Autor: mh

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Imagine a un hombre planificando paso a paso la seducción de una niña. Sucedió en el liceo La Condamine de Quito desde en el año 2010. El profesor de matemáticas Jean Damien Toulouse entabló una fuerte y estrecha relación con Victoria, entonces de 11 años. A fuego lento, con los días y los años, levantó una relación que en principio parecía paternal pero con el tiempo consolidó otros deseos.
Él era un capacitado maestro, casado, valorado en la sociedad, incapaz de un acto inapropiado. Pero fuera de esa condición pública el profesor le escribió en secreto miles de mensajes. Victoria encontró en él un refugió a sus necesidades afectivas, fue una relación construida por correspondencia con mensajes que iniciaron con frases como “Te quiero como un padre” pero al final le escribía “me contengo para no tocarte”.
El caso fue descubierto por la madre de Victoria cuando notó que la adolescente presentaba un notable malestar emocional: “fue un día que lloró y mencionó que no quería vivir, hasta entonces no había dado muestras de ese tipo de comportamiento y decidí saber qué pasaba”.
La madre, Laura, compartió sus temores con amistades que le recomendaron acceder al teléfono de Victoria. Entonces ideó un plan para conocer las contraseñas del equipo y le retuvo una semana el teléfono como castigo. Envió a la niña unos días a la casa de su mejor amiga y fue entonces cuando accedió a miles de correos del profesor.
Descubrió que el maestro le incitaba a lacerarse. Supo que la llevaba hasta el extremo de la fragilidad y luego la rescataba con mensajes reconfortantes. Victoria se había provocado cortaduras por amor y él las promovía. En uno de esos mensajes Touluse le dijo: “He hablado con Dios y dice que está bien lo que haces”. Touluse era su timón y en los límites de la desesperación él estaría para rescatarla.
El 13 de febrero de 2015, Laura denunció a Touluse a las autoridades del colegio La Condamine. Entonces Victoria tenía 16 años y el profesor 39.  La madre presentó como evidencia un extenso informe con los mensajes enviados entre la alumna y el profesor.
El colegio recomendó no intervenir, lo hizo el ministerio de Relaciones Laborales que, con pruebas en mano, ordenó el visto bueno. Días después, el 25 de febrero fue arrestado por la policía especializada para niños, niñas y adolescentes, acusado del delito de contacto con finalidad sexual con menores de 18 años por medios electrónicos.
Sin embargo La Condamine montó un discurso que no favoreció a Victoria y a su madre. Dijo que era imposible que en el colegio un profesor pudiese estar a solas con un alumno: “El funcionamiento de la escuela hace realmente imposible que un hecho de esta naturaleza haya sucedido en el interior del establecimiento”.“La seguridad en La Condamine no permite ninguna anormalidad”, fueron expresiones de maestros que defendieron al colegio cuando se inició el juicio penal. Las autoridades actuaron bajo la premisa de que un caso de violación o acoso no era posible porque ellos laboraban con un riguroso sistema de organización y vigilancia.
Fue una forma de cerrar ojos y oídos a los hechos. Antes ya lo hicieron en el caso de El Principito: en febrero de 2014, la madre de Lukas, un niño de cinco años, estudiante de maternal, fue víctima de abuso sexual por parte de su profesor de natación. “Las medidas de seguridad para los niños son muy rígidas y adecuadas”, dijo entonces La Condamine.
Ese esquema motivó a que la palabra de las víctimas pierda validez. En el proceso judicial el colegio permitió que maestros, padres de familia y estudiantes acudan libremente a rendir declaraciones sobre el caso. En su mayoría no sabía que sucedió pero se inclinaron a defender al maestro.

Anne Malherbe defendió abiertamente al acusado por la violación de Lucas, El Principito. José V, fue sentenciado a 22 años de prisión, la presencia de Caupolican Ochoa como abogado del demandado no fue suficiente

Colegas de Touluse dijeron que era una persona respetuosa, seria, responsable de sus actos. “Tenemos el testimonio de nuestros hijos quienes certifican dicho comportamiento, además de habernos manifestado que nunca han visto o han sentido ningún comportamiento inapropiado para con ellos de parte del señor”, escribieron decenas de padres en un certificado de honorabilidad, expedido el 10 de marzo de 2015, también  firmado por Anne Malherbe Gosseline, quien a la fecha era profesora de la institución.
A Malherbe nunca les interesó ser primera dama de la nación, pero no tuvo empacho de usar su apellido e influencia al momento de defender abusadores que consideró sus compañeros.
Dos maestros señalaron que el profesor era una “persona honesta en todas sus acciones, eficiente en su trabajo”. Los testimonios señalaron a Victoria como la acosadora, según ellos, era ella quién buscaba al profesor: “Yo le dije a ella que era un hombre casado”, “desde que llegó ella le perseguía”, “ella salía del aula para ir tras de él”.
Para los maestros la responsable era la niña porque siempre la veían detrás del profesor: “era un acoso permanente de ella hacia el profesor”, dicen parte de los testimonios.
Para maestros y padres de familia, que en buena medida representan a la sociedad media alta de Quito, la posibilidad de que una adolescente de 16 años haya sido seducida por un hombre de 39, aprovechándose de su inexperiencia y posición, no existió. Ella fue la entregada, la provocadora, la que incitó el maltrato y la destrucción de la reputación de un hombre respetable.
Cincuenta profesores declararon en contra de la adolescente, 40 estudiantes hicieron lo mismo, sin embargo todo quedó demostrado en el proceso judicial. La  contundencia de las pruebas, 150 páginas de mensajes traducidos del inglés al español y obtenidos del teléfono celular de la adolescente y más de 6.000 mil páginas de mensajes enviados vía correo electrónico por su profesor, sumadas a la decisión y valentía de una madre aguerrida y una adolescente admirable, se impusieron por sobre el descrédito y el influjo político y personal. El pasado abril el caso terminó en tercera instancia y sentenció al profesor a cuatro años de prisión por el delito de acoso por medios digitales.
Touluse guarda prisión domiciliaria y es recomendado para dictar clases particulares desde su casa. Victoria terminó este mes el bachillerato, triunfó sobre quienes la ofendieron y estigmatizaron. Se mantuvo unida a un grupo de amigos leales que nunca se abandonaron. 
 

La verdad

En el expediente se establece que el profesor fue confrontado y dijo que la relación existente entre él y Victoria era una “relación de familia” porque la menor lo quería como a un padre; según Touluse “la chica estaba mal y él, como maestro, había intentado ayudarla y fue la razón por la que ella se encariñó.
El informe de la fiscalía dijo que al preguntarle si él, como padre, aceptaría que alguien se comunique con su hija con frases explícitamente sexuales, respondió que no. Ese momento, dijo que “se estaba dando cuenta que estaba en una relación equivocada”.
El profesor aceptó los hechos, “expresando que su error fue no contener las comunicaciones a tiempo”. Las conversaciones con Victoria se dieron desde el año 2012. Era una chica que buscaba identificarse con un padre, y yo estuve presto para conversar con ella y darle mi atención, así como mi afecto. En las conversaciones encontraron términos como “mi vida, mi amor, my love”, “yo me contengo por no tocarte”.
La evaluación psicológica realizada al profesor por fiscalía, en los primeros días de marzo de 2015, señaló que tiene “labilidad afectiva acentuada”, es decir facilidad para cambiar de estado de ánimo; fuertes inhibiciones personales que le producen ansiedad, angustia flotante, depresión, inseguridad. Indicó además -y  como hecho relevante- que tiene “falta de control consciente sobre los propios sentimientos e impulsos”. 
Los psicólogos evidenciaron que “en el acusado existen pautas de impulsividad y excitación con rasgos de agresividad”. En cuanto a la interrelación social hallaron que había una “importante afectación, ya que pudo encontrarse que el contacto humano está seriamente alterado”. Determinaron, además que había “pobreza empática, incapacidad para aceptar e identificarse con las otras personas, incapacidad para establecer contacto humano profundo”. “Su relacionamiento con los demás tiene características de una persona egocéntrica, quien considera las propias opiniones como irrefutables y trata de imponerlas a toda costa”, rezó el informe.
En marzo de 2017, varias organizaciones de defensa de los derechos de los niños, entregaron una carta al entonces ministro de Educación, Freddy Peñafiel. Pidieron al funcionario intervenir en el caso de El Principito ya que a su criterio La Condamine “no actuó como un buen agente de protección, pues no solo que tomó partido a favor del presunto agresor, sino que además decidió reubicarlo en sus funciones”.

Freddy Peñafiel, entonces ministro de educación, nunca se pronunció al respecto. El es sobrino de la directora del colegio, Silvia Oña.
El caso del principito fue anterior al de Victoria y el comportamiento del plantel fue simirlar. La institución manifestó -al igual que en el caso de Victoria- que no era posible que un hecho de tal magnitud hubiese ocurrido.
Los compañeros del profesor actuaron igual: defendieron a su colega. Dijeron que era “una persona “correcta, cordial, buena, noble, solidaria, eficiente en su trabajo y de “grandes cualidades humanas”, y que Lucas, la víctima, era un “niño problema” con “gran imaginación”, que tenía un “comportamiento de fantasía” y era agresivo con sus compañeros. “Hay ocasiones en las que inventa cosas”. “Es un niño al que le encanta construir cosas, es muy bueno en esta área, dice el testimonio de una maestra.
Los exámenes psicológicos realizados al acusado establecieron que a nivel afectivo presentaba “infantilismo, inmadurez emocional, falta de control de impulsos, inaccesible, defensas paranoides, dependencia dirigida hacia su madre y desarrollo afectivo a nivel de adolescencia”.
La defensa del acusado se basó en asegurar que él era inocente y que los padres de Lucas inventaron la historia a fin de esconder o justificar el comportamiento sexual del menor: “Lo que sucedes es que los padres no quieren aceptar lo que hace su hijo, porque les parece bochornoso y quieren decir que en el colegio una persona le ha molestado sexualmente”, dijo en su momento.
La Fiscalía concluyó que el procesado trató de “endilgar una conducta -por demás inusual- a un niño de tan corta edad, según él los padres tratan de tapar esa inconducta de su hijo culpando a un profesor”.
Mucho se rumorò que el padre de Lucas es quien abuso de él, hoy se sabe que fue una vileza que pretendió desvirtuar la negligencia con la que actuó el colegio al reubicar en funciones a José V., al no haber denunciado el hecho al Ministerio de Educación y peor aún al haber tomado partido a favor del profesor.
El 22 de noviembre de 2016, el profesor de natación fue condenado a 22 años de prisión por el delito de violación. El lunes 13 de febrero de 2017 fue la audiencia de apelación de sentencia por parte del condenado, en la Corte Provincial de Justicia. Ese día, estuvo presente Anne Malherbe Gosseline quien -al igual que en el caso de Victoria- mostró su apoyo al profesor sentenciado.

Fernando Villavicencio Valenciay Christian Zurita Ron
Reporte especial de Focus Ecuador, Milhojas, PlanV
(Con la colaboración de IDL-Reporteros, de Perú)
La coima del millón de dólares se pactó en julio de 2007. No fue ni en la oficina de Odebrecht, ni en el ministerio de Electricidad, ni siquiera en la notoria suite 156, con entrada reservada, que tenía Odebrecht en el Swisotel en Quito.
La reunión fue en la oficina privada de un importante empresario, que sirvió de intermediario para la negociación del inminente soborno y sus condiciones.
Según han confesado los hoy delatores corporativos Fábio Gandolfo y Fernando Fernandes Bessa, la reunión con el entonces ministro de Electricidad, Alecksey Mosquera, tuvo lugar en una casa a pocas cuadras de la oficina de Odebrecht. El anfitrión de esa reunión fue el empresario Rubén Rodríguez, concesionario de Volvo en Ecuador.
Rodríguez era amigo de Fernandes y de Mosquera y tenía importantes negocios con Odebrecht.
Cuando, después de algunos prolegómenos, hablaron sobre el proyecto Toachi Pilatón, el ministro Alecksey Mosquera dijo que él no solo podía ayudar a que se firme rápidamente el contrato que pese a haberse adjudicado el 2006 no se había firmado todavía, sino también a financiar, incluso con adelanto, el proyecto con los fondos públicos del FEISEH.
A cambio, pedía un millón de dólares de coima para él.

Fernandes Bessa, entonces director de operaciones de Odebrecht en Ecuador, aceptó en principio la oferta, incluso antes de informarle a Gandolfo.
Establecido el pacto entre sobornador y sobornado, se realizaron luego unas reuniones más entre ellos en la suite de Odebrecht en el Swisotel para precisar los detalles del proceso. En esas reuniones, Mosquera le reportó las conversaciones con el entonces presidente Rafael Correa sobre las acciones planificadas para financiar el proyecto con los fondos del FEISEH.
La única  entrevista que Fabio Gandolfo brindó a la prensa fue a Expreso de Guayaquil en Agosto de 2008 por el tema de San Francisco 
Mosquera cumplió con lo ofrecido. En agosto de 2007, el FEISEH aprobó financiar el proyecto. En noviembre, Hidrotoapi S.A. autorizó la firma del contrato con el nuevo financiamiento. El 27 de diciembre se firmó el contrato. Y el 5 de marzo de 2008, Odebrecht recibió $112 millones de dólares de adelanto para la realización de una obra que solo estuvo en condiciones de empezar siete meses después.
Todo ese proceso se realizó a una velocidad vertiginosa para los estándares gubernamentales en Ecuador. El plazo usual entre la firma del contrato y el desembolso del adelanto es de dos años o más. Aquí tomó dos meses.
Después del pago de 112 millones de dólares a Odebrecht, Alecksey Mosquera tuvo una reunión con Fernandes Bessa y Fábio Gandolfo, entonces Superintendente en Ecuador. Él había cumplido con todo y ahora pedía que cumplan con él.
Gandolfo entonces consultó con el jefe de Odebrecht para América Latina, Luiz Antonio Mameri, quien autorizó el pago que, a través del “Sector de Operaciones
Estructuradas”, se hizo mediante varios depósitos a la cuenta de Tokyo Traders, en Andorra. La cuenta, como se sabe, perteneció a Marcelo Endara, tío de Mosquera.
Este fue, probablemente, uno de los sobornos más lucrativos realizados por Odebrecht. Encima, sin haber movido una piedra. Las autoridades estadounidenses calcularon que por cada dólar que Odebrecht pagó en sobornos ganó normalmente cuatro dólares.
En este caso, el millón pagado a Mosquera le sirvió no solo para la firma del contrato sino para recibir una inyección (más bien una inundación) de $112 millones de dólares por los que no pagó un centavo de intereses. No solo eso, cuando se fue del país, luego de ser expulsada por Rafael Correa, presentó facturas por supuestos gastos de 13 millones de dólares. Luego, en un arbitraje obtuvo $5, 6 millones adicionales por la rescisión unilateral del contrato.
Es importante recordar que ese dinero entregado con tal abandono y a cero interés (menos cero más bien) era dinero público, es decir, de todos los ecuatorianos. ¿Y qué recibieron los ecuatorianos a cambio de eso? Ni un solo kilovatio, hasta hoy. Ni para cargar un celular.
Ya se sabe qué pasó después. Expulsado Odebrecht, por graves problemas en otra central hidroeléctrica, el ex presidente Rafael Correa entregó la obra a un consorcio chino-ruso, aquí con financiación de fondos de la seguridad social (IESS) y del Eximbank de Rusia. Poco antes de terminar su mandato, Correa otra vez rescindió unilateralmente el contrato, dejando el proyecto abandonado. Lo que se pensó que iba a costar $336 millones de dólares en 2005, acabó costando más de $600 millones de dólares y no sirvió ni para prender un foco.
¿Tuvo Mosquera la autoridad, la autonomía suficiente como para poder poner a toda velocidad la firma del contrato y disponer la cuantiosa financiación de más de cien millones de adelanto a Odebrecht, sobre un total comprometido de $470, 6 millones?
Bueno, ya se sabe que la máxima autoridad del Fondo Petrolero, el FEISEH, era el presidente de la República, Rafael Correa.
Estas publicaciones contactaron al empresario Rubén Rodríguez, quien, a contramano de los delatores de Odebrecht, negó haber sido intermediario o anfitrión de la reunión entre Fernandes Bessa y Mosquera, aunque reconoció haber sido amigo de los dos.

La  encuestadora Cedatos ha pedido el pronunciamiento del Secretario General de la OEA, sobre el proceso penal que enfrenta en los juzgados ecuatorianos por presunta falsificación y uso de documento falso. Junto a esta comunicación, dirigida a Luis Almagro el 21 de junio pasado, se enviaron los documentos de respaldo del caso. Almagro ha manifestado ya a autoridades del Gobierno que lo que está sucediendo con Cedatos, es una persecución que no debería continuar, según afirma, Polibio Córdova, representante legal de la encuestadora.
El 29 de marzo pasado la entonces vicepresidenta de la Asamblea, Rosana Alvarado, y actual ministra de Justicia del gobierno de Lenin Moreno, interpuso una denuncia penal en contra de Cedatos por presunta asociación ilícita y falsificación documental. La funcionaria acusó de un supuesto acuerdo de Cedatos con el ex candidato presidencial de la oposición, Guillermo Lasso, con el fin de presentar resultados alterados de las encuestas electorales para la segunda vuelta del 2 de abril de 2017. Los sustentos de esta denuncia son un video de un informante anónimo que detalla cómo, según él, se modificaban los resultados de las encuestas, con documentos que habrían sido obtenidos del sistema informático de Cedatos; e información que circulaba en enlaces y redes sociales.  En mayo también fue vinculado a esta demanda penal, Polibio Córdova.
Antes de la denuncia de Alvarado, Cedatos presentó el 20 de marzo, una denuncia por robo y divulgación de documento privado, debido al hackeo de sus sistemas informáticos, que se evidenció en los documentos exhibidos en el mencionado video. 
Polibio Córdova resalta las marcadas diferencias con que han operado los órganos de justicia respecto a la demanda presentada por Alvarado y la planteada por Cedatos. 
En qué fase se encuentra el proceso penal iniciado en su contra por Rosana Alvarado por presunta falsificación y uso de documento falso?
En marzo pasado fuimos objeto de un hackeo, que parece que comenzó desde hace muchos meses atrás de nuestros correos, de documentos privados, de información proveniente de estudios privados, pero que fueron utilizados para un video de un supuesto ex empleado nuestro que nunca existió. De toda esa información se valió la Sra Alvarado y planteó una denuncia diciendo que habíamos falsificado un documento. Se utilizó todo el video, todas las acusaciones de este supuesto ex empleado. De esa denuncia no se supo qué pasaba hasta después de la segunda vuelta electoral donde nuevamente tomó forma y de inmediato fuimos objeto de un allanamiento bárbaro.
Qué ha pasado desde el allanamiento?
Esta denuncia no ha podido ser comprobada. Hasta el momento no se sabe cuál es el documento falso. Realmente fuimos sujetos de 3 allanamientos durante el 7 de abril. Uno a las 12:50, otro a las 24h00 y otro en nuestras oficinas de Guayaquil . Se llevaron de aquí (de la oficina matriz en Quito) computadores, archivos institucionales, archivos privados, hasta álbumes de fotos, recibos, facturas. He tenido hasta que sacar nuevos documentos personales. La empresa fue invadida por policías, por encapuchados, por personal civil que ha sido identificado como gente de las oficinas de la Presidencia de la República y de algunas secretarías de Estado. Todas las calles fueron rodeadas por patrulleros, policías apostados con ametralladoras al frente del edificio. Después se trasladaron a rodear mi residencia.
Usted estaba en las oficinas cuando fue el allanamiento?
Estuve en las oficinas desde las primeras horas de la mañana y salí a las 10:00 a una reunión en el CNE pero ya no pude regresar porque fue imposible ingresar. Pero el acoso, la persecución, la insidia no se quedaron ahí. Todos los días mi vivienda fue objeto de cobertura policial, con elementos que se mantenían con armas y binoculares. Fue un verdadero atropello a nuestros derechos humanos
Luego de los allanamientos qué diligencias se han ejecutado?
La fase de indagación previa, durante la cual la Fiscalía, en forma reservada, obtiene información, puede durar hasta dos años de acuerdo a la ley.  Pero en el caso nuestro duró 22 días, algo inusitado, una gran velocidad. Enseguida entramos en la fase de instrucción fiscal en que la fiscalía hace la recopilación de pruebas y siguen las declaraciones. De nuestra parte estamos presentando pruebas sobre nuestro trabajo honesto en Ecuador a lo largo de 42 años más 10 años fuera del país. 
Qué clase de pruebas?
Sobre cómo se hacen los estudios, los diseños de muestra, el cálculo probabilístico de errores, niveles de confianza, modelos para medir la consistencia de la información, etc. Hemos pedido que se haga un peritaje y después de varios meses ha sido aceptado. El perito está trabajando a partir de toda la información que obtuvieron de nuestro sistema informático.
En su denuncia, la actual ministra Alvarado afirma que Cedatos cambió los datos de su encuesta, hecha en febrero pasado, para que la candidatura presidencial de Guillermo Lasso no se viera tan desfavorecida respecto a los reales resultados obtenidos. Está también el video donde un supuesto ex empleado de la empresa exhibe documentos que avalarían la supuesta alteración. ¿Cómo explica usted estos cambios de las cifras?
Esa es una demostración de total desconocimiento. Se tiene que hacer un verdadero análisis de la información y su consistencia, de la identificación de datos que causan lo que en matemáticas se llama ruidos. Si se observa que dentro de una tendencia el candidato o cualquier otro objeto de estudio, tiene resultados que van más allá de lo que podría ser permisible, eso se somete a un proceso de evaluación y corrección de las inconsistencias.

Y eso amerita hacer otras mediciones o encuestas?
Se hacen nuevas encuestas, se hacen correcciones siempre y cuando sea necesario, dentro de lo que es la matemática. Eso nosotros llegamos a ubicar y un ex colaborador nuestro, quien ahora es testigo de la Fiscalía, participó de una identificación de problemas que se habían dado a lo largo del año y que los verificamos en febrero al establecer que había un grupo de personas infiltradas
En dónde?
En nuestro personal entrevistador. Había sectores donde a un candidato le daban, de acuerdo a la población, 95 puntos y a otros candidatos 5 puntos, en tanto que en los sectores vecinos habían diferencias entre candidatos de solo 5 o 6 puntos. Es decir, donde hacían las encuestas estos señores había diferencias de 90 puntos entre un candidato y los demás. Entonces cuando se observan ese tipo de cosas, eso no se puede aceptar. Enseguida se salen de los niveles de aceptación
Por qué no pueden darse esas diferencias tan marcadas entre candidatos?
Por ejemplo un alcalde recibe un nivel de aprobación de entre 40% y 45%, pero en algunos sectores de la misma ciudad recibe una aprobación de 95%. Eso debe volverse a revisar. Es decir entra en la fase de análisis de consistencia de la información. Eso es universal en las instituciones que saben hacer este trabajo. Estamos entregando a la Fiscalía las metodologías de revisión de inconsistencias, donde los peritos se darán cuenta que se han hecho siempre ese tipo de análisis. 
También la denuncia de la entonces asambleísta Alvarado señala que Cedatos habría trabajado para el ex candidato Guillermo Lasso y que a eso obedecería la alteración de datos en sus encuestas?
Eso es lo que tienen que probar. Nosotros hemos trabajado con toda decencia y honestidad. Trabajo hecho, trabajo pagado, con la factura respectiva, con el pago de los impuestos. Tenemos innumerables suscriptores para los cuales servimos y si una entidad privada nos pide un dato o un estudio, le hacemos con la reserva del caso. Como ya lo he dicho, no soy encuestador de nadie, soy investigador, tengo mi doctorado, tengo mi especialidad. Yo no vendo. De esta empresa he tenido que mandar sacando a candidatos de otras épocas que vinieron a querer comprarme y nadie me puede decir que estoy diciendo algo falso. 

La demanda que ustedes interpusieron por un supuesto hackeo de su sistema informático cómo se está desarrollando?
Presentamos una denuncia a la Fiscalía antes de la planteada por la Sra. ex vicepresidenta de la Asamblea para que se investigue la forma en que se obtuvo la información institucional y privada de Cedatos, ya que ingresaron a los balances de bancos, estados de cuenta, hasta los correos de mis nietas, las fotografías y mensajes de mis nietos. Estamos expuestos totalmente ante quien quiera saber qué hemos hecho, cuánto pagamos, cuánto nos han pagado, a quién hemos escrito, qué documentos han llegado a nosotros y han salido de acá. Prácticamente las vidas de las familias Córdova Calderón y Córdova Leguísamo están puestas en vitrina.
Qué implicaciones tiene eso para su seguridad?
No tenemos una vida privada. Cualquier persona puede hacer uso de nuestra información. En cualquier momento pueden haber malas interpretaciones, malos manejos.
Su denuncia se mantiene en indagación previa?
Sí. Se han hecho mínimas diligencias. Nosotros, incluso hemos presentado indicios de dónde podían provenir esos hackeos, sin embargo nuestra denuncia ya va casi 4 meses en indagación previa, mientras la denuncia hecha por la Sra. Alvarado duró apenas 22 días en esa etapa
El presidente Moreno dice que no cuenten con él para el odio. La denunciante de Cedatos es ahora la ministra de justicia. Qué tan adversa puede seguir siendo su situación legal en este contexto?
Primero la población, en general, nos ha dado demostraciones de solidaridad extraordinaria. Nos hemos sometido a todo lo que han exigido las autoridades aunque, según nuestros abogados, no se ha seguido el debido proceso, pues al ser una denuncia fundamentada en mensajes de redes sociales es nula y lo primero que se debió hacer es declarar su nulidad. 
Cuando Cedatos presentó sus resultados de la segunda vuelta, el CNE les cuestionó o identificó presuntas violaciones al Código de la Democracia?
Jamás. No hay ni una sola notificación. El Sr Juan Pablo Pozo (presidente del CNE) hizo una exposición en la XI Cumbre Mundial de Comunicación Política realizada en Cartagena (en junio pasado), con referencias totalmente negativas en contra de Cedatos y mía, como que en la primera y segunda vueltas nos habíamos equivocado. Nosotros tuvimos en la primera vuelta 99,3% de precisión, sin embargo en su intervención (en Cartagena) Pozo publicó mi fotografía y a Cedatos como una institución que había transgredido los principios de las investigaciones. Yo no le he seguido ninguna acusación y no lo haré. Tampoco voy a demandar a un empleado nuestro que fue gerente y permaneció en nuestras oficinas durante más de un año y que de forma inesperada dio declaraciones el día del allanamiento en contra nuestra. Este sí fue funcionario de Cedatos y ahora se hace denominar testigo protegido de la Fiscalía. 
El entregó la información de sustento de la denuncia de Alvarado?
No puedo afirmar eso. Pero todo lo que está presentado en esa denuncia es sacado de nuestras oficinas. 
A qué atribuye que esta persona haya desempeñado este papel en contra de Cedatos?
No tengo explicación alguna. El desempeñaba funciones en la empresa hasta el día del allanamiento, gozó de total confianza, ingresaba a todas las oficinas, podía hacer uso de los documentos y desde luego había información reservada porque como institución de estudios, en nuestro reglamento interno hacemos constar que las personas tienen que firmar un certificado de confidencialidad.
Ustedes enviaron una solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) qué expectativas tienen al respecto?
En abril enviamos esa solicitud con el fin de preservar nuestros derechos a la libertad personal, garantías y protección judicial, no solo mía sino de mi familia y de los empleados de Cedatos. Los fundamentos fácticos que presentamos son la preocupante situación de la administración justicia, el uso del derecho penal como mecanismo para silenciar a los ciudadanos y la ineficacia de eventuales acciones emprendidas en el plano interno para tutelar nuestros derechos. 
Por qué este pedido que realizan lo plantean de manera urgente?
Temíamos que este proceso se lleve de una forma que no corresponde y en efecto se lo está haciendo porque la denuncia se fundamenta en información ilegal. También teníamos temor de ser privados de nuestra plena libertad, como es mi caso que estoy prohibido de salir del país y tengo que presentarme cada 15 días en la Fiscalía. Osea tengo una libertad a medias. Estamos planteando también la situación en que se encuentra nuestra empresa
Es verdad que algunas instituciones públicas terminaron los contratos que mantenían con Cedatos?
Si bien estamos en actividad, hemos tenido que superar disposiciones del sector público de dar por terminados contratos que nosotros obtuvimos de forma totalmente legal
Se podía dar por terminados esos contratos de forma unilateral?
Hemos tenido que demostrar la ilegalidad de esa pretendida actuación, unas han retrocedido y otras sí los han dado por terminados
Cuáles han sido las consecuencias económicas de esto?
La incidencia económica es sumamente grande. Hemos tenido que recurrir a créditos bancarios para poder pagar a los empleados y enfrentar los costos de los abogados. 
Entablará demandas por daños y perjuicios?
Los daños y perjuicios sí tienen que ser reclamados. No soy solo yo, hay una  institución y otras personas en ella que sí consideran que se tiene que reclamar aquello que ha sido menoscabado. No descartaría que personas de la organización inicien acciones de este tipo
Por todas las acusaciones del ex presidente Correa y otras autoridades, las acusaciones hechas en redes habría un linchamiento mediático en su contra?
Lógico. Somos objeto de mensajes negativos que menoscaban nuestra integridad personal y empresarial. Se ha llegado al colmo de un acoso a mis nietos que son menores de 12 años
En dónde y en qué contexto?
En sus colegios. Mis nietos son objeto de bullying de parte de algunos compañeros que se pertenecen a familias que trabajan en el Gobierno. Lo denunciamos oportunamente.
La denuncia qué respuesta tuvo?
Se hizo la denuncia en los colegios. Llega a tal punto el sufrimiento, la inestabilidad emocional que dos de mis hijos se han visto en la obligación de cambiar su residencia fuera del país. Se van a fines de este mes con sus hijos para que continúen su educación con normalidad porque son objeto de un acoso que no se puede aceptar. Mi otro hijo mayor vive en Estados Unidos. Nos vamos a quedar con una hija que trabaja como vicepresidenta de la empresa. Ella se va a sacrificar para acompañar a sus papás.
Confía en la justicia? Qué expectativas tiene?
Es un daño irreparable el que se ha producido sobre derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en la Convención Americana. Este momento no tenemos cómo protegernos para prevenir las amenazas y el perjuicio irremediable que se trata de hacer a nuestra integridad. Cómo puedo reparar la intimidad de nuestra correspondencia. Aquí tengo más de 20 mil hojas que son parte de los cuerpos del proceso en la Fiscalía. Me sorprendo cada vez que abro y encuentro comunicaciones de personas que me pedían consejos de tipo personal, ex alumnos míos a quienes contestaba, ahora eso ya no es reservado, está a la luz pública. ¿Se podrá reparar eso alguna vez?.  Estamos en una etapa de nuestra vida en que ya merezco un descanso. Aquí se jubilan a los 75 años, yo tengo esa edad, ya debo retirarme. Pero sabe lo que me dicen los que me mandan los mensajes? “Te retirarás pero acabarás tu vida en la prisión”.
Hay antecedentes de demandas similares que se hayan seguido en contra de encuestadoras en otros países del mundo?
En ningún país del mundo ha habido una organización de encuestas que haya sufrido lo que estamos sufriendo nosotros. Tengo mensajes de no menos de 20 organizaciones mundiales que se unen a nosotros. Aquí en el país ha habido organizaciones que repetidamente han dado resultados con 15 y 20 puntos por sobre el resultado electoral oficial. Con semejantes datos han hecho bailar al presidente y a todos sus seguidores y qué les ha pasado? Están presos?

Por Rocío Carpio, Fundamedios
El término prófugo de la justicia puede tener distintas interpretaciones, dependiendo de qué lado esté la balanza. Mientras Pedro Delgado, sentenciado por peculado, gasta sus días en Miami, varios indígenas y campesinos han tenido que pasar en la clandestinidad, lejos de sus familias y en condiciones difíciles. ¿Por qué? Por protestar.
La aplicación discrecional de la justicia durante el régimen anterior no solo generó acusaciones insólitas como aquella de terrorismo y sabotaje a un grupo de defensores de sus derechos, sino que avaló la utilización de instrumentos legales para criminalizar a quienes disentían con el poder.
Los recientes indultos entregados por el presidente Lenín Moreno a cinco luchadores sociales del caso “Los siete de Pastaza” sientan un precedente, sin duda. Pero hay que recordar que en el 2008 —durante el proceso constituyente— fueron amnistiadas e indultadas 357 personas procesadas por defender los derechos humanos. Sin embargo, el régimen que entonces empezaba volvió a criminalizar de forma aún más agresiva a por lo menos 700 personas durante los restantes nueve años, según datos de la CONAIE.
Uno de los casos que recibieron el indulto en ese año, fue el de Dayuma, Orellana, comunidad que en 2007 había paralizado la vía principal de acceso en demanda de obras básicas como agua potable, alcantarillado y electrificación. Por los enfrentamientos que se dieron debido a la represión de la fuerza pública, fueron procesadas 25 personas por terrorismo y sabotaje. No obstante, a la prefecta de la provincia de ese entonces, Guadalupe Llori, se le negó el indulto por haber sido acusada de peculado, según dijo ella, como parte de una persecución política.
Peculado. Este fue justamente el delito por el cual el 16 de mayo pasado, el ex presidente Rafael Correa indultó a Antonio Buñay, ex presidente del banco estatal COFIEC, quien fuera hallado por la justicia como uno de los responsables directos de la entrega en diciembre de 2011 de un crédito por $800.000 al ciudadano argentino Gastón Duzac, pese a que no contaba con las garantías necesarias y en medio de varias irregularidades.
Este es de uno de los mayores entramados de corrupción durante el régimen anterior, por el que Buñay junto a cinco personas más —entre ellas, Pedro Delgado, primo del expresidente y hoy prófugo— fue sentenciado a 8 años de reclusión mayor por el delito de peculado.
Delito que le fue indultado por el ex mandatario, por haber demostrado un “arrepentimiento profundo”, ocho días antes de que entregara el mando. Curioso resulta que el mismo Correa firmaba el 23 de mayo el Decreto 1440 para indulto presidencial con rebaja de pena, en el que establecía que quienes hubiesen cometido peculado no podrían acogerse al beneficio.
Una semana después, y ya posesionada la nueva Asamblea, el asambleísta de CREO, Esteban Bernal, presentaba un proyecto de resolución para rechazar dicho indulto, pues según dijo, con ello se estaba “generando un lamentable antecedente de impunidad en el Ecuador, un país en donde se indulta a la corrupción y se persigue a quienes la denuncian”. La moción fue negada por la mayoría oficialista con 71 votos en contra, versus 58 afirmativos y dos abstenciones.
Entre los decretos que Correa firmó días antes de terminar su mandato estuvo también el 1430, en el cual indultaba a Stalin Jiménez, el primero de “Los siete de Pastaza” favorecidos con esta disposición, quienes fueron sentenciados a seis meses de prisión por el delito de ataque y resistencia. Esto por haber participado en el levantamiento indígena de agosto de 2015. No obstante, el perdón llegó tarde: le faltaba menos de un mes para cumplir la pena.
Ataque y resistencia. Por este delito, de reiterada utilización en la criminalización de la protesta social, también fue indultado en mayo pasado bajo decreto presidencial Adrián Morocho Palta, campesino del Azuay sentenciado a 10 meses de prisión por protestar en 2015, junto a su comunidad, por la decisión de la Agencia Nacional de Tránsito de retirar la tasa solidaria de los requisitos para la matriculación vehicular, la cual se invertía en el mejoramiento de las vías rurales.
Hasta fines de mayo eran 194 los casos que esperaban el indulto o la amnistía por delitos relacionados con la protesta y la defensa de los derechos humanos. Hoy el número ha disminuido en cinco, pues Patricio Meza, quien fuera detenido el pasado 6 de junio, recibió el indulto por parte de Lenin Moreno ocho días después. Lo propio sucedió con Elvis Guamán, Segundo Pilataxi, José de la Cruz y José Tubón, quienes fueron indultados el pasado 23 de junio. Todos pertenecientes al caso de “Los siete de Pastaza”.
Kathy Betancourt, esposa de Meza y coordinadora de CONAIE Mujeres, cree que un indulto no es suficiente. “El Estado a través de sus autoridades debe rectificar y reconocer que hubo un abuso en la aplicación de las normas, que los jueces no debieron actuar sobre esos delitos porque eran improcedentes, menos aún las sentencias”.
Y es que el recurso del indulto es, según quienes consideran injusta su pena, una forma de aceptar la culpabilidad y pedir disculpas por un delito que no cometieron. Con ello coincide Wilson Ordoñez, abogado de la CONAIE, quien cree que el Estado no debería perdonar, sino que “debe dar una indemnización a los afectados y reconocer públicamente su inocencia”.
Pero va aún más allá: “el nuevo gobierno quiere mostrar lo benevolente que es sin reconocer lo que se ha cometido los últimos 10 años. El Estado debe reconocer la falta de independencia de justicia en este país, la indebida utilización del derecho penal para criminalizar defensores de derechos humanos, la política de criminalización que se ha desarrollado y fortalecido los últimos 10 años, los abusos por parte de la fuerza pública a las poblaciones campesinas, rurales, mestizas, indígenas, y que se han iniciado juicios infundados y se ha sentenciado a personas inocentes”.
Y es que con la solicitud de perdón presidencial se reconoce la culpa. Así como Buñay tuvo que demostrar su profundo arrepentimiento por el delito cometido, los criminalizados por la protesta social han tenido que hacer lo mismo, pues el arrepentimiento expreso es un requisito para obtener el indulto, según señala el Decreto 461 de septiembre de 2014, el cual establece el reglamento para otorgamiento del indulto presidencial. Este decreto, a diferencia del 1440, no incluye como impedimento el peculado, sino varios delitos de lesa humanidad.
El indulto inconstitucional
Cuando se conoció la noticia de que Antonio Buñay había sido indultado por el expresidente Correa, la opinión pública se preguntaba ¿cómo se mide el arrepentimiento profundo en un sentenciado por peculado? Es probable que la pregunta quede inconclusa pues el artículo 147.18  de la Constitución que establece las atribuciones del Presidente de la República, señala que este puede “indultar, rebajar o conmutar las penas, de acuerdo con la ley” y no establece ninguna excepción.
Ello en contraste con el artículo 120.3, en el que se señalan las atribuciones de la Asamblea Nacional y en lo referente a indultos establece que “no se concederán por delitos cometidos contra la administración pública”. El peculado está tipificado como un delito en contra de la eficiencia de la administración pública, según el art. 278 del Código Orgánico Penal (COIP).
El jurista Joffre Campaña cree que si se hace una interpretación sistémica de la ley, “¿cómo es que la Asamblea no puede otorgar indultos por delitos contra la administración pública y el presidente sí? La Constitución debe ser entendida de manera global”. Para el abogado, existe una evidente contradicción, por lo cual, el Presidente no está facultado para conceder indultos por peculado.
Según Ramiro García Falconí, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, no es que haya una contradicción entre estos dos artículos, “simplemente que si ya está delimitado el indulto en el artículo 120 no podemos decir que el artículo 147 es una institución diferente, por lo tanto está sometido a las mismas limitaciones”.
Y por ello es que considera que el indulto otorgado a Buñay es inconstitucional.
Para el jurista Juan Pablo Albán, este indulto es inconstitucional pero por otros motivos. Al no existir una ley que establezca las condiciones del indulto presidencial, sino que está regulado vía acto administrativo, como lo es un decreto, esto vulnera el principio de reserva legal, incluido en la Constitución. “Cuando se trata del ejercicio de derechos, en este caso el derecho al indulto por motivos fundados, la reglamentación del ejercicio de derechos debe hacerse por ley”, explica.
Sin embargo, Albán cree que pese a que el indulto es una potestad presidencial y que en teoría puede otorgársela a cualquier persona que haya cometido un delito, el tema no es justificable dentro de otros puntos de vista, más allá de lo jurídico.
“Algún tipo de explicación debería existir para otorgar un perdón a alguien, ahí es donde la cuestión se complica, pues si usted otorga un indulto por razones humanitarias, por razones de persecución política, es una cosa, pero si usted otorga un indulto en razón de que un amigo está en la cárcel por haber cometido alguna trapacería, ya políticamente y moralmente no es justificable”, explica.
Para García Falconí, los decretos presidenciales para aplicación de indulto “desconocen las limitaciones que establece la Constitución y eso nos demuestra que el poder manejado arbitrariamente hace lo que le da la gana”.
Similares observaciones hizo el asambleísta Esteban Bernal durante su intervención en la Asamblea para rechazar tal indulto. “A esta Asamblea la Constitución nos limita, y qué bien que lo haga, a que el indulto sea solo para casos humanitarios y no para casos de corrupción, pero le da al Presidente todas las libertades”. Por ello, dijo, presentará un proyecto de enmienda del artículo 147 numeral 18 de la Constitución “para que en el Ecuador del futuro nunca más un presidente indulte la corrupción”.
Respecto a la solicitud de indulto de Antonio Buñay, se hizo una petición de información al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos para que entregue dicha solicitud y el informe que, según el reglamento para otorgar indultos, detallado en el Decreto 461, debe ser realizado por tal ministerio pues es el encargado de recibir la petición y de emitir una recomendación acerca de la pertinencia del otorgamiento del indulto presidencial. Hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.
También se consultó con el abogado de Buñay, Juan Carlos León, quien dijo desconocer el documento, pues aseguró que su defensa llegó hasta el pedido de casación en la Corte Nacional de Justicia, y que se enteró del indulto a través de los medios. Ello pese a que anteriormente dio declaraciones sobre los detalles de la salida de Buñay de la cárcel, en las que aseguraba que se había reunido con la familia del beneficiado para resolver el pago de la sanción pecuniaria que no le fue perdonada.
El expresidente Correa ya había otorgado con anterioridad otro indulto a un sentenciado por peculado, en septiembre de 2016. Se trata de Luis Xavier García Blandín, quien fue acusado de perjudicar al Estado por 702 dólares, y haberse beneficiado con 120 dólares del Hospital del Niño Francisco de Icaza Bustamante. Por este delito fue sentenciado a ocho años de reclusión mayor en 2012.
El COIP como instrumento de criminalización
Por la misma fecha en la que se concedió el indulto a Buñay, organizaciones como la CONAIE e Inredh iniciaron una campaña pública a modo de petición de indulto para 20 personas con sentencias en su mayoría por delitos asociados a protesta social y defensa de sus derechos, y la amnistía para 174 con procesos penales por causas similares.
“La mayoría han sido procesadas por defender sus derechos de educación, como el libre ingreso a la universidad, o sus derechos territoriales, pidiendo que se realice consulta previa libre e informada en sus comunidades antes del inicio de actividades extractivas, o exigiendo que no se cierren sus organizaciones”, explica Wilson Ordoñez, abogado de la CONAIE.
Ordoñez añade que no han podido abarcar todos los casos, pues se trata de  un proceso tan amplio que les ha desbordado en logística. No obstante, aunque están los casos del ex asambleísta Cléver Jiménez, acusado de divulgar documentos protegidos, y el de varios miembros de una comunidad del Cañar que fueron sentenciados por secuestro extorsivo por, según dijo su defensa, haber impartido justicia al interior de su comunidad, la mayoría de esa lista son indígenas y campesinos procesados por delitos relacionados con la protesta social.
Estas figuras penales, en su mayoría, están establecidas en el COIP como “Delitos en contra la estructura del Estado constitucional”, tipificados dentro las reformas que se hicieron al Código Penal en 2014. Entre ellos están las figuras de paralización de servicio público, asociación ilícita, sabotaje, terrorismo, rebelión, usurpación y retención ilegal de mando, e incitación a discordia entre ciudadanos.


Una de las figuras más utilizadas desde la aprobación de tales reformas es la de ataque y resistencia, tipificada en el artículo 283 del COIP, la cual está dentro de los “Delitos en contra de la eficiencia de la administración pública”, el mismo grupo en el que se encuentra el peculado.
Se trata de una figura ambigua que básicamente dice que la persona que se resista o ataque con violencias o amenazas a un empleado público será sancionada con prisión de mínimo seis meses. Además, describe varias agravantes que van aumentando la pena hasta llegar a los 26 años, si se produce la muerte.
Para Ordóñez, se trata de un tipo penal demasiado amplio, que deja abierta la interpretación. “Cualquier persona que se resista o se oponga es un delincuente, cuando sabemos que es un derecho oponerte a algo que te perjudica”. También cree que su tipificación dentro de los delitos en contra de la administración pública fue parte de una estrategia de criminalización bastante pensada, pues, como se explicó anteriormente, la Asamblea está vetada para otorgar indultos para este tipo de delitos.
La otra figura más utilizada es la paralización de servicio público, lo cual, según Ordoñez, es una forma de quitarle a los indígenas su principal forma de protesta: la toma de carreteras. “Con ello, formas históricas culturales de manifestación se convierten en delitos penales”.
Según Juan Pablo Albán, “lo más fácil en un contexto en el que se busca silenciar al que piensa diferente y enviar un mensaje disuasivo al resto de personas que podrían ejercer su derecho a protestar, es utilizar los instrumentos del derecho penal y convertir esos actos legítimos de protesta en actos ilícitos, y caracterizarlos como terrorismo, sabotaje, desobediencia a la autoridad, etc.”.
Antes de que se reformara el Código Penal, el delito de sabotaje y terrorismo fue la figura utilizada para perseguir a los defensores de sus derechos. En 2011, la revista Vanguardia informaba citando a la fiscalía que en ese año “se produjeron 994 denuncias por terrorismo y sabotaje, siendo Guayas la provincia donde más casos se presentaron con 188. Asimismo, sólo entre enero y febrero de este año (2012), ya se presentaron 128 denuncias similares”.
Los  célebres casos de Mery Zamora, ex presidenta de la UNE y “Los 10 de Luluncoto” fueron precisamente procesados o sentenciados –en el caso de los últimos- por esta polémica figura penal que, supuestamente, fue cambiada debido a presiones de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos (CIDH).
En noviembre de 2012, durante la audiencia temática de la CIDH sobre la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos y derechos de la naturaleza, la delegación de Ecuador aseguró que las reformas legales incluirían la eliminación del Código Penal la tipificación de terrorismo y sabotaje.
Aunque este artículo en efecto fue desechado, ambas figuras no fueron eliminadas del COIP, sino que se tipificaron por separado y además, se incluyeron nuevos delitos como la rebelión, la usurpación y retención ilegal de mando, la destrucción de registros o la incitación a discordia entre ciudadanos, varios de los cuales han sido usados desde 2014 para perseguir y criminalizar a activistas de DDHH y de la naturaleza.
Esto a pesar de que la Constitución garantiza el derecho a la resistencia, el cual incluye también el derecho a la protesta:
Art. 98: Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos.
Tanto Ordoñez como Albán señalan que el derecho a la protesta es, además, el ejercicio de tres derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, que son la libertad de expresión, la libertad de reunión y la libertad de asociación, los cuales han sido vulnerados durante el pasado régimen, como una forma sistemática de acallar a la sociedad civil y a las organizaciones sociales.
Organismos internacionales como la CIDH recomendaron al Estado ecuatoriano que “se archiven los procesos judiciales en contra de defensoras y defensores de derechos humanos que hayan sido iniciados para reprimir, sancionar y castigar el derecho a defender los derechos humanos” (CIDH 2015, 163).
Así también lo hizo el Consejo de DDHH de la ONU en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) realizado en mayo pasado, donde se emitieron 20 recomendaciones a Ecuador sobre evitar la  criminalización de  la protesta social, el abuso de la fuerza pública en las manifestaciones indígenas y el enjuiciamiento a sus líderes y organizaciones de base.
¿Por qué? Por protestar
Según los decretos 32 y 51 firmados por Lenín Moreno, se otorgan los indultos por “la herencia histórica de las luchas de liberación”. De las 19 solicitudes de indulto enviadas, 12 están directamente relacionadas con la protesta social. De estas, las de los hoy indultados Siete de Pastaza estaban en estatus urgente pues eran las únicas con sentencias ejecutoriadas y orden de prisión, por lo cual los imputados estuvieron en la clandestinidad desde septiembre de 2016, cuando la Corte Nacional de Justicia les negó el recurso de casación. No obstante, venían de un proceso de dos años, en el que algunos ya estuvieron detenidos ilegalmente, afirmaron sus abogados.
Estos ciudadanos fueron sentenciados por haber participado en el levantamiento indígena de agosto de 2015, el cual dejó un saldo de 98 procesados penalmente por delitos como ataque y resistencia, sabotaje, paralización de servicio público, e incitación a la discordia ciudadana, según un informe de la CONAIE e INREDH.
La agenda política de estas movilizaciones incluía demandas al gobierno sobre temas laborales, reformas al Código del Trabajo, enmiendas constitucionales, derogatoria de la Ley de Aguas, Decreto 16, archivo de la Ley de Tierras, recuperación de la educación intercultural, rechazo a la política extractivista en los territorios, entre otros.
Varias violaciones a los derechos humanos y al debido proceso fueron denunciadas por diversos organismos sociales y de DDHH; ello no impidió que se sentenciaran 27 personas de las provincias de Pastaza, Cañar, Cotopaxi, Azuay Orellana, Morona Santiago y Loja (Saraguro). Este último reconocido como uno de los casos en los que hubo más abusos por la violenta y desproporcionada represión de la fuerza pública. Por el caso Saraguro hoy esperan el indulto cinco personas, a quienes les dieron 4 años de prisión, pese a que el delito de paralización de servicios públicos tiene una pena máxima de tres. Sus sentencias se encuentran a la espera de casación en la Corte Nacional.
Otro de los casos más cuestionados fue el desalojo forzoso en agosto de 2016 de Nankints, poblado shuar en Morona Santiago, para darcriminalización de líderes y dirigentes indígenas está el del ex asambleísta Pepe Acacho, acusado de terrorismo organizado por supuestamente ser el responsable de la muerte del indígena shuar Bosco Wisum en 2008, durante la toma del Río Upano en Morona Santiago, en el que la policía reprimió violentamente la manifestación por la Ley de Minería y la Ley de Aguas.
También están los tres procesos del presidente de la CONAIE, Jorge Herrera, acusado por los delitos de paralización de servicio público, ataque y resistencia, e incitación a la discordia entre ciudadanos, en el marco del levantamiento indígena de 2015, así como el caso de  El Pambilar en Esmeraldas, en el que varios pobladores están acusados de asociación ilícita y tenencia ilegal de armas, por sus lucha de varios años en contra de la maderera Botrosa.
Estos son apenas una parte de los casos con procesos penales que hoy buscan la amnistía de la Asamblea o el indulto presidencial.
¿Por qué? Por malversar fondos públicos
La respuesta al por qué fue indultado Antonio Buñay por el caso Duzac la dio el ex secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, a los pocos días de conocida la noticia: “Fue un tonto útil”. Y agregó que el verdadero culpable es Pedro Delgado, quien lleva prófugo desde diciembre de 2012, y cuya extradición fue solicitada el 29 de mayo pasado por el fiscal general Carlos Baca Mancheno pese a haber sido sentenciado a ocho  años de prisión por la Corte Nacional de Justicia, junto con los otros cinco imputados, en abril de 2015.
Como presidente del Banco Central y del Fideicomiso AGD-CFN No más impunidad, Delgado presionó para el otorgamiento del crédito por $800.000 al ciudadano argentino Gastón Duzac, según determinaron las investigaciones. Para los jueces de la Corte Nacional que llevaron el proceso, Delgado “generó la idea criminal y convenció deliberadamente a los demás acusados para ejecutar la apropiación indebida de dineros públicos”.
No obstante, según la justicia, la responsabilidad de Buñay estaría al mismo nivel que la de Delgado, pues como presidente ejecutivo de Cofiec “dispuso que sea aceptada la solicitud de préstamo para Duzac sin cumplir con la normativa interna del banco. El fiscal Galo Chiriboga demostró que Buñay ejerció abuso de autoridad a sus subalternos, a sabiendas de que esa solicitud no contaba con sustento legal, y cuando las ex gerentes de crédito y de riesgos se negaron a firmar la operación de crédito, fue Buñay quien las sumilló en su lugar”, reza un boletín de la Fiscalía.
Patricia Sandoval, exgerente de crédito, y Jackeline Jiménez, exgerente de riesgos de Cofiec declararon, en efecto, haber recibido presiones del expresidente ejecutivo del Banco Cofiec, Antonio Buñay y de Francisco Endara, representante del Fideicomiso AGD No Más Impunidad. No obstante, ambos aseguraron haber sido presionados a su vez por Delgado.
El caso se dio a conocer en el 2012 cuando se iniciaron las indagaciones por la mora en el pago de dicho crédito que tenía como plazo seis meses. Por entonces, una investigación de revista Vanguardia destapó toda la trama de corrupción dentro de la entidad financiera estatal. Se supo de toda la serie de irregularidades que iniciaron con la aprobación en 24 horas del crédito que Duzac había solicitado para un proyecto de billetera móvil, una especie de plataforma de dinero electrónico para pagos de servicios.
La solicitud de crédito se había hecho antes de que Duzac abriera una cuenta en dicha entidad. Luego se supo que las garantías que presentó eran de Seguros Rocafuerte, una empresa administrada por el Estado. Dos días antes de que venciera el plazo de pago, se cambiaron esas garantías por las de Agrícola Las Mercedes, administrada por el fideicomiso AGD-CFN No más impunidad.
El dinero fue transferido a dos cuentas en los EEUU, a nombre de dos ciudadanos argentinos a quienes nunca se investigó, pese a que nunca fue cancelado el préstamo en su totalidad. Antes de que se venciera el plazo de pago, Duzac salió del país y desde entonces está prófugo en su natal Argentina. Según un informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de 2013, se hicieron dos pagos en agosto y diciembre de 2012 por $90.000, a través del abogado de Duzac, pero, según la propia UAF, “sin explicación razonable del origen de los fondos”. Es decir, no se sabe quién canceló ese dinero.
En el 2014 se hace otro abono con un cheque por 380.908,50 dólares, el cual sumado al anterior, dan 470.908,50 dólares. Ese fue el último pago que se hizo, y no se conoce que se haya buscado la cancelación del resto del dinero en todo este tiempo. El entonces fiscal Galo Chiriboga declaró que inició una investigación para conocer el origen de los fondos, por un posible lavado de activos, pero nunca se conoció el resultado.  Ese mismo año se había iniciado el proceso de extradición de Duzac, el cual nunca se llevó a término.
Según la investigación del exasambleísta Andrés Páez, detallada en el libro Duzac: Atraco e impunidad, el argentino habría llegado al país por las gestiones de su compatriota Pedro Elosegui, antiguo compañero de la Universidad de Ilinois del expresidente Correa. “Elosegui comenzó a moverse en Ecuador para concretar algunos negocios, como la instauración de la billetera móvil y varias propuestas para el banco incautado Cofiec”, vinculación que el exmandatario siempre ha negado.
En el 2014, Delgado enviaba una carta desde Miami en la que responsabilizaba a su primo de todo: “Como lo indiqué en el escrito presentado a la Fiscalía, nunca he negado que pedí al señor Antonio Buñay se reúna con Gastón Duzac, Pedro Elosegui y otros empresarios argentinos, ya que dicho pedido correspondía a instrucciones directas que recibí del Presidente de la República, a partir de la visita de un grupo de empresarios argentinos a Ecuador, los cuales tenían varios proyectos, solicitándome atenderlos”. Posteriormente en una entrevista dada en marzo de este año, lo calificó de traidor.
Correa al respecto dijo que su primo es un “delincuente y farsante” que busca hacerle daño y rechazó cualquier tipo de responsabilidad. En otra ocasión calificó a la entrega del crédito como simples “pillerías”.
Además de Buñay, fueron declarados culpables por el delito de peculado y sentenciados a ocho años de reclusión, Francisco Endara, cuñado de Pedro Delgado y exsecretario técnico del fideicomiso AGD-CFN No más impunidad, quien fue capturado en marzo del 2014, y hoy en día el único que cumple la sentencia. Pedro Delgado y el argentino Gastón Duzac, que están prófugos. Los otros dos inculpados, Marcelo Ordoñez, ex gerente de finanzas de COFIEC y Pedro Zápac, expresidente de Seguros Rocafuerte, interpusieron una acción extraordinaria de protección, la cual hasta el día de hoy no ha sido resuelta, por lo que continúan libres.
Según Juan Carlos León, abogado de Buñay, existió una mala aplicación del artículo 257 del COIP que refiere al peculado, pues según él, su defendido no tenía la capacidad de autor. “En algún momento increpé al Fiscal General y le dije que me indique en qué momento Antonio Buñay otorgó el crédito, pero aquella circunstancia jamás se determinó. Entonces, de alguna u otra forma el caso resultó un tanto político y a la final los resultados son evidentes, que concluyeron incluso con un indulto”. Para León, los verdaderos culpables son los miembros del directorio de COFIEC, por lo que Buñay sería una especie de cómplice. No obstante, pese a que fueron llamados a juicio, los cuatro miembros del directorio fueron sobreseídos.
Antonio Buñay, quien fuera detenido en noviembre de 2015, en total pagó un año y medio de su pena. Se intentó conseguir una entrevista con él, sin embargo, su abogado aclaró que él no quería dar declaraciones y que quería disfrutar de su libertad y mantenerse bajo perfil.

Fernando Villavicencio
Christian Zurita Ron
A partir de la liberación de nueva información en los tribunales brasileños y con la firma del acuerdo entre la Fiscalía de Ecuador y Odebrecht, se tuvo acceso a varios expedientes, emails, audios, transferencias bancarias, declaraciones de detenidos, delaciones premiadas, entre otras evidencias, que conducen a identificar responsabilidades al más alto nivel del poder político de Ecuador. El país andino espera ver esta historia completa, “caiga quien caiga“, como ha ofrecido el presidente Lenin Moreno.
La primera figura del gobierno de Alianza País en caer por el escándalo de corrupción Lava Jato, fue el exministro de Electricidad, Alecksey Mosquera Rodríguez (abril de 2017), acusado de haber recibido U$1millón de Odebrecht, para la adjudicación del proyecto hidroeléctrico Toachi — Pilatón, según delación de Fabio Andreani Gandolfo y Fernando Fernandes Meias Bessa, ejecutivos de Odebrecht. Sin embargo, algo no revelado hasta ahora era que, la negociación de ese contrato se inició con Rafael Correa Delgado, cuando fue ministro de Finanzas en el gobierno de Alfredo Palacio, en 2005, según consta en uno de los cables de Itamaraty hasta ahora desconocidos en el país, que esta publicación pudo conseguir.
De acuerdo con el informe del Embajador de Brasil en Quito, Sérgio Augusto de Abreu e Lima, en reunión del 16 de mayo de 2005 entre Rafael Correa y ejecutivos Odebrecht, se convino en la construcción de la central hidroeléctrica Toachi — Pilatón; en una modificación del aeropuerto del Tena; y, en un crédito de 40 millones de dólares. Según lo manifestado por el diplomático, el acuerdo con Correa garantizaba que Odebrecht participaría, como “primer oferente“ y que la oferta brasileña sería sometida a un modelo “swiss challenge”. El referido cable tiene tres páginas y en uno de los párrafos se destaca la prioridad que le dio al proyecto el entonces ministro Correa y el afán de viabilizar Toachi — Pilatón “en el más breve plazo posible“.
“El ministro Correa confirmó las prioridades que atribuí al proyecto, dio señales positivas en cuanto a la participación brasileña en la construcción y determinó qué asesores acompañarán el desarrollo de los acontecimientos para viabilizar la hidroeléctrica Toachi-Pilatón, en el más breve plazo posible“.
Alecksey Mosquera con Rafael Correa y Baroja firmando el contrato.
Tres meses después de esa reunión el prefecto de la provincia de Pichincha, Ramiro González (entonces aliado de Correa), adelantaba una resolución dejando en el camino a la competidora Impsa y abriendo paso a la constructora brasileña. La firma del contrato solo se pudo realizar en 2007 una vez posesionado Rafael Correa, como Presidente, y mientras Alecksey Mosquera ocupaba la cartera de Electricidad.
En defensa de Alecksey Mosquera salió el expresidente Rafael Correa: se trata de un “pago entre privados“ dijo, señalando que la transferencia del millón de dólares se hizo en 2011, cuando ya no era ministro, lo cual fue desmentido con los informes de la policía de Andorra. En efecto, según el referido informe policial, el pago del millón de dólares fue realizado en 2008 mediante transferencias de la offshore Klienfeld (Odebrecht) a la cuenta de Tokio Traders y, de esta, en 2011 a Percy Trading, dos empresas de Marcelo Endara, tío político de Alecksey Mosquera. Finalmente, con ese dinero supuestamente se adquirió maquinaria que acabó el 2012 en la empresa Truenergy, de propiedad de Alecksey Mosquera y Santiago Játiva, operador del contrato de la autopista Ruta Viva, suscrito con Odebrecht en la administración del alcalde de Quito, Augusto Barrera (Alianza País).
Jorge Glas dice que casi sacó a patadas a Marcelo Odebrecht de su oficina. Odebrecht no ha dado su versión de las escena.
Tras la ruptura de 2008 por los problemas en la central San Francisco ( en el centro del país), vino un período de negociación hasta la firma del acuerdo de retorno en 2010, siempre bajo la tutela política de Lula y Correa. Aunque en el plano empresarial, las figuras descollantes fueron las de Luiz Antonio Mameri, el poderoso rostro de Odebrecht que, luego de salir de Ecuador, ya como vicepresidente de la empresa supervisó el sector de operaciones estructuradas — el área encargada de organizar, administrar y ejecutar el gigantesco programa de sobornos de la corporación; y Jorge Glas Espinel, el responsable de los sectores estratégicos del gobierno de Alianza País.
Sin duda, muchos servidores públicos que ocuparon cargos relevantes, tiemblan al escuchar el nombre de Luis Antonio Mameri. Tiemblan porque fue el ejecutivo que labró su carrera en Ecuador y conoce tan cerca el país que lleva en su memoria los nombres de todos los sobornados.
Mameri forjó su historia en Ecuador, en la primera década de este siglo logró concretar importantes proyectos como centrales hidroeléctricas, sistemas de riego y control de inundaciones, trasvases de aguas y un aeropuerto en la Amazonia, todos por no menos de 800 millones de dólares hasta antes del retorno. Luego del conflicto, Mameri retornó a Brasil con un cartel de amplia experiencia y que le encaminaron a la presidencia de operaciones en la región. Desde su nuevo cargo debió seguir con detenimiento la negociación para el retorno de Odebrecht a Ecuador que, paradójicamente, tuvo como contraparte a Jorge Glas Espinel, el hombre con el que no llegaron a un acuerdo en 2008.
Para entonces Glas tenía más poder y a inicios de 2010 se hizo cargo del Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos que controla la generación de energía y los recursos no renovables como agua, minería, petróleo. Todos los contratos en las áreas estratégicas cuentan con el visto bueno de Jorge Glas, quien fuera delegado por Correa a los directorios de las empresas petroleras. En esa condición, Glas aprobó la firma de tres contratos, dos en la refinería del Pacífico por un monto superior a U$ 600 millones y en Petroecuador el contrato del poliducto Pascuales — Cuenca, por un monto que llegó igualmente a U$ 600 millones.
Jorge Glas en el poliducto Pascuales Cuenca, otra obra cuestionada por su costo final.
Ciro Morán Maridueña es pariente político de Jorge Glas. Con su firma, se concretó el regreso de Odebrecht, que recibió una bienvenida recargada de contratos del Estado
Parentesco confirmado. La relación de Ciro Morán Maridueña con los Glas viene del lado de su hermana por el lado materno.
El 8 de julio de ese año el acuerdo estaba firmado. Para eso Glas delegó a Ciro Camilo Morán Maridueña, gerente de la empresa pública Hidropastaza, que manejaba la deteriorada central San Francisco. Hace siete años nadie sabía que Morán Maridueña estaba ligado familiarmente a Jorge Glas. El caso es que su primo hermano, Pablo Heriberto Glas Rodríguez, está casado con Marianela Salazar Maridueña, que es media hermana de Ciro Camilo Morán Maridueña. Jorge Glas nunca hizo relación alguna al hecho de haber permitido el regreso de Odebrecht (luego de toda la corrupción denunciada por la prensa) con la firma de alguien cercano a su entorno familiar. Luego de firmar el acuerdo con Odebrecht Morán Maridueña estuvo al frente de Ecuador Estratégico e Hidrolitoral, empresas públicas bajo el mando de Jorge Glas.
Por el lado de Odebrecht, el acuerdo fue asumido por José Santos Filho, un ejecutivo que actuó basado en la experiencia de Mameri y que recibió sendos poderes para representar a la empresa en Ecuador. El ejecutivo brasileño grabó videos con políticos ecuatorianos y los presentó ante la justicia para reducir su pena, los cuales fueron ya entregados a la Fiscalía de Ecuador. (desplegar documento)    
U$ 857 MILLONES EN SOBRECOSTOS
Luego de la firma del convenio de regreso en 2010, Odebrecht se comprometía a reparar las fallas en San Francisco y al pago de U$ 20 millones de indemnización. Así se archivaron glosas por U$ 80 millones y una demanda internacional por U$ 250 millones quedó en amenaza. Superado el impasse, Odebrecht volvió recargada. A los U$ 800 millones que tenía en contratos, antes de la expulsión, logró sumar otros por U$ 3.300 millones. Hasta la fecha Odebrecht ha manejado en Ecuador montos que superan los U$ 4.100 millones y de acuerdo con investigaciones periodísticas los sobrecostos llegan a U$ 857.115.578,51. Esta cifra no incluye incrementos en los contratos de la Ruta Viva y el Metro de Quito.
A raíz de la firma del acuerdo con Ecuador el 8 de junio de 2017, Odebrecht hizo público un comunicado en el que ofrece disculpas y confirma la entrega de información sobre los sobornos. Casi de forma simultánea se practicaron allanamientos a varias propiedades, se extendieron órdenes de prisión y se ejecutaron detenciones. La principal fue la captura del exintendente de Telecomunicaciones del régimen de Correa, Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glas, acusado de recibir U$ 13 millones en sobornos, cuyo proceso fue declarado bajo “reserva de estado“. La vivienda del reelecto Contralor del Estado, Carlos Pólit, también fue allanada, pero el funcionario había salido del país horas antes y luego desde Estados Unidos presentó la renuncia al cargo. Se emitió también un boleta de captura en contra del exministro Walter Solís, cuyo paradero se desconoce.
Un ambiente de nerviosismo se vive en Ecuador en especial al interior del movimiento de gobierno, cuando se sabe que decenas de nombres de altos funcionarios y exfuncionarios públicos constan en la información entregada por Odebrecht y en las delaciones y videos de ejecutivos como Luis Antono Mameri y José Santos Filho, entre otros, aún por revelarse.
El flamante fiscal general Carlos Baca Mancheno (ex asesor del ex presidente Correa), aseguró que Odebrecht conseguía los contratos a través de una “aparente legalidad“ y desarrolló un esquema en el que la mayor parte del dinero no pasó por el sistema financiero ecuatoriano, por eso no se pudo rastrear, precisó. Sin embargo, información obtenida por nuestro equipo de investigación, pudo identificar por el momento, al menos 1 millón de dólares presuntamente transferidos desde Ecuador, cuyo destino fue una cuenta en el Multibank perteneciente a Constructora Internacional del Sur, la offshore de Odebrecht en Panamá.
Los documentos identifican cuatro transferencias, entre marzo y septiembre de 2007 por un monto total de U$1076.610,16. Las acreditaciones se efectuaron desde la cuenta 0816–04730 del Produbanco en Panamá y fueron ordenadas por el cliente Livro S.A., una empresa localizada en Quito en las calles Reina Victoria y Cristóbal Colón, aunque no se determinó un piso ni número de oficina. El cliente beneficiario fue Constructora Internacional del Sur en su cuenta 10012106877 del Multibank.
Las transacciones se canalizaron en marzo ($260.826,73) como aporte inicial para capital de operación; en abril ($315.776,19) como aporte de capital; en agosto ($300.127,91) y septiembre ($199.879,33) como reembolso de gastos. Livro S.A., que no está registrada en la Superintendencia de Compañías de Ecuador, tampoco es conocida en la dirección que establece el Multibank para las transferencias internacionales.
De la información revisada hasta el momento, al menos cuatro empresas domiciliadas en Suiza, República Dominicana, España y Ecuador, realizaron transferencias a cuentas de la offshore Constructora Internacional del Sur, por una cifra superior a U$ 9 millones: Smith anda Nash Engineering Co. Inc (Suiza)., por U$ 4 millones 775 mil; Townbu Corporation por U$ 1 millón 800 mil; Livro SA/Ecuador, $ 1 millón 76 mil 610; Ludingdale Inve/República Dominicana por U$ 512 mil 820.
La offshore Constructora Internacional del Sur registró dos cuentas en el Multicredit Bank. La una se creó en 2007 y se cerró en 2009, la segunda se abrió en 2008 y se cerró en junio de 2010. Las transferencias internacionales que realizó Constructora Internacional del Sur tenían como destino islas del Caribe como Antillas, Cayman, Curacao Netherlands, pero también a otras partes del mundo, como Andorra, Perú, Estados Unidos y ciudades de China. El firmante de la cuenta principal es Olivio Rodríguez Junior, así como su “beneficiario final”, según este declaró al banco.
Estas operaciones financieras con entidades offshore; los incrementos en los costos de las obras (U$ 857 millones); la participación de Rafael Correa, Jorge Glas y altos mandos políticos en la negociación para el retorno de Odebrecht y en la firma del contrato de Toachi — Pilatón, revelados en esta investigación, exigen respuestas del poder judicial y político de Ecuador.

Tomado de https://ecuadortransparente.org/correosmera/
Sendos correos electrónicos filtrados de la cuenta de Alexis Mera Giler, el ex secretario jurídico de la Presidencia de la República, revelan que influyó sobre Carlos Pólit, el contralor general del Estado y los funcionarios de esa entidad que examinaban los procesos de terminación de los contratos de Fabricio Correa en el caso llamado El gran hermano.
Se trata de una serie de correos electrónicos que intercambiaron Jorge Tapia, patrocinador jurídico del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y Alexis Mera, entre junio y diciembre de 2013. En ellos Tapia le informa de la situación y avance de los juicios de Cosurca, Consorcio Amazónico y Consorcio Puentes y Vías.
A uno de los mails Jorge Tapia le anexó documentos jurídicos de esos juicios y, además, los nombres de los jueces a cargo de cada causa. Evidencia además cómo Tapia pidió la intervención de Mera contra Margoth Flores, auditora jefe de la dirección de auditoría de sectores estratégicos de la Contraloría General del Estado porque hacía demasiadas preguntas al investigar la legalidad de la terminación de los contratos de Fabricio Correa
Tapia le pidió a Mera hablar directamente con CP, se sobreentiende Carlos Pólit, entonces contralor. Mera responde escuetamente los correos, pidiendo más información, y al seguir avanzando cronológicamente, se sobreentiende que ya resolvió la situación. Todo ello comprobado pues, Fabricio Correa, en efecto, perdió todos los juicios  que interpuso en contra el estado.
En la correspondencia se encuentran mensajes como este: “Preocupa que esta señora siga fregando en el MTOP y que el informe (adjunto) siga vigente, porque podría ser una bola de nieve con el tiempo. Esa señora es un peligro, pero mucho mas el informe mientras ella misma no lo deje sin efecto”.

Otros correos en los que Jorge Tapia y Marcos Iván Caamaño Guerrero, abogado coordinador general jurídico de MTOP, le comentan a Alexis Mera que la auditora Margoth Flores volvió a pedir un examen. Tapia le dice que al parecer Flores no le hizo caso a CP (Carlos Pólit) o este no hizo caso al pedido que él (Alexis Mera) le hizo.
En septiembre de 2009, luego de conocerse la serie de contratos ilegales que Fabricio Correa tenía con el Estado, el hermano del expresidente declaraba que Alexis Mera estaba presionando para liquidar a Cosurca, una de las empresas que se comprobó le pertenecían y que tenía contratos con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas MTOP, pocas fueron las miradas que se posaron sobre el entonces Secretario Jurídico de la Presidencia.
Por esos días se había destapado, gracias a una investigación publicada en junio de 2009 por Diario Expreso, la adjudicación de cuatro contratos a Fabricio Correa, a través de dos compañías: Cosurca y Megamaq, y las alianzas de empresas Consorcio Amazónico y Consorcio Puentes y Vías, a las que pertenecían las dos empresas antes mencionadas. Tales contratos claramente contravenían el artículo 62.2 de la Ley Orgánica Nacional de Contratación, el cual prohíbe celebrar contratos públicos a quienes guardan relación de parentesco por consanguinidad con el Presidente de la República o funcionarios del Estado.
Aunque el expresidente Correa trató de defender en primera instancia a su hermano, expresando frases como “que me demuestren qué de ilegal tienen estos contratos y en qué se ha perjudicado al país”, más tarde se viró en su contra, como parte –según varias voces y los propios periodistas que hicieron la investigación- de una estrategia de cortina de humo para tapar el fondo verdadero de la adjudicación de tales contratos que nunca fueron investigados a fondo ni por la Contraloría, ni la Fiscalía, ni la Asamblea.
Como una manera de paliar el escándalo que se había generado tras la investigación periodística de Christian Zurita y Juan Carlos Calderón, el MTOP decidió terminar los contratos unilateralmente y así dar por concluido el tema. Y es aquí en donde empieza el entramado de manipulación de la justicia que gracias a un documento entregado por fuentes confidenciales ha revelado la forma en la que actuaba Mera para influenciar sobre juicios, jueces y sentencias.
Fabricio Correa tenía razón respecto a los intentos de Mera de liquidar una de sus empresas –de las que posteriormente su representante negaría inútilmente cualquier vinculación- pero lo que quizás no se conoció públicamente es que el ex Secretario Jurídico de la Presidencia movió las fichas en la mayoría de juicios que el hermano del expresidente, a través de las empresas contratadas por el MTOP, interpuso en contra de dicho ministerio por incumplimiento de contrato, y por daños y perjuicios por la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento de los contratos;  además de otra demanda al INCOP (Instituto Nacional de Compras Públicas) por su inclusión en el registro de contratistas incumplidos.
Fueron diez en total los juicios que se ventilaron en los tribunales distritales de lo Contencioso Administrativo de Quito y Loja, por los contratos para la rehabilitación de la vía El Empalme-Celica, la reconstrucción plan Milagro-Gualaquiza, la reconstrucción de la vía Alamor-Lalamor, la edificación del puente sobre el río Paute y por la carretera Arenillas puente Puyango-Alamor-Zapotillo-Lalamor.
De ellos, los dos primeros juicios en tener sentencia ejecutoriada a favor del MTOP fueron los juicios 215 y 230 de Cosurca y Consorcio Amazónico, respectivamente, a los cuales les fue negado el recurso de casación.  El intercambio de correos incluye un pasaje al respecto, del 10 de octubre de 2013, en el que Mera le escribe a Rafael Correa con copia a Fernando Alvarado lo siguiente:
“La Corte Nacional de Justicia ha declarado en definitiva instancia que Fabricio Correa no podía contratar con el Estado, a través de Cosurca y que no tiene derecho a indemnización alguna por la terminación unilateral. Con esto la teoría del “tongo” para beneficiarlo que decía Pinoargote y los periodistas que hicieron el libraco, se tumba… Te felicito…”
 Rafael Correa le responde: “Para redes y Recordando las mentiras”, a lo que Fernando Alvarado contesta: “Copiado presidente”.
Aquí las capturas de pantalla de tales correos, en orden cronológico inverso:

Con estos correos claramente se devela la estrategia de cortina de humo y propagandística con la que se manejó el caso Fabricio Correa y sus contratos con el Estado. Según tales comunicaciones, aquellos fallos de la Corte Constitucional servirían para despejar todas las suspicacias de la prensa alrededor de los contratos, al referirse a Alfredo Pinoargote y a los “periodistas que hicieron el libraco”, que se sobreentiende, son Calderón y Zurita, quienes publicaron El Gran Hermano, libro en el que detallaron todo el caso. Además, Correa pide a Alvarado una estrategia en redes con esa información, y que se la incluya en el segmento de la sabatina “Recordando las Mentiras”, consigna que se puede apreciar en estos videos:
https://www.youtube.com/watch?v=gLjZIwKHaMQ
https://www.youtube.com/watch?v=zJDooCK1In4
https://www.youtube.com/watch?v=s4FYgkjVT6c
Los juicios de las empresas de Fabricio Correa no fueron los únicos que fueron influenciados por el ex secretario jurídico. Un último intercambio de correos entre Tapia y Mera devela que este también incidió en los fallos de la Corte Nacional de Justicia, respecto al recurso de casación que presentó el INCOP por haber perdido el juicio que le interpuso Constructora Carvallo, una de las dos empresas que formaba parte del Consorcio Amazónico (la otra era Cosurca).
El fallo de este juicio fue a favor de la constructora, por lo cual se le impuso al INCOP el pago de una indemnización a la empresa y que la borrase del registro de contratistas incumplidos. Con ello, la el Tribunal Contencioso Administrativo no.3 de Cuenca se convertía en la primera instancia judicial que fallaba a favor de una de las empresas demandantes, pero no por mucho tiempo.
En los correos, Mera le pide a Tapia que le envíe tal sentencia y con ello concluye el documento que se adjunta a esta nota. No obstante, las gestiones de Mera rindieron frutos: la sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia aceptó el recurso de casación del INCOP y con ello se desechó la demanda presentada en marzo de 2013 por Manuel Arturo Carvallo Estrella, representante de Constructora Carvallo. Esta resolución fue emitida junio de 2015.
A día de hoy la Constructora Carvallo consta con estatus de activa en la Superintendencia de Compañías, mientras que Cosurca registra inactividad desde agosto de 2012 y Megamaq registra disolución en marzo de 2016. Ni Consorcio Amazónico, ni Consorcio Puentes y Vías constan en tal superintendencia. Fabricio Correa no figura como accionista de ninguna de estas empresas.

Milagros Salazar y Aramís Castro/Convoca
Flávio Ferreira/ Folha de Sao Paulo
Reporteros de Investiga Lava Jato’*
Convoca.pe
Odebrecht, el gigante de la ingeniería civil de Brasil hoy investigado por pagos de de sobornos, atravesó el territorio de América Latina y África con la construcción de trenes colosales, puentes, carreteras interoceánicas, represas, gasoductos, túneles y un aeropuerto con incrementos millonarios de presupuesto marcados por irregularidades, secretismo y hasta la elaboración de normas especiales que favorecieron a la empresa.
En siete países en los que la compañía confesó el pago de sobornos a funcionarios e intermediarios, más de 50 obras realizadas por la constructora tuvieron costos adicionales por más de 6 mil millones de dólares en relación a los valores iniciales de los contratos entre 2001 y 2016, como lo revela el análisis de la base de datos construida por veinte periodistas que participan en el proyecto colaborativo ‘Investiga Lava Jato’.

La mayoría de los incrementos de presupuesto fueron por extensiones de plazos, obras adicionales y alteraciones de ingeniería, que en varios casos se encuentran bajo investigación por la justicia. Estas operaciones extras no pasaron por concursos públicos y se mantuvieron en manos de la constructora brasileña y sus socias mediante reiteradas modificaciones a los contratos o normas especiales que se saltaron las leyes de contrataciones.
De este número de obras con saltos presupuestales en Perú, Panamá, República Dominicana, Ecuador, México, Colombia y Mozambique, 31 se encuentran investigadas por el Ministerio Público o la Contraloría de estos países. Es decir, el 61 por ciento del número total.  Mientras que siete de estas obras, el 23 por ciento, aparece en las planillas de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht conocida como la “Oficina de Sobornos”, de acuerdo al análisis de los documentos realizado por los periodistas de ‘Investiga Lava Jato’.
Si se suma a los costos adicionales de los siete países del ranking, solo el incremento del presupuesto de la primera etapa de la obra emblemática de Argentina, el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, el monto total supera largamente los 7 mil millones de dólares. El funcionario argentino a cargo de la Unidad Ejecutora de la obra, Osvaldo Selzer, elaboró un informe que expuso un supuesto sobreprecio de mil millones de dólares entre lo que exigían las empresas del consorcio de Odebrecht y lo que determinaban los ingenieros del Estado.
Las obras de Argentina no se han incluido en el ranking de los incrementos de presupuesto debido a las marcadas diferencias en el tipo de cambio a dólares en los últimos años en este país donde se ha registrado una importante inflación. Sin embargo, como parte de esta investigación, publicamos un amplio informe sobre las irregularidades, costos adicionales y pagos de Odebrecht de la ‘Oficina de sobornos’ asociados a los proyectos (Ver: ‘La multiplicación de los costos en las obras de Argentina’).

Perú encabeza el monto de los incrementos presupuestales con más de mil 900 millones de dólares en 16 obras, lo que representa el sueldo de más de 7 millones de peruanos

En el caso de Venezuela, el acceso a los contratos ha sido nulo por la falta de transparencia en este país. Odebrecht en Caracas informó que su catálogo en Venezuela incluye un total de 21 obras de infraestructura de gran dimensión y complejidad, de las cuales 11 ya fueron concluidas y entregadas y el resto se encuentran activas y en ejecución. Hasta el cierre de este informe, la empresa no mostró las cifras para determinar los sobrecostos (Ver ‘Contratos millonarios sin rendición de cuentas en Venezuela’).
La organización no gubernamental Transparencia Venezuela presentó el 17 de marzo de 2016 un recurso ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que consta de cinco demandas “para exigir la publicación de todos los contratos suscritos entre el Estado venezolano” y Odebrecht, Queiroz Galvão, Camargo Corrêa y Andrade Gutiérrez. De acuerdo con la ONG, cuatro de estas demandas fueron declaradas “inadmisibles” por el máximo tribunal.
A pesar del secretismo, los periodistas de Runrun.es y El Pitazo.com que forman parte de ‘Investiga Lava Jato’ descubrieron que en las planillas de Odebrecht de la División de Operaciones Estructuradas aparecen pagos asociados a obras por más de 13 millones de dólares.
Con las obras de Argentina y Venezuela el número de obras detectadas por nuestro equipo en las planillas de la ‘Oficina de sobornos’ de Odebrecht asciende a 14.
En diciembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos divulgó un documento en el que describe que los sobornos indicados por la contratista están relacionados "a más de 100 proyectos en doce países".
El informe indica el pago de sobornos a autoridades de Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela.
En varios de estos países, hay investigaciones de las autoridades locales sobre los aumentos en los precios de las obras de la empresa. La mayoría de los proyectos son de infraestructura.
Líderes de millones
Perú encabeza el monto de los incrementos presupuestales con más de mil 900 millones de dólares en 16 obras, lo que representa el sueldo de más de 7 millones de peruanos, la mayoría de los ciudadanos que viven en la capital del país, Lima.
En el territorio peruano, Odebrecht intensificó sus operaciones con la ayuda de funcionarios de los últimos tres gobiernos que hoy son investigados por el pago de coimas, entre los que aparece el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) que se encuentra prófugo de la justicia. Las autoridades lo investigan por un presunto pago de 20 millones de dólares de Odebrecht por el tramo 2 y 3 de la carretera Interoceánica que aparece entre las diez obras con mayor incremento de presupuesto.
En el tramo 2 el presupuesto creció de 263 millones de dólares a un poco más de 688 millones, es decir, un aumento que va camino a triplicar el monto.

De las 71 adendas a contratos firmados con Odebrecht en 11 proyectos de infraestructura ejecutados en los tres últimos periodos de presidenciales, 34 de estos documentos se suscribieron durante la gestión de Alejandro Toledo (2001 – 2006). Catorce de estas modificaciones fueron por incremento de presupuesto con un monto superior a los 40 millones de dólares en total.
Durante el gobierno de Alan García (2006 – 2011) se firmaron 24 adendas, de las cuales 12 aprobaron sumas adicionales al presupuesto de las obras, que superaron los 355 millones de dólares.
En el régimen gubernamental de Ollanta Humala (2011 – 2016) se suscribieron 13 adendas y ocho de éstas sirvieron para autorizar incrementos de presupuesto de las obras por encima de 189 millones de dólares.
Pero las adendas a los contratos no han sido la única modalidad para garantizar los incrementos de presupuesto a favor de Odebrecht.
En el caso de los dos tramos del Metro de Lima, el costo de la obra se disparó en más de 400 millones de dólares mediante la aprobación de normas especiales en manos del gobierno de Alan García, quien se reunió en fechas claves del proceso de adjudicación de la obra en Palacio de Gobierno con Marcelo Odebrecht y el entonces representante de la empresa en Perú, Jorge Barata.
De acuerdo con las investigaciones de los fiscales peruanos, Odebrecht pagó sobornos por el Metro de Lima a funcionarios del gobierno de García mediante empresas offshore.
La Contraloría General de la República en Perú ha establecido que las irregularidades en obras ejecutadas por la firma Odebrecht, entre 1998 y 2015, ocasionaron al país un perjuicio económico por 283 millones de dólares.
Voceros de la empresa en Perú respondieron a Convoca vía correo electrónico que "los adicionales de obra o adendas a los contratos requieren de un análisis exhaustivo por cada caso. (…) Los cambios presupuestales son fundados y reglamentados en la Ley de Contrataciones del Estado y por lo tanto son mecanismos oficiales practicados por el sector de infraestructura".
Convoca ha solicitado de manera reiterada, mediante la Ley de Transparencia, los informes técnicos de las adendas que sustentan el incremento del presupuesto al Ministerio de Transportes en Perú. Pero hasta el momento no entregan los documentos.
Proyectos colosales
De las diez obras con mayor incremento presupuestal, el 70 por ciento pertenecen a Perú y Panamá. En el caso de este último país los costos adicionales en doce obras superan los mil 700 millones de dólares.
En diez años y durante tres gobiernos, Odebrecht obtuvo contratos en Panamá por unos 9,226 millones de dólares en obras públicas. Tres adjudicaciones por más de 500 millones de dólares con el expresidente Martín Torrijos, 14 proyectos por más de 5 mil millones de dólares con Ricardo Martinelli y tres más con Juan Carlos Varela, otorgadas luego de que se desatara el escándalo Lava Jato, por más de 2 mil millones de dólares. Los tres integran el ranking de los 10 presidentes de América Latina que adjudicaron el mayor número de obras a Odebrecht.

Las coimas que se conocen hasta ahora en Panamá ascienden a 59 millones de dólares y abarcan el período 2010-2014, según documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El contralor panameño Federico Humbert dijo que los sobornos superan ese monto y ese tiempo: "‘Yo no creo que son 59 millones de dólares, cuatro personas y una sola empresa. Son más, muchas personas y múltiples empresas"
La obra más cuestionada fue la Cinta Costera, también llamada la "Cinta coimera", que generó polémicas por los sobreprecios, la sospecha de coimas y el mecanismo implementado. La obra cambió el rostro de la ciudad, no solucionó el problema y es el mejor ejemplo de la institucionalidad destruida.
La primera fase de la construcción se inició en 2007 y costó 189 millones de dólares. Esa licitación fue diseñada para empresas con facturación mínima de 100 millones de dólares anuales, lo que dejaba fuera de competencia a empresas locales.
En 2009, por una adenda al contrato original, se ordenó la extensión, llamada Cinta Costera II, por 52 millones de dólares. Salió tan cara por kilómetro cuadrado como las obras de ingenierías más avanzadas de Europa: el Estado pasó de pagar 3.2 millones de dólares por hectárea rellenada, a 5.2 millones de dólares. La obra sumó 271 millones de dólares.
Después vino la Cinta Costera III. Dos años después, en 2011, el presidente panameño Ricardo Martinelli licitó un túnel bajo nivel por 776 millones 918 mil 389 dólares. Pero, sin adecuar modalidad y por el mismo dinero, terminó haciendo un viaducto que en los hechos cuesta mucho menos, pero se pagó igual. El Estado terminó pagando 782.1 millones de dólares y esta etapa del proyecto adoptó un nuevo nombre: la “Cinta Megacoimera”.
Todas las demás obras construidas en Panamá por Odebrecht terminaron costando más del monto fijado en la licitación. La autopista Don Alberto Motta lidera la lista de proyectos con más incremento presupuestal: 626 millones de dólares en costos extras.
Hoy el expresidente de Panamá Martinelli está prófugo de la justicia y sus hijos están siendo investigados por el pago de sobornos.
La vía legal
Pero no es la primera vez que la empresa Odebrecht, sola o en consorcio, obtiene una licitación y al final termina ampliándose el proyecto sin pasar por un nuevo proceso de selección pública.
El 29 de octubre de 2006, la Secretaria de Transporte de Argentina, a cargo de Ricardo Jaime, habilitó a tres consorcios empresarios en la puja por ganar la licitación de la primera etapa del soterramiento del ferrocarril Sarmiento. El Consorcio Nuevo Sarmiento (integrado por Iecsa, Odebrecht, Ghella y Comsa) quedó pre-calificado como la mejor opción.
El 7 de junio de 2007, el gobierno argentino decidió cambiar la licitación y ampliar el proyecto, que ahora pasó a tener tres etapas. La obra de 11,5 kilómetros se extendió a un total de 36 kilómetros y 16 estaciones. La Secretaría de Transporte dejó firme las ofertas de las empresas que se presentaron en la primera etapa y dio apenas 20 días para recibir nuevas ofertas para las tres etapas. La convocatoria quedó desierta. Poco tiempo después, ya con Cristina Kirchner en el poder, el consorcio de Odebrecht ganó la licitación pública en enero de 2008 porque su oferta para la primera etapa de  la obra había sido la más económica, unos 890 millones de dólares.
Casi un año más tarde, el gobierno argentino firmó un contrato con el consorcio de Odebrecht por un monto superior a los 3 mil millones de dólares por las tres etapas. El valor de la oferta con la que las constructoras habían ganado la licitación al inicio creció casi cuatro veces más.

La obra más cuestionada fue la Cinta Costera, también llamada la "Cinta coimera", que generó polémicas por los sobreprecios, la sospecha de coimas y el mecanismo implementado. La obra cambió el rostro de la ciudad, no solucionó el problema y es el mejor ejemplo de la institucionalidad destruida.

“Yo explicaba técnicamente que lo que pretendía cobrar Odebrecht como monto actualizado de la obra era inaceptable. Pretendía 3.000 millones de dólares cuando nuestros ingenieros demostraban que el precio actualizado era de 2.000 millones de dólares”, dijo en 2017 el funcionario a cargo de la Unidad Ejecutora de la obra, Osvaldo Selzer, al declarar como testigo ante el fiscal federal Federico Delgado como parte de la causa por enriquecimiento ilícito del ex secretario de Obras Públicas, José López, un funcionario clave del kirchnerismo y en esta red de obras adjudicadas a la firma brasileña.
En Colombia, las autoridades están investigando principalmente obras de la carretera Ruta del Sol, que conecta la capital de Bogotá con regiones del interior del país y la costa del Mar Caribe. El Ministerio Público colombiano afirma tener pruebas de que el ex viceministro de Transportes del país, Gabriel García Morales, recibió 6,5 millones de dólares para ayudar a Odebrecht a ganar un contrato relativo a la autopista.
En Ecuador, el gobierno anterior de Rafael Correa calificó de "emblemática" la construcción de la Hidroeléctrica Manduriacu, porque fue la primera obra de infraestructura de generación de energía eléctrica iniciada, contratada e inaugurada por su administración. El proyecto tenía un valor inicial de 125 millones de dólares pero acabó costando 227 millones de dólares. Una comisión independiente de la sociedad civil llegó a denunciar irregularidades en las obras, pero el Ministerio Público del país archivó el caso.

La autopista Don Alberto Motta lidera la lista de proyectos con más incremento de presupuesto.

Ese modelo de incrementos se repitió en cuatro megaproyectos. En total, los incrementos de presupuesto de seis obras superan los 500 millones de dólares en Ecuador, sin contar que la obra más grande de Odebrecht aún está en construcción: el Metro de Quito, un sistema subterráneo de transporte de 18 trenes por un valor que bordea los mil 500 millones de dólares. Los fiscales de este país ya lograron firmar un acuerdo con Odebrecht para la entrega de pruebas de los sobornos.

En México, Odebrecht ganó seis contratos por más de 2  mil millones de dólares. En tres de esas obras, el gobierno elevó en un 80 por ciento el valor original de los proyectos, por medio de extensiones o adendas. El costo final de otras dos obras es un secreto, porque el gobierno mexicano ha decidido que permanecerá bajo reserva hasta 2020 cualquier contrato o adenda de Odebrecht, bajo el argumento de que hay una investigación judicial en curso sobre sobornos supuestamente pagados por la constructora (Ver reportaje).
Las investigaciones sobre obras también están en curso en República Dominicana, país que ya firmó un acuerdo de delación con Odebrecht. Uno de los proyectos bajo investigación en el país caribeño es el de la central hidroeléctrica Palomino, cuyo presupuesto inicial en 2006 era de 225 millones de dólares. La obra acabó costando cerca de 400 millones de dólares y aparece entre las diez obras con mayor sobrecosto en la lista de proyectos analizados para esta investigación y el expresidente Leonel Fernández (2005-2012) como el mandatario que más proyectos adjudicó a Odebrecht y sus socias.
En Mozambique, el aeropuerto de Nacala, que recibió préstamos del BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social) de Brasil, tenía un costo inicial de US $ 112 millones, pero su precio final terminó en un poco más de 210 millones de dólares. Gran parte del financiamiento para la construcción del aeropuerto fueron utilizados en la adquisición de bienes y servicios, situación que causó perjuicios y sigue acumulando pérdidas al país africano.
Con el incremento del costo de esta obra se hubiese podido pagar el salario mínimo de más de un millón 600 mil pobladores de Mozambique.

LA VERSIÓN DE ODEBRECHT
Los periodistas de ‘Investiga Lava Jato’ se comunicaron con las filiales de Odebrecht en cada país y en la sede central de la compañía. Las cifras de las obras fueron contrastadas con la empresa y también se obtuvo la versión sobre obras concretas a través de una entrevista concedida al periodista Flávio Ferreira de Folha en la ciudad de Sao Paulo.
La empresa Odebrecht afirma que los aumentos en los montos de los proyectos fuera de Brasil no tuvieron conexión con cualquier tipo de ilegalidad y en general resultaron de orientaciones y requerimientos oficiales de los gobiernos con los que firmó los contratos.
Según la constructora, los sobornos confesados por la empresa a las autoridades de Brasil, Estados Unidos y Suiza no fueron destinados al incremento del presupuesto de los proyectos, sino para garantizar la adjudicación en las licitaciones y el cumplimiento regular de las condiciones contractuales.
Entre los motivos de los saltos presupuestales, se señala la construcción de obras y servicios adicionales solicitados por los gobiernos, como trabajos para estabilización de áreas de laderas, mantenimiento de tramos no incluidos en los contratos y reparaciones no previstas.
En muchos casos los aumentos de presupuesto resultaron de proyectos incompletos o mal elaborados y de la falta de coordinación de los órganos contratantes en relación a los tramos de las obras, que muchas veces fueron ejecutados por compañías diferentes, aseguraron.
Esta investigación continuará.

METODOLÓGICA
Las cifras y cálculos publicados en este reportaje se obtuvieron luego de un trabajo colaborativo con reporteros de América Latina y África que accedieron a los contratos y documentos oficiales de cerca cien obras de Odebrecht. La información recogida  se trasladó a una hoja Excel online que se construyó en tiempo real.  
Para el análisis, se estableció una metodología entre periodistas de Convoca de Perú, ColombiaCheck de Colombia y Plaza Pública de Guatemala y al final se trabajó con un universo de 51 obras en las que se detectaron los incrementos presupuestales, entre otros hallazgos.
Para establecer los sobrecostos en la herramienta, se restó el presupuesto final e inicial tomando en cuenta la moneda original que aparece en los contratos de las obras. El resultado se convirtió a dólares en los casos que fue necesario para tener en una sola moneda que pudiera darnos una cifra comprensible para cualquier lector del mundo. Para esta última operación tomamos en cuenta el tipo de cambio de la fecha del presupuesto final más actualizado según las diversas fuentes consultadas.

(*) Este informe forma parte del proyecto colaborativo “Investiga Lava Jato” en el que participan periodistas y medios de 11 países de América Latina y África.
Coordinadores del proyecto: Milagros Salazar de Convoca y Flávio Ferreira de Folha de Sao Paulo. Periodistas y medios aliados: Emilia Delfino, Perfil (Argentina); Ginna Morelo, Esteban Ponce de León, Óscar Agudelo (Colombia); Christian Zurita de Mil Hojas (Ecuador); Jimmy Alvarado, El Faro (El Salvador); Daniel Villatoro y Suchit Chávez, Plaza Pública (Guatemala); Daniel Lizárraga y Raúl Olmos, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (México); Adérito Caldeira, Jornal Verdade (Mozambique); Sol Lauría. Con el soporte de datos de la Iniciativa Regional para el Periodismo de Investigación en las Américas de ICFJ/Connectas (Panamá). Óscar Libón, Miguel Gutiérrez, Mariana Quilca y Sandro Michelini de Convoca (Perú), Lisseth Boon, Runrunes (Venezuela), Jesús Yajure, El Pitazo (Venezuela). Análisis de datos: Aramís Castro y Milagros Salazar, de Convoca, y Esteban Ponce de León. Edición: Óscar Libón, Convoca. Ilustraciones e infografías: Orlando Tapia, Convoca. Desarrollo web: Víctor Anaya.

 

 

Por: León Roldós Aguilera
Por años estuvo en el sector aduanero.  También vivió en el Estado de Florida,  Estados Unidos de Norte América, donde ejerció como Notario Público.
En la liga grande de la política ecuatoriana,  apareció el año 2002 como el referente en Guayaquil de Lucio Gutiérrez. El 2003 fue su Gobernador en la Provincia,  con poder real. Luego fue a Quito, fue Ministro de Bienestar Social y Secretario de la Presidencia. En esa época se vinculó con Lenín Moreno –quien ya estaba en silla de ruedas- a quien le encarga las políticas sobre discapacidades.
En la negociación de PAIS con Sociedad Patriótica, en enero del 2007, para la Contraloría el escogido fue Carlos Pólit Faggioni.
Correa,  con el argumento de facilitar los procesos de negociaciones y contratos públicos, a pretexto de superar trabas,  impuso que se excluya de la competencia de la Contraloría,  dos tareas esenciales: una, el del pronunciamiento previo sobre lo jurídico y lo técnico de los contratos –Asamblea Constituyente de Montecristi, 2007-2008- , y otra, la de la auditoría de gestión- Reforma de la Constitución, diciembre del 2015.
De hecho, esas dos exclusiones resultaron facilitadoras de la corrupción.

La Contraloría fue reducida a ser una especie de anfiteatro para autopsias y sala de velación, todo post ejecución de la corrupción; pero, además, “los protocolos de las autopsias”, léase “informes con indicios de responsabilidad penal”,  son reservados, sólo pueden ser leídos y procesados por la Fiscalía, hasta llegar al juicio penal, porque se dice que en el Ecuador se garantiza “la presunción de inocencia”.
Por eso, entiendo que de más de dos mil que se han emitido, hay más de un mil doscientos informes de la Contraloría de esa condición de indicios de responsabilidad penal, con glosas de miles de millones de dólares, por infracciones que aún no pueden hacerse públicas.
En los hechos siempre hubo una macro excepción: cuando Correa quería difamar a alguien, por más reservados que sean los informes, Correa los presentaba en las sabatinas y en otros espacios. Ahí no había la presunción de inocencia.  ¿Le enviaba los informes el Contralor Pólit o el Fiscal Chiriboga?, ¿o ambos?  Difícil saberlo.
De no haberse excluido esas dos competencias, ¿habría habido menos corrupción?, difícil suponerlo, cuando desde el Gobierno se estaría queriendo hacer de Pólit “reo  de concusión” –aprovechar la función pública para exigencias, en este caso a Odebrecht-. De cosa parecida, se le acusó meses atrás a Carlos Pareja Yannuzzelli, pero entonces el Gobierno lo defendió.
¿Pólit fue funcional al absolutismo de Correa?  Por lo expresado sobre los informes que primero los hacía públicos Correa, parecería que sí. ¿Y sobre aquello de los informes guardados bajo “siete llaves”, quién lo habrá ordenado?  También algunos informes liberatorios de responsabilidad, como que darían para pensar.
Sin embargo, esos un mil doscientos informes con indicios de responsabilidad penal ya están expedidos, aun cuando se mantengan en reserva; y, envían la señal que desagrada a Correa: existe institucionalización de la corrupción en el Ecuador, esta no está limitada a casos aislados.
Un detalle: en la Contraloría, Pólit autorizó que varios funcionarios firmen por él por delegación, con lo cual usualmente Pólit no firmaba documentos e informes. Uno de los que más firmó tales instrumentos fue Pablo Celi, quien ahora asume ser el subrogante, con apoyo del Gobierno, pero cuestionado por Pólit, que dice que lo separó el 25 de mayo del 2017. De ese modo, no siempre Pólit asumía el texto de los informes, sean incriminatorios, sean liberatorios.
Con motivo de la reciente posesión de Pólit como Contralor reelecto, la edición de El Telégrafo de 15 de marzo del 2017, lo cita diciendo  “No es justo que a lo largo de 9 o 10 meses de un trabajo muy profundo –en cada auditoría-  los informes con indicios de responsabilidad penal no tengan resultados rápidos y sobre todo contundentes” (…) “…en la campaña electoral –la de la votación de febrero del 2017-  ha habido gente involucrada que tiene deudas millonarias con el Estado y otros que fueron señalados con indicios de responsabilidad penal”. Y agregó, “…..yo me he dado cuenta que hay gente tras bastidores”.
Imputación gravísima “…gente tras bastidores”, ¿quién?, ¿quiénes?
En los mismos días, a un periodista de radio, Pólit dijo que le había dado asco ver en las papeletas para sufragar a personas que no debían estar de candidatos sino en la cárcel, pero que los informes de indicios de responsabilidad penal estaban retenidos. ¿Habrán sido elegidas?
Y le cayó a Pólit la investigación sobre concusión. ¿Será por los informes con indicios de responsabilidad penal que están en reserva?, ¿Existen evidencias de concusión que aún no se conocen?
Cuando escribo estas líneas, aun no hay formulación de cargos contra Pólit, sólo diligencias pre-procesales de investigación y medidas cautelares. Si lo encuentran deben llevarlo a rendir su versión. Está sobreentendido que en ese momento, le formularán cargos y ordenarán su prisión preventiva. Por eso, a la convocatoria a un juicio político,  no podrá concurrir.
¿Le pre-avisaron, para que salga del país?, es difícil no creerlo. Además fue práctica de Correa y su entorno.
¿El jueves 25 de mayo del 2017, firmó una acción de personal de remoción del Sub-Contralor Celi, para que sea notificada y tenga vigencia recién el viernes 2 de junio?,  es muy difícil tragárselo.
Pero, siendo el cargo del subrogante de libre decisión del Contralor titular, ¿podría éste desde el exterior, separarlo?
Cualesquiera que sean los argumentos y las respuestas, se afecta la legitimidad de un subrogante, porque quien sea incriminado por un Contralor subrogante, va a impugnar su pronunciamiento y esto será materia de recursos procesales.
Y lo gravísimo: Si toca procesar a Glas o a ministros u otros altos funcionarios –los peces gordos de la corrupción, para los críticos- por peculado y enriquecimiento ilícito, por el Art. 481 del Código Orgánico Integral Penal, sólo es posible hacerlo previa incriminación singularizada del Contralor General del Estado.
No puede investigarse delincuencia organizada (Art. 369 del COIP) sólo identificando a los “recaudadores” llámese este el tío Ricardo Rivera o cualquier otro.
¿Cuál Contralor?
Se daría lo de siempre, cuando la corrupción es una septicemia que infecta al Estado – de evidente concertación para delinquir- que sólo son procesados los actores de “reparto”, o auxiliares, porque a ellos no los protege el citado Art. 481 del COIP.  En la figura de los “peces”, sus equivalentes serían sólo “sardinitas”, y quizás alguno más grande, como el tío Rivera, porque no es funcionario público.
De seguir el proceso de juicio político y luego del concurso para designar Contralor, por lo menos se irían cuatro meses, con lo que se consagraría la impunidad; y, todo parecería un “tongo”, una supuesta “lucha libre”, pero ya concertada.
 
SUGERENCIAS:
1.   Que Carlos Pólit renuncie, lo que no implica aceptar culpabilidad alguna, y en el texto de la renuncia dé su versión de defensa o de acusación. No tiene que esperar el juicio político para que lo saquen. Si espera ese juicio, el hedor de tongo sería inconfundible.
2.   Que presente todos los casos de informes con indicios de responsabilidad penal que se mantienen en reserva.
Sería una cobardía de Pólit salir sin desnudar la corrupción que él dice aparece de los informes que se guardó la Fiscalía y el Gobierno de Correa.

Recordamos a Ricardo Rivera como el modesto comunicador que manejó Televisión Satelital, el espacio que luchaba contra la corrupción y buscaba profundizar los temas de importancia del país a inicios del siglo XXI. Hoy es el centro de la corrupción y el gobierno no tiene posibilidad de maquillar su presencia con el principio “es el tío y no el que está en el poder”.
Fue en plena campaña electoral, el 19 de enero de este año, que el entonces secretario jurídico Alexis Mera, limpió la honra y el buen nombre de Ricardo Rivera y su sobrino Jorge Glas Espinel: “…tras bastidores y en la redes siempre se habla que el tío (Rivera) está tras negocios de corrupción; pues no hemos encontrado nada porque en estas cosas, señores, pruebas, siempre pruebas, no podemos destruir la honra de una persona si no tenemos pruebas”.
Ese principio ha sido ha sido desplazo por otro que abjura de la corrupción del correísmo mientras nos piden un voto de confianza, para Lenin y Baca Mancheno, en su investigación del caso Odebrecht, pero la estrategia de la lucha anticorrupción no puede pasar por la opacidad de los últimos 10 años. La única forma de restituir el país de la frontal corrupción que vive es entregar la lista a todos y evitar que se repitan las acciones que limitaron la investigación a unos pocos chivos expiatorios.
No se puede repetir el sórdido ejercicio del poder de los últimos años, se debe evitar la figura de chivos expiatorios para dejar en la impunidad a quienes ocupan posiciones mas altas en la cadena de corrupción. Sobre todo no se puede incriminar y criminalizar inocentes como mecanismo de retaliación.
La lista se compone de los peces gordos de Alianza Pais, Lenin Moreno lo sabe y los primeros nombres expuestos desde el viernes 2 de junio, aparte de Rivera y el contralor general del Estado Carlos Pólit, nos dice muy poco de la magnitud del caso. Nos presentan lo que parece ser operadores menores. En América Latina el caso Odebrecht involucra a los presientes y expresidentes en Brasil, Argentina, Perú, Panamá, México, Chile, Colombia y las primeras acciones de la fiscalía nos deja con la curiosa sensación que en Ecuador Odebrecht optó por funcionarios de mas bajo perfil para estructurar los sistemas de corrupción, lo que evidenciaría, de ser cierto, una institucionalidad tan débil que cualquier funcionario de bajo rango o personas emparentadas con el poder tendrían capacidad de definir la contratación de las grandes obras de infraestructura del país.
A las espectaculares acciones emprendidas por la fiscalía el 2 junio de 2017 hay que acompañarlas de una profundización de la investigación, que cumpla el ofrecimiento presidencial de no detenerse en personas pero todo esto acompañado de transparencia y el irrestricto respeto al debido proceso de los encausados para que los ecuatorianos podamos confiar en que se pudiera superar el pasado.
El caso evidencia además complejas confrontaciones entre las funciones estatales, como la situación del Contralor Carlos Pólit, quien al ser posesionado el pasado 15 de marzo, pidió en la Asamblea Nacional que se conozcan los informes de contraloría con indicios de responsabilidad penal y que las acciones de la fiscalía sean contundentes. Hoy Pólit que hace poco llevó ante la justicia a los miembros de la Comisión Anticorrupción por cuestionar su probidad, enfrenta la justicia por el caso Odebrecht. El portal Dato Certero, la cuenta de redes sociales que parece ser la voz de la Secretaría Nacional de Inteligencia, un núcleo duro y perseguidor del correísmo, envió un mensaje “Carlos Pólit ordena alterar informes de contraloría para extorsionar funcionarios”.
Que el caso Odebrecht no sea el justificativo para el olvido selectivo de otros casos que fueron peores en el gobierno de Correa.