Autor: mh

Christian Zurita Ron, Fernando Villavicencio, Cristina Solórzano
Los Alvarado Espinel son una familia unida. No solo obtuvieron un título universitario inexistente con una tesis copiada en conjunto (padres e hijos), sino que también edificaron un auténtico emporio económico al calor de la revolución ciudadana. Un informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) realizado a las empresas de la familia Alvarado Espinel, cuyos ex hombres duros de la propaganda gubernamental en la década perdida (Teodoro Fernando y Roldán Vinicio), evidencia indicios penales en contra de los zares del correato. El referido informe de la UAFE incluye una carta de una consultora internacional en la que se observa el comportamiento irregular de las empresas de los Alvarado, en particular de la firma Creacional, la compañía estrella de Vinicio Alvarado Espinel. Las observaciones hablan de “corrupción y lavado de dinero”.
El documento que está en nuestras manos, presenta un detalle de los ingresos de cada uno de los miembros de esta familia que desde el poder rearmó y constituyó empresas que florecieron económicamente pero que sobre todo arrinconó a la prensa y a las organizaciones sociales; abusó y corrompió periodistas; enjuició a ex funcionarios, como Mónica Chuji, que los llamó nuevos ricos y fue sentenciada por el juez Wilson Lozada, uno de los empleados judiciales al servicio del régimen.
Las familias Alvarado Espinel, Alvarado Echeverría y Alvarado Recalde, suman decenas de millones de dólares en sus cuentas, no solo empresariales sino personales, aquí los datos. 

Fernando Alvarado Espinel, el ex secretario de comunicación del Estado, registró depósitos y transferencias en su cuenta bancaria (2010-2017) por $240.464. Ese dinero rara vez se usó para pagos diversos como tarjetas de crédito, pensiones educativas o consumo de combustibles y es posible que no haya invitado una cena a sus allegados porque los egresos apenas representaron el 1% anual de ese monto. Su esposa  Alicia Echeverría tiene un comportamiento financiero similar,  sumó en su cuenta,  en 8 años,  $92.628 y gastó apenas  $1.995 en el mismo período de tiempo. Su hijo, Fernando Andrés Alvarado Echeverría, tiene tres cuentas en el banco del Pichincha que entre 2010 y 2017 recibieron cerca de 87 500 anuales ($699 056).

Diario El Universo retrató en 2011 en sus páginas a padre e hijo el día de la boda José Francisco,el hijo que tiene en sus cuentas mas dinero que su padre
Su otro hijo, José Francisco, dueño de Vialmesa, la empresa que acaparó los contratos estatales  de transporte de urea y otros productos agrícolas, recibió en sus seis cuentas bancarias entre 2010 y 2017 $1 371.392. En ese mismo período realizó egresos  por $312 426 y de ese monto $109.000 fueron transferencias a sus mismas cuentas o de su esposa.
José Francisco Alvarado comparte capital accionario en la empresa Jazznsub S.A con su hermano Juan Diego Alvarado Echeverría con ingresos en el mismo período por $551.759.
Daysi Soraya Alvarado Espinel tiene ocho cuentas en el banco del Pacífico que recibieron ingresos por $127026 y gastos en 8 años por $49.103.
Julio César Alvarado Espinel: $610.581 en ocho años y gastos por 204.027, un promedio de $25503 dólares de gasto por año.
Humberto Alvarado Espinel no se queda atrás, en sus nueve cuentas recibió ingresos $1.806.966 (2010-2017); sus gastos en los 8 años fue de $307.705.
El padre de los hermanos, el desaparecido Humberto Alvarado Prado, dejó en sus cuatro cuentas bancarias $112 231. Su esposa, Daisy Espinel Álvarez, recibió depósitos y transferencias entre 2010 y 2017 por $342.035 pero generó gastos por $230.753.
Roldán Vinicio, el parietal izquierdo, cerebro creativo de los hermanos Alvarado Espinel, registró en sus cuentas ingresos por $955.278 y sus gastos (entre 2010 y 2017) fueron $410.445.
La ex esposa de Vinicio Alvarado, Catalina Alexandra Recalde Llauca, en sus dos cuentas bancarias sumaron (2010 y 2017) $1.203.983 y ese mismo tiempo gastó $173.229.
La empresa Arkae en la que Humberto Alvarado Espinel es accionista, mantuvo ingresos (2010-2017) por $ 1.556.980 y egresos por tan solo $134.693. Un  monto muy bajo de gastos o egresos para una empresa. Entre los ordenantes de esta compañía aparece  la constructora Norberto Odebrecht por $136.071.
La empresa Biogenesis S.A. de la que Julio César y Daisy Soraya Alvarado Espinel, junto a Daisy Espinel Álvarez, son accionistas es una de las pocas que muestra un movimiento financiero algo normal: en los ocho años recibió $1.060.449 y mantuvo egresos por $872.443. Al menos $160.000 de esos egresos se direccionó a ellos y las empresas relacionadas.
CREACIONAL
La empresa emblema de los hermanos Alvarado Espinel recibió ingresos entre 2010 y 2017 por $124.626.838, el dinero se repartió en 28 cuentas que la empresa mantuvo en la banca nacional pero los egresos en ese mismo periodo de tiempo fueron de $6.797.197.
El Servicio de Rentas Internas (SRI) reconoce además altos montos por salidas de divisas de Creacional, por ejemplo en 2010 transfirió a Chile, Estados Unidos y Panamá $157.892,31
Al año siguiente, 2011, transferencias a Argentina, Chile, Colombia, Estados Unidos y Namibia por $213.864. En 2013 transfirió $372.849 a 9 países entre ellos México, Estados Unidos, Irlanda, Argentina; el nombre de Namibia se repite.
En 2014 la salida de divisas ascendió a $589.764; a Estados Unidos fue el monto mas alto transferido: $369.587.
A 2015 el monto de salidas de capitales fue $684.302,55. En 2016: $1.233.060 e incluye países como Singapur, Luxemburgo e Irlanda que registró transferencias por $593.879,58
2017 registró  $1.197.748, 48 mientras que en los 7 años analizados apenas registró entrada de divisas por algo mas de un millón de dólares.
Segú la UAFE el principal cliente de Creacional es la multinacional General Motors con  $27.659.222,89. En mayo de 2017 el portal milhohas.is presentó un amplio reportaje sobre el conflicto de intereses entre Alvarado, Creacional y General Motors. La contratación de la empresa de publicidad de uno de los hombres fuertes del régimen de Correa, Creacional de Vinicio Alvarado, parece estar en el corazón del  éxito de la “estrategia empresarial” del Gerente de General Motors Ecuador. https://www.milhojas.is/#.WnE8W2wFiKs.twitter
El mismo portal milhojas junto a ecuadortransparente.org presentaron un detalle de los llamados papeles de Godwin que refiere a los cobros realizados por los Alvarado a las empresas de publicidad del país y el ataque por redes que recibieron los opositores del gobierno https://ecuadortransparente.org/papeles-godwin/
La información financiera revisada incluye a más de General Motors a otra de las importantes contratistas de Creacional: Odebrecht, acusada de corrupción en todo el mundo y que le costó el puesto de vicepresidente a Jorge Glas. Incluye además significativos contratos de los medios públicos como TC televisión y Gamavisión que estaban dirigidos por Fernando Alvarado, ampliando más el conflicto de intereses de la familia en el gobierno de Rafael Correa.

Durante una reunión con asambleístas y militantes del ala correísta para exponer los lineamientos generales de la campaña por el NO en Guayaquil, el ex canciller Ricardo Patiño, trazó varias de las estrategias, resaltando su énfasis en las preguntas 2,3 y 6, no sin antes reconocer que el aleccionamiento impartido por el anterior régimen a la ciudadanía no ha sido suficiente.
El contenido de la pregunta #2 que se planteará al electorado el 4 de febrero es: ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas una sola vez, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi, y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre del 2015?
La pregunta 3 dice: ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos…?
Y la pregunta 6: ¿Está usted de acuerdo con que se derogue la Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de Tierras y Especulación de Tributos, conocida como Ley de Plusvalía…?
En un video que está circulando en redes sociales, Patiño ponderó lo que su organización ha bautizado como la década ganada, mencionando que esa es una fortaleza que no la tiene nadie más. Y luego continuó su alocución denigrando y ridiculizando al presidente Lenín Moreno. Le tachó de no tener nada que presentar a la ciudadanía ni siquiera en el discurso.
Frente a lo hecho por un conjunto de opositores a los que también descalificó, el ex canciller reivindicó supuestos logros de la revolución ciudadana. Pero al mismo tiempo reconoció y lamentó que el gobierno de Rafael Correa no haya podido completar el adoctrinamiento del pueblo ecuatoriano, pese al esfuerzo de una década de sabatinas y estado de propaganda. A eso le atribuye el ex canciller que les esté tomando más tiempo, del que debería, derrocar a Lenín Moreno por su traición. 
En un intento por alentar a su militancia, Patiño aseguró que aún cuentan con el apoyo de sectores populares, como  el suburbio del suroeste de Guayaquil, donde el ala correista de AP hizo un recorrido para promocionar el NO. Sin embargo, admitió que si acudieran a hacer campaña en sectores de clase alta como Samborondón y sobre todo la Isla Mocolí, donde reside el alcalde de Guayaquil Jaime Nebot, enfrentarían el rechazo de la gente. Aunque parece no recordar que varios de quienes fueron asambleístas y funcionarios guayaquileños del Gobierno correísta residen ahora en esas zonas. En cuanto a las preguntas que se plantearán a la ciudadanía en febrero aclaró que si bien la campaña de los correistas será por el NO a toda la consulta, su objetivo central será señalar la inconstitucionalidad, la ilegitimidad y la trampa que supuestamente se encierra en las preguntas sobre la alternabilidad en el poder, la restructuración del Consejo de Participación Ciudadana y la derogatoria de la Ley de Plusvalía.
La lealtad y la traición fueron recursos constantes en un discurso que pretendió ser motivador por parte de Patiño. En esa línea elogió a la militancia correísta, destacando sobre todo la actuación de varios miembros del buró político, como Gabriela Rivadeineira, Paola Pavón y Virgilio Hernández. También agradeció a la bancada correísta de AP en la legislatura por no sucumbir hacia el morenismo.
Estas declaraciones de Patiño se conocen a pocas horas de que se hiciera público un video de su hermano, ex asambleísta y ex secretario de Inteligencia del correísmo, Raúl Patiño,  quien aseguró que sabía que las obras del anterior gobierno se hacían con sobreprecio, pero que les tenían prohibido fiscalizar a los amigos del entonces mandatario, Rafael Correa.

LEA LA TRANSCRIPCIÓN COMPLETA:
“Lo hecho, la década ganada. Esa es una fortaleza que no la tiene nadie más. Lenín Moreno puede hablar las pendejadas que le dé la gana. No tiene nada que presentar (empiezan los aplausos). Es solamente la especulación, la mentira, el show, el espectáculo, los chistes cojudos, eso es lo único que puede presentar porque lo máximo que puede hacer en términos de contenido es contar unos chistes cojudos o pornográficos. O decir cosas para que la gente se ría…
¿Qué nos puede ofrecer Nebot, tal vez a Guayaquil puede decir que ha hecho alguna obra en Guayaquil. Pero a nivel nacional qué puede ofrecer Nebot, qué puede ofrecer Lucio, qué puede ofrecer Bucaram, si no asco. Nosotros tenemos una década ganada. Esa es una de nuestras principales fortalezas.
Lo segundo, qué otra fortaleza? es un pueblo que un nivel de conciencia logró. No podemos decir que tiene un altísimo nivel de conciencia. No, todavía no. Pero allí es en donde el presidente Correa nos ha dicho, es en donde nos faltó trabajar un poco más. A pesar de todo lo hecho, esos enlaces ciudadanos, esos gabinetes itinerantes, por supuesto que eran muy importantes en términos de ir generando conciencia, pero faltó más, faltó más de un trabajo  político desde nuestro movimiento, de un trabajo en las organizaciones sociales para que no hubiéramos tenido que esperar siete meses para esta reacción, si no que al mes ya debía haber estado el pueblo levantado en contra de la traición. Ahí nos ha faltado. 
Pero sí tenemos a un pueblo consciente. Lo dijo hace un momento la querida compañera Gabriela (Rivadeneira). Ayer en la noche hicimos un recorrido hasta muy tarde en la zona del suburbio suroeste de Guayaquil y  también notamos reacción negativa sí, pero yo diría, porque yo iba en la parte de atrás viendo las reacciones que quedan después, diría que un 5% de gente o menos, que decía que estaba en contra, que decía voy a votar sí. Pero la mayor parte de la gente y no de cualquier manera, con altísimo entusiasmo, con mucha emoción, salía de sus casas a decir que estaba con la posición del mashi, estaba con Rafael. Claro, estamos en el suburbio suroeste, no estamos en Samborondón, en la isla Mocolí, donde vive Nebot. Por supuesto ahí nos habrían tirado tomates y cuántas otras cosas. 
Estamos en sectores populares y eso es un elemento fundamental de nuestro proceso que nos puede permitir regresar a tomar el poder. Y a retomar el camino, no es tanto el poder, a retomar el camino.
Luego lo otro también es importante, la militancia. No estamos hablando del pueblo. Lo del pueblo es lo más importante pero es esta militancia compañeros que yo quiero aplaudir, que aplaudamos esta militancia (aplausos),  que se mantiene firme, que no está buscando un puesto, que está buscando un ideal. Esto es fundamental, sin este motor, sin este recurso fundamental no podríamos lograr los resultados y algo clave son los liderazgos que tenemos. Además de la militancia en general nuestra, son determinados liderazgos y entre ellos uno fundamental,  Rafael Correa.
Se me pueden quedar algunos elementos en el tintero, pero esto yo diría que es fundamental.
Quiero que aprovechemos este momento para reconocer un factor clave político de estas últimas semanas, de estos últimos meses que ha sido nuestra bancada legislativa. Quiero pedirle a los compañeros de la bancada que se levanten por favor (aplausos). Felicitarles a ellos. Qué enorme importancia que tiene el trabajo que ellos han hecho, la lealtad, la firmeza. De todo les han ofrecido.
Ha sido muy importante esa firmeza de los compañeros. Insisto, cuántas ofertas, cuántas cosas, cuántas persecuciones y ahí están y es difícil mantenerse así, mantenerse en una situación de esa naturaleza. 
Además de eso pues Gabriela, Paola, Virgilio, todos los compañeros que forman el buró, un equipo de gente que sostiene esto y que es importante.
Estos son elementos de nuestra fortaleza y tenemos que también reconocer la necesidad de hacer una serie de correctivos. Uno de ellos, de los más importantes que es volver a nuestra base. Ese es nuestro principal refugio, nuestra principal fortaleza. Lo que hemos dicho que tenemos en positivo pero que tenemos que ampliar, allá a la ciudadanía. No vamos a convencer solamente a los militantes, tenemos que ir a convencer a la ciudadanía.
Quiero, hasta que llegue Rafael, que está atendiendo una serie de cosas. Ahorita el tiempo de Rafael tenemos que utilizarlo para sacarle todo el jugo posible, en reuniones,  contactos, etc. Quiero presentarles esto que deben trabajarlo en cada una de las provincias también…
Objetivo general: el objetivo que nos debemos de proponer es que el NO gane en las preguntas 2,3 y 6. Esto no quiere decir, y muy bien lo aclaraba Gabriela (Rivadeneira), tal vez no necesito ahondar más, solamente repetir lo que ella decía, nuestra campaña es por el NO a la consulta. Y vamos a  señalar cuáles son las razones: hay clara inconstitucionalidad, es tramposa, hay preguntas que son innecesarias e intentan engañar con las preguntas 2,3 y 6; es ilegítima además porque el pueblo no votó por eso. Hay un montón de razones.
Debemos decir No y un NO  por la traición es muy importante. La gente está harta, incluso hasta la gente de derecha, la gente que no está con nosotros. Yo me he encontrado mucha gente que me ha dicho, “yo de verdad no estoy con ustedes, pero esto de la traición es terrible”. No importa con quién estés pero esto que se traicione es el sentimiento más bajo, no tener capacidad de lealtad con un proyecto o con personas con las que has trabajado con las que te has identificado permanentemente”.

30 de septiembre de 2010, fue el día que marcó el cambio de la democracia en Ecuador. Correa estuvo en real peligro pero supo sacar provecho y fue la pauta para perseguir a culpables e inocentes.

MilHojas.is

La Contraloría General del Estado identificó a Carlos Baca Mancheno, el actual fiscal general del Estado, a Pablo Romero Quezada, exsecretario nacional de inteligencia (Senain) entre otros funcionarios, como autores del presunto delito de peculado. Lo estableció en un informe del 23 de diciembre de 2016 que fue dirigido por el Contralor Subrogante, Daniel Fernández de Córdova, al entonces fiscal general Galo Chiriboga Zambrano, por una serie de irregularidades en la entrega de sueldos y pagos realizados por la comisión que se encargó de la investigación de la revuelta policial del 30 de Septiembre de 2010 (30-S).

Cinco meses después de presentado el informe con indicios de responsabilidad penal a la Fiscalía, la Asamblea Nacional posesionó a Carlos Baca Mancheno como Fiscal General.  Foto: Fiscalía General del Estado.

La existencia de este examen no fue obstáculo para que el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) y la Asamblea Nacional del Ecuador, posesionaran a Baca como el nuevo fiscal general la nación, el 11 de mayo de 2017, y para que él, en conocimiento del citado informe tomara juramento del cargo. El caso se ha mantenido en silencio e inacción desde hace más de un año por parte del exfiscal Galo Chiriboga Zambrano y del propio señalado, Carlos Baca.

La Comisión 30-S (C30s), creada por Rafael Correa Delgado, en junio de 2013, para investigar los hechos del 30 de septiembre, fue dirigida por Carlos Baca Mancheno junto a Oscar Bonilla Soria, ex subsecretario de la política y Diego Guzmán Espinosa, que en la actualidad lidera a la empresa estatal Seguros Sucre y es familiar de Richard Espinosa, ex director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Iess).

Oscar Bonilla (Oban), Carlos Baca (Cato ) y Diego Guzmán (Waldo), acerrimos correistas que a la llegada del morenismo dos optaron ser funcionales al nuevo régimen y otro siguió fiel a Correa.

El informe de la Comisión 30-S fue clave para judicializar a decenas de ciudadanos acusados de haber participado en un supuesto golpe de estado blando, intento de magnicidio y secuestro del expresidente Rafael Correa Delgado, en la revuelta policial del 30 de septiembre.

El examen de contraloría estableció que “CATO”, “OBAN” y “WALDO”, los sobrenombres que usaron Carlos Baca Mancheno, Oscar Bonilla Soria y Diego Guzmán Espinosa, recibieron sueldos indebidos y solicitaron pagos no justificados a nombre de la C30s por un valor parcial de $ 84.285 dólares, aunque el informe de Contraloría establece un monto total de $ 206.889.  Esta información es parte de un examen especial reservado con indicios de responsabilidad penal a la Secretaría de Inteligencia que la Contraloría General del Estado envió al ex fiscal General Galo Chiriboga el 23 de diciembre de 2016.

El informe establece que Baca, Bonilla y Guzmán recibieron $ 5.500,00 cada uno por concepto de sueldos correspondiente al mes de febrero de 2014, pese a que el decreto ejecutivo 22, emitido por Rafael Correa, estableció que los miembros de la mencionada comisión ejercerían el cargo de manera gratuita.

En 2016, contraloría hizo un análisis a los “fondos públicos permanentes de gastos especiales” de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) y examinó las cifras presentadas por el ex secretario Pablo Romero Quezada, entre el 1 de septiembre de 2013 y el 10 de marzo de 2014.

El informe concluyó que hubo gastos que no fueron debidamente justificados, que se pagó sueldos a personas que no tenía ninguna relación laboral con la institución, que en muchos casos “la información suministrada no es real” porque se pagó a personas que no constaban en el Registro Civil.

Pagos solicitados por Carlos Baca M que según contraloria no fueron justificados

La contraloría señaló que el 4 de septiembre de 2013, se pagó $14.435,50, por concepto de honorarios a varias personas. Estos pagos nunca fueron justificados y a quiénes se les entregó el dinero no formaban parte de la comisión del 30-S. Daniel Fernández de Córdova, contralor subrogante que firmó el examen destaca varios casos, por ejemplo:

El 4 de septiembre de 2013 se pagó $ 1.800,00 por la factura 746, emitida por la empresa GIGatech para el alquiler de un vehículo, el dinero fue retirado por Eduardo Gallegos Enalieva quien no consta en el Registro Civil.

El 13 de septiembre de 2013, Carlos Baca Mancheno, presidente de la Comisión 30-S, solicitó el pago de $ 1.411,80 a favor de Ángel Gabriel Tapia Lomas. La contraloría asegura que esta persona no consta en el Registro Civil y que Baca Mancheno no evidenció cuál era la relación laboral existente entre Tapia y la Comisión 30-S. Cuatro días después se pagó 10.240,39 por “gastos operativos” sin explicar la razón de esos gastos. Contraloría dijo  “que al tratarse de una comisión de investigación no requiere de acciones propias de agentes de seguimiento como uso de combustible, peajes, alimentos en restaurantes, alquileres de vehículos”, adicionalmente la compañía GiGatech presentó la factura 772 por $ 3.300,00 por alquiler de vehículos, a pesar de que su razón social dice que se dedica a otra cosa, por lo que, según contraloría, “no estuvo facultada para prestar el servicio de alquiler de vehículos”.

El 19 de septiembre de 2013, Carlos Baca Mancheno solicitó se le haga dos pagos a una productora representada por Daniel Tapia Daza por $ 3.000,00 y $ 30.000,00 respectivamente, por concepto de procesamiento y facilitación de material audiovisual. Contraloría señaló que Tapia se dedicaba a la entrega de material noticiero, fotográfico y periodístico a los medios de difusión, con el pago mensual de una cuota de 3,96, “por lo tanto su actividad es el servicio de mensajería, razón por la que no estaría en posibilidad de efectuar el trabajo cancelado”.

Cuadro de gastos elaborado por la CGE sobre gastos irregulares realiazdos por la Senain, se detalla los valores gastados por la Comision 30S

El 29 de octubre de 2013 se pagó $1.248,83 a personas que no tenían ninguna relación con la comisión sin que exista documentación que justifique el pago: no hay informe sobre las labores cumplidas por estas personas. El 18 de diciembre de 2013, nuevamente se emiten pagos por $ 2.965,06 a personas que no tenían vinculación laboral con la C30s.

El 24 de enero de 2014, se realizó el pago de $ 2.954,25 por “digitalización de archivos” sin que se justifiquen esos pagos. El servició lo prestó la empresa Entrepreneur Inc., sin embargo, el pago se hizo a la empresa Total Tek como señala la factura 10231 presentada por esta compañía por venta de equipos informáticos, “lo cual no tiene relación con el concepto de egreso”, dice la Contraloría.

Contraloría señala que el 28 de febrero de 2014, “mediante solicitud de fondos N° 231” y el 7 de marzo de 2014,  mediante solicitud 007, se efectuó el pago de $ 16.500,00 a los miembros de la Comisión 30s, por concepto de sueldos correspondientes al mes de febrero de 2014, con un monto de $ 5.500,00 para cada uno. Los beneficiarios fueron “WALDO”, “OBAN” y “CATO”, seudónimos que corresponden a Carlos Baca, Oscar Bonilla y Diego Guzmán; hecho que se contrapone al decreto ejecutivo 22, emitido por Rafael Correa en junio de 2013, que establece que los miembros de la Comisión 30-S “ejercerán el cargo de manera gratuita”. Dice contraloría: “habiéndose provocado por parte del Secretario de Inteligencia una disposición arbitraria de fondos provenientes de gastos especiales al autorizar el pago de los sueldos para los miembros de la Comisión 30-S”.

Detalle de los sueldos de febrero de 2014 de los miembros de la Comisión 30-S

El 24 de octubre y 5 de diciembre de 2014, la contraloría solicitó a Carlos Baca Mancheno, presidente de la comisión, justificar las observaciones encontradas, este respondió que la C30s “no manejó gastos especiales, así como tampoco solicitó ni recibió la asignación de fondos de gastos especiales, y menos dispuso de gasto o pago con recursos de esa naturaleza-ni de ninguna otra- correspondientes a la Secretaría de Inteligencia”.

La Contraloría en su informe concluye que “no corresponde la afirmación” de los miembros de esa comisión “ya que fueron beneficiarios del pago injustificado de los sueldos del mes de febrero de 2014 por sus actividades desempeñadas en la Comisión”. El organismo de control señala directamente a Carlos Baca Mancheno de ser la persona que solicitó valores a la Secretaría de Inteligencia para efectuar varios pagos, en los que “no adjuntó la documentación de sustento de dicho requerimiento”.

Imagen histórica, Correa en pleno espectáculo pidiendo que lo maten, incapaz de comprender su situación particular  y el contexto social que enfrentó el pais.

La contraloría dijo que la C30s no formaba parte del Sistema Nacional de Inteligencia “razón por la que no correspondía la asignación de gastos especiales”.

Baca aseguró que los gastos para financiar las actividades de la comisión estuvieron a cargo de la Secretaría”, señaló además que los documentos de respaldo de los pagos efectuados debían ser requeridos a la Secretaría de Inteligencia pues esta era la autoridad autorizada del gasto.

El informe de Contraloría -además de los gastos de la comisión- analizó las operaciones Caminito, Primavera, Troyano y Goliat efectuadas por la Senain. Caminito por ejemplo fue un proyecto de identificación de vulnerabilidades de las altas autoridades del país y de seguridad electrónica de las instituciones del Estado (en realidad creían que hackers harían daño a la infraestructura tecnológica del Estado). Contraloría determinó que se realizó un pago a un ciudadano español, Eduard Soler, por $ 41.500 por concepto de compra de información. Los pagos se realizaron en Montevideo, Uruguay pero resultó que Soler no existe y ello fue certificado por la embajada de España. “Es posible establecer que el pasaporte que sirvió como identificación de la persona que recibió el dinero en calidad de infórmate no es real y por lo tanto no existe la certeza de que el monto entregado a cambio de la información de carácter secreta que motivó la realización de la operación Caminito tenga el debido sustento considerando que no se ha evidenciado resultados”.

El proyecto Troyano implicó un seguimiento exhaustivo de Francisco Latorre Salazar, amigo personal de Rafael Correa que relacionado con personas vinculadas al narcotráfico. El proyecto Primavera implicó la supuesta capacitación de funcionarios de la Senain con polígrafos, pero se identificaron gastos fuera de ese rubro.

La llamada operación Goliat se relacionó a gastos del caso Chevron: compra de información sobre supuestas amenazas contra la Secretaría de Inteligencia, pero se identificó que se trató de versiones que no condujeron a ningún resultado no se identificaron amenazas.

Ana Gabriela Solórzano Bamba, de 6 años, y Suly Marolyn Nazareno Obando, de 7 años eran alumnas de la unidad educativa Mariano Unda, la más grande del cantón Naranjal, en la provincia del Guayas. Pese a la conmoción que se vivió en esa localidad cuando fallecieron ambas niñas, hasta el momento las autoridades no dan a conocer los resultados de las autopsias ni de los exámenes toxicológicos efectuados el mismo día que murieron, es decir el 16 de agosto.
Precísamente en esta fecha el fiscal Paulo Quisphe informó que el primer protocolo de autopsia de Gabriela Solórzano reveló que un infarto y un edema pulmonar habrían causado su muerte; sin embargo, agregó que extrajeron restos y fluidos biológicos para determinar las causas reales, cuyos resultados estarían listos en 15 días.
Han transcurrido casi tres meses de las muertes y la Fiscalía no ha informado sobre el avance de sus investigaciones para determinar la causa e identificar y sancionar a los responsables si los hubiere.
Cuando la prensa difundió la muerte de las dos estudiantes del centro educativo Mariano Unda, presuntamente debido a una intoxicación por haber tomado le leche de la colación escolar, el Ministerio de Educación difundió un comunicado en el que lamentó el hecho e informó que, como medida preventiva, ha dispuesto que una de las tres empresas proveedoras -de la que hasta la fecha no hace público el nombre- suspenda sus entregas en los centros educativos. 
Así lo anunciaron en rueda de prensa los coordinadores de los ministerios de Educación y Salud de la Zona 5, Gastón Gagliardo y Martha Cedeño; y Magaly Cornejo, coordinadora de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa).
Al mismo tiempo Gagliardo se anticipó a afirmar que “no se ha demostrado que la leche haya sido la causa de las muertes, pero hemos suspendido este alimento como medida de prevención hasta que nos entreguen los resultados de los exámenes de los insumos”.
Quien también adelantó algunos resultados de las primeras constataciones hechas por Arcsa, fue Cornejo al defender la seriedad de los proveedores, asegurando que “de la inspección realizada a la bodega de alimentos de la escuela y a las muestras de la leche, se determinó preliminarmente que no estaban radicadas (dañadas) y que el envase UHT estaba en perfecto estado. Afirmó -además- que, durante las últimas inspecciones a las proveedoras de lácteos, no se encontraron anormalidades. “Son empresas serias y cumplen bien”, acotó.
Mientras Cedeño negó que otros alumnos de la misma escuela hayan presentado síntomas de intoxicación e indicó que 57 menores fueron atendidos, pero solo por precaución. 
Las declaraciones de la funcionaria contrastan con denuncias hechas a través de varios medios de comunicación por padres de familia en Naranjal, quienes solicitaron el retiro de la colación escolar tras asegurar que está causando problemas en la salud de sus hijos.
(En estos links denuncias de los padres difundidas por la prensa) https://www.eluniverso.com/noticias/2017/08/18/nota/6334801/padres-exigen-se-aclare-muerte-dos-alumnos-ministerio-indaga-caso; https://www.youtube.com/watch?v=x4DwebpPCH8; https://www.pressreader.com/ecuador/diario-expreso/20170818/282295320314601 

César Cárdenas, miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción capítulo Guayas (CNA-G), asegura que lo poco que ha avanzado la investigación ha sido gracias a la presión de las organizaciones de la sociedad civil, como el Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos de Guayaquil (OCSP) y la Asamblea de Participación Ciudadana. Él acusa a las autoridades de la Dirección de Educación y de la Gobernación de incumplir su compromiso de entregar los resultados en el plazo mencionado.
El comisionado recuerda que, días después de la tragedia, familiares de las niñas fueron recibidos por el gobernador del Guayas José Francisco Cevallos, quien designó a uno de sus asesores, el arquitecto Vicente Nevares, para que dé seguimiento a la investigación y esté en contacto con los padres.
Cárdenas señaló que, extraoficialmente, a la CNA-G se le ha informado que hay fotos del estómago de las niñas, tomadas por el médico forense al practicarles la primera autopsia, en las que se evidencia que, antes de morir, solo habían ingerido leche.
Para él, eso revela la negligencia por parte de la Dirección Distrital de Salud ya que, de acuerdo con el Manual de Manejo de Alimentos, esa entidad tiene que hacer análisis y visitas periódicas a las bodegas en los centros educativos.
“Nunca hubo esa revisión. Por esa razón, este caso va a ser judicializado, debido a que no hay respuesta por parte del Gobierno y las investigaciones no son concluyentes”, advierte el comisionado.
Mientras tanto, los padres de las dos niñas y su abogado denuncian robo de la información y las fotos del médico forense que -según ellos- probarían que la muerte de las dos estudiantes ocurrió luego de la ingesta de leche en mal estado entregada por Lafattoria S.A. a ese centro educativo fiscal.      Foto del Obsservatorio Ciudadano de Servicios Públicos de Guayaquil (OCSP)
“Pedimos al presidente Lenín Moreno que nos ayude para que se haga justicia”, claman las madres
A sus 24 años, Karina Elizabeth Bamba España, recibió el golpe más duro de su vida: la muerte de Gabriela, la segunda de sus tres hijos. “Uno se siente mal, no es lo mismo que uno llegue a su casa y no encontrarla. El Gobierno todavía no nos ayuda en nada, han prometido tantas cosas. Nos prometieron ayudarnos con la casa, vino un asesor del gobernador, pero lo que queremos es que se haga justicia por nuestras hijas muertas. Pido al presidente Lenín Moreno que nos ayude, que se haga justicia”.
Lourdes Obando tiene 30 años y el 16 de agosto pasado también perdió a Marolyn, su segunda hija. “Es un dolor inmenso y no tengo ni siquiera la esperanza que me digan ahí están los resultados, nada. Dijeron que iban traer psicólogas, nunca llegaron. No hemos recibido ninguna ayuda. El gobernador dijo que nos iba a apoyar para las investigaciones, pero hasta ahora nada.
Estamos destrozados, mi hija era una niña tan alegre, tan linda, esto es como un mal sueño. Yo quiero saber que pasó, quiero resultados, quiero justicia, no quiero que le pase a ningún niño más, pero la muerte de las dos bebés no les importa, y como somos pobres, es peor, Que nos ayude el presidente Moreno, queremos justicia”.    Foto Andrés Mendoza Observatorio Ciudadano de Guayaquil
Mientras esta ola de misterio envuelve ambas muertes, aumenta la angustia de las madres de las niñas fallecidas. Andrés Mendoza, comunicador del Observatorio Ciudadano de Guayaquil (OCSP), ha estado en contacto con ellas y lamenta que, hasta el momento, el gobernador del Guayas, José Francisco Cevallos; Marcos Chica, alcalde de Naranjal; y Gastón Gagliardo, coordinador zonal 5 del Ministerio de Educación, quienes el 18 de agosto se reunieron con ellas y se comprometieron a impulsar la investigación y a entregar los resultados en 15 días, aún no hayan cumplido su palabra.
Estas humildes amas de casa afroecuatorianas están indignadas, pues aseguran que las autoridades, en lugar de investigar, les han ofrecido una casa y un solar para tranquilizarlas.
Manuel Narváez: buscan proteger a LaFattoría, a los proveedores de lácteos y a las autoridades
Organizaciones de la sociedad civil como la Asamblea de Participación Ciudadana de Naranjal (APCN) y el Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos de Guayaquil (OCSP) están apoyando a los familiares de las víctimas y dando seguimiento al proceso de investigación.
Manuel Narváez, presidente de la APCN, concluye que la tardanza en la presentación de informes se debe a que “buscan proteger a Lafattoria, a los productores de leche y a las autoridades de los ministerios de Educación y Salud, que son responsables de controlar y supervisar el proceso para garantizar la calidad de los alimentos que los niños y jóvenes se llevan a la boca”.
Narváez asegura que la ciudadanía, que fue convocada a través de una radio, entregó a la Asamblea de Naranjal fundas de leche que se inflaron y reventaron, pese a que la fecha de elaboración es 20 de julio y de caducidad 16 de noviembre de 2017. Ver video: https://www.facebook.com/andres.micomunidad.9/videos/166517277241216/?h c_ref=ARRYYOVlmiSq7rlctd4rp-3EHADI00d-wdZf59StOSa5uGhYWiTgV-WrbmZw3I0QSW8&fref=nf&pnref=story

 
Fotos del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos de Guayaquil (OCSP)
El gran negocio que Correa entregó a Lafattoria: $6 millones de ganancia por año, de 2015 a 2019
Durante el enlace ciudadano 479, el 11 de junio de 2016, el ex presidente Rafael Correa anunció que el Programa de Alimentación Escolar (PAE), que hasta esa fecha estuvo a cargo de la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA) del Ministerio de Agricultura, pasaba a ser manejado por la empresa privada y para ello se realizaría un concurso público.
Según Correa, la decisión obedecía a que en el PAE  “había graves deficiencias y grandes falencias: algunas veces los víveres llegaban cada semana, otras veces cada tres meses, algunas veces faltaba algún estudiante, no llegaba nada… Aquí nadie está contra el sector privado, estamos contra el sector privado que quita más de lo que da, pero hay mucho sector privado que ha ayudado muchísimo al desarrollo del país y que debe ser un socio estratégico para el Estado en el cumplimiento de sus obligaciones. Hay cosas que no se pueden delegar: educación, salud… ¡pero alimentación escolar! Yo estoy seguro que una gran cadena de supermercados va a distribuir mejor la alimentación de lo que puede hacerlo una institución pública”.
Tras estos argumentos explicó en detalle lo que se venía: “En los próximos días se va a hacer un concurso con un precio referencia de 0.33 centavos por ración de chico. Estamos hablando de tres millones de chicos, 200 días al año. Esto significa un millón de dólares por día, doscientos millones de dólares al año. Así que solo poniendo un pequeñito margen de ganancia… estamos hablando de tres millones de raciones por día, ¡un centavo de ganancia! Haciendo cuentas, por tanto, la entrega de la colación escolar supone una ganancia diaria de 30 mil dólares”, enfatizó Correa.
Hagamos cuentas: 30 mil diarios por 20 días laborables al mes dejan una ganancia mensual de $600 mil. Si multiplicamos por 10 meses nos da una apetitosa utilidad de $6 millones al año”. 
De acuerdo con una investigación del Observatorio Ciudadano de Guayaquil (OCSP), si bien el PAE, cuando estuvo en manos del Ministerio de Agricultura, tenía fallas en la provisión de alimentos procesados para el desayuno gratuito escolar, cumplía estándares de calidad en su elaboración, que era supervisada por especialistas en procesamiento y almacenamiento de alimentos. 
Sin embargo, mediante el decreto ejecutivo 1120 (https://www.milhojas.is/wp-content/uploads/2015/alimentacion_escolar/decreto_certificado_28374.pdf) el 18 de julio de 2016 Correa dispuso el traspaso del PAE al Ministerio de Educación. Este debió crear una sección administrativa para el manejo directo a fin de garantizar el buen funcionamiento del servicio, cosa que no ocurrió. 
Luego de la firma del decreto el entonces ministro de Educación, Augusto Espinosa, mediante el Acuerdo  MINEDUC-ME-2016-00101-A, inició el proceso de contratación amparándose en el oficio SENPLADES-SGPBV-2016-0547-OF del 13 de octubre de 2016. Así se dictaminó la prioridad del proyecto al que denominaron "Intervención en la Alimentación Escolar" – MINEDUC, con una inversión de $473,67 millones para el período 2015-2019, a ser financiado con recursos fiscales y créditos.
El 15 de agosto de 2016, el SERCOP publicó 8 procedimientos y el 22 de noviembre adjudicó los servicios por $408 millones.
Tres proveedores resultaron ganadores: LaFattoria S.A., que firmó un contrato de $211 millones; el Consorcio Sociedad Industrial Ganadera El Ordeño S.A- Forestan por $166 millones;  y Lechera Andina S.A. Leansa por $30 millones. Las tres empresas son responsables de la provisión la alimentación a las 8 zonas en las que el Gobierno de Rafael Correa dividió al país.
LaFattoria S.A. es la misma empresa que provee de alimentación a los presos en el Ecuador, gracias a un contrato que suscribió con el Ministerio de Justicia por $92 millones. Su gerente general, Richard Villagrán Freire, también es propietario de la empresa Provisali, que maneja las tiendas llamadas economatos, implementadas en las cárceles del país. El 31 de enero de este año, Focusecuador.com publicó el reportaje titulado 92 millones de dólares: los juegos del hambre en las cárceles, que incluye fotografías filtradas desde esos centros o facilitadas por personas que recuperaron su libertad, en las que denuncian que la comida que les dan a diario no tiene nada que ver con los menús ofrecidos en el contrato suscrito con el Ministerio de Justicia. El día en que se publicó esta investigación Focus sufrió un ataque informático y salió del aire, pero MIlHOJAS.IS  lo reprodujo: http://milhojas.is/612440-92-millones-de-dolares-los-juegos-del-hambre-en-las-carceles.html.
Lafattoria S. A. es una de las empresas prósperas durante la llamada década ganada del Gobierno de Rafael Correa. Según información extraída de los portales de la Superintendencia de Compañías (SC) y del Servicio de Rentas Interna (SRI), fue constituida por Harold Xavier Quizpi Aguilera y Deacternan José Rodríguez Palacios, el 20 de marzo de 2008, con el RUC 0992557494001. A esa fecha, el capital suscrito fue de $800. El primer gerente general, designado el 8 de marzo de 2008 para un período de 5 años, fue Rodríguez Palacios, pero duró menos de un mes en esa función. El 17 de abril del mismo año fue reemplazado por Rosa Elena Mueckay Morales, quien gerenció la empresa hasta el 29 de septiembre de 2011.
Su presidente fue, desde el 8 de septiembre de 2014 hasta el 26 de mayo de 2015, el estadounidense Richard Villagrán Freire, quien renunció al cargo esa fecha para, al día siguiente, asumir el de gerente general hasta mayo de 2020.

Foto tomada de la licitación del servicio de alimentación para las cárceles del país. El ex presidente Rafael Correa con Richard Villagrán Freire, gerente de Lafattoria (primero desde la derecha)
Para diciembre de 2016, como accionistas de LaFattoria figuran Asesoría Empresarial Riasem S.A. (Riasemsa), con el RUC 0992880953001, y Villagrán Freire, con cédula número 0915624035.
El 26 de agosto de 2017, la Superintendencia de Compañías emite una certificación en la que consta que el capital suscrito de LaFattoria pasó de $800 a $10.000, divididos así: Riasemsa, con una inversión nacional de $9.900 y Villagrán con una inversión extranjera directa de $100.
Las declaraciones del Impuesto a la Renta (IR) también evidencian lo bien que le fue a LaFattoria en el período analizado. El rubro pasó de $6.722 en 2008 a 156.276, en 2012. En adelante, las cifras crecieron como la espuma hasta $511.533 en 2013 y $977.553 en 2014. Aunque para 2015 el IR bajó a $707.144, para 2016 volvió a subir a $805.392.
En contraste, Riasemsa, declaró cero de IR en 2014 y 2015. Según el SRI, aún no ha presentado la declaración correspondiente a 2016. Sobre el pago del IR de Villagrán Freire no hay información. En tanto, Rosa Muekay Morales declaró cero en 2009 y 2010 y aún no presenta declaraciones de 2011 y 2012. En 2013 declaró $506,85; para el año siguiente la cifra subió a $3.287 y se disparó a $9.318 en 2015, para caer a $3.857 en 2016.
Mueckay Morales y Villagrán Freire manejan todo un entramado empresarial pues también son accionistas de Riasemsa y esta compañía es a la vez dueña de Acerinox S.A, Alas Para El Agro Alpagro Cía. Ltda., Henadad S.A., Noviecua S.A, Provisión De Alimentos S.A. Provisali, Quench Quenchesa S.A., Palmiecua S.A., Hacienda San Jorge Hasanjor S.A. Y Rolem S.A. Provisali  es la empresa que maneja los economatos en las cárceles del país, gracias a un contrato por $92 millones que suscribió con el Ministerio de Justicia.
En el objeto social de LaFattoria constan 43 tipos de servicios, desde importación, distribución, compra, venta, elaboración, confección, reparación, producción, mantenimiento y exportación de vehículos, automotores, cubiertas, cámaras, ruedas, llantas y sus accesorios, hasta electricidad, construcción, forestación, reforestación, organización de eventos artísticos nacionales e internacionales, venta y chequeo de pasajes aéreos, televisión por cable, administración de restaurantes, clubes, bares, cafeterías, ciudadelas, centros comerciales…
Son parcas las respuestas oficiales
Durante el último mes y medio, MILHOJAS.IS solicitó entrevistas con Eleonora Morejón, gerente del PAE para obtener una versión oficial sobre las muertes de las dos niñas de la unidad educativa Mariano Unda de Naranjal. Inicialmente ella ofreció la entrevista, pero luego informó que no es vocera y no está autorizada para hablar con la prensa. Esta funcionaria nos remitió al departamento de Comunicación Social, en donde ofrecieron ponernos en contacto con el subsecretario de Educación, cosa que hasta el día de hoy no se concreta.
También se realizó varias llamadas a los números 046008208 046008210 de las oficinas de LaFattoria en Guayaquil, para hablar con su gerente Richard Villagrán Freire o con María Lorena Bonilla, abogada de la empresa. Tampoco fue posible contactarlos.
Debido a que los padres de las niñas y su abogado denuncian que la información robada durante el proceso probaría que la muerte de las dos estudiantes ocurrió luego de la ingesta de leche de la marca Parmalat, Mil Hojas consultó sobre el  asunto con Harold Celis, gerente general de Parmalat, quien vía telefónica dijo: “Sé que las leches de las que están hablando no las produjo esta compañía sino otra. Nosotros hemos dado información de todos los lotes entregados por Parmalat, que vendemos a LaFattoria. Hacemos seguimiento a todos los productos. La leche que tú mencionas fue producida por otra compañía, que también cumple las normas. Entiendo que ya hubo un pronunciamiento sobre eso. La verdad no estoy muy informado, porque no es un tema en el que nosotros estemos involucrados. Es falso, las leches no son de Parmalat, pero mejor llama al abogado de la compañía, por favor”.
MILHOJAS llamó Jorge Pizarro, abogado de Parmalat, quien corroboró lo dicho por Celis y afirmó tener conocimiento sobre un informe de Fiscalía según el cual la causa de la muerte no habría sido el consumo de ningún producto lácteo. Además, Pizarro advirtió a este portal sobre el riesgo de publicar el nombre de la empresa. “Tenga mucho cuidado con la información que está diciendo. Sería importante que usted revise todo el proceso para que efectivamente determine cuál fue la causa real de la muerte de esas niñas.
Además, la empresa que vende la leche no es Parmalat. No somos parte procesal. Esos productos no son de Parmalat, entiendo que son de otra empresa. Y entiendo que hay una resolución, luego de las investigaciones pertinentes, que dice que la causa de la muerte no fue el producto lácteo, independientemente de la empresa que haya producido”. (LEA LA ENTREVISTA COMPLETA CON EL ABOGADO DE PARMALAT) https://www.milhojas.is/wp-content/uploads/2015/alimentacion_escolar/entrevista_abo_parmalat.pdf
Arturo Parra, síndico de la Asamblea de Participación Ciudadana de Naranjal (APC-N) y abogado de las familias de las víctimas, responde a Pizarro: “Eso es producto de un maquillaje con billete. El Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos de Guayaquil (OCSP) nos dio información de que hay tres proveedores de LaFattoria y que el lote que mandan de Cuenca para Naranjal es de Parmalat. Hemos pedido toda la información a la Fiscalía y estamos esperando. Esto no termina aquí. Han hecho un trabajo sucio para maquillar los informes, porque hay millones de dólares en juego… Lo digo clarito: la muerte de las niñas ocurrió en circunstancias diferentes y en casas distintas. Ahora quieren poner que la causa ha sido una bomba de fumigantes que no tenía nada. Como en el caso Odebrecht, las empresas involucradas tienen su frente para negociar adjudicaciones millonarias. Según lo que se conoce, también entregan productos para las penitenciarías. Por eso están que se cubren y compran a funcionarios para que les ayuden a tapar el asunto”.
Parra también denuncia que Gastón Gagliardo, coordinador zonal 5 del Ministerio de Educación, y la jefa política de Naranjal, Glenda Palominos, han ofrecido casas y terrenos a las familias de las niñas, a cambio de su silencio. (LEA LA ENTREVISTA COMPLETA CON EL ABOGADO DE LAS VÍCTIMAS) https://www.milhojas.is/wp-content/uploads/2015/alimentacion_escolar/entrevista_abo_familias.pdf
MilHojas.is solicitó una entrevista con Gastón Gagliardo. Ante la falta de respuesta, vía Whatsapp, el 2 de noviembre pasado se le planteó las siguientes interrogantes: “Buen día señor Gastón Gagliardo, se le ha llamado varias veces por un reportaje sobre la muerte de niños en una escuela de Naranjal. Según Arturo Parra, abogado de las víctimas, la causa habría sido leche Parmalat en mal estado, que les dieron en la escuela Mariano Unda.
Parra denuncia que los tres proveedores de leche contratados por Lafattoria S.A. para distribuir la colación escolar, han pagado para cambiar el resultado de los informes del médico forense, a fin de librar de responsabilidad a las empresas y a las autoridades distritales, que no realizan el control y la supervisión de los productos que están entregando a nuestros hijos. Además, las madres de las niñas afirman que son falsas unas declaraciones suyas publicadas por El Telégrafo, en las que informa que están recibiendo ayuda del Gobierno. Y el abogado Parra lo acusa de velar por los intereses de los productores de leche, más no de las familias de las víctimas. También denuncia que están queriendo comprar el silencio de los padres a cambio de un solar y una casa. Le dejé el mensaje con su asistente y ofreció devolverme las llamadas. El caso es muy delicado, razón por la cual he insistido en conversar con usted, para incluir en el reportaje su posición. Lamentablemente no hay ninguna respuesta”.
Esto respondió Gagliardo de inmediato, en un mensaje de audio por Whatsapp: “Buenos días, estoy en feriado. Bueno, qué pena las cosas que están elucubrando, yo nada tengo que ver con estas situaciones. La fiscal que lleva el caso está de vacaciones y esperamos que la próxima semana haya una respuesta. Todo lo que se diga son puro rumores. Lo que vale es lo que vaya a decir la Fiscalía en sus exámenes que han hecho. Así que lamento las circunstancias que están elucubrando, situaciones que no tienen pies ni cabeza. No voy a dar declaraciones hasta que no haya la información de parte de Fiscalía. Todo lo que puedan decir solo es especulaciones, me remito exclusivamente al tema de las niñas cuando esté el informe. Ahí el Ministerio de Educación informará. Lo que puedan decir otras personas es situación personal de esas personas, no del Ministerio”.

Bajo el título de “Correos electrónicos de Alexis Mera revelan manipulación de procedimientos judiciales en la Corte Constitucional”, Ecuador Transparente exhibió hoy emails del ex Secretario jurídico de la Presidencia, algunos de los cuales ya empezaron también a difundirse mediante la red social twitter el fin de semana: "Alexis Mera manipuló justicia para perseguir empresarios como Welmer Quezada, me consta, lo hizo cn Icaro. Pedro Espinosa, asesor d Baca, su acólito". Este es el contenido de un tweet hecho público este 6 de octubre, en la cuenta de Esteban Saltos. Se refiere a un email de Mera, dirigido a Pedro Espinosa, uno de sus colaboradores en la presidencia de la República, sobre una sentencia lograda en el caso del empresario Welmer Quezada.

Sobre la base de esta información y de datos investigados por Mil Hojas, este portal analiza otras aristas e implicaciones del caso Quezada, como un ejemplo de cómo se manejó la justicia en el Ecuador en la última década.

En medio de constantes denuncias como la manipulación para el nombramiento de jueces a conveniencia del ex mandatario Rafael Correa o las de abusos de poder y coerciones para obtener fallos favorables a gente cercana al régimen, siguen apareciendo los casos de “la metida de mano en la justicia” en los que se revela la injerencia de ex altos funcionarios del Gobierno anterior en casos de su interés.
Filtraciones de varios emails del ex Secretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, dan cuenta de la forma en que coordinaba acciones para revertir determinadas sentencias valiéndose de dictámenes de la Corte Constitucional, mediante el uso de la acción extraordinaria de protección en favor del Estado, cuando este tipo de garantías fueron concebidas para proteger a personas y colectivos humanos y no a personas jurídicas.
Uno de los casos en que se evidencia estos manejos es el del empresario Welmer Edison Quezada Neira, acusado por la entonces Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE) del delito de defraudación aduanera.
El 11 de marzo del 2009 la CAE detectó una supuesta subvaloración de mercancías importadas por parte de grupo Quezada por $ 1’663.412,66, valor que implicaba una evasión tributaria de casi $700 mil.  La autoridad aduanera denunció que Corporación Quezada, cuyo representante legal era Welmer Quezada, había cometido falsificación en sus declaraciones aduaneras.  
El juez de la causa dictó órdenes de detención en contra de Quezada, Mercedes Loaiza, Jorge Arias y Harold Esmeraldas, representantes de la empresa y de firmas relacionadas al Grupo Quezada.
Entre 2007 y 2009, en los juzgados de la Unidad Judicial Penal Norte de Guayaquil se iniciaron siete juicios, luego fueron desechados dos y los demás quedaron en trámite.  
Con la vigencia del Código de la Producción, que sustituyó a la CAE por el Servicio Nacional de Aduana (Senae) desde diciembre de 2010, los abogados de la autoridad aduanera consideraban que al acusado se le podía aplicar una pena máxima de 5 años de cárcel y cobrar una multa de $ 17’835.090, ya que la sanción prevista en esa norma es el pago de la evasión multiplicada por 10.
Quezada era uno de los mayores importadores de electrodomésticos, automóviles y tecnología durante 2007, año en el que su conglomerado era parte de los 17 grupos económicos más grandes del país. Entre sus empresas figuraban no solo aquellas relacionadas con el comercio sino también medios de comunicación como el diario ‘Opinión’ de Machala y la radio Candela, que eran consideradas de oposición por el Gobierno de Correa.
Al momento, según información del Servicio de Rentas Internas (SRI), la corporación Quezada, conformada por 22 empresas, ha descendido hasta ocupar el puesto número 187 en el ranking de los grupos económicos más grandes del país.
El 26 de agosto de 2014 la Interpol publicó una difusión roja sobre Quezada y en septiembre de ese año el empresario fue apresado en el aeropuerto de Lima, Perú por una orden internacional. 
La justicia ecuatoriana pidió su extradición. Pero las anomalías en los procesos judiciales seguidos en contra del empresario fueron denunciadas no solo por su abogado Jorge del Castillo; la justicia peruana determinó, más tarde, que no había garantías de independencia en la función judicial del Ecuador.
Luego de la detención de Quezada, su abogado aseguró que las acciones legales en su contra eran un claro ejemplo de la persecución política que ejercía Correa hacia los medios de comunicación que consideraba opositores. En declaraciones para diario El Comercio de Quito (en enero de 2015), Del Castillo aseguró que la solicitud de extradición era fraudulenta, pues el delito que se le imputaba había sido archivado y fue sobre esa base que se pidió a la Interpol su captura.  Y añadió que en Perú no cabe la extradición por delitos relacionados por el no pago de tributos aduaneros.
¿Por qué se cuestiona el manejo de los juicios contra Quezada?
El 3 de diciembre del 2010, la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Provincial del Guayas revocó el auto de llamamiento a uno de los juicios (#178-2009, 656-2010) de Quezada y dictó su sobreseimiento definitivo.
A partir de este hecho apareció en escena un abogado de la ex CAE, Carlos Cortaza Vinueza. Sus credenciales no solo se limitaron a su experiencia en asesorías jurídicas a instituciones del Estado debido a su experticia en Derecho Penal y Derecho Penal Económico, sino que acreditaban también a su favor una amistad con el ex Secretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, como se verá más adelante.
El 5 de enero de 2011 Cortaza presentó una acción de protección extraordinaria en contra del mencionado sobreseimiento definitivo, la cual fue aceptada por la Corte Constitucional. 
Pero debido al período de transición de la función judicial, que arrancó en julio de 2011, los miembros de la nueva Corte Constitucional fueron posesionados el 6 de noviembre de 2012, por lo que se hizo un nuevo sorteo de la causa en enero del 2013 que recayó en la jueza Ruth Seni Pinoargote, con lo cual el trámite se inició en marzo de ese año.
En un email enviado por Carlos Cortaza a Alexis Mera, el 3 de septiembre de 2013 a las 9:14,   el abogado de la entidad aduanera le agradece “por toda la ayuda en el tema WQ (Welmer Quezada) y le dice además que “con las resoluciones obtenidas de la CC (Corte Constitucional) vamos a reactivarle todos los casos que sea posible acá en Gye” (sic). 
Tan efectiva fue la ayuda de Mera en el caso Quezada que el 25 de septiembre del 2013, mediante la sentencia # 079-13-SEP-CC,  la Corte Constitucional dejó sin efecto lo resuelto por la Segunda Sala de lo Penal de la Corte del Guayas, argumentando que los derechos que se vulneraron fueron el de seguridad jurídica, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. 
Es decir, todo apunta a que Cortaza ya conocía desde inicios de septiembre que iba a obtener resultados favorables sobre este proceso.
La jueza Seni fue una de los siete jueces propuestos por el Ejecutivo para integrar la nueva Corte y Patricio Pazmiño, quien firmó esta sentencia como presidente de la Corte, también fue delegado del Ejecutivo para integrar el máximo órgano de administración e interpretación de la justicia. Y en 2016 fue postulado por el Gobierno, como candidato a ser miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En esta sentencia, la Corte Constitucional también pidió al Consejo de la Judicatura que investigue la conducta de los jueces de la mencionada Sala (que dictó el sobreseimiento) “debiendo informar al pleno de la Corte sobre lo que se actúe y resuelva al respecto”. Al poco tiempo estos jueces fueron destituidos.
El 19 de septiembre del 2013, con el título de caso WQ, Carlos Cortaza dirige un nuevo email a Alexis Mera en el que reporta haber hecho acciones para mover los casos de Quito a Guayaquil como si este abogado fuese un alto funcionario judicial: “Ya hice regresar los casos de UIO y mañana lo paso al juzgado 25 penal de Guayas para que le ordenen otra prisión preventiva a WQ y compañía”.  
Tres días más tarde Mera le contesta pidiéndole que le mantenga informado del tema.  
En otro juicio aduanero (N° 09123-2010-0490) iniciado en contra de Quezada, la Tercera Sala de lo Penal de la Corte Provincial del Guayas, el 26 de abril de 2011, decidió que se archive la causa y se levanten todas las medidas cautelares por considerar que no había delito que perseguir al haberse derogado la ley Orgánica de Aduanas y entrar en vigencia el Código Orgánico de la Producción.
Carlos Cortaza volvió a interponer una acción extraordinaria de protección en este caso. La Corte Constitucional aceptó y el 24 de julio de 2013 emitió una sentencia mediante la cual dejó sin efecto el dictamen de la Tercera Sala de lo Penal de la Corte del Guayas, indicando que se han vulnerado los derechos de seguridad jurídica y al debido proceso.
Pero no solo eso, la Corte ordenó también retrotraer (efecto retroactivo) el proceso hasta el punto en que se hizo el llamamiento a juicio de Quezada (en noviembre del 2010) para que continúe el trámite del proceso penal N° 0490-2010. 
Casi dos meses después de este dictamen de la Corte, bajo el título de “Info casos Senae”, en un email del 30 de septiembre del 2013, dirigido a Alexis Mera, Carlos Cortaza le informa no solo que el proceso volvió a la etapa de llamamiento a juicio, sino que “ya salió la primera orden de prisión preventiva contra WQ de los dos casos que regresaron de la Corte Constitucional”. 
Es decir, se cumplía al pie de la letra las acciones coordinadas entre Cortaza y Mera.
Cortaza informaba al ex Secretario Jurídico de la Presidencia, a detalle, los avances de todos los procesos iniciados en contra de Quezada. En un email enviado a las 15:51 del 3 de octubre del 2013 le remitió un informe, actualizado a esa fecha, con pormenores de cada juicio. Por ejemplo, daba cuenta del caso que fue archivado por la Tercera Sala de lo Penal de la Corte del Guayas al que califica como el más importante “porque fue un comportamiento terrible de la Sala Fiscal de ese entonces que favoreció a WQ archivando el caso también por supuesta discriminalización del fraude aduanero”.
Los jueces de la Tercera Sala terminaron destituidos, como se confirma en este email en el que Cortaza informa a Mera que puso una queja en contra de esos magistrados, la cual  fue resuelta con la separación de sus cargos.
Adicionalmente especifica que en otro de los juicios (#1094-2009) en el que la Primera Sala del Tribunal Fiscal #2 también ordenó su archivo por no existir delito, el proceso fue sorteado a la Primera Sala Penal. Pero la Senae presentó varios recursos (casación, recusación y de hecho) en contra de los jueces de esta sala, con un resultado final favorable a la autoridad aduanera.
El 28 de octubre de 2013, a las 13:22, Mera reenvía, a Pedro Espinosa y Martin Vergara, la sentencia del caso 0490-2010 en la que la Corte Constitucional dejó sin efecto el archivo de uno de los juicios aduaneros en contra de Quezada. En este mensaje Mera pide a Espinosa que le informe sobre el segundo caso WQ.
Tanto Espinosa como Vergara tenían el cargo de asesor 2 de la Secretaría Jurídica de la Presidencia. El primero ha sido señalado por el activista Fernando Villavicencio como el brazo ejecutor de la persecución judicial en su contra. En este link se encuentran todos los correos electrónicos entre Mera y Cortaza: https://ecuadortransparente.org/correosmera2/
El uso y abuso de las garantías constitucionales de derechos humanos en favor del Estado
La acción extraordinaria de protección, junto a figuras como la acción de protección, el habeas corpus, el habeas data y el acceso a la información pública son mecanismos constitucionales de garantía de derechos humanos. Y eso supone que quienes pueden recurrir a estas acciones son personas o colectivos humanos porque solo estos son titulares de derechos. Las personas jurídicas y en particular las de derecho público no ostentan tales derechos.
La Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Judiciales y Control Constitucional sustentan esta aseveración de María Dolores Miño, docente de la UDLA y directora ejecutiva del Observatorio de Derechos Humanos y Justicia.
La experta explica que es un contrasentido que el Estado use la acción extraordinaria de protección porque ese tipo de figuras están diseñadas precisamente como un límite al poder público en su capacidad de restringir o incluso violar los derechos humanos. 
Califica como grave la forma en que el Estado ecuatoriano ha desnaturalizado las acciones constitucionales de protección. “Es como que alguien trate de cobrar una deuda sin ser el acreedor, es decir no tiene legitimación activa para ello”, enfatiza Miño.
Cómo entender que sea la Corte Constitucional, el máximo organismo de interpretación de la Constitución, el que coadyuve a desnaturalizar la acción extraordinaria de protección? 
En julio de 2012 cuando circuló un memorando (No 1605-CJT-IEM-S-2012) del entonces coordinador de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura, que advertía: “en forma reiterativa se ha debido aplicar sanciones en contra de aquellos jueces que han resuelto favorablemente acciones de protección de actos administrativos, cuyo objeto de reclamación tiene que ver con aspectos de mera legalidad y que pueden ser impugnados en la vía judicial…”
A partir de entonces, a nivel de jueces constitucionales empezó a ejecutarse un patrón: el aceptar y conceder las acciones de garantía de derechos propuestas por el Estado. El caso que sentó el precedente fue la acción de protección que presentó en contra de Diario la Hora, el entonces Subsecretario Jurídico de la Presidencia de la República, Oscar Pico, en noviembre de 2012.
La causa de ello fue el haber difundido una información entregada por Participación Ciudadana sobre el gasto gubernamental en publicidad oficial. El funcionario argumentó que el mencionado medio de comunicación, “en perjuicio del Gobierno Nacional y la Función Ejecutiva, violó sus “derechos constitucionales a la información veraz y el derecho a la rectificación”. 
Organizaciones de defensa de derechos humanos y de la libertad de expresión cuestionaron el uso de este recurso, pero esas prácticas han continuado, como una moneda de dos caras. La primera, por la cual se han utilizado los mecanismos constitucionales como una forma adicional de represión y la otra en la que se ha inhibido a los jueces mediante amenazas para no conceder las acciones de protección de acuerdo con el fin para el cual fueron diseñadas: proteger los derechos de las personas. 
“Parece ser que hay una cultura judicial de carácter sistemático y reiterado de utilizar los mecanismos constitucionales de garantía de derechos como herramientas de blindaje y protección de los intereses del Estado”, recalca Miño.
En la Corte Suprema del Perú el caso Quezada evidenció la falta de independencia de la justicia ecuatoriana
Tanto estas comunicaciones vía email con un alto funcionario del Ejecutivo que muestran el control directo que se ejercía sobre determinados casos tramitados en las cortes, como la práctica consecutiva de la acción de protección en favor del Estado confirman lo que hace más de dos años un tribunal peruano determinó en el caso Quezada: “que no hay una recta impartición de justicia en el Ecuador”. 
Luego de los tres meses que duró el proceso de extradición a Welmer Quezada, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema peruana emitió su pronunciamiento, destacando que según la legislación de ese país, la solicitud de extradición no procederá cuando “la recta impartición de justicia del Estado requirente no estuviera garantizada” y más adelante sostuvo que en efecto en este caso no existía tal garantía.
La providencia señaló que se ha evidenciado, incluso mediante la visualización de una videocinta durante el informe oral (sabatina de marzo del 2009), que “el Presidente de la República del Ecuador muestra desagrado por el ciudadano ecuatoriano requerido”, al punto de considerarlo como un ‘inmenso contrabandista’, contra quien ya tiene pruebas. 
La resolución del tribunal peruano se refiere a un video en el que Correa habla del caso en los siguientes términos: “Se trata de grandes contrabandistas, mecenas políticos, dueños de medios de comunicación, que siempre hacían de las suyas, estoy hablando del caso Quezada, ya tenemos todas las pruebas, pero para variar ya saltaron los abogados de siempre, para decir que es persecución política (…). Ahí están las pruebas de este inmenso contrabandista…”. 
Otro argumento de la providencia fue la aseveración de que “la justicia ecuatoriana ordinaria había archivado las causas por las que hoy se le pretende extraditar. Sin embargo, la Corte Constitucional del Ecuador revivió todos esos casos e investigaron a los jueces de la justicia ordinaria que los habían archivado… “
Para negar la solicitud de extradición de Quezada, en enero del 2015, la Corte Suprema de Justicia de Perú consideró que existió una persecución irregular y falta de imparcialidad de la justicia ecuatoriana en este caso. 
Pero el caso en las cortes ecuatorianas no terminó ahí. El Senae logró que el caso Quezada por el delito de defraudación aduanera vuelva a los tribunales para que dos de los procesados se enfrenten a un nuevo juicio. En la audiencia de apelación instalada en contra de las prescripciones dictadas en el caso Quezada, a favor de Mercedes L. y Welmer Q., los miembros del Tribunal acogieron los argumentos del Senae. 
En consecuencia, el juicio deberá continuar desde el momento en que se declaró la prescripción por el juez que conocía la causa, ratificándose que no prescribió la acción.