónicos de todos los implicados en la denuncia. La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, que según la Ley de Hidrocarburos, artículo 11, tiene competencia para regular, controlar y a fiscalizar las actividades técnicas y operacionales que ejecutan empresas públicas, privadas, mixtas, consorcios, asociaciones u otras formas contractuales, en este tipo de industria, debe presentar al país un resultado evaluativo de su rol en los contratos de provisión de combustibles.

Un tema que no puede quedar de lado es la responsabilidad de las entidades estatales suscriptoras de los contratos irregulares y de las instituciones de control, a la fecha de su celebración. ¿Cómo así ninguna de ellas advirtió el impedimento o inhabilidad que tenían las empresas contratistas? Al Sistema Nacional de Contratación Pública también le corresponde rendir cuentas al país para señalar porqué inhabilidades que resultaban muy conocidas no fueron impugnadas. El SERCOP no realizó  ninguna acción que sepamos, en estos casos.
Actualmente el caso MZ está en manos de Fiscalía. Ha pasado suficiente tiempo desde que se presentaron las dos denuncias del CPCCS y, como en todo, los plazos se cumplen.  El interés del país y su comprensión sobre los diversos hilos que sostienen este caso, han crecido. Es hora de que la máxima institución de investigación comunique los resultados de la indagación previa. Ecuador está atento.
Epílogo
Un famoso proverbio chino dice: “Si no se entra a la cueva del tigre, ¿cómo será posible capturarlo?” Otro refrán, esta vez, occidental, reza: “Con paciencia, se puede ganar el Cielo”.  Enfrentar el miedo y dotarse de paciencia en la lucha contra la corrupción son dispositivos necesarios que acompañan, día a día, los esfuerzos que diversas personas y organizaciones de la sociedad civil realizan para recuperar la ética en la vida pública.
Los desenlaces que, poco a poco, va teniendo el caso MZ, parecen sostener la esperanza de que las instituciones de control y Justicia en nuestro país, y las personas que en ellas se encargan de temas como éste, aunque lentas para el gusto de la mayoría y posiblemente no tan drásticas como merecería la enfermedad social que nos atraviesa y que ha hecho de la impunidad metástasis,  nos permitan creer que todavía hay un futuro en esta patria y sus territorios, para nuestros hijos.
Llegar a ser un país blindado contra la corrupción no es como soplar y hacer botellas. Peor después de la década encubierta, título del libro de la Comisión Nacional Anticorrupción editado en 2017.  Un asunto es seguro: para lograrlo nos tocará estirar la lucha contra el miedo, estirar la paciencia y la eficacia, hasta los extremos donde haya llegado la sábana de la corrupción. Y en Ecuador, esto toca en el corazón de la política.

*María Arboleda fue secretaria de Transparencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición 
Anexos
Imágenes de los documentos certificados registrados en  la Superintendencia de Compañías sobre Marzam Cía. Ltda.

Miles de medicamentos falsificados se encontraron en el opertivo Fármaco IV ejecutado por la Policía Nacional y las entidades de control en 2017, Cuenca era el centro de producción
Luego de año y medio de la incautación de 18 toneladas de medicamentos caducados, más cientos de pruebas documentales mas otros peritajes se inició el juicio contra los dueños la empresa acusada de estas ilegalidades: Mediveza. Es uno de los mayores casos de producción, desde la clandestinidad, de medicamentos inservibles y hasta perjudiciales para la salud, que luego eran distribuidos y comercializados en varias provincias del país a través de farmacias y otros puntos de expendio.  Este entramado funcionaba gracias a una organización dedicada a la falsificación, adulteración de registros sanitarios y venta de productos farmacéuticos, especialmente en el sur del país.
Hasta el 18 de diciembre el caso Mediveza será juzgado en la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Azuay y los procesados son: Andrés Omar Vásquez Espinoza y María Isabel Talbot González.
Cómo nace esta historia en la que se habría cometido uno de los peores crímenes en contra de la salud pública?

Luego de dos meses de investigaciones, el 25 de julio de 2017 se allanaron 18 establecimientos en Cañar, Azuay, El Oro y Loja, con el despliegue del operativo “Fármaco IV” que involucró al: Grupo de Intervención y Rescate (GIR), la Policía Judicial, la Fiscalía, la Unidad de Delitos Aduaneros y Tributarios (UDAT)  y la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA).
Policía Nacional Informa sobre el hallazgo de toneladas de medicinas adulteradas que se vendian para el consumo. Foto: Diario La Hora
En un gran galpón ubicado en San Miguel de Putushí, de la parroquia Sayausí, cantón Cuenca, además de un contenedor con medicamentos caducados desde 2001, los hallazgos del operativo fueron: una infraestructura clandestina con equipos para fabricación y reacondicionamiento de fármacos, así como máquinas para re-etiquetado de frascos de jarabes y suspensiones, cambios de lotes y fechas de vencimiento en las cajas de productos farmacéuticos.
También se encontraron recipientes llenos de agua con botellas de plástico de jarabes, selladas herméticamente,  proceso empleado para facilitar el retiro de las etiquetas originales y sustituirlas por otras; productos químicos disolventes, sin las precauciones necesarias para evitar la contaminación. En los baños se acumulaban medicinas no aptas para el uso y consumo humano; cápsulas al granel en fundas plásticas, sin información sobre su procedencia, así como fecha de elaboración y composición; una máquina (desemblistadora) que se utiliza para retirar tabletas o cápsulas de un blister original; una tableteadora y una mezcladora; cajas listas para acondicionar los medicamentos para la venta con su empaque externo; cientos de etiquetas de múltiples medicamentos; y material publicitario.
El seguimiento del recorrido de los productos desde las farmacias, condujo hasta este gran galpón o nave que funcionaba, sin permiso, en esta zona rural.
Las 18 toneladas incautadas incluyeron: multivitamínicos, antibióticos, antinflamatorios, antiulcerosos, antihipertensivos y otros productos, que exhibía en su etiqueta laboratorios fabricantes extranjeros, especialmente de China, con registros sanitarios inexistentes al cotejar con las bases de datos de ARCSA.
Infraestructura interna de empacado y almacenamiento de Madiveza
Se capturaron a 9 personas presuntamente vinculadas con este ilícito.
Este caso no ha estado exento de polémica en la actuación judicial. El 26 de julio del 2017 se realizó la audiencia de formulación de cargos, en la que el juez Guido Chalco dictó solo medidas cautelares en contra de cinco implicados:
Producto antes de ser empaquetado y etiquetado (ejm: formas farmacéuticas sólidas orales)
Andrés Omar Vásquez Espinoza, María Isabel Talbot González, dos bodegueros y una secretaria. Las medidas fueron: prohibición de ausentarse del país, enajenación de bienes, así como presentarse cada 15 días en el juzgado.
Noventa días después se realizó la audiencia preparatoria del juicio (el 7 de diciembre de 2017) en la que el juez Chalco determinó que no había suficientes indicios para llamar a juicio. Por lo tanto declaró el sobreseimiento de los imputados. Respecto a los medicamentos se limitó a indicar que emitiría un pronunciamiento en el futuro y los productos incautados quedaron bajo custodia en un recinto militar.
Desblisteadora: Función de la máquina: desempacar las cápsulas, tabletas o grageas del blíster original
El Consejo Nacional de la Judicatura ordenó la suspensión del Juez. Mientras la fiscalía y los abogados del Ministerio de Salud apelaron. Para entonces esta cartera de Estado ya presentó la acusación particular (el 3 de octubre del 2017), por falsificación de medicamentos, infracción tipificada en el artículo 217 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Izq: Encapsuladora semi-automática. Función de la máquina: encapsular el polvo farmacéutico. En el círculo rojo los discos para encapsular. Der: Blisteadora. Función de la máquina: empaque primario de formas farmacéuticas sólidas orales (cápsulas, tabletas y grageas).
La apelación fue aceptada y el caso fue asumido por la sala de lo penal de la Corte Provincial del Azuay, que declaró la nulidad de lo actuado por Chalco, pues indicó que no motivó su dictamen de sobreseimiento y tampoco se pronunció sobre los medicamentos.
Área de empaquetado. Producto: Amixen Plus. Elaborado por: Laboratorios Naturales y Genéricos S.A.C, que no existe en el Ecuador.
Luego, el proceso pasó al juez Felipe Córdova, quien sí determinó que existen indicios suficientes para llamar a juicio a dos de los imputados, pues a los otros tres los sobreseyó.
Cinco meses después Córdova llamó a la audiencia de juicio y el Tribunal que procesa el caso, desde este 13 de diciembre, está integrado por los jueces: Patricia Novillo Rodas (ponente), Pablo Galarza Castro y Luis Flores Idrovo. Ellos definirán la culpabilidad o inocencia de los imputados.
Llenadora de líquidos. Función de la máquina: llenar la forma farmacéutica de líquidos orales (jarabes y suspensiones)
Si en la sentencia se resuelve que son culpables, dada la figura por la que acusa la Fiscalía, la prisión es de hasta cinco años por el delito de producción, comercialización y distribución de medicamentos falsificados.
Aunque el Ministerio de Salud, en su acusación particular, y la ARCSA, en sus análisis del caso, han  identificado el cometimiento de un cúmulo de delitos contemplados en el COIP como el de estafa (previsto en el artículo 186), daño permanente a la salud (art 215), engaño al comprador sobre la calidad de productos o servicios vendidos (art 235), y falsificación y uso de documento falso (Art 328), la Fiscalía se concentró solo en el delito de falsificación de medicinas.
Además hay otro tipo de violaciones que deberían investigarse por cuerda separada porque existirían delitos aduaneros y tributarios dado que toda la maquinaria que utilizaban para el delito de falsificación de fármacos no está registrada en la aduana como importada legalmente.

El Ministerio de Salud ha estimado el monto de los daños y perjuicios en más de 1 millón de dólares y según el expediente del proceso señala: “en atención al Art. 77 del Código Orgánico Integral Penal… solicito la Reparación Integral de los Daños, toda vez que de la investigación se evidencia el afán de causar daño a la comunidad con la provisión de medicinas no aptas para el consumo humano…”
Por lo  tanto, las expectativas respecto a las sanciones incluye también el resarcimiento económico de los daños con el fin de que se cubra incluso la destrucción de los medicamentos falsificados y caducados con el fin de evitar que estos salgan a comercializarse y causen daños graves a la salud y también para precautelar el medio ambiente, pues deben ser destruidos bajo estándares específicos que tienen un costo.
De hecho en las audiencias previas se ha mencionado los daños que pudo ocasionarse a la ciudadanía y se ha señalado que es un tema de conmoción social porque atenta a un bien protegido por la Constitución que es la salud de la población. Sin embargo desde la misma Fiscalía no se ha abierto el abanico para delegar a otros fiscales de manera que conozcan estos otros presuntos delitos. El fiscal a cargo del caso es Jorge Cárdenas Verdezoto.
Según ha reportado la prensa cuencana, la cartera de Salud ha dicho que “ el accionar del Ministerio en el caso tiene la finalidad de “precautelar y garantizar la salud de los ciudadanos”, y anunció que se efectúan controles permanentes por la Agencia de Regulación y Control Sanitario para evitar que se registren nuevos casos de adulteración de medicinas en Azuay.
El expediente de este caso tiene más de 3.000 fojas que incluyen 152 informes técnicos de ARCSA, decenas de fotos y videos y se espera que todo esto sea valorado por el Tribunal.

El 7 de agosto de 2018 a las 16h00 se realizó un operativo de desalojo liderado por autoridades policiales del más alto nivel. Un operativo de esa naturaleza realizado en el Ecuador continental difícilmente hubiera pasado desapercibido. En este caso, salvo algunas protestas en redes sociales, no se supo de él. El operativo sucedió en la Isla Puná y al parecer lo que pasa en Puná se queda allí.
Puná, es la isla mayor del Golfo de Guayaquil.  Pese a que administrativamente es parte de Guayaquil, su comunicación con la urbe es limitada. A Puná sólo se llega por agua, ya sea que se tome la embarcación diaria desde la zona del mercado Caraguay, en Guayaquil, o desde Posorja (otra parroquia rural de la ciudad) donde se sale con más frecuencia. El éxito del viaje y el tiempo de duración del mismo depende de la mareas. Por lo menos es hora y media cruzando el mar desde la ciudad. A veces las embarcaciones quedan varadas en el lodo.

Probablemente por ello y también por el sigilo comunicacional con que el que se procedió, no se dio cobertura a un operativo que partió con 25 embarcaciones desde Posorja y movilizó 300 policías bajo el mando del Coronel Bolívar Tello Astudillo, Director de Control y Orden Público del Ministerio del Interior. El crnel. Tello no era el único alto oficial en el operativo, lo acompañaban el crnel. Johnny Charles Mora Flores, Jefe de Operativo del Distrito Sur y el teniente coronel Jefferson Santamaría. También estaban cuatro comisarios de policía del Guayas: Wilson Layana (Juján), Byron Alcívar (Durán), Lorena Toledo (Playas) y el Ab. Manuel Barreto (Milagro). Dos Agentes Fiscales: Franklin Muzzio Manrique y Alfredo Chonillo Muñoz. Los acompañaba el beneficiario del desalojo: el abogado Fernando Rosero acompañado por sesenta civiles a sus órdenes, que llegaron en sus propias embarcaciones. También fue parte del operativo un helicóptero de la Policía.

El sigilo también se explica porque el desalojo se realizó para cumplir una orden judicial que ha sido denunciada por los afectados como ilegal e inejecutable. En la orden, emitida en una sentencia de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial del Guayas, ni siquiera aparecía el nombre de quienes fueron desalojados ese 7 de agosto de 2018, en predios ubicados en el Sector de la comuna ancestral Río Hondo y La Flor de la isla Puná, Segundo Reyes Gonzabay, empresario camaronero oriundo de la isla, su empresa Pescayo S.A.
La sentencia decía que se desaloje a Freiman Solís Sánchez, quien había trabajado en un predio vecino al desalojado. Si bien la sentencia agregaba que también se desalojará a “las personas que aparezcan como invasores en terrenos de “La Hacienda El Placer”, María Leonor Jiménez de Viteri, ex presidenta de la Corte Provincial del Guayas, señala que dado que en materia penal la responsabilidad es personalísima y, siendo el derecho restrictivo, una sentencia que pedía el desalojo de quien ya no estaba ahí y que por otra parte no citaba los nombres de quienes realmente iban a ser desalojados, era inejecutable.
El tema de la inejecutabilidad de la orden de desalojo es sólo la punta del iceberg. De fondo está el hecho de que fiscales, jueces y autoridades como el ex Ministro del Interior, Mauro Toscanini, y el crnel. Tello convirtieron en “invasores” y “traficantes de tierras” a quienes tenían una historia de dominio de décadas de los predios de los que fueron desalojados. Tanto para los abogados de las Comunas, como de la empresa Pescayo S.A. el meollo del asunto es que se trasladó de manera retorcida al ámbito penal un problema que debía haber sido resuelto en el ámbito de lo civil: es decir los demandantes de la Sociedad en Predios Rústicos Hacienda El Placer, primero, debieron haber borrado procesos de extinción de dominio y adjudicación de tierras a favor de las comunas y de Segundo Reyes, realizados décadas atrás en el marco de la Ley de Reforma Agraria, lo cual en un régimen de derecho sería muy difícil. Además, por parte del Ab. Fernando Rosero el tiempo ya se había agotado.

Antes del desalojo realizado el 7 de agosto de 2018 hubo varios intentos. El primero ocurrió el 9 de junio y no se concretó. El segundo intento sucedió el 14 de junio y se vio frustrado porque subió la marea y quedaron empantanados. El 22 de junio Fernando Rosero tenía listo ya un contingente para acompañar otro intento de desalojo, que no se dio.
¿Cómo se metió Fernando Rosero en este caso? Fue abogado patrocinador de Zaira Eljuri, quien aseguraba ser la propietaria ya que su tío, supuestamente, le dejó a su fallecido padre los derechos sobre las aportaciones que le correspondían como uno de los propietarios de la Sociedad en Predios Rústicos Hacienda El Placer. Dicha cesión de derechos está denunciada como falsifcada y es objeto de una investigación fiscal que se encuentra pendiente. En agosto de 2015 Rosero patrocinó la demanda de Apertura de la Sucesión Hereditaria (juicio # 092009-2015-06426) y posteriormente una denuncia de invasión que Zaira Eljuri presentó en julio de 2016. El 15 de junio de 2017 Zaira Eljuri, quien se encontraba delicada de salud, otorgó un poder especial a favor de Fernando Rosero, que lo facultaba para realizar cuanto acto jurídico estime en razón del predio perteneciente a la Sociedad en Predios Rústicos Hacienda El Placer. Apenas un mes después, el 14 de  julio 2017, Zaira Eljuri falleció, pero al parecer el poder que había otorgado a su abogado se extendería más allá de su muerte.

Estas fotografías corresponden al 29 de septiembre de 2017, cuando Fernando Yávar Núñez, Fernando Rosero Gonzalez y policías acudieron a la Hacienda El Placer, en la parroquia Puná al reconocimiento del lugar de los hechos, correspondientes a la denuncia presentada el 3 de mayo de 2017 por Zaira Eljuri Alarcón en contra Vladimir Sisalima Barros, por el supuesto delito de Ocupación, Uso Ilegal de Suelo y/o Tráfico de Tierras. 
Tras fallecer su apoderada, Rosero se convirtió en el Gerente de la Sociedad en Predios Rústicos Hacienda El Placer. En tal calidad, compareció a la investigación previa No. 090101817050601 que su clienta había iniciado en contra de otro posesionario de las tierras, Vladimir Sisalima Barrios, por el supuesto delito de uso ilegal de suelo y tráfico de tierras, para informar al fiscal a cargo, Fernando Yávar Núñez de la muerte de Zaira Eljuri y que ahora él estaba al frente de la denuncia. En ese acto pidió que el Fiscal incluya a Segundo Reyes Gonzabay como coautor y principal instigador del presunto delito.También pídió a la Fiscalía que realice una inspección in situ para desalojar a Sisalima y Reyes.
El 29 de septiembre de 2017 el fiscal Fernando Yávar Núñez y el Ab. Fernando Rosero González llegaron a Puná en helicóptero para realizar el “reconocimiento del lugar de los hechos” dentro de la investigación previa por el presunto delito de uso ilegal de suelo y tráfico de tierras. Durante tal diligencia el Fiscal Yávar dispuso la aprehensión de Freiman Solís Sánchez, guardián de Sisalima, por el delito de tenencia de arma de fuego sin permiso, pues la Policía, al ingresar a su dormitorio, encontró una cartuchera bajo su almohada. Al llegar a Guayaquil el cargo en contra de Freiman Solís fue modificado y, lo acusaron de invasor. Cambiaron también al fiscal y, a partir de eso, lograron la orden de desalojo que dio lugar a la expulsión de las comunas y Reyes de sus tierras.
Entre el 14 de junio y el 7 de agosto de 2018, tanto los abogados de Pescayo S.A. como de las comunas afectadas realizaron varias acciones centradas en la inejecutabilidad de la orden judicial y la tortuosa actuación de la Fiscalía y jueces del Guayas. Acudieron a la Comisión Nacional Anticorrupción del Guayas y al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En compañía de la CNA Guayas acudieron ante la Gobernación del Guayas. Se les informó que el Intendente del Guayas no iba a mandar desalojar por la inejecutabilidad.  Los abogados también denunciaron ante el Consejo de la Judicatura la actuación de la ex Fiscal Provincial del Guayas, Patricia Morejón. El Presidente de la Comuna Ancestral Indígena Río Hondo envió el 5 de julio una comunicación al Viceministro del Interior, solicitando que suspenda la medida.
Pero al parecer la capacidad de presión de Fernando Rosero, sobre quien los afectados señalaron que tendría cercanía con el entonces Ministro del Interior Mauro Toscanini, era muchísimo mayor.
La noche anterior al desalojo el entonces Intendente del Guayas, Josué Dumani, quien tenía dudas sobre la ejecutabilidad de la orden de desalojo y habría estado esquivando su consumación, estaba en su residencia en una ciudadela cerrada, cuando la general de policía Tannya Varela Coronel llegó hasta su puerta para trasladarle la orden del entonces Ministro del Interior Mauro Toscanini de que tenía que firmar la orden para que la Comisaria de Playas se haga cargo del desalojo, pues la Comisaria de Guayaquil se había reportado enferma.
El día del operativo la abogada de Pescayo, Mariana Mejía, exhibió ante las autoridades los títulos de propiedad (Registro de la Propiedad de Guayaquil) de los predios de donde los estaban desalojando y les indicó que la zona de Playas y Bahía (85.95 hectáreas), donde también estaba ubicada la Granja Acuícola Pescayo, eran terrenos estatales sobre los que tenían un Acuerdo de Concesión de Playas y Bahías vigente, pues ha sido renovado por la autoridad respectiva, de conformidad con la ley desde su concesión original en 1997. El Cnel. Mora Flores contestó a la abogada que no tenía interés en lo que decía y que iba a cumplir con la orden judicial y eso implicaba desalojar todo el predio. 

Más allá de la inejecutabilidad del desalojo, las autoridades extendieron el desalojo a la Zona de Playas y Bahías de 85.95 hectáreas concesionadas a Pescayo desde 1997, misma que se ha renovado de acuerdo a la ley y por lo tanto se encontraba vigente. De ahí que ni el predio ni los bienes que estaban en ella podían haber sido entregados a Rosero.
Tampoco se permitió que el administrador de Pescayo S.A. esté presente en la elaboración del inventario de bienes existentes, entre ellos la producción camaronera que se encontraba en fase de recolección y sembrado, ni los insumos, balanceado, bienes muebles e inmuebles, que eran propiedad de la empresa.
El operativo de desalojo se realizó con uso excesivo de la fuerza pública, los trabajadores y comuneros fueron amenazados y maltratados físicamente por los oficiales de policía y sus subalternos. En el operativo fueron detenidas catorce personas, mujeres, trabajadores, comuneros, guardias de seguridad de Pescayo S.A. No se les leyó sus derechos durante el arresto y fueron puestos a órdenes del juez penal fuera del plazo que determina la ley (26 horas). Incluso se detuvo a la abogada de la empresa, Mariana Mejía, a pedido de Fernando Rosero. Los detenidos fueron esposados desde las cinco de la tarde del día martes 7 de agosto del año 2018 hasta las siete de la noche del miércoles 8 de agosto del año 2018 cuando, después de llevarlos de Puná a Guayaquil y finalmente a Playas, los presentaron ante el Juez de lo Penal de esa localidad para su audiencia de flagrancia. Durante todo eso tiempo no les dieron de beber ni de comer.
La travesía de traslado desde Puná hasta el puerto de Posorja fue azarosa. Las embarcaciones que llevaban a los detenidos se dañaron por lo que tuvieron que pasar durante tres horas, en la madrugada, varados en alta mar hasta que fueron rescatados. Llegaron al Cuartel Modelo de Guayaquil a las 8:30 de la mañana. Las mujeres detenidas fueron llevadas al Hospital Universitario para su revisión. La abogada Mariana Mejía, de 61 años, presentaba un cuadro grave de hipertensión por lo que debió ser medicada repetidamente para que pudiera presentarse con los demás detenidos en la Sala de Audiencia de Flagrancia del Cantón Playas que se encuentra a cuarenta minutos de Guayaquil. Finalmente fueron liberados, pues el juez determinó que no había motivo para procesarlos.
El fin de semana siguiente al desalojo, los vecinos de la Comuna Río Hondo, vieron a los empleados del abogado Rosero cosechando los camarones de las piscinas de Pescayo S.A.
Después del desalojo
Mientras Segundo Reyes Gonzabay enfrenta un juicio por Uso Ilegal de Suelo y Tráfico de Tierras por estar en su propio predio, sus abogados han contratacado y presentaron una denuncia por el delito de ocupación, uso ilegal de suelo o tráfico de tierras en contra del Ab. Fernando Rosero González, gerente de los Predios Rústicos Hacienda El Placer, por el desalojo del 7 de agosto de 2018 y por haberse apropiado incluso de la zona de playas y bahías. 

La denuncia fue presentada el ante el Fiscal de Espacios Acuáticos, Víctor Hugo Calderón, quien abrió el expediente número 090101818082237 (161-2018) por desalojo ilegal de Segundo Reyes Gonzabay, de los trabajadores de la Empresa Pescayo S.A. y por la ocupación del área ubicada en zonas de Playas y Bahía sobre los cuales Segundo Reyes tiene derechos de posesión, desde1985 renovados el año 1999 mediante Acuerdo Ministerial No. 101-2008, por lo que posee el derecho exclusivo de ocupación de la camaronera construida sobre tierras estatales.
En el Oficio Nro. MAP-SUBACUA-2018-1804-O del 14 de agosto del 2018, remitido por Luis Daniel Carofilis Hernández, Subsecretario de Acuacultura, y Pesca al Gobernador de la Provincia del Guayas se señala:
“Que el Acuerdo Ministerial No. 101-2008 se encuentra vigente y que se ha renovado los Derechos de Concesión de una área de Zonas de Playa y Bahía, otorgada el 18 de septiembre del año 2008, por una superficie de 85,95 hectáreas ubicadas en el sitio La Florida y El Placer, parroquia Puná, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, otorgada a favor de la empresa PESCAYO S. A., y concluye que dicha Cartera de Estado, no ha dispuesto realizar ningún desalojo contra ese predio camaronero de 85,95 hectáreas”.

Esta es la certificación de que la concesión sigue siendo de Reyes y que fue despojado de ella con violencia, por parte de Rosero, con colaboración de la Policía. Sin embargo, ni la Gobernación ni la Intendencia quieren desalojar a Rosero. 

Ante lo sucedido, el Fiscal Víctor Hugo Calderón dispuso realizar un reconocimiento del lugar de los hechos, el  mismo que se realizó el 29 de agosto de 2018 con personal técnico de la Dirección de Control Acuícola de la Subsecretaría de Acuacultura, personal Técnico y policías de Medio Ambiente, un perito del departamento de criminalística y un agente investigador de la Policía Judicial, quienes se trasladaron al predio ubicado en el sector La Florida y El Placer, sitio Río Hondo, cantón Guayaquil, lugar donde funciona la camaronera Pescayo S.A. para verificar el estado actual de legalidad y operatividad del predio en referencia.
Al regresar de la diligencia y arribar al Muelle Municipal del Mercado Caraguay en Guayaquil, Daner Reyes Ortega, hijo de Segundo Reyes Gonzabay recibió una llamada telefónica de alguien que se identificó como la General Tannya Varela Coronel, Jefa de la Zona 8 de Policía. Él le pasó la llamada al abogado de Pescayo S.A. Patricio Pazmiño Salazar. La general preguntó si era verdad que habían ingresado al predio 50 policías y si los servidores policiales habían rastrillado sus armas a los empleados de Fernando Rosero que se encontraban ahí, pues él así lo había denunciado. El abogado Pazmiño respondió que eso era falso, ya que solo se había inspeccionado las zonas de playa y bahía en cumplimiento de la diligencia dispuesta por el Fiscal de Espacios Acuáticos, que no había ese número de policías pues sólo estaban un policía de criminalística, un agente investigador de la Policía Judicial del Guayas, dos policías de la UPMA y dos de la Marina. La general agradeció la información.

En este momento está por determinarse fecha de audiencia de juzgamiento en el proceso por ocupación, uso ilegal de suelos y/o tráfico de tierras contra Segundo Reyes Gonzabay, Vladimir Sisalima Barros y el guardián Freiman Solís Sánchez. También está pendiente una indagatoria pedida por el Fiscal Fernando Yávar contra Segundo Reyes Gonzabay y otros por asociación ilícita para invasión de tierras. Contra la abogada de Segundo Reyes, Mariana Mejía por prevaricato. También existe la denuncia de Patricio Pazmiño contra Fernando Rosero por uso de documento falsificado en referencia a la supuesta cesión de derechos de Franco Eljuri a Felipe Eljuri el 8 de marzo de 1977, denuncia contra Fernando Rosero por ocupación, uso ilegal de suelos y/o tráfico de tierras por estar vendiendo la 3.090 hectáreas de Puná y otra por invasor en zonas de playas y bahías, propiedad del Estado, concesionadas a Pescayo S.A.
Por su parte la Comuna Río Hondo, a través de su abogado Ricardo Ochoa, presentó una solicitud de medidas cautelares el día previo al desalojo pero se las negaron. También denunció a la jueza por no tomar en cuenta su fundamento y haber hecho copy/paste de otro fundamento. Pese a que el Director de Control y Orden Público del Ministerio del Interior, el 9 de agosto pasado, les contestó que el desalojo no iba a perturbar el área de la comuna, a los cuatro días del operativo la gente de Rosero hizo una zanja en el área de la comuna. Existe un informe del teniente político de Puná sobre esta afectación a la Comuna. Y lo más grave: las tierras de la comuna Río Hondo están incluídas en el predio que Rosero ha puesto a la venta. Por lo que la comuna va a comparecer en calidad de terceros perjudicados en la utilización dolosa de documentos públicos falsos. El Ab. Ricardo Ochoa manifiesta que pese a que a Río Hondo le asiste el derecho, su falta de recursos la pone en situación de desventaja.

22 de junio 2018. Protesta de Comuneros de Puná en apoyo a Segundo Reyes Gonzabay
A los abogados de Reyes, les preocupa en cambio, que se mantenga la parcialidad con la que ha actuado tanto la Fiscalía como los jueces hasta ahora. Según los abogados de Pescayo S.A. la entonces Fiscal Provincial del Guayas, Patricia Morejón, dio luz verde al proceso por invasión y tráfico de tierras, mientras dejó en el limbo la investigación previa sobre la validez del documento de cesión de derechos entre los hermanos Eljuri,en que se fundamenta el otro proceso. Tampoco ha sido buena su experiencia en las cortes, con jueces que no aceptan o no leen las pruebas de sus defendidos. Finalmente, la actuación del Ministerio del Interior, bajo el mando de Mauro Toscanini, su viceministro Andrés De La Vega y el Cnel. Bolívar Tello Astudillo, Director de Control y Orden Público del Ministerio del Interior, al ejecutar una orden de desalojo inejecutable concretaron el despojo de cuatro comunas y un empresario para quienes no existe la seguridad jurídica en el Ecuador.
Al mismo tiempo, si bien se habría caído el convenio de compraventa entre Fernando Rosero y los empresarios camaroneros de Machala, Darío Francelín Coronel Jiménez y Kleber Franco Loayza Cárdenas por seis millones de dólares, en días recientes se ha visto anunciada la venta de 3.080 hectáreas, con camaronera incluída, por 10 millones de dólares. Es decir, pese a toda la opacidad que rodea a los procesos de cesión de derechos sobre estas tierras y a la polémica legal latente sobre su tenencia, parece que a quien logra poner de su parte a los operadores de la justicia, la fortuna le sonríe en Ecuador, pues en este caso particular nada de esto ha impedido que la cotización de los terrenos se incremente en cuatro millones de dólares en muy poco tiempo.