MADRID (España). El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, oculta bienes y fondos en España al amparo de una empresa panameña de la que es dueño con su núcleo familiar. Se llama Amanda Advisors S.A., posee el cien por ciento de las acciones, todas al portador, por lo que su nombre no figura en ellas ni las ha declarado ante las autoridades tributarias colombianas.
Los bienes hasta ahora detectados en España son un lujoso apartamento en Madrid, valorado en cerca de tres millones de euros, así como fondos bancarios en el Banco de Santander, recibidos, mediante transferencias provenientes presuntamente de paraísos fiscales, indicaron fuentes judiciales españolas.
Martínez Neira adquirió en Panamá la empresa de fachada Amanda Advisors S.A., creada en octubre de 2007 por la firma de abogados de Ciudad de Panamá Rosas & Rosas, cuya actividad es similar a la de Mossack Fonseca, famosa desde cuando su gigantesco banco de datos y actividades fue hecho público mediante filtraciones que recibieron la Red de Periodismo de Investigación Estructurado y Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, con lo cual más de cien medios de comunicación publicaron centenares de historias apoyadas en varios millones de documentos sobre el funcionamiento del bufete entre los años 1970 y 2015. Esto desató el escándalo mundial –todavía en efervescencia– conocido como “Panamá Papers”. Amanda Advisors S.A. no ha sido inscrita en el Registro Único Empresarial y Social de las Cámaras de Comercio de Colombia.
Rosas & Rosas ha sido judicialmente señalada de blanquear fondos negros de la constructora Odebrecht con el objeto de pagar sobornos alrededor del mundo, como lo revelaré en un reportaje que verá la luz después de este.
Amanda Advisors S.A., la empresa del Fiscal colombiano, fue registrada en la Notaría Décima del Circuito de Ciudad de Panamá por Eliseo de León y Elisa Edghill. Sus directores son tres compañías de islas vírgenes británicas, a saber: Fairfax Invest Corp., Pointview Financial Limited y Ultra Mega Development S.A. (estas tres últimas tienen una misma dirección en las Islas Vírgenes Británicas).
La mencionada Ultra Mega Development S.A. fue reemplazada en la directiva de la firma del fiscal Martínez Neira por HBM B.V.I LTDA, representada por Rosas & Rosas Abogados.
Eliseo de León, Elisa Edghill y las tres firmas de las Islas Vírgenes Británicas también figuran en los documentos notariales de fundación y existencia de la firma Winter Blue S.A. (creada por Rosas & Rosas). Respecto de esta, una investigación del diario de Argentina Clarín descubrió que su dueño es el ex jefe de Aduanas de Buenos Aires Eduardo Bernardi y la utilizó para esconder de las autoridades tributarias al menos medio millón de dólares.(ver). Bernardi fue juzgado y condenado por la justicia argentina bajo el cargo penal de blanqueo de dinero.
Aparte de los registros notariales correspondientes, la similitud de la ficha directiva simple de Winter Blue S.A., del argentino Bernardi, y Amanda Advisors S.A., del Fiscal Néstor Humberto Martínez, saltan a la vista:
Amanda Advisors S.A. fue creada –repito– por Rosas & Rosas e inscrita en 2007 con el número de asiento 187053.
Elisa Edghill, quien figura en las empresas del argentino y en la del Fiscal General colombiano, aparece en la misma posición en otras 5.308 sociedades panameñas y 4.845 directorios de firmas fundadas en Panamá. Algo parecido ocurre con Eliseo de León.
Rosas & Rosas y sus tres firmas radicadas en Islas Vírgenes Británicas (inscritas como directores de la empresa del Fiscal Martínez Neira) figuran en un escándalo de lavado de activos y evasión que se desató en Gran Bretaña, cuya cabeza principal es el empresario Derek James Tiney, quien recibía, al parecer, fondos negros de Odebrechet.
En cuanto a la firma offshore del Fiscal General colombiano, Amanda Advisors S.A., fue inscrita en Ciudad de Panamá con un capital social autorizado de US$ 10 mil, dividido en 10 mil acciones comunes al portador, todas con iguales derechos y privilegios. Cada una vale un dólar. Con esta estructura el dueño de los bienes de la empresa es quien posee sus acciones al portador (en este caso Martínez Neira y su familia nuclear), con lo cual consigue evitar que figuren a nombre propio.
Expertos explicaron que Martínez Neira y su núcleo familiar encuadran en el concepto jurídico de “beneficiario real”, desarrollado por la organización no gubernamental alemana Transparencia Internacional, consagrada a la promoción de medidas contra crímenes corporativos y corrupción política en el ámbito internacional. Se fundó en 1993 y publica anualmente el índice de Percepción de Corrupción, una lista corporativa de corrupción a nivel mundial.
Lo mismo que en España, el precepto de “beneficiario real” lo acogió por primera vez en Colombia la Superintendencia Financiera y luego se hizo reglamentario. Offshore es el término usado en el mundo de las finanzas y el derecho para describir los paraísos fiscales o guaridas fiscales (en inglés tax haven, “refugio fiscal”)?. Son utilizados para eludir el pago de impuestos, así como gozar de secreto bancario para evadir y eludir impuestos y blanquear y ocultar capitales.
Llama la atención que el capital autorizado de Amanda Advisors S.A. –la firma offshore del Fiscal Martínez Neira– sea de US$ 10 mil y al mismo tiempo esa firma posea en España un bien valorado en cerca de tres millones de euros, más fondos por una cantidad no especificada.
La información referente a la constitución, existencia y tradición de Amanda Advisors S.A. fue adquirida legalmente en Panamá por este periodista a través del servicio Dato Capital.
El apartamento de Néstor Humberto Martínez Neira y su núcleo familiar en Madrid, España, (puesto a nombre de Amanda Advisors S.A.), está situado en Calle José Ortega y Gasset, número 17, piso cuatro B, puerta izquierda.
La inscripción en el municipio de Madrid corresponde a finca raíz y tiene el “número 14492 Indufir: 28088000019716”. El apartamento fue adquirido en 2014 por medio de compraventa y pagado con un cheque contra una cuenta bancaria española.
La descripción oficial del apartamento respecto a su ubicación y tamaño, es esta:
Foto de Gonzalo Guillén
Por medio de dineros de Amanda Advisors S.A. situados en España, el Fiscal Martínez Neira y su núcleo familiar cubren los gastos de propiedad y uso del apartamento de la exclusiva calle Ortega y Gasset.
Este periodista conoce el nombre –pero no lo revela, por ahora– de la intermediaria (esposa de un destacado diplomático) que buscó esa propiedad raíz por petición expresa de Martínez Neira. Luego, cuando el Fiscal colombiano encontró que era de su agrado y la eligió, ella se la vendió.
El propietario anterior era Isabel Rúa Figueroa-Ortiz, viuda del periodista Salvador López de la Torre, quien falleció el 2 de febrero de 2011.
El apartamento no tiene empadronamiento debido a que, según se explicó en el ayuntamiento de Madrid, “pertenece a extranjeros”.
En la conserjería del edificio número 17 de la calle Ortega y Gasset, en cuyo primer piso se encuentra una tienda de la perfumera y joyera italiana Bulgari, se informó que, en efecto, el piso 4, sector B, puerta izquierda, es del colombiano Néstor Humberto Martínez Neira, quien, por cierto, la semana pasada lo visitó durante el viaje oficial que lo llevó con su esposa a Madrid y Londres.
Para esta investigación, durante tres meses fue entrevistada una veintena de personas en Madrid y Bogotá, quienes pidieron provisionalmente el anonimato. Dijeron saber con certeza que el apartamento en cuestión es de Martínez Neira. Varias de ellas indicaron que han estado como invitados en esa propiedad, así como en otras dos –dijeron algunos–, situadas en París y Nueva York.
El Fiscal General Martínez Neira fue invitado a dar su versión de los hechos por medio de un correo electrónico enviado a la jefatura de prensa de la Fiscalía General de la Nación. No respondió.
Pagos desde $1 500 hasta $113 000 fueron realizados en favor de funcionarios del Municipio de Tulcán por el consorcio que ejecutó el proyecto de remodelación de la Plaza Central de esa ciudad, entre 2011 y 2012.
Ninguna de esos pagos se han justificado hasta el momento, el caso ya se investiga en la Comisión de Transparencia del Consejo de Participación Ciudadana y también se han presentado denuncias en la Contraloría General del Estado y la Fiscalía General.
El caso se dio a conocer en medio de un litigio entre los socios del consorcio Construnor, a cargo de la rehabilitación del Mercado Central de Tulcán, un proyecto con una inversión de $1,5 millones: $1,2 millones por el contrato inicial y uno complementario por $287 750.
El mercado cerró sus puertas en febrero de 2011 para dar paso a la remodelación y se reabrió en noviembre de 2012. A la inauguración de la plaza asistieron las dignidades de aquel entonces: María Fernanda Espinosa, como ministra de Patrimonio; Laura Mafla, como gobernadora del Carchi; René Yandún, quien figuraba como prefecto del Carchi; Julio Robles, que ya ocupaba la Alcaldía de Tulcán, hasta hoy.
Ocho años después, el 10 de julio pasado, Jorge Fernando Paredes, uno de los tres socios que conformaron el Consorcio Construnor demandó a otro socio: Diego Santillán De la Vega, por el presunto no pago de sus utilidades. “Me he visto perjudicado por el accionar de un ex socio de trabajo y por funcionarios públicos del GAD Municipal de Tulcán”, alega Paredes en la denuncia presentada ante el Consejo de Participación Ciudadana en Carchi.
“Al finalizar los trabajos y no recibir la parte proporcional de las utilidades, y al no tener respuesta a mis requerimientos, me vi en la necesidad de platear una acción de rendición de cuentas”, asegura Paredes en el documento de la demanda.
La rendición de cuentas solicitada fue presentada por Santillán ante el juez Milton Terán Grijalva, de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en Ibarra. Allí se detallan las comisiones pagadas en favor varios de funcionarios municipales y del mismo Municipio: $1.500 para el jefe de Fiscalización, $2 000 para el director administrativo y otros $2 000 para el director financiero del GAD de Tulcán.
Otros rubros más altos indican un pago de $13 500 en favor de Gonzalo Terán, cuyo roll de participación en el proyecto no se especifica en el documento; $2 000 adicionales para el abogado del GAD de Tulcán; otros USD 3 000 entregados en apoyo para las fiestas de Tulcán; y, el rubro más alto, USD 113 000 para promoción y contribución al mismo gobierno local.
En la misma rendición de cuentas presentada y firmada por Santillán en su defensa asegura que las utilidades del denunciante y ex socio si fueron pagadas, pero también admite que se entregaron valores para beneficiarse de la adjudicación de la obra. “Es necesario reconocer que un porcentaje de los ingresos recibidos en calidad de anticipo fueron repartidos entre los tres socios girándose cheques en nuestro beneficio y, de ese valor entregamos una parte a terceras personas por la adjudicación de la obra”, cita el documento.
Agrega que los cheques entregados fueron firmados de manera conjunta, lo que implicaría una responsabilidad compartida tanto del acusado como del demandante. En declaraciones para un medio local en la provincia del Carchi alegó: “Nos cogieron desprevenidos. Estábamos realizando un peritaje con un contador externo sobre los dineros utilizados para esta obra cuando nos solicitaron que entreguemos la rendición de cuentas; por, ello no se revisó de forma adecuada el escrito”, dijo.
A raíz de esto iniciaron las investigaciones y el concejal del municipio de Tulcán, René Granda presentó una denuncia por presunto cohecho ante el Consejo de Participación Ciudadana, Contraloría y la Fiscalía, para que se investiguen los “posibles actos indebidos ocurridos en la construcción de una obra municipal en 2012”.
No es la primera vez que el concejal Granda denuncia presuntas irregularidades de la actual administración. En otras ocasiones ha expresado sus sospechas de que los hijos de varios concejales del GAD de Tulcán estarían trabajando también en el Municipio. Pero esta acusación la hizo sin dar nombres.
Consultado por este tema, el alcalde de Tulcán, Julio Robles, aseguró que se las acusaciones se dan en el marco de una estrategia política previo a las próximas elecciones en marzo, en las que aspira presentarse como candidato a la Prefectura de la ciudad.
Robles fue electo alcalde de Tulcán por primera vez en 2009, respaldado por el Movimiento Social Conservador del Carchi, del cual es su fundador. En esa ocasión superó en votos al candidato del Movimiento PAIS, Pedro Velasco, con quien también compitió por la Alcaldía en 2014, cuando Robles fue reelecto por cinco años más.
Dicho de otra forma, Robles era alcalde cuando se firmó el contrato de adjudicación para la remodelación del Mercado Central de Tulcán.
El alcalde prefiere mantener distancia respecto al litigio de los socios de Construnor. “El Municipio como institución, el alcalde como alcalde o el alcalde como ciudadano, o cualquiera de los concejales del anterior periodo o de este, ninguno hemos sido mencionados o involucrados en esta denuncia”, dijo en una entrevista concedida este portal.
Aseguró no haber sido citado en el marco del proceso de indagación previa del proceso judicial y que la alcaldía está abierta a proporcionar toda la información que requieran los organismos de control, incluso estar dispuesto rendir su versión ante la justicia en caso de requerirlo.
“No hemos sido involucrados, mencionados o citados. La Fiscalía no me ha pedido ni notificado en nada sobre este primer caso”, manifiesta el alcalde. “Excepto, me han preguntado por escrito los nombres de las personas que ocuparon esos cargos en ese período. Entiendo que nuestra jefe de Talento Humano, en los próximos días estará dando su versión en la Fiscalía en referencia a la información que nos consultaron”.
Señaló que el listado con los nombres de dichos funcionarios ya fue remitido a la Fiscalía pero no quiso revelarlos. Aseguró que son varios los funcionarios que ocuparon en su primer período los cargos que constan en la rendición de cuentas como receptores de los pagos y que algunos de ellos todavía ocupan cargos en el Municipio de Tulcán.
La constructora
El Consorcio Construnor participó en el proceso para la adjudicación del proyecto en 2011, compitió contra tres ofertas. El presupuesto referencial para esta obra fue de $1 565 000. Su oferta, registrada en 573 fojas, fue terminar el proyecto en 320 días con un presupuesto inicial de $1 215 326,88, sin considerar obras complementarias. Esto según reposa en los archivos del Municipio del Tulcán al cual tuvimos acceso.
El mercado cerró sus puertas en febrero de 2011 para dar paso a la remodelación y se volvieron a abrir en noviembre de 2012. La obra fue presentada sin quejas por parte de la Alcaldía respecto a las estructuras, lo que si hubo fueron multas retrasos por un monto cercano a los USD 30 000.
Mercado Central de Tulcán, un proyecto con una inversión de $1,5 millones: $1,2 millones por el contrato inicial y uno complementario por $287 750.
A la inauguración de la plaza asistieron las dignidades de aquel entonces: María Fernanda Espinosa, como ministra de Patrimonio; Laura Mafla, como gobernadora del Carchi; René Yandún, quien figuraba como prefecto del Carchi; y Robles que ya ocupaba la Alcaldía.
El día de la inauguración del remodelado mercado las autoridades municipales decidieron llamar a la obra plaza del Buen Vivir, asisitieron autoridades gubernamentales y felicitaron al alcalde por la eficiencia municipal.
María Fernanda Epinoza y Silvia Salgado se encargaron de cortar la cinta, un recuerdo de la obra y también de la corrupción.
La mencionada firma no figura en nuevos contratos con el Municipio de Tulcán. Los registros de la empresa en el Servicio de Rentas Internas muestran que las actividades del Consorcio iniciaron el 11 de marzo de 2011 y finalizaron el 14 de agosto de 2012.
La gaceta del SRI registra un auto de pago por USD 10.398,70 en octubre de 2017 y el mismo mes se resuelve cancelar el RUC 0491510633001 del Consorcio el mismo mes, junto con el de otras 147 sociedades.
Actualmente, Construnor no figura en los registros de la Superintendencia de Compañías. Consultando en el portal de sociedades Ecuador Pymes, no aparecen números telefónicos de referencia y la dirección de sus oficinas en Tulcán (La Emerita s/n La Ofelia, Carchi – Tulcán) no existe en los mapas.
Tampoco se conoce ninguna referencia entres los habitantes de la ciudad, aparte de las publicaciones realizadas por el mismo Municipio referentes a la remodelación del Mercado Central. El alcalde Robles tampoco dio ninguna pista adicional sobre la empresa.
Consultados por este medio, el abogado Galo Borja, como representante de Jorge Paredes, como denunciante, no quiso dar información sobre el proceso legal en curso.
El expresidente Rafael Correa conoció de la grabación en 2012. El entonces comandante general de la Fuerza Aérea, Leonardo Barreiro, le entregó el audio al exmandatario antes de que este nombrase a Alonso Espinoza como comandante general de la FAE. Quienes conocen de cerca la historia dicen que, por este audio, Correa dio marcha atrás en su decisión de nombrar al “gran general de la Fuerza Aérea Alonso Espinoza” como lo llamó en 2011, en una sabatina, y en su lugar designó a Enrique Velasco.
En una comunicación enviada a este medio el 28 de agosto de 2018, el general Alonso Espinoza indicó que “jamás” ordenó seguir a Gabela, “el coronel Vargas declaró ante la Fiscalía y públicamente que jamás recibió orden de seguir a él o a nadie” y añade que no sabía que el ex comandante de la FAE estuviese investigando su patrimonio.
Entre 2007 y 2008, Gabela fue comandante de la FAE, se opuso a la compra de los helicópteros Dhruv por considerar que esas naves no contaban con las garantías técnicas suficientes para operar en Ecuador. Incluso desde 2006, Gabela fue partidario de un proceso de negociación de gobierno a gobierno, como una forma de alejar la presiones de los vendedores de armas, así lo dijo con su puño y letra.
Para Patricia Ochoa el móvil del asesinato de su esposo, son los helicópteros Dhruv,“pero la grabación entre el jefe de inteligencia y el general Gabela es muy clara. Ahí mi esposo también hace denuncias de ciertas irregularidades de determinado personal de la Fuerza Aérea. Creo que el general Gabela sabía algo más que lo dejó sentenciado…en esa conversación que tuvo”.
Ochoa recuerda con claridad que, en diciembre de 2011, el coronel Jaime Almeida, secretario del general Barreiro, le dijo a su abogado defensor “que existía una grabación pepa entre mi esposo y el coronel Vargas, y que podíamos pedirla al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas porque había sido subida el 11 de septiembre de 2011”. ¿Por qué el Consejo Supremono judicializó el audio?
Ochoa señala que trataron de endilgarle el audio a ella, “desde la mismas Fuerzas Armadas querían hacer un show con esta grabación, querían que aparezca en mis manos o las de otras personas pero que no se diga que fueron ellos quienes la encontraron”.
En 2015, el Comité Interinstitucional (creado para investigar el asesinato del general), entregó a Correa el informe que indicaba que se había investigado el patrimonio de varios generales (entre ellos Alonso Espinoza y Rodrigo Bohórquez), las cuentas bancarias de las personas vinculadas al crimen y del fiscal que llevó el caso, René Astudillo; además de las inconsistencias entre el expediente fiscal y los productos entregados por el perito Roberto Meza.
El exministro de justicia y exministro del interior, José Serrano, dijo en su comparecencia ante la Comisión Ocasional que indaga el caso, que el perito Roberto Meza presentó “algunos productos”: “él entregó esos tres productos y fueron puestos a consideración del Comité Interinstitucional.Nosotros entregamos ese informe al señor presidente de la República y ese informe tenía un tema fundamental, que sea remitido a la Fiscalía General del Estado para que se investiguen las irregularidades o las dudas que habíamos encontrado de esa investigación”, aseguró Serrano. Este medio tuvo acceso a ese informe y detalla esas “dudas”.
El informe inicia con los detalles del contrato que firmaron en abril 2013, el Ministerio de Justicia y el perito Roberto Meza, por USD 78.000. Meza se comprometió a entregar “tres productos” en un plazo de 90 días.
El 11 de abril de 2013, Roberto Meza entrega el producto I que no era más que el cronograma y plan de trabajo. El 26 de abril de 2013, Meza entrega el producto II, “el mismo que en sus conclusiones determina que “basado en los elementos técnicos recopilados hasta el momento, podemos ver que el móvil de la presente investigación tendería a mostrarnos que el mismo sería consecuencia de la delincuencia organizada”.
El 15 de mayo de 2013, el administrador del contrato recibe el producto II: “Informe motivado que determina que el móvil del crimen, descartando que el mismo obedece a un acto de delincuencia común con las debidas conclusiones respecto de las denuncias realizadas por la señora Patricia Ochoa, dicho informe cuenta con las pruebas que lo sustentan”.
Dos meses después, el 8 de julio de 2013, según información revisada por este medio, Roberto Meza entrega el tercer producto III, “mismo que es aprobado el 26 de agosto de 2013, por el administrador del contrato, luego de las aclaraciones y ajustes al informe“y certifica que “dicho informe no tiene firma de responsabilidad, y entre sus conclusiones constan: Hasta la presente fecha, la causa de la muerte de General Jorge Gabela Bueno habría sido producto de la delincuencia común, no siendo posible establecer el móvil real del crimen descartando al asesinato en la modalidad de sicariato y el robo de información como causales.
No hay relación de causalidad entre las denuncias efectuadas por el general Gabela en la Asamblea Nacional y en los medios de comunicación versus los hechos que derivaron en su muerte”, señala el informe.
El producto II concluye que el asesinato de Gabela sería consecuencia de la delincuencia organizada (además de señalar que las pruebas presentadas por familia están sustentadas) pero en la presentación que hizo el Comité Interinstitucional, en un informe general sobre el caso, presentado al presidente Correa, se sostuvo que en el tercer producto el crimen habría sido causado por delincuencia común y que no tiene nada que ver con las denuncias del general.
Este medio, está tratando de aclarar a qué se refiere ese informe general que presentó el Comité Interinstitucional cuando indica que el tercer producto fue recibido, “luego de las aclaraciones y ajustes al informe”.
Línea de tiempo del Caso Gabela
A continuación una cronología de los acontecimientos más relevantes del Caso Gabela.
Aquí se encuentran detallados los acontecimientos por fecha:
2007
Jorge Gabela Bueno fue nombrado comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).
El Comité de Adquisiciones de la FAE inició el proceso para la compra de helicópteros. Gabela se opuso a la compra de los Dhruv, de la empresa Hindustan Aeronautics Limited (HAL) por considerar que esas naves no contaban con las garantías técnicas suficientes para operar en Ecuador.
Abril de 2008
Jorge Gabela se retiró de la FAE.
El general Rodrigo Bohórquez, sucesor de Gabela, concretó la compra. El 5 de agosto de 2008, el entonces ministro de Defensa Javier Ponce y el gerente de Sumil C.A., Juan Cortez Tamayo, gerente de Sumil C.A., representante en Ecuador de HAL, firmaron el contrato para la adquisición de siete helicópteros por $ 45.2 millones.
Octubre de 2009
Cayó el primer helicóptero en la base aérea del antiguo aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Gabela indicó a los medios de comunicación las razones por las que se opuso a la compra de los Dhruv.
Empezaron para Gabela y su familia los problemas, enfrentamientos con los altos mandos de la FAE, incursiones a su hogar, demandas. Se conoce que era vigilado por orden de otros generales. Después se conocería una grabación en la que el general Gabela le dice al jefe de la inteligencia de la FAE, coronel Roberto Vargas que sabe de la disposición del general Alonso Espinoza de mandarlo a seguir.
Entre 2009 y 2015
Se accidentaron cuatro helicópteros y los otros tres quedaron inoperativos. El entonces presidente dijo que la compra “fue una buena decisión con mala suerte”.
19 de diciembre 2010
Jorge Gabela es asesinado a tiros en su domicilio. Después de 10 días hospitalizado murió.
Diciembre de 2011
Se detuvo Derly David Salazar Vargas, alias “Francis” y Richard Párraga, sospechosos de ser los autores materiales del crimen. Cuatro días después fueron puestos en libertad, tras haber pagado, supuestamente, USD 20.000 al fiscal del caso René Astudillo Orellana, según confesó Párraga en la cámara de Gesell de la fiscalía. El fiscal Astudillo desmintió esa versión, indicando que Salazar Vargas no fue vinculado por él al caso Gabela.
Paralelamente, según Patricia Ochoa el coronel Jaime Almeida, secretario del general Barreiro, le dijo a su abogado defensor “que existía una grabación pepa entre mi esposo y el coronel Vargas, y que podíamos pedirla al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas porque había sido subida el 11 de septiembre de 2011.
Diciembre de 2012
Alias “Francis” fue asesinado en Guayaquil.
Abril de 2012
El Tribunal Décimo de Garantías Penales del Guayas sentenció a cinco hombres como autores materiales, cómplices y encubridores del crimen del general Gabela.
Octubre de 2012
Rafael Correa creó el Comité Interinstitucional para investigar la muerte de Gabela.
10 de abril de 2013
Roberto Meza firma contrato con el Ministerio de Justicia para investigar el asesinato del general Jorge Gabela, por USD 78.000.
11 de abril de 2013
Meza entrega el Producto I(Plan de trabajo y cronograma)
26 de abril de 2013
Meza entrega el Producto II, el mismo queconcluye que el móvil del asesinato de Gabela fue por delincuencia organizada.
15 de mayo de 2013
El administrador del contrato recibe el Producto II: “Informe motivado que determina el móvil del crimen descartando que el mismo obedece a un acto de delincuencia común con las debidas conclusiones respecto de las denuncias realizadas por la señora Patricia Ochoa, dicho informe cuenta con las pruebas que lo sustentan”
8 de julio de 2013
Roberto Meza entrega el Producto III. Entre sus conclusiones constan que la causa de la muerte del general “habría sido producto de la delincuencia común”. No se establece “el móvil real del crimen” y se descarta que las denuncias del general estén relacionadas con su muerte.
26 de agosto de 2013
El informe es aprobado por el administrador del contrato, “luego de las aclaraciones y ajustes al informe”.
Mayo del 2014
Roberto Meza denuncia en redes sociales que, desde el Ministerio de Justicia, le pidieron que “elimine más de 35 hojas del informe final o tercer producto”.
2 de Julio de 2015
El Comité entrega su informe a Rafael Correa y al entonces fiscal general, Galo Chiriboga.
Febrero 2015
Un Producto III, de 94 páginas, es recibido por Wilson Mayorga, delegado del ministro de justicia Lenín Lara
Julio: Patricia Ochoa recibe el Producto III de 96 páginas sin firma ni sumilla
Roberto Meza aseguró, en 2018, que entregó un producto III que tiene 130 hojas.
Junio de 2018
La Contraloría General del Estado señala que no hay evidencia de que exista un tercer producto.
El perito argentino Roberto Meza rindió su versión ante la Fiscalía General del Estado. Meza señaló que la información entregada al Ministerio de Justicia es «totalmente falsa, pues no consta la sumilla ni la firma de él». Según Meza “Hay funcionarios, militares y vendedores de armas”.
¿Quién hizo los ajustes y aclaraciones?, ¿cuáles fueron esos ajustes?
Patricia Ochoa enfatiza que desde el 8 de julio hasta el 23 de agosto de 2013 “se seguían haciendo ajustes”. Agrega que se firmó “la entrega de acta de recepción el 3 de septiembre de 2013, pero según declaraciones, tanto del señor perito, como del ministro Lara, se seguían haciendo ajustes de forma y no de fondo. Eso es lo que siempre me ha preocupado y estamos hablando que el informe se entrega en septiembre de 2013 y le entregan a la familia un informe sin firma ni sumilla del perito Meza en julio de 2015.
En ese tiempo sucedieron muchas cosas…él hizo público los tres correos que le mandaron desde el Ministerio de Justicia a nombre del viceministro de justicia César Ochoa, en mayo de 2014, pidiéndole que eliminen más de 35 hojas del informe final o tercer producto”.
La existencia del tercer producto es un misterio. Wilson Mayorga, delegado del ministro de justicia Lenín Lara, en declaración juramentada, señaló que recibió un tercer producto de 94 páginas, a la familia Gabela le entregaron uno de 96 sin firma ni sumilla y Roberto Meza habla de un producto III que tiene 130 hojas ¿Cuántos informes se han hecho? ¿Qué pasó en el Ministerio de justicia con el verdadero informe de 130 hojas? ¿Dónde está, por qué no aparece?, pregunta Ochoa.
“Yo estoy clara que existe ese tercer producto que dice el perito Meza. El perito sabe los nombres de los involucrados en el asesinato de mi esposo. Lo que ha dicho últimamente es que hay funcionarios, militares y vendedores de armas”, concluye la viuda del general.
Gabela tenía en la mira el patrimonio y movimientos bancarios de algunos Generales
El informe general del Comité interinstitucional fue presentado en un power point al presidente Correa. Incluyó información tributaria de Rodrigo Bohórquez Flores, Alonso Espinoza, Wendy Baquero (esposa de uno de los sentenciados).
En el caso de Bohórquez el documento sobre su información financiera concluye: “en control por inusualidad entre los valores acreditados en instituciones financieras con relación a los ingresos declarados por su cónyuge, Laura Mosquera (no declara impuesto a la renta por los años 2011, 2012 y 2013)”.
Sobre Espinoza Romero elaboraron un “Estructuramiento societario de relacionados”, allí se detalla que las empresas Minga S.A., Danielcom Equipment Supply S.A., Almara Corp. S. A., Refreshment & Beverage Servicios S.A., Oil Technology Oiltech S.A., Pacific Oil S.A., Corporación DFA S.A., Falcon Corporación Industrial S.A., están relacionadas directamente con él, su hijo Alonso Espinoza Vargas y con su ex esposa Eleana Dalila Vargas Guerra.
Contraloría: Responsabilidad Penal contra Espinoza
Existe un informe de 2015 con indicios de responsabilidad penal de la Contraloría General del Estado que explica cómo adquirieron los Espinoza-Vargas la empresa Minga S.A., a través de su empresa Danielcom.
Las irregularidades en la compra de Minga son más de una. Una fuente que ha pedido discreción total le dijo a este medio que el entonces contralor Carlos Pólit comentó “que varias semanas iba a visitarle el señor Alonso Espinoza Romero para evitar que le salga esta responsabilidad penal con respecto a Minga”. Espinoza, por su parte, niega que sea cierto.
La historia de Minga. En 1966, el dueño de Minga tramitó un crédito con la Corporación Financiera Nacional (CFN), dos años después, Minga cayó en mora. Su propietario puso en venta la empresa, María Fernanda Peñafiel la compró y canceló la deuda a la CFN.
El 30 de agosto de 2008, la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) dispuso la incautación de la empresa de servicios petroleros Minga S.A., al grupo Peñafiel (Banco de Préstamos), desde entonces pasó a ser administrada por el Estado mediante el Fideicomiso AGD-CFN ‘No Más Impunidad’.
En 2009, la AGD rechaza el pedido de desincautación de Peñafiel, argumentando que “no se ha presentado documentación que pruebe en forma fehaciente el origen lícito de los recursos y real propiedad de la empresa incautada”. Pedro Delgado Campaña, primo del expresidente Rafael Correa, era el administrador del Fideicomiso AGD-CFN.
La AGD ordenó el embargo del bien declarando que la compañía “es real propiedad de los accionistas del Banco de Préstamo S.A”. y resolvió que la totalidad del paquete accionario pase a ser de la AGD.
¿Cómo DANIELCOM se adueñó de MINGA?
La Contraloría General del Estado, en un informe con indicios de responsabilidad penal (DAAC-0302-2015) de 2015, indica que en 2011 la representante legal de Danielcom, sin ningún antecedente documental presentó una propuesta para la administración de las empresas Minga S.A., Pacific Oil S.A, Inmopetrosa S.A. y Servicios Technicos Petroleros del Ecuador NV.
En 2012, mientras Minga permanecía incautada, Elena Dalila Vargas Guerra fue nombrada como administradora temporal de la empresa por el Fideicomiso AGD-CFN ‘No Más Impunidad’. Para esa fecha, Vargas Guerra y su esposo Alonso Espinoza Romero, General de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), ya eran dueños de la empresa Danielcom Equipment Supply S.A.
Contraloría concluyó que antes de que Eleana Vargas Guerra (Danielcom) fuese nombrada como administradora de Minga, tuvo conversaciones con funcionarios del fideicomiso AGD. “Existieron reuniones con los ejecutivos de la empresa Danielcom Equipment & Supply S.A., sin que de esto exista evidencia documental de los puntos a tratarse previo a la suscripción del contrato de prestación de servicios de administración y operación de las empresas MINGA S.A. y PACIFIC OIL S.A.”.
¿Qué se trató en esas reuniones que menciona Contraloría?, le preguntó La Fuente a Espinoza Romero. Él asegura que el representante legal del Danielcom y gerente general “se acercó a el Fideicomiso AGD-CFN a pedir información sobre sobre la empresa Minga que era una de la opción de inversión de Danielcom pues se buscaba adquirir una propiedad que le permita dar servicio a sus clientes del área petrolera de manera oportuna”, indicó.
El organismo de control señala además que se suscribió el contrato para la administración de Minga sin ningún requerimiento y/o convocatoria, y que se incluyó “la primera y preferente opción de compra a favor de Danielcom Equipment & Supply S.A., inobservando el artículo 2 del Reglamento de negociación de bienes incautados que incluye: el concurso de ofertas en sobre cerrado al público, la pública subasta o subasta al martillo, la subasta en bolsa, la venta directa y la venta directa a través de corredores”.
Al respecto, Espinoza aclara que los procedimientos de la venta de Minga son “responsabilidad” del Fideicomiso AGD,y niega la conclusión a la que llegó Contraloría, pues afirma que la venta de Minga se la hizo mediante subasta pública observando lo dispuesto por la parte legal,no existió venta directa peor primera y preferente opción de compra derecho preferente”.
Este medio consultó a Espinoza si ¿tenía la intención Danielcom de adquirir Minga S.A. mucho antes de la firma del contrato de administración en el que Eleana Vargas fue nombrada como administradora por el Fideicomiso AGD? Él asegura que era una de las opciones de inversión de Danielcom, por esa razón “se pidió información y fue el Fideicomiso AGD quien solicitó que Danielcom administre la empresa minga para sanearla, pues estaba quebrada con causal de disolución”.
A la pregunta de si¿Danielcom sabía que la compra de Minga S.A. era un hecho?,respondió que no, que lo que había era la decisión de participar en la subasta pública en la compra de Minga S.A.”.
El 15 de octubre de 2013, el Fideicomiso AGD-CFN ‘No Más Impunidad’, dispuso la subasta de Minga. En el proceso de venta, hubo un único oferente: Danielcom.
Paralelamente, la Superintendencia de Bancos pidió, a través del oficio No.SBS-2013-752, a la representante legal del Fideicomiso AGD-CFN, suspender el remate porque según análisis y estudios realizados por esa entidad, se había “demostrado la no vinculación del patrimonio de Minga”.
Compra con cheque de las Islas Cayman
Contraloría indica que el 9 de septiembre de 2013, Danielcom solicitó a la Corporación Nacional Financiera, la compra de CPG´s (línea de crédito) para la adjudicación del 100% de Minga, alegando que a la fecha existía un proceso de subasta convocado. Lo que no concuerda con lo dicho por la empresa oferente, pues el concurso de ofertas se publicó el 7 de octubre de 2013 y la solicitud de Danielcom fue presentada ante la CFN 28 días antes.
Espinoza señala que el departamento financiero de Danielcom conocía la realidad financiera de Minga “y se determinó cuál sería el precio máximo que se podía pagar en una subasta pública. Con esa información se pidió el préstamo a la CFN para poder apalancar la operación que se venía, obviamente el trámite en las entidades públicas es muy engorroso y demorado y por esa razón se intentó adelantar las gestiones respectivas”.
El pago por la compra se concretó así: un cheque por USD 99.217 del Banco Promérica, USD 89.500 adjuntados inicialmente a la oferta de compra y USD 706.282 provenientes del Banco de Préstamos Cayman.
Alonso Espinoza niega la afirmación de Contraloría calificándola de “falsa, irreal y tendenciosa”y asegura que “el valor de la compra lo pagó Danielcom con un préstamo de la CFN a 15 años”.
El valor para el remate de Minga fue fijado en USD 882.000. La familia Peñafiel señaló en su momento a la Contraloría que esta cantidad “dista de su valor real, debido a que solo en activos (vehículos, equipos y maquinaria), oficinas (en Quito) y campamento (25 hectáreas en Shushufindi), la empresa tiene el doble del valor del remate, sin contar con todos los contratos por eventos de miles de dólares que esta empresa tiene en ejecución”.
La Contraloría, por su parte, concluyó que la metodología usada para la valoración de la empresa“únicamente consideró los activos y pasivos de las compañías, sin evaluar otras variables relacionadas con la operación, que pudieron influir en el valor de venta del paquete accionario”.
La empresa Minga fue adjudicada a los dueños de Danielcom en 2013, es decir la que administró el bien por encargo de la AGD, pese a que la misma junta del fideicomiso AGD expidió la norma que prohibía a persona naturales o jurídicas relacionadas con Minga, participar.
“Danielcom accedió a un préstamo de la Corporación Financiera Nacional, esto se trató de un grosero e inescrupuloso peculado público, pues implica que el administrador de un bien incautado haya sido beneficiado con la adjudicación mediante subasta del bien que administra; que curiosamente su oferta haya sido la única y que para su pago se le haya concedido un crédito por parte de una entidad financiera del estado y, este se lo realice fuera de los cinco días de los cuales tenía la obligación de realizarlo de conformidad con la ley”, señalan los antiguos dueños de Minga.
Espinoza por su parte señala que estas afirmaciones son mal intencionadas, “pues habla de un peculado que no ha sido probado jamás pues nunca existió. los procedimientos de subasta pública no son responsabilidad del sector privado, sino del sector público”.
Otro hecho curioso sucedió durante el proceso de venta y cesión de las acciones de Minga a Danielcom: en 2011, Minga firmó un pagaré a la orden del Fideicomiso Mercantil AGD – CFN NO MÁS IMPUNIDAD por un valor de USD 300.000, en el proceso de venta de Minga, este valor no fue cobrado, Contraloría indica que, debido a la falta de gestión para el cobro, los valores se mantienen pendientes. Significa que ¿el Fideicomiso AGD vendió la empresa, pero se olvidó cobrar su deuda?
“Falso, la deuda consta en los balances como un pasivo de Minga S.A”, le dijo Espinoza a este medio.
Contraloría además detectó que, en 2013, la empresa administradora de Minga (Danielcom) dio de baja la obligación por USD 237.318 que esa empresa mantenía con Servicios Técnicos Petroleros del Ecuador NV (STP), también incautada por el Estado.
En enero de 2015, la gerente general de Danielcom dijo a Contraloría que “acepta la obligación generada a favor de STP” y que “procederá a reversar el asiento contable”. La deuda fue pagada a STP en abril de ese año. Los antiguos dueños de Minga aseguran que fue imposible “acudir a la justicia” porque el mandato 13 impedía a los perjudicados iniciar acciones de protección y defensa.
Espinoza Romero señaló a este medio que, él es propietario del 25% de las acciones de Almara Corp. S.A., “a su vez Almara Corp. S.A. es propietaria del 95,01% de las acciones de Danielcom S.A., respecto a Minga: Danielcom es propietario de 0,5% de las acciones mientras que el 99,5% es propiedad de Fideicomiso Garantía Danielcom CFN”.
Relación de Pedro Delgado con los Espinoza – Vargas
Eleana Dalila Vargas y Alonso Espinoza eran cercanos a Pedro Delgado, como también lo fueron del ex presidente Rafael Correa, que llamó a Espinoza el gran general de la Fuerza Aérea. Existen reportes de diarios nacionales en agosto de 2012 que indicaron que , Vargas y Espinoza viajaron a Moscú e Irán, junto a Gastón Duzac como parte de la comitiva del Gobierno, integrada por altos funcionarios del Banco Central (Pedro Delgado en calidad de presidente), la Cancillería y la Unidad de Gestión de Derecho Público (Ugedep), para “atender agendas acordadas en la visita del presidente de Irán a Ecuador”.
“Yo no viajé”, dijo Vargas a un medio de comunicación, sin embargo, reconoció que su hijo Alonso Espinoza Vargas y su esposo Francisco Avilés Merino sí viajaron a Irán con los funcionarios. Espinoza Vargas y Avilés Merino, indicaron a diarioEl Comercioque el “objetivo del viaje era buscar financiamiento o alianzas en Irán para fortalecer la situación financiera de Minga”.
Espinoza, aunque reconoce el viaje a Irán, niega que él o Eleana Vargas hayan sido cercanos a Pedro Delgado, y aclaró que el proceso de venta de las empresas lo hizo Kathia Torres “que estuvo al frente del fideicomiso AGD-CFN”.
Danielcom fue constituida en marzo de 1995. Su objeto social es la “comercialización, exportación, importación, compra venta, distribución de insumos químicos industriales”. Sus administradores son Eleana Dalila Vargas Guerra y Alonso Fernando Espinoza Vargas. Sus accionistas son Eleana Vargas Guerra y Almara Corp S.A. esta última de propiedad de Alonso Espinoza Romero (exesposo de Vargas Guerra) y Eleana Vargas y de los hijos de ambos: Alonso Fernando, María Alejandra y María Raquel Espinoza Vargas.
La situación financiera de Danielcom Equipment & Supply mejoró poco después del primer año del gobierno de Rafael Correa, así lo evidencian sus declaraciones de impuestos: hasta antes de 2007 no declaraba más de USD 8.000 en impuesto a la renta y cero dólares por salida de divisas. A partir de 2009, sus declaraciones de impuestos superaron los USD 100.000 y las salidas de divisas los USD 224.000 en 2012.
Según el Servicio de Compras Públicas (Sercop), entre 2008 y 2011, Danielcom Equipment firmó contratos por USD 744.739, en 2015, se adjudicó alrededor de USD 900.000 en contrataciones y entre 2016 y lo que va de 2018, se adjudicó USD 2.3 millones.
El manejo económico de Minga S.A. no ha estado al margen de la polémica. En 2017, Pedro Delgado, (quien como presidente del Fideicomiso AGD-CFN ‘No Más Impunidad’ vendió Minga a Danielcom), denunció que, dentro de la trama de corrupción en Petroecuador, había un sistema para burlar el sistema de contratación en la estatal petrolera. Según reseña el portal Milhojas, Delgado indicó que “el mencionado desvío de recursos se dirigió a favorecer “a un club de negociadores del Estado”.
Antes de que Minga fuese confiscada por el Estado, esta había firmado contratos con Petroecuador, según Delgado se hicieron pagos a favor de quienes hicieron posibles esas negociaciones, entre ellos altos funcionarios del Gobierno y de Petroecuador.
El 30 de noviembre de 2009, la estatal petrolera, bajo la modalidad de contratación directa, adjudicó a Minga un contrato por USD 6.1 millones para la compra, montaje, pruebas y puesta en operación de 3 unidades automáticas de medición de petróleo para las estaciones centrales Auca, Sacha y Shushufindi.
El 8 de enero de 2010, se suscribió un contrato modificatorio, con una cuantía que subió a USD 6.241.805,8, pero con otro cambio que se introdujo en la cláusula décimo segunda, referente a la forma de pago, al establecer que la importación de los equipos que se requerían para ejecutar el contrato será realizada por Petroproducción, “mediante la apertura de una Carta de Crédito en términos CFR (Esmeraldas-Ecuador), a favor del beneficiarlo que señale la contratista, por $ 4′ 491.726,55”, señala Milhojas.
Se incluyó además el formulario No.3 que ordenaba que el pago “se realizará mediante carta de crédito abierta a Minga Equipment & Supply Co., Inc. (MESCO), una empresa constituida en EE.UU. y que no fue la que firmó el contrato original con Petroproducción, lo que significó que sobre la base de una proforma emitida el 15 de diciembre de 2009 por MESCO a Petroproducción, se emitió una orden de pago por $4,5 millones, el 12 de mayo de 2010 y Petroecuador justificó este pago en base a un adendum del contrato (formulario 3), sin firmas, sin estar debidamente notariada.
Delgado aseguró que el excontador de Minga le informó que Petroecuador y MESCO habían operado de esta manera para cubrir los pagos prometidos a quienes firmaron los contratos originales con Minga.
Galo Chiriboga archivó el caso
En 2012, el exasambleísta Cléver Jiménez denunció que el Banco Cofiec otorgó a Minga un préstamo por casi $400 mil, supuestamente ese dinero no ingresó a las cuentas de Minga. Jiménez también reveló que durante la administración de Danielcom en Minga, hubo supuesto exceso en un contrato para la confección de uniformes. Jiménez señaló que Danielcom era la proveedora de equipos y materiales de Minga. “La administradora es la que le vende los equipos a su propia administrada”, dijo Cléver Jiménez.
Estas denuncias, así como el informe con indicios de responsabilidad penal en contra de quienes participaron en la venta de Minga a Danielcom, fueron archivadas por el entonces fiscal general de la nación Galo Chiriboga.
Hasta el momento nadie ha vinculado las relaciones de Danielcom con Odebrecht ni los contactos que mantuvo con uno de sus principales ejecutivos: Claudemir Simoes Dos Passos.
“Fue una de las muchas empresas suplidoras de bienes y servicios de Odebrecht, incluso ahora estamos con algunos cobros de obligaciones pendientes a dicha institución, por facturas no pagadas”,respondió Alonso Espinoza cuando La Fuente le preguntó qué tipo de negocios hizo con la constructora brasileña.
El pedido de eliminar páginas enteras del informe
Este medio tuvo acceso a la información que está en poder de la Asambleísta Jeanine Cruz en la cual se revela que “[email protected]” es el correo electrónico desde el que se pidió la eliminación de páginas y anexos del informe que elaboró el perito Roberto Meza sobre el asesinato del general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) Jorge Gabela.
El 22 de abril de 2014, el perito había recibido otra comunicación en la que le informa que el “viceministro de Justicia, Augusto Ochoa, requiere comunicarse urgentemente” para realizar una “presentación del caso Gabela”.
Esta información consta en una presentación que hizo Roberto Meza el 14 de agosto pasado, a la Comisión del Legislativo que analiza el caso. En aquella, aparece el correo de Outlook pidiendo eliminar las páginas.
Ochoa es hijo de Caupolicán Ochoa, abogado de Rafael Correa, y fue viceministro entre marzo y junio del 2014, en la gestión de Ledy Zúñiga, negó que haya pedido eliminar partes del informe.
El expresidente Rafael Correa conoció de la grabación en 2012. El entonces comandante general de la Fuerza Aérea, Leonardo Barreiro, le entregó el audio al exmandatario antes de que este nombrase a Alonso Espinoza como comandante general de la FAE. Quienes conocen de cerca la historia dicen que, por este audio, Correa dio marcha atrás en su decisión de nombrar al “gran general de la Fuerza Aérea Alonso Espinoza” como lo llamó en 2011, en una sabatina, y en su lugar designó a Enrique Velasco.
En una comunicación enviada a este medio el 28 de agosto de 2018, el general Alonso Espinoza indicó que “jamás” ordenó seguir a Gabela, “el coronel Vargas declaró ante la Fiscalía y públicamente que jamás recibió orden de seguir a él o a nadie” y añade que no sabía que el ex comandante de la FAE estuviese investigando su patrimonio.
Entre 2007 y 2008, Gabela fue comandante de la FAE, se opuso a la compra de los helicópteros Dhruv por considerar que esas naves no contaban con las garantías técnicas suficientes para operar en Ecuador. Incluso desde 2006, Gabela fue partidario de un proceso de negociación de gobierno a gobierno, como una forma de alejar la presiones de los vendedores de armas, así lo dijo con su puño y letra.
Para Patricia Ochoa el móvil del asesinato de su esposo, son los helicópteros Dhruv,“pero la grabación entre el jefe de inteligencia y el general Gabela es muy clara. Ahí mi esposo también hace denuncias de ciertas irregularidades de determinado personal de la Fuerza Aérea. Creo que el general Gabela sabía algo más que lo dejó sentenciado…en esa conversación que tuvo”.
Ochoa recuerda con claridad que, en diciembre de 2011, el coronel Jaime Almeida, secretario del general Barreiro, le dijo a su abogado defensor “que existía una grabación pepa entre mi esposo y el coronel Vargas, y que podíamos pedirla al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas porque había sido subida el 11 de septiembre de 2011”. ¿Por qué el Consejo Supremono judicializó el audio?
Ochoa señala que trataron de endilgarle el audio a ella, “desde la mismas Fuerzas Armadas querían hacer un show con esta grabación, querían que aparezca en mis manos o las de otras personas pero que no se diga que fueron ellos quienes la encontraron”.
En 2015, el Comité Interinstitucional (creado para investigar el asesinato del general), entregó a Correa el informe que indicaba que se había investigado el patrimonio de varios generales (entre ellos Alonso Espinoza y Rodrigo Bohórquez), las cuentas bancarias de las personas vinculadas al crimen y del fiscal que llevó el caso, René Astudillo; además de las inconsistencias entre el expediente fiscal y los productos entregados por el perito Roberto Meza.
El exministro de justicia y exministro del interior, José Serrano, dijo en su comparecencia ante la Comisión Ocasional que indaga el caso, que el perito Roberto Meza presentó “algunos productos”: “él entregó esos tres productos y fueron puestos a consideración del Comité Interinstitucional.Nosotros entregamos ese informe al señor presidente de la República y ese informe tenía un tema fundamental, que sea remitido a la Fiscalía General del Estado para que se investiguen las irregularidades o las dudas que habíamos encontrado de esa investigación”, aseguró Serrano. Este medio tuvo acceso a ese informe y detalla esas “dudas”.
El informe inicia con los detalles del contrato que firmaron en abril 2013, el Ministerio de Justicia y el perito Roberto Meza, por USD 78.000. Meza se comprometió a entregar “tres productos” en un plazo de 90 días.
El 11 de abril de 2013, Roberto Meza entrega el producto I que no era más que el cronograma y plan de trabajo. El 26 de abril de 2013, Meza entrega el producto II, “el mismo que en sus conclusiones determina que “basado en los elementos técnicos recopilados hasta el momento, podemos ver que el móvil de la presente investigación tendería a mostrarnos que el mismo sería consecuencia de la delincuencia organizada”.
El 15 de mayo de 2013, el administrador del contrato recibe el producto II: “Informe motivado que determina que el móvil del crimen, descartando que el mismo obedece a un acto de delincuencia común con las debidas conclusiones respecto de las denuncias realizadas por la señora Patricia Ochoa, dicho informe cuenta con las pruebas que lo sustentan”.
Dos meses después, el 8 de julio de 2013, según información revisada por este medio, Roberto Meza entrega el tercer producto III, “mismo que es aprobado el 26 de agosto de 2013, por el administrador del contrato, luego de las aclaraciones y ajustes al informe“y certifica que “dicho informe no tiene firma de responsabilidad, y entre sus conclusiones constan: Hasta la presente fecha, la causa de la muerte de General Jorge Gabela Bueno habría sido producto de la delincuencia común, no siendo posible establecer el móvil real del crimen descartando al asesinato en la modalidad de sicariato y el robo de información como causales.
No hay relación de causalidad entre las denuncias efectuadas por el general Gabela en la Asamblea Nacional y en los medios de comunicación versus los hechos que derivaron en su muerte”, señala el informe.
El producto II concluye que el asesinato de Gabela sería consecuencia de la delincuencia organizada (además de señalar que las pruebas presentadas por familia están sustentadas) pero en la presentación que hizo el Comité Interinstitucional, en un informe general sobre el caso, presentado al presidente Correa, se sostuvo que en el tercer producto el crimen habría sido causado por delincuencia común y que no tiene nada que ver con las denuncias del general.
Este medio, está tratando de aclarar a qué se refiere ese informe general que presentó el Comité Interinstitucional cuando indica que el tercer producto fue recibido, “luego de las aclaraciones y ajustes al informe”.
Línea de tiempo del Caso Gabela
A continuación una cronología de los acontecimientos más relevantes del Caso Gabela.
Aquí se encuentran detallados los acontecimientos por fecha:
2007
Jorge Gabela Bueno fue nombrado comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).
El Comité de Adquisiciones de la FAE inició el proceso para la compra de helicópteros. Gabela se opuso a la compra de los Dhruv, de la empresa Hindustan Aeronautics Limited (HAL) por considerar que esas naves no contaban con las garantías técnicas suficientes para operar en Ecuador.
Abril de 2008
Jorge Gabela se retiró de la FAE.
El general Rodrigo Bohórquez, sucesor de Gabela, concretó la compra. El 5 de agosto de 2008, el entonces ministro de Defensa Javier Ponce y el gerente de Sumil C.A., Juan Cortez Tamayo, gerente de Sumil C.A., representante en Ecuador de HAL, firmaron el contrato para la adquisición de siete helicópteros por $ 45.2 millones.
Octubre de 2009
Cayó el primer helicóptero en la base aérea del antiguo aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Gabela indicó a los medios de comunicación las razones por las que se opuso a la compra de los Dhruv.
Empezaron para Gabela y su familia los problemas, enfrentamientos con los altos mandos de la FAE, incursiones a su hogar, demandas. Se conoce que era vigilado por orden de otros generales. Después se conocería una grabación en la que el general Gabela le dice al jefe de la inteligencia de la FAE, coronel Roberto Vargas que sabe de la disposición del general Alonso Espinoza de mandarlo a seguir.
Entre 2009 y 2015
Se accidentaron cuatro helicópteros y los otros tres quedaron inoperativos. El entonces presidente dijo que la compra “fue una buena decisión con mala suerte”.
19 de diciembre 2010
Jorge Gabela es asesinado a tiros en su domicilio. Después de 10 días hospitalizado murió.
Diciembre de 2011
Se detuvo Derly David Salazar Vargas, alias “Francis” y Richard Párraga, sospechosos de ser los autores materiales del crimen. Cuatro días después fueron puestos en libertad, tras haber pagado, supuestamente, USD 20.000 al fiscal del caso René Astudillo Orellana, según confesó Párraga en la cámara de Gesell de la fiscalía. El fiscal Astudillo desmintió esa versión, indicando que Salazar Vargas no fue vinculado por él al caso Gabela.
Paralelamente, según Patricia Ochoa el coronel Jaime Almeida, secretario del general Barreiro, le dijo a su abogado defensor “que existía una grabación pepa entre mi esposo y el coronel Vargas, y que podíamos pedirla al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas porque había sido subida el 11 de septiembre de 2011.
Diciembre de 2012
Alias “Francis” fue asesinado en Guayaquil.
Abril de 2012
El Tribunal Décimo de Garantías Penales del Guayas sentenció a cinco hombres como autores materiales, cómplices y encubridores del crimen del general Gabela.
Octubre de 2012
Rafael Correa creó el Comité Interinstitucional para investigar la muerte de Gabela.
10 de abril de 2013
Roberto Meza firma contrato con el Ministerio de Justicia para investigar el asesinato del general Jorge Gabela, por USD 78.000.
11 de abril de 2013
Meza entrega el Producto I(Plan de trabajo y cronograma)
26 de abril de 2013
Meza entrega el Producto II, el mismo queconcluye que el móvil del asesinato de Gabela fue por delincuencia organizada.
15 de mayo de 2013
El administrador del contrato recibe el Producto II: “Informe motivado que determina el móvil del crimen descartando que el mismo obedece a un acto de delincuencia común con las debidas conclusiones respecto de las denuncias realizadas por la señora Patricia Ochoa, dicho informe cuenta con las pruebas que lo sustentan”
8 de julio de 2013
Roberto Meza entrega el Producto III. Entre sus conclusiones constan que la causa de la muerte del general “habría sido producto de la delincuencia común”. No se establece “el móvil real del crimen” y se descarta que las denuncias del general estén relacionadas con su muerte.
26 de agosto de 2013
El informe es aprobado por el administrador del contrato, “luego de las aclaraciones y ajustes al informe”.
Mayo del 2014
Roberto Meza denuncia en redes sociales que, desde el Ministerio de Justicia, le pidieron que “elimine más de 35 hojas del informe final o tercer producto”.
2 de Julio de 2015
El Comité entrega su informe a Rafael Correa y al entonces fiscal general, Galo Chiriboga.
Febrero 2015
Un Producto III, de 94 páginas, es recibido por Wilson Mayorga, delegado del ministro de justicia Lenín Lara
Julio: Patricia Ochoa recibe el Producto III de 96 páginas sin firma ni sumilla
Roberto Meza aseguró, en 2018, que entregó un producto III que tiene 130 hojas.
Junio de 2018
La Contraloría General del Estado señala que no hay evidencia de que exista un tercer producto.
El perito argentino Roberto Meza rindió su versión ante la Fiscalía General del Estado. Meza señaló que la información entregada al Ministerio de Justicia es «totalmente falsa, pues no consta la sumilla ni la firma de él». Según Meza “Hay funcionarios, militares y vendedores de armas”.
¿Quién hizo los ajustes y aclaraciones?, ¿cuáles fueron esos ajustes?
Patricia Ochoa enfatiza que desde el 8 de julio hasta el 23 de agosto de 2013 “se seguían haciendo ajustes”. Agrega que se firmó “la entrega de acta de recepción el 3 de septiembre de 2013, pero según declaraciones, tanto del señor perito, como del ministro Lara, se seguían haciendo ajustes de forma y no de fondo. Eso es lo que siempre me ha preocupado y estamos hablando que el informe se entrega en septiembre de 2013 y le entregan a la familia un informe sin firma ni sumilla del perito Meza en julio de 2015.
En ese tiempo sucedieron muchas cosas…él hizo público los tres correos que le mandaron desde el Ministerio de Justicia a nombre del viceministro de justicia César Ochoa, en mayo de 2014, pidiéndole que eliminen más de 35 hojas del informe final o tercer producto”.
La existencia del tercer producto es un misterio. Wilson Mayorga, delegado del ministro de justicia Lenín Lara, en declaración juramentada, señaló que recibió un tercer producto de 94 páginas, a la familia Gabela le entregaron uno de 96 sin firma ni sumilla y Roberto Meza habla de un producto III que tiene 130 hojas ¿Cuántos informes se han hecho? ¿Qué pasó en el Ministerio de justicia con el verdadero informe de 130 hojas? ¿Dónde está, por qué no aparece?, pregunta Ochoa.
“Yo estoy clara que existe ese tercer producto que dice el perito Meza. El perito sabe los nombres de los involucrados en el asesinato de mi esposo. Lo que ha dicho últimamente es que hay funcionarios, militares y vendedores de armas”, concluye la viuda del general.
Gabela tenía en la mira el patrimonio y movimientos bancarios de algunos Generales
El informe general del Comité interinstitucional fue presentado en un power point al presidente Correa. Incluyó información tributaria de Rodrigo Bohórquez Flores, Alonso Espinoza, Wendy Baquero (esposa de uno de los sentenciados).
En el caso de Bohórquez el documento sobre su información financiera concluye: “en control por inusualidad entre los valores acreditados en instituciones financieras con relación a los ingresos declarados por su cónyuge, Laura Mosquera (no declara impuesto a la renta por los años 2011, 2012 y 2013)”.
Sobre Espinoza Romero elaboraron un “Estructuramiento societario de relacionados”, allí se detalla que las empresas Minga S.A., Danielcom Equipment Supply S.A., Almara Corp. S. A., Refreshment & Beverage Servicios S.A., Oil Technology Oiltech S.A., Pacific Oil S.A., Corporación DFA S.A., Falcon Corporación Industrial S.A., están relacionadas directamente con él, su hijo Alonso Espinoza Vargas y con su ex esposa Eleana Dalila Vargas Guerra.
Contraloría: Responsabilidad Penal contra Espinoza
Existe un informe de 2015 con indicios de responsabilidad penal de la Contraloría General del Estado que explica cómo adquirieron los Espinoza-Vargas la empresa Minga S.A., a través de su empresa Danielcom.
Las irregularidades en la compra de Minga son más de una. Una fuente que ha pedido discreción total le dijo a este medio que el entonces contralor Carlos Pólit comentó “que varias semanas iba a visitarle el señor Alonso Espinoza Romero para evitar que le salga esta responsabilidad penal con respecto a Minga”. Espinoza, por su parte, niega que sea cierto.
La historia de Minga. En 1966, el dueño de Minga tramitó un crédito con la Corporación Financiera Nacional (CFN), dos años después, Minga cayó en mora. Su propietario puso en venta la empresa, María Fernanda Peñafiel la compró y canceló la deuda a la CFN.
El 30 de agosto de 2008, la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) dispuso la incautación de la empresa de servicios petroleros Minga S.A., al grupo Peñafiel (Banco de Préstamos), desde entonces pasó a ser administrada por el Estado mediante el Fideicomiso AGD-CFN ‘No Más Impunidad’.
En 2009, la AGD rechaza el pedido de desincautación de Peñafiel, argumentando que “no se ha presentado documentación que pruebe en forma fehaciente el origen lícito de los recursos y real propiedad de la empresa incautada”. Pedro Delgado Campaña, primo del expresidente Rafael Correa, era el administrador del Fideicomiso AGD-CFN.
La AGD ordenó el embargo del bien declarando que la compañía “es real propiedad de los accionistas del Banco de Préstamo S.A”. y resolvió que la totalidad del paquete accionario pase a ser de la AGD.
¿Cómo DANIELCOM se adueñó de MINGA?
La Contraloría General del Estado, en un informe con indicios de responsabilidad penal (DAAC-0302-2015) de 2015, indica que en 2011 la representante legal de Danielcom, sin ningún antecedente documental presentó una propuesta para la administración de las empresas Minga S.A., Pacific Oil S.A, Inmopetrosa S.A. y Servicios Technicos Petroleros del Ecuador NV.
En 2012, mientras Minga permanecía incautada, Elena Dalila Vargas Guerra fue nombrada como administradora temporal de la empresa por el Fideicomiso AGD-CFN ‘No Más Impunidad’. Para esa fecha, Vargas Guerra y su esposo Alonso Espinoza Romero, General de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), ya eran dueños de la empresa Danielcom Equipment Supply S.A.
Contraloría concluyó que antes de que Eleana Vargas Guerra (Danielcom) fuese nombrada como administradora de Minga, tuvo conversaciones con funcionarios del fideicomiso AGD. “Existieron reuniones con los ejecutivos de la empresa Danielcom Equipment & Supply S.A., sin que de esto exista evidencia documental de los puntos a tratarse previo a la suscripción del contrato de prestación de servicios de administración y operación de las empresas MINGA S.A. y PACIFIC OIL S.A.”.
¿Qué se trató en esas reuniones que menciona Contraloría?, le preguntó La Fuente a Espinoza Romero. Él asegura que el representante legal del Danielcom y gerente general “se acercó a el Fideicomiso AGD-CFN a pedir información sobre sobre la empresa Minga que era una de la opción de inversión de Danielcom pues se buscaba adquirir una propiedad que le permita dar servicio a sus clientes del área petrolera de manera oportuna”, indicó.
El organismo de control señala además que se suscribió el contrato para la administración de Minga sin ningún requerimiento y/o convocatoria, y que se incluyó “la primera y preferente opción de compra a favor de Danielcom Equipment & Supply S.A., inobservando el artículo 2 del Reglamento de negociación de bienes incautados que incluye: el concurso de ofertas en sobre cerrado al público, la pública subasta o subasta al martillo, la subasta en bolsa, la venta directa y la venta directa a través de corredores”.
Al respecto, Espinoza aclara que los procedimientos de la venta de Minga son “responsabilidad” del Fideicomiso AGD,y niega la conclusión a la que llegó Contraloría, pues afirma que la venta de Minga se la hizo mediante subasta pública observando lo dispuesto por la parte legal,no existió venta directa peor primera y preferente opción de compra derecho preferente”.
Este medio consultó a Espinoza si ¿tenía la intención Danielcom de adquirir Minga S.A. mucho antes de la firma del contrato de administración en el que Eleana Vargas fue nombrada como administradora por el Fideicomiso AGD? Él asegura que era una de las opciones de inversión de Danielcom, por esa razón “se pidió información y fue el Fideicomiso AGD quien solicitó que Danielcom administre la empresa minga para sanearla, pues estaba quebrada con causal de disolución”.
A la pregunta de si¿Danielcom sabía que la compra de Minga S.A. era un hecho?,respondió que no, que lo que había era la decisión de participar en la subasta pública en la compra de Minga S.A.”.
El 15 de octubre de 2013, el Fideicomiso AGD-CFN ‘No Más Impunidad’, dispuso la subasta de Minga. En el proceso de venta, hubo un único oferente: Danielcom.
Paralelamente, la Superintendencia de Bancos pidió, a través del oficio No.SBS-2013-752, a la representante legal del Fideicomiso AGD-CFN, suspender el remate porque según análisis y estudios realizados por esa entidad, se había “demostrado la no vinculación del patrimonio de Minga”.
Compra con cheque de las Islas Cayman
Contraloría indica que el 9 de septiembre de 2013, Danielcom solicitó a la Corporación Nacional Financiera, la compra de CPG´s (línea de crédito) para la adjudicación del 100% de Minga, alegando que a la fecha existía un proceso de subasta convocado. Lo que no concuerda con lo dicho por la empresa oferente, pues el concurso de ofertas se publicó el 7 de octubre de 2013 y la solicitud de Danielcom fue presentada ante la CFN 28 días antes.
Espinoza señala que el departamento financiero de Danielcom conocía la realidad financiera de Minga “y se determinó cuál sería el precio máximo que se podía pagar en una subasta pública. Con esa información se pidió el préstamo a la CFN para poder apalancar la operación que se venía, obviamente el trámite en las entidades públicas es muy engorroso y demorado y por esa razón se intentó adelantar las gestiones respectivas”.
El pago por la compra se concretó así: un cheque por USD 99.217 del Banco Promérica, USD 89.500 adjuntados inicialmente a la oferta de compra y USD 706.282 provenientes del Banco de Préstamos Cayman.
Alonso Espinoza niega la afirmación de Contraloría calificándola de “falsa, irreal y tendenciosa”y asegura que “el valor de la compra lo pagó Danielcom con un préstamo de la CFN a 15 años”.
El valor para el remate de Minga fue fijado en USD 882.000. La familia Peñafiel señaló en su momento a la Contraloría que esta cantidad “dista de su valor real, debido a que solo en activos (vehículos, equipos y maquinaria), oficinas (en Quito) y campamento (25 hectáreas en Shushufindi), la empresa tiene el doble del valor del remate, sin contar con todos los contratos por eventos de miles de dólares que esta empresa tiene en ejecución”.
La Contraloría, por su parte, concluyó que la metodología usada para la valoración de la empresa“únicamente consideró los activos y pasivos de las compañías, sin evaluar otras variables relacionadas con la operación, que pudieron influir en el valor de venta del paquete accionario”.
La empresa Minga fue adjudicada a los dueños de Danielcom en 2013, es decir la que administró el bien por encargo de la AGD, pese a que la misma junta del fideicomiso AGD expidió la norma que prohibía a persona naturales o jurídicas relacionadas con Minga, participar.
“Danielcom accedió a un préstamo de la Corporación Financiera Nacional, esto se trató de un grosero e inescrupuloso peculado público, pues implica que el administrador de un bien incautado haya sido beneficiado con la adjudicación mediante subasta del bien que administra; que curiosamente su oferta haya sido la única y que para su pago se le haya concedido un crédito por parte de una entidad financiera del estado y, este se lo realice fuera de los cinco días de los cuales tenía la obligación de realizarlo de conformidad con la ley”, señalan los antiguos dueños de Minga.
Espinoza por su parte señala que estas afirmaciones son mal intencionadas, “pues habla de un peculado que no ha sido probado jamás pues nunca existió. los procedimientos de subasta pública no son responsabilidad del sector privado, sino del sector público”.
Otro hecho curioso sucedió durante el proceso de venta y cesión de las acciones de Minga a Danielcom: en 2011, Minga firmó un pagaré a la orden del Fideicomiso Mercantil AGD – CFN NO MÁS IMPUNIDAD por un valor de USD 300.000, en el proceso de venta de Minga, este valor no fue cobrado, Contraloría indica que, debido a la falta de gestión para el cobro, los valores se mantienen pendientes. Significa que ¿el Fideicomiso AGD vendió la empresa, pero se olvidó cobrar su deuda?
“Falso, la deuda consta en los balances como un pasivo de Minga S.A”, le dijo Espinoza a este medio.
Contraloría además detectó que, en 2013, la empresa administradora de Minga (Danielcom) dio de baja la obligación por USD 237.318 que esa empresa mantenía con Servicios Técnicos Petroleros del Ecuador NV (STP), también incautada por el Estado.
En enero de 2015, la gerente general de Danielcom dijo a Contraloría que “acepta la obligación generada a favor de STP” y que “procederá a reversar el asiento contable”. La deuda fue pagada a STP en abril de ese año. Los antiguos dueños de Minga aseguran que fue imposible “acudir a la justicia” porque el mandato 13 impedía a los perjudicados iniciar acciones de protección y defensa.
Espinoza Romero señaló a este medio que, él es propietario del 25% de las acciones de Almara Corp. S.A., “a su vez Almara Corp. S.A. es propietaria del 95,01% de las acciones de Danielcom S.A., respecto a Minga: Danielcom es propietario de 0,5% de las acciones mientras que el 99,5% es propiedad de Fideicomiso Garantía Danielcom CFN”.
Relación de Pedro Delgado con los Espinoza – Vargas
Eleana Dalila Vargas y Alonso Espinoza eran cercanos a Pedro Delgado, como también lo fueron del ex presidente Rafael Correa, que llamó a Espinoza el gran general de la Fuerza Aérea. Existen reportes de diarios nacionales en agosto de 2012 que indicaron que , Vargas y Espinoza viajaron a Moscú e Irán, junto a Gastón Duzac como parte de la comitiva del Gobierno, integrada por altos funcionarios del Banco Central (Pedro Delgado en calidad de presidente), la Cancillería y la Unidad de Gestión de Derecho Público (Ugedep), para “atender agendas acordadas en la visita del presidente de Irán a Ecuador”.
“Yo no viajé”, dijo Vargas a un medio de comunicación, sin embargo, reconoció que su hijo Alonso Espinoza Vargas y su esposo Francisco Avilés Merino sí viajaron a Irán con los funcionarios. Espinoza Vargas y Avilés Merino, indicaron a diarioEl Comercioque el “objetivo del viaje era buscar financiamiento o alianzas en Irán para fortalecer la situación financiera de Minga”.
Espinoza, aunque reconoce el viaje a Irán, niega que él o Eleana Vargas hayan sido cercanos a Pedro Delgado, y aclaró que el proceso de venta de las empresas lo hizo Kathia Torres “que estuvo al frente del fideicomiso AGD-CFN”.
Danielcom fue constituida en marzo de 1995. Su objeto social es la “comercialización, exportación, importación, compra venta, distribución de insumos químicos industriales”. Sus administradores son Eleana Dalila Vargas Guerra y Alonso Fernando Espinoza Vargas. Sus accionistas son Eleana Vargas Guerra y Almara Corp S.A. esta última de propiedad de Alonso Espinoza Romero (exesposo de Vargas Guerra) y Eleana Vargas y de los hijos de ambos: Alonso Fernando, María Alejandra y María Raquel Espinoza Vargas.
La situación financiera de Danielcom Equipment & Supply mejoró poco después del primer año del gobierno de Rafael Correa, así lo evidencian sus declaraciones de impuestos: hasta antes de 2007 no declaraba más de USD 8.000 en impuesto a la renta y cero dólares por salida de divisas. A partir de 2009, sus declaraciones de impuestos superaron los USD 100.000 y las salidas de divisas los USD 224.000 en 2012.
Según el Servicio de Compras Públicas (Sercop), entre 2008 y 2011, Danielcom Equipment firmó contratos por USD 744.739, en 2015, se adjudicó alrededor de USD 900.000 en contrataciones y entre 2016 y lo que va de 2018, se adjudicó USD 2.3 millones.
El manejo económico de Minga S.A. no ha estado al margen de la polémica. En 2017, Pedro Delgado, (quien como presidente del Fideicomiso AGD-CFN ‘No Más Impunidad’ vendió Minga a Danielcom), denunció que, dentro de la trama de corrupción en Petroecuador, había un sistema para burlar el sistema de contratación en la estatal petrolera. Según reseña el portal Milhojas, Delgado indicó que “el mencionado desvío de recursos se dirigió a favorecer “a un club de negociadores del Estado”.
Antes de que Minga fuese confiscada por el Estado, esta había firmado contratos con Petroecuador, según Delgado se hicieron pagos a favor de quienes hicieron posibles esas negociaciones, entre ellos altos funcionarios del Gobierno y de Petroecuador.
El 30 de noviembre de 2009, la estatal petrolera, bajo la modalidad de contratación directa, adjudicó a Minga un contrato por USD 6.1 millones para la compra, montaje, pruebas y puesta en operación de 3 unidades automáticas de medición de petróleo para las estaciones centrales Auca, Sacha y Shushufindi.
El 8 de enero de 2010, se suscribió un contrato modificatorio, con una cuantía que subió a USD 6.241.805,8, pero con otro cambio que se introdujo en la cláusula décimo segunda, referente a la forma de pago, al establecer que la importación de los equipos que se requerían para ejecutar el contrato será realizada por Petroproducción, “mediante la apertura de una Carta de Crédito en términos CFR (Esmeraldas-Ecuador), a favor del beneficiarlo que señale la contratista, por $ 4′ 491.726,55”, señala Milhojas.
Se incluyó además el formulario No.3 que ordenaba que el pago “se realizará mediante carta de crédito abierta a Minga Equipment & Supply Co., Inc. (MESCO), una empresa constituida en EE.UU. y que no fue la que firmó el contrato original con Petroproducción, lo que significó que sobre la base de una proforma emitida el 15 de diciembre de 2009 por MESCO a Petroproducción, se emitió una orden de pago por $4,5 millones, el 12 de mayo de 2010 y Petroecuador justificó este pago en base a un adendum del contrato (formulario 3), sin firmas, sin estar debidamente notariada.
Delgado aseguró que el excontador de Minga le informó que Petroecuador y MESCO habían operado de esta manera para cubrir los pagos prometidos a quienes firmaron los contratos originales con Minga.
Galo Chiriboga archivó el caso
En 2012, el exasambleísta Cléver Jiménez denunció que el Banco Cofiec otorgó a Minga un préstamo por casi $400 mil, supuestamente ese dinero no ingresó a las cuentas de Minga. Jiménez también reveló que durante la administración de Danielcom en Minga, hubo supuesto exceso en un contrato para la confección de uniformes. Jiménez señaló que Danielcom era la proveedora de equipos y materiales de Minga. “La administradora es la que le vende los equipos a su propia administrada”, dijo Cléver Jiménez.
Estas denuncias, así como el informe con indicios de responsabilidad penal en contra de quienes participaron en la venta de Minga a Danielcom, fueron archivadas por el entonces fiscal general de la nación Galo Chiriboga.
Hasta el momento nadie ha vinculado las relaciones de Danielcom con Odebrecht ni los contactos que mantuvo con uno de sus principales ejecutivos: Claudemir Simoes Dos Passos.
“Fue una de las muchas empresas suplidoras de bienes y servicios de Odebrecht, incluso ahora estamos con algunos cobros de obligaciones pendientes a dicha institución, por facturas no pagadas”,respondió Alonso Espinoza cuando La Fuente le preguntó qué tipo de negocios hizo con la constructora brasileña.
El pedido de eliminar páginas enteras del informe
Este medio tuvo acceso a la información que está en poder de la Asambleísta Jeanine Cruz en la cual se revela que “[email protected]” es el correo electrónico desde el que se pidió la eliminación de páginas y anexos del informe que elaboró el perito Roberto Meza sobre el asesinato del general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) Jorge Gabela.
El 22 de abril de 2014, el perito había recibido otra comunicación en la que le informa que el “viceministro de Justicia, Augusto Ochoa, requiere comunicarse urgentemente” para realizar una “presentación del caso Gabela”.
Esta información consta en una presentación que hizo Roberto Meza el 14 de agosto pasado, a la Comisión del Legislativo que analiza el caso. En aquella, aparece el correo de Outlook pidiendo eliminar las páginas.
Ochoa es hijo de Caupolicán Ochoa, abogado de Rafael Correa, y fue viceministro entre marzo y junio del 2014, en la gestión de Ledy Zúñiga, negó que haya pedido eliminar partes del informe.
El expresidente Rafael Correa conoció de la grabación en 2012. El entonces comandante general de la Fuerza Aérea, Leonardo Barreiro, le entregó el audio al exmandatario antes de que este nombrase a Alonso Espinoza como comandante general de la FAE. Quienes conocen de cerca la historia dicen que, por este audio, Correa dio marcha atrás en su decisión de nombrar al “gran general de la Fuerza Aérea Alonso Espinoza” como lo llamó en 2011, en una sabatina, y en su lugar designó a Enrique Velasco.
En una comunicación enviada a este medio el 28 de agosto de 2018, el general Alonso Espinoza indicó que “jamás” ordenó seguir a Gabela, “el coronel Vargas declaró ante la Fiscalía y públicamente que jamás recibió orden de seguir a él o a nadie” y añade que no sabía que el ex comandante de la FAE estuviese investigando su patrimonio.
Entre 2007 y 2008, Gabela fue comandante de la FAE, se opuso a la compra de los helicópteros Dhruv por considerar que esas naves no contaban con las garantías técnicas suficientes para operar en Ecuador. Incluso desde 2006, Gabela fue partidario de un proceso de negociación de gobierno a gobierno, como una forma de alejar la presiones de los vendedores de armas, así lo dijo con su puño y letra.
Para Patricia Ochoa el móvil del asesinato de su esposo, son los helicópteros Dhruv,“pero la grabación entre el jefe de inteligencia y el general Gabela es muy clara. Ahí mi esposo también hace denuncias de ciertas irregularidades de determinado personal de la Fuerza Aérea. Creo que el general Gabela sabía algo más que lo dejó sentenciado…en esa conversación que tuvo”.
Ochoa recuerda con claridad que, en diciembre de 2011, el coronel Jaime Almeida, secretario del general Barreiro, le dijo a su abogado defensor “que existía una grabación pepa entre mi esposo y el coronel Vargas, y que podíamos pedirla al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas porque había sido subida el 11 de septiembre de 2011”. ¿Por qué el Consejo Supremono judicializó el audio?
Ochoa señala que trataron de endilgarle el audio a ella, “desde la mismas Fuerzas Armadas querían hacer un show con esta grabación, querían que aparezca en mis manos o las de otras personas pero que no se diga que fueron ellos quienes la encontraron”.
En 2015, el Comité Interinstitucional (creado para investigar el asesinato del general), entregó a Correa el informe que indicaba que se había investigado el patrimonio de varios generales (entre ellos Alonso Espinoza y Rodrigo Bohórquez), las cuentas bancarias de las personas vinculadas al crimen y del fiscal que llevó el caso, René Astudillo; además de las inconsistencias entre el expediente fiscal y los productos entregados por el perito Roberto Meza.
El exministro de justicia y exministro del interior, José Serrano, dijo en su comparecencia ante la Comisión Ocasional que indaga el caso, que el perito Roberto Meza presentó “algunos productos”: “él entregó esos tres productos y fueron puestos a consideración del Comité Interinstitucional.Nosotros entregamos ese informe al señor presidente de la República y ese informe tenía un tema fundamental, que sea remitido a la Fiscalía General del Estado para que se investiguen las irregularidades o las dudas que habíamos encontrado de esa investigación”, aseguró Serrano. Este medio tuvo acceso a ese informe y detalla esas “dudas”.
El informe inicia con los detalles del contrato que firmaron en abril 2013, el Ministerio de Justicia y el perito Roberto Meza, por USD 78.000. Meza se comprometió a entregar “tres productos” en un plazo de 90 días.
El 11 de abril de 2013, Roberto Meza entrega el producto I que no era más que el cronograma y plan de trabajo. El 26 de abril de 2013, Meza entrega el producto II, “el mismo que en sus conclusiones determina que “basado en los elementos técnicos recopilados hasta el momento, podemos ver que el móvil de la presente investigación tendería a mostrarnos que el mismo sería consecuencia de la delincuencia organizada”.
El 15 de mayo de 2013, el administrador del contrato recibe el producto II: “Informe motivado que determina que el móvil del crimen, descartando que el mismo obedece a un acto de delincuencia común con las debidas conclusiones respecto de las denuncias realizadas por la señora Patricia Ochoa, dicho informe cuenta con las pruebas que lo sustentan”.
Dos meses después, el 8 de julio de 2013, según información revisada por este medio, Roberto Meza entrega el tercer producto III, “mismo que es aprobado el 26 de agosto de 2013, por el administrador del contrato, luego de las aclaraciones y ajustes al informe“y certifica que “dicho informe no tiene firma de responsabilidad, y entre sus conclusiones constan: Hasta la presente fecha, la causa de la muerte de General Jorge Gabela Bueno habría sido producto de la delincuencia común, no siendo posible establecer el móvil real del crimen descartando al asesinato en la modalidad de sicariato y el robo de información como causales.
No hay relación de causalidad entre las denuncias efectuadas por el general Gabela en la Asamblea Nacional y en los medios de comunicación versus los hechos que derivaron en su muerte”, señala el informe.
El producto II concluye que el asesinato de Gabela sería consecuencia de la delincuencia organizada (además de señalar que las pruebas presentadas por familia están sustentadas) pero en la presentación que hizo el Comité Interinstitucional, en un informe general sobre el caso, presentado al presidente Correa, se sostuvo que en el tercer producto el crimen habría sido causado por delincuencia común y que no tiene nada que ver con las denuncias del general.
Este medio, está tratando de aclarar a qué se refiere ese informe general que presentó el Comité Interinstitucional cuando indica que el tercer producto fue recibido, “luego de las aclaraciones y ajustes al informe”.
Línea de tiempo del Caso Gabela
A continuación una cronología de los acontecimientos más relevantes del Caso Gabela.
Aquí se encuentran detallados los acontecimientos por fecha:
2007
Jorge Gabela Bueno fue nombrado comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).
El Comité de Adquisiciones de la FAE inició el proceso para la compra de helicópteros. Gabela se opuso a la compra de los Dhruv, de la empresa Hindustan Aeronautics Limited (HAL) por considerar que esas naves no contaban con las garantías técnicas suficientes para operar en Ecuador.
Abril de 2008
Jorge Gabela se retiró de la FAE.
El general Rodrigo Bohórquez, sucesor de Gabela, concretó la compra. El 5 de agosto de 2008, el entonces ministro de Defensa Javier Ponce y el gerente de Sumil C.A., Juan Cortez Tamayo, gerente de Sumil C.A., representante en Ecuador de HAL, firmaron el contrato para la adquisición de siete helicópteros por $ 45.2 millones.
Octubre de 2009
Cayó el primer helicóptero en la base aérea del antiguo aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Gabela indicó a los medios de comunicación las razones por las que se opuso a la compra de los Dhruv.
Empezaron para Gabela y su familia los problemas, enfrentamientos con los altos mandos de la FAE, incursiones a su hogar, demandas. Se conoce que era vigilado por orden de otros generales. Después se conocería una grabación en la que el general Gabela le dice al jefe de la inteligencia de la FAE, coronel Roberto Vargas que sabe de la disposición del general Alonso Espinoza de mandarlo a seguir.
Entre 2009 y 2015
Se accidentaron cuatro helicópteros y los otros tres quedaron inoperativos. El entonces presidente dijo que la compra “fue una buena decisión con mala suerte”.
19 de diciembre 2010
Jorge Gabela es asesinado a tiros en su domicilio. Después de 10 días hospitalizado murió.
Diciembre de 2011
Se detuvo Derly David Salazar Vargas, alias “Francis” y Richard Párraga, sospechosos de ser los autores materiales del crimen. Cuatro días después fueron puestos en libertad, tras haber pagado, supuestamente, USD 20.000 al fiscal del caso René Astudillo Orellana, según confesó Párraga en la cámara de Gesell de la fiscalía. El fiscal Astudillo desmintió esa versión, indicando que Salazar Vargas no fue vinculado por él al caso Gabela.
Paralelamente, según Patricia Ochoa el coronel Jaime Almeida, secretario del general Barreiro, le dijo a su abogado defensor “que existía una grabación pepa entre mi esposo y el coronel Vargas, y que podíamos pedirla al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas porque había sido subida el 11 de septiembre de 2011.
Diciembre de 2012
Alias “Francis” fue asesinado en Guayaquil.
Abril de 2012
El Tribunal Décimo de Garantías Penales del Guayas sentenció a cinco hombres como autores materiales, cómplices y encubridores del crimen del general Gabela.
Octubre de 2012
Rafael Correa creó el Comité Interinstitucional para investigar la muerte de Gabela.
10 de abril de 2013
Roberto Meza firma contrato con el Ministerio de Justicia para investigar el asesinato del general Jorge Gabela, por USD 78.000.
11 de abril de 2013
Meza entrega el Producto I(Plan de trabajo y cronograma)
26 de abril de 2013
Meza entrega el Producto II, el mismo queconcluye que el móvil del asesinato de Gabela fue por delincuencia organizada.
15 de mayo de 2013
El administrador del contrato recibe el Producto II: “Informe motivado que determina el móvil del crimen descartando que el mismo obedece a un acto de delincuencia común con las debidas conclusiones respecto de las denuncias realizadas por la señora Patricia Ochoa, dicho informe cuenta con las pruebas que lo sustentan”
8 de julio de 2013
Roberto Meza entrega el Producto III. Entre sus conclusiones constan que la causa de la muerte del general “habría sido producto de la delincuencia común”. No se establece “el móvil real del crimen” y se descarta que las denuncias del general estén relacionadas con su muerte.
26 de agosto de 2013
El informe es aprobado por el administrador del contrato, “luego de las aclaraciones y ajustes al informe”.
Mayo del 2014
Roberto Meza denuncia en redes sociales que, desde el Ministerio de Justicia, le pidieron que “elimine más de 35 hojas del informe final o tercer producto”.
2 de Julio de 2015
El Comité entrega su informe a Rafael Correa y al entonces fiscal general, Galo Chiriboga.
Febrero 2015
Un Producto III, de 94 páginas, es recibido por Wilson Mayorga, delegado del ministro de justicia Lenín Lara
Julio: Patricia Ochoa recibe el Producto III de 96 páginas sin firma ni sumilla
Roberto Meza aseguró, en 2018, que entregó un producto III que tiene 130 hojas.
Junio de 2018
La Contraloría General del Estado señala que no hay evidencia de que exista un tercer producto.
El perito argentino Roberto Meza rindió su versión ante la Fiscalía General del Estado. Meza señaló que la información entregada al Ministerio de Justicia es «totalmente falsa, pues no consta la sumilla ni la firma de él». Según Meza “Hay funcionarios, militares y vendedores de armas”.
¿Quién hizo los ajustes y aclaraciones?, ¿cuáles fueron esos ajustes?
Patricia Ochoa enfatiza que desde el 8 de julio hasta el 23 de agosto de 2013 “se seguían haciendo ajustes”. Agrega que se firmó “la entrega de acta de recepción el 3 de septiembre de 2013, pero según declaraciones, tanto del señor perito, como del ministro Lara, se seguían haciendo ajustes de forma y no de fondo. Eso es lo que siempre me ha preocupado y estamos hablando que el informe se entrega en septiembre de 2013 y le entregan a la familia un informe sin firma ni sumilla del perito Meza en julio de 2015.
En ese tiempo sucedieron muchas cosas…él hizo público los tres correos que le mandaron desde el Ministerio de Justicia a nombre del viceministro de justicia César Ochoa, en mayo de 2014, pidiéndole que eliminen más de 35 hojas del informe final o tercer producto”.
La existencia del tercer producto es un misterio. Wilson Mayorga, delegado del ministro de justicia Lenín Lara, en declaración juramentada, señaló que recibió un tercer producto de 94 páginas, a la familia Gabela le entregaron uno de 96 sin firma ni sumilla y Roberto Meza habla de un producto III que tiene 130 hojas ¿Cuántos informes se han hecho? ¿Qué pasó en el Ministerio de justicia con el verdadero informe de 130 hojas? ¿Dónde está, por qué no aparece?, pregunta Ochoa.
“Yo estoy clara que existe ese tercer producto que dice el perito Meza. El perito sabe los nombres de los involucrados en el asesinato de mi esposo. Lo que ha dicho últimamente es que hay funcionarios, militares y vendedores de armas”, concluye la viuda del general.
Gabela tenía en la mira el patrimonio y movimientos bancarios de algunos Generales
El informe general del Comité interinstitucional fue presentado en un power point al presidente Correa. Incluyó información tributaria de Rodrigo Bohórquez Flores, Alonso Espinoza, Wendy Baquero (esposa de uno de los sentenciados).
En el caso de Bohórquez el documento sobre su información financiera concluye: “en control por inusualidad entre los valores acreditados en instituciones financieras con relación a los ingresos declarados por su cónyuge, Laura Mosquera (no declara impuesto a la renta por los años 2011, 2012 y 2013)”.
Sobre Espinoza Romero elaboraron un “Estructuramiento societario de relacionados”, allí se detalla que las empresas Minga S.A., Danielcom Equipment Supply S.A., Almara Corp. S. A., Refreshment & Beverage Servicios S.A., Oil Technology Oiltech S.A., Pacific Oil S.A., Corporación DFA S.A., Falcon Corporación Industrial S.A., están relacionadas directamente con él, su hijo Alonso Espinoza Vargas y con su ex esposa Eleana Dalila Vargas Guerra.
Contraloría: Responsabilidad Penal contra Espinoza
Existe un informe de 2015 con indicios de responsabilidad penal de la Contraloría General del Estado que explica cómo adquirieron los Espinoza-Vargas la empresa Minga S.A., a través de su empresa Danielcom.
Las irregularidades en la compra de Minga son más de una. Una fuente que ha pedido discreción total le dijo a este medio que el entonces contralor Carlos Pólit comentó “que varias semanas iba a visitarle el señor Alonso Espinoza Romero para evitar que le salga esta responsabilidad penal con respecto a Minga”. Espinoza, por su parte, niega que sea cierto.
La historia de Minga. En 1966, el dueño de Minga tramitó un crédito con la Corporación Financiera Nacional (CFN), dos años después, Minga cayó en mora. Su propietario puso en venta la empresa, María Fernanda Peñafiel la compró y canceló la deuda a la CFN.
El 30 de agosto de 2008, la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) dispuso la incautación de la empresa de servicios petroleros Minga S.A., al grupo Peñafiel (Banco de Préstamos), desde entonces pasó a ser administrada por el Estado mediante el Fideicomiso AGD-CFN ‘No Más Impunidad’.
En 2009, la AGD rechaza el pedido de desincautación de Peñafiel, argumentando que “no se ha presentado documentación que pruebe en forma fehaciente el origen lícito de los recursos y real propiedad de la empresa incautada”. Pedro Delgado Campaña, primo del expresidente Rafael Correa, era el administrador del Fideicomiso AGD-CFN.
La AGD ordenó el embargo del bien declarando que la compañía “es real propiedad de los accionistas del Banco de Préstamo S.A”. y resolvió que la totalidad del paquete accionario pase a ser de la AGD.
¿Cómo DANIELCOM se adueñó de MINGA?
La Contraloría General del Estado, en un informe con indicios de responsabilidad penal (DAAC-0302-2015) de 2015, indica que en 2011 la representante legal de Danielcom, sin ningún antecedente documental presentó una propuesta para la administración de las empresas Minga S.A., Pacific Oil S.A, Inmopetrosa S.A. y Servicios Technicos Petroleros del Ecuador NV.
En 2012, mientras Minga permanecía incautada, Elena Dalila Vargas Guerra fue nombrada como administradora temporal de la empresa por el Fideicomiso AGD-CFN ‘No Más Impunidad’. Para esa fecha, Vargas Guerra y su esposo Alonso Espinoza Romero, General de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), ya eran dueños de la empresa Danielcom Equipment Supply S.A.
Contraloría concluyó que antes de que Eleana Vargas Guerra (Danielcom) fuese nombrada como administradora de Minga, tuvo conversaciones con funcionarios del fideicomiso AGD. “Existieron reuniones con los ejecutivos de la empresa Danielcom Equipment & Supply S.A., sin que de esto exista evidencia documental de los puntos a tratarse previo a la suscripción del contrato de prestación de servicios de administración y operación de las empresas MINGA S.A. y PACIFIC OIL S.A.”.
¿Qué se trató en esas reuniones que menciona Contraloría?, le preguntó La Fuente a Espinoza Romero. Él asegura que el representante legal del Danielcom y gerente general “se acercó a el Fideicomiso AGD-CFN a pedir información sobre sobre la empresa Minga que era una de la opción de inversión de Danielcom pues se buscaba adquirir una propiedad que le permita dar servicio a sus clientes del área petrolera de manera oportuna”, indicó.
El organismo de control señala además que se suscribió el contrato para la administración de Minga sin ningún requerimiento y/o convocatoria, y que se incluyó “la primera y preferente opción de compra a favor de Danielcom Equipment & Supply S.A., inobservando el artículo 2 del Reglamento de negociación de bienes incautados que incluye: el concurso de ofertas en sobre cerrado al público, la pública subasta o subasta al martillo, la subasta en bolsa, la venta directa y la venta directa a través de corredores”.
Al respecto, Espinoza aclara que los procedimientos de la venta de Minga son “responsabilidad” del Fideicomiso AGD,y niega la conclusión a la que llegó Contraloría, pues afirma que la venta de Minga se la hizo mediante subasta pública observando lo dispuesto por la parte legal,no existió venta directa peor primera y preferente opción de compra derecho preferente”.
Este medio consultó a Espinoza si ¿tenía la intención Danielcom de adquirir Minga S.A. mucho antes de la firma del contrato de administración en el que Eleana Vargas fue nombrada como administradora por el Fideicomiso AGD? Él asegura que era una de las opciones de inversión de Danielcom, por esa razón “se pidió información y fue el Fideicomiso AGD quien solicitó que Danielcom administre la empresa minga para sanearla, pues estaba quebrada con causal de disolución”.
A la pregunta de si¿Danielcom sabía que la compra de Minga S.A. era un hecho?,respondió que no, que lo que había era la decisión de participar en la subasta pública en la compra de Minga S.A.”.
El 15 de octubre de 2013, el Fideicomiso AGD-CFN ‘No Más Impunidad’, dispuso la subasta de Minga. En el proceso de venta, hubo un único oferente: Danielcom.
Paralelamente, la Superintendencia de Bancos pidió, a través del oficio No.SBS-2013-752, a la representante legal del Fideicomiso AGD-CFN, suspender el remate porque según análisis y estudios realizados por esa entidad, se había “demostrado la no vinculación del patrimonio de Minga”.
Compra con cheque de las Islas Cayman
Contraloría indica que el 9 de septiembre de 2013, Danielcom solicitó a la Corporación Nacional Financiera, la compra de CPG´s (línea de crédito) para la adjudicación del 100% de Minga, alegando que a la fecha existía un proceso de subasta convocado. Lo que no concuerda con lo dicho por la empresa oferente, pues el concurso de ofertas se publicó el 7 de octubre de 2013 y la solicitud de Danielcom fue presentada ante la CFN 28 días antes.
Espinoza señala que el departamento financiero de Danielcom conocía la realidad financiera de Minga “y se determinó cuál sería el precio máximo que se podía pagar en una subasta pública. Con esa información se pidió el préstamo a la CFN para poder apalancar la operación que se venía, obviamente el trámite en las entidades públicas es muy engorroso y demorado y por esa razón se intentó adelantar las gestiones respectivas”.
El pago por la compra se concretó así: un cheque por USD 99.217 del Banco Promérica, USD 89.500 adjuntados inicialmente a la oferta de compra y USD 706.282 provenientes del Banco de Préstamos Cayman.
Alonso Espinoza niega la afirmación de Contraloría calificándola de “falsa, irreal y tendenciosa”y asegura que “el valor de la compra lo pagó Danielcom con un préstamo de la CFN a 15 años”.
El valor para el remate de Minga fue fijado en USD 882.000. La familia Peñafiel señaló en su momento a la Contraloría que esta cantidad “dista de su valor real, debido a que solo en activos (vehículos, equipos y maquinaria), oficinas (en Quito) y campamento (25 hectáreas en Shushufindi), la empresa tiene el doble del valor del remate, sin contar con todos los contratos por eventos de miles de dólares que esta empresa tiene en ejecución”.
La Contraloría, por su parte, concluyó que la metodología usada para la valoración de la empresa“únicamente consideró los activos y pasivos de las compañías, sin evaluar otras variables relacionadas con la operación, que pudieron influir en el valor de venta del paquete accionario”.
La empresa Minga fue adjudicada a los dueños de Danielcom en 2013, es decir la que administró el bien por encargo de la AGD, pese a que la misma junta del fideicomiso AGD expidió la norma que prohibía a persona naturales o jurídicas relacionadas con Minga, participar.
“Danielcom accedió a un préstamo de la Corporación Financiera Nacional, esto se trató de un grosero e inescrupuloso peculado público, pues implica que el administrador de un bien incautado haya sido beneficiado con la adjudicación mediante subasta del bien que administra; que curiosamente su oferta haya sido la única y que para su pago se le haya concedido un crédito por parte de una entidad financiera del estado y, este se lo realice fuera de los cinco días de los cuales tenía la obligación de realizarlo de conformidad con la ley”, señalan los antiguos dueños de Minga.
Espinoza por su parte señala que estas afirmaciones son mal intencionadas, “pues habla de un peculado que no ha sido probado jamás pues nunca existió. los procedimientos de subasta pública no son responsabilidad del sector privado, sino del sector público”.
Otro hecho curioso sucedió durante el proceso de venta y cesión de las acciones de Minga a Danielcom: en 2011, Minga firmó un pagaré a la orden del Fideicomiso Mercantil AGD – CFN NO MÁS IMPUNIDAD por un valor de USD 300.000, en el proceso de venta de Minga, este valor no fue cobrado, Contraloría indica que, debido a la falta de gestión para el cobro, los valores se mantienen pendientes. Significa que ¿el Fideicomiso AGD vendió la empresa, pero se olvidó cobrar su deuda?
“Falso, la deuda consta en los balances como un pasivo de Minga S.A”, le dijo Espinoza a este medio.
Contraloría además detectó que, en 2013, la empresa administradora de Minga (Danielcom) dio de baja la obligación por USD 237.318 que esa empresa mantenía con Servicios Técnicos Petroleros del Ecuador NV (STP), también incautada por el Estado.
En enero de 2015, la gerente general de Danielcom dijo a Contraloría que “acepta la obligación generada a favor de STP” y que “procederá a reversar el asiento contable”. La deuda fue pagada a STP en abril de ese año. Los antiguos dueños de Minga aseguran que fue imposible “acudir a la justicia” porque el mandato 13 impedía a los perjudicados iniciar acciones de protección y defensa.
Espinoza Romero señaló a este medio que, él es propietario del 25% de las acciones de Almara Corp. S.A., “a su vez Almara Corp. S.A. es propietaria del 95,01% de las acciones de Danielcom S.A., respecto a Minga: Danielcom es propietario de 0,5% de las acciones mientras que el 99,5% es propiedad de Fideicomiso Garantía Danielcom CFN”.
Relación de Pedro Delgado con los Espinoza – Vargas
Eleana Dalila Vargas y Alonso Espinoza eran cercanos a Pedro Delgado, como también lo fueron del ex presidente Rafael Correa, que llamó a Espinoza el gran general de la Fuerza Aérea. Existen reportes de diarios nacionales en agosto de 2012 que indicaron que , Vargas y Espinoza viajaron a Moscú e Irán, junto a Gastón Duzac como parte de la comitiva del Gobierno, integrada por altos funcionarios del Banco Central (Pedro Delgado en calidad de presidente), la Cancillería y la Unidad de Gestión de Derecho Público (Ugedep), para “atender agendas acordadas en la visita del presidente de Irán a Ecuador”.
“Yo no viajé”, dijo Vargas a un medio de comunicación, sin embargo, reconoció que su hijo Alonso Espinoza Vargas y su esposo Francisco Avilés Merino sí viajaron a Irán con los funcionarios. Espinoza Vargas y Avilés Merino, indicaron a diarioEl Comercioque el “objetivo del viaje era buscar financiamiento o alianzas en Irán para fortalecer la situación financiera de Minga”.
Espinoza, aunque reconoce el viaje a Irán, niega que él o Eleana Vargas hayan sido cercanos a Pedro Delgado, y aclaró que el proceso de venta de las empresas lo hizo Kathia Torres “que estuvo al frente del fideicomiso AGD-CFN”.
Danielcom fue constituida en marzo de 1995. Su objeto social es la “comercialización, exportación, importación, compra venta, distribución de insumos químicos industriales”. Sus administradores son Eleana Dalila Vargas Guerra y Alonso Fernando Espinoza Vargas. Sus accionistas son Eleana Vargas Guerra y Almara Corp S.A. esta última de propiedad de Alonso Espinoza Romero (exesposo de Vargas Guerra) y Eleana Vargas y de los hijos de ambos: Alonso Fernando, María Alejandra y María Raquel Espinoza Vargas.
La situación financiera de Danielcom Equipment & Supply mejoró poco después del primer año del gobierno de Rafael Correa, así lo evidencian sus declaraciones de impuestos: hasta antes de 2007 no declaraba más de USD 8.000 en impuesto a la renta y cero dólares por salida de divisas. A partir de 2009, sus declaraciones de impuestos superaron los USD 100.000 y las salidas de divisas los USD 224.000 en 2012.
Según el Servicio de Compras Públicas (Sercop), entre 2008 y 2011, Danielcom Equipment firmó contratos por USD 744.739, en 2015, se adjudicó alrededor de USD 900.000 en contrataciones y entre 2016 y lo que va de 2018, se adjudicó USD 2.3 millones.
El manejo económico de Minga S.A. no ha estado al margen de la polémica. En 2017, Pedro Delgado, (quien como presidente del Fideicomiso AGD-CFN ‘No Más Impunidad’ vendió Minga a Danielcom), denunció que, dentro de la trama de corrupción en Petroecuador, había un sistema para burlar el sistema de contratación en la estatal petrolera. Según reseña el portal Milhojas, Delgado indicó que “el mencionado desvío de recursos se dirigió a favorecer “a un club de negociadores del Estado”.
Antes de que Minga fuese confiscada por el Estado, esta había firmado contratos con Petroecuador, según Delgado se hicieron pagos a favor de quienes hicieron posibles esas negociaciones, entre ellos altos funcionarios del Gobierno y de Petroecuador.
El 30 de noviembre de 2009, la estatal petrolera, bajo la modalidad de contratación directa, adjudicó a Minga un contrato por USD 6.1 millones para la compra, montaje, pruebas y puesta en operación de 3 unidades automáticas de medición de petróleo para las estaciones centrales Auca, Sacha y Shushufindi.
El 8 de enero de 2010, se suscribió un contrato modificatorio, con una cuantía que subió a USD 6.241.805,8, pero con otro cambio que se introdujo en la cláusula décimo segunda, referente a la forma de pago, al establecer que la importación de los equipos que se requerían para ejecutar el contrato será realizada por Petroproducción, “mediante la apertura de una Carta de Crédito en términos CFR (Esmeraldas-Ecuador), a favor del beneficiarlo que señale la contratista, por $ 4′ 491.726,55”, señala Milhojas.
Se incluyó además el formulario No.3 que ordenaba que el pago “se realizará mediante carta de crédito abierta a Minga Equipment & Supply Co., Inc. (MESCO), una empresa constituida en EE.UU. y que no fue la que firmó el contrato original con Petroproducción, lo que significó que sobre la base de una proforma emitida el 15 de diciembre de 2009 por MESCO a Petroproducción, se emitió una orden de pago por $4,5 millones, el 12 de mayo de 2010 y Petroecuador justificó este pago en base a un adendum del contrato (formulario 3), sin firmas, sin estar debidamente notariada.
Delgado aseguró que el excontador de Minga le informó que Petroecuador y MESCO habían operado de esta manera para cubrir los pagos prometidos a quienes firmaron los contratos originales con Minga.
Galo Chiriboga archivó el caso
En 2012, el exasambleísta Cléver Jiménez denunció que el Banco Cofiec otorgó a Minga un préstamo por casi $400 mil, supuestamente ese dinero no ingresó a las cuentas de Minga. Jiménez también reveló que durante la administración de Danielcom en Minga, hubo supuesto exceso en un contrato para la confección de uniformes. Jiménez señaló que Danielcom era la proveedora de equipos y materiales de Minga. “La administradora es la que le vende los equipos a su propia administrada”, dijo Cléver Jiménez.
Estas denuncias, así como el informe con indicios de responsabilidad penal en contra de quienes participaron en la venta de Minga a Danielcom, fueron archivadas por el entonces fiscal general de la nación Galo Chiriboga.
Hasta el momento nadie ha vinculado las relaciones de Danielcom con Odebrecht ni los contactos que mantuvo con uno de sus principales ejecutivos: Claudemir Simoes Dos Passos.
“Fue una de las muchas empresas suplidoras de bienes y servicios de Odebrecht, incluso ahora estamos con algunos cobros de obligaciones pendientes a dicha institución, por facturas no pagadas”,respondió Alonso Espinoza cuando La Fuente le preguntó qué tipo de negocios hizo con la constructora brasileña.
El pedido de eliminar páginas enteras del informe
Este medio tuvo acceso a la información que está en poder de la Asambleísta Jeanine Cruz en la cual se revela que “[email protected]” es el correo electrónico desde el que se pidió la eliminación de páginas y anexos del informe que elaboró el perito Roberto Meza sobre el asesinato del general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) Jorge Gabela.
El 22 de abril de 2014, el perito había recibido otra comunicación en la que le informa que el “viceministro de Justicia, Augusto Ochoa, requiere comunicarse urgentemente” para realizar una “presentación del caso Gabela”.
Esta información consta en una presentación que hizo Roberto Meza el 14 de agosto pasado, a la Comisión del Legislativo que analiza el caso. En aquella, aparece el correo de Outlook pidiendo eliminar las páginas.
Ochoa es hijo de Caupolicán Ochoa, abogado de Rafael Correa, y fue viceministro entre marzo y junio del 2014, en la gestión de Ledy Zúñiga, negó que haya pedido eliminar partes del informe.
La Contraloría General del Estado ha puesto contra la pared al Servicio de Contratación de Obras (SECOB) y la empresa china CAMCE, constructora de la plataforma financiera en el norte de Quito. Un examen de ese organismo determinó que la constructora china debe devolver $22,6 millones al Estado. Si el SECOB acepta la recepción definitiva de la obra se configurará el delito de peculado, sin embargo la constructora no está dispuesta a la devolución del dinero: dragón que traga, no vomita.
En marzo de este año concluía el plazo para la entrega – recepción definitiva de la Plataforma Gubernamental Financiera, siempre que los problemas técnicos y económicos registrados en la ejecución de su contrato de construcción hayan sido subsanados. Sin embargo, ello no ha ocurrido hasta el momento, por lo que tampoco se ha realizado su liquidación final.
El 9 de septiembre de 2015, Salvador Jaramillo Vivanco, entonces Director General del SECOB, y Yang Liang como el apoderado general de China CAMC Engineering Co. Ltd., firmaron el contrato de construcción de la obra. El valor a pagar se fijó en $197’975.643,58, sin IVA.
La obra se contrató bajo la modalidad de Plazo y Precio Fijo. Es decir, que no existe reajuste ni cualquier otro mecanismo de variación de precios, pues en su valor ya debe estar cubierto el costo de construcción de toda la obra, el valor de depreciación, operación y mantenimiento de los equipos del contratista y el costo del arrendamiento en caso de ser alquilados, así como el costo de los materiales de la contratista, mano de obra, transporte, señalización, seguridad industrial, seguros, mitigación ambiental, impuestos, tasas, revisión del diseño, contribuciones y servicios necesarios. Es decir, todo lo se requiera para entregar la obra lista para ser puesta en servicio. Así lo determina para este tipo de contrataciones el artículo 131 del Reglamento General de la Ley de Contratación Pública.
Se dispuso además que no se pueden celebrar contratos complementarios y el plazo de ejecución tampoco podía cambiarse, excepto en casos de fuerza mayor o caso fortuito. [1]
Uno de los mayores impedimentos para el cierre contractual definitivo de esta controversial obra es una diferencia a favor del Estado por $22,6 millones en el monto final de la construcción, la cual fue establecida por la Contraloría General del Estado. Por lo que los valores definitivos de pago a la contratista China CAMC Engineering Co. Ltd se emitirán en función de las observaciones realizadas por el ente de control.
En otras palabras sobre el Servicio de Contratación de Obras (SECOB), entidad contratante, pende una espada de Damocles, pues tiene que resolver cómo pagará el valor total de la construcción a la contratista, cuando la Contraloría ha establecido que el ahorro en favor del Estado es una cifra equivalente al 11,43% del precio del contrato. Esta diferencia es un nivel alto, según expertos consultados por Mil Hojas, en relación al valor contractual que fue de $197’975.643,58 (sin IVA).
Esta, junto a 11 observaciones adicionales, fueron planteadas por la Contraloría en el informe DNA1-0020-2018, aprobado el 20 de marzo pasado. Han transcurrido casi cinco meses desde que los resultados del examen especial se entregaron a los directivos de Inmobiliar y del SECOB, encargados de llevar adelante las etapas precontractual y contractual, respectivamente para la construcción y fiscalización de la Plataforma de Gestión Financiera.
Este contrato, cuya ejecución debió concluir en 510 días contados a partir de la firma del contrato (que terminaron en febrero de 2017), ha tenido 2 prorrogas de un total de 90 días, según el SECOB ha explicado a Mil Hojas, mediante correo electrónico. El contrato se encuentra en la etapa comprendida entre la recepción provisional y definitiva. La recepción provisional, se firmó el 20 de septiembre de 2017 y su plazo de conclusión era de seis meses o hasta que las observaciones sean enmendadas.
Hasta el momento solo tres de las 12 observaciones y recomendaciones hechas por la Contraloría han sido cumplidas. Según el SECOB, las nueve restantes están en ejecución.
Esta megaobra, construida y ensalzada por el ex presidente Rafael Correa y sus acólitos funcionarios, por sus supuestas potencialidades para optimizar el servicio a la ciudadanía y para generar ahorro fiscal, es una jaqueca, no solo desde el punto de vista de la funcionalidad del edificio para usuarios y funcionarios, sino para las actuales autoridades que están al frente de las instituciones responsables de la terminación de los contratos de construcción y fiscalización, así como de la administración del edificio. Los problemas aparecieron desde los estudios técnicos del proyecto que estuvieron a cargo del Consorcio Naranjo & Balcazar. La Contraloría ha detectado “inconsistencias técnicas en cuanto a los ítems relacionados al diseño de la cimentación, estructura de la escalera biomasa del bloque 2, diseño de jardineras, acceso al bloque 3”.
A criterio del SECOB, la más relevante de estas inconsistencias fue la de cimentación, “la cual no hubiera sido posible realizar de acuerdo al tipo de suelo encontrado en el sitio. Esto conllevó a que se realice un nuevo diseño validado por el consultor del proyecto”.
Rafael Correa no podía faltar el día de la inauguración de la onerosa plataforma financiera, hoy contraloría desnuda buena parte de las irregularidades de la contratación. Foto: API
China CAMC propuso el rediseño de cimentación de la Plataforma debido a “la imposibilidad de garantizar la seguridad de los obreros en el nivel inferior de la excavación, así como el poco tiempo para ejecutar esta actividad”. La fiscalización a cargo de ESPE Innovativa y la administración del contrato aprobaron la propuesta.
Este rediseño se concretó, no obstante la Contraloría observó que los cambios realizados no contaron con el análisis económico por parte de la contratista, ni fue solicitado por la fiscalización y por el administrador del contrato para los Estudios técnicos definitivos del proyecto.
Por ello el organismo de control concluyó que el administrador del contrato de estudios técnicos, ejecutado por el Consorcio Naranjo & Balcazar, al haber recibido los mencionados estudios con las inconsistencias técnicas mencionadas, incumplió la Ley de Contratación Pública y su Reglamento, así como los Términos de Referencia del contrato.
La constructora también propuso cambios en el diseño de la estructura metálica del proyecto. Sus argumentos fueron la necesidad de cumplir con normas técnicas vigentes (sobre desempeño sísmico y los niveles de resistencia), optimizar el uso de los materiales, facilitar la construcción y así poder cumplir con los plazos.
La Fiscalizadora aprobó el pedido, precisando que hubo un sobredimensionamiento de la estructura en los cálculos originales del proyecto.
En su examen especial la Contraloría concluyó que: “considerando las cantidades finales utilizadas en la estructura metálica que constan en el hito 6 y aplicando los precios unitarios del presupuesto del formulario 1.5 de la oferta, la diferencia generada por el rediseño en los rubros de perfilería metálica es de $22 645 008,32”.
Esta es la diferencia entre lo presupuestado por la contratista y la cantidad realmente ejecutada. El organismo de control destaca que “el precio del contrato y el presupuesto del proyecto se definieron sobre la base de estudios, diseños y planos originales y si éstos fueron optimizados, sus beneficios debieron evidenciarse en el precio y plazo final del proyecto”.
No obstante, en cuanto al plazo como lo admite el propio SECOB en sus respuestas a Mil Hojas, la obra tuvo prórrogas por 90 días. Es decir, pese a haber concluido el vencimiento de su recepción provisional en marzo pasado, se mantiene en ese estatus, sin que se concrete el cierre del contrato.
La Contraloría cuestionó que las modificaciones en el diseño de la estructura metálica no contaran con un análisis económico de la contratista, del administrador del contrato y tampoco de la fiscalización, ni se hayan dado acuerdos con el contratista sobre los beneficios económicos a favor de la entidad contratante. Por lo que concluye que el valor del precio fijo del contrato, calculado sobre la base de los diseños originales no era real.
Tanto quien fue Director General del SECOB en el período en que se firmó el contrato, Salvador Jaramillo, como el administrador del contrato, el fiscalizador y la constructora China CAMC se amparan en la cláusula 30 del contrato para explicar que no analizaron el impacto económico del rediseño, pues esa disposición solo demanda un aval técnico. Agregan que el rediseño contó con la aprobación de quien hizo los estudios técnicos originales.
Jaramillo fue nombrado director del SECOB (29 de abril de 2015), de una terna presentada por el presidente del Comité del Servicio de Contratación de Obras (SECOB), que en ese entonces era Vinicio Alvarado Espinel, ex Secretario Nacional de la Administración Pública.
Otro argumento de estas autoridades y contratistas es que si bajo el modelo de contrato de precio y plazo fijos se producen mejoras en los diseños del proyecto, que conlleven reducciones económicas, esto no implica que el monto del contrato varíe.
La Contraloría considera que el administrador del contrato (funcionario del SECOB) y la empresa fiscalizadora, incumplieron las reglas de la invitación hecha a la empresa China CAMC a participar en el proceso, que señalan que el valor de la obra se pagará considerando que se construya con los diseños originales. El administrador del contrato además incumple con la Ley de Contratación Pública y su reglamento General. La fiscalización, el ex Director General y el Coordinador Zonal 9 del SECOB incumplieron varias Normas de Control Interno.
Las observaciones y recomendaciones hechas por la Contraloría son de cumplimiento inmediato y obligatorio. Algunas de las interrogantes que surgen ante este panorama es cómo y cuándo el SECOB e INMOBILIAR lograrán hacer el cierre y liquidación del contrato, con una diferencia tan amplia en los cálculos del valor realmente ejecutado en la obra y lo determinado por la Contraloría?
Si el contratante no se puede beneficiar de ese ahorro, esos $22,6 millones ¿a dónde van a parar?, ¿quién se beneficiará de este presunto ahorro?
OTROS PENDIENTES
La Contraloría detectó también, como era obvio, errores en el diseño definitivo y construcción del desvío del colector de alcantarillado de la calle Villalengua de la Plataforma Financiera. Este tema fue incluido en el examen especial de los auditores luego de la inundación que se registró en la plataforma en mayo de 2017 a pocos días de haber iniciado sus actividades y de ser inaugurada oficialmente.
A pocas horas de ser inaugurado, el edificio se inundó a causa de una fuerte pero común lluvía invernal de la capital, estaban con el agua a nivel de las rodillas, hoy los problemas legales y financieros les llega hasta el cuello.
El primer diseño del colector fue realizado por la compañía JOrtiz S.A. Construcciones. Su contrato tuvo un valor de $36’159,14 y un plazo de 45 días desde su suscripción. Pero a criterio de la auditoría oficial el trabajo de esta consultora tuvo fallas de cálculo en la determinación de caudales y en el dimensionamiento de la sección hidráulica del desvío del colector.
Un segundo diseño fue elaborado por la misma constructora de la plataforma, China CAMC, que percibió por este trabajo $904.988. Pero esta empresa también cometió errores de cálculo y construyó un colector cuya capacidad hidráulica es menor a la requerida, por lo que no cubre las necesidades reales.
La Contraloría recomendó que antes de la entrega definitiva de la obra, el administrador del contrato y la fiscalización verifiquen que la contratista implemente un nuevo ramal del colector de acuerdo a los diseños presentados por SECOB que deben ser aprobados por la EPMAPS…”
Según el SECOB, esta recomendación está en proceso de ejecución. Pero lo que ninguna autoridad gubernamental ha aclarado aún es quién se hará cargo de los costos del nuevo colector. Esto, pese a que “los contratistas de esta modalidad asumen todos los riesgos y responsabilidades por el cumplimiento del objeto del contrato en las condiciones acordadas”. Entre otras obligaciones que asumió la contratista consta que en la obra se utilizará “mano de obra altamente especializada y calificada; tanto el Contratista como sus trabajadores y subcontratistas , emplearán diligencia y cuidado en los trabajos , de tal modo que respondan hasta por culpa leve”.
Hay que anotar también que en el pomposo “estreno” de actividades de la Plataforma Financiera se incumplieron disposiciones municipales. Verónica Rodríguez, gerente de Plataformas de Inmobiliar admitió que en el gobierno de Rafael Correa se cometió un error en esa megaobra, pues el Municipio de Quito y el Cuerpo de Bomberos no habían otorgado los permisos de ocupación y habitabilidad y ya se realizó la mudanza hacia la nueva edificación. La funcionaria reconoció: “entiendo que por los compromisos, en su momento del Gobierno anterior, quisieron entregar la plataforma, pues hubo una disposición ya de orden superior de que se trasladaran los funcionarios mientras ese permiso estaba en proceso”.
Esto también fue cuestionado por la Contraloría que dispuso que en futuras obras, podrán ocuparse los inmuebles previa obtención de estos permisos.
La falta de transparencia en la información del proceso contractual y de ejecución de los estudios y construcción de esta obra fue otra de las observaciones de la Contraloría.
En el período del 14 de agosto del 2014 y el 31 de agosto de 2015, plena revolución ciudadana, no se publicó información relevante en el portal de compras públicas sobre: estudios técnicos definitivos del proyecto, el contrato de construcción, el diseño definitivo del desvío del colector, planillas de avance de obra, informes de fiscalización.
Por lo tanto, se incumplió la Ley de Contratación Pública, lo que “ha impedido a la ciudadanía, conocer el desarrollo de los referidos procesos”.
Por ello, el organismo de control recomendó que “para el caso del contrato de construcción de la Plataforma Financiera, se efectuarán los trámites ante el SERCOP a fin de que se habilite la herramienta y se suba la información faltante al portal”.
El SECOB afirma que el sistema de compras públicas realizó un cambio en su configuración, lo que se contrapone al contrato de precio y plazo fijos; ello imposibilitó el ingreso de la información total. El director actual del SECOB, Jorge Wated, solicitó al SERCOP una solución para ingresar la información restante. Sin embargo, sostiene que la respuesta fue que no se podía alterar el sistema actual y que se considerará a posterior una opción para contratos por precio fijo.
Condiciones con las que se financió la obra
Casi 15 días después de firmado este contrato, en un contexto económico adverso en el país para adquirir más deuda y en medio del anuncio oficial de nuevos recortes en la inversión pública de $800 millones, el Gobierno del ex presidente Rafael Correa y la Embajada china anunciaron la construcción de la Plataforma Gubernamental Financiera.
El contrato de construcción de la plataforma financiera, una de las mayores obras asignadas por el Ecuador a China CAMC, fue costeado en su mayor parte con crédito del Banco de Desarrollo Chino (CDB), uno de los brazos financieros de ese país con amplia presencia en la región.
El 25 de mayo de 2016, la Consejera Comercial de China en Ecuador Ji Xiaofeng visitó las obras de la Plataforma.
En un documento emitido en 2015 por autoridades del Ministerio de Finanzas se evidencia los condicionamientos a los que el Gobierno ecuatoriano se sometió al firmar el Convenio de financiamiento con el Banco de Desarrollo de China (CDB), el 20 de diciembre de 2012. En oficio No. MINFIN-SEP-2015-0206-0, se destaca que “el Tramo B de la Línea de Crédito III, de China busca financiar proyectos específicos elegibles, dentro de los que se encuentra este Proyecto. Pero precisa que para acceder a esos créditos, el Estado, a través del SECOB, deberá suscribir un contrato de construcción con «cualquier corporación u otras entidades de propiedad o controladas por una entidad de la República Popular de China, o del Gobierno de esta». Se invitó a cinco empresas chinas domiciliadas en Ecuador: GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED, SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, CHINA CAMC ENGINEERING CO. LTD., CHINA INTERNACIONAL WATER ELECTRIC CORP. y CRCC 14 TH BUREAU GROUP ECUADOR CO. LTD.
Además del mandato que debía cumplir el Estado ecuatoriano respecto a las contrataciones con compañías del país asiático, el argumento oficial para invitarlas fue su “amplia experiencia en construcción de proyectos emblemáticos de infraestructura dentro del Estado ecuatoriano”. Claro, era innegable la presencia de estas empresas por los descomunales montos asignados en contratos a las cuatro primeras invitadas: más de $2.300 millones, de acuerdo con una investigación realizada en 2017 por International Center Four Journalists (ICFJ) y Connectas.
La información sobre las condiciones de este financiamiento fue calificada como reservada mediante un acuerdo ministerial según las disposiciones del entonces mandatario Rafael Correa. Por lo tanto, la fórmula para dar acceso a esa información sería un nuevo acuerdo ministerial, con la previa decisión política del presidente Lenín Moreno. Ello no ha sucedido aún.
¿Quién da más?
Desde que se realizaron los primeros anuncios oficiales sobre la construcción de esta enorme armazón, hasta la conclusión de la obra, se han lanzado una serie de cálculos y cifras sobre su valor.
Durante el enlace ciudadano #362 del 25 de febrero de 2014, el ex presidente Rafael Correa anunció que el costo del proyecto iba a ser de $79,5 millones para la construcción de 91.100 m2. Para abril de 2017, también en enlace ciudadano, el ex mandatario dijo que la superficie de construcción era de 132.824 m2 y el valor total ascendía a $208,95 millones, es decir un costo 2,6 veces más alto que lo declarado en 2014. [2]
Al parecer ese dato tiene como base el monto de inversión que para este proyecto manejaba Inmobiliar en el 2014, con ligeras variaciones: $208´643.148,69. Así consta en su Informe de Rendición de Cuentas de ese año.[3]
En el contrato para la construcción de la Plataforma Financiera el valor de la obra se fijó en $197’975.643,58 (sin IVA). Luego de ello, el SECOB publicó igual monto, especificando que la obra comprendía un área de 132.823,70 m² de construcción.
Mientras en un documento titulado “Informe de Rendición de Cuentas de 2015, Inmobiliar publica que para la construcción de esta obra se firmó un contrato” por $221’732.720,81 (esta cifra ya incluye el IVA, por lo que concuerda con el contrato), también señala un área de construcción de 130.263,86 m2, que es ligeramente menor que la registrada por el SECOB. Aquí menciona que el financiamiento es mediante un crédito chino y recursos fiscales.[4]
El 22 de mayo de 2017, durante la inauguración de la obra, el ex presidente Rafael Correa, en su discurso dijo: «esta plataforma nos cuesta cerca de $225 millones”. Calificó a la construcción como la más grande que se ha hecho en la historia del país en cuanto a edificios. Y enfatizó que no se trata de obras faraónicas, “son obras extremadamente útiles, esto nos ahorra arriendos, dignifica el trabajo de los funcionarios públicos y logra eficiencia”. Sin embargo, hasta el momento no hay cifras oficiales sobre el valor de ese ahorro.
Inmobiliar en comunicados difundidos tras la inauguración de la plataforma publicó que el costo de esta edificación fue de $225’550.083,49, [5] pero sin detallar qué incluye esa cifra, pues ni sumando los costos de construcción y fiscalización con IVA da como resultado ese valor.
Si se toma en cuenta los valores que se registran en el contrato de construcción, firmado con China CAMC, que es $197’975.643,58 (sin IVA) y los 130.263,86 m2 de construcción que es la cifra que más se repite en las publicaciones oficiales, se puede estimar un costo por metro cuadrado de esta obra de $1.519,80.
Si al valor del contrato se agrega el de fiscalización, que es $6´929.147,53, da un costo total de $204’904.791, por lo que el valor sería de $1.572,99 por metro cuadrado de construcción.
En cambio, si se toma como referencia, la cifra más alta manejada por Inmobiliar sobre el total invertido en la obra $225’550.083,49, el costo por metro cuadrado de construcción subiría a $1.731,48.
En estas cifras no están incluidos los $800 mil que el ex presidente Rafael Correa, anunció que se necesitarían para la modificación del colector que no soportó la lluvia del 15 de mayo de 2017 y que ocasionó una inundación en el inmueble.
Respecto a estas variaciones, Verónica Rodríguez, gerente de Plataformas de Inmobiliar, en entrevista con Mil Hojas, admitió que la obra estuvo contemplada primero para cierta cantidad de metros cuadrados, que no precisó. Pero sobre la base de los $197,7 millones del contrato y los 130 mil m2 de construcción, Rodríguez hizo su propia estimación del costo de construcción del m2 de esta obra en $1.515 y lo comparó con valores de hasta $2.500 por m2 que alcanzan los edificios que se construyen en la zona de Iñaquito para vivienda, sin los servicios que brinda la plataforma financiera. Por lo tanto, para la funcionaria es razonable el costo por metro cuadrado alcanzado por la edificación. Su reflexión apunta a que la Plataforma Financiera cuenta con complementos como locales comerciales; patio de comidas; salones de reuniones, auditorios y las denominadas biomasas que son 4 plazas más una terraza con jardines colgantes. “Es más parecido a un centro comercial que a un edificio de oficinas”, admitió la funcionaria.
Pero no solo las cifras sobre su precio han variado. También el plazo de conclusión de la obra. La gerente de Plataformas de Inmobiliar admitió que la demora en la culminación de la Plataforma Financiera se debió a las condiciones extraordinarias derivadas del terremoto de abril del 2016 que afectó las entregas de materiales. Otro factor que incidió fue un ajuste al requerimiento inicial de la obra, pues el Gobierno anterior pidió el incremento de 450 espacios para aglutinar a más entidades.
Esta gigantesca obra ha estado en la mira pública, especialmente desde la inundación que sufrió en los parqueaderos y las filtraciones por techos y paredes. A los daños que este incidente ocasionó se suman al día a día de esta enorme armazón, percances como la constante rotura de vidrios de los grandes ventanales e incluso del moderno ascensor panorámico y hasta los repulsivos olores que emanan de las alcantarillas que rodean a la plataforma y que están afectando al personal de servicios que trabaja en la planta baja del edificio.
No en vano el actual régimen incluyó a las plataformas gubernamentales, hasta noviembre del 2017, en un listado de 523 obras con problemas y el Municipio de Quito consideró que la Plataforma Financiera debía estar dentro del mapa de riesgos de la ciudad, por la vulnerabilidad de su construcción frente a las lluvias.
Una contratista con polémico historial
El desempeño y las prácticas empresariales de la multinacional CAMC Engineering Co., Ltd. han estado en la mira de los organismos de control y de justicia de la región.
En Bolivia, la empresa China CAMC accedió a contratos por $500 millones para la construcción de hidroeléctricas y vías, así como para la provisión de equipos para el Estado. Sin embargo, el accionar de la compañía asiática fue vinculado a un enmarañado tráfico de influencias en el que el presidente de ese país, Evo Morales, salió salpicado. Gabriela Zapata, expareja del mandatario, fue gerente de China CAMC y luego de más de un año de juicio fue sentenciada a 10 años de cárcel, por contribuciones y ventajas ilegítimas, asociación delictiva, falsedad material y uso de instrumento falsificado.
En Ecuador China CAMC no ha estado exenta de cuestionamientos. La Contraloría en su informe del 20 de marzo de 2015 (DAAC-0173-2015) identificó fallas y fisuras en la infraestructura de algunos de los centros del ECU-911, diferencias entre valores planillados y verificados, planos que no corresponden a lo verificado en el terreno [6]. Esto, luego de investigar el contrato (045) firmado el 23 de diciembre de 2011, por $61,81 millones, entre el Ministerio Coordinador de Seguridad, el SECOB y China CAMC para la construcción de los edificios de los centros que conforman el Sistema Nacional de Comando y Control para la Seguridad Ciudadana.
En 2016 la Contraloría determinó que la multinacional no pidió autorización al Instituto de Contratación de Obras (ICO) para subcontratar parte de sus trabajos en los contratos de construcción de los hospitales Monte Sinaí y Zofragua.
China CAMC también ha sido señalada por indicios de responsabilidad penal en el contrato de construcción de seis centros de emergencia del ECU 911. En otro informe de la Contraloría (DAAC-0058-2017) se determinó un perjuicio al Estado por un pago excesivo de $33 millones a las empresas China CAMC y China Electronics Export and Import Corporation (Ceiec).
A fines del año pasado, en su informe Nº DNA3-0001-2017, la Contraloría concluyó la revisión de una muestra de proyectos ejecutados con créditos chinos y que alcanzaron los $14.759’.060.883,79. Se auditó el manejo de los procesos de endeudamiento público entre el primero de agosto de 2014 y el 31 de diciembre de 2015, así como el uso de los recursos provenientes del Banco de Desarrollo de China (CDB), entre el primero de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2015.
De acuerdo con información del sistema de compras públicas y de la propia China CAMC esta empresa ha participado también en la construcción del hospital de Napoleón Dávila Córdova de Chone. Intervino en el proyecto del parque Los Samanes y en la construcción de la Escuela del Milenio de Yachay. Además ha construido la Universidad Regional Amazónica IKIAM y la Universidad Nacional de Educación.
La ESPE estuvo a cargo de la Fiscalización de la obra
Los procesos pre contractuales y contractuales para la fiscalización de esta obra se concretaron en menos de dos meses.
Luego de que en agosto de 2015 el SECOB invitara a ESPE-INNOVATIVA a la fase pre contractual[7], realizó un análisis de la mencionada empresa pública y determinó que ésta cuenta con experiencia en fiscalización de obras de ingeniería civil, por lo el primero de septiembre de 2015, el Director del SECOB, autorizó el inicio del proceso; aprobó los pliegos, designó a la Comisión Técnica, dispuso que se invite de forma directa a ESPE-INNOVATIVA E.P. y se publique el proceso en el portal de compras públicas, bajo la modalidad de Régimen Especial y con No. RE-SECOB-006-2015.
Una semana más tarde (8 de septiembre de 2015) la Comisión Técnica determinó que la oferta presentada por ESPE-INNOVATIVA E.P., cumplía con los requisitos y recomendó su adjudicación.
El contrato de fiscalización RE-SECOB-006-2015 fue firmado el 9 de septiembre de 2015, por $6’929.147,53 más IVA, con un plazo de 510 días (17 meses).
Salvador Jaramillo Vivanco suscribió el contrato como director general del SECOB y Mario Calderón, en representación de la empresa ESPE-Innovativa E.P.
Esta empresa de las Fuerzas Armadas, creada el 9 de enero de 2015 [8], además de fiscalizar esta obra, ha participado en la consultoría para la actualización de los estudios de riego y drenaje del Proyecto Propósito Múltiple Chone; en la fiscalización de la reparación de la vías en la provincia de Manabí, ocasionadas por el sismo del 16 de abril del 2016; en la fiscalización de la obra de reparación de la vías en la provincia de Esmeraldas también ocasionadas por el sismo del 16 de abril del 2016; en la revisión de los diferentes contratos realizados con la Refinería de Esmeraldas para su posterior liquidación y cierre y en la fiscalización de la construcción de la Plataforma Gubernamental de Gestión de Desarrollo Social.
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Un día se bajó de las avionetas que fumigaban las plantaciones bananeras, por el daño que causaban a los trabajadores del campo y sus familias; hoy el capitán Jorge Acosta lucha por el bienestar de ese sector en Ecuador. Hace poco estuvo en Europa para exponer la serie de explotaciones que sufre el agricultor que es partícipe de la siembra y producción del banano. Lo hizo ante la Comisión de vigilancia del Acuerdo Comercial entre la Unión Europa y Ecuador.
Al final, explica en una entrevista con Mil Hojas, diputados que conforman esa importante Comisión, especialmente los españoles, consideraron que en el Ecuador se estaría incurriendo en el conocido domping social (delito económico consistente en la competencia comercial desleal basada en la explotación y bajos salarios a los trabajadores).
Ahora teme que las colonias de países europeos, que son productoras de la apetecida fruta, presenten quejas por la situación expuesta, pero sobre todo espera que el Gobierno Ecuatoriano tome medidas que beneficien al sector, que representa y defiende a través de la Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas, Bananeros y Campesino (ASTAC). ¿Cuál es el principal problema de los trabajadores del banano?
Es un problema que se vuelve crítico en el Ecuador, ya tiene muchos años, pero en lugar de superarlo se ahonda. Ha habido pronunciamientos, como el de la Relatora Especial de las Naciones Unidas, en el año 2010, en los que se refiere de la “forma contemporánea de esclavitud las plantaciones de banano”, entre otras actividades agrícolas.
En el 2012, la Defensoría del Pueblo emitió una resolución reconociendo que en Ecuador hay una serie de violaciones de derechos, afectaciones a la salud y los derechos de la naturaleza. A partir de ahí, se ha denunciado frecuentemente la violación de los derechos laborales, derechos de medio ambiente. Lastimosamente ningún gobierno, ni el anterior ni ahora, han hecho absolutamente nada. No se han preocupado por solucionar estos problemas o por lo menos mitigarlos…
¿Cuál es la principal problemática o falencia a la que se enfrenta hoy un trabajador del banano?
Uno de los principales problemas es la falta de libertad sindical. Los trabajadores no tienen la posibilidad de que se les reconozca su derecho a formar sindicatos; como no hay sindicatos no hay organizaciones que defiendan los derechos. Las empresas se permiten violarlos, afectarlos y llegar al extremo que, como dije antes, la Relatora de la Especial de las Naciones Unidas determinó que hay esclavitud en el sector bananero, y otras áreas de producción agrícola, del Ecuador. ¿Pero de qué manera han venido denunciando esas violaciones?, ¿Cómo se han organizado en esa lucha?
Desde que nuestro sindicato se activó, a partir del 2009, ha sido como coordinador de trabajadores bananeros. En el 2014 ya como Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas, Bananeros y Campesinos (ASTAC), hemos denunciado la violación de los derechos. Se han creado normas, pero nunca se las cumple; ni la autoridad ha ejercido control sobre ello.
Al 2015, cuando el Presidente Rafael Correa y el Ministerio de Trabajo, promulgaron el Acuerdo 233 para regular las actividades agropecuarias. Ahí están incluidos los trabajadores del campo, tanto de ganadería como del agro, pero que trabajan en cultivos de ciclo corto; ¿Cuáles son esos sembríos? Maíz, arroz, pimientos, tomates, etcétera. Y son de ciclo corto porque desde la siembra hasta la cosecha no pasan más allá de 4 meses y se vuelve a sembrar… Esos sí son trabajadores por temporada. Ese acuerdo sirve para regular esa actividad…
En el 2016, el Ministro de Trabajo y el Presidente Rafael Correa expiden el Acuerdo Ministerial 054, que es donde incluyen en esa modalidad de trabajo, a los trabajadores bananeros y florícolas. Dijeron -y engañando- que la actividad bananera es por temporada, por ciclo. Se la compara a la producción de arroz o de maíz, lo cual no es similar. La actividad bananera es continua, es intensiva, es permanente. En cosecha de banano se trabaja todos los días del año. Los (trabajadores) de empaque, en las grandes haciendas bananeras, trabajan de cinco a seis días hasta 12 horas diarias. Todos los días se cosecha. En las fincas pequeñas es diferente. Ellos procesan cajas dos o tres días de la semana. Pero el Código de Trabajo actual ya establece una modalidad de contratación para quienes laboran en esas condiciones.
Jorge Acosta fue piloto de fumigación, como tal comprobó los graves efectos de ciertos agrotoxicos en la salud de los pilotos, nunca se ha investigado la concurrencia de accidentes y el uso de esos productosFoto:danwatch.dk
¿Cómo se ahondando la crisis de los derechos del trabajador bananero?
El Acuerdo Ministerial el 029 del 2017, que salió meses antes de que Rafael Correa entregue el Gobierno, ratifica los anteriores y despoja a los trabajadores bananeros de su salario básico, incumpliendo varios artículos de la Constitución, el mismo Código del Trabajo, Tratados en materia de Derechos Humanos, Convenios con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), todo queda violentado con esos acuerdos. ¿Cuánto percibe de salario un trabajador de banano?, ¿Ganan al menos el sueldo básico?
Ahora un trabajador del sector bananero no tiene salario básico. Trabajan por destajo (cobran por trabajo y no por tiempo empleado) o por cajas, o por tareas; en muchos casos quedan en libertad de lo que le quiera pagar el empresario, según su conveniencia. No existe un suelo básico, como tienen todos los trabajadores del Ecuador, que están regularizados. Es muy variable, puedo mostrar roles de pago de quienes ganan 40 dólares a la semana; es decir, por cinco días de trabajo. ¿Usted considera que hubo un retroceso en materia de derechos?
Claro, que lo hubo: todos los acuerdos ministeriales han afectado los derechos del trabajador del banano. Sucedió en años anteriores, hasta los últimos meses de Rafael Correa en el poder; y se repite en el Gobierno actual: En abril del 2018, viene el ministro actual Raúl Ledesma, que dicho sea de paso es hijo del Director Ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano, Eduardo Ledesma, y saca un Acuerdo Ministerial, supuestamente para generar empleo; y lo que hace es reconocer todos los acuerdos violatorios anteriores, pero aparte de eso crea una supuesta modalidad de trabajo de seis horas al día. Es totalmente falso: los trabajadores del banano, en el proceso de corte y empaque trabajan entre diez y doce horas al día, desde las 06h00 hasta las 20h00, en muchas ocasiones. A veces sobrepasan las doce horas.
¿Y cuánto llegan a ganar en un día de hasta doce horas?
Empresas grandes pueden llegar a pagar 15 dólares el día, aproximadamente un dólar y algo más por hora; y no tienen posibilidades de horas extras. ¿Se viola el derecho a tener al menos un salario básico?
La Organización Internacional del Trabajo estableció un convenio, que es el 131, establece la necesidad de un salario mínimo, como forma de protección; y el Ecuador ha ratificado ese convenio, pero también lo está violando. Entonces, esta modalidad de contrato, aparte de que explota al trabajador, le da al empleador la posibilidad de persiga al trabajador, que no puede defenderse desde una agremiación. ¿De qué manera lo persigue?
Hay un caso de una compañera que es parte de este sindicato. Ella estaba en periodo de lactancia, pese a eso estaba laborando doce horas al día. Sin que se le respete su derecho a la lactancia. La empresa bananera le había dicho que haga uso de su derecho a la lactancia después de las seis de la tarde; es decir, al cabo de 12 horas de trabajo. La niña estaba con un problema de salud, estaba anémica. Cuando presentamos un reclamo, lo único que hizo la bananera fue contratarla por seis horas. Pero, además, en represalia despiden a su esposo y a ella ahora le dan solo dos días de trabajo por semana. Sustentados en esos Acuerdos Ministeriales atentatorios contra los derechos. ¿Cuándo inician la relación laboral no les hacen firmar contrato?
Algunos les hacen firmar un contrato, pero no se los entregan, lo que ya es una violación a sus derechos.
¿Y los aseguran?
Hay un alto porcentaje que no está asegurado; estimamos que un 70% del trabajadores del banano que no están asegurados al IESS. Hay otros que trabajan 12 horas, pero solo los aseguran por medio tiempo, esto es seis horas. Hay trabajadores a los que hacen facturar, desconociendo todos sus derechos, como que dan servicios prestados. Todas esas formas de explotación contra los trabajadores nacen de estos acuerdos ministeriales. ¿Y sigue funcionando el sistema de contratar a los trabajadores por grupos, con un líder, a quien le pagan por todos?
Eso existe, se los llama cuadrillas. Todavía hay ese problema también. Igual es para no reconocer los derechos de los trabajadores de manera individual. ¿La ley sigue atentando contra los trabajadores?
Supuestamente se quiere formalizar a esos trabajadores; y la forma de legalizarlos es haciéndolos visibles, pero en formas precarias de trabajo. Por ejemplo, el acuerdo 074 del 2018 refiere que los trabajadores pueden laborar seis días a semana. Pero si se estable como derecho fundamental el descanso continuo de 48 horas, por ejemplo, ahí se está desconociendo ese derecho. Es decir, se violan todos los acuerdos, protocolos, códigos y hasta la Constitución…
Todas esas violaciones a los derechos caen en el incumplimiento de la Constitución, del Código de Trabajo, Convenios de la OIT, Protocolos de los Derechos Humanos. Pero también viola el Acuerdo Comercial con la Unión Europea, que en su Título XIX, habla de que las partes están obligadas a respetar los Derechos Humanos, Laborales y de Medio Ambiente; y que los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) deben ser respetados. ¿En que otro detalle no se respeta los Derechos Fundamentales de la OIT?
La OIT, entre sus convenios fundamentales, tiene el 087y 098 que refiere sobre la Libertad Sindical y ASTAC (Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas, Bananeros y Campesino), nuestra organización sindical, hasta ahora no tiene registro. Violando el Convenio 087, fundamental según el Acuerdo Comercial. Ahí se refiere la libertad sindical.
Acosta impulsa con esmero la organización de trabajadores en el eje banero y ha concretado acuerdos con organizaciones relacionadas en Centroamérica y Europa.
¿Ha reaccionado de alguna forma la OIT a favor de ASTAC?
La OIT ha acogido nuestra queja, porque estamos pidiendo el registro de ASTAC como sindicado desde el 2014. Le indicó al Gobierno de Rafael Correa y ahora también al Gobierno de Lenin Moreno. Pero ninguno de los dos ha respondido a nuestro petitorio. Por tanto, los derechos de los trabajadores del banano siguen siendo violados en el Ecuador. Incluso, la mensualización de los décimos también ha servido para esconder la explotación porque al agricultor no le pagan los 386 dólares de salario básico, como les correspondería. ¿Y el Acuerdo con la Unión Europea no corre riesgos?
La Unión Europea, lastimosamente, establece prohibiciones pero no sanciones, para los países. Son varias las denuncias, entre esas está la nuestra, pero los gobiernos no respetan. En el Artículo 277 del Título XIX, donde se refiere que por el Comercio o por la Inversión no se pueden reducir los niveles de protección en temas laborables y de Medio Ambiente. El salario básico es una forma de protección para el trabajador. Al quitárselo se está retrocediendo y se está incumpliendo el Artículo 277 del Acuerdo Comercial con la Unión Europea. Es decir, hay dos causales para decir que el Ecuador no está cumpliendo con los trabajadores del banano.
¿Qué se ha hecho en torno a esta situación desde ASTAC?
Hace poco estuve en Europa, en Bruselas y en Alemania, tuve una serie de reuniones con sindicatos de la región, con Sindicatos Portuarios. He dicho que el Acuerdo Comercial con la Unión Europea no se está cumpliendo a cabalidad y que el Título XIX que establece prohibiciones, pero no sanciones, simplemente es de adorno dentro del Acuerdo Comercial. Algunos parlamentarios coincidieron en que Ecuador está incurriendo en dumping social (delito económico consistente en la competencia desleal basada en la explotación y bajos salarios a los trabajadores), porque existen países europeos que tienen en sus colonias producción bananera, pero, a diferencia de acá, se respetan los derechos laborales de los trabajadores y eso sería domping social. Sería importante que el Gobierno del Ecuador tome acciones para proteger y precautelar los Derechos Laborales de los miles de trabajadores del banano. ¿Han obtenido alguna respuesta del Presidente Lenin Moreno?
Lo que ha hecho el Presidente de la República es querer comparar los salarios de los trabajadores del banano con los que pagan países vecinos, como Colombia y Perú. Entonces dice: el trabajador bananero del Ecuador gana un salario más alto que los trabajadores de la región, pero no es posible hacer esa comparación, porque las condiciones y costo de vida son distintos en esos países. Además, nosotros tenemos el dólar, los vecinos tienen otro tipo de moneda. No es posible hacer esa comparación. Claro, posiblemente 200 dólares para Perú o Colombia sean buenos, pero aquí no, porque 200 dólares es muy inferior al costo de la canasta básica (que supera los 500 dólares). En países vecinos, por ejemplo, les dan bonos para incentivar la producción. Acá no sucede, cientos de agricultores no llegan ni al salario básico. ¿Ante la existencia de un potencial domping social que podría pasarle a Ecuador frente al Acuerdo Comercial con la Unión Europea?
No sé qué harán las colonias de los países europeos que producen banano ante la existencia del domping social, pero si analizan están en todo su derecho porque la explotación se está dando, desde el momento en que se despoja al trabajador bananero de su salario básico. En Ecuador se están violentando derechos fundamentales y vamos a presentar una demanda de inconstitucionalidad de los Acuerdos Ministeriales creados entre el 2016 y 2018; y también vamos a pedir una audiencia en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
Milhojas.is
Matilde Peñafiel Arauz, 62 años, jubilada, fue docente en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. El 22 de abril de 2016 el pleno de la Corte Constitucional emitió una sentencia a su favor porque consideró que se vulneraron sus derechos personales cuando el municipio de Manta entregó a una empresa privada un complejo deportivo de la que era usuaria y perdió el espacio en el que practicaba deportes.
Michel Deller, dirige el destino de 42 empresas, principal accionista del grupo Quicentro Shopping, levanta grandes y modernos centros comerciales en todo el país, es dueño del club de fútbol Independiente del Valle, es parte de una importante comisión de la FIFA. Michel Deller, a la izquierda es el impulsor del Mall del Pacífico en el malecón de Manta, el proyecto incluye un hotel de lujo pero su construcción tiene retraso; en la derecha una imagen de Matilde Peñafiel, la jubilada que acudió a la Corte Constitucional para denunciar la vulneración de sus derechos.
Ninguno de los dos se conoce, pero inexorablemente sus destinos se han encontrado: la sentencia de la Corte Constitucional, que favorece a Matide Peñafiel, ha puesto en jaque la millonaria inversión que el grupo Deller hizo en el Mall del Pacífico, un moderno complejo comercial que levantó en Manta y es el actual polo de desarrollo de la ciudad. La sentencia de la Corte Constitucional obliga a la empresa dueña del mall, Inmocostazul, ceder el terreno en que se asienta el centro comercial al Municipio de Manta, pero el cabildo no quiere recibir ese terreno, ni la empresa entregarlo y mucho menos la justicia ejecutar la sentencia, de hecho seis jueces que conocieron el caso fueron cambiados a otros despachos. El centro comercial fue uno de los espacios mas esperados en la ciudad. Ocupa un espacio de 30 mil metros; el terreno fue antes ocupado por el complejo deportivo Tohally y su destrucción desató el conflicto. Los constructores aseguran que se trata de una guerra comercial para perjudicar la inversión.
Es un conflicto apalancado en una serie de irregularidades que los gobiernos seccionales en todo el Ecuador se acostumbraron cometer.
La empresa constructora Inmocostazul asegura que el Municipio tomó la mejor decisión al canjear esa propiedad, el complejo deportivo que allí existió había cumplido su vida útil, no servían sus instalaciones y que lo mejor que se hizo fue levantar en ese espacio un centro comercial que brinda trabajo a mas de 1000 personas y dinamizó la economía de la ciudad.
La empresa cree también que los problemas fueron impulsados por otro grupo económico que busca perjudicar el proyecto, que supera los 200 millones; cree también que usaron a Peñafiel como su herramienta para perjudicar la inversión.
La profesora, que usaba día a día las canchas de ese complejo en sus actividades deportivas, fue muy crítica con la decisión de permuta y se pronunció públicamente varias veces contra las obras: “Eso provocó una reacción fuerte en mi contra, destruyeron mi reputación en medios de comunicación y redes, me dijeron atrasa pueblos, en entonces decidí actuar”. LA HISTORIA
En el piso nueve del edificio Torre Centro de Manta, labora el abogado Ricardo Fernandez de Córdova, representa a la empresa Imocostazul, constructora de Mall del Pacífico. Al preguntarle cómo es que una jubilada ha puesto en jaque ese proyecto respondió sin tapujos que se trata de una guerra comercial provocada por su principal competidor.
¿De quién se trata? No lo dice pero brinda los nombres de quienes, supuestamente, actuaron a favor de su competencia: “Le puedo traer las acciones constitucionales, todas iguales, unas firmadas por un abogado Heredía, otras por el hijo de ese abogado …Varias personas presentaron acciones constitucionales muy parecidas y una de ellas fue Matilde Peñafiel que es una señora de la que todo el mundo ha hablado pero que nadie le ha preguntado qué quiere y cuánto dinero ha invertido en esta campaña”.
Matilde Peñafiel practicaba todos los días deporte en el llamado complejo deportivo Tohally. En una extensión de 36 mil metros se repartían canchas, piscina olímpica, coliseo multiusos pero un día el complejo fue cerrado, demolido y empezó el levantamiento del mall. Peñafiel cuenta que fue muy crítica con el cierre de ese centro de recreación, que servía y era accesible a toda la comunidad. Inmocostazul, la empresa constructora del mall, entregó un nuevo complejo deportivo a cambio de los terrenos municipales del viejo centro deportivo, se encuentra en el límite de la ciudad.
“Siempre hice deporte y cuando conocimos la idea de que el coliseo iba a derrocarse me opuse, luego crearon una página web en que destruyeron mi prestigio por oponerme al proyecto del centro comercial, además contrataron radios para hablar en mi contra, yo era la atrasa pueblos, que vive de impedir el desarrollo de Manta. Hubo notas de periódicos que me relacionaron con un traficante de tierras, que al haber vendido mi conciencia se trataba de un acto natural al ser hija de un traficante. No me creo la protagonista, pero si una piedra en el zapato porque tengo principios y valores, no tengo mas de lo que puedo administrar…” Las acciones que emprendió Matilde Peñafiel desataron su persecución y destruccuión de su reputación en la ciudad, se levantó una página de Facebook en su contra.
Las acusaciones, dice Peñafiel, la motivaron a buscar un abogado que inicie el pedido de acción de protección constitucional. “No solo era un centro deportivo, era el lugar de encuentro de todas las actividades educativas, luego me enteré que Contraloría había glosado al Consejo Municipal por haber entregado ese terreno a un valor mas bajo del previsto.
Para Fernández de Córdova nunca hubo misterio: “donde ahora se encuentra el mall estaba un complejo deportivo que se caía a pedazos, inservible, nadie invirtió en ese centro y lo que se pensó es matar varios pájaros de un tiro: darle una mejor infraestructura deportiva a la ciudad y hacer algo con ese terreno que era un bien municipal”.
Con ese precepto el 7 marzo de 2013 el Concejo Municipal de Manta aprobó una permuta (intercambio) que buscaba cambiar el complejo deportivo Tohally, inaugurado en 1984, por otro de infraestructura deportiva similar y con mayor extensión de terreno pero ubicado en las afueras de la ciudad. Jaime Estrada, el alcalde que pensó en todo, menos en la legalidad del proceso de permuta, hoy aspira ser elegido nuevamente autoridad en la provincia de Manabí
El entonces alcalde de la ciudad, Jaime Estrada, fue un entusiasta y quien impulsó ese proceso. A la luz del tiempo nadie le ha preguntado a ese ex alcalde por qué dio paso a un proceso con vicios legales, que con el tiempo ha perjudicado la inversión y los intereses de la ciudad. La ley prohíbe vender o transferir bienes del Estado si estos tienen infraestructura que beneficia a la población. Estrada optó por la permuta porque le permitía esquivar el Código Orgánico Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD. Estrada limpió el piso con esa ley, la más importante para municipios y prefecturas porque establece las competencias y atribuciones de los Gobiernos Autónomos.
Pero la realidad es que a nadie en el Concejo Municipal le molestó deshacerse de ese viejo complejo y levantar allí un centro comercial moderno y dinámico. Entonces dieron paso a la escritura de permuta, que fue valorada en $24.6 millones. En términos didácticos los terrenos municipales y la infraestructura existente en el complejo Tohally se valoraron en 12.3 millones. Por tanto Inmocostazul debió entregar terrenos más infraestructura por el mismo monto.
Un año después de la firma de la escritura aparecieron los problemas: en abril de 2015, la Contraloría General del Estado publicó un examen especial de ingeniería (DR5-DPM-ApyA-0005-2005). Concluyó que el valor negociado por el Municipio de Manta le había generado un perjuicio de 3,37 millones de dólares.
El Concejo Municipal aprobó el valor de cada metro cuadrado en $387,5 pero Contraloría identificó que terrenos aledaños a ese complejo se vendieron en años pasados en un valor de $1000 cada metro. Pese a ello buscó un valor mas conservador y ese organismo estableció que el costo promedio a negociarse no podía ser menor de $500 cada metro.
El examen de contraloría estableció además que se cometió responsabilidad administrativa culposa y destituyó a una concejala que se mantenía en ese cargo. No pudo hacerlo con el resto de concejales responsables porque ya habían acabado su mandato. Estrada y Deller en una imagen publicada en marzo pasado por el portal fútbolecuador
¿Qué pasó con los concejales destituidos?, le preguntamos al alcalde Jorge Zambrano: “Uno sigue en función”. ¿Cómo sigue en funciones si está destituido? “La ley dice que el ente nominador es el que debe separar y yo no soy el ente nominador sino el Consejo Nacional Electoral. Yo puedo despedir al personal administrativo pero la señora concejal ha presentado un recurso en el contencioso”.
Ricardo Fernandez de Córdova dice que ese examen especial es propio de las distorsiones que enfrentó la Contraloría al haber sido dirigida por Carlos Pólit, acusado y sentenciado por corrupción. “Esto es una de las cosas que jamás debieron haber pasado, en otros países cuando un juez es sospechoso de corrupción automáticamente todo lo actuado entra en proceso de análisis, hablo de Contraloría , esto es ejercido por un contralor prófugo, esto es un complot comercial que debe ser investigado, yo no lo voy decir quién es pero es así”. Agrega que “no hay un lío legal, el tema de contraloría pudo haber sido hecho por un estudiante universitario que utiliza una analogía propia de gente que desconoce una realidad geográfica”
La realidad es que el Municipio nunca tuvo el apalancamiento legal para permutar un bien que era intransferible, lo dijo contraloría y el peso de los errores han caído sobre el actual alcalde, Jorge Zambrano: “Yo he tenido una espada de lado y lado”. Entiende que no puede irse contra la decisión de la Corte Constitucional pero tampoco desamparar la millonaria inversión que significa el centro comercial y un hotel de lujo que está en construcción y se levanta en más de cinco pisos. El conflicto ha detenido los avances en el hotel que se levanta sobre el mall
“La sentencia es irrefutable y se debe acatarla, la resolución dice que se anula la resolución administrativa de abril de 2013 que autorizaba hacer la permuta, es un acto administrativo que dice que vuelva a todo a su estado inicial”, explica Zambrano. La pregunta es ¿cuál es el estado inicial? “La sentencia sale después de la autorización de la construcción del centro comercial y cuando la construcción del nuevo complejo deportivo estaba avanzado. Si se devuelve el complejo nuevo íbamos a conculcar el derecho de otros y si se pensaba en la demolición del mall significaba conculcar el derecho de muchos otros”, explica el alcalde.
La sentencia de la Corte Constitucional nunca habló de demoliciones, el estado inicial de la sentencia habla del efecto jurídico por tanto el terreno pasa a ser nuevamente propiedad municipal. Si el terreno se entrega al municipio ¿qué sucederá con todo lo que se encuentra sobre ese espacio?, ¿en qué condición legal quedará el mall construido por Inmocostazul? La pregunta es una pesadilla, nadie quiere responderla.
La sentencia constitucional llegó diez días antes del brutal terremoto que cambió esa provincia, dos meses después el Independiente del Valle jugó la final de la Copa Libertadores y Michel Deller donó la taquilla de los partidos finales en favor de los damnificados. El acto le valió el respeto de todo el país y no es de dudar que esas decisiones apalancaron los avances en la construcción del mall. GUERRA AVISADA
El 21 de septiembre de 2015 el municipio de Manta reconoció los varios errores que incurrió al momento de autorizar la permuta. Un abogado llamado Simón Zambrano Vinces, usó el mecanismo de participación denominado “Silla Vacía”, que es la posibilidad de que el ciudadano común tenga voz y voto dentro del Concejo Municipal y participe en debates y propuestas. Explicó que se violentó el COOTAD, del código civil y la ley del deporte, sobre todo el artículo 145 de esta última Ley, que dice que las instalaciones deportivas destinadas al uso público no son transferibles. “El artículo 1839 del código civil dice que no pueden cambiarse las cosas que no se pueden vender”.
Ese día seis ediles aceptaron declarar nula la permuta.
Fernández de Córdova deja evidencia que Zambrano actuó como parte de la intriga contra el centro comercial. “Ha gastado miles de dólares en remitidos de prensa, ¿quién los paga?, ¿quién paga la defensa de Peñafiel?” Peñafiel también ha señalado que por varios medios intentaron callarla: “me mandaron a decir que podía arreglarme la vida, yo debo decirles a todos que a mi no me han entregado dinero, todos deben estar desesperados porque han vendido un bien de forma ilegal, la sentencia ordena que las cosas vuelvan a su anterior condición y ello quiere decir que el predio debe volver al municipio. (pie de foto)
El abogado que acompaña a Matilde en su lucha es Marcial Alcivar, lleva en la cabeza cada detalle del proceso de la Corte Constitucional pero no guarda preferencia por las fechas. Su estudio jurídico ocupa una de las habitaciones de su casa y desde allí delineó las acciones que Peñafiel le pidió: “cuando se dictó esta sentencia la parte accionada debió suspender la obra pero hicieron tantos incidentes con el objeto de seguir. La sentencia que ordena que las cosas vuelvan a su estado anterior, esa permuta debe quedar sin efecto y todos los actos posteriores tienen la misma línea porque lo accesorio sigue la suerte de lo principal; hemos pedido que se ordene la inscripción de la sentencia ante el registro de la propiedad y hasta hoy no se cumple con el pedido”.
¿cuál es el camino para regularizar esta situación?, preguntamos a Alcivar: “Que asuma el municipio la inscripción, la titularidad del dominio y que allí hagan lo que les de la gana,
¿Porque no se ha logrado? Es la gran pregunta, dice el abogado Marcial Alcivar: "De hecho seis jueces recibieron el pedido de inscripción de sentencia pero todos han ocupado cargos temporales y como están las cosas, los jueces despacharán todo, menos esa sentencia".
En 2017 la empresa constructora y el municipio llegaron a un nuevo acuerdo para zanjar los perjuicios ocasionados de acuerdo al informe de Contraloría, en vez de limar las irregularidades jurídicas se hizo otra permuta en la que Inmocostazul pavimentó la calle posterior al mall y se acordó la construcción de una plazoleta, mas la entrega de 400 metros de terreno para uso del Municipio sin costo y por 50 años.
Pero el nuevo acuerdo no solucionó el conflicto, que se mantiene intacto; mientras tanto el mall goza de gran salud, ha dinamizado la economía, generado empleos e impuestos para la ciudad. Una obra que Manta aplaude pero levantada en sinuosas ilegalidades que a largo plazo sin duda es una derrota.
El seguimiento y presunto secuestro del activista Fernando Balda en Colombia no sería el único caso de operaciones encubiertas ilegales perpetradas por el correísmo, específicamente por José Serrano desde sus cargos como ministro de Estado.
Otro operativo de similares características, en el que también se habrían usado recursos públicos, y que fue comandado por Serrano, se realizó en 2012 en contra de su ex asesor Diego Vallejo, cuando el entonces Ministro del Interior ordenó que tres personas de la seguridad presidencial de Rafael Correa viajaran a Perú a espiarlo, con lo cual se revela además que esas operaciones se realizaban con el conocimiento del ex mandatario.
La información que Vallejo tenía en su poder y que hizo pública al salir del Gobierno le convirtieron en otro de los blancos de la estructura de espionaje y persecución desplegados por el correismo. Vallejo responsabilizó a Serrano de los seguimientos realizados a Balda en Colombia; así como del montaje de la teoría de golpe de Estado alrededor de los hechos del 30S y el uso ilegal de la información financiera en contra del ex fiscal general Washington Pesántez. También denunció irregularidades en el proceso selección del Fiscal General, Galo Chiriboga.
Poco después de esta serie de revelaciones, en 2012 se dictó una sentencia a dos años de prisión en contra de Vallejo por asociación ilícita, basada en un montaje de evidencia falsa, según él lo ha reiterado. Tras recuperar su libertad, Vallejo consiguió asilo político en Estados Unidos. Desde allí ha reactivado sus denuncias no solo sobre la persecución que él sostiene que se realizó en su contra, sino sobre actos de corrupción de las más altas autoridades gubernamentales de la década anterior. El 9 de mayo pasado rindió su versión, vía videoconferencia desde EE.UU., sobre el supuesto secuestro del activista político Fernando Balda. Su testimonio no solo colocó a Serrano en los primeros planos de esta historia, por haber sido quien planificó y coordinó la estrategia desplegada alrededor del presunto rapto al ex legislador Balda, sino que señala a Correa como la cabeza de las órdenes que se impartieron para traerlo desde Colombia a “como diera lugar”.
Sobre su propio caso Vallejo presentó una demanda por intimidación, ante la Fiscalía el 24 de marzo de 2017, en contra de Serrano y Correa. Un año y cuatro meses después, este proceso se ha reactivado. Cómo y por qué pasó de asesor a perseguido?
Diego Mauricio Vallejo Cevallos, ex militar en servicio pasivo, es experto en análisis financiero y en temas de lavado de activos. Fue contratado en noviembre de 2009 como asesor del ex ministro José Serrano en la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión para investigar un centenar de casos de corrupción de funcionarios públicos que habían sido denunciados ante esa entidad. Casi un año más tarde ingresó a la Secretaria Nacional de Inteligencia (SENAIN) como consultor cuando su titular era Francisco Jijón. Allí fue designado para investigar el caso 30S y actuó como el nexo entre la SENAIN y la Unidad de Respuesta Judicial, creada en el Ministerio de Justicia para llevar a instancias judiciales a todos quienes el Gobierno involucró en el 30S, como el Coronel Cesar Carrión, el Mayor Fidel Araujo y Max Marín.
Vallejo narra que supo que en la cartera de Justicia se estaba diseñando una estrategia, ordenada desde el Palacio de Carondelet, que involucraba construir la teoría del golpe de Estado alrededor de los hechos del 30S. Relata que para ello se fabricaron historias y testigos falsos, todo con pleno conocimiento de Ledy Zunig y Xavier Córdova, entonces ministra de Justicia y viceministro de Seguridad Interna, respectivamente.
Vallejo también asegura que en el Ministerio de Justicia funcionaba una unidad encubierta de inteligencia, a órdenes exclusivas del titular de esa cartera, José Serrano. El trabajo de este equipo estaba encaminado a descubrir posible ilegalidades de determinadas personas que puedan ser utilizadas políticamente por Serrano. Este grupo realizó grabaciones de audio y de video, seguimiento de personas y otras actividades de espionaje.
Luego como consultor en el Ministerio de Justicia (desde enero del 2011) Vallejo recibió órdenes de Serrano para hacer un análisis técnico del movimiento de las cuentas del ex fiscal de la Nación Washington Pesántez y de sus familiares. Sin embargo, Vallejo solicitó la entrega de un documento por escrito para hacerlo de manera formal, ya que los expedientes tenían el formato de la Unidad de Análisis Financiero. De otra forma la obtención de esa información no era legal.
Serrano insistía en acceder al análisis financiero de Pesántez, pero nunca entregó a Vallejo el documento firmado. Para esas fechas el ex Fiscal ya sabía que Serrano investigaba sus cuentas y de acuerdo con Vallejo aprovechó las acciones realizadas por el ex ministro, en un caso de corrupción de funcionarios judiciales, para enfrentarlo. Vallejo, por disposición de Serrano, descubrió el cobro de coimas realizado por jueces del Guayas y las inconsistencias de sus cuentas. Varios funcionarios judiciales fueron detenidos por cohecho mediante un operativo que habría sido ilegal. Esa fue la coyuntura que según Vallejo permitió a Pesántez llegar hasta Serrano, pues el fiscal Pablo Encalada, supuestamente cercano a Pesántez, vinculó a Vallejo en ese proceso. El 29 de octubre del 2011, en la audiencia de formulación de cargos, el juez Luis Fernando Quiroz ordenó la prisión preventiva de Vallejo, pese que el Fiscal de entonces Galo Chiriboga no presentó acusación particular en su contra.
Como consecuencia de esto Vallejo decidió hacer públicos las operaciones de espionaje y seguimientos a Pesántez y a Fernando Balda. Lo hizo desde la clandestinidad y a los pocos días Correa en el enlace ciudadano 246 (26 de noviembre de 2011) se quejó de la actuación del juez en contra de funcionarios del Ministerio de Justicia “por denunciar actos de corrupción” y enseguida Quiroz retrocedió en su decisión inicial, argumentando haber tenido un Iapsus calami (equivocación), con lo cual Vallejo fue sobreseído de ese proceso.
Aquí se evidencia una vez más la injerencia directa que ejerció Correa en la justicia para favorecer a sus colaboradores al menos en este punto de la historia del caso Vallejo, pues luego la situación del ex consultor se revirtió, tras su salida definitiva del Gobierno.
Vallejo se integró a la Corporación Transparencia por Ecuador como su director. Desde ese espacio continuó haciendo denuncias de corrupción en contra de varios funcionarios públicos. Por ejemplo, aseguró que en abril de 2011 personas que trabajaban con el ministro Serrano (entonces al frente del ministerio de Justicia) le entregaron documentos y fotografías de Fernando Balda en Colombia, así como un video donde el activista político se refiere a la sexualidad del ex presidente Correa. En un evento organizado por el Ministerio de Justicia, el 28 de abril de 2011 se entregó esta información al ex mandatario y días después Serrano ordenó al Viceministro, Xavier Córdova, que viaje a Bogotá para que coordine acciones en contra de Balda.
Vallejo también reveló que los miembros del comité de selección de Fiscal General de la Nación enviaron información privilegiada a Galo Chiriboga con el fin de que sea electo para el cargo; así como las irregularidades para la designación de Carlos Pólit como Contralor General del Estado. El ex consultor de Serrano sostuvo además que en el caso 30S presentó un informe indicando que el Coronel César Carrión no realizó ningún bloqueo de la puerta de acceso al hospital de la Policía para impedir el paso de Rafael Correa, acusación que fue impulsada y judicializada por el Gobierno pasado, según Vallejo mediante el montaje de testigos para incriminar no solo a Carrión sino también al Mayor Fidel Araujo.
Ya desvinculado del Gobierno de la revolución ciudadana, entre abril y junio de 2012, Vallejo viajó a EE.UU. y Perú para contactar a organizaciones vinculadas a actividades de lucha anticorrupción, con el fin de organizar una convención para septiembre de ese año en Quito. En el mismo lapso de tiempo en que el ex asesor estuvo en Lima, Perú, Serrano envió personal de la Unidad de Gestión de Seguridad Interna (UGSI) de la Presidencia de la República a esa ciudad en misión de inteligencia. La UGSI fue creada por Correa en agosto de 2007 mediante Acuerdo Ministerial 144. Se activa con órdenes directas del Palacio de Carondelet con el objetivo de dar protección al primer Mandatario. Pero en más de una ocasión ha sido involucrada en seguimientos políticos.
En el caso de Vallejo, Serrano dispuso mediante acuerdo ministerial #2974, que los agentes: Tnte. Guillermo Rodríguez, Sgto. Oscar Fierro Puente y el Cbo. Edwin Quezada Morocho viajen a Lima en comisión de servicios, entre el 30 de mayo y el 6 de junio de 2012. Esta autorización se encuentra publicada en el Registro Oficial No. 825 del 7 de noviembre del 2012.
A su retorno al país y tras un operativo policial, Vallejo fue detenido el 29 de junio del 2012. En el vehículo en el que se movilizaba se requisaron dos armas sin municiones y un croquis de la casa de Paulo Rodríguez miembro del Consejo de la Judicatura. A decir de Vallejo estas armas fueron embaladas y depositadas en una mochila, que pertenecía a Oswaldo Rivadeneira, miembro fundador, junto con Vallejo, de la Corporación Transparencia por Ecuador, y quien, según el relato del ex asesor, había dejado esa mochila en encargo para ser retirada más tarde.
Pocos meses después Rivadeneira fue promovido al cargo de juez penal y luego al de asesor de Serrano en el ministerio del Interior.
El 2 de mayo de 2013 el entonces asambleísta César Montúfar pidió a la embajada de Perú en Ecuador que le informe si el gobierno nacional solicitó permiso al gobierno peruano para las actividades de los servidores policiales que viajaron a Lima “o, si existió alguna coordinación entre ambos gobiernos para la actuación de policías ecuatorianos en territorio peruano. Transcurrió casi un mes desde entonces y el ex viceministro del Interior, Xavier Córdoba, acudió a la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la Asamblea para informar sobre las actividades de la UGSI, dependencia de inteligencia de la presidencia. Ante las preguntas de Montúfar sobre la misión que cumplieron los agentes en Lima no hubo mayores detalles.
En una denuncia presentada ante la fiscalía de Pichincha, la esposa de Vallejo, Alexandra del Yépez Urquizo indicó que los agentes de la UGSI ingresaron a Perú en calidad de turistas. Mediante correo electrónico del 25 de junio de 2013 Yépez pidió a la consejera de la embajada peruana en Ecuador, Roxana Castro, que la confirmación que le hizo vía telefónica de que los servidores policiales viajaron a ese país con visa de turismo y sin coordinación previa con su par peruano sea realizada por escrito. Hasta el momento eso no se ha concretado.
Como parte de su defensa legal Vallejo presentó un informe sobre 25 llamadas realizadas entre su ex colaborador Oswaldo Rivadeneira y el capitán Pablo Luna Guevara, de la UGSI, entre el 28 y el 31 de mayo, día en que Vallejo viajó a Lima. En otro reporte del informe aparecen también 14 llamadas entre Rivadeneira y Francisco Piñeiros, ex agente de los Ministerios de Justicia y del Interior, cuando estuvo al mando José Serrano. Piñeiros fue acusado de estafa en Cayambe durante el 2010 por tres personas que lo inculparon de haberles pedido dinero a cambio de adjudicarles equipos de laboratorio clínico y vehículos que la Policía iba a rematar, sin que Piñeiros sea oficial de policía.
Otro elemento que confirmaría no solo el seguimiento hecho a Vallejo en Perú sino el amedrentamiento a él y a su familia, fue un anónimo que recibió su esposa con una fotografía del ex asesor en compañía de una mujer en Lima, en la que los remitentes insinuaban un acto inmoral.
Los testimonios que se han pedido a Vallejo sobre el secuestro de Balda, en este año (el 9 de mayo pasado), han puesto nuevamente en escena no solo este caso sino la presunta persecución en contra del ex asesor de Serrano y sus otras denuncias realizadas años atrás. El asambleísta César Carrión (CREO) ha pedido a la presidencia de la República un informe “ejecutivo, concreto y específico, de la comisión de servicios realizada por los servidores Luis Guillermo Rodríguez Villegas; Oscar Rolando Fierro Puente; y Edwin Vinicio Quezada Morocho, de la Unidad de Gestión de Seguridad Interna de la Presidencia de la República… que fueron comisionados por el entonces Ministro del Interior, José Serrano, a la ciudad de Lima entre el 30 de mayo y el 6 de junio de 2012”.
Este requerimiento presentado en oficio No. 105-CC-PDI-2018 y enviado 5 de junio de 2018 por Carrión, aún no tiene respuesta de la Presidencia de la República según confirmó a Mil Hojas el asambleísta, quien considera que hay que profundizar las investigaciones en torno a las denuncias de Vallejo, pues la SENAIN no cumplió con la Ley de Seguridad Pública del Estado. Para ello precisó que hay que pedir que se desclasifiquen los expedientes de cada tema, pues “todos los delitos se encubrieron con la clasificación de reservado o secreto”. En esa línea Carrión dijo que ha pedido la desclasificación, en todas las dependencias que hayan manejado el caso 30S, pues deben esclarecerse muchos hechos, como la muerte de Froilán Jiménez.
El 2 de julio de este año Diego Vallejo realizó el reconocimiento de firmas en la denuncia que presentó en marzo de 2017, en contra de Rafael Correa y de José Serrano, por el presunto delito de intimidación hacia el ex asesor y su familia por parte de los miembros de la Unidad de Gestión de Seguridad Interna de la Presidencia.
Jimena Mena Martínez es la fiscal de la Unidad de Investigaciones Previas que ha sido asignada para el caso.
Luego de tres meses de suspensión (emitida el 20 de marzo pasado) y de 15 días adicionales de vacaciones, Thania Moreno Romero, Fiscal Provincial de Pichincha y quien ejerció también como Fiscal General subrogante, se reincorporó a sus funciones, este 6 de julio.
A la funcionaria se le iniciaron cuatro sumarios administrativos por cuestionamientos a su gestión, planteados ante el Consejo Nacional de la Judicatura y el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio.
La primera queja en su contra fue del ministro del Interior, César Navas, a inicios de marzo pasado, por dolo debido a una comunicación que Moreno envió al Comandante General de la Policía, reclamando el cambio de sus equipos de investigadores. La segunda semana de ese mes la asambleísta Cristina Reyes, del Partido Social Cristiano, solicitó la destitución de Moreno acusándola de conexiones políticas con el ex ministro del Interior y ex presidente de la Asamblea, José Serrano, así como por negligencia en el caso "Estrella Dorada o pases policiales".
La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) pidió al Consejo de Participación Ciudadana Transitorio investigar la designación de Moreno como fiscal provincial en mayo de 2016, justo cuando debía presentarse el dictamen fiscal en la audiencia preparatoria de juicio del caso pases policiales.
El portal Mil Hojas entrevistó a Moreno para conocer su posición en estos temas. De manera insistente y repetitiva ella defiende su actuación en el caso con el que se estrenó como Fiscal de Pichincha y que motivó la denuncia de la CNA: “pases policiales”. Moreno recalca que no fue la única autoridad judicial que lo tramitó, pues 10 operadores de justicia adicionales –contando jueces y fiscales- actuaron en el caso y en ninguna instancia cuestionaron sus actuaciones. Es enfática al señalar que muchas de las responsabilidades u omisiones que le endilgan, como el no haber vinculado a José Serrano al proceso, debieron ser resueltas por su predecesor Wilson Toainga, quien se desempeñó como fiscal provincial de Pichincha hasta mayo del 2016.
¿Cuándo y cómo se inició su participación en el caso ‘Pases Policiales’?
Con un parte realizado por un policía, en enero de 2015, en el cual nos indica que en la Policía había una estructura, con alias El Duro, que estaría mal utilizando el equipo para cometer ilícitos. Por lo que se delega a la unidad judicial al mando del capitán (Marco) Paredes y con el cabo Milton Albacura ¿Estos policías estaban bajo la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (Fedoti)?
Los señores no pertenecían a la Fiscalía, si no a la Dirección General de Inteligencia ¿Es la institución policial la que presenta la denuncia, no el Ministerio del Interior?
Exacto. En enero de 2015 nos dan algunos números telefónicos que se están utilizando, según ese parte policial. Se pide una relación de llamadas. El policía (quien hizo el parte) tiene un accidente de tránsito, por lo que se paraliza la investigación unos tres meses. ¿Cómo se llama el policía a cargo del caso?
Milton Albacura. Se espera a que él se reintegre, se hacen algunas diligencias y vemos que uno de los números telefónicos da a un miembro policial de la Dirección General de Personal. En julio de 2015 dimite el comandante general (Ramiro Mantilla) y sale el escándalo público. Hasta ahí no tengo nada. Solo hay un escándalo de hechos de corrupción en la Policía y vemos que se relaciona parte de esos hechos con la investigación que yo tenía ¿Usted se encargaba de la parte operativa de la investigación? ¿y el fiscal Toainga cómo actuaba?
En 2015 sigo investigando y el 28 de diciembre de 2015, con los resultados de mi investigación, como fiscal Fedoti, formulo cargos por delincuencia organizada, en contra de los miembros policiales, entre ellos oficiales y gente de clases. ¿Cuántas personas fueron vinculadas?
Como 20. Nadie de fuero hasta ese momento. Entre ellos el Tnte. Ernesto Montenegro, quien estaba prófugo. ¿Y el Tnte. Alexis Cifuentes?
También como prófugo. Pero el Tnte. Montenegro, en enero (2016), decidió entregarse a la Fiscalía. Yo tomo la versión. Él (Montenegro) indica que quiere someterse a colaboración eficaz y me nombra al Gral. Tamayo, quien gozaba de fuero, por lo que me corresponde pasar todo lo investigado al Dr. Wilson Toainga, fiscal provincial de Pichincha en ese momento. Esto quiero hacer hincapié porque quedó como que yo tapé. Pero yo me deslindo del caso porque así corresponde en ley. No tengo nada que ver en febrero, en marzo y el 27 de abril (2016) se cierra la instrucción fiscal. El Dr. Toainga hace diligencias, vincula al Gral. Tamayo y toma versiones a quienes cree pertinente. ¿Por qué cuando usted retomó el caso en mayo (2016) no llamó a declarar a los miembros de la Comisión Técnica de Pases?
Hasta el 27 de abril, con el resultado de las investigaciones, si el Dr. Toainga consideraba que había alguien más (involucrado) de fuero, como el ex ministro (Serrano) tenía que pasar el caso al Fiscal General. Pero ya no es mi competencia. Pero Toainga llamó a declarar a estos funcionarios
El sí llama. Pero no es que llamo y ya vinculo. A criterio de él no había elementos o sí había elementos y él cierra la instrucción sin vincular a nadie de fuero, a mí no me correspondía. ¿O el fiscal Toainga llamó a estos funcionarios a declarar, pero cuando usted se hizo cargo del caso ya no ratificó ese llamado?
Cuando voy a la audiencia la instrucción ya está cerrada. Se cerró el 27 de abril porque así dice la norma. No puede pasarse un día más. Yo me posesiono el 2 de mayo (2016). Dentro de las diligencias el Tnte. Montenegro firma una colaboración eficaz con el Dr. Toainga, no conmigo. El Dr. Toainga pide el testimonio anticipado de estos señores y voy a ese testimonio, fijado para el 2 de mayo Justo cuando usted se posesiona
Ya posesionada voy. Pero es una diligencia. ¿Por disposición del fiscal Toainga?
Claro y me corresponde presentar el dictamen en la audiencia preparatoria, con los únicos procesados a ese momento. No me puedo pronunciar de alguien que no estaba entre quienes procesé como Fedoti y los que procesó el Dr. Toainga. Ósea si había indicios para el ministro Serrano, el viceministro o lo que sea, a quién le correspondía era al Dr. Toainga, no a mí. Si Toainga no lo hizo, ¿por qué usted, en el período de sus investigaciones solo estableció que se puede procesar a esas 20 personas y no a los altos funcionarios?
Porque ya no tengo elementos para esos funcionarios ¿Su trabajo llegó solo hasta cuando le mencionaron a Tamayo?
Exacto. Cuando el Sr. Ernesto Montenegro me dice ‘mire el Tnte. Cifuentes me dice que cobremos por los pases porque esto era para la moza del ministro y para el pago de sánduches’ y que todo estaba autorizado por el comandante’, eso se pone a órdenes ya del Dr. Wilson Toainga. Y si el Sr. Montenegro nos dice esto, el Sr. Cifuentes tenía que haber dicho ‘este dinero que era producto de los pases, yo le di al ministro’ Y no lo hizo?
Lo que dice el Sr. (Cifuentes) en la audiencia de juzgamiento es ‘yo no sé por qué me involucra porque yo no trabajaba en la Policía, estaba desvinculado desde 2010, trabajaba en la presidencia de la República’. Él nunca menciona que ese dinero lo entregó o por qué lo hizo, eso tendrá que responder el Sr. Cifuentes. Cuando rinde la versión conmigo me dice ‘yo no tengo nada que ver aquí’. ¿Y a usted como investigadora no le pareció raro que personas de los rangos de ellos puedan hacer semejante operación sin que la parte superior de la Comisión de Pases tengan conocimiento?
Es que era clarito. Estoy procesando por delincuencia organizada y coincido con el Dr. Toainga que en esto hay un cumplimiento de roles: ‘yo me agrupo por un determinado tiempo para un fin ilícito, tengo a los captadores o los que ofrecían el beneficio; muy bien, tomen ustedes por los pases hasta $1.500, y ustedes podrán cobrar $2.000 pero a nosotros nos entregan’. Para eso tenía que haber la red en la Dirección General de Personal. No tiene por qué haber en otro lugar. Tenía que haber el director general de personal, el jefe de pases y los analistas. Vimos que el Tnte. Cifuentes, le puso al Tnte. Coronel Aldrín Torres como jefe de pases. Él es el que hace los famosos partes que los llevaba el Tnte. Montenegro y él dice que ‘viene por disposición de mi comandante’. No había otro documento, ni otro análisis que fundamente porque el pase como tal no es ilegal. Entonces el Tnte. Montenegro llegaba con el listado de pases donde el Sr. Torres, lo hacía con él y los daba con un analista. Demostramos que hubo esa estructura en la Policía ¿Una estructura tan fuerte como para que el mismo comandante y otros oficiales de alto nivel tengan que pagarle al Sr. Cifuentes para los pases?
Lo que dijo el Sr. Montenegro es que les llegaba el dinero en efectivo, producto de los pases. Él ofertaba y se quedaba con una comisión. Él entregó más de $200 mil en efectivo a Cifuentes y a Tamayo. ¿Para usted Tamayo era el último eslabón?
Claro, era la cabeza La Comisión Técnica estaba presidida por el viceministro de seguridad interna y cinco representantes de la Policía y del Ministerio del Interior. Cómo pudo funcionar ese esquema solo a nivel del comandante?
Tenga claro esto. Cuando va a la Comisión de Pases quien hace de secretario es el director general de personal. Ósea no es que revisan la documentación. Son por listados ¿No revisan individualmente?
Exacto. Eso dijo el Sr. Aldrín Torres. Yo le dije, ‘ustedes hicieron alguna observación y pusieron en conocimiento que el Tnte. Montenegro está haciendo tantos pases’ Pero además se hacían actas ¿y en esas no se podían hacer observaciones?
No hay ninguna observación de nadie Por lo tanto ¿tampoco desde la Comisión Técnica de Pases se hizo una verificación adecuada?
Exactamente. Entonces el Dr. Toainga toma la versión del jefe de la Comisión de pases que era el viceministro (Diego Fuentes). Y si de esa investigación consideraba que había irregularidades, ‘a ver señor usted no cumplió su trabajo y hay elementos para formular cargos’ y se va arriba porque el viceministro también tiene fuero. Pero yo no tomo la versión, toma el Dr. Toainga porque le correspondía a él, por el fuero. Eso es lo que quiero que quede claro. Con el Dr. Toainga, coincidimos en su mayoría con respecto a sostener la acusación. La teoría del caso la armó en coordinación con Toainga con los elementos que apuntan hasta el Gral. Tamayo?
Por supuesto. Hasta el Gral. Hay también una reconstrucción de los hechos que hace el Dr. Toainga de todo el procedimiento de los pases, con expertos, para ver quién no más debía estar dentro del cobro. Ahora, yo como fiscal digo ‘esta es mi teoría, es lo que necesito para probar los hechos’. No les pongo al viceministro y al ministro porque no eran mis testigos. Quien pide el testimonio de Serrano y del presidente (de la República) es la defensa del Sr. Tamayo y del Sr. Cifuentes, pero ellos voluntariamente prescinden de toditos. Entonces ellos era de que les lleven ante los jueces y digan ‘ahí está pues el trabajo de la fiscal’ porque ellos son los que tienen que hacer la defensa técnica. Yo no tengo por qué darles haciendo el trabajo. Cuando salieron a la luz videos del ‘grupo de los intocables ¿por qué no investigó sus versiones?
Esos videos se presentaron posteriormente, cuando el Sr. (Fernando) Balda les ayuda a que hagan un video porque ellos estaban prófugos. ¿No podían integrarse al proceso?
No porque era una prueba ilegal. Son videos que están en las redes. No sabíamos origen ¿Y no se podía hacer un peritaje para verificar el origen y darles legalidad?
Es que ya se acabó la parte procesal. Investigarles a ellos por estos mismos hechos ya no habría… ¿Y por otra figura legal y de oficio?
Ah por otra figura. Pero…. en el tema de lavado… A mí me llegó el día de la audiencia. Imagínese que yo quiera presentar ese día, con toda razón ahí sí la defensa me decía la Fiscal está actuando en forma irresponsable ¿Tampoco se podía a partir del informe #032 de la Contraloría (2017) donde se señala que la Comisión de Pases sí tuvo actos negligentes?
Ese informe, formalmente, no me ha llegado. ¿Pero con un informe de una entidad de control, no podía iniciar una investigación de oficio?
Como Fiscalía necesitamos que la Contraloría nos diga que hay responsabilidad penal ¿Y eso no se establece en el informe?
(Responsabilidad) Administrativa es lo que yo sé. No sé si estableció responsabilidad penal y pasaron directamente a la Fiscalía General. Formalmente nunca me llegó donde me diga que había indicios de responsabilidad penal. El único que me llegó es el informe de Contraloría de enriquecimiento ilícito del Gral. Tamayo que fue el que dio antecedente para formular cargos En su investigación se establece que la estructura delincuencial daba lugar a irregularidades, extrañamente, del Comandante General para abajo y no del comandante para arriba
Pero nunca le pusieron a órdenes de la Comisión de Pases, sino que pasan como listados y eso es lo que aprueban ¿Ósea la Comisión solamente veía la lista, no verificaba?
Coincido con usted. Pero por lo que hemos visto… son negligentes. Si muy bien, pero la negligencia no es motivo para sanción penal ¿Aun cuando luego Cifuentes haya mencionado a Serrano en el caso?
O si el comandante hubiera dicho en sus versiones ‘sabe que este dinero también lo daba al Sr. Presidente de la Comisión de Pases para que me apruebe rápido’ Tamayo llegó a decir que iba para los sánduches de Alianza País
No me dijo a mí y tampoco en la audiencia de juzgamiento. Pero Cifuentes sí mencionó a Serrano
No mencionó a Serrano, sino a Montenegro. Y lo que dice el Sr. Tamayo en la audiencia es prácticamente que él no se enteraba de nada. Se puede aplicar la misma lógica con el ex viceministro y decir que el Sr. Diego Fuentes tampoco se enteraba de nada, no conocía nada
Eso es lo que él dice. Pero en la colaboración eficaz Montenegro me dice ‘todo esto era autorizado por el comandante Tamayo y le entregué a él dinero en efectivo’. Eso está corroborado con el informe de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Cuando Cifuentes responsabilizó a Serrano, ex ministro del interior, también dijo que su madre fue llevada a la oficina de Serrano y que usted estuvo en esa reunión. Eso un procedimiento normal?
Bueno, yo no lo puedo decir. Lo que a mí me informaron era para ver si el Sr. Cifuentes se entregaba porque él estaba prófugo ¿La reunión era para eso?
Para que el Sr. Cifuentes se entregue y se someta a colaboración eficaz. En ese tiempo cuando yo apliqué esa figura, le criminalizaron. Pero era una figura jurídica muy clara para desarticular estructuras porque es el testimonio de una persona que formaba parte de la organización y el más claro (ejemplo actual) es el del Sr. de Odebrecht. Pero en ese tiempo era: ‘la colaboración eficaz, Thania Moreno, negocios oscuros’ ¿La reunión con la madre de Cifuentes era parte del procedimiento que se aplica en esta figura?
Por qué la pena tan baja? Porque así dice la ley pues. Yo no me traje de la cabeza. No sé si es un complot porque veo que el Sr. Eco. Rodríguez tiene la fijación en el caso pases. No sé si porque el hijo era el abogado de uno de los señores del caso y viene a denunciar ahora cuando esto fue público desde octubre de 2016. Eso también no se llama oscuros intereses? Si el Sr. Rodríguez creía que hay algo, presente la denuncia en la Comisión Anticorrupción. No sé por qué tienen esa obsesión y ahora quiere todo el mundo revisarlo. Y solo Thania Moreno. Por qué no al fiscal Toainga? También se ha cuestionado a la jueza Romero porque reconoció públicamente su afiliación con el partido de Gobierno
Pero no somos solo dos personas. Serrano y Fuentes estaban en el Gobierno del movimiento Alianza País y una jueza del caso se declara abiertamente aliancista ¿no son elementos que pueden generar desconfianza?
Aceptaría su teoría si el caso hubiera estado solo a cargo de ella (Romero). No le parece que donde han actuado más de 11 operadores de justicia se mencione solo a Thania Moreno? Por qué no se menciona al Tribunal de Segunda Instancia? Por qué no se ve que indebidamente bajaron la pena? No lo dice Thania Moreno, si no el recurso de casación. No es el único caso en el que he actuado. ¿Cómo está su situación en la Fiscalía?
Me iniciaron 4 sumarios administrativos. Mi criterio legal es que a quien denuncia le corresponde la carga de la prueba. La Sra. Cristina Reyes se limitó a presentar una denuncia en la cual relata lo que dijo el fiscal general (Carlos Baca Mancheno en la Asamblea) el 9 de marzo, presenta copias simples y un flash memory y nada más. Por eso dije ‘por favor, de qué me debo defender. ¿La asambleísta no menciona ningún otro caso de irregularidades cometidas por usted?
No menciona y no prueba. Yo sí he sido víctima de que ‘dicen, dicen’. Todo lo que he hecho, el caso La Luna, los operativos, etc no valen nada. El único caso que abrí investigaciones como fiscal general subrogante, no de oficio, fue al ex fiscal general (Carlos Baca). Ahí era el mismo argumento ‘que él (ex fiscal Baca) hizo público ese audio (Serrano- Pólit) y yo fui corriendo a abrir investigaciones. Como que soy una tonta. Eso es indignante. Pero nadie me ha preguntado por qué abrí ese día ¿Por qué lo hizo?
Porque me presentan denuncias formales el Sr. Andrés Páez y un ex funcionario de la fiscalía de El Oro el 20 y 21 (de febrero). Yo recibo, pero el 22 y el 23 (de febrero) yo estaba encargada de la Fiscalía General, entonces no podía hacer las dos funciones. El 26 de febrero que me reintegro a mis funciones de subrogante, abro las denuncias. Dónde está el complot? No abrir sí sería terrible. E iniciar una investigación no significa que ya es culpable. ¿En qué consistían las denuncias?
Abrí la indagación por incumplimiento de orden legítimo, pues este señor aducía que ha pedido que lo reintegren tras ganar un proceso en el Contencioso Administrativo y eso no se cumplió, pese a que es un mandato jurisdiccional. Y la otra es del 30S En el concurso para fiscal provincial en que usted participó se cuestionó que la Fiscalía no intervino en la calificación de la parte práctica de la evaluación
No participé solo yo. Somos 23 fiscales de todas las provincias ¿En ese proceso hubo objeciones?
Pasó toda la fase de oposición. Por qué ponen solo mi nombre. Otra cosa es que se abra el concurso y participe solo yo y solo se me nombre a mí. Hubo un proceso. Luego de categorizar a los fiscales en 2015, el siguiente año, de los fiscales #3, se llamó a fiscales provinciales porque así dice la norma, y de esos sale el fiscal subrogante, el mejor puntuado Pero la Fiscalía no tuvo delegado en el proceso. Se habría incumplido el Instructivo (artículo 25) para el concurso de fiscales provinciales
Eso tendría que responder el Consejo de la Judicatura. No yo ¿Usted no sabe si eso se omitió?
De lo que sé se convocó, pero no fueron de la Fiscalía. Eso tendría que responder el Fiscal Chiriboga
Foto de Presidencia de la República / Foto de Gonzalo Guillén
Foto de Gonzalo Guillén
El 15 de mayo de 2013, el administrador del contrato recibe el producto II: 
El informe general del Comité interinstitucional fue presentado en un power point al presidente Correa. 
En 2012, 
El organismo de control señala además que se suscribió el contrato para la administración de Minga sin ningún requerimiento y/o convocatoria, y que 
Eleana Dalila Vargas y Alonso Espinoza eran cercanos a 
El 22 de abril de 2014, el perito había recibido otra comunicación en la que le informa que el “viceministro de Justicia, 
Vallejo, por disposición de Serrano, descubrió el cobro de coimas realizado por jueces del Guayas y las inconsistencias de sus cuentas. Varios funcionarios judiciales fueron detenidos por cohecho mediante un operativo que habría sido ilegal. Esa fue la coyuntura que según Vallejo permitió a Pesántez llegar hasta Serrano, pues el fiscal Pablo Encalada, supuestamente cercano a Pesántez, vinculó a Vallejo en ese proceso. El 29 de octubre del 2011, en la audiencia de formulación de cargos, el juez Luis Fernando Quiroz ordenó la prisión preventiva de Vallejo, pese que el Fiscal de entonces Galo Chiriboga no presentó acusación particular en su contra.
