Autor: mh

Grupos de choque de la RC: el huevo de la serpiente

Escrito por mh en 15 de septiembre de 2016. Publicado en Otras Miradas.

Redacción Plan V

Imagen: Una toma de uno de los videos: a los dos extremos los militares involucrados en la "mañana deportiva". Al fondo, con gorra negra aparece otro militar, de civil, con gorra negra, instructor de Fuerzas Especiales, según fuentes militares.
La difusión de un video donde se aprecia a dos funcionarios públicos, Carla Delgado Reinoso, asesora de la Asamblea Nacional, y Rodrigo Collahuazo, asambleísta alterno de Virgilio Hernández, de Alianza PAIS, en una aparente instrucción militar, ha causado "preocupación" en filas militares, según confirmaron a Plan V fuentes que prefirieron el anonimato. La presencia de dos militares, uniformados, que aparentemente dirigían un ejercicio de acción y reacción, para actuar frente a movilizaciones, a personal civil, también llamó la atención del comandante general de la Fuerza Terrestre, general Luis Castro, quien emitió una orden militar a todas las unidades para que se identifique al personal militar que actuó en ese ejercicio. También el fiscal general, Galo Chiriboga, mostró su preocupación por la presencia de civiles en un recinto militar, y advirtió que este ejercicio es "un grave delito contra la seguridad interna del país", pues el uso de las armas y de la fuerza es monopolio del Estado, que se ejecuta a través de la fuerza pública.

Video: El material que circuló por las redes sociales.

Video: Uno de los videos sin editar muestra las acciones que los principales involucrados aseguran que se trata de un pícnic.
Carla Delgado y Collahuazo han admitido que son ellos quienes están en los videos. El dirigente de la Coordinadora de Movimientos Sociales, y aliado del régimen, minimizó los hechos y ha explicado que su presencia es por un montaje de edición, donde él no aparece junto a los militares. Dijo que fue invitado a dar cursos de oratoria. Delgado, de su parte, ha señalado que se trataba de una mañana deportiva y un pícnic y no saben en qué momento aparecieron los militares. Incluso sembró la duda de que los elementos uniformados serían militares.
Sin embargo, hay tres militares en esas prácticas de enfrentamientos callejeros. Dos de ellos ya fueron identificados como miembros en servicio activo. Un tercero sería instructor de Fuerzas Especiales. El lugar, es al parecer, el Fuerte Epiclachima, en el Sur de Quito.
¿Quiénes son los militares que hacían instrucción militar no autorizada? Víctor V. sería uno de ellos, según fuentes militares: es cabo primero y trabaja actualmente en el Comando de Apoyo Logístico, No. 31. Fue también instructor de la Escuela de Especialistas de la Fuerza Terrestre, entre el 2013 y el 2016. Su hoja de vida registra un arresto de rigor de cinco días por "emplear personal, material y medios de las Fuerzas Armadas en actividades fuera del servicio militar, para beneficio personal o de terceros, siempre que no llegue a constituirse delito", según dice el Art. 38 de la ley militar.
El instructor de estos grupos también registra un juicio penal por robo con muerte. Fue en el 2014 y fue sobreseído provisionalmente en el 2015. Se trató del asesinato de una mujer de 60 años, Nancy C., en el sur de Quito. Los peritos no encontraron relación entre las huellas digitales obtenidas en el lugar del asesinato y los detenidos.

Imagen. Carla Delgado y Rodrigo Collahuazo junto al presidente Correa, en un acto proselitista.
En el otro, en el civil, donde aparecen Carla Delgado y Rodrigo Collahuazo, entre los identificados en los videos. Delgado es una funcionaria que se ha tomado fotos con todos los jerarcas del gobierno que ha podido. Pero no solo eso. Aparece como dirigente del colectivo llamado Construye Ecuador, y de una Red Juvenil que dice tener filiales en todas las provincias del país.
El 16 de abril del 2016, este colectivo subió un video a Youtube, en el cual invitaban a participar al Encuentro Provincial Comunidad Juvenil. En esta video participa Carla Delgado, entre otros dirigentes de colectivos juveniles. Uno de ellos, que se identifica como miembro de los Latin King, explica que "la Comunidad Juvenil es un colectivo que incluye a varias organizaciones, entre ellas, Latin King, Colectivo Vocea, Bullazurda, Red Provincial de Jóvenes por Pichincha, Construye Ecuador, Jóvenes por la Patria, Alfaro Vive Carajo, Barrios del Norte, Frente Base Juvenil, Unidos por el Sur, Unión Latina, entre otros…". Una de las dirigentes dice en ese video: "Como organizaciones juveniles entendemos este rol histórico en la radicalización y profundización de esta revolución ciudadana, por lo tanto también exigimos la construcción del poder popular". Otro de los dirigentes despide la intervención con la consigna: "unidad, lucha, batalla y victoria". En ese video, Carla Delgado invita a sumarse al acto que se realizaría en un salón de la Asamblea Nacional, el sábado 16 de abril, desde las 8 de la mañana. Una nueva reunión estaba planeada para el sábado 17 de septiembre de este año.
"La rebeldía estalla ahora en Ecuador, y es violenta porque aquí los "pelucones" se habían ensoberbecido (sic) y era necesario borrar para siempre el recuerdo de los contrarrevolucionarios de este tiempo": Jóvenes por la Patria.

Video: Carla Delgado (lentes) con los 'jóvenes' de AP.
Todos estos son grupos radicales identificados con el proyecto de la denominada revolución ciudadana. Por ejemplo, Bullazurda se promociona en su cuenta de Twitter, @bullazurda, como una "organización político-cultural compuesta por mujeres y hombres que luchan por la erradicación del capitalismo y la liberación de los pueblos". La Red de Jóvenes por Pichincha está vinculada a la prefectura de Pichincha. Tuvieron su asamblea en la sede del Consejo Provincial, y el propio prefecto Gustavo Baroja tomó juramento a sus dirigentes. La Red está vinculada, dice su información oficial, a proyectos productivos y educativos para jóvenes de la provincia. Frente Base Juvenil es un colectivo que trabaja en formación política en el Sur, junto a Unidos por el Sur y Violín Rojo, este último vinculado al proyecto Circo Social y más en una línea artística. Jóvenes por la Patria es otro colectivo que se define como "una organización política, de jóvenes de distintos sectores de nuestro país Ecuador, que hemos jurado luchar por una patria justa e igualitaria".
Esta organización, en su página de Facebook, adapta al Ecuador el manifiesto de los estudiantes de Córdoba, Argentina, de este modo: "La rebeldía estalla ahora en Ecuador, y es violenta porque aquí los "pelucones" se habían ensoberbecido (sic) y era necesario borrar para siempre el recuerdo de los contrarrevolucionarios de este tiempo. No podemos dejar librada nuestra suerte a la tiranía de sectas religiosas, ni al juego de intereses egoístas de ciertos grupos de poder. A ellos se nos quiere sacrificar". Muchos activistas de estos grupos son parte de los CDR. Solo en el Sur de Quito hay 387 Comités de Defensa de la Redacción y se calculan más de 3000 cederistas.

Video: jóvenes correístas o la fuerza de choque de AP.
¿Estos grupos han pasado a la "acción"? Las situaciones violentas protagonizadas en dos actos parece mostrar que algunos grupos vinculados a propuestas de "profundización y radicalización" de la revolución ciudadana han entrado en acción. La agresión al capitán de corbeta de la Infantería de Marina, Edwin Ortega, y a su abogado defensor, Juan Vizueta, en el contexto de una audiencia en Guayaquil es un dato de esa situación. La agresión a mujeres en Galápagos, de mujeres que protestaban contra la presencia del presidente Rafael Correa, y la presencia a ratos agresiva de varios colectivos en la última audiencia en la cual una jueza revocó las resoluciones de un Consejo de Disciplina de la Armada, es otra muestra.

LOS NEGOCIOS BOLIVARIANOS Y SU AGENTE EN CARONDELET

Escrito por mh en 13 de septiembre de 2016. Publicado en Exportaciones Ficticias.

La primera vez que Jaime Francisco Sánchez Yánez apareció en los medios fue en octubre del 2008, cuando persiguió y capturó a Carlos Hidalgo Ronquillo, un simpatizante del PRIAN, partido de oposición al Gobierno, por lanzar una calcomanía con propaganda hacia el auto donde iba Rafael Correa. Hidalgo terminó en la cárcel, acusado por un delito tipificado hasta con seis años de prisión. Su madre, una mujer de 75 años, pidió clemencia: “le suplico que desista de este juicio (…) le pido que lo perdone por haberle tirado una calcomanía”, sollozó dirigiéndose al mandatario. Al final, Hidalgo estuvo 23 días en la cárcel y fue liberado para alegría de su familia, sobre todo de su hijo de tres meses de nacido.

La segunda vez que Sánchez protagonizó una noticia fue unos meses más tarde, cuando lo salpicaron en el caso de los hermanos Ostaiza, sentenciados por narcotráfico y vinculados a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En febrero del 2009, el opositor Fernando Balda entregó un audio a la Fiscalía que supuestamente comprobaba la intención de los Ostaiza de financiar la campaña presidencial de Correa del 2006. Balda dijo que había entregado dicho audio a Sánchez en 2008, quien guardó el material y nunca realizó la correspondiente denuncia.

Días después, en marzo del 2009, el funcionario extranjero apareció de nuevo en la prensa, cuando se reveló que había viajado fuera del país en más de diez ocasiones, con cinco pasaportes diferentes. Para entonces, Sánchez Yánez ya era conocido como uno de los pocos asesores del círculo íntimo de Correa y el único de nacionalidad venezolana. Pero, ¿por qué tenía cinco pasaportes? El mismo Sánchez lo aclaró en una carta amenazante a diario HOY: “Exijo probar sus malintencionadas afirmaciones por medios legales y no difamando malévolamente, al mismo tiempo que los hago expresamente responsables por cualquier consecuencia negativa o perniciosa que ocurriese a mi familia o a mí”, manifestó, al tiempo de explicar que solo tenía tres pasaportes vigentes: uno venezolano ordinario Nº. 12360405; otro ecuatoriano, Comunidad Andina, Nº. 0503089658; y uno oficial Nº. OS 07.970 (diplomático). No obstante, señaló que anteriormente tuvo otro pasaporte venezolano, Nº. 07075883, que había caducado el 25 de junio de 1997, además de otro pasaporte ecuatoriano Nº. SO 94.192, expedido por la Embajada del Ecuador en Estados Unidos el 23 de mayo de 2002 y vencido seis años más tarde.

Sánchez nació en Puerto Ordaz, Venezuela, el 28 de septiembre de 1974, pero no fue sino hasta mayo del 2002 cuando decidió pedir la nacionalidad ecuatoriana, amparado en que su padre nació en este país. Su presencia en el Ecuador siempre generó dudas en los servicios de inteligencia del propio Gobierno. Una fuente consultada indicó que había la sospecha de que en realidad se trataba de un agente de inteligencia que trabajaba para Hugo Chávez, informándole de todos los movimientos que se daban en el Palacio de Carondelet. También se habla de una estrecha relación con el nicaragüense Daniel Ortega.

Para febrero del 2010 se especuló sobre su salida del Gobierno ecuatoriano. Diario El Universo publicó una nota que advertía sobre posibles cambios dentro del círculo de asesores, entre los cuales figuraba Sánchez. No obstante, meses más tarde, el 30 de septiembre de ese mismo año, durante la revuelta policial y militar generada por la aprobación de la Ley de Servicio Público, apareció de nuevo. Un informe de Fernando Garzón, entonces funcionario de la Defensoría del Pueblo, dice que Sánchez acompañó al Presidente de la República en la habitación que ocupó dentro del Hospital de la Policía y luego fue quien coordinó la llegada del vehículo que sacó a Correa de la zona de los enfrentamientos.

A Jaime Sánchez se le atribuye un rol central en el desenlace de la revuelta policial y militar del 30 de septiembre de 2010 (30S). Varias fuentes sostienen que “El Chamo“ como le dice Rafael Correa, fue el enlace entre Hugo Chávez y el Presidente de Ecuador, para definir la estrategia del presunto golpe de estado, secuestro y magnicidio, y así justificar la violenta incursión militar en el Hospital de la Policía. Los sucesos generaron la muerte de cinco ciudadanos.

Según dirigentes de Alianza PAIS, el asesor presidencial (Sánchez Yánez) se involucró en el proyecto político de Correa desde la campaña presidencial en el 2006 (poco tiempo después de la segunda visita de Correa a Hugo Chávez). Sánchez quien es muy cercano a Correa, formaba parte del régimen desde agosto del 2007 como asesor presidencial y no manejaba el tema de seguridad, a pesar de que siempre apareció con los miembros del equipo de seguridad presidencial. En 2011 un reporte de la estatal Agencia Andes indicaba que Jaime Sánchez, junto con Mario Latorre y Marco Mena, eran asesores personales de Correa.

Desde su llegada, el misterioso asesor venezolano nunca se ha alejado del régimen. Terminada su labor en la Presidencia de la República, entró a trabajar en el Ministerio del Interior, donde realizó al menos un viaje a Venezuela, del 26 al 29 de noviembre del 2012, para desarrollar actividades con funcionarios de ese país. Allí colaboró –según los pocos documentos disponibles– hasta febrero del 2014. En medio de todo esto, también hay registros de un paso por el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, entidad cuya disolución fue anunciada en mayo del 2013. Y es precisamente su accionar en esta institución financiera pública lo que abre un abanico de dudas.

Actualmente Sánchez es Director Zonal de la Secretaría Nacional de Comunicación. A pesar de las altas funciones que ha cumplido, no tiene ningún título académico registrado en el Senescyt.

Casas populares; el punto de la polémica

El 14 de febrero del 2012, Rafael Correa fue el invitado principal a la inauguración del primer tramo de Ciudad Victoria, proyecto habitacional en las inmediaciones de Monte Sinaí, área rural de Guayaquil que alberga centenares de familias en condiciones precarias de vida. El proyecto abarca 113 hectáreas, en las que se prevé construir 8 mil viviendas. Sin embargo, hasta el momento, no levanta vuelo.

Son casas de 40 metros cuadrados de área total, a un costo de 13 mil dólares, financiadas casi en su totalidad con crédito hipotecario. Una nota de diario Expreso detalló que a pesar de que la inversión estatal rondará los $300 millones de dólares, es evidente la falta de éxito de Ciudad Victoria, principalmente por la dificultad de que sus interesados accedan a préstamos de la banca privada, al ser personas que usualmente no tienen empleo formal. Sin embargo, en el acto de presentación, Correa no desaprovechó la oportunidad de hacer alarde de la inversión; entre aplausos y arengas aseguró que constituía el inicio de un cambio cultural para beneficio de los más pobres…

Pero esta inauguración tuvo otro invitado especial: Jaime Sánchez, según consta en el reporte de viáticos de enero a marzo del 2012, del Banco Ecuatoriano de la Vivienda. El asesor venezolano viajó por vía aérea desde Quito y recibió $316 dólares para sus gastos. Previamente realizó otro desplazamiento, el 3 de febrero, para hablar con el gobernador del Guayas sobre este mismo plan gubernamental. En su agenda había más proyectos, uno en el puerto de Manta y otro en las islas Galápagos, ambos de bajo costo.

Empero, mientras Sánchez aparecía como un diligente asesor que coadyuvaba a cristalizar los proyectos habitacionales del gobierno de Correa, paralelamente su hermano, Luis Sánchez Yánez, trabajaba en lo que posteriormente se convertiría en uno de los escándalos de lavado más grandes de los últimos años que, por cierto, también tuvo como plataforma un proyecto de vivienda popular.

El 28 de noviembre del 2011, los presidentes Hugo Chávez y Juan Manuel Santos sellaron en Caracas, un acuerdo de preferencias arancelarias entre Venezuela y Colombia. Meses más tarde, en marzo del 2012, el Ministerio de Vivienda de Venezuela firmó contratos por 654 millones de dólares, para la entrega de 8.400 casas de estratos populares. Como la falta de insumos ya afectaba al país bolivariano, el gobierno también autorizó la importación de casas prefabricadas. Aquí aparecen los colombianos Alex Saab y Álvaro Pulido, socios de la empresa Fondo Global de Construcciones, constituida en Bogotá el 24 de noviembre de 2011, apenas cuatro días antes de la suscripción del convenio de preferencias arancelarias entre los dos países.

Pasaron unos meses, pero en septiembre del 2012 Saab y Pulido concretaron un cuantioso negocio, al firmar contratos por 465 millones de dólares para exportar casas prefabricadas a Venezuela. De inmediato abrieron en Ecuador una ramificación del Fondo Global de Construcciones, a través del propio Pulido y un nuevo socio: Luis Sánchez Yánez, hermano del asesor venezolano del gobierno de Correa.

Pero los negocios bolivarianos se truncaron en poco tiempo. El 4 de junio del 2013, la Fiscalía de Pichincha abrió una indagación para investigar la actividad del Fondo Global de Construcciones. En su pesquisa detectó que esta empresa desvió 156 millones de dólares recibidos de Venezuela, hacia cuentas en paraísos fiscales. Es decir, nunca se enviaron las casas prefabricadas, a pesar de haber registrado la exportación, sino que solo se recibió el dinero para transferirlo a cuentas de terceros. Las exportaciones ficticias constituyen un mecanismo de defraudación que ha generado miles de millones de dólares en pérdidas para la economía venezolana, utilizado para esconder todo tipo de actividades ilícitas.

Actualmente, Luis Sánchez Yánez tiene orden de detención en Ecuador, pero se cree que reside en las islas Bahamas, sin muchos problemas ya que la justicia nunca solicitó a Interpol un pedido de captura internacional.

Fondo Global de Construcciones es solo una de muchas empresas dedicadas a las exportaciones irregulares de Ecuador hacia Venezuela. En octubre del 2011, la desaparecida revista Vanguardia reveló más de una docena casos que evidenciaban dos tipos de fraudes: exportaciones ficticias y sobrevaloradas. El objetivo era extraer dólares de la economía venezolana para trasladarlos a cuentas en paraísos fiscales o, en ciertos casos, ingresarlos al mercado negro de divisas del propio país bolivariano, el cual se generó a partir de las restricciones para la circulación de moneda extranjera.

El Fondo Global de Construcciones sí alcanzó a realizar pequeñas exportaciones a Venezuela, que sumaron alrededor de $3 millones de dólares, según detectó la Fiscalía. Lo llamativo es que su principal proveedor fue Electrocables, propiedad del empresario Nasib Nehme, sobre quien se abrió una indagación por lavado de activos. En el expediente fiscal constan varios cheques de Fonglocons a favor de Electrocables, incluso pagos de la empresa de Nehme a Luis Eduardo Sánchez. Pese a existir estas evidencias, sorpresivamente, cuando se esperaba se formalice la instrucción fiscal, en junio de 2016, por petición del fiscal del caso un Juez resolvió el archivo del proceso.

El Fondo Global de Construcciones también tiene representaciones en países como Perú, España y Malta, así como empresas anexas tales como el Fondo Global de Petróleo o el Fondo Global Agrícola.

En lo que respecta al capítulo ecuatoriano, existe otra figura: Luis Zúñiga Burneo, quien está sindicado y con orden de captura por las transacciones ficticias hacia Venezuela, pero que es una de las fichas importantes para entender cómo nació esta red de negocios ilícitos…

La ruta bolivariana de lavado: el inicio

Todo comenzó en el Palacio de Carondelet, el 26 de agosto del 2009. Una firma de documentos y varios apretones de manos dieron vida a Empreven Ecuador, plataforma empresarial apoyada por los gobiernos de Rafael Correa y Hugo Chávez, que pretendía fomentar el comercio entre sus países. Galo Mora, entonces secretario particular del mandatario ecuatoriano, fue el encargado de saludar a los visitantes y felicitarlos por crear un organismo que quizás tenía buenas intenciones, pero que en la práctica sirvió para tejer los nexos del multimillonario caso de lavado de exportaciones a la nación bolivariana.

Para muestra tres botones. Entre los invitados al nacimiento de Empreven Ecuador sobresalieron: Alejandro Uzcátegui, presidente de Empreven Venezuela; Gabriela Uzcátegui, delegada por PDVSA; y Luis Zúñiga Burneo, representante de los empresarios ecuatorianos y hoy prófugo de la justicia por el caso del Fondo Global de Construcciones.

Alejandro Uzcátegui, un polémico empresario y abierto simpatizante del chavismo, firmó los acuerdos para la creación de su flamante plataforma empresarial y tomó un vuelo directo hacia Caracas. Sin embargo, cuatro meses después de su breve estadía por la capital ecuatoriana, se vio envuelto en un gran escándalo. En diciembre del 2009 fue señalado por el cierre y posterior intervención del Banco Real, entidad financiera venezolana, sospechosa de estar inmersa en actividades irregulares. Uzcátegui tuvo circular roja de Interpol y se cree que anduvo escondido en Aruba mientras se resolvían sus asuntos judiciales. Sin embargo, para enero del 2011 reapareció y retomó su papel de líder empresarial. De hecho, en noviembre de ese año, Uzcátegui volvió al Ecuador para relanzar su plataforma empresarial, ahora bajo el nombre de Empreven Latinoamérica, otorgándole trascendencia regional y escogiendo Quito como su sede permanente. En esos momentos, el comercio entre Ecuador y Venezuela experimentaba un crecimiento sin precedentes, sostenido con exportaciones ficticias o sobrevaloradas; en 2011, las exportaciones hacia el país bolivariano alcanzaron los $1.474 millones de dólares, aunque para el año siguiente bajaron a 1.008 millones. El año pasado, las exportaciones ecuatorianas a ese país evidenciaron un desplome al descender a $478 millones de dólares, principalmente por el sinceramiento de las cifras luego de los varios escándalos judiciales y la crisis económica que afecta a los venezolanos.

Otra invitada al palacio de Carondelet fue Gabriela Uzcátegui, hija de Diego Uzcategui Matheus, director de la Oficina de Presidencia de PDVSA y presidente de PDVSA Argentina. Gabriela fungía como representante de la petrolera venezolana, pero su nombre había sonado fuerte dos años atrás, en Argentina, durante el “escándalo del maletín”. Este suceso ocurrió el 4 de agosto del 2007 y fue protagonizado por su entonces pareja sentimental, Guido Antonini Wilson, empresario venezolano cercano al gobierno de Hugo Chávez. El problema se originó cuando Antonini Wilson aterrizó en Buenos Aires con una maleta con $790 mil dólares, la cual quiso ingresar sin declarar. Fue un caso que generó mucha controversia, al coincidir con la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner. El vuelo en que llegó el cuestionado empresario había sido contratado por Enarsa, la misma empresa estatal argentina que en 2008 prometió invertir en la construcción de la represa Coca Codo Sinclair y nunca cumplió.

Finalmente, otro de los asistentes a la cita de lanzamiento de Empreven Ecuador fue Luis Zúñiga Burneo, un profesional de origen quiteño, relacionado con proyectos agrícolas auspiciados por el Gobierno. De hecho, Zúñiga Burneo se convirtió en uno de los más entusiastas impulsadores del comercio con Venezuela. Creó su propia plataforma de negocios, denominada Corporación Andina de Comercio, con la cual tocó muchas puertas y ofreció servir de puente entre empresas de los dos países. Luego delegó la dirección de este ente a su hija, María Gabriela Zúñiga, quien también fue una comprometida impulsadora del comercio con el país latinoamericano.

No obstante, el interés que los Zúñiga dieron al comercio con Venezuela se frenó cuando la Fiscalía empezó a investigar las actividades del Fondo Global de Construcción. Luis Zúñiga Burneo era su representante legal al momento de cometerse los actos ilícitos. Actualmente sobre su cabeza pesa una boleta de captura y su paradero es desconocido.

Así fue el punto de partida de uno de los casos más grandes de lavado en los últimos años, con el Fondo Global de Construcciones ocupado un papel estelar en la trama. La actividad de esta empresa generó un reciente episodio en Venezuela, con una denuncia del diputado opositor Rober Alcalá, que mostró cinco casos de exportaciones irregulares a Venezuela e identificó al colombiano Álvaro Pulido como uno de los principales ejecutores de los negociados. Pulido también es sobrino de la exsenadora colombiana Piedad Córdoba.

Esta investigación fue realizada por Fernando Villavicencio Valencia y publicada por Plan V el 13 de septiembre de 2016.

Discapacitados, víctimas de la maraña legal del Gobierno de Rafael Correa

Escrito por mh en 13 de septiembre de 2016. Publicado en Reportaje.

Hace más de tres años, el 24 de mayo de 2013, al juramentar por tercera vez como presidente de Ecuador, Rafael Correa Delgado se emocionó al escuchar la canción Cómo será la Patria, en voces del coro de Los Niños Cantores del Pueblo.
Minutos después lo hizo hasta las lágrimas cuando una niña con Síndrome de Down atravesó, llevando en sus manos la banda presidencial, la sala principal de la Asamblea Nacional, abarrotada de autoridades, mandatarios, delegaciones e invitados nacionales e internacionales y, por supuesto, de sus seguidores y defensores del autodenominado Gobierno de la revolución ciudadana. Aquí el video de tan emotivo acto. Click aquí
Este show del Gobierno contrasta con el viacrucis que muchos discapacitados y sus familiares padecen debido a la maraña institucional y legal que, en lugar de fortalecer la atención y mejorar su acceso a los publicitados beneficios estatales, ha provocado desesperación y desconcierto, como se evidencia en varios mensajes publicados en el siguiente link, Click aquí
Para ejemplificar esta realidad, MilHojas.is reproduce tres de dichos mensajes, tal como los afectados los escribieron:

Nestor M, Comentó Hace 4 Dias: PREGUNTA” por que la persona cuidadora(or) tiene que ser mayor de edad , me an echo algunas visita y ven que con la persona que vivo es menor de edad dicen que no me pueden ayudar, yo digo si las visitas que hacen es para ver como esta la persona con especial en casa ,( si esta bien cuidado . comido, etc , ) y cumple todas esas normas , por que carajos no hacen algo al respecto y toman otras normas, no tengo esa dicha de contar con una persona mayor de edad ami lado y quieren que ese dinero del bono Joaquin gallegos lara . pague a una persona mayor de edad y cuando muy bien saben que una persona gana lo básico y lo básico no es 240 $ tendre que buscarme un trabajo yo para pagar a alguien que me cuide , con una discapacidad de 94% espero alguien me conteste y diga algo que tenga sentido, mi correo [email protected] Julia Camacho, Comentó Hace 3 Semanas: Hola yo soy de pallatanga mi hijo tiene el 88%de discapacidad me voy a riobanba y me dicen q el se va a morir yo como madre me duele eso x favor digamen como es eso yo necesito saber cómo aser el mies de riobanba son muy groseros la última vea me dijieron q le escriba una carta al presidente así de groseros x favor nesecita ayuna mi celular es 0979226XXX x favor ayuna Cindy, Comentó Hace 2 Meses: Buenas Tardes quisiera saber el motivo por el cual mi mama ya no cobra el Bono Joaquin Gallegos Lara. Si ella posee una enfermedad Catastrofica. y hasta el mes pasado (Junio 2016) aun le cancelaron el Bono y ahora no entiendo el motivo por el cual le cortaron Estare en espera de su respuesta mi mama se llama Rosa Chele.

El clamor de estas personas deja al descubierto el caos jurídico e institucional para la atención a personas con capacidades especiales en Ecuador. Esta situación empeoró tras la eliminación de la Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades (Setedis), ordenada el pasado 23 de mayo por Rafael Correa, mediante el Decreto 1047, bajo el argumento de que necesita optimizar el gasto ante la caída de ingresos petroleros y las complicaciones del manejo económico.
La Setedis, creada en junio de 2013, implementó siete programas de ayuda social, entre ellos la Fundación Manuela Espejo y el Bono Joaquín Gallegos Lara. De esa manera, el accionar del régimen correista parecía coherente con su discurso y su millonaria estrategia publicitaria sobre la atención preferente a este grupo social vulnerable.
Esta política también fue promovida porque el ex vicepresidente Lenín Moreno, quien acompañó seis años en el poder a Rafael Correa (2007-2013), hace parte de este segmento social que, en la actualidad, abarca a 414.240 ecuatorianos, de acuerdo con los últimos datos publicados por el Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis).
En enero de 2015, dos años después de que Jorge Glas reemplazara a Moreno en la Vicepresidencia, el Ejecutivo amplió las capacidades y competencias de la Setedis.
Pero, lejos de eso, hace tres meses, la eliminó de un plumazo.
El 1 de julio, la Secretaría de la Administración Pública, dirigida por Pedro Solines, ejecutó el Decreto 1047 y dispuso que el Ministerio de Salud Pública (MSP) asuma las competencias de un galimatías institucional que incluye rimbombantes nombres como: proyectos de inversión y programas de Detección temprana e intervención escolar de la discapacidad visual, Detección temprana y escolar de discapacidades auditivas, la Misión Solidaria Manuela Espejo y el programa Integración social y mejoramiento de la movilidad y autonomía de las personas con discapacidades que requieren prótesis y órtesis.
Video: Rafael Correa jura como presidente y una niña con Síndrome de Dawn le entrega la banda presidencial.
Tales acciones hasta el momento no han merecido un comentario de Lenín Moreno, quien desde el año pasado es enviado especial del secretario de Naciones Unidas para la Discapacidad y Accesibilidad, cargo creado a pedido de Rafael Correa y financiado con recursos del presupuesto del Estado.
Moreno vive en Ginebra, Suiza y el Gobierno ecuatoriano cubre su sueldo y los gastos de estadía de él, su esposa y su hija. Al respecto, MilHojas.is develó que, para desempeñar dichas funciones, el ex vicepresidente nominado incluso para Premio Nobel de la Paz por su gestión a favor de los discapacitados, exigió una asignación anual de $1,6 millones para vivir y hacer su trabajo en una de las ciudades más caras del mundo. Ese monto fue aprobado en 2014 por el ministro de Finanzas Fausto Herrera. Click aquí.
Eso explica, a decir de la asambleísta del movimiento Madera de Guerrero, María Cristina Kronfle, el silencio de Moreno ante la eliminación de la Setedis y otras reformas a la Ley Orgánica de Discapacidades (LOD), que reducen algunos beneficios laborales y tributarios para este sector.
Bajo el nuevo marco legal, la Misión Solidaria Joaquín Gallegos Lara es supervisada por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), el Ministerio de Trabajo maneja el Sistema de Inclusión Laboral y el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social asume el proyecto Fortalecimiento de Servicios Inclusivos y Redes de Apoyo para personas con discapacidad.
El decreto dispuso también que los activos y pasivos de la Setedis sean transferidos a cada cartera de Estado según sus competencias y que el personal sea liquidado o pase al MIES. La Secretaría tiene 221 empleados y $2,5 millones de presupuesto.
Para Kronfle, fue un error eliminar la Secretaría que impulsa programas que han pasado a entidades como el MSP, al que considera “uno de los más inútiles que tiene el país. En temas de calificación han incluido criterios económicos que no tienen nada que ver con la discapacidad. Es decir, una persona puede ser cuadripléjica, tener incapacidad mental o esquizofrenia severa pero, por tener una familia o formación académica, el porcentaje de calificación baja. Son hechos insólitos de discriminación que comete el Ministerio de Salud. En la vida se había visto algo así”, advirtió Kronfle en entrevista con MilHojas.is. Click aquí.
Lo contrario piensa Xavier Torres, presidente del Conadis, para quien el cierre de la Secretaría no es sorpresa, pues consta en la transitoria sexta de la Constitución aprobada en 2008, una vez que se conformen los Consejos de Igualdad. El asegura que el MIES, el MSP y otros ministerios como los de Trabajo y Deportes están preparados para asumir las competencias de las extintas instituciones.
Kronfle viene denunciando que recibe quejas porque el MIES tiene problemas para evaluar la entrega del bono Joaquín Gallegos Lara y el MSP pone muchos reparos para calificar a las personas con discapacidad.
Las críticas a esta medida también provinieron de las propias filas del movimiento oficialista Alianza País (AP). Por ejemplo, el legislador lojano Richard Farfán, dijo: “Como asambleísta que vivo en carne propia esta realidad, yo hubiera querido que el señor Presidente elimine la Secretaría del Buen Vivir y se cree un Ministerio para personas con discapacidad donde tenga poder de vigilar y fiscalizar”.
No obstante, como cubriéndose la espalda, Farfán acotó que la supresión de la Setedis está prevista en la Ley del Consejo de Igualdad. La entidad fue creada en junio de 2013 como Secretaría Técnica de Discapacidades, adscrita a la Vicepresidencia de la República.
En medio de estos cambios de nombres y reasignación de funciones y competencias, cada día, decenas de familiares de ecuatorianos con capacidades especiales recorren, cargándolos en brazos, ayudándolos a caminar con muletas o empujándolos en sillas de ruedas, a las oficinas del Conadis, del MSP, del MIES y otras entidades, a fin de acceder al publicitado mundo de beneficios que ofrece el régimen.
Unos lo hacen para suplicar ayuda, otros para exigirla y algunos para denunciar que la política de atención a este sector es, en buena medida, solo estrategia publicitaria.
A esto se suman los complicados de trámites que deben cumplir para acceder a los beneficios consagrados en la Constitución y en la Ley Orgánica de Discapacidades (LOD). Veamos:

Requisitos para inscribirse en el bono Joaquín Gallegos Lara de $240 mensuales
Cédula de ciudadanía de la persona con discapacidad (Copia).
Cédula de ciudadanía de la persona cuidadora (Copia) .
Carnet de discapacidad CONADIS/MSP (Copia) .
Planilla de un servicio básico (Copia) . Certificado Médico (Original) .
Requisitos para personas con enfermedad catastrófica, rara o huérfanas
Cédula de ciudadanía de la persona con discapacidad (Copia).
Cédula de ciudadanía de la persona cuidadora (Copia).
Certificado médico del especialista que indique la enfermad, con índice de Karnofsky (Original).
Planilla de un servicio básico (Copia).
Certificado de no afiliación al IESS (Original).
Certificado de no afiliación al ISSFA (Original).
Certificado de no afiliación al IESSPOL (Original).

Sacar el carnet de discapacitado, un viacrucis
En Ecuador 414.240 habitantes sufren algún tipo de discapacidad, de acuerdo con las últimas cifras publicadas por el Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis). Desde hace 20 años hasta 2013, el carnet de discapacitados lo entregaba este organismo, pero desde ese año dicha competencia pasó al MSP, que lo emite solo a través de centros de salud certificados. Pero, lejos de facilitar la vida de estas personas, ahora el trámite es más complicado. De hecho, el Conadis debió elaborar este instructivo, que lo reproducimos textualmente:

Procedimiento para obtener el carné del Conadis
En caso de que usted considere tener una discapacidad, visual, auditiva, física o intelectual:
1.-Llamar al centro o subcentro de salud del Ministerio de Salud más cercano al domicilio, sacar un turno y luego acudir para la revisión médica con el médico general.
2.-Una vez recibida la atención del médico general se le otorga una transferencia para el especialista en un hospital público. Si es afiliado al IESS a una de sus dependencias.
3.-Luego de la valoración del especialista, coger un turno en estadística con el médico calificador para determinar el porcentaje de discapacidad.
4.-Con los documentos obtenidos acudir nuevamente al Subcentro o Centro de Salud más cercano para la emisión del carné de discapacidad a través de la trabajadora Social Este carné será otorgado mediante la presentación de los siguientes requisitos:
-Presencia física de la persona con discapacidad
-Certificado único de calificación de discapacidad otorgado en el hospital
-Copia de cédula de identidad a color
-2 fotografías actualizadas tamaño carné

Tras este periplo, que puede durar meses, solo si la deficiencia supera el 40% la persona recibe el carnet. Si el porcentaje es menor le entregan un certificado de no acreditación, es decir que no puede acceder a los beneficios que ofrece el Gobierno.

Reforma al Reglamento, el último golpe a los discapacitados
La última reforma al artículo 6 del Reglamento de la Ley Orgánica de Discapacidades (LOD), dictada en junio de este año por el Ejecutivo, señala: “…los beneficios tributarios previstos en la Ley Orgánica de Discapacidades únicamente se aplicarán para aquellas personas cuya discapacidad sea igual o superior al 40%.”
Antes, el límite para el beneficio era del 30%.
Xavier Torres, presidente del Conadis, defendió públicamente esta exclusión y sostuvo que las personas con 30% de discapacidad no sufren lesiones severas y tienen mayores oportunidades de conseguir trabajo.
Esta recategorización también deja fuera de la exoneración del Impuesto a la Renta y la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a unas 25 000 personas que tienen una discapacidad de entre 30% y 39%.
Para no quedar fuera se deberá entregar al empleador el certificado que acredite el porcentaje de discapacidad. En materia laboral, la situación es similar. La legislación establece que las personas que tengan del 30 al 39% únicamente podrán acceder a un puesto de trabajo en las empresas que tengan más de 25 empleados.
En consecuencia, habrá menos probabilidades de acceso laboral de este grupo de 25 000 personas. Además, la reforma al reglamento suspende la entrega del bono Joaquín Gallegos Lara a los sustitutos que no cuiden a la persona con discapacidad.
Imagen: La cantidad oficial de personas registradas con discapacidades en Ecuador.
Para el cálculo del porcentaje de discapacidad, equipos del MSP evalúan la condición física, emocional, cerebral y psicológica y, en base a ese resultado, emiten un informe.
María Cristina Kronfle señala que hay errores injustificados en el Reglamento. Según ella, subir el porcentaje de calificación implica dejar a las personas con discapacidad desprotegidas, sin derechos a la salud, a medicinas y otras ayudas como créditos para vivienda, rebajas en las planillas de servicios básicos e incluso a la jubilación especial. La legisladora, desde su curul y su silla de ruedas, repudia la recalificación al 40% y todos los cambios que vulneran los derechos de las personas con discapacidad establecidos en la Constitución.
Estas acciones convierten en letra muerta varias promesas hechas por Jorge Glas cuando reemplazó a Moreno en la Vicepresidencia. El prometió que, a través de la Setedis, impulsará nuevos proyectos como los del Gobierno Accesible, la Investigación Técnica y Científica, la Marca de productos elaborados por personas con discapacidad, la Inclusión Educativa en las Escuelas del Milenio y la Certificación Nacional de Accesibilidad en los sectores público y privado.

La atención a los discapacitados data de hace 50 años
Pese a ciertos avances y a que se inició hace casi medio siglo por iniciativa de padres de familia y organizaciones privadas, y a que el Estado asumió ese rol de manera más activa en la década de los 70, la asistencia a personas con discapacidad en Ecuador sigue siendo de baja cobertura y deficiente calidad.
En esa época se amplió la asistencia a través de la creación de varios servicios y se dieron pasos importantes en la organización del Estado para atender la discapacidad.

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Así consta en una investigación efectuada hace más de 15 años por Ramiro Cazar, ex director ejecutivo del Conadis. Según dicho estudio, una de las primeras acciones del Estado fue la creación en 1973 del Consejo Nacional de Rehabilitación Profesional (Conarep), que se encargó de la formación ocupacional e inserción laboral de las personas con discapacidad.
En 1977 se expidió la Ley General de Educación en la que se señala, "que la educación especial es una responsabilidad del Estado". Otro paso importante fue la creación de la Unidad de Educación Especial en abril de 1979.
El 18 de julio de 1980 se creó la División Nacional de Rehabilitación en el Ministerio de Salud encargándose de la organización e implementación de la Rehabilitación Funcional.
Desde 1981 a 1984 se amplió la cobertura asistencial con la organización de servicios de Medicina Física en casi todas las provincias, que se suman a las unidades de rehabilitación de la Seguridad Social.
El 5 de agosto de 1982 se expidió la Ley de Protección del Minusválido, que creó la Dirección Nacional de Rehabilitación Integral del Minusválido (Dinarim), y asignó al Ministerio de Bienestar Social la rectoría y coordinación con las demás instituciones en todo lo relacionado con esta actividad. Esta ley contiene varias disposiciones relacionadas con la prevención y la atención de las personas con discapacidad y una específica, que determinó la desaparición del Conarep.
Para la atención a las personas con discapacidad se crearon varias unidades operativas dependientes del Ministerio de Bienestar Social.
La ampliación de la atención en ese entonces también se realizó por acciones que provienen del sector privado. Una de las instituciones de mayores realizaciones es el Instituto Nacional del Niño y la Familia-Innfa, con la creación de varios centros de rehabilitación y escuelas de educación especial.
Cazar anota en su análisis que el crecimiento fue en todas las áreas, pero llevado adelante en forma desordenada, lo que originó la duplicidad de acciones, la dispersión de recursos y una total descoordinación y desarticulación de las acciones.
Sin embargo, un hecho trascendental en este período fue la expedición de la Ley de Discapacidades 180 (1992) y la creación del Consejo Nacional de Discapacidades (1993), que surgieron del trabajo de la Comisión Interinstitucional de Análisis de la Situación de las Discapacidades en el Ecuador –CIASE (1989), presidida por Rodrigo Crespo Toral. El resultado fue el diseño del Plan Nacional de Discapacidades y la Ley de Discapacidades, expedida en agosto de 1992. Esto marcó un giro hacia el ordenamiento y la racionalización de la atención a las personas con discapacidad.
Pese a decenas de instituciones creadas Gobierno tras Gobierno, estos siguen en deuda con las personas con capacidades especiales, cuya inclusión plena es una tarea pendiente incluso en tiempos del mal llamado Gobierno de la revolución ciudadana y socialismo del siglo 21.

MilHojas.is

El galimatías de los gastos de la Secretaría de Comunicación

Escrito por mh en 6 de septiembre de 2016. Publicado en Otras Miradas.

Redacción Plan V
Se trata de un voluminoso informe que la Contraloría General del Estado aprobó con fecha 28 de julio de 2016. La entidad de control del uso de los recursos de la nación, tras una larga auditoría, presentó sus conclusiones de la forma en la que se gastaron millones de dólares del erario público en la Secretaría de Comunicación del Estado (Secom), durante la gestión del actual ministro de Turismo, Fernando Alvarado Espinel.
El informe, que fue hecho público por la Contraloría, analiza el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2013 y el 31 de agosto de 2015.
Según el documento, que consta de 93 páginas, los auditores de la Contraloría encontraron un verdadero rosario de irregularidades en el manejo de los recursos públicos, entre las que se cuentan contratos entregados a empresas de familiares de los propios funcionarios de la Secom y pagos millonarios a proveedores durante la visita del papa Francisco, que fue televisada por el Estado por disposición presidencial.
El informe analizó el uso de por lo menos USD 30´372.986,45 de los más de USD 70 millones con los que contó la Secom durante ese periodo de tiempo.
Los contratos de familiares
Imagen: Marco Antonio Bravo Segovia, ex subsecretario de Medios Institucionales de la Secretaría de Comunicación.
Marco Antonio y Carlos Bravo Segovia son dos comunicadores, hermanos entre sí, que se vincularon tempranamente al proyecto comunicacional de Fernando Alvarado.
Oriundo al igual que su hermano de la ciudad de Riobamba, Marco Antonio llegó al cargo de subsecretario de Medios Institucionales de la Secom y aparecía como presentador del programa "El Ciudadano TV", en donde entrevistó en varias ocasiones al presidente Rafael Correa. Ejerció la subsecretaría hasta el 7 de mayo de 2014.
Su hermano Carlos, quien había sido periodista de televisión privada, en el Canal Uno, salió de las pantallas en 2005.
El periodista reapareció con el advenimiento del correísmo en 2007, cuando se involucró junto con su hermano Marco Antonio en el equipo de propaganda del régimen, que dirigía Fernando Alvarado. Aunque Carlos Bravo no constaba en la nómina de la Secom, trabajaba en oficinas de la Presidencia en el antiguo edificio de La Previsora, a pocas cuadras del Palacio de Gobierno, en tareas que le encomendaba directamente Alvarado.
Según el reciente informe de la Contraloría, Carlos Bravo, quien en marzo de 2010 había constituido en Quito una empresa llamada Gota Azul Corpoazgo S.A, junto con otra comunicadora llamada Iliana Catalina Yépez Aguirre, se convirtió en beneficiario de un contrato de la Secom, mientras su hermano todavía ejercía el cargo de subsecretario.
En efecto, la empresa Gota Azul fue contratada el 28 de abril de 2014, por medio del contrato 006-2014-SECOM, "con la finalidad de que el proveedor realice el servicio de producción y post producción de documentales, cadenas y reportajes, por 189 000,00 USD, con un plazo de ejecución de 9 meses contados a partir del mes de abril", relata la Contraloría en su informe.
Aunque los funcionarios de la Secom alegaron que Marco Antonio Bravo Segovia no tuvo ninguna injerencia en este contrato, ni en su negociación, esto no convenció a la Contraloría, que concluyó que "se otorgó el 25% de calificación a la oferta presentada por el proveedor, es decir el puntaje máximo; que de conformidad con el medio de comprobación de la experiencia general mínima del proveedor se debía adjuntar contratos, actas de entrega recepción, facturas o convenios de pago; sin embargo, en la oferta anexó únicamente dos contratos y una resolución, la misma que no era documento habilitante de conformidad con los términos de referencia y pliegos. Por otra parte, se contrató con la Compañía Productora GOTA AZUL CORPOAZGO S.A., quien tiene como accionista al hermano del ex Subsecretario de Medios Institucionales, en funciones al momento de la contratación, por lo que se encontraba impedida de contratar con dicha compañía ya que de conformidad con las Inhabilidades Generales de la LOSNCP, se presume que por sus actividades o funciones, contó con información privilegiada".
Para la Contraloría, el contrato con la empresa de Carlos Bravo no solo que se calificó de manera irregular, sino que nunca debió firmarse por el parentesco que tenía con un alto funcionario de la Secom.
Pero ese no es el único caso de parentescos que, en sus descargos ante la Contraloría, los funcionarios minimizan. La Contraloría detectó también el caso de Juan Fernando López Cevallos, quien actualmente se desempeña como funcionario en el Ministerio de Turismo con Fernando Alvarado.
La madre y uno de los hijos de López Cevallos, llamados Alicia Fabiola Cevallos Veintimilla y Juan Martín López Moreano, constituyeron en Quito, el 8 de mayo de 2013, una empresa de comunicación, con el nombre de Burraska Comunicación.
La empresa, al igual que la conformada por Carlos Bravo en su momento, se legalizó con el capital mínimo requerido por la ley.
Imagen: Las observaciones se centran en la gestión de Fernando Alvarado.
Para mayo de 2014, es decir, apenas un año después, la flamante empresa había facturado a la Secom la cantidad de USD 107.000 más IVA, por haber brindado servicios de "producción y realización de videos, coberturas, videos animados, investigación periodística y capacitación profesional en ámbitos de comunicación…”, según ha podido precisar la Contraloría.
El 6 de agosto de 2014, se realizó el convenio de pago a favor de la empresa, por "difusión de la campaña Habla Pichincha y la producción y realización de video coberturas, videos animados, investigación periodística y capacitación profesional en ámbitos de comunicación en los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2014".
Pero las relaciones con Burraska no quedaron ahí. A las pocas semanas, la empresa fue contratada nuevamente, esta vez por USD 399.750 para la producción de las cadenas informativas "El Gobierno a sus mandantes". Este nuevo contrato fue suscrito en noviembre de 2014.
Entre abril y diciembre de 2015, la empresa recibió un tercer contrato, esta vez, por USD 321.000 más IVA, que consistió en "la producción de cuatro videos específicos con el Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo; el Técnico para la Gestión Inclusiva en Discapacidades; el Presidente del Consejo Nacional Electoral y la Directora Ejecutiva de la Agencia Nacional de Tránsito".
Sobre el último contrato, la Contraloría observó que varios de los materiales entregados a la Secom habían sido producidos antes de la vigencia del contrato, en enero y febrero de 2015.
En sus descargos ante la Contraloría, los funcionarios de la Secom aseguraron que el primer pago a Burraska se hizo el 21 de octubre de 2014, cuando ya no eran accionistas los familiares del asesor López.
A pesar de ello, la Contraloría concluyó que "se suscribió el convenio de pago con la empresa BURRASKA S.A.; sin embargo, de que los accionistas tienen el primer grado de consanguinidad con el Asesor del Despacho de la SECOM, por lo que se encontraba inhabilitado para prestar el servicio, en razón que sus partícipes eran lá madre e hijo del Asesor del Despacho de la Secretaría Nacional de Comunicación a la suscripción del convenio de pago".
Las llamadas de parte de Alianza PAÍS
La Contraloría descubrió también que, pagada con fondos de la Secom, operaba una empresa dedicada a realizar "llamadas telefónicas o envíen mensajes de texto, a diferentes emisoras y/o canales de televisión para que transmitan: conversatorios del Presidente de la República, enlaces ciudadanos, cadenas de radio y/o televisión y otros eventos realizados por el Presidente".
Esta empresa se llama Ecuadetalles, y trabajó para la Subsecretaría de Promoción de la Comunicación durante el año 2014. Al ser requerida por la Contraloría sobre sus actividades, la empresa remitió a la entidad de control una serie de correos que había recibido de la funcionaria a cargo.
Haciendo gala de militancia política, la funcionaria escribió, según el informe de la Contraloría:
"… Adjunto te envío las radios a reconfirmar el enganche en Guayaquil al saludo Señor Presidente, y presentación de Candidatos, como representante del Movimiento Alianza País (Presidente); y a su vez que nos ayuden con el monitoreo del mismo. Se realiza a las 20 horas…”, el 02 de enero de 2014. También escribió, esta vez el 30 de enero de 2014: “Por favor tu apoyo enganchando las radios de las siguientes Provincia… por favor tomar en cuenta que es un tema político por los (sic) cual solicito de manera muy especial nos manejemos como Alianza País, como lo hicimos en los Mitins anteriores… En caso que necesiten la carta de Alianza País que te enviamos la vez pasada, para aclarar que tienen derecho a transmitir cualquier evento de interés de la comunidad, enviárselas si lo quieren". El 3 de febrero de 2014 la funcionaria disponía: "Por favor necesitamos confirmarla trasmisión del discurso del SP a las 18h30 con las siguientes radios. Por favor no te olvides que hay que llamar como Alianza país (sic) NO como SECOM y que esto es un aporte para AP”.
La dudosa gramática y ortografía de la subsecretaria, a la que la Contraloría no identifica por su nombre, ha sido respetada en el informe original.
Según la información publicada en el portal de la Secom, entre enero y mayo de 2014 ejercía la Subsecretaría Carlos Andrés Michelena Ayala, y a partir del 31 de mayo, el despacho le fue encargado a Michelle Paola Villaroel Guevara, acto que se oficializó mediante el acuerdo 035 firmado por Fernando Alvarado, como secretario de Comunicación. El acuerdo, sin embargo, no precisa desde cuándo había renunciado Michelena a sus funciones, pero según se colige del informe de la Contraloría, ella ya estaba a cargo de la subsecretaría mucho tiempo antes del 31 de mayo.
Para la Contraloría, es claro que se usaron recursos del Estado para favorecer a un partido político, en este caso, el movimiento oficialista Alianza PAÍS, por lo que no se justifica el pago de USD 23 252,50 realizado a favor de la contratista, con el pretexto de difundir las actividades del presidente Rafael Correa.
Michelle Villaroel, al presentar sus descargos ante la Contraloría, argumentó que "en relación con la contratación de enganche, manifestó que existe la necesidad de contratar una empresa que realice los servicios para recordar la activación de cadenas a nivel nacional, provincial y actualización de datos, que tienen temas de coyuntura política y de interés nacional, en virtud de que los correos electrónicos de la SECOM, están bloqueados por las listas negras a nivel nacional".
No obstante, las conclusiones de la Contraloría son rotundas: "La Subsecretaría de Promoción de la Comunicación (Michelle Villaroel), solicitó se cancele 23.252,50 USD a través de convenio de pago a la Compañía ECUADETALLES S.A. IMPULSA ECUADOR, para que brinde el servicio de call center, evidenciándose en correos electrónicos que la empresa realizó el seguimiento y la presentación de candidatos políticos de un movimiento político, lo que ocasionó que se utilicen recursos públicos para promocionar a dicha organización política".
La factura de la visita papal
La transmisión y cobertura de la visita apostólica del papa Francisco a Ecuador, declarada por el presidente Rafael Correa una prioridad nacional, fue una nueva ocasión para que la feria de contratos en la Secom se reactive. El Gobierno, relativizando el concepto de Estado laico previsto en la Constitución, dispuso el uso de todos los recursos del Estado para atender la visita del sumo pontífice católico, en coordinación con la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Al despliegue de miles de policías y militares se sumó la producción de la transmisión de las actividades del papa, y la cobertura de sus visitas a Quito y Guayaquil.
En efecto, mediante decreto ejecutivo 663, el presidente Rafael Correa declaró de "interés nacional" a la visita del papa, quien estuvo en el país entre el 6 y el 8 de julio de 2015. Para el 13 de mayo, la Secom se había comprometido con la Iglesia Católica a ser la matriz de la señal oficial del evento religioso, señal que debía ser entregada a todos los medios de forma gratuita. La Iglesia no aportaba dinero para el efecto, sino que todo debía salir del erario público.

Imagen: El presidente Rafael Correa declaró de interés nacional a la visita del sumo pontífice católico. Foto: Carlos Silva / Presidencia de la República.
El 20 de mayo de 2015, la Secom contrató a una empresa norteamericana, llamada BEXEL, por USD 2´636.035 y luego firmó un adendum por USD 410.332,50 el 6 de junio de 2015, para que encargara de "la instalación y dirección de dos centros de Control Master y dos Salas de Prensa en las ciudades de Quito y Guayaquil, con equipos traídos desde EE.UU. y con un total de 61 personas, entre ingenieros, técnicos de audio y video; y, personal que se encargue de la instalación de los equipos".
Pero adicionalmente, el 3 de julio de 2015, la Secom contrató a una empresa local, "ADDREAMS PUBLICIDAD S.A, por medio del contrato 056-2015-SECOM, cuyo objeto fue el servicio de dirección y supervisión técnica estratégica para la visita oficial del Papa Francisco al Ecuador, por 994 862,43 USD, más IVA, a pagarse el 100% contra entrega de los servicios prestados, con un plazo de ejecución de 29 días contados desde la suscripción del contrato hasta el 31 de julio de 2015".
El proceso fue poco menos que relámpago: entre el 1 y el 3 de julio, los funcionarios de la Secom contrataron a ADDREAMS PUBLICIDAD S.A, sin tomar mucho en cuanta detalles como que era una empresa constituida apenas en 2013, que no tenía experiencia en transmitir eventos en vivo, que las direcciones que había declarado no existían (corresponden a un edificio de departamentos donde no hay ninguna oficina), entre otros aspectos.
Inmediatamente, la duda que asaltó a los auditores de la Contraloría fue si este otro contrato era necesario. Addreams era otro contratista conocido de la Secom, pues había logrado que se le adjudique la realización de una serie de entrevistas de funcionarios, en otro contrato en el que la Contraloría encontró varias irregularidades.
Pero lo más grave, señala la Contraloría, es que no hay respaldos de que la empresa nacional haya hecho nada distinto de la empresa extranjera contratada para el efecto: "sin embargo, las fotografías, DVDS e instalación de cámaras en helicópteros, demuestra que los trabajos fueron realizados por la empresa VITEC BROADCAST SERVICES, INC. “BEXEL”, pues, en estas fotos y videos se observa a personal uniformado y equipos con el distintivo de BEXEL, realizando la instalación, mantenimiento y manejo de los equipos. En los informes presentados y respaldados con los DVDS, no existe evidencia fotográfica o video del trabajo realizado por ADDREAMS PUBLICIDAD S.A. en la ciudad de Guayaquil, específicamente en el parque los Samanes; además, en algunos DVDS incluyeron títulos y fechas como del “7-MAY0-2015", es decir, los trabajos empezaron antes que se inicie con el proceso precontractual".
La Contraloría también descubrió que la contratista al parecer subcontrató partes del trabajo al que se había comprometido: "se determinó que la Compañía ADDREAMS PUBLICIDAD S.A., pagó por los servicios de dirección y supervisión técnica estratégica para la visita oficial del Papa Francisco al Ecuador por 358 567,49 USD, es decir se cedió el 36% del objeto contractual a terceros; además, se incluyó la factura 156 emitida por la Empresa ADCINEWEBTV S.A., por el alquiler de equipos para la dirección y supervisión técnica, sin detallar cuáles fueron éstos, sin embargo de que la SECOM, en los formularios de la oferta y términos de referencia no se requirió equipo mínimo".
No solo eso: la firma también cobró por lo menos "USD 550.000 más IVA, por el servicio de iluminación y apoyo en generación de imagen de televisión utilizada durante la Visita Oficial del Papa Francisco al Ecuador, no se evidenció quién solicitó el servicio".
Para la Contraloría, hay pocos indicios de que la contratista de la Secom realizó algún trabajo que justifique las abultadas planillas que cobró.
En otro contrato, relacionado con la misma visita del papa, la Contraloría logró determinar que se contrató a tres firmas para amplificación en las misas campales del pontífice, una de las cuales fue la compañía Multivisión, con USD 488.480. La Contraloría determinó que "la documentación que se adjunta son de características similares y el detalle de los equipos utilizados son los mismos, por lo que no se justifica la contratación de la Compañía Multivisión".

MilHojas.is

Las razones por las que Bélgica es más paraíso fiscal que Panamá

Escrito por mh en 4 de septiembre de 2016. Publicado en Otras Miradas.

Por: Mariana Neira
…A esos “paraísos” no llevan su dinero los obreros, los campesinos, los trabajadores, los maestros, los médicos, ni miles de pequeños y medianos empresarios y emprendedores que confían en su país y que a diario construyen el futuro de sus familias y de la Nación entera. A esos lugares acuden quienes buscan evadir su responsabilidad, no pagar impuestos u ocultar el origen de su riqueza –incluso a veces ilícito-… Sacar la riqueza de donde se generó y en donde se necesita tanto, es decir, su propio país, es sencillamente inmoral.
Palabras del presidente Rafael Correa cuando presentó su
propuesta de consulta popular sobre los ‘paraísos fiscales’.
(El Telégrafo, jueves 14 de julio 2016).

Es verdad, son inmorales esos ecuatorianos que sacan dinero ganado en Ecuador para comprar un departamentito en Bélgica, como usted lo hizo.
Lea detalles sobre el departamentito en esta nota: Los del círculo son intocables. O sacan dinero para comprar casita con piscina en Miami, como un primo del presidente lo hizo. O aquellos que con dinero ganado en Ecuador crean empresas en ‘paraísos fiscales’ con el fin de esconder bienes o guardar ‘ahorritos’ de origen dudoso como el fiscal y ex gerentes de Petroecuador como Álex Bravo. y Pedro Merizalde.
Los nuevos ricos buscan su paraíso
Que algunos millonarios que venían arrastrando fortuna desde la ‘larga noche neoliberal’ hubiesen formado empresas en los ‘paraísos fiscales’ para no pagar tantos impuestos como en Ecuador, no sorprende. Que un funcionario que en el 2007 vendía edredones tuviera empresas en ‘paraísos fiscales’, sí sorprende. Quiere decir que en la ‘década ganada’ ganó mucho dinero en sus funciones o le cayó mucho dinero extra del ‘cielo’ por actos corruptos o negocios ilícitos. Pienso que lo más probable es lo segundo, por las siguientes razones.
Si el funcionario estuviese ganando 5 mil dólares mensuales desde el 15 de enero del 2007 (porque nadie gana más que el presidente, dicen), por su nuevo estilo de vida (de nuevo rico) no llegaría a ahorrar ni mil dólares. Hagamos las cuentas:
Arriendo o pago de un préstamo hipotecario de 90 mil dólares: 1000 dólares.
Pensión escolar de dos guaguas (baratito): 1000 dólares.
Alimentación y salidas a restaurantes elegantes: 800 dólares.
Cuota y mantenimiento del carro 4 x 4: 800 dólares.
Paseos semanales (por aquí cerquita): 500 dólares.
Atención médica, ropa, etcétera: 500 dólares.
Total: 4600.
Le quedaría para ahorrar apenas unos 400 dólares. Haría el ridículo llevando esa ‘miseria’ a invertir en un ‘paraíso fiscal’ donde los millonarios del mundo invierten miles, millones de dólares. Solo un nuevo rico podría codearse con ellos y la ‘revolución ciudadana’ ha creado nuevos ricos que están en ‘paraísos fiscales’. Lo demuestra el caso de un ex funcionario petrolero descubierto gracias a la acuciosa investigación periodística ‘Panama Papers’.
¿Y la inteligencia?
Estas y otras extrañas operaciones empresariales financieras de los nuevos ricos fueron detectadas por los periodistas, no por la tremenda ‘inteligencia’ del gobierno que, dicen, es un pequeño Langley (por la localidad en donde está el cuartel general de la CIA) con tecnología de punta. Hasta tendría un departamento de ‘inteligencia financiera’ que, visto ahora, no sirve para detectar las trapacías de funcionarios públicos que hacen extrañas operaciones financieras por internet o volando en avión a dejar los ‘ahorritos’ en los ‘paraísos fiscales’. Son los nuevos ricos, visibles para el común de los mortales por su estilo de vida, invisibles para la ‘inteligencia’ y las fuerzas poderosas que les protegen.
El presidente Correa “expuso, en su mensaje, que en Ecuador en los años 2014 y 2015 salieron a esos paraísos USD 3.379 millones”. Significa que el gobierno conocía estos movimientos, pero recién ahora el presidente “quiere consultar al pueblo ecuatoriano en los comicios de 2017 si se prohíbe que candidatos y servidores públicos tengan bienes o capitales en paraísos fiscales”.

El "paraíso belga"
Tanto se habla de ‘paraísos fiscales’ que resolví investigar y detecté que más paraíso fiscal que Panamá es Bélgica. Según la famosa lista mundial de paraísos fiscales de la Red Mundial por la Justicia Fiscal (Tax Justice Network), de los 10 primeros ‘paraísos fiscales’ del mundo, 5 son europeos. Allí está Bélgica, en octavo lugar. Panamá ocupa el puesto décimo octavo.
Lo de Bélgica es destacado por su famosa campaña mundial de oferta de un sistema fiscal tentador que lanzó en el 2005 con el logo “Only in Belgium”.
Bélgica ofrecía los tax rulings con “ahorros en la tributación que iban del 50% al 90%”. Este ‘negocio’ belga aparentemente presionó a los poderosos socios de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) para que tomaran acciones en contra de sus ‘paraísos fiscales’. Comenzó con la elaboración de una ‘lista negra’. Los detalles los puede ver en las notas que resumo a continuación:
La verdad sobre los paraísos fiscales
Socialwatch.org. 15 febrero 2010.
… el punto de inflexión internacional se dio en Londres (abril del 2009) durante el desarrollo de la Cumbre del G-20 (grupo que reúne a los países de las economías más industrializadas y emergentes del mundo) donde… se comprometieron a partir del 2010 a tomar drásticas medidas (sanciones) contra éstos y contra el secreto bancario. La primera reacción, casi instantánea fue de la OCDE, que publicó en abril del 2009 su “blacklisting” (o “lista negra”) de paraísos fiscales. Sin embargo, meses después (septiembre de 2009), pero esta vez desde el lado no gubernamental; la Tax Justice Network publicó su lista alternativa de paraísos fiscales; lista indudablemente polémica y que causó gran impacto mundial, pues incorpora a territorios antes impensables, pero que ha sido valorada, por la seriedad de su investigación, por organismos internacionales y Estados comprometidos en el tema. Ambas listas son reseñadas en el presente estudio.
La lista negra de paraísos fiscales según la OCDE
La lista oficial está dividida en colores según el nivel en que los países cooperan en investigaciones de evasión de impuestos (negro, gris claro, gris oscuro).
LISTA GRIS CLARO (cooperantes) Austria, Bélgica, Brunei, Chile, Guatemala, Luxemburgo, Singapur, Suiza.
LISTA GRIS OSCURO (relativamente cooperantes) Austria, Bélgica, Brunei, Chile, Guatemala, Luxemburgo, Singapur, Suiza.Andorra, Anguila, Antigua y Barbuda, Antillas Neerlandesas,Aruba, Bahamas, Bahréin, Belice, Bermudas, Dominica, Gilbraltar, Granada, Islas Caimán, Islas Cook, Islas Marshall, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Liberia, Liechtenstein, Mónaco, Montserrat, Nauru, Niue, Panamá, Samoa, San Cristóbal Nieves, San Marino, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucia, Vanuatu.
LISTA NEGRA (NO cooperantes) Costa Rica, Malasia, Filipinas, Uruguay.
Como era de esperarse, la lista de la OCDE ha causado mucha molestia entre los líderes políticos de los países que han sido incluidos… la OCDE ha conseguido, al menos poner en línea a varios países “blandos” comprometiéndolos a implementar un Acuerdo Internacional de Impuestos Estandarizados que eviten el “DUMPING” fiscal.
¿LA DOBLE MORAL DE LA OCDE?: Una lista alternativa de la Red Mundial por la Justicia Fiscal (Tax Justice Network)
Cuando un importante organismo no gubernamental de composición internacional denominado Red Mundial por la Justicia Fiscal hizo pública su lista alternativa de paraísos fiscales a la lista de la OCDE, Roberto Bissio, un destacado analista cáusticamente escribió: “la nueva lista “negra” revela una sorprendente hipocresía: varios de los países (los de la OCDE) que con mayor vigor los combaten (a los paraísos fiscales) son, al mismo tiempo, quienes más los toleran e incluso los constituyen”.
En efecto, la Red Mundial por la Justicia Fiscal, una asociación internacional de organizaciones civiles preocupadas por la evasión fiscal como causa de pobreza e injusticias en el mundo, ha denunciado lo inadecuado de los criterios de la OCDE para catalogar a los paraísos fiscales, ante lo cual ha publicado por primera vez el 31 de octubre de 2009, su propio índice de secreto financiero y paraísos fiscales, tras dieciocho meses de meticulosa investigación, el resultado, aunque sorprendente, fue ampliamente comentado en los foros económicos mundiales. Incluso el prestigioso medio especializado “Financial Times” lo ha calificado como muy serio.
Se puede observar del referido informe, que contra los estereotipos, los principales “paraísos” no son pequeñas islas tropicales con palmeras sino que los cinco primeros lugares están ocupados por países desarrollados, la mayoría miembro destacado de la OCDE.
LISTA ALTERNATIVA RANKEADA DE PARAÍSOS FISCALES PREPARADA POR LA RED MUNDIAL POR LA JUSTICIA FISCAL
1. Estados Unidos (Delaware); 2. Luxemburgo; 3. Suiza; 4. Reino Unido (City of London); 5. Irlanda; 6. Bermudas; 7. Singapur; 8. Bélgica; 9. Hong Kong; 10. Isla de Jersey; 11. Austria; 12. Guernsey; 13. Bahrain; 14. Países Bajos; 15. Islas Vírgenes Británicas; 16. Portugal (Madeira); 17. Chipre; 18. Panamá; 19. Israel; 20. Malta; 21. Hungría; 22. Malasia (Labuan); 23. Isla de Man; 24. Filipinas; 25. Letonia; 26. Líbano; 27. Barbados; 28. Macao; 29. Uruguay; 30. Emiratos Árabes Unidos (Dubai); 31. Mauricio; 32. Bahamas; 33. Costa Rica; 34. Vanuatu.
http://www.socialwatch.org/node/12806
Los datos que acabamos de leer son confirmados en la siguiente nota:
Los mejores paraísos fiscales
(Traducción del artículo World´s Best Tax Havens, de Richard Murphy publicado por Forbes en julio 2010)
Cuáles son los mejores lugares del mundo para proteger el dinero de Hacienda
Hemos utilizado dos definiciones:
La primera fue una medida de la opacidad del lugar: el grado de secretismo que lo envuelve.
Son jurisdicciones que crean unas normativas diseñadas para perjudicar la legislación o reglamento de otra jurisdicción.
Las jurisdicciones con secretismo crean también un velo de secreto, intencionado y con soporte legal, para blindar las identidades de las personas que hacen uso de este sistema regulador flexible.
Segunda definición. Para que sea considerado importante, el lugar tiene que ofrecer la posibilidad de mover el dinero en cantidades considerables.
Estas dos características, combinadas, crean un índice de jurisdicciones con secretismo, o paraísos fiscales.
…las 10 jurisdicciones con secretismo más destacadas del mundo, según la Red Justicia Fiscal: Estados Unidos (Delaware), Luxemburgo, Suiza, Islas Caimán, Reino Unido (City de Londres), Irlanda, Bermudas, Singapur, Bélgica y Hong Kong.
Nota completa aquí.

Bélgica burló los controles
En Europa se endureció la cacería de los ‘paraísos fiscales’ y a Bélgica, país que quiso pasarse de vivo, le pusieron un ‘alto’, según notas de prensa que las resumimos.

La Comisión Europea ordenó al gobierno belga que recaude los 700 millones de euros de impuestos que 35 multinacionales radicadas en el país no pagaron durante 10 años.

Las empresas no cometieron ninguna ilegalidad, por lo que no recibirán multas, pero Bruselas entiende que el andamiaje fiscal ventajoso que para atraer a empresas multinacionales Bélgica puso en marcha en 2005 (después de que la Comisión le tumbara el anterior) es contrario a las normas del bloque porque desvirtúa la libre competencia.

Tras firmar un acuerdo con el Ministerio de Finanzas, las multinacionales podían deducir de su base impositiva en Bélgica los beneficios llamados "excedentarios" que obtenían gracias a su presencia en varios países, es decir, los beneficios que provenían de su presencia internacional.

Esos acuerdos, conocidos como "taxrulings", hacían que algunos gigantes como la alemana BASF -que sería ella sola responsable de un impago de 200 millones sobre el total de 700-, la estadounidense Wabco, las británicas British Petroleum y British American Tobaco o la belga InBev entre otras recibieran reducciones de impuestos de entre el 50% y el 90%.

Bruselas abrió oficialmente la investigación del caso el 3 de febrero de 2015. En la orden de ayer (12 enero 2016) dio al gobierno belga dos meses para enviar la factura a las empresas y cuatro meses más para recaudar esos impuestos impagados.

La investigación continúa y los números pueden engordar, pero las conclusiones de esta primera remesa han sido meridianas: cuanto más ganaba una firma en Bélgica menos pagaba.

Incluida en la lista de paraísos fiscales hasta 2009 (a la vez que Luxemburgo), Bélgica tiene una fiscalidad muy laxa para los ingresos altos, lo que provoca que miles de personas adineradas en Francia, que grava más a sus ricos, hayan solicitado la doble nacionalidad.

Acciones parecidas de promoción de la evasión tributaria se han realizado en los ‘paraísos fiscales’ europeos: Luxemburgo, Holanda y los Países Bajos, Irlanda.

Detalles sobre estos casos aquí y acá. Cómo nacieron los ‘paraísos fiscales’ puede verlo aquí.

¿En estos paraísos europeos habrá nuevos ricos de nuestro país? Creo que solo un ‘Europe Papers’ podrá descubrirlo.

MilHojas.is

TAME: Alas para la corrupción

Escrito por mh en 31 de agosto de 2016. Publicado en Reportaje.

Los técnicos y operadores de la aerolínea ecuatoriana TAME saben que algo apesta en esa empresa. Conocen a la perfección que mensualmente la compañía genera utilidades no menores a los $5´000.000, pero las autoridades de Gobierno se rompen la cabeza afirmando que la empresa está en quiebra.
Quienes operan TAME, casa dentro, aseguran que el costo operativo de la aerolínea (con pagos, deudas y gastos extras) es de $21’000.000 al mes y que los ingresos son muy superiores a esa cifra. Por ejemplo, el actual gerente general, Patricio Chávez, exembajador en Rusia, le dijo al programa Visión 360 de Ecuavisa en julio pasado que en 2015 los ingresos totales fueron de $317´000.000, es decir $26’416.666,6 al mes.
Existe un excedente de dinero que nadie determina dónde va, esa es una de las razones por la que no se han firmado los balances económicos de la aerolínea desde 2013. TAME no tiene cifras económicas oficiales y enfrenta condiciones que no se comparan ni a la peor administración de los militares que la controlaron hasta 2010. Es un derroche que no para: en 2002 el patrimonio de la empresa era de $58 millones, pero en 2009 se redujo a $27,8 millones, según información reservada que manejaron administraciones anteriores y que fue entregada a MilHojas.is en total reserva.
Imagen: Tame es la aerolínea estatal ecuatoriana.
Esa información asegura que en 2005 la liquidez de la empresa era de $40,9 millones, con un pasivo corriente de $11,7 millones. Cuatro años después (2009), en el mejor período de la Revolución Ciudadana, la liquidez fue menos $4,9 millones y su pasivo corriente: $25,4 millones.
En 2002 los ingresos de la compañía fueron $74'040.581 millones y se declaró utilidad de $2,8 millones. Hoy su gerente dice que las ganancias no superan los $300.000. La capacidad de receptar burocracia es otro de los problemas, por ejemplo: en 2009 la aerolínea COPA tenía 2.400 empleados con 28 aeronaves; TAME, con nueve aviones, contaba con 1.060.
Antes de la Revolución Ciudadana la empresa tenía nueve gerencias, hoy son 25.
Al momento la compañía suma 2.500 funcionarios que gozan de beneficios como pasajes con descuento.
El actual personal administrativo no tiene conocimiento de una compañía de aviación, las áreas operativas también son ocupadas con personas sin experiencia y contratan asesores sin conocimiento técnico en su mayoría.
Las gerencias no son excepción, por ejemplo: Silvana Baquero que se desempeñó como gerente administrativa, detuvo compras de repuestos por un monto de $1.500. Por esa ínfima cuantía una nave estuvo impedida de volar generando un lucro cesante incalculable. Un alto funcionario de la empresa cuenta: “La nave fue impedida de volar porque se requería cambiar una riel en el asiento del piloto en la cabina, esa riel debe ser cambiada por el fabricante luego de un determinado número de horas, no hacerlo implicó la paralización de la nave”.
Baquero fue tachada de inepta por otro funcionario, el impase provocó la salida de ese servidor pero Baquero continúo en la empresa como asesor del gerente Chávez.
Tres funcionarios y un exempleado de la entidad, el último miembro de las fuerzas armadas en servicio activo, coinciden en que el principal inconveniente es el costo de operación de la empresa. En el caso de TAME su valor es doble comparado con el mercado internacional. “El punto de equilibrio (del costo de operación) en el mercado internacional para aviación está entre el 60% al 65% pero en el caso de TAME al 92%”. El siguiente cuadro explica la situación.
Ante la pregunta de por qué es tan alto el costo la respuesta de los tres entrevistados fue unánime: “es corrupción, se llevan el dinero en esos altos gastos operativos”.
Se suma los errores específicos en el caso de aeronaves, por ejemplo: el Airbus 330 adquirido
bajo modalidad de leasing, que llegó al país el 9 de julio del 2013, para cubrir rutas internacionales, se mantuvo sin operar hasta el 22 de noviembre de ese año: “alrededor de seis meses de paralización arrojaron pérdidas incalculables ya que se pagó el costo de arrendamiento, sin volar”, cuenta uno de los pilotos a MilHojas.is.
El Airbus 320 matrícula HC CGW, cumplió su chequeo C ( mantenimiento mayor) en Atalanta en un centro desde el 18 de abril del 2015 hasta el 01 de noviembre del 2015. Por un lapso de siete meses, cuando normalmente se realiza ese tipo de trabajo en un centro de Mantenimiento calificado en El Salvador. Al final la aeronave tuvo problemas, no se cumplió con los plazos establecidos, los motores tuvieron problemas graves, la empresa no reconoció costos, gastos, los seguros tampoco, la aeronave tuvo que quedarse mucho más tiempo en un centro que no era el autorizado ¿Quién ordenó ese mantenimiento en el lugar equivocado y quién pagó tanto error?
El costo del leasing también es oneroso, este cuadro explica los valores que se manejan en TAME y fuera del Ecuador.
A inicios de 2016 la exgerenta de la empresa -exministra de transporte y obras públicas- Paola Carvajal, explicó que la aerolínea se encontraba en una crisis insuperable y era necesario venderla. Ella seguía la ruta del presidente Rafael Correa que aseguró que era mejor entregarla al capital privado. Los operadores y pilotos de TAME recuerdan la administración de Carvajal como una de las peores: “Ella prometió muchas cosas pero la manejó como una tienda, se fue a reuniones en México y Estados Unidos, supuestamente a buscar acuerdos de beneficio, pero al regresar canceló los vuelos desde Quito a Fort Lauderdale, el 20 de febrero del 2016; la coincidencia fue que el 23 de febrero inició sus operaciones la firma Jet Blue, empresa de bandera americana, que ingresó con el mercado de Quito y su camino libre, sin competencia.
Entonces arrancó el cabildeo para la búsqueda de compradores, hasta mediados de este año se conoció que hubo ocho interesados, cinco presentaron planes de compra y solo uno ofertó en firme la compra de la empresa.
La propuesta se centró en la compra de activos y pasivos más el pago de las liquidaciones que sean necesarias. El tema se trató en el directorio de la compañía pero nunca más volvió a tratarse ¿Qué sucedió? Nadie sabe.
Imagen: Las operaciones de TAME son nacionales e internacionales.
La propuesta en firme la presentó el empresario de la aviación Arnold Leonora, dueño de Air Group Holdings, un emporio que busca el fortalecimiento de las empresas con una propuesta integral que incluye transporte turismo, hotelería.
Al interior de la compañía los técnicos pensaron que vender era la mejor propuesta ya que permitiría sacarla a flote de tanta corrupción. Pero la venta requería una ley especial que nadie desde el ejecutivo estaba dispuesto a promover.
En sus retinas se mantiene los actuaciones del exgerente Fernando Guerrero, que se encargó de condonar 30 millones de dólares a Venezuela por concepto de pasajes aéreos y otros servicios que nunca lograron dolarizarse. Se trata de dinero perdido por decisión de las autoridades del Gobierno.
En ese contexto llegó a la gerencia Patricio Chávez, un hombre que practica lo que predica: viajar es un placer. Al interior de la empresa lo conocen como el gerente viajero so pretexto de lograr acuerdos, que hasta el momento no ha conseguido. En todo caso no perdió oportunidad de acompañar al equipo de de fútbol Independiente del Valle a su partido con Boca Juniors en Buenos Aires. Grati, pasajes, estadía, transporte, alimentación para él y su familia, también acompañó al equipo a Colombia y no ha dejado de volar a su amada Rusia, lugar al que le gusta volver y soñar con la frase “TAME surcará cielos de Rusia”.

MilHojas.is

Muisne y Canoa padecen el éxodo decretado por Rafael Correa

Escrito por mh en 22 de agosto de 2016. Publicado en Reportaje.

El 15 de julio el presidente Rafael Correa abrió el camino para promover procesos forzados de reordenamiento territorial en las zonas devastadas por el terremoto. Ese día emitió el decreto 1116 que dio carta blanca para que los pobladores de la isla de Muisne, en la provincia de Esmeraldas, abandonen las propiedades donde vivían.
MilHojas.is lo anunció en un amplio reportaje publicado el 1 de mayo de 2016: “No es raro pensar que si buscan tomar el control de los albergues en poco tiempo busquen forzar a las comunidades a un reordenamiento territorial, arrastrarlos a vivir en otros lugares en nombre de una nueva planificación basada en la seguridad futura”.
El decreto suspendió el derecho a la inviolabilidad del domicilio y de libre tránsito de los afectados, para evitar que los ciudadanos pretendan retornar a sus hogares por representar “un riesgo para la vida y la integridad física”.
Imagen: Los habitantes de Muisne tuvieron serios problemas tras el terremoto del 16 de abril.
De esta forma se ordenó la salida de los pobladores. Ellos se negaron, reclamaron personalmente al presidente, pero Rafael Correa los mandó a callar y ordenó que aquellos que se queden no reciban ayuda del Gobierno. “Hasta ahora continúan en las calles los desechos apilados de las estructuras destruidas sin que nadie los retire”, cuenta Líder Góngora, cabeza de una organización ambiental de la zona y ahora parte del colectivo que defiende la permanencia de la gente en la isla.
Los funcionarios de municipio y de las autoridades gubernamentales, como un ejemplo de obediencia al mandatario, se fueron. Su salida no agravó la situación, Muisne debe ser el sitio más olvidado del Ecuador y le presencia de burócratas no pone ni quita mejoría. Pero el Estado si provocó una grave afectación cuando sacó a tres escuelas de la isla. Todo fue trasladado a un sector llamado El Relleno, que la comunidad reconoce como área de inundaciones. “Se llama El Relleno porque es eso, el suelo no es fijo, se filtra agua de las crecidas”, explica Líder Góngora.
En los albergues continúan cerca de 1500 personas viviendo sin solución a sus necesidades. Ellos, aún en shock por los estragos de abril, están cada vez más lejos de sus antiguos hogares y a una distancia indescifrable de reactivar económicamente su pueblo.
Este 19 de agosto Correa volvió a referirse a la reubicación: “Es un proceso necesario que se concretará en unos meses”.
Canoa, un espacio de silencio
El mismo decreto 1116 legitimó también el nuevo proyecto de reconstrucción de Canoa, en el norte de Manabí, un plan que se hizo en tiempo récord y que tiene como objeto reurbanizar el poblado sin considerar a la gente que perdió sus viviendas y que se encuentra desplazada en albergues. Se trata de un despojo de los ciudadanos en pos de un supuesto bien común.
Desde el 16 de abril la gente fue impedida de regresar a sus propiedades, hoy sobre esos terrenos se planificaron estructuras urbanísticas como un malecón, edificios para patios de comidas, áreas verdes, palmeras, estacionamientos y otros atractivos que suele ofrecer el turismo de alta escala.
Imagen: Modelo a escala del proyecto de reconstrucción de Canoa.
Con ayuda de un sistema de información geográfica (sig) se determinó que el poblado consolidado de Canoa se levanta en un área de 36,47 hectáreas y según los nuevos planos, exhibidos públicamente por el municipio, existirán cambios fundamentales en una extensión de 6,4 hectáreas del centro.
Además se hará una intervención en otras 6 hectáreas en el perímetro del pueblo, más la creación de parques, canchas y estacionamientos en otras 11 hectáreas. Quiere decir que el 63% del poblado será intervenido a favor de un proyecto turístico, pero nadie ha brindado respuesta de la situación de las personas que antes ocupaban esos espacios.
El 13 de julio (cuatro días después de la visita del presidente a la zona), la alcaldesa Rossana Cevallos hizo público el proyecto de un malecón de 2000 metros cuadrados más un complejo de facilidades turísticas en que se concentrarán 60 locales en 2350 metros cuadrados de expropiación. “Ya tenemos la aprobación del presidente dijo” en su anuncio.
Los planos de la regeneración del pueblo fueron elaborados por Fundación Futura, liderada por el ex alcalde de Quito Roque Sevilla, un empresario turístico y ambientalista que jugó papeles preponderantes en defensa de la naturaleza. Sevilla apareció junto a la alcaldesa Rossana Cevallos y el polémico empresario Greg Guillian, de pocos amigos en la comunidad, y propietario de uno de los hoteles más grandes del sector. “Al gringo Greg nadie lo quiere, famoso por racista, por no permitir el paso a su propiedad, ni a la paya que pasa por ella”, cuenta otro voluntario.
Fundación Futura lidera la regeneración de Canoa, pero está muy lejos de pensar en el futuro de su gente. Este portal intentó comunicarse con María Alicia Mata, responsable de esa fundación en el proceso de reconstrucción. En un mensaje se le dijo claramente que se consideraba un proceso forzado de reordenamiento en detrimento de la población. Al final no respondió el mensaje.
Imagen: reunión de trabajo de la reconstrucción de Canoa.
Los pobladores que vivían cerca del mar serán reubicados hasta un kilómetro fuera del pueblo. MilHojas.is consultó a cuatro voluntarios que laboran en ese poblado en los procesos de reactivación, aseguran que los habitantes siempre brindan la misma respuesta: el Gobierno o el Municipio no dan paso a las actividades económicas. Además les infunden temor: “Una noche luego de una película que pasamos para los niños muchos adultos se acercaron a preguntarme si vendría un maremoto, que la playa era área de riesgo y que no podrían regresar por su seguridad. Les pregunté de dónde sacaban eso y la respuesta fue Gestión de Riesgos y el Ministerio de Inclusión Económica y Social”, contó una voluntaria que pidió mantener su nombre en reserva porque una declaración pública le impediría volver a trabajar en la zona.
“Nos piden que vayamos al campamento, que el resto es inseguro para nosotros y que es orden del Gobierno en ningún lado se puede reconstruir nada. No nos dejan parar nada”, añadió.
A cuatro meses del terremoto los campamentos albergan a cerca aproximadamente 680 personas. El mayor de ellos es llamado China Town, formado por sendas carpas azules, donadas por el Gobierno de China. En todos esos espacios existe la misma condición que mengua el espíritu de los damnificados y les lleva a aceptar cualquier tipo de trato que las autoridades les propongan. Son familias enteras, muchas no se conocían y sin afinidad se ven obligadas a permanecer allí compartiendo camas, una junto a otra, sin autonomía, sin independencia, sin actividades.

La ansiedad por la falta de ingreso económico, por la prohibición por parte de las autoridades de volver a sus terrenos, de reconstruir sus casas y negocios…

Es el mayor problema: la ansiedad por la falta de ingreso económico, por la prohibición por parte de las autoridades de volver a sus terrenos, de reconstruir sus casas y negocios. La actividad es poca, cuatro meses después del terremoto, a pesar de los varios lugares que pudieron activarse comercialmente, solo dos restaurantes volvieron al trabajo, las ventas informales eran mínimas y apenas tres hoteles estaban abiertos.
Los negocios de playa sentados en bohíos fueron anulados, deben esperar órdenes del Municipio, hablan de un gran hotel que está por construirse, pero la distribución realizada en los planos hace pensar más en un nuevo proceso de lotización.
La poca organización de la sociedad de Canoa, su división y toma de posiciones a favor y contra de quienes toman decisiones y tienen el poder jugará en su contra: los pobres serán reubicados lejos de los predios en que se asentaron sus hogares, sus actividades, siempre ligadas al mar y el turismo no dependerá ya de ellos sino de las asignaciones municipales.
Canoa es un espacio de silencio, en que los perjudicados parecen negar su situación, llenos de miedo no olvidan la fuerza que azotó sus vidas y el mensaje de todos esos servidores públicos que les recuerda lo peligroso que es vivir frente al mar. Mientras los días pasan verán cambiar el rostro de su pueblo y ellos, hasta ahora, no son los protagonistas del nuevo desarrollo.

MilHojas.is

Lenín Moreno sigue sin hablar del $1’066.666,33 que recibió

Escrito por mh en 18 de agosto de 2016. Publicado en Reportaje.

El exvicepresidente Lenin Moreno, y posible candidato a la presidencia por el partido gobernante, Alianza PAIS, aparece en un video en el que muestra su departamento en Ginebra, donde reside actualmente para ejercer como enviado especial de discapacidades y movilidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El video está subido desde el pasado martes 16 de agosto de 2016 en la red social YouTube, en la cuenta recién creada de un colectivo del cual no existen referencias llamado Coalición Europa Ecuador. Aparece, luego de una denuncia de este portal sobre la creación de una partida anual de 500 mil dólares anuales para financiar la extremadamente cara estancia de Moreno en Ginebra y su nula rendición de cuentas sobre su labor (que se ha limitado un par de tuits enviados por quien dice ser su asesor, el nicaragüense eduardo Mangas, esposo de la embajadora María Fernanda Espinosa).
•No deje de leer: El mega sueldo de Lenín Moreno ya suma $1'066.666,33
En este producto audiovisual, se muestra el lugar exacto donde vive el exvicepresidente en Ginebra, una de las sedes de la ONU. En un reciente conteo efectuado por la BBC, con base a un estudio realizado por la firma internacional Mercer, se explica que Ginebra es la octava ciudad más cara del mundo.
Imagen: La firma Mercer afirma que Ginebra es la octava ciudad más cara del mundo en 2016.
El cuestionamiento de la sociedad civil acerca del cargo de Moreno en esa ciudad es que ningún enviado especial de la ONU recibe sueldo de ese organismo, ni tampoco los estados costean sus gastos ya que esos enviados especiales no viven permanentemente en Ginebra, como ocurre con Moreno, porque se trata de un cargo honorífico que en este caso lo buscó el Estado ecuatoriano por medio de su entonces canciller, Ricardo Patiño.
En el video, se trata de mostrar que Moreno no vive en un palacio. Sin embargo, el mismo exvicepresidente explica que el departamento es de 200 metros cuadrados.
Imágenes: Este departamento, a dos calles de donde vive el presidenciable de AP, sin la sala de reuniones ni la oficina, se arrienda en $5.379,56.
Uno de las principales factores para clasificar a una ciudad dentro del ranking de las más caras es el precio de la vivienda. Realizar una búsqueda de departamentos, a través del Internet, un departamento en el mismo sector donde reside Lenin Moreno llega a costar 5.160 francos suizos, es decir, $5.379,56 mensuales.
Por lo tanto, el capricho del presidente Rafael Correa de mantener un enviado especial de la ONU para las discapacidades y movilidad implica un alto gasto que tiene que afrontar el Estado, a través de sus contribuyente, es decir, cada ciudadano.

En el video de Coalición Europa Ecuador se oye decir al exvicepresidente y posible candidato de Alianza País a la primera magistratura:
—¿Qué han dicho que vivo en palacio? —Le pregunta Moreno a quien filma el paseo por el lujoso departamento de 200 metros cuadrados, y luego él mismo se contesta—ya ustedes lo pueden ver, pero siempre donde uno vive con su familia es su palacio.
Habría sido bueno si en el video Moreno mostrara qué ha hecho con el millón de dólares que ha recibido en los dos años que va de enviado especial, ya que no puede desmentir que el presidente Rafael Correa, mediante un decreto hubiese cambiado la ley que no permitía que el Estado destinará fondos para personas que no son parte del Estado sin nombramiento o sin contrato, y así viabilizar la partida presupuestaria para que Moreno pudiese vivir en Ginebra, en un departamento de 200 metros cuadrados, un lujo que ya quisieran muchos discapacitados a quienes la ayuda del Gobierno les es ajena.
Lo que sí queda claro es que en el video Moreno no hace ninguna referencia sobre los $1’066.666,33 que recibió del Estado. Los documentos verificados por este portal, presentados en exclusiva, son más contundentes que un video propagandístico desesperado.
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MilHojas.is

Rafael Correa despojará de sus bienes a Fernando Villavicencio vía Caupolicán Ochoa

Escrito por mh en 11 de agosto de 2016. Publicado en Reportaje.

La interpretación de la ley pasa por los caprichos de Rafael Correa, se evidencia en la nueva persecución contra Fernando Villavicencio, el hombre que ha cercado el círculo de corrupción presidencial.
Ahora declarado insolvente, Villavicencio está a la espera del embargo de los pocos bienes que posee y el intento de apoderarse por parte del Estado de la vasta documentación que involucra a los funcionarios de la revolución en sendos actos de corrupción.

Imagen: Caupolicán Ochoa (izquierda), con uno de sus clientes, Rafael Correa.
Es más que una paradoja, porque el Ecuador ya olvido cómo el gobierno de Rafael Correa archivó un juicio de insolvencia contra el argentino Gastón Duzac, que se llevó $800.000 con ayuda de Pedro Delgado, el primo del propio presidente.
Entonces no hubo Caupolicán Ochoa, abogado de Rafael Correa, para defender los derechos nacionales, pero ahora, como patrocinador del mandatario, actuó con la fuerza que el Presidente busca de sus servidores.
La demanda contra Villavicencio fue entregada a la Sala de Sorteos de los Juzgados de Quito el jueves 19 de mayo, cuatro días antes de que entre en vigencia el nuevo Código Orgánico General de Procesos. Esta nueva ley reguló la legislación sobre los casos de insolvencia con una particularidad, eliminó el embargo de bienes personales y privados de los deudores, como es el caso de documentos, correspondencia, artículos personales.
Ochoa comprendió que dejar pasar más tiempo implicaría juzgar a Villavicencio con la nueva ley, que mejoró la defensa del acusado y evitaba la deslealtad procesal. Entonces apuró su trabajo y colocó la denuncia, pero el código de procedimiento civil, el artículo 519, usado para el caso de insolvencias, exigía la presentación de toda la documentación, esto es: el juicio penal por el tema 30S, la sentencia ejecutoriada que lo condenó a 18 meses de cárcel y ordenó el pago de $140,000 a favor de Rafael Correa.
Imagen: El periodista Fernando Villavicencio.
Caupolican Ochoa no cumplió con ese requisito porque no incluyó la sentencia, que representa el mandamiento de pago. Esa fue la primera ilegalidad, que puede ser probada en el propio documento que emitió la sala de sorteos, en el detalle de los documentos entregados por Ochoa dice: copia y original de la demanda, procuración judicial (para actuar en nombre de Rafael), copia certificada, pero no dice qué copias.
El caso fue conocido por el juzgado once días después por el juez civil Edwin Ernesto Cevallos Ampudia. No es normal que un proceso desde su sorteo tarde once días en llegar al juez. Lo común son 24 horas y lo extraño es que dos días sin que la autoridad aboque conocimiento ¿La razón? Ochoa no contaba con las copias certificadas del proceso y por ello habló con las autoridades del juzgado y pidió que esperen hasta que toda la documentación se complete, hecho que sucedió el 30 de mayo
Es el poder de Caupolican, la justicia del presidente. El hombre que interpreta la realidad a su gusto y conveniencia de su jefe.
Villavicencio se enteró de las decisiones judiciales apenas el 4 de agosto, se encuentra a horas para que las autoridades allanen su casa y se lleven el archivo más grande de la corrupción en la historia del Ecuador.

MilHojas.is

El mega sueldo de Lenín Moreno ya suma $1’066.666,33

Escrito por mh en 4 de agosto de 2016. Publicado en Reportaje.

El exvicepresidente y actual enviado especial para las discapacidades y la movilidad de la Organización de Naciones Unidas, Lenín Moreno, alega que el socialismo del siglo XXI se construye en la práctica. Lo aseguró en una larga entrevista a la cadena Rusia Today en 2015, cuando visitó Nueva York en el marco de una reunión de ese organismo internacional. Sin embargo, para entonces Moreno, que reside en Ginebra, Suiza, ya recibía un sueldo inconmensurable del Estado ecuatoriano: los comprobantes únicos de registro (CUR) del Ministerio de Finanzas, que certifican a detalle la ejecución del gasto gubernamental, dicen que en 2015 y 2016 recibió un total de $1'066.666,33.
La descripción del CUR dice de forma textual: “Misión permanente del Ecuador ante la ONU Ginebra-envío de valores para desempeño de funciones y elaboración de proyectos del enviado especial del Secretario General de Naciones Unidas Lenín Moreno”. Los documentos establecen que en 2015 recibió $533,333. Al año siguiente, en el mes de enero, Moreno recibió una partida similar –solo varió 33 centavos de dólar- para el desempeño de sus funciones.
El pago a Moreno es muy superior al de toda la misión diplomática del Ecuador en Ginebra, que tiene el carácter de permanente. Por ejemplo, en el año 2014 esa misión devengó $463.310,34, unos $70.000 menos que el dinero entregado al exvicepresidente.
Imagen: El documento al que accedió MilHojas.is, en el que se detalla la transferencia que hace el Gobierno de Rafael Correa a Lenín Moreno en Ginebra.
•Descargue el documento de los dineros recibidos por Lenín Moreno en 2015⇒
• Descargue el documento de los dineros recibidos por Lenín Moreno en 2016⇒

Actualización, 4 de agosto de 2016 (17:00)
Encuentre aquí el link de la web de la Cancillería con el Reporte del Ministerio de Finanzas⇒ (Revise la página 187) con los aportes al "ENVIADO ESPECIAL DEL SECRETARIO GENERAL DE NACIONES UNIDAS SOBRE DISCAPACIDAD Y ACCESIBILIDAD CONFORME AL DECRETO No.340 OFICIO No.MICS-ST-2014-0120". Si este documento llegase a ser dado de baja de la web de la Cancillería, tenemos copia y lo guardaremos en nuestro servidor. (Nota del editor)

La misión permanente del Ecuador en Ginebra cuenta con 11 funcionarios, sin considerar el personal administrativo y auxiliar. De ese grupo de diplomáticos, que es dirigido por la poetisa María Fernanda Espinosa, también es parte la hija de Lenín, Irina Moreno González, quien se desempeña como concejera con sueldo de $6.744 mensuales.
Cercano al trabajo de Moreno aparece Eduardo Mangas, esposo de María Fernanda Espinosa. Mangas ostenta el cargo de embajador especial, encargado del tema de Julian Assange, pero se desconoce su salario.
El canciller Guillaume Long habló el pasado 5 de julio sobre la condición del exvicepresidente en Suiza, dijo que era motivo de orgullo para el país contar con un enviado especial que trabaja a favor de las discapacidades. Sobre su sueldo aseguró: “no lo tengo a mano, pero es el 10% de las aportaciones del Ecuador a las Naciones Unidas”
El monto entregado por Ecuador a Naciones Unidas en 2016 fue de 1,6 millones de dólares. Basta una simple regla de tres para saber que el medio millón que recibió Moreno este año no es el 10% que aseguró Long.
El sueldo de Moreno se sustenta en el Decreto Ejecutivo 340 del 21 de mayo de 2014 (Revise el documento⇒). Ese día el Presidente, Rafael Correa, emitió esa resolución que le permitió al Estado entregarle dinero no reembolsable a su antiguo compañero de fórmula: "Artículo 2.-Los Consejos Sectoriales de Política podrán autorizar transferencias o asignaciones no reembolsables a representantes, delegados, comisionados o enviados especiales, con la finalidad de impulsar ante organismos internacionales temas prioritarios para el Estado ecuatoriano".

Imagen: El esposo de María Fernanda Espinosa, Eduardo Mangas, tuitea las actividades de Moreno en Ginebra. Si no fuera por eso, no se sabría nada sobre las actividades del presidenciable de Alianza PAIS.
Las razones para emitir el decreto se basaron en criterios como: “El numeral 10 del artículo 416 de la Constitución de la Republica del Ecuador indica que corresponde al Estado promover la conformación de un orden global multipolar con la participación activa de bloques económicos y políticos regionales y el fortalecimiento de relaciones internacionales para la construcción de un mundo justo, democrático, solidario, diverso e intercultural…”.
También se dijo que el artículo 104 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas⇒ establece que el Presidente de la Republica podrá establecer donaciones o asignaciones no reembolsables a personas naturales, organismos o personas jurídicas de derecho privado siempre y cuando exista la respectiva partida presupuestaria y la calificación previa de las entidades pertinentes.
Lenín Moreno no le rinde cuentas a la ONU y no tenemos noticias de sus informes en Ecuador. Se sabe que este año visitó Bielorusia en su condición de enviado especial, recorrió además las zonas devastadas por el terremoto de Manabí y se fotografió con las víctimas, participó en una conferencia sobre las personas con discapacidad y el sistema de Naciones Unidas, auspiciado por una entidad japonesa.
En Internet no existe una página que brinde seguimiento o información al trabajo que realiza Moreno en Suiza desde que fue nombrado en diciembre de 2013 por Ban Ki moon, Secretario General de la ONU.
Con respecto al tema Lenín Moreno, el Estado de Propaganda del correísmo ha sido por demás ineficiente en ofrecer a la sociedad un informe detallado de lo que ha hecho en el cargo de enviado especial los últimos dos años y medio. Si no ha brindado informes de su gestión debe entenderse que el 100% de lo que recibe son ingresos personales, por lo tanto debería pagar impuesto a la renta, siempre que se descuenten sus gastos personales, con las consideraciones especiales para alguien con discapacidad y los gastos médicos que enfrenta, que probablemente deben ser cuantiosos.
Moreno tiene todo para destacar en sus funciones en Ginebra: reside en Rue Jean-Ant.-Gautier 1, en un lujoso edificio esquinero que tiene vista al Lago de Ginebra, que está a pocos metros del Palacio Wilson, la sede de Naciones Unidas. Su residencia se encuentra en el lugar más privilegiado y central de la ciudad, en un edificio clásico, a un costado del Hotel Wilson, el punto de alojamiento de los altos funcionarios mundiales que visitan esa organización.

Y a pesar de que los esfuerzos de los simpatizantes de Lenín Moreno se han dirigido a explicar que el puesto que ocupa el exvicepresidente y potencial candidato a la Presidencia no fue negociado por el Régimen, el excanciller Ricardo Patiño, se pasó explicando hace dos años que el Gobierno de Rafael Correa fue el que pidió a Ban Ki Moon que lo acogiera en la ONU, una vez que Correa cambió a Moreno por Jorge Glas como compañero de fórmula para su reelección.