Autor: mh

(Nota por la cual el portal focusecuador.com sufrió un ataque informático y salió del aire)
¿QUÉ ESTÁN COMIENDO LOS PRESOS EN LAS CÁRCELES DEL PAÍS? SEGÚN LO PROMOCIONADO, MENÚS DE PRIMERA. PERO ALGUNOS PRIVADOS DE LA LIBERTAD SE QUEJAN Y HAN HECHO LLEGAR IMÁGENES DE LOS ALIMENTOS QUE CONSUMEN. LA EMPRESA RESPONSABLE HA FIRMADO CONTRATOS CON EL MINISTERIO DE JUSTICIA POR USD 92 MILLONES.
Lafattoria S. A. es un nombre popular para todos los presos del país. Ellos saben que es la empresa que, diariamente, se encarga de su alimentación. Desde 2011, esta compañía provee a escala nacional el “servicio de alimentación para las personas privadas de la libertad y adolescentes en conflicto”.
El portal del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), que registra datos a partir de 2012, señala que hasta el año 2016 se firmaron 21 contratos para la alimentación de los internos. De estos, 19 fueron adjudicados por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, a la empresa guayaquileña Lafattoria S.A., de propiedad de Richard Villagrán Freire y de Rosa Mueckay Morales; por un total de $ 92 millones de dólares.
La comida para las cárceles con esta empresa se contrata desde la época del ministro de Justicia Lenin Lara, hoy alcalde de Esmeraldas.
Solo en 2016, Lafattoria se adjudicó $ 38 millones en tres contratos. El primero firmado en abril por $ 8.8 millones más un complementario firmado en julio por $ 2. 6 millones y el último suscrito el 29 de diciembre por $ 26. 6 millones.

Adjudicacion Para Lafattoria. Zona 5. 2014.

El responsable de todos los procesos de contratación es el Ministerio de Justicia, dirigido desde marzo de 2014 por Ledy Zúñiga, pero esta secretaria de Estado ideó una regulación para evitar su responsabilidad en las contrataciones futuras: el 18 de julio de 2014 emitió el acuerdo 0456 que delegó todas las atribuciones de creación de necesidades, elaboración de términos de referencia y procesos de contratación a la Coordinación General Administrativa Financiera de esa cartera.
Contrato Copia TERCER OFICIO Administrativa Copia Comodato 1
Contrato OFICIO MINISTERIO DE EDUCACIÓN MINEDUC DNA 2016 00373 of Administrativo 3 
Bajo esa condición, Zúñiga dio rienda suelta a la danza millonaria de contratos de Lafattoria. Las ganancias de este grupo se reflejaron en las declaraciones al impuesto a la renta, en los que se establece que sus mejores años fueron 2013, que pagó $511 mil dólares; 2014 en que canceló al Estado $977 mil dólares y 2015 que entregó al SRI $707 mil dólares.
Ledy Zúñiga, presidenta del Consejo Nacional de Rehabilitación, recorrió la cocina del CPL- Guayas, con los medios de comunicación.
Según la Superintendencia de Compañías, Lafattoria fue constituida en febrero de 2008 y se dedica a la “administración de restaurantes, clubes, bares, cafeterías, ciudadelas, centros comerciales…”. Sus accionistas son la compañía Asesoría Empresarial Riasem S. A, (Riasemsa) y Richard Augusto Villagrán Freire, de nacionalidad estadounidense, quien es su actual administrador.
Riasemsa por su parte se dedica a la “compra de activos financieros, acciones o participaciones de otras compañías”. Sus dueños son Rosa Mueckay Morales y Richard Villagrán Freire, que tiene también el cargo de administrador.
Según Lafattoria el menú elaborado por un grupo de nutricionistas, ingenieros en alimentos y chefs, es variado y saludable.
Riasemsa a su vez es accionista de otras nueve empresas: Acerinox S.A, Alas Para El Agro Alpagro Cía. Ltda., Henadad S.A., Noviecua S.A, Provision De Alimentos S.A. Provisali, Quench Quenchesa S.A., Palmiecua S.A., Hacienda San Jorge Hasanjor S.A. Y Rolem S.A.

Todas estas, a excepción de Acerinox y Provisali (cuyo administrador y accionista es Arturo Ibarra Freire, primo de Villagrán), son administradas actualmente por Richard Villagrán Freire.
La empresa Provisión de Alimentos S.A. Provisali también está relacionada con el servicio de alimentación en los centros penitenciarios, de hecho, es la empresa que administra los economatos, las “tiendas” que venden productos al interior de las cárceles. En las que para acceder a productos como snacks, bebidas, pasta dental, jabón, papel higiénico, etc., los familiares de los internos deben depositar 15, 30 y 40 dólares, dependiendo si es para máxima, mediana y mínima seguridad, en una cuenta bancaria, a nombre de Provisali.
Para acceder a productos como snacks, bebidas, pasta dental, jabón, papel higiénico, etc., los familiares de los internos deben depositar 15, 30 y 40 dólares.
Internos señalan que muchos prefieren no comer lo que les sirven; en vez de ello optan por pedir ciertos víveres en el economato. “Algunos no está comiendo, más están sacando del economato atunes, y comen arroz con atún”, dice un recluso.

Una interna se queja porque el economato del centro penitenciario donde ella se encuentra, vende los productos a un valor más alto que lo que se vende afuera. La esposa de un privado de libertad indica que, en el economato, su allegado debe comprar incluso hasta ropa interior. Si un recluso necesita productos para el aseo personal, tiene la opción de adquirirlos en el economato que administra Provisali, la otra empresa de Richard Villagrán.
Otra empresa que vincula a Villagrán Freire es Logística de Alimentos y Operaciones Food Logistics Foodlog S.A. En esta además aparece como accionista Juan Carlos Acosta Duarte, ex director nacional del Instituto de Provisión de Alimentos del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. Villagrán y Acosta son los únicos accionistas de esta empresa.
Acosta Duarte ocupó el cargo de director nacional del Instituto Nacional de Alimentos desde 2009 hasta 2013. Luego de, manera inmediata, asumió el cargo de director Ejecutivo de la misma institución hasta 2016.
Por otro lado Rosa Mueckay Morales es familiar de Luis Mueckay Arcos y de Claudio Mueckay Arcos. El primero fue director de Asuntos Culturales de la Cancillería, asesor del viceministro de Relaciones Exteriores y en febrero de 2016 fue nombrado director de la Regional 5 del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC).
Claudio Mueckay fue elegido en 2005 como titular de la defensoría del pueblo. Un año después, la Comisión de Control Cívico de la Corrupción determinó indicios del delito de peculado al excederse en sus atribuciones.
EL CONTRASTE
En todos los contratos firmados, Lafattoria detalla que el servicio de alimentación es elaborado por un grupo de expertos que incluye a nutricionistas, ingenieros en alimentos, chefs; todos ellos, según la empresa, cuentan con títulos de tercer nivel. Señala además que el menú es variado y está basado en una dieta diaria de 2000 calorías que reúne “valores nutricionales, proteicos y calóricos”.
Según la contratista, este es el menú que los presos consumen en las cárceles de todo el país:
Según fotos que llegaron a Focus Ecuador, alguna comida que se sirve a los reclusos dista mucho de ser la ofrecida.
Desde el inicio de su mandato, Rafael Correa prometió la transformación del sistema penitenciario, “el sistema judicial es la diferencia entre la civilización y la barbarie, es el pilar en que se sostiene la fe pública y la sociedad misma”, dijo en diciembre del año pasado al recibir el reconocimiento de la Gran Cruz de la Orden Iberoamericana de la Justicia. Discurso que en estos años quienes han pasado por el ministerio de justicia tratan de reforzar. Lady Zúñiga actual ministra de esa cartera de estado en su momento dijo: “antes los gobiernos de turno nunca invirtieron en un sistema penitenciario; creo que cuando pensaban en construir cárceles, pensaban en que no daban réditos políticos y se olvidaban de la población penitenciaria. Los privados de la libertad, como vulgarmente dicen, eran la última rueda del coche…”. José Serrano, en calidad de ministro de justicia en 2011, insistía que “no es simplemente pintar los centros carcelarios y colocar un nuevo candado, es proporcionar una infraestructura adecuada con las seguridades adecuadas, es transformar el Sistema Penitenciario”
Fotografías reales filtradas, desde las cárceles del país. Desayunos y almuerzos que no guardan relación con los menús ofrecidos.
Este medio conversó con internos y ex internos de tres Centros penitenciarios del país. A quiénes se les consultó qué alimento recibían a diario. Todos coinciden en que desayunan un huevo cada 15 días.
Una interna de la cárcel de mujeres de Guayaquil, cuyo nombre mantenemos en reserva por las represalias que puede enfrentar en la prisión, señaló que el desayuno consiste en coladas de máchica, o avena en agua, o agua con una pizca de café. “Las bebidas vienen fermentadas. El pan con un pedazo pequeñito de queso. Desayunamos huevo cada 15 días. La fruta hace mucho tiempo nos la cortaron”. Recuerda que hace cuatro años, cuando ingresó al centro de rehabilitación la alimentación era variada: “había pollo, carne, mariscos, ensaladas… ahora…-me imagino- que el Gobierno no ha podido cubrir los montos que le debe a Laffatoria, porque lo que Lafattoria nos da son desechos de comida, muchas veces los pollos son apestados, dañados”.
Hasta septiembre de 2014, en el país había 26821 personas privadas de libertad, según el Ministerio de Justicia.
Y añade: “todos los días comemos agua con choclo, yuca, orégano y col. Muchas veces la comida del día anterior la mezclan con la del día siguiente. Casi a diario usted encuentra pelos en el arroz, gusanos, o gorgojos en las pastas de la sopa”.
En los centros penitenciarios de la Sierra los internos denuncian que es tan fría y sin sabor la comida que les sirven, que se han inventado sus propios métodos para volverla a “recocinar” y “darle otra vida”, otro sabor. “Ellos mismos la cocinan y la aliñan de nuevo”, dice un recluso. Focus tuvo acceso a un vídeo en el que se ve cómo un grupo de internos vuelve a cocinar sus alimentos sobre una tapa de alcantarilla, que cumple la función de parrilla.
Un privado de libertad, recluido en la cárcel de máxima seguridad de Guayaquil asegura que su desayuno consiste en “agua con pan”. “A veces traen un pan flaquito que parece empanada con café, pero eso es más agua negra. Aguas de hierba luisa. En la merienda es carne, o arroz con chorizo y agua de café. Y a veces unas cosas que dicen que son pollos, pero no son pollos, aquí la gente conoce el pollo…son unas comidas que la gente se va en diarrea. Ya hemos hecho huelga pero la cambian un día y al otro día sigue lo mismo”.
“A veces nos dan unas cosas que dicen que son pollos, pero no lo son, aquí la gente conoce el pollo…son unas comidas que la gente se va en diarrea”, relata un privado de la libertad
Otro ex interno, que en la actualidad se encuentra cumpliendo su per-libertad, señala que un desayuno consistía en un “pan pequeño de unos 10 gramos (que tenía más levadura porque cuando uno lo apretaba, el puño se cerraba sin ningún problema) con tapioca rosada o de coco. Unas coladas horribles. A veces café, o agua de canela o máchica. Otras veces el desayuno era chocolate con pan dulce. Huevo era cada 15 días (y no alcanzaban para todos), a veces nos variaban con una empanada pequeña de harina. Cuando llegó la Fattoria, a la regional nos llegaba un bolón de verde de unos 15–20 gramos. Nunca vi un corviche, ni una empanada de verde”.
“En el almuerzo siempre había el choclo, la col y la papa. Cuando nos daban sopa de pescado, por lo general, era una diarrea general. Y luego venía arroz con seco de salchicha cuencana, en la que se sentía claramente los huesos triturados”.
Focus solicitó una entrevista al Ministerio de Justicia para hablar sobre las denuncias de los presos en cuanto a la calidad de la comida que reciben y los contratos adjudicados a Lafattoria. El pedido se extendió a la empresa de alimentos para hablar sobre los contratos que mantiene con el Gobierno y la calidad del producto que ofrece en las cárceles del país. En ninguno de los dos casos hubo respuesta favorable.
Redacción Focus

El trabajo del colombiano Iván Velásquez es todo un suceso en América Latina. Está al frente de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la organización dirigida por Naciones Unidas creada para superar y ayudar a juzgar los horrores de la guerra civil,  pero también para enfrentar la lucha contra la corrupción. Su labor abrió el camino para descubrir la corrupción sistémica que existe en ese país, las investigaciones de esta organización provocaron la renuncia de la vicepresidenta Rosana Baldetti y del presidente Otto Pérez Molina, que se encuentra en la cárcel.

MilHojas.is dialogó con Velázquez en un encuentro en la Universidad de Oslo, Noruega, en el marco de un foro mundial sobre transparencia. El comisionado habló sobre la necesidad de construir una justicia independiente, el fortalecimiento de los sistemas de investigación penal y la urgencia de involucrar a la sociedad y los jóvenes en la política desde los espacios ciudadanos de auditoría social: “cuando se equipara siempre políticos con corruptos, que no necesariamente es real, se trata de desinteresar a los jóvenes y la ciudadanía en general y eso solo les sirve a los corruptos”. Reconoció que empresarios ecuatorianos visitaron CICIG con el fin de conocer su experiencia y replicar el trabajo de esa organización en Ecuador. 

En América Latina se ha mirado con esperanza las acciones de la CICIG para combatir la corrupción, ¿cree posible  replicar ese proceso en otros países?
Hay que partir del reconocimiento de la realidad de nuestros países. En el caso de Colombia y Guatemala es la falta de la independencia judicial. También está el sometimiento a poderes fácticos y estructuras criminales que impiden que la función judicial pueda cumplir su cometido. 
La justicia no puede estar ni al vaivén de las ideologías, ni de los poderes políticos: si se ataca la corrupción no es para favorecer a los amigos ni atacar enemigos, porque tan corruptos son los corruptos amigos como los corruptos enemigos. Decían de un presidente de México: “a mis amigos todo, a mis enemigos la ley”. Eso no puede imponerse, por eso creo que comisiones como CICIG son útiles, pueden ser el respaldo, siempre que estén comprometidas en la lucha contra la impunidad. La CICIG ha servido como barrera de contención de esos poderes paralelos o de quienes tenían influencia sobre el ministerio público y la institucionalidad. Quiero decir que cuando se inicia una investigación buscan quién le puede llegar al fiscal o qué magistrado puede influir para evitar una investigación.
¿De qué forma se evita la intromisión que menciona? 
Nosotros en CICIG le anunciamos a la fiscalía el interés de acompañar una investigación y si lo acepta, avanzamos. Lo importante es cómo, frente a la capacidad que tienen las estructuras criminales o el poder de cualquier naturaleza que puede verse afectado por cualquier naturaleza, la presencia de una comisión como la CICIG permite que esa investigación se haga.
Es una experiencia exitosa pero la arremetida ha sido fuerte con campañas de desprestigio.
El caso de Guatemala evidenció cómo la CICIG con sus investigaciones sacó del poder al presidente y vicepresidenta de la República, ¿es difícil pensar que los poderes en otros países les interese un proyecto similar? 
Tienen que ser gobiernos probos, comprometidos en la lucha contra la corrupción y es la advertencia que hizo el presidente Pérez Molina, luego de su caída. Si un presidente tiene temor porque ha realizado actos de corrupción naturalmente que no va a patrocinar nada que enfrente seriamente la corrupción. También podría pensarse desde la perspectiva de la soberanía: yo no descalifico que se aduzca ese tema que es como si se tratara de una fuerza extranjera interviniendo en acciones propias de instituciones nacionales, pero el caso de la CICIG no es titular de una acción penal, puede hacer verificaciones del ministerio público pero si quiere presentar el caso a un juez, tiene que ser el ministerio público quien lo haga. Supone que todo lo hecho, que todos esos funcionarios presos y varios condenados, es porque la fiscalía guatemalteca formuló acusaciones, investigó, intervino en los debates para la acusación de esas personas.
¿Se refiere a un proceso de acompañamiento técnico de la CICIG a un trabajo que lo ejerce el ministerio público?
La CICIG está integrada por tres grandes secciones: un departamento de administración; la oficina del comisionado, que tiene personal que trabaja en la formulación de propuestas legales y lo que constituye la mayor fortaleza que es el departamento de investigaciones, que está integrado por unidades investigativas que tienen un abogado extranjero, un abogado guatemalteco, analistas financieros, analistas criminales, analistas financieros. Nosotros nos ponemos a su disposición de un fiscal y junto a él adelantamos la investigación. Un ejemplo es el caso La Línea. Pensamos en 2014 que debíamos investigar a profundidad el contrabando por un manejo que hubo en los gobiernos militares. Las aduanas tuvieron un fuerte control  militar, por una parte se evitaba el ingreso de armas a la guerrilla, pero también era para el beneficio económico de ellos. Así se crearon estructuras criminales alrededor de aduanas y ha sido un problema de décadas.
El trabajo de la CICIG adquiere una fuerza moral en la ciudadanía que la respalda…    
Ese es el temor que tienen muchos y anteponen el principio de soberanía, pero la CICIG no es que hace lo que quiere. Es el ministerio público el que hace lo que considera.
Todo lo ocurrido en el pasado reciente de Guatemala ha llevado a que varios grupos intenten emular su trabajo, ¿cómo ha sido el acercamiento de otros países para imitar a la CICIG?
Hay organizaciones sociales y personalidades en algunos países latinoamericanos, incluso desde sectores de oposición que piensan que es la única forma de enfrentar la corrupción. Considero que cada país tiene su institucionalidad sobre las que se debe reflexionar para encontrar el mecanismo adecuado para enfrentar la impunidad. Hay ejemplos variados como la creación de un grupo especial de investigación en México, a raíz de una medida cautelar entregada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a los familiares de los 43 estudiantes desparecidos. El gobierno mexicano pidió un grupo de expertos internacionales que investigue, ayudando a la Procuraduría en su trabajo.
En Honduras hubo manifestaciones públicas multitudinarias pidiendo que se instaure una CICI; no se logró pero el gobierno creó una organización con apoyo de la Organización de Estados Americanos llamada Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCI) que tiene un acompañamiento a las investigaciones penales pero con una estructura mas pequeña que la CICIG.
Hay otro modelo que están intentando en El Salvador, la fiscalía salvadoreña creó una dependencia especial contra la corrupción con fiscales seleccionados y asistencia internacional. La mejor opción depende de cada país.
¿Visitó a la CICIG alguna organización ecuatoriana?
A raíz de una visita que realizó la fiscal de Guatemala a Ecuador, en algún encuentro contra la corrupción, sectores empresariales ecuatorianos miraron que era posible algo similar, entonces visitaron Guatemala, averiguando cómo funciona y su relacionamiento con el ministerio público. Mantuvimos reuniones con la Fiscal General, interesados ellos sobre este tema afirmaron que dada la proximidad de las elecciones, podía ser un tema de debate político de qué forma enfrentar la corrupción y si era una vía la CICIG para el país.

MILHOJAS
Un documento filtrado a la plataforma Ecuador Transparente (ecuadortransparente.org) evidencia de forma pormenorizada los rubros pagados y por devengar a Odebrecht en la construcción del acueducto La Esperanza Refinería del Pacífico.  El documento oficial reseña además el valor preliminar de la obra.
El costo del acueducto de 93 kilómetros que construyó la Constructora Norberto Odebrecht, con especificaciones de oleoducto, para la Refinería del Pacífico ya tiene un precio final referencial. El proyecto fue contratado en 2012 por un valor de USD$ 168 877 126 pero la liquidación de gastos del proyecto, detallado en un documento de la constructora, estableció que la obra tuvo  un costo de USD$ 295´524,087.
El documento RDP-CON-ADC-13001-093-OFI del 21 de noviembre de 2016, firmado por Mario Costa Morales, representante de Odebrecht y dirigido a Jimmy García de Refinería del Pacífico, estableció los rubros finales:
Contrato Original: USD$297´420,594.14
Órdenes de Trabajo: USD$5´988,872,97
Reajuste de Precios: USD$295´524,087.37   LEA QUÍ EL DOCUMENTO
Pero el documento Costa Morales asegura además que se trata de una “liquidación económica preliminar del contrato y de las órdenes de trabajo para su debida revisión y aprobación…” Agrega: “Es importante señalar que en estas cantidades  no se han considerado los rubros que serán ejecutados entre la recepción provisional y definitiva.”
Es decir, con facilidad el precio final podría sobrepasar los 300 millones de dólares, muy alejado del valor que inicialmente barajaron las autoridades de refinería.
El precio por kilómetro construido fue de USD$ 3´177,678.  Para establecer un comparativo fue apenas 33% mas barato que el Oleoducto de Crudos Pesados OCP, que tiene 485 km que a traviesa zonas extremas en tres regiones del país.
El acueducto de la refinería fue construido con normas específicas para un oleoducto (LEA AQUÍ EL OLEODUCTO DE AGUA) ; eso se estableció en los términos de referencia aprobados  en diciembre de 2012. Entonces la empresa mixta Refinería del Pacífico dijo que la tubería que debía usarse para la construcción del acueducto debía cumplir los requerimientos del código ASME B 31.4, que básicamente se usa para el transporte de hidrocarburos.

No existe claridad en la cantidad de dinero que el ex vicepresidente Lenín Moreno recibió del Estado para desempeñar sus funciones de enviado especial del secretario de las Naciones Unidas para la discapacidad y accesibilidad en Ginebra, Suiza.  Milhojas.is identificó que entre 2015 y 2016 Moreno recibió USD$1’066.666,33, pero nuevos documentos establecen que el propio Moreno exigió una asignación anual de 1,6 millones de dólares para vivir y hacer su trabajo. Ese monto fue aprobado en 2014 por el ministro de Finanzas Fausto Herrera Nicolalde.
Documento: Carta de Lenín Moreno para exigir el pago de 1'600.000 dólares de sueldo.
Los pagos a Moreno se fundamentaron en el Decreto Ejecutivo 340 que el presidente Rafael Correa había emitido el 21 de mayo de 2014 (documento⇒). Con el decreto, Correa había modificado la ley que impedía que el Estado entregue donaciones, con lo cual se había perfeccionado el instrumento legal para que Lenín Moreno pudiese cobrar por un puesto en el exterior que no es financiado por la ONU y que tampoco consta como un cargo administrativo en el Estado ecuatoriano.
Una vez publicado el decreto 340, Lenín Moreno Moreno apenas tardó dos días para exigir los pagos. En una carta escrita desde Ginebra el 23 de mayo de 2014, enviada al canciller Ricardo Patiño, pidió que el pago no fuera menor a $1,6 millones anuales.
En la misiva Moreno recordó que el secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, lo había nombrado enviado especial: “En su mandato expresa que la sede sería Ginebra, Suiza, dado que en esta ciudad, como usted conoce, convergen los principales organismos relacionados con Derechos Humanos…”
A párrafo seguido esbozó la razón por la que deben pagarle tanto dinero: “la Oficina del Enviado Especial contribuirá a fortalecer las relaciones internacionales para la construcción de un mundo mas justo y solidario, y siendo este tema prioritario para el Estado Ecuatoriano, solicitó a usted se sirva considerar una asignación no menor a USD 1’600.000”.
Documento: Carta del embajador Leonardo Arízaga para verificar si el Ministerio de Finanzas había autorizado los fondos para Lenín Moreno.
Diez días después del pedido de Moreno, el 3 de junio de 2014, la Cancillería hizo el requerimiento formal al Ministerio de Finanzas y anexó además “la síntesis del plan de trabajo y el detalle de los recursos solicitados”.
El 4 de junio de 2014, el embajador Leonardo Arízaga, canciller subrogante, recibió la respuesta del ministro de finanzas Fausto Herrera: “Esta secretaría certifica que asignará en el vigente presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores el  valor de USD$ 1,600.00 para el cumplimiento del pedido formulado…”.
Documento: Carta del ministro de Finanzas, Fausto Herrera, quien autoriza el pago a Lenín Moreno.
MilHojas.is junto con un grupo de abogados y expertos en materia administrativa intentó identificar si esa asignación fue efectivamente entregada. Sin embargo, hasta el momento no se ha logrado determinar si se concretó la entrega, pero al realizar una exhaustiva búsqueda se encontraron ocho Comprobantes Únicos de Registro (CUR), referentes a los meses de marzo a octubre de 2014, cada uno por USD$300.000, bajo el texto: “envío de valores para implementación y arranque de gestión de la oficina del enviado especial de Naciones Unidas sobre discapacidad…”.
Los CUR son órdenes de pago registradas por las entidades públicas en el sistema de gestión financiera, pero no determinan si estas se concretaron o no. En caso de haber recibido el monto asignado y ratificado por el ministro de finanzas el 4 de junio de 2014, significaría que Moreno habría recibido 3,2 millones de dólares  en dos años de gestión.
Queda esperar que el propio Moreno transparente cómo usó el dinero que el Estado le proporcionó para vivir en Europa, si en verdad fue una ayuda a miles de millones de discapacitados en el mundo o tan sólo es una millonaria cifra que no benefició a nadie.
 
Los CUR (Órdenes de pago) para Lenín Moreno durante 2014
1. CUR Moreno marzo 2014
2. CUR Moreno abril 2014
3. CUR Moreno mayo 2014
4. CUR Moreno junio 2014
5. CUR Moreno julio 2014
6. CUR Moreno agosto 2014
7. CUR Moreno septiembre 2014
8. CUR Moreno octubre 2014

No deje de leer la serie de artículos publicados por MilHojas.is sobre Lenín Moreno
Lenín Moreno sigue sin hablar del $1'066.666,33 que recibió
El mega sueldo de Lenín Moreno ya suma $1'066.666,33
Emilio José, Victoria y Diana, los rechazados de RC
Victoria y Emilio José, historias de exclusión en el Gobierno de la inclusión

MilHojas.is

El 20 de junio de 2007 es el día que Rafael Correa no quiere recordar, la  alegría desbordante que mostró en su recorrido por la flamante central hidroeléctrica San Francisco llegó a su climax cuando develó la placa que decía “Inaugurada por el Gobierno de la Revolución Ciudadana”.  En su discurso agradeció a Odebrecht por terminar anticipadamente la obra y  le premió con 13,000 000 de dólares adicionales.
La felicidad de Correa contrastaba con realidad de la central, que arrancaba con 253 problemas que se fueron acrecentando con los días. Pero entonces nadie se atrevía a levantar crítica alguna contra el gobierno de las mentes lúcidas. De hecho siete días antes de la inauguración se identificó que esos problemas no fueron superados, sin embargo toda autoridad se hizo de la vista gorda.
La verdad era que para bajar supuestamente los costos Odebrecht había eliminado obras civiles necesarias por un monto de 30 millones de dólares, sin embargo ese valor nunca disminuyó porque la constructora incluyó nuevos rubros  y obras adicionales.
Solo era cuestión de tiempo para que las grandes figuras de la Revolución Ciudadana enfrenten su peor pesadilla. Jorge Glas Espinel y Alexis Mera Giler lo sabían desde el pasado marzo,  cuando las autoridades brasileras encarcelaron a Marcelo Odebrecht, el líder de la empresa constructora más grande del continente. En ese mes los fiscales brasileros descubrieron que en las hojas de cálculo de Odebrecht, que detallaban los sobornos a decenas de funcionarios de varios países,  constaban las iniciales “Fr”, siglas que le corresponde a Fernando Luiz Ayres de Cunha Santos Reis, uno de los mayores ejecutivos de la constructora y el hombre que manejó los negocios de Odebrecht en Ecuador por 10 años.

Diario Expreso fue el medio que dedicó los mejores esfuerzos para desenmascarar la corrupción en San Francisco. En la imagen el Contralor Carlos Pólit aparece en el túnel de descarga de aguas. Fue él quien aceptó el acuerdo para el retorno de Odebrecht pese a que la compañía brasileña no cubrió ni la cuarta parte de la más modesta evaluación de los daños causados por la Represa de San Francisco.

En noviembre pasado Santos Reis fue capturado por la policía, entonces los mayores miedos de la Revolución Ciudadana se transformaron en pesadilla. Santos Reis, el hombre que protegió a  Lucio Gutiérrez luego de su caída, el que levantó decenas de contratos como San Francisco, Toachi-Pilatón, Baba, Chongón, el aeropuerto de Tena estaba preso y dispuesto hablar.
El secretario jurídico de la Presidencia no perdió tiempo y encargó a su subsecretario, Vicente Peralta León, que envíe dos abogados de la Presidencia a Brasil para empaparse del caso que ha este momento cuenta con 20 casos penales abiertos y al menos 84 condenados.

La reserva en la investigación brasilera les hizo suponer a Mera y Glas que tendrían tiempo para sortear esa crisis de corrupción hasta después de las elecciones, pero el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acabó sus planes y ahora deben explicar al país cómo es que esa compañía entregó coimas por 33 millones de dólares a funcionarios ecuatorianos.
Mera se ha justificado en el hecho de que Odebrecht fue expulsada en septiembre de 2008 por el Presidente Rafael Correa por las graves denuncias probadas en la construcción de la central hidroeléctrica San Francisco , pero dijo que nunca se llegó a probar corrupción de la empresa.
Mera Giler olvida que en los momentos más críticos, antes de la expulsión de la empresa, el entonces ministro coordinador de sectores estratégicos, Derlis Palacios denunció que Odebrecht lo quiso Sobornar. En ese encuentro también estuvo el prefecto de Pichincha Gustavo Baroja, que manejaba el proyecto Toachi-Pilatón, mencionó lo mismo.
El propio Correa fue quien dijo “Mientras más escarbo más pus encuentro. Estos señores han sido corruptos y corruptores, han tenido comprado a funcionarios del Estado".
Pero en 2010 Odebrecht regresó con fuerza y su record fue limpiado con un acuerdo que fue santificado con el silencio del Contralor General, Carlos Pólit y del Procurador Diego García. El Convenio de Transacción se firmó el 8 de julio de 2010, entre los representantes de Hidropastaza (San Francisco) y Norberto Odebrecht que se comprometió a reparar las fallas de San Francisco más el pago de 20 millones por pérdidas ocasionadas por las paralizaciones de la planta.
El gobierno se comprometió entonces a retirar 50 millones en glosas de Contraloría, cerrar  el arbitraje de la Cámara de Comercio de Ambato y los juicios que se tramitaban en Ambato y dejar sin efecto la demanda internacional en contra del Banco de Desarrollo del Brasil, llamado Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, Bandes.
La cifra de 20 millones que ofreció Odebrecht estaba muy lejos de los daños estructurales de la Central San Francisco: la hidroeléctrica tiene graves problemas en los 11 kilómetros del túnel de conducción de aguas ya que no se colocaron los anclajes y dovelas necesarios para la caída de material, el sistema de enfriamiento de agua no era eficiente, nunca se construyó la chimenea de equilibrio y lo más grave fue que se cambió el diseño original de turbinas, lo que ocasionó la destrucción de esos equipos.
El acuerdo se estableció en estos términos, pese a que la auditoría de la firma Electroconsul, concluyó que las pérdidas por paralizaciones de San Francisco ascendían a U$ 83 millones, y la propia Odebrecht ofreció públicamente pagar U$ 43 millones. La totalidad de las demandas de Ecuador en contra de Odebrecht bordeó la cifra de U$ 250 millones. Finalmente, el gobierno de Correa se conformó con U$ 20 millones, recursos de los que no se conoce el destino.
“En esta primera parte del gobierno nosotros hemos sido muy duros con Odebrecht”, dijo Mera. Pero luego llegaron los proyectos Daule-Vinces, Manduriacu, Refinería del Pacífico, poliducto Pascuales-Cuenca y Proyecto La Esperanza, que es el oleoducto de agua, denunciado hace poco en este portal.

Luego de seis años del asesinato del Gral. Jorge Gabela se mantienen las interrogantes respecto al móvil y a los responsables de este crimen, pese a que ya hay sentencias dictadas en contra de cinco personas por el ataque.
La viuda del excomandante de las Fuerzas Armadas, Patricia Ochoa, continúa su lucha por esclarecer la muerte de su esposo. Al sentir agotadas las posibilidades de reunirse con el presidente Rafael Correa, el pasado 14 de diciembre, Ochoa le envió una carta  en la que cuestiona que no se haya levantado la reserva que aún existe sobre el caso y pide al mandatario que exija explicaciones sobre el verdadero informe pericial que se realizó dentro de la investigación.
Imagen: La viuda del General Gabela, Patricia Ochoa, reclama que se aclaren los verdaderos motivos de la muerte de su esposo.
El 19 de diciembre de 2010, dos personas armadas ingresaron a la casa del oficial, ubicada en la urbanización Tornero del Río, en la vía a Samborondón. Le dispararon mientras, supuestamente, intentaban asaltar a su hija. Diez días después Gabela falleció.
Tras identificar como móvil del crimen al robo, cinco sujetos fueron procesados. A tres de ellos se les sentenció a 25 años de cárcel y a dos,como cómplices y encubridores. Este resultado, que se concretó el 1 de abril de 2012, no satisfizo a la viuda, quien ha sostenido siempre que la compra de los helicópteros Dhruv para la Fuerza Aérea a una empresa de la India está relacionada con la muerte de Gabela y que por lo tanto hay un autor intelectual del asesinato que no se ha identificado.
•No deje de leer: ¿Quién mató al General Gabela?
Por Decreto 1317, de octubre del 2012, Correa creó una Comisión Interministerial presidida por la ministra de Justicia Lady Zúñiga. En el 2013, por un valor de $78 mil, esta comisión contrató a la empresa consultora Pericias Forenses, representada por el perito argentino, Roberto Meza para hacer una investigación pericial de la muerte del excomandante de la FAE. En ese entonces, los ofrecimientos oficiales eran que el informe final se haría público luego de ser analizado por el primer mandatario.
En efecto, el informe se entregó a las autoridades ecuatorianas el 2 de septiembre de 2013.
No obstante, este capítulo del caso Gabela no estuvo exento de polémica.
En varias entrevistas a medios de comunicación nacionales el perito aseguró que asesores directos de la ex ministra de Defensa, María Fernanda Espinosa, y del Ministro del interior, José Serrano, le pidieron no incluir en su informe el tema de los helicópteros Dhruv y el de las responsabilidades de la Policía en las investigaciones.
Las aeronaves, compradas en 2008, en alrededor de $45 millones, han protagonizado varios accidentes, incluyendo el fatal choque del helicóptero presidencial, por lo que la flota ha dejado de volar.
Meza dijo que en mayo del 2014 le pidieron eliminar 35 páginas del informe. “Esas páginas identificaban las responsabilidades y el tema de observaciones técnicas que se hacían a toda la investigación….constaban situaciones claras y evidentes de graves errores en la investigación de la Policía Nacional y la Fiscalía”, según el investigador argentino.
El experto especificó que se refiere a errores en algunas pericias realizadas por la Policía, “como  por ejemplo balísticas que vinculaban casos que a nuestro modo de ver no tenían absolutamente nada que ver porque estaban mal hechas las pericias. No había cómo demostrar lo que se estaba diciendo en esas conclusiones”.
Imagen: Patricia Ochoa le envió una misiva de 13 páginas al presidente, Rafael Correa, en la que cuestiona que no haya transparencia al haber reserva en las investigaciones del asesinato de su esposo, el General Gabela.
En su carta a Correa, la viuda del Gral. Gabela dice que esta es la única alternativa que le han dejado. Hace una reseña de las principales contradicciones que se han hecho evidentes en el proceso de investigación del caso y en el contenido del denominado tercer producto del informe pericial.
Ochoa relata que en la última reunión que mantuvo en Quito con el Comité Interministerial, presidido por la ministra de Justicia de ese entonces, Johana Pesántez, se descartó el delito común en el asesinato de su esposo.
“Usted no sabe cómo duele Sr. Presidente escucharlo decir en su sabatina que el caso de asesinato del General Gabela ya había sido solucionado por la justicia y quedaba dos cositas por investigar… Le parece a usted una insignificancia que el individuo que disparó a mi esposo nunca estuvo involucrado en ninguna instancia judicial?. No tiene relevancia para usted que dicho individuo fuera ajusticiado dos años más tarde del asesinato de mi esposo?.Es aceptable para usted que no se haya querido profundizar la investigación en todos los ámbitos, como por ejemplo el hecho que varios testigos declararon que en el primer carro con personal uniformado que llegó a mi residencia la madrugada del asesinato no fue de la Policía. Le parece justo que haya una persona sentenciada en este caso pudiendo ser inocente?”, señala la viuda.

Ochoa evidencia su indignación por haber recibido de las autoridades de justicia un informe pericial sin firma ni sumilla y con una evidente contradicción, pues en dicho documento se recalca que nunca se llegó al tercer producto o informe final…

En la misiva de dos páginas, Ochoa evidencia su indignación por haber recibido de las autoridades de justicia un informe pericial sin firma ni sumilla y con una evidente contradicción, pues en dicho documento se recalca que nunca se llegó al tercer producto o informe final, cuando en el acta de entrega-recepción firmada por el Ministerio de Justicia y el perito consta que si se entregó ese documento y se lo entregó al Comité Interinstitucional. El denominado tercer producto debía realizarse  si es que el perito encontraba indicios de que Gabela no fue víctima de la delincuencia común.
La viuda también pide la opinión del mandatario sobre los correos hechos públicos en los que se pedía al perito Meza eliminar más de 35 hojas del tercer producto. En esos correos aparecen los nombres del viceministro de Justicia, César Ochoa. 
Cuestiona que si el móvil del asesinato de Gabela fue el robo por qué la reserva en el caso y por qué la Fiscalía no se pronuncia luego de 17 meses de haber recibido el informe del Ministerio de Justicia.
Ochoa dice que así como le han mentido a ella le pueden haber ocultado información a Correa por lo que le dice que “pida explicaciones sobre el verdadero informe pericial y que se lo entreguen firmado y sumillado por el Perito responsable y por favor ordene que nos entreguen a la familia del General la única verdad: el informe original del perito”.

MilHojas.is

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Focus
El 4 de diciembre de 2012 la empresa mixta Refinería del Pacífico emitió las especificaciones técnicas de la tubería que debía usarse para la construcción del acueducto que debe dotar de agua a la planta refinadora. El documento RDP-IB-895-SPC-ME-0001 que estableció los requisitos señaló que debía cumplir los requerimientos del código ASME B 31.4, que básicamente se usa para el transporte de hidrocarburos. Documento
En los objetivos del documento  se estableció con claridad meridiana que el diseño, selección, construcción, montaje e interconexión debía realizarse con tuberías en acero al carbono, que el diámetro debía ser mayor a las 24 pulgadas y que era imperativo cumplir las normas API 5L. En un documento técnico al que tuvo acceso milhojas.is y focusecuador.com señalan que esas normas funcionan únicamente para el transporte de hidrocarburos: el tipo de acero de la tubería, espesor, y otros aspectos, netamente de estructura de la tubería,  se ajustan a las normas para la conducción de hidrocarburos. Esos criterios “difieren totalmente de lo especificado en las normas AWWA para conducción de agua a través de tubería de acero, puesto que los hidrocarburos y el agua, son fluidos con características totalmente diferentes en cuanto a propiedades físico – químicas y bacteriológicas, lo que indica una seria deficiencia de criterio. técnico tanto de la consultora contratada que realizó los estudios como de la contratista”.
Imagen: informe de labores presentado por Washington Bismark Andrade González a fines de 2014.
Es decir, las autoridades de refinería decidieron construir un oleoducto para transportar agua cruda. De hecho, al redactar en un cualquier buscador de Internet las normas “API 5L”, aparece la norma INEN 2493 (2010) para la construcción de gasoductos. ¿Hay responsables? La Comisión técnica que evaluó los pliegos de la supuesta licitación, los gerentes técnico y general, la empresa fiscalizadora y por su puesto la contratista.
Debido a la falta de transparencia, ninguna autoridad de Refinería del Pacífico ha explicado técnicamente la decisión de construir un acueducto con normas petroleras. Expertos consultados por milhojas.is han coincidido en señalar que es prudente construir un acueducto con tubería de metal siempre que el diámetro supere los 630 milímetros y dos megapascales de presión (unas 290 libras de presión por pulgada cuadrada) pero nadie puede asegurar que el ducto afronte esas fuerzas.
Lo poco que se conoce de la obra es que tiene 93 kilómetros de tubería, de 48 pulgadas de diámetro con espesor de ½ pulgada, que toma las aguas de la reserva La Esperanza a 11 kilómetros de la ciudad de Calceta con una estación de bombeo y que supuestamente debe transportar 6 600 metros cúbicos por hora. Además tiene el objetivo de entregar 2000 metros cúbicos de líquido a las ciudades de Manta, Montecristi y Jaramijó.
La opacidad ha sido el denominador común en esta onerosa obra, ejecutada por la empresa brasilera Norberto Odebrecht. Desde el inicio del proceso de licitación (LICO-RDP-001-2013) la empresa Refinería del Pacífico informó a la ciudadanía que la selección de la constructora se decidió en un concurso abierto de ofertas. Pero la realidad es que de las cinco empresas que presentaron ofertas, cuatro fueron desechadas por incumplir los términos de referencia.
Imagen: la apertura de sobres de las ofertas para el oleoducto de agua.
La Contraloría General del Estado realizó un examen a ese proceso a fines del año 2013 y determinó que ninguna de las empresas en realidad cumplió con las especificaciones. No fue lo único que determinó: Contraloría también descubrió que el departamento técnico no evaluó correctamente el costo del proyecto.  Informe
En el primer caso Contraloría, en el informe DAPy A-0009-2014, dijo que la empresa China Petroleum Engineering Construccion  & CORP no presentó propuesta económica. Que su similar Sinohydro Corporation Limited,  tampoco lo hizo.  El consorcio Kayson Falatsaz no entregó toda la información requerida, entre ellas la escritura pública del compromiso del consorcio, al igual que el llamado Consorcio del Pacífico.
Entonces Norberto Odebrecht fue seleccionada, pero su oferta tampoco incluyó el pago de impuestos de bienes importados, tal como señalaban los términos de referencia. Contraloría reconoció en su examen la falta de la concursante: “El precio de la oferta incluirá todos los valores por concepto de impuestos al comercio exterior….”,  la misma razón por la que fueron descalificados los consorcios Falatsaz y Del Pacífico.
Refinería del Pacífico benefició abiertamente a Odebrecht al adjudicarle el contrato. Además cambió las reglas de los pliegos y le brindó a la constructora la posibilidad  de manejar esos valores impositivos a su libertad.
Otro de los puntos conflictivos fue el precio referencial de la obra que RDP calculó. Contraloría revisó los montos y conoció que el valor referencial de la obra se estableció en USD$ 168 877 126. Los fondos fueron asegurados en la partida  750199. El memorando RDP-UFI-2013-0272-MEM de 17 de abril de 2013 del gerente técnico, Washington Bismark Andrade Gonzalez, dirigido a la jefe de presupuesto, le pidió certificar la existencia de fondos para 2013 por USD$ 52 200 000 y la diferencia USD 116 677 126 se estableció para el presupuesto de los años 2014-2016.
La contratación fue autorizada por el directorio con la resolución DIR-RDP-03-2013-03-20 y permitió al gerente, Pedro Merizalde Pavón, continuar con el proceso precontractual.
Imagen tomada del portal de Odebrecht de la construcción del oleoducto de agua https://www.odebrecht.com.ec/acueducto-la-esperanza/.
Pero la propuesta económica de Odebrecht estaba lejos de lo presupuestado por RDP. Pese a la diferencia de  USD$ 91 037 358, se le adjudicó el contrato ¿Qué error de cálculo cometieron las mentes lúcidas?
Contraloría identificó que no se habían considerado costos indirectos de la obra y que esos rubros  encarecieron en 24,6% el precio de la obra. Para contraloría el valor referencial debió ser USD$222 249 014.58.  Pero la oferta de la empresa brasilera estaba USD$ 37 665 469,68 arriba de lo considerado por el ente de control, el precio nunca fue impedimento para entregar la obra a los brasileños.
De hecho no es la única obra que Odebrecht realizó, ha trabajado en la sustentación del suelo de lo que será la refinería: Washington Bismark Andrade dijo que realizó la construcción  plataformas para el levantamiento de todas las áreas de la refinería por USD$ 307 000 000  millones.
La pregunta que queda flotando es cómo la empresa fiscalizadora dio luz verde al proceso. Se debió a que ese trabajo fue encomendado a Azul, la empresa del marido de Mónica Hernández, que represetna a Worley Parsons.Hernández es la asesora directa de presidente Rafael Correa, la misma que se encargó de contratar cientos de millones de dólares en la Refinería Esmeraldas y la que se encargó del Project Management en la millonaria e inexistente Refinería del Pacífico

OFERTAS PRESENTADAS
-CHINA PETROLEUM ENGINEERING CONSTRUCTION & CORP. (USD 278´543.236,00)
-SINOHYDRO CORPORATION ENGINEERING CONSTRUCTION & CORP. USD (169´212.956,00)
-CONSORCIO KAYSON-FALATSAZ (USD 167´547.305,54)
-CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT (USD 259´914.484,26)
-CONSORCIO PACÍFICO (USD 271´368.008,91)

El Área de Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, la Fundación Mil Hojas y el Center of Investigative Journalism in the Americas invitan al foro internacional “Transparencia y justicia: construyendo instituciones para la rendición de cuentas desde la sociedad civil y el periodismo de investigación”.
Este foro internacional se propone revisar el rol que debe tener la sociedad civil y los periodistas de investigación para promover el fortalecimiento de la institucionalidad del Estado en América Latina, especialmente en lo que respecta a la rendición de cuentas sobre la calidad de la gestión pública, a la transparencia y acceso a la información pública y a la efectiva acción de la justicia para determinar responsabilidades civiles y penales de funcionarios públicos que abusan en sus funciones.

Programa
Noviembre 22
9h00   /   Registro
9h30 – 9h45
Bienvenida
Ramiro Ávila Santamaría, director (e) del Área de Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador
Carlos Jijón, decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de las Américas
Martha Roldós, Fundación Mil Hojas
Guadalupe Fierro, presidenta de la Unión Nacional de Periodistas (UNP)
Ramiro García, presidente del Colegio Abogados de Pichincha
9h45 – 10h30
Del periodismo de investigación al periodismo de largo aliento: la investigación de los casos de corrupción en México y la importancia del acompañamiento legal y técnico
Janeth Hinostroza, Los Desayunos de Teleamazonas
Christian Zurita, periodista de Investigación 
Comentadora:  Thalía Flores, Descifrando en Grupo
10h30 – 11h15
La importancia de la justicia y la transparencia para la lucha contra la corrupción
Julio Arvizu González, Perú – Honduras. Exprocurador contra la Corrupción del Perú, Delegado por Naciones Unidas para la Comisión contra la Corrupción de Honduras
11h15 – 11h30   /   Café
11h30 – 12h15
El periodismo de investigación frente a la corrupción y opacidad de la información pública: desafíos afrontados en Argentina y perspectivas luego de la aprobación de la nueva Ley de Acceso a la Información
Mariel Fitz Patrick, periodista de investigación – TV Pública, antes Canal 13 – Argentina. International Consortium of Investigative Journalists
12h15 – 14h00    /   Almuerzo
14h00 – 15h30
Panel La transparencia y el Estado de Derecho: son suficientes los Panamá Papers para la justicia y la rendición de cuentas?
Panelistas:
Mariel Fitz Patrick, periodista de investigación – TV Pública, antes Canal 13; International Consortium of Investigative Journalists
María Laura Patiño, CIJA&FMH
Mónica Almeida, periodista – (El Universo); International Consortium of Investigative Journalists)
Moderador-comentador: Carlos Jijón, decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de las Américas
15h45 – 16h00   /   Café
16h30-19h00    •      Taller cerrado (por invitación)
19h00    •          cierre
Inscripciones
La participación en esta actividad es gratuita. Las personas interesadas en asistir deben inscribirse en el siguiente formulario en línea: 

Formulario de inscripción