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Autor: mh

Fuego y censura en la Universidad de Guayaquil

La última semana de julio fue agitada para los directivos de la Asociación Escuela de Derecho (AED) de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil, que habían convocado al Seminario Anual de Derecho Penal que se tenía que realizar del 1 al 5 de agosto de 2016 en conjunto con la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, la Facultad de Jurisprudencia y la Universidad de Guayaquil. Hubo de todo: desde un incendio hasta la cancelación del evento con censura frontal.
Los estudiantes tuvieron que enfrentar la censura de las autoridades universitarias que decidieron a última hora suspender el evento que tenía que realizarse en el Paraninfo 'Rafael Brito Mendoza' de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guayaquil, por lo que emprendieron la búsqueda de un local alterno y, para rematar, tuvieron que vivir un sospechoso incendio en su oficina el pasado domingo 31 de julio. 
El detonante de estos hechos, según los dirigentes estudiantiles, fue la participación de Pedro Granja, abogado especialista en derecho penal. Granja es el abogado de la niña que denunció a Jorge Glas Viejó, padre del Vicepresidente del Ecuador, de haberla violado y embarazado.  
El Incendio 
El domingo 31 de julio de 2016, Alex Guevara, Presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil, recibió un mensaje de una compañera de la facultad donde le enviaba una foto en la cual se veía salir humo de las puertas abiertas de la oficina de la Asociación de Estudiantes.  A esa foto siguieron otras más donde se apreciaban incluso las llamas que aún devoraban los muebles y enseres del lugar y otra más donde se veía un oficial de policía contemplando la escena.

Imagen: La sede de la Asociación de Escuela de Derecho (AED), de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil, fue incendiada el pasado domingo 31 de julio de 2016.
Al llegar al lugar de los hechos, personal de la Universidad ya se encontraba en el lugar evaluando lo sucedido.  Lo primero que descartaron fue que fuera un cortocircuito, las instalaciones eléctricas estaban bien.  Además el fuego arrasó el escritorio de Guevara, sillas y otro mobiliario de oficina.  Todo esto consta en la denuncia que Guevara, en su calidad de Presidente interpuso ante la Fiscalía del Guayas, solicitando que se busque a los perpetradores del incendio.
La Censura 
La censura en planteles universitarios no es ajena al Régimen. El 22 de junio, por presión de la Gobernación de Loja y Patricio Barriga, secretario Nacionla de Comunicación, la UTPL canceló un seminario de periodismo contaba como ponentes con conocidos periodistas nacionales incómodos para el correísmo.  El caso de la Universidad de Guayaquil es aún más precario pues desde 2013 se encuentra intervenida por el Consejo de Educación Superior (CES) presidido por René Ramírez.  Las autoridades de este centro superior responden entonces directamente al Gobierno central. 
En ese contexto, la cronología de la última semana de julio era crónica de una muerte anunciada: 
Según Carlos Manuel Medina Ganchozo, Coordinador General de la Asociación Escuela de Derecho, Alex Guevara, Presidente de la Asociación, y él fueron convocados el 26 de julio a las 13:30 al Rectorado de la Universidad donde los recibió Nataly Marzo. Ella les comunicó “que habían recibido múltiples correos el día anterior desde la vicepresidencia, indicando que no podían permitir la entrada de Pedro Granja a la Universidad. Y que recibieron un llamado de atención por no controlar al Presidente de la Asociación Escuela de Derecho”. Por último, Marzo dijo que, “podíamos hacer el evento con los demás expositores a pesar de que son opositores al Gobierno. Pero que con Pedro Granja no, porque él tiene un problema personal con el Vicepresidente, Jorge Glas, ya que ha mancillado reiteradamente el buen nombre de toda su familia”. Consultado por MilHojas.is, Alex Guevara niega haber sido convocado o  haber participado de esa reunión. Sin embargo, tanto Medina Ganchozo como él concuerdan en la siguiente secuencia de eventos. 
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El jueves 28 de julio, la posición de las autoridades pasó del veto a Granja a la suspensión del evento. Mediante una carta dirigida al Presidente de la Asociación Escuela de Derecho, Lincoln Mora, Vicedecano de la Facultad de Jurisprudencia comunicó a los estudiantes que se había suspendido el Seminario Anual de Derecho Penal. La razón de la suspensión: el evento no contaba con el Aval Académico de la “DIPA”.   
Al día siguiente, el viernes 29 de julio, Guevara como Presidente de la AED rechazó la medida tomada por las autoridades universitarias, mediante una circular donde señalaban que su solicitud para utilizar el Paraninfo “Rafael Brito Mendoza” había sido aprobada.  La circular señalaba que no obstante el boicot el Seminario se realizaría fuera de la Universidad, pero muy cerca de la Universidad, en la “Sociedad Nueve de Octubre”. (Revisar documento)
La decisión de la Asociación de Estudiantes de Derecho, hasta antes del incendio era realizar el Seminario en el espacio alterno, incluyendo la ponencia de Pedro Granja.
El incómodo abogado Pedro Granja 
Que mencionen la ponencia de Pedro Granja como la causa de la censura es algo que actualmente incomoda a Alex Guevara. No entiende cómo un evento que se pensaba académico haya terminado en medio de tal controversia. Reitera que no se debe utilizar lo sucedido como plataforma política y que a la Asociación Escuela sólo le interesaba la excelencia académica de un evento de alto nivel y no se quería ver envuelta en la política externa.  
Pero la justicia y la libertad de expresión se encuentran entre los temas más polémicos del país y el seminario propuesto al analizar el Derecho Penal abordaba el tema de la justicia y al ser un espacio de propuesta y debate, era un ejercicio de libertad de expresión. Además, la presencia en él de Pedro Granja, por sí misma, genera controversia, pese a sus amplias credenciales.  Granja ha estado involucrado en algunos de los casos penales  más sonados de los últimos años en los que enfrentó a personas perseguidas por el gobierno central, como el caso de Mery Zamora, acusada de terrorismo. Pero el caso que lo enfrentó directamente con el stablishment correísta es el caso Glas Viejó.


Junto a Silvio Enríquez, César Neira y Maritza Bravo, Granja asumió la representación de una niña que en 2011 acusó al padre del actual Vicepresidente Jorge Glas Espinel, Jorge Glas Viejó, de haberla violado y embarazado


Junto a Silvio Enríquez, César Neira y Maritza Bravo, Granja asumió la representación de una niña que en 2011 acusó al padre del actual Vicepresidente Jorge Glas Espinel, Jorge Glas Viejó, de haberla violado y embarazado.  Granja era el portavoz de los defensores de la niña. Tomó el caso casi un año después de iniciada la indagatoria fiscal, rompió la barrera de silencio que se había tejido a su alrededor y colocó el caso en los titulares y en la opinión ciudadana.  Logró que dé inicio la instrucción fiscal y que se reconozca al bebé de la niña como hijo de Glas Viejó.  Como Glas Viejó había fugado del Ecuador y el gobierno no había pedido su extradición Granja se dedicó a fustigar al régimen para que lo pongan en la lista de difusión de la Interpol.  Esto le trajo ataques constantes del régimen quienes incluso hicieron cadena nacional para acusarlo de querer desprestigiar a Glas Espinel, hijo del acusado.  En julio de 2013 Granja fue agredido por desconocidos que le rompieron las costillas. En 2014 Glas Viejó finalmente fue extraditado de Paraguay, juzgado y condenado a 20 años, en septiembre del mismo año. 
Documento: la providencia en la se concede el recurso de revisión a la pena impuesta a Jorge Glas Viejó por violación de una niña.
Pero el caso Glas Viejó no ha terminado para Granja.  Por una parte, siempre han existido dudas sobre el lugar donde el padre del Vicepresidente cumple su condena y por otra jamás se  ha indemnizado ni a la niña ni a su bebé. No sólo eso, hace pocas semanas, el 11 de julio, la función judicial acaba de notificar a la madre de la niña y a sus abogados, es decir a Granja, la aceptación a trámite de un recurso de revisión de su sentencia presentado por la defensa de Glas Viejó.
Granja protestó ante los jueces por haber aceptado a trámite una solicitud de revisión se sentencia sin motivación adecuada, y también protestó el que no le hayan corrido traslado del escrito de la defensa de Glas.  Según el escrito de respuesta de los jueces la causal citada por la defensa de Glas para solicitar la revisión de su sentencia es la sexta del Art. 360 del Código de Procedimiento Penal: cuando no se hubiese comprobado conforme a derecho la existencia del delito.  Pero no señalan que nuevos elementos presenta Glas para utilizar esta causal. (Revise la respuesta de los jueces a Granja)
El relato de Carlos Medina Ganchozo, señala que existía preocupación ante la intervención de Pedro Granja.  Las irregularidades que Granja sobre la aceptación a trámite de la solicitud de revisión de la sentencia de Glas Viejó, y la posibilidad de que lo dejen libre declarándolo inocente corrían el riesgo de pasar de ventilarse en las redes sociales a hacerlo en un foro de análisis especializado como el Seminario Anual de Derecho Penal.
Se suspende el Seminario por falta de garantías 
Lo que no pudo la censura de las autoridades universitarias lo consiguió el fuego.   Mediante un comunicado firmado por su presidente, vicepresidente y síndico, la directiva de la Asociación Escuela de Derecho anunció Seminario Anual de Derecho Penal quedaba suspendido.
Documento: Comunicado de la ADE sobre la suspensión del Seminario.
El joven dirigente estudiantil Alex Guevara de pronto se encontró luchando no sólo contra la censura, la suspensión del evento que habían estado planificando, el incendio de su oficina, sino contra videos y otros mensajes que ahora los acusaban de haber buscado victimizarse o de plano de haber realizado un autoatentado.  El comunicado en que suspenden el evento es también una convocatoria urgente a todos los miembros del directorio de la Asociación de Estudiantes para reunirse y tomar decisiones frente a la serie de ataques que vienen sufriendo por haber buscado la excelencia académica. 
El Primer encuentro de Periodistas y Comunicadores de  Loja suspendido en Junio todavía está buscando fecha y local, el Seminario de Derecho Penal tiene un destino aún más incierto, pues la propuesta de los estudiantes compromete a “Planificar, invitar y convocar a los estudiantes a una "nueva actividad académica que garantice la seguridad de todos y todas"  La lección aprendida, es que al parecer un Seminario de Derecho Penal es una amenaza a la seguridad.

MilHojas.is

La CIA en el Ecuador, el reportaje televisivo que nadie admite haber creado

Fundamedios
Un narrador anónimo, con una voz distorsionada y en primera persona, decía revelar hace un par de semanas los vínculos que la Central de Inteligencia Americana (CIA) tendría en Ecuador. En un documental de 23 minutos transmitido el 6 de junio de 2016 por la cadena Telesur, esa voz no identificada presentó una supuesta investigación sobre cómo esa agencia estadounidense operaría en Ecuador a través de periodistas, políticos y organizaciones de la sociedad civil.
Los medios gubernamentales no dudaron en replicarlo. El diario “público” El Telégrafo dedicó al tema su portada del día siguiente, mientras que los canales de televisión incautados lo transmitieron en su totalidad. Telesur, cadena internacional financiada por los gobiernos de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), mantuvo el tema por una semana: entrevistas y reportajes de seguimiento.


Según una fuente que habló con Fundamedios a condición del anonimato, los verdaderos autores del reportaje transmitido por la propaganda oficial son los productores de En el Ojo Films


Sin embargo, este documental no se cocinó en la cadena internacional. Tampoco participó ningún equipo periodístico. Según una fuente altamente confiable que habló con Fundamedios solicitando mantener el anonimato, este video se elaboró en una productora llamada En El Ojo Films, contratada por la Secretaría de Comunicación (Secom): una empresa que pasó de la nada a disfrutar de una década ganada con abundantes contratos con diversas instituciones del Estado.
En esto no hubo casualidades, sino una estrategia bien armada, con la que se busca posicionar la idea de que los medios de comunicación digitales conspiran contra el Gobierno de Rafael Correa. Incluso se habla de un intento de magnicidio. Como pruebas, presentan fotografías de espionaje a periodistas y opositores, en Ecuador y Estados Unidos; así como documentos hackeados al portal Plan V. El narrador no señala la fuente de ninguno de los datos que ofrece, ni especifica quién hizo las fotos de los supuestos allegados a la CIA.
En El Ojo films es una empresa con menos de 10 años en el mercado, que se ha consolidado en el mercado desde este Gobierno, con los contratos que ha conseguido para publicidad estatal. Su último contrato con la Secom es el más grande que se les ha adjudicado: 718.265,28 dólares para la “realización y producción de documentales audiovisuales informativos y/o animados de carácter social, económico e histórico, con cobertura nacional e internacional”.
A la fecha de publicación de esta nota, el contrato no está subido a la página de Compras Públicas a pesar de que la adjudicación se hizo el 18 de marzo del 2016. En los pliegos del proceso, no se señala específicamente qué productos son los que contempla esta costosa contratación.
En ese proceso, la única firma que presentó su oferta fue En El Ojo Films. De acuerdo a lo detallado en los términos de referencia, el proceso considera “de carácter URGENTE el desarrollar diferentes productos audiovisuales de carácter informativo, que a través de la investigación documentada permitan dar cuenta del desarrollo y cambio de la sociedad en relación a la gestión gubernamental, y a la vez, provocar en el espectador, en tanto parte activa de una sociedad, la reflexión sobre el entorno social, económico, histórico y el lugar del Hombre en la sociedad”.


718.265

Cobró la productora En el Ojo Films por una serie de documentales 'históricos'


Según señalan los documentos, esos productos comunicacionales “serán difundidos a la ciudadanía a través de la transmisión en los diferentes medios y canales de comunicación, a nivel nacional, garantizando así el derecho fundamental a recibir información oportuna, precisa y veraz que tienen todos los ecuatorianos y que no puede suspenderse ni reducirse en tiempo y espacio por mandato constitucional”. Tal como están escritos los pliegos del proceso para estos documentales, son muy amplios y casi cualquier producto audiovisual podría caber en esa descripción.
Nicolás Cornejo, gerente de En El Ojo Films, no recuerda claramente qué productos fueron elaborados para Secom dentro de este contrato. Consultado por Fundamedios (el 23 de junio del 2016), señaló que uno de los entregables de este contrato fue un documental sobre el Informe a la Nación del presidente Rafael Correa, el 24 de mayo.
Pero Patricio Barriga, el secretario de Comunicación, no cita el documental del 24 de mayo como uno de los entregables de ese contrato. Después de preguntarle varias veces en una entrevista telefónica (28 de junio del 2016), él dice que En El Ojo Films se ha encargado de hacer videos sobre el terremoto de abril pasado y las pastillas de “El valor de la verdad”, y al mismo tiempo amenazó a la periodista.
Barriga y Cornejo no están de acuerdo con cuáles son los productos comunicacionales que la productora cubrió dentro de ese contrato. Sin embargo, niegan que esa productora haya sido la que produjo el documental sobre la CIA en Ecuador. El video, de hecho, no tiene mucha producción. Tiene unas imágenes dramatizadas, que se filmaron en un edificio en la Nueve de Octubre y Colón, donde funciona un centro de estudios, en el cuarto piso. Además se incluye tomas de la Embajada de Estados Unidos en Quito, y tomas de paso del Capitolio y algunas avenidas en Washington D.C. En total, estas tomas no suman más de dos minutos.
Fundamedios también solicitó por correo electrónico una entrevista a Marayira Chirinos, la periodista de Telesur que presentó la investigación. El mail fue enviado a su asistente George Hernández el 6 de julio, sin embargo nunca se obtuvo una respuesta.
Una empresa exitosa gracias al Gobierno
En El Ojo Films fue constituida en el 2007. Ese año, declararon 9,38 dólares de impuesto a la renta. Sin embargo, sus ganancias han tenido un claro incremento en los últimos años, tanto que en el 2015 pagaron 21.067,97 dólares.
Para Nicolás Cornejo, su gerente y principal accionista, también ha sido una década de grandes ingresos. Como lo revelan sus declaraciones de impuesto a la renta. Además, en 2015 pagó 1.656,83 dólares de impuesto a la salida de divisas, lo que quiere decir que sacó del país más de 33.000 dólares.
Ricardo Cornejo y Alvaro Samaniego Ponce, cineasta, son los otros accionistas de esta empresa.


Nicolás Cornejo, Ricardo Cornejo y Álvaro Samaniego Ponce, quienes trabajaron en el programa de Freddy Ehlers y sus hijos, son los accionistas de esta productora


Desde su creación, le han sido adjudicados con más de 25 contratos con diferentes entidades públicas, que suman más de 3 millones de dólares. Han estado detrás de las más grandes campañas de comunicación encabezadas por el Gobierno, como la del “Diálogo por nacional por la equidad y justicia social”, Senplades a la cabeza, con la que buscaron posicionar el año pasado los proyectos de Ley de Herencias y de Plusvalía.
Antes, en el 2014, se encargaron del documental “El Milagro Ecuatoriano”. También trabajaron en la producción de videos para la sabatina, así como los de “El Gobierno a sus mandantes”, que se transmiten todos los lunes.
Justamente en la elaboración de documentales está el principal producto que esta empresa ha ofrecido al Gobierno. Pero los precios varían de acuerdo a los productos y pueden ir desde costos bajos hasta, como en el último caso, llegar casi al millón de dólares. Por ejemplo, en el 2011, En El Ojo Films cobró a la Presidencia 15.000  por la elaboración de un documental. Pero el año pasado, tres documentales sobre turismo  y gastronomía le costaron a la Secom 220.000 dólares.
Entrevista
'Es un contrato paraguas que no necesariamente se utiliza todos los recursos'

Patricio Barriga, Secretario Nacional de Comunicación

PERIODISTA: Estamos trabajando en una nota porque tenemos el dato de que la SECOM pagó por este documental que pasó en Telesur acerca de la CIA en Ecuador, entonces queríamos tener su versión a propósito de esto.
PATRICIO BARRIGA: No, está equivocada.
PERIODISTA: Hay un contrato con la productora En El Ojo Films, que sabemos que es el que hizo la producción de este documental.
PATRICIO BARRIGA: En El Ojo Films tiene contratos con la SECOM, tiene contratos con otras producciones. Específicamente el contrato que tiene con la Secretaría de Comunicación está recién firmado y tiene productos específicos integrales, que nada tienen que ver con lo que usted me está mencionando.
PERIODISTA: ¿Cuáles son estos productos específicos?
PATRICIO BARRIGA: Los productos informativos que desarrollan. Yo no tengo en este momento en la cabeza, pero me parece que esa es una aseveración muy grave la que está usted haciendo.
PERIODISTA: Porque el contrato con En El Ojo Films es por más de USD 700.000.
PATRICIO BARRIGA: Sí, pero lo que tiene que ver es que ese es un contrato paraguas que no necesariamente se utiliza todos los recursos. Va en función de los entrelaces que tienen y tienen que ver todos estos con los documentales informativos respecto de la gestión de Gobierno que tiene. Lo que usted está aseverando tiene una gravedad que si usted no puede llegar a probar no sé qué consecuencias puede llegar a tener, pero usted me está diciendo algo que no corresponde.
PERIODISTA: Justamente por eso estamos buscando su versión, Patricio.
PATRICIO BARRIGA: Por eso mismo yo le estoy diciendo, por favor, lo que me está diciendo, para empezar todos los contratos son públicos, absolutamente todos y usted puede examinar cada uno de los entregables y usted revise cada uno de ellos
PERIODISTA: Sí, pero ningún contrato de la SECOM especifica qué exactamente se está pidiendo, se habla simplemente de documentales informativos.
PATRICIO BARRIGA: Todo, para que pueda llegar a ser pagado, tiene que ser absolutamente detallado, por si usted no lo conoce. Lo que usted me está diciendo simplemente son especulaciones que revisten por lo menos una infracción ética.
PERIODISTA: Entonces Patricio, ¿cómo puedo obtener el detalle de qué contempla este contrato?
PATRICIO BARRIGA: Está absolutamente todo en lo que se paga al proveedor, en este caso En El Ojo Films, todo, absolutamente todo, tiene que estar justificado para poder hacer los pagos correspondientes usted puede verificar.
PERIODISTA: Sí, yo he verificado y por eso justamente le estoy preguntando qué entregables exactamente son los que contemplan el contrato de En El Ojo Films; porque en el contrato solamente se hablan de documentales, de temas coyunturales, sobre temas políticos. Eso es todo.
PATRICIO BARRIGA: Ese es el contrato general, por favor, yo no tengo ningún problema en entregar aquello pero a mí sí me molesta muchísimo la mala fe, que me endilguen cosas que no corresponden. Créame, me molesta muchísimo la mala fe, me molesta muchísimo aquello. Yo no tengo ningún problema en entregar todo lo que tenga que entregar, soy absolutamente transparente en cada una de las cosas que yo he firmado. Si son contratos, pues tienen todos sus respaldos. Pero a mí si me molesta que me vengan a endilgar cosas que no corresponden y más aún especulaciones que no tienen ni un milímetro de sustento.
PERIODISTA: Pues en este caso es el resultado de una investigación periodística, no son especulaciones.
PATRICIO BARRIGA: Pues está haciendo muy mal esa investigación periodística, venga acá haga todo lo que tenga que hacer. Yo no tengo ningún problema en entregar todo lo que tenga que entregar. Pero viene acá a decirme que yo he hecho un documental que no corresponde, por favor, está especulando y esa es la primera infracción ética del ejercicio periodístico y usted más que nadie lo sabe.
PERIODISTA: Bueno en todo caso hemos buscado su versión y, si esta es su versión, nosotros la publicaremos.
PATRICIO BARRIGA: Sí, yo sé que manda usted la publicación con mi versión para legitimar lo que ustedes tienen armado. Eso es una infracción ética, pues por supuesto que sí, por donde usted quiera mirarlo. Le estoy diciendo que usted puede examinar porque es público y cada uno de los entregables para que pueda llegar a ser pagada, cancelada esa factura tiene que estar detallado ustedes miren. Entonces su investigación es mediana por decir lo menos.
PERIODISTA: Nuevamente le digo, nosotros hemos revisado los contratos y los contratos son muy escuetos. Patricio, estamos dando las vueltas sobre el mismo tema
PATRICIO BARRIGA: ¿Perdón?
PERIODISTA: Estamos dando las vueltas sobre el mismo tema, yo tengo mi aseveración, yo he hecho mi trabajo… los contratos son muy escuetos, usted me dice que sí…
PATRICIO BARRIGA: ¿Que le digo que sí qué cosa?
PERIODISTA: Que sí están detallados cuáles son los entregables de los contratos.
PATRICIO BARRIGA: Por supuesto, el contrato en general habla de documentales de corte informativo y de coyuntura. Cada uno de ellos, para que pueda ser cancelado, tiene que tener el detalle; eso es transparencia.
PERIODISTA: Entonces, ¿cuáles son los documentales realizó En El Ojo Films dentro de este contrato por USD 700.000?
PATRICIO BARRIGA: Terremoto, Frentes Inundados y pastillas de “El valor de la verdad”. Esos son.
PERIODISTA: Listo, porque es no me había respondido hasta este momento.
PATRICIO BARRIGA: Sí, porque no tengo pues. Usted me llama acá, hace una entrevista que ni siquiera me pide autorización para grabar o para hacer al entrevista, y también es esa otra infracción ética y bueno, yo le estoy respondiendo porque no tengo nada que ocultar.
PERIODISTA: Listo Patricio, de todos modos muchísimas gracias.
PATRICIO BARRIGA: Que pena, porque la verdad yo tenía otro concepto de su ejercicio periodístico.
PERIODISTA: Como usted quiera, Patricio.
PATRICIO BARRIGA: Usted me está acusando. No es como yo quiera, usted me está acusando de algo, usted está especulando y eso no es ético. Y con sola una llamada telefónica pretende legitimar lo que está armado. Eso no es ético, y yo como no he autorizado, ¿verdad?, esta entrevista, usted no la debería utilizar. Usted debería pedirme permiso, por último, para publicar una versión conmigo, porque para legitimar lo que ya está armado de mala fe.
PERIODISTA: Entonces dígame Patricio, ¿cuándo puedo conseguir una entrevista con usted para grabarle?
PATRICIO BARRIGA: Pero si ya lo está haciendo, y no me pidió autorización. Yo sé que está grabando. Yo sé que va a utilizar esta entrevista en su investigación periodística.
PERIODISTA: Si usted me da permiso, yo la publico. Sino, digo que le he llamado y usted se ha negado a que le grabemos.
PATRICIO BARRIGA: Yo no tengo ningún problema, porque no tengo absolutamente nada que ocultar y ustedes pueden revisar y veamos si en su investigación periodística está lo que usted está señalando.
PERIODISTA: Yo en un principio le dije que necesitábamos tener su versión en este tema…
PATRICIO BARRIGA: Es que no se trata de versiones nada más. Cuando uno hace una investigación, tiene que tener certeza, tiene que contrastar la información, tiene que buscar los documentos; ese es el oficio, no es un periodismo en donde uno simplemente se sienta y espera que la noticia golpee su puerta.
PERIODISTA: Bueno, pues la noticia no ha golpeado nuestras puertas. Estamos haciendo nuestro trabajo. En todos caso, nuevamente le, agradezco Patricio.
PATRICIO BARRIGA: ¿Cuál es el trabajo, puedo saber?
PERIODISTA: Pues me he revisado todos los contratos de SECOM.
PATRICIO BARRIGA: Ah que bueno, excelente. ¿Cuál es el objetivo?
PERIODISTA: El objetivo es verificar este tema que estamos tratando de sacar. Por eso estoy llamándole, por eso estoy contrastando. Llamamos a la productora, estamos trabajando en este tema, tenemos las pruebas.
PATRICIO BARRIGA: Que bueno, listo, excelente.
PERIODISTA: Que tenga una buena tarde.

 

 

 

Juez reconoce inmunidad parlamentaria a Cléver Jiménez al reabrir juicio

El juez Jorge Blum, de la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, solicitó autorización a la Asamblea para retomar el proceso penal que se sigue en contra del depuesto asambleísta Cléver Jiménez por el supuesto hackeo del correo electrónico de la Presidencia de la República. 
En un nuevo intento por enjuiciar a Jiménez, este 28 de julio se emitió la providencia 1879-2013 en la que se reanuda la persecución en contra del exlegislador, en opinión de su abogado, Julio César Sarango.
Blum, en su pedido a la legislatura, incorpora también el texto de una resolución de la Corte Nacional donde se revelan las inconsistencias que han marcado este proceso desde hace dos años y medio, cuando se inició la primera indagación fiscal en contra del exparlamentario. 

Imagen: Cléver Jiménez, antes de haber sido depuesto en su cargo, por la mayoría legislativa afín al presidente Rafael Correa.
Las observaciones que hace la Corte en este caso sientan un precedente para identificar las ilegalidades cometidas en el juicio que Rafael Correa impulsó por injurias calumniosas, y por el cual fueron sentenciados Jiménez y su exasesor Fernando Villavicencio a 18 meses de cárcel, sin haberse levantado la inmunidad parlamentaria al exasambleísta.
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El mes pasado, Galo Chiriboga, Fiscal General del Estado, pidió a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) formular cargos en contra de Jiménez, esta vez por el supuesto delito de espionaje por el hackeo de la cuenta de correo electrónico del Procurador General, Diego García, cuando este envió un mensaje, el 22 de agosto de 2013, al secretario jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera, sobre el tema Chevron.
Para dar paso a las solicitudes presentadas por Chiriboga, primero la Corte resolvió un conflicto de competencia entre Gladys Terán Sierra y Jorge Blum Carcelén, jueces nacionales de la Sala de lo Penal.
En su resolución Nº 00-2016 la CNJ señala que “en los casos penales seguidos contra personas sujetas a fuero de Corte Nacional, es un solo juzgador, determinado por sorteo, al que le corresponde conocer de la fase pre-procesal de investigación previa, así como de las etapas procesales de instrucción fiscal e intermedia (ahora llamadas de evaluación y preparatoria de juicio)”.
Por lo tanto, determinó que el juez que conoció primero las distintas indagaciones previas iniciadas en el proceso y que “autorizó el acto urgente de allanamiento de los inmuebles pertenecientes a Cléver Jiménez y a Fernando Villavicencio, con fecha 18 de diciembre del 2013, fue Jorge Blum Carcelén”. 
En su resolución, la CNJ observa también que todas las actuaciones realizadas dentro de las indagaciones previas 101-2013 y 49-2014 iniciadas en contra de Jiménez, así como en los expedientes de Corte Nacional de Justicia 1879-2013, 626-2016 y 778-2016, parten de un mismo hecho: el supuesto hackeo. Es decir, en el proceso de investigación no se podía determinar el delito cometido. 
Al asumir la competencia del caso, el juez Blum acoge las solicitudes del fiscal Chiriboga de formular cargos contra Jiménez, “quien a la fecha de los hechos se desempeñaba en calidad de Asambleísta por la Provincia de Zamora Chinchipe”. Pero previo a ello debe pedir autorización al pleno de la Asamblea Nacional.


Al levantar la inmunidad parlamentaria se pretende dar legalidad al proceso penal que se reactiva, cuando lo que debieron hacer los jueces es inhibirse de conocer la causa, pues el exasambleísta estaba facultado a hacer las investigaciones por las que se le quiere procesar penalmente


En la providencia del juez Blum y en la resolución de la Corte hay varias aristas. En opinión del abogado de Jiménez, al levantar la inmunidad parlamentaria a su defendido se pretende dar legalidad al proceso penal que se reactiva, cuando lo que debieron hacer los jueces es inhibirse de conocer la causa, pues el exasambleísta estaba facultado a hacer las investigaciones por las que se le quiere procesar penalmente.
Sarango advierte que el pedido de autorización que se hace a la Asamblea es muy grave porque se trata de coartar nuevamente los derechos de Jiménez.
Esto se da también en el contexto del anuncio público, hecho el pasado 18 de julio por el exlegislador, de su precandidatura a la Presidencia de la República dentro de las elecciones primarias al interior del movimiento Pachakutik.
Si se levanta la inmunidad de Jiménez y la Corte formula cargos en su contra, Sarango no descarta otro pedido de medidas cautelares a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Pero también agrega que el reconocimiento de los jueces (de que primero debe levantarse la inmunidad del exasambleísta) para retomar un juicio penal tiene plena coincidencia con las razones que sostuvieron el dictamen de medidas cautelares que ya emitió la CIDH para que no se ejecute la sentencia de otro juicio que ordenaba la prisión de Jiménez por injurias calumniosas tras la sublevación policial del 30 de septiembre de 2010.
En ese proceso, la jueza que emitió la sentencia, Lucy Blacio, violó la ley al no pedir el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Jiménez, por lo que la funcionaria podría enfrentar un proceso legal.
En mayo del 2014 asambleístas de CREO ya presentaron una denuncia en contra de Blacio, ante la Fiscalía General del Estado, por arrogación de funciones al no haber solicitado autorización a la legislatura antes de admitir la denuncia de Correa.

Imagen: La jueza Lucy Blacio decició abrir el juicio contra Cléver Jiménez, cuando aún era asambleísta, sin pedir autorización para levatare su inmunidad parlamentaria.
Pero aún hay más tela que cortar en la resolución Nº 00-2016 de la Corte Nacional, pues en esta no solo se demuestra la fragmentación de las investigaciones iniciadas por el supuesto hackeo, sino el grado de influencia política que rodeó al caso, pues la Corte responsabiliza a la Fiscalía de haber solicitado erróneamente el acto urgente de allanamiento de la oficina de Cléver Jiménez y del departamento de su ex asesor Fernando Villavicencio.
A menos de un mes de abierta la indagación previa 101_2013 en contra de los mencionados, Villavicencio recuerda cómo surgió el denominado acto urgente por el que se allanó su casa, el 26 de diciembre del 2013. Fue pedido por Rafael Correa y el secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, bajo la acusación de espionaje, asegura.
Un elemento que a su criterio invalida el proceso es que se allana primero el departamento #42 y al no encontrar a nadie en el lugar, la policía investiga en el mismo conjunto habitacional y allana el departamento #18 en forma ilegal, según Villavicencio, pues se debió suspender la operación y pedir al juez una nueva orden de allanamiento, enmendando el dato equivocado del número de departamento. Eso no se hizo y por eso nunca se entregó a Villavicencio la orden de allanamiento.
En su resolución la Corte califica de errada la incorporación de los resultados del acto urgente a una nueva indagación previa abierta # 49-2014,  el 7 de julio del 2014 porque ya constaba la indagación 101_2013 del 11 de noviembre del 2013. Y considera que ha habido un desperdigamiento de las actuaciones investigativas por parte de la Fiscalía, pues ya se había iniciado una en el 2013 y otra mas al año siguiente por el mismo hecho.


La resolución de la Corte da la competencia del caso a Jorge Blum, con lo que abre el camino para que este pida el levantamiento de la inmunidad de Jiménez


Lo contradictorio de la resolución de la Corte es que si bien hace todas las observaciones mencionadas al mismo tiempo señala que esto no afecta su decisión de acumular los expedientes desperdigados en uno solo y da la competencia del caso a Jorge Blum, con lo que abre el camino para que este pida el levantamiento de la inmunidad de Jiménez.
Villavicencio puntualiza que en derecho los actos son legales o ilegales no erróneos y agrega que la indagación del 2014 se inició por el delito de difusión de documentos privados que es una figura distinta al espionaje por el que se abre la primera indagación. 
El proceso parece estar plagado de “errores”,  pues cuando Chiriboga pide a la Corte que fije día y hora para formalizar cargos en contra de Jiménez y Villavicencio, la jueza Gladys Terán  informa que el expediente del allanamiento no está en la Corte y pide al Fiscal que le envíe toda la documentación del caso.
Si con todos estos antecedentes, la Corte pide que se levante la inmunidad parlamentaria de un legislador que fue ya destituido, Villavicencio asegura que eso significaría que el juicio anterior por injurias, seguido tras los hechos del 30S, es nulo.

MilHojas.is

La Ley de Semillas de AP es la Ley Monsanto

El oficialismo ha retomado el trámite del proyecto de Ley Orgánica de Agrobiodiversidad y Semillas con un giro importante respecto a la propuesta original debatida hace cuatro años. Ahora busca reforzar el control estatal, imponiendo el uso generalizado de semillas certificadas, lo que implica cumplir requisitos inalcanzables para los pequeños agricultores que proveen más del 60% de la canasta básica que se consume en el Ecuador.  
Imagen: Las actividades de Ecuasem se vienen realizando con fuerza desde febrero pasado.
El proceso despertó serias dudas sobre la orientación con que las instituciones estatales ejecutarán la nueva ley, mientras agrupaciones de pequeños agricultores se quejan de que sus opiniones no tengan carácter vinculante, el Estado, al ser parte de la Asociación Ecuatoriana de Productores e Importadores de Semillas (Ecuasem), mantiene una alianza con dos gigantes de la industria de semillas como Monsanto y Syngenta.
El Colectivo Nacional Agroecológico -que se define a sí mismo como una organización que trabaja en la defensa de la soberanía alimentaria, de las semillas nativas y del control público de la producción- ha cuestionado el fuerte proceso de apropiación de las semillas agrícolas por parte de intereses privados, en particular de corporaciones multinacionales desde mas de 50 años: Esto se hace con el apoyo del Estado, con el desarrollo de legislaciones relacionadas que se acoplan a las dinámicas de los agroexportadores, donde la semilla nativa y criolla es reemplazada por semillas híbridas, de alto rendimiento y transgénicas, sobre las que pesan complicados sistemas de registro y certificación, que son discriminatorias a las semillas nativas”.
El pasado 15 de junio en la Asamblea Nacional, durante un encuentro con varias organizaciones relacionadas con el tema del agro para discutir sobre el proyecto de Ley de Semillas, Javier Carrera, de la Red de Guardianes de Semilla, terminó su intervención con un reclamo que evidenció  la molestia y los temores de los pequeños agricultores:  “Así como el Estado es socio de Syngenta, Monsanto, Agripac y Ecuaquímica, debería ser socio de organizaciones campesinas, de redes de semilleristas y otros grupos parecidos”.


El centro del conflicto está en Ecuasem, una organización público – privada que tiene entre sus socios a Syngenta, la gigante de la industria de semillas y agroquímicos (herbicidas e insecticidas) y Monsemillas que es de la transnacional estadounidense Monsanto


El centro del conflicto está en Ecuasem, una organización público – privada que tiene entre sus socios a Syngenta, la gigante de la industria de semillas y agroquímicos (herbicidas e insecticidas) y Monsemillas que es de la transnacional estadounidense Monsanto, productora de agroquímicos y biotecnología destinados a la agricultura. Parte de Ecuasem son además entidades estatales como el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) y Agrocalidad (adscrita al Ministerio de Agricultura), encargada de mantener y mejorar el estatus sanitario de los productos agropecuarios del país⇒.
En los objetivos que Ecuasem exhibe en su portal web existen interesantes coincidencias con algunos de los postulados del proyecto de Ley de Semillas.  Algunos de ellos plantean: impulsar la aplicación de programas y la adopción de medidas dirigidas al incremento del uso de semillas certificadas (similar al art 12, literal d del borrador del proyecto de Ley⇒ ), promover la adopción de medidas o mecanismos conducentes al mejoramiento cualitativo y cuantitativo de la producción de semillas en el Ecuador, promover el cumplimiento de las normas y políticas de libre competencia y de control de mercado para la comercialización de las semillas en el mercado local y en el internacional (art 12 literal c del borrador del proyecto de ley).
“Existe un nivel de diálogo que el Estado está manteniendo en el seno de Ecuasem, en el que no están incluidas las redes de organizaciones que trabajan en el campo porque no tienen ese mismo trato de socios y aliados del Estado”, asegura Javier Carrera en entrevista con MilHojas.is. Por lo tanto, el problema es que no hay espacio que sea organizado y financiado por el Estado en el que se trabaje con grupos campesinos y agroecológicos. “Nuestra opinión como sociedad civil no es vinculante, mientras en Ecuasem el Estado se sienta a negociar con las empresas y con nosotros tiene la opción de hacernos caso o no, cuando debería sentarse a analizar cómo vamos a promover la agroecología y facilitar el crecimiento empresarial de las unidades productivas que trabajan con otros modelos (no industriales)”, culmina el representante de los semilleros.
Para Carrera es un tema de interés nacional saber cómo se dio el proceso para llegar a esta alianza y en qué términos coexisten los socios de Ecuasem. Por ejemplo, ¿si INIAP es una empresa del Estado ecuatoriano por qué es aliada de Monsanto y qué implica esa alianza?
El Foro Semillas y Soberanía Alimentaria en riesgo, que agrupa a representantes de movimientos campesinos, indígenas, montubios, afrodescendientes y organizaciones sociales, hizo en esta semana una declaratoria pública sobre los debates en torno a la nueva Ley de Semillas.  Entre sus preocupaciones consta  lo que denominan “el evidente conflicto de intereses que surge de esta alianza”.  Agregan que en ninguna asociación similar figura el Estado como aliado de organizaciones campesinas, asociaciones de productores, otras organizaciones del campo o grupos de consumidores.
Xavier León, miembro de Acción Ecológica, enfatiza que en la elaboración del proyecto de ley hay dos fuerzas en claro enfrentamiento. La una que favorece a las semillas certificadas e híbridas que son distribuidas por empresas que están dentro del conglomerado de Ecuasem. Y la otra que defiende a las semillas nativas y tradicionales que circulan por el libre intercambio. A criterio de León, en el texto del proyecto de ley se está privilegiando más a los sectores importadores y distribuidores agroindustriales de semillas.  Pero observa que no se pueden aplicar las mismas reglas a esos sectores y a los pequeños campesinos. Debe haber estrategias diferenciadas, de lo contrario se generaría una pérdida de agrobiodiversidad genética, más si se toma en cuenta que en el país se originan miles de variedades de semillas.
Otro elemento de incertidumbre es la orientación que tendrá, en la práctica, el Consejo Consultivo de la Semilla, que se creará según el proyecto de ley.
Xavier León advierte que los resultados de la gestión de estos cuerpos colegiados no han sido favorables para la agricultura campesina y su temor es que la semilla tradicional termine desapareciendo, lo que sería un riesgo para la seguridad alimentaria del país, pues se pueden perder semillas importantes, ya que se desestimula la siembra y conservación debido a que los agricultores que se dedican a preservar estas semillas no van a poder cumplir las exigencias del registro y la certificación.

Imagen: Las prácticas ancentrales en cuanto a semillas serán borradas con esta ley que privilegia a las producidas por las transnacionales como Monsanto.
León grafica su hipótesis con un ejemplo real: Si bien el Consejo Consultivo del maíz estaba integrado por representantes de los importadores, de fabricantes de balanceados y de agricultores, la influencia del sector agroindustrial ha sido mucho mayor que el de los campesinos, pues no solo controlan las semillas, sino también la elaboración de balanceados y de la producción de carnes. Por lo tanto, al tener varios representantes cuentan con mayor peso en la toma de decisiones. Durante varios años, este Consejo Consultivo autorizó importaciones de maíz para balanceado, durante la época de cosecha, en las provincias de Los Ríos, Manabí y Loja, las principales productoras de ese cultivo, lo que provocó la caída de los precios. León asegura que mucha gente terminó vendiendo su producción y hasta perdiendo sus tierras. Otros no pudieron pagar sus créditos porque su producción perdió rentabilidad debido a la sobre oferta creada con las importaciones.
León sostiene que este ejemplo evidencia que es notable que en la redacción de algunas leyes hay un claro balance a favor de las grandes empresas. Este riesgo puede repetirse en el Consejo Consultivo de Semillas, pues el peso de las empresas nacionales y transnacionales sería mayor que el de los agricultores que se dedican a preservar la semilla nativa.
Por qué este proyecto vuelve al debate legislativo y qué plantea sobre las semillas para generar tanto recelo?
Entre  2010 y 2012, la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria (COPISA) desarrolló un proceso de consulta para construir una propuesta de ley⇒ que involucró a 522 organizaciones y entidades de la sociedad civil, así como a unos 3.000 ciudadanos, todos vinculados al agro y al sistema alimentaria. Pero el primer debate de este proyecto fue suspendido, sin que se difunda, oficialmente, alguna explicación.
Imagen: Mauricio Proaño, el nuevo impulsor de la ley que privilegia lel punto de vista de los grandes productores de semillas.
Su trámite se reactivó a inicios de este año y Mauricio Proaño, vicepresidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, fue designado para exponer el proyecto de ley. Proaño es un asambleísta de PAIS que ha mantenido un perfil bajo ante la opinión pública, excepto en una que otra ocasión anecdótica como el haber figurado entre los comensales invitados a celebrar un cumpleaños del presidente Rafael Correa. O la incómoda situación que protagonizó durante la aprobación de las enmiendas constitucionales, al decir a la legisladora socialcristiana Cristina Reyes que “no por tener una cara bonita y un cuerpo bonito (puede) venir a criticar a todo el mundo”.
Pese a no tener una gran exposición pública, Proaño cumplió un rol clave en la redacción final de los textos de las Leyes de Agua y de Tierras.  Ahora, en este nuevo proyecto al que algunos sectores llaman Ley Proaño, es este asambleísta quien lidera la reedición de sus contenidos. En declaraciones al diario oficialista El Ciudadano dijo: “estamos trabajando con el proyecto de Ley de Semillas en un primer borrador”, como si la propuesta elaborada por Copisa no existiera.
El discurso de Proaño, en sus exposiciones y entrevistas, se ha enfilado a enfatizar que el proyecto debía ser corregido, buscando circunscribirlo a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura. “Esto significa que toda planta que produce una semilla, entra en la norma”.  En esta frase Proaño no pudo ser más explícito para graficar la orientación de control que se pretende asumir desde el Estado sobre las semillas.
Al tenor de sus palabras el proyecto incorporó la necesidad de incrementar el uso de semillas certificadas, dentro del sector campesino. Esto se justifica, según Proaño, porque en Ecuador no se cubre ni el 7% de superficie con semillas certificadas. “Este tema queremos ingresar en la ley porque eso procuraría que la producción de semilla se generalice en el país, con lo que se incrementa la producción de alimento y mejora el ingreso de las zonas rurales”, ha dicho el asambleísta.
Stephen Sherwood, científico estadounidense-ecuatoriano, experto en Fitopatología y Manejo Integrado de Plagas y quien ha sido investigador por la Wageningen University and Research Center,  explica que cuando se crea una empresa colectiva se ingresa en un mundo industrial y con ello, al uso de semilla certificada y de paquetes de fertilización, sembrando monocultivos. La lógica de la agricultura campesina, que hoy provee más del 60% de la canasta básica que se consume en el Ecuador,  no funciona como las empresas industriales que se pretendería impulsar. El trabajo de los campesinos se desarrolla en fincas biodiversas (varios cultivos) con la mano de obra de la familia y requiere autonomía para escoger el diseño de su finca y sus mercados. Por lo que necesitan otro tipo de apoyo del Estado que no sea solo paquetes tecnológicos uniformes.
Proaño ha dicho que “es necesario reforzar las zonas de agrobiodiversidad, además de dar énfasis a los centros de conocimiento y a los bancos de germoplasma (semillas), para incentivar la producción”. El razonamiento del legislador es que el potencial del país es su agrobiodiversidad y que el futuro es cuestión de genética, de cubrir el hambre con especies que resistan sequías por el cambio climático.
Por ello considera que hay que incluir en el proyecto de ley temas más fuertes sobre la protección y cuidado de las semillas, así como la regulación de los bancos de semillas.
El tema de las semillas nativas ocupa un capítulo aparte. Según Proaño, el objetivo es que estas semillas sigan siendo de la gente. No obstante, el Colectivo Nacional Agroecológico ha evidenciado su resquemor porque la versión del proyecto que al momento se somete a la consulta pre legislativa tiene elementos muy distantes del auténtico espíritu de la propuesta elaborada por la COPISA, en la que, entre otras cosas, se establecía como obligación del Estado promover los sistemas autónomos de semilla campesina y nativa, regular la semilla industrial y prohibir la semilla transgénica, cumpliendo así las disposiciones constitucionales y legales vigentes, en particular la Ley de Soberanía Alimentaria del 2010”
Este grupo expuso sus preocupaciones en un documento público y de acuerdo con su análisis, en la nueva versión del proyecto de ley se propone que sólo puede comercializarse la semilla registrada y certificada, una semilla que debe tener “pureza genética y varietal”. Pero este tipo de semilla es generalmente controlada empresarialmente.

Imagen: las empresas han estado trabajando para poner a punto la ley. La consulta prelegislativa es solo una estrategia para legitimar esta propuesta de Ley de Alianza PAIS.
A Sherwood también le preocupa lo que plantea el artículo 30 al prohibir la comercialización de semillas que no consten en el Registro Nacional de Semilla, pues se señala que “toda persona natural, jurídica pública, privada o comunitaria que se dedica a la producción, comercialización, importación o exportación de semilla debe registrarse ante la Autoridad Agraria Nacional”. Esto significa que solo las semillas reconocidas por el Gobierno pueden ser sembradas e intercambiadas, aclara Sherwood, lo que conlleva varios problemas de aplicación y contrasentidos.  Primero, es imposible registrar todas las semillas del país. Sherwood, quien también trabajó en el Centro Internacional de la Papa, asegura que en el mencionado Centro han transcurrido años tratando de investigar cuántas variedades de papa hay en el Ecuador y nunca se lo logró por su alta complejidad. Se conoce que 30 variedades dominan el mercado, pero hay más de 500.
Además, el registro tomaría años por cada variedad, de cada producto.  El proyecto también establece que debe haber una certificación de las semillas, entendida como un “proceso técnico de supervisión y verificación oficial destinado a mantener la identidad genética, la pureza física, la calidad fisiológica y sanitaria de la semilla”. Sherwood observa que con esta disposición se debería certificar cada semilla que se tiene al momento, lo que implica que cada semilla sea producida en laboratorio.
El argumento oficial es que el registro y la certificación son importantes por razones fitosanitarias. Sherwood es fitopatólogo, experto en enfermedades de plantas, y considera que esa tesis es absurda, pues si se quiere mejorar la producción del campo no se debe buscar la pureza de la semilla, si no mantener la diversidad entre un mismo cultivo y entre cultivos. Eso es mucho más efectivo e importante. “Purificar una semilla significa que hay que uniformizarla y eso se logra bajando la biodiversidad. Entonces la lógica de la industria y de este tipo de ciencia no cuadra con la lógica de una producción biodiversa, estable y ecológica en el campo”.


"Purificar una semilla significa que hay que uniformizarla y eso se logra bajando la biodiversidad. Entonces la lógica de la industria y de este tipo de ciencia no cuadra con la lógica de una producción biodiversa, estable y ecológica en el campo". Stephen Sherwood, científico experto en Fitopatología


Al colectivo le preocupa también que en el proyecto se declara a la semilla como patrimonio del Estado, pues la agrupación sostiene que las semillas son un patrimonio colectivo de los pueblos y un bien común, que según centros expertos mundiales en el tema, como el Centro de Investigación Biodiversidad y la FAO, necesariamente tienen que quedar en las manos del público.
Por lo tanto el Colectivo exige que la semilla continúe siendo patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad y al Estado se le asigne el rol de garante de este derecho y no como propietario, como se intenta proponer.
Sherwood destaca que la afectación de que el Estado tenga el control de las semillas no sería solo para los agricultores. Cualquier persona es parte de este proceso, pues al consumir está financiando los sistemas agroalimentarios y cuando alguien compra papas en un mercado está financiando la supervivencia de esta variedad de semilla. Por eso este es un tema de soberanía alimentaria, sostiene.
El Colectivo rechaza también cualquier intento de legalización de semilla transgénica, teme poner en peligro la salud humana, los ecosistemas y el control de los recursos genéticos. El presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, Mauricio Proaño ha dicho que la Constitución (artículo 401) declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas y que el proyecto de ley reafirma que quien introduce este tipo de semillas comete un delito. Pero también ha señalado que “científicamente tiene que probarse que ese tipo de cultivos son peligrosos o no para la salud y ahí se tomarán decisiones, mientras tanto hay una disposición constitucional que hay que respetar”.
Organizaciones, como el Observatorio del Cambio Rural (OCARU), que lidera debates y diálogos políticos entre grupos sociales y ONGs sobre la política agraria y las reformas institucionales y legales, piden el archivo del proyecto Proaño y el Colectivo Agroecológico ha pedido que se considere nuevamente la propuesta de ley enviada por la COPISA (2012), el Foro Semillas y Soberanía Alimentaria en riesgo hace varias propuestas de postulados que deberían incluirse en el proyecto.
Entre otros temas ha propuesto que se incorpore en la ley la obligación del Estado debe estimular la producción de semillas campesinas mediante estrategias como la creación de espacios y sistemas de comercialización, tales como ferias, festivales, concursos, etc. Platean también que se facilite al acceso de la población a los bancos de germoplasma del INIAP, mediante convenios sencillos, que se debe reglamentar y financiar la defensa del país contra la contaminación transgénica.
A criterio del foro se debe facilitar el acceso de semilleristas locales a bancos de semillas procedentes del extranjero para especies no nativas de reciente inclusión en la cultura alimentaria nacional, tales como las hortalizas. “Esto con el objetivo de que la población pueda iniciar un proceso de selección y fitomejoramiento local para criollizar estas semillas, de manera similar a la que se viene dando con el arroz o la col desde siglos pasados”.
Finalmente, el Foro propone que la nueva ley de semillas debe servir para construir un nuevo modelo agrario, que busque la sostenibilidad, que se oriente a la producción de alimentos para la población, que fomente la economía local diversificada.

Links
También en el estatuto de Ecuasem constan los objetivos que se promueven en la Ley de Semillas de AP⇒

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El Comité de DDHH de la ONU hace 33 recomendaciones al Estado Ecuatoriano

El uso reiterado del sistema judicial para dictar fuertes sentencias contra críticos del gobierno, la obligación impuesta a los medios de comunicación para difundir  hechos de interés público, la figura del linchamiento mediático, así como el hecho de que las mujeres continúen siendo las más afectadas por el desempleo y su limitada representación en las elecciones unipersonales a nivel local, además de los actos de discriminación y violencia por la orientación sexual de las personas, son algunas de las observaciones que se destacan en el informe del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre Ecuador.
El documento, publicado este 15 de julio, contiene un total de 33 recomendaciones donde son mayores las críticas y las preocupaciones que los avances señalados para el país.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU examinó el sexto informe periódico del Ecuador en sesiones celebradas el  27 y 28 de junio de 2016. El pasado el 11 de julio aprobó las observaciones finales.
En relación a la independencia judicial al organismo le preocupan las alegaciones sobre la frecuencia con que el Consejo de la Judicatura utiliza el sistema de disciplina, previsto en el Código Orgánico de la Función Judicial para destituir a jueces, en particular a través del uso de la figura amplia del “error inexcusable”. También le inquieta la reiterada utilización del sistema judicial para generar duras sentencias contra críticos del gobierno y miembros de la oposición de una manera que pone su imparcialidad en cuestión.

Imagen: La audiencia se realizó en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza.
Frente  ello, el Comité recomienda que el Estado incremente sus esfuerzos para asegurar y proteger la independencia e imparcialidad de la judicatura. Agrega: “el Estado parte debe asegurar que los jueces no sean destituidos a causa de los contenidos de sus decisiones y garantizar la seguridad en el cargo de los jueces en actividad.
Sobre la libertad de expresión al Comité le preocupa la información sobre casos de uso excesivo de la fuerza por parte de miembros de la policía y el ejército en el contexto de manifestaciones públicas, específicamente las realizadas en 2015. El organismo observa los procesos penales iniciados bajo las figuras de sabotaje y terrorismo contra personas que participaron en protestas sociales. Y lamenta no haber recibido información sobre el número de personas acusadas de cometer delitos de terrorismo o sabotaje, con base tanto en el antiguo Código Penal como en el nuevo Código Orgánico Integral Penal.
Ante ello recomendó al Estado “adoptar medidas para garantizar que todas las personas bajo su jurisdicción puedan ejercer en la práctica su derecho a la libertad de reunión pacífica; redoblar sus esfuerzos para prevenir y eliminar todas las formas de uso excesivo de la fuerza por miembros de las fuerzas del orden y de seguridad”. Además recomienda adoptar las medidas necesarias para asegurar que se investigue de forma rápida e independiente todas las afirmaciones de uso excesivo de la fuerza y que los presuntos autores sean sancionados de ser culpables.
En relación a los efectos de la aplicación de la Ley de Comunicación, el Comité señala que contiene algunas disposiciones que puede afectar al ejercicio de ese derecho, como la obligación de los medios de comunicación de “cubrir y difundir los hechos de interés público” o la prohibición de difundir “información que de manera directa o a través de terceros, sea producida de forma concertada y publicada reiterativamente a través de uno o más medios de comunicación con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública” (“linchamiento mediático”). Al Comité le preocupa la ambigüedad de la norma y señala que su incumplimiento da lugar a severas sanciones.
Imagen: El Palacio Wilson, donde está el alto comissionado de la ONU para Derechos Humanos.
Otro tema que inquieta al organismo son las alegaciones de que “algunas personas que criticaron al Gobierno, incluyendo periodistas y usuarios de redes sociales, habrían sufrido acoso y amenazas anónimas luego de ser mencionadas específicamente por oficiales del Gobierno en medios públicos y que se utilizaría el sistema judicial para silenciar la crítica a través de la presentación de demandas”.
Frente a ello, recomendó al Estado adoptar las medidas para garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de opinión y de expresión en todas sus formas y señala que el Estado debe velar para que la Ley de Comunicación sea plenamente compatible con el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. También conminó al Estado a ofrecer protección a quienes sean acosados o amenazados por ejercer su derecho a la libertad de opinión y de expresión y a investigar las denuncias que se reciban sobre este tema.
Las disposiciones que permiten disolver organizaciones sociales que cuenten con personería jurídica con base en causales que podrían resultar muy amplias o ambiguas son otro tópico que inquieta al Comité. Por lo que se sugirió que el Estado adopte las medidas para garantizar que todas las personas  puedan gozar de su derecho a la libertad asociación y que cualquier restricción que pueda existir se ajuste a las exigencias establecidas en el artículo 22, párr. 2, del Pacto.
En este informe el Comité destaca ocho puntos positivos dentro de las medidas legislativas e institucionales adoptadas por el Estado ecuatoriano. En estas figura la adopción del Código Orgánico Integral Penal, la Ley Orgánica para los Consejos Nacionales para la Igualdad, de la Ley para la Reparación de las Víctimas y la Judicialización de Graves Violaciones de Derechos Humanos y Delitos de Lesa Humanidad Ocurridos en el Ecuador entre el 4 de Octubre de 1983 y el 31 de Diciembre de 2008; el Plan Nacional para el Buen Vivir, la Ley Orgánica de Discapacidades, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, el Plan Nacional Integral para erradicar los delitos sexuales en el sistema educativo, y el Plan Plurinacional para Eliminar la Discriminación Racial y la Exclusión Étnica y Cultural.
El canciller, Guillaume Long, ha dicho que generalmente el Comité de Derechos Humanos hace informes “rudos” y “severos”. No obstante, en esa ocasión, a criterio del funcionario,  tuvo un peso más positivo para el Ecuador, pues se reconocen muchísimos avances.
La visión de los representantes de las organizaciones de la sociedad civil que presentaron informes alternativos sobre la situación de los derechos humanos en Ecuador es muy distinta.
 César Ricaurte, director de Fundamedios, ha destacado la importancia del informe emitido por el Comité de DDHH en el que en forma general,  lamenta la falta de información en las respuestas orales y escritas de la delegación oficial ecuatoriana. Sobre todo la no entrega de cifras sobre cuántas personas han sido criminalizadas por terrorismo y sabotaje durante este periodo.
En relación a las observaciones que tienen que ver con la libertad de expresión Ricaurte dijo que "desde la sociedad civil, exigimos que la Asamblea Nacional inicie inmediatamente el proceso de reforma a la Ley de Comunicación, con participación activa de la sociedad civil, para garantizar el ejercicio pleno de la libertad de expresión".
La activista Martha Roldós comentó sobre el capítulo acerca de la independencia judicial que incluye el informe y ha pedido a las autoridades que lean detalladamente las recomendaciones.


El Comité observa con preocupación que el nuevo Código Orgánico Integral Penal criminaliza la interrupción voluntaria del embarazo y establece que el Estado debe revisarlo


La activista Lotty Andrade se congratuló porque el Comité se haya referido en el informe a los abusos y violencia sexual en centros educativos. El organismo manifiesta su "preocupación por el bajo número de sentencias condenatorias en relación con el elevado número de denuncias sobre delitos sexuales en el ámbito educativo registradas y la presunta impunidad de algunos perpetradores de tales actos". Destacó que el informe manifiesta la necesidad de intensificar esfuerzos para garantizar la aplicación efectiva de la legislación y las políticas sobre igualdad de género existentes para alcanzar la plena igualdad de derechos entre hombres y mujeres en todos los ámbitos. Los expertos también recomiendan adoptar medidas efectivas para aumentar la participación de las mujeres en los cargos de elección unipersonal a nivel local. Andrade también resaltó el Comité observa con preocupación que el nuevo Código Orgánico Integral Penal criminaliza la interrupción voluntaria del embarazo y establece que el Estado debe revisarlo a fin de introducir excepciones a la interrupción voluntaria del embarazo, entre ellas, la despenalización del aborto por violación.  
La activista Pamela Troya destacó las recomendaciones del Comité en cuanto a la discriminación y violencia por motivos de orientación sexual o identidad de género. También recordó que en el informe el Comité "lamenta no haber recibido información detallada" acerca de las acciones de carácter penal desplegadas contra los responsables de los "tratamientos" en las llamadas 'clínicas para tratar la homosexualidad' y sus resultados. Asimismo, enfatizó en que el Comité concluyó que el Ecuador debe redoblar esfuerzos "para combatir estereotipos y prejuicios contra personas LGBTI y garantizar que se prevengan los actos de discriminación".  
 La activista Karla Calapaqui se refirió a las observaciones sobre uso excesivo de la fuerza en las manifestaciones sociales y la criminalización de la protesta bajo figuras penales como el sabotaje y el terrorismo. Destacó además la recomendación de agilitar la aprobación del Proyecto de Ley Orgánica de Consulta a las Comunas, Comunidades, Pueblos y Nacionalidades del Ecuador. En sus resoluciones, el Comité también conmina al Estado a proteger la vida de los pueblos indígenas en aislamiento, garantizando que no se realicen actividades extractivas que los coloquen en una situación de mayor vulnerabilidad. En cuanto a la jurisdicción indígena, recomienda al Estado parte tomar las medidas necesarias para adoptar un marco legal e institucional específico que regule la división de competencias entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria, asegurando el respeto de los derechos de las comunidades.

Punto de vista
En una entrevista realizada a Víctor Manuel Rodríguez, experto del Comité de Derechos Humanos con la periodista colaboradora de Panorama @PanoramaDH, Carmen Lucía Castaño, el funcionario explica la base legal internacional que obliga  a los Estados de cumplir las recomendaciones del Comité (Mire el enlace de esta entrevista).
P- El presidente Correa ha dicho en algunas ocasiones que las que produce la ONU son simplemente recomendaciones. Cómo responder a ese tipo de interpretación respecto a la responsabilidad que tiene el Estado de acoger las recomendaciones del Comité?
R- Las recomendaciones (del Comité de DD.HH) son para cumplirlas, no para no cumplirlas, es decir ese es el sentido que tiene la propia definición.  Hay un tratado que es la biblia del derecho internacional que es Comisión de Viena sobre el derecho y los tratados que dice que los Estados deben cumplir de buena fe las obligaciones internacionales. El Pacto (Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) es un tratado internacional, genera obligaciones internacionales respecto a los derechos. El Comité es el único órgano que lo interpreta y lo aplica. Entonces cuando el Comité hace una declaración de este tipo, con una recomendación, esa recomendación es para cumplirla no para no cumplirla. Y no se puede invocar el derecho interno para no cumplir con una obligación internacional. Ese es un discurso que usan algunos Estados para no cumplir. Pero desde el punto del derecho internacional va haber un seguimiento y nosotros vamos a ver a todos los Estados y les vamos a decir oye Estado, dentro de un año, si cumplió o no cumplió.
P- ¿Qué pasa si el estado no informa en un año sobre esas recomendaciones? Qué mecanismo tiene previstos el Comité?
R-
Hay una relatora especial y nosotros hacemos unos informes de seguimiento cada año y ahí entramos a hacer un análisis y ver si cumplió o no cumplió y hacemos una valoración, una evaluación de esas recomendaciones”. 
Los representantes de la sociedad civil explicaron que dentro del seguimiento que hace el Comité sobre este tema se prevé la visita de relatores para monitorear la aplicación de las recomendaciones al Estado ecuatoriano, en el transcurso de un año.

LINKS
La reacción de los colectivos de Derechos Humanos ante el informe de la ONU
Lea las recomendaciones completas del Comité de DDHH de la ONU a Ecuador

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El cambio de la matriz productiva o la mayor estafa política de la historia

ARTURO VILLAVICENCIO
En marzo del 2015, la Vicepresidencia de la República presentó el Plan Estratégico para el Cambio de la Matriz Productiva. Aunque el cambio del modelo económico estuvo desde el primer día en la agenda transformadora del Gobierno y ha constituido el estribillo permanente de tres planes de desarrollo, es en este documento donde se sintetiza la propuesta gubernamental del cambio del modelo de acumulación económica, en qué consiste la transformación, cuáles son los mecanismos que permitirían pasar de una estructura económica primario – exportadora hacia una economía generadora y exportadora de valor agregado y sobre todo, el documento deja planteado un listado de tareas pendientes para los próximos gobiernos para continuar en la transición hacia un nuevo patrón de desarrollo. 

Imagen: Varias falencias se evidencian en las propuestas de reformas económicas del Gobierno de Rafael Correa que traerán consecuencias en el futuro.

En principio no debería ser objeto de atención un documento que plantea un cambio del modelo de desarrollo en las postrimerías de gestión de un gobierno. Con escasos meses para finalizar el ejercicio del poder, con un déficit fiscal que obliga a centrar su gestión en raspar la olla para cubrir sus obligaciones del día al día y bajo una crisis económica que se profundiza cada vez más, no tendría objeto entrar en un análisis de un plan que, aun en circunstancias de bonanza económica, carecería de la más mínima viabilidad.

Pero no se trata aquí de apalear un caballo muerto. El interés de un breve examen de la propuesta para un cambio del modelo de desarrollo es múltiple. Ante todo porque es indispensable establecer un balance de los cambios publicitados por el Gobierno luego de más de nueve años de gestión. Se trata de un periodo suficientemente largo en el que las transformaciones de la estructura económica deberían haber empezado a rendir sus frutos y reflejarse en un conjunto de indicadores que permitan evaluar a la sociedad el alcance y profundidad de la acción transformadora de una década. Segundo, porque es necesario develar el contenido de un proyecto grandioso que ha resultado en el más rotundo fracaso y cuyas causas ya empiezan a ser atribuidas, con la astucia característica de este Gobierno, a la caída de los precios del petróleo y, sobre todo, al desastre natural que asoló la costa ecuatoriana en abril pasado. Tercero, porque es el momento de empezar a desenmascarar la mezcla de ignorancia y prepotencia bajo la cual se esconde el verdadero significado de cambio de la matriz productiva, con la que se  pretende engañar a la sociedad y que no debería sorprendernos porque en realidad es parte de un proyecto político que será recordado como “la mayor estafa política de la historia”. Por último, porque es necesario empezar a repensar nuevamente en trayectorias de desarrollo que abran nuevas perspectivas de transformaciones coherentes y viables para la economía y la sociedad.

Una planificación para treinta años

“El Gobierno de la revolución ciudadana está dejando una planificación para al menos 30 años”. Esta fue quizá una de las declaraciones más reveladoras del Informe del Gobierno a la Nación el 24 de mayo último. Semejante afirmación no puede pasar desapercibida por la sencilla razón que, de aquí en adelante, es alrededor de este mensaje que se va a jugar una parte del discurso de la retirada de la revolución ciudadana. En un futuro cercano, cuando los burócratas de hoy, en medio de la agudización de la crisis, tengan explicar el despilfarro y manejo irresponsable de su gestión, se escuchará todo un estribillo reivindicatorio: nosotros dejamos el camino trazado para el buen vivir, las metas del milagro estaban claramente establecidas…  la crisis se debe a haber ignorado todo un programa, un  plan de acción y los objetivos que expresaban la voluntad de continuar con la transformación histórica del Ecuador. El corolario será claro: la culpa de la crisis es de quienes no han continuado la grandiosa obra empezada.

En un futuro cercano, cuando los burócratas de hoy, en medio de la agudización de la crisis, tengan explicar el despilfarro y manejo irresponsable de su gestión, se escuchará todo un estribillo reivindicatorio: nosotros dejamos el camino trazado para el buen vivir, las metas del milagro estaban claramente establecidas…

De ahí que sutilmente, de manera particular en el mencionado documento, se insista en el fortalecimiento, la profundización, la ampliación, en definitiva, en la consolidación  de la gran obra transformadora iniciada. Según este documento, el próximo gobierno no partirá de cero. Las bases de la transformación han sido ya construidas y lo único que tiene que hacer es fortalecer, profundizar, incrementar, continuar, ampliar, …  la gran obra pública del gobierno de la revolución ciudadana. Siempre esa idea de transformación y de cambio que no llega a concretarse y que persiste como una promesa indefinida en el tiempo. De ahí la necesidad de insistir que estamos en una “época de transición”. No importa  hacia dónde.  Lo que importa es el mensaje de continuidad de una obra grandiosa existente únicamente en la realidad virtual de los portales de Internet de las agencias gubernamentales. 

Lo que no queda claro en el mensaje del Gobierno es a que trayectoria de desarrollo se refieren cuando nos hablan de una planificación para los próximos treinta años.  Se refieren acaso a aquella de las “orientaciones éticas, utópicas y teóricas que permiten delimitar el norte del camino y asegurar la factibilidad de sus sueños” (PND p. 44) ; o quizá a aquella que nos asegurará “la satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y muerte digna, el amar y ser amado, y el florecimiento saludable de todos y todas, en paz y armonía con la naturaleza” (PNBV-I, p.6)  o tal vez a aquella que nos conducirá al “socialismo del buen vivir”, que “no busca la opulencia  ni el crecimiento económico infinito”  sino “todo el mundo mejor” (PNBV-II, p.12) ?  De que planificación nos están hablando?

La confusión aumenta porque el listado de los modelos de planificación de la revolución ciudadana alcanza para todos los gustos. Además de los tres planes de desarrollo, de hondo contenido onírico, tenemos aquellos, igualmente surrealistas, elaborados por  tecnócratas hipnotizados de varias dependencias del Gobierno. Así, cuando nos hablan de una planificación para 30 años, no sabemos si se refieren a las 10 apuestas productivas que nos iban a convertir en campeones mundiales de la flores, las frutas y la madera; o a los proyectos transformadores de la Agenda para la Transformación Productiva con sus programas emblemáticos de los biocombustibles, la producción de hidrógeno para cocinas (de no-inducción) o la gasolina eco-país;  o aquel dechado de densidad intelectual que constituye el documento Política Industrial del Ecuador del ministerio de Industrias; o simplemente a la propuesta de la Estrategia Nacional para el Cambio de la Matriz Productiva de impulsar cadenas productivas en sectores intensivos en conocimiento como el desarrollo de software y el reciclaje de la basura. Con tantas intenciones y propuestas que han ido cambiando al ritmo de reciclaje de la alta burocracia, los resultados de la extraordinaria gestión tecnocrática del Gobierno son dignos de resaltar.   

Una década ganada

El gobierno de la revolución ciudadana se propuso un cambio en el modelo de acumulación de la economía ecuatoriana. En los documentos, planes y agendas de ministerios y secretarías, la idea de transición “de una economía primario-exportadora basada en recursos finitos a una economía del conocimiento basada en recursos infinitos” se convirtió en el objetivo permanente alrededor del cual se pretendía estructurar toda la acción gubernamental. Derivados de este objetivo se plantearon las grandes metas transformadoras de un modelo caduco de desarrollo. El programa planteado ha sido claro: i) aumentar la participación de la industria en la composición del producto nacional, ii) diversificación “inteligente” de las exportaciones e incorporación de mayor valor agregado a través de productos manufacturados, iii) dinamización del mercado interno y substitución selectiva de importaciones, iv) generación de empleo de calidad y v) desconcentración de la riqueza.

Todo este plan de acción se condensa en lo que a partir del 2012 empieza a pregonarse en la propaganda oficial como el cambio de la matriz productiva. Un breve examen de los resultados alcanzados permite apreciar la eficacia de la planificación gubernamental en estos últimos nueve años. 

“Cambio del patrón de especialización productiva”.

Bajo esta pomposa denominación, que no corresponde sino al viejo concepto de política de desarrollo industrial, la preocupación constante del Gobierno (por lo menos en el discurso) ha sido la formular una amalgama de propuestas e intervenciones diseñadas para dinamizar determinados sectores o productos cuya priorización ha ido cambiando según las circunstancias políticas y el grado de influencia de los voceros que las han propuesto. La política de un desarrollo selectivo de la industria tenía como meta incrementar el peso de la manufactura en la generación del valor agregado nacional.

Los resultados de esta estrategia están a la vista: en el año 2007 la industria manufacturera contribuyo con el 13.7% al producto interno bruto y para el año 2013  esta participación descendió al 12.4% (la contribución más baja en los últimos 30 años).

Los resultados de esta estrategia están a la vista: en el año 2007 la industria manufacturera contribuyo con el 13.7% al producto interno bruto y para el año 2013  esta participación descendió al 12.4% (la contribución más baja en los últimos 30 años). Este descenso refleja en parte el freno a la inversión en la sector manufacturero que durante el mismo periodo pasó del 11.7% de la inversión total al 10.4%. Más revelador aun es el comportamiento de la inversión privada en maquinaria y equipo cuya inversión disminuyó   del 82.5% en 2007 al 65.8% en el 2013.

Las perspectivas de decrecimiento de la economía ecuatoriana permiten prever una continuidad de las tendencias señaladas de tal manera que finales del presente año la manufactura representaría escasamente el 10% del producto nacional. En otras palabras, la estrategia de cambio de la matriz productiva emprendida por el Gobierno, en lugar de haber promovido el desarrollo o fortalecimiento de sectores productivos con mayor valor agregado y generadores de empleo de calidad, ha resultado en un proceso alarmante de desindustrialización de la economía ecuatoriana; es decir, exactamente lo contrario a las metas que el Gobierno se propuso bajo su programa de cambio de la matriz productiva.

“Diversificación inteligente de exportaciones”.

Otro de los ejes de la planificación gubernamental estuvo centrado en una diversificación de la canasta de productos de exportación de la economía nacional. El planteamiento del Gobierno ha sido claro: “se espera que la industria nacional satisfaga la demanda interna y genere excedentes para exportación. Asimismo, la estrategia busca sustituir exportaciones por bienes con mayor valor agregado y no exclusivamente dependientes de procesos extractivos”. Al igual que con las metas de industrialización, el resultado de la política de diversificación de exportaciones al cabo de nueve años de Gobierno muestra exactamente lo contrario de las metas propuestas.

En efecto, en lugar de una diversificación de la canasta de exportaciones se ha producido gradualmente una concentración en productos primarios y tradicionales. En los últimos nueve años la dinámica de las exportaciones ha estado marcada por dos productos: camarón procesado y elaborados de pesca. La participación de exportaciones de productos manufacturados (excluyendo los productos mencionados)  en el total de exportaciones no petroleras descendió  desde el 23.3% en el 2007 al 18.9% en el año 2103. En relación al PIB y para el mismo periodo, las exportaciones de la manufactura representaron el 10.4% y el 6%, respectivamente. En otras palabras, no se produjo ninguna diversificación de las exportaciones hacia productos con un mayor valor agregado; por el contrario la economía del país se volvió cada vez más dependiente de los productos tradicionales, una suerte de re-primarización de la economía, favorecida por la coyuntura del boom de las commodities.  

“Substitución de importaciones para un desarrollo endógeno”.

Bajo la hipótesis que “con una demanda doméstica endeble, el mercado interno no puede desarrollarse y [que] la expansión de la producción se concentra en el sector externo” la estrategia de desarrollo se planteó el objetivo de una “transformación del patrón de especialización de la economía, a través de la sustitución selectiva de importaciones para la satisfacción de las necesidades básicas”. De acuerdo al plan de desarrollo, “la sustitución se enfoca en los sectores que cumplan con las siguientes características generales: secundario-terciarios, generadores de valor, desarrollo de infraestructura y capacidades estratégicas para el sector en cuestión, empleo de mano de obra calificada, desarrollo de tecnología y capacidades humanas especializadas”.

Las salvaguardas fueron adoptadas indiscriminadamente como una acción  desesperada para mantener a flote el sistema monetario de la dolarización.

Probablemente el indicador que refleja el fracaso más evidente de esta estrategia es el déficit comercial de la balanza comercial no petrolera por el incremento explosivo de las importaciones, sobre todo de bienes de consumo. Ya en el año 2013, este déficit llego a superar la estratosférica suma de 9.000 millones de dólares. La gravedad de la situación obligó al Gobierno a restringir las importaciones mediante un sistema de salvaguardias con el fin de detener la hemorragia de divisas que ponían en riesgo el sistema mismo de dolarización de la economía. Así, una medida que debía haber sido adoptada al inicio de la gestión gubernamental como parte de una estrategia de protección temporal a ciertos sectores industriales, fue adoptada indiscriminadamente como una acción  desesperada para mantener a flote el sistema monetario de la dolarización.

Indudablemente el crecimiento incontenible del gasto publico, la creación de empleo burocrático y los subsidios dieron lugar a un crecimiento acelerado de la demanda de bienes de consumo, demanda que no pudo ser canalizada por la acción gubernamental hacia una dinamización de la producción interna sino exactamente hacia lo que se pretendía evitar: el aumento indiscriminado de importaciones de bienes de consumo. 

“Empleo digno y de calidad”

“Generar trabajos en condiciones dignas, buscar el pleno empleo priorizando a grupos históricamente excluidos, reducir el trabajo informal y garantizar el cumplimiento de los derechos laborales” es la meta que se propuso el Gobierno en el marco de su grandioso proyecto de cambio de la matriz productiva. Y no podía ser de otra manera ya que la generación de empleo ha sido y es el problema más acuciante que enfrenta la sociedad ecuatoriana. Las proyecciones demográficas justamente prevén que la población económicamente activa crezca a una tasa promedio del 2,2% anual. Esto implica que cada año, en promedio, se integran a la fuerza laboral alrededor de 170 mil personas.

De acuerdo a las encuestas del INEC, en la última década el empleo privado disminuyó de alrededor del 85% en el 2007 al 80% en el 2016. Únicamente en el sector de la manufactura este descenso ha sido del 11% al 10% a lo largo de la última década. Estas cifras oficiales muestran que la política de crear un empleo digno y de calidad se ha traducido a lo largo de la década en una precarización gradual del empleo; precarización que ha sido atenuada por la creación del empleo publico, usado como paliativo para compensar la perdida de empleo en el sector privado.

“Democratización de los medios de producción”

Este es otro de los grandes objetivos  alrededor del cual la revolución ciudadana montó todo ese discurso ambiguo y populista de una economía popular y solidaria, sin entender su significado y por lo tanto, los mecanismos necesarios para su concreción.   Como una verdad de Perogrullo, los tecnócratas concluían que “la acumulación polarizada del capital fortalece el poder de las elites económicas que concentran los beneficios del crecimiento en una minoría, razón por la cual urge un cambio del actual régimen de acumulación”.

Al cabo de una década, todo el discurso de cambio de régimen de acumulación ha resultado en proceso creciente de concentración de la riqueza del país en torno a un puñado de empresas y grupos económico.

Al cabo de una década, todo el discurso de cambio de régimen de acumulación ha resultado en proceso creciente de concentración de la riqueza del país en torno a un puñado de empresas y grupos económicos; concentración que se traduce en un control de tipo oligopólico y oligopsónico de la mayoría de los mercados de bienes y servicios. En efecto, bajo el gobierno de la revolución ciudadana se acentuó un proceso de concentración del capital, fenómeno que ya se venía observando desde inicios de la década pasada. En  2003 los ingresos de las 400 empresas más grandes que operaban en el Ecuador representaban alrededor del 50% del PIB y en 2014 sus ingresos ya habían alcanzado el equivalente al 58%. Evidentemente, un proceso de “democratización” de los medios de producción en el más puro estilo de la revolución ciudadana.

En conclusión, las constataciones anteriores resumen los grandes logros de “una década ganada”. Ellas muestran como el sueño poético de la burocracia, aquel de la planificación de una “revolución silenciosa que empieza como el deshielo en un nevado y forma un riachuelo, que crece y baja de la montaña, hasta convertirse en un caudaloso río” (PNBV, 2013-2017), se ha convertido en pesadilla. Lo que no advirtieron los burócratas iluminados es que los deshielos, la mayoría de las veces, provocan lajares, avalanchas destructoras que arrollan y convierten en escombros todo lo que encuentran a su paso; exactamente lo que ha ocurrido con el sueño planificador y la economía del país.

3. La teoría de la planificación a la inversa

Quizá ninguno de los resultados de nueve años de gestión del gobierno de la revolución ciudadana encaja tan bien en aquel dicho popular de salir el tiro por la culata como ha ocurrido con los “logros” del cambio de la matriz productiva. Resulta un tanto paradójico para el autoritarismo y prepotencia constatar que los objetivos planteados alrededor de esta estrategia han resultado exactamente lo contrario de las metas propuestas: una economía cada vez dependiente de la explotación y exportación de recursos primarios; un alarmante proceso de desindustrialización de la economía, una creciente precarización del empleo; un déficit peligroso de la balanza comercial, una peligrosa concentración de la riqueza, etc. 

Todo esto nos conduce a pensar que a partir del 2007 la revolución ciudadana, seguramente sin proponérselo, instituyó una nueva categoría de planificación y gestión gubernamental, aquella que podemos denominar como la teoría de la planificación a la inversa: plantear un objetivo para alcanzar logros inéditos; es decir, exactamente opuestos a las metas propuestas. Seguramente la aplicación de esta novedosa teoría ha sido el tema de conferencias magistrales en universidades de calidad mundial o el motivo para los copiosos doctorados  honoris causa.

No es este el espacio para entrar en elucubraciones especulativas de tan brillante teoría; pero quizá la idea que condensa la esencia, la lógica de la planificación gubernamental puede ser resumida como sigue: “Contrario al espíritu conservador y ortodoxo de la economía neoliberal, que planteó dentro de su recetario la privatización de las empresas publicas”, el Gobierno de la revolución ciudadana ha emprendido la mayor subasta pública de empresas y bienes del Estado.

Lo sorprendente radica en que jamás en su larga noche el neoliberalismo soñó conseguir tanto con tan poco esfuerzo.

En el fondo, toda la acción del Gobierno se ha sustentado en una ideología, que por cerca de diez años, ha articulado conceptos y categorías que parecerían ser opuestas al neoliberalismo tradicional pero que, en realidad lo han continuado y lo han acentuado. Lo sorprendente radica en que jamás en su larga noche el neoliberalismo soñó conseguir tanto con tan poco esfuerzo. La entrega de los campos de petróleo a transnacionales, la hipoteca del oro de la reserva monetaria, la subasta de obras de infraestructura, la concesión de puertos, la venta de empresas como CNT o el Banco del Pacífico, el desmantelamiento de empresas públicas (minería, Enfarma), todo esto jamás nos hubiésemos imaginado ni aun bajo la aplicación de una doctrina de shock al más puro estilo del neoliberalismo según lo ha descrito Naomi Klein.

Todo esto nos lleva a constatar que por una década el Ecuador ha tenido un Gobierno aliado con el capital al que dijo combatir y con las transnacionales a las que se ufanó de repudiar. Como agudamente lo señala Pablo Dávalos, este Gobierno, al igual que muchos otros en América Latina, “es el producto y el resultado de una dinámica de la acumulación del capital y de la lucha de clases, en las que las nuevas formas de control y disciplinamiento social pasan por las aduanas de una democracia hecha para que todo se mueva y nada cambie”

4. La siembra de petróleo y la cosecha de una matriz productiva

Quizá frustrado en su intento por implantar un nuevo modelo económico el Gobierno nos lega todo un plan de acción para la continuidad de su magna obra. Dicho plan esta resumido en el documento Estrategia Nacional para el Cambio de la Matriz Productiva, al que ya se hizo referencia al inicio del presente artículo.  La estrategia está articulada alrededor de tres “componentes”: i) el desarrollo y fortalecimiento de cadenas productivas; ii) la creación de un entorno de competitividad sistémica; y iii) el desarrollo de industrias básicas.  De estas tres componentes, esta última es quizá la que mejor condensa toda la idea de transformación económica y social de la revolución ciudadana y su visión del desarrollo para los próximos treinta años. 

Según la propuesta gubernamental, “las industrias básicas tienen la capacidad  de ser una base [sic] para el florecimiento de muchas más industrias que se pueden desarrollar alrededor de ellas”. Aunque no se dispone de información, resulta razonable asumir que la selección de las industrias fue el resultado de profundos análisis y hondas reflexiones (al interior del aparato gubernamental, por supuesto) sobre la viabilidad de desarrollo en el Ecuador de determinadas ramas industriales y sus impactos en transformar la economía hacia un nuevo modelo de acumulación. Así, las industrias básicas prioritarias para el desarrollo del país son: (ver Cuadro 1): petroquímica, siderurgia, fundición y refinación del cobre, producción de aluminio, producción de pulpa y la industria naval (astilleros).

La implementación de estos grandes complejos industriales se prevé financiar  con los ingresos de la exportación de petróleo. La fórmula salvadora, más bien simple pero de una alquimia impenetrable, consiste en “sembrar petróleo y cosechar una matriz productiva para la sociedad del conocimiento”. Por el momento, el único inconveniente que se presenta para la realización de este grandioso plan es que tanto la siembra como la cosecha tendrán que esperar por lo menos hasta el 2024, año en el que expiran los compromisos de las ventas anticipadas de petróleo a China.

Sin lugar a dudas, la Estrategia consiste en un dechado de imaginación. Como diría la propaganda oficial, nunca antes, por primera vez, jamás en la historia del país se concibió un plan tan grandioso destinado, esta vez sí, a asegurar la “factibilidad de los sueños”, “el florecimiento saludable de todos y todas”, “el socialismo del buen vivir”. Los lectores y lectoras son invitados a un breve examen de esta verdadera pieza de antología.

Una planificación sustentada en el pre-sondeo

Al igual que con la selección de las industrias básicas a ser desarrolladas, cualquier persona daría por sentado que un plan de semejante magnitud y trascendencia se sustenta en análisis sobre rentabilidad de las inmensas inversiones, estudios de mercado para la exportación de productos, fuentes de abastecimiento de las materias primas a ser procesadas, infraestructura necesaria para el desarrollo de mega proyectos, capacidad nacional para el manejo de gigantescos complejos industriales, etc. Entonces, es fácil imaginar decenas y hasta centenares de expertos y especialistas investigando en opciones, alternativas y viabilidad de proyectos destinados a asegurar el buen vivir de la sociedad ecuatoriana. 

Toda la propuesta transformadora de la economía nacional se basa en “información preliminar”, “estudios de pre-sondeo” y “estudios de pre-factibilidad en marcha” es decir, únicamente en antojos de una burocracia desbordada de imaginación.

Sin embargo, la realidad es mucho más simple. Como no podía haber sido de otra forma bajo una revolución ciudadana eficiente y optimizadora de los recursos públicos, la planificación de toda la acción transformación del modelo de acumulación ha sido llevada bajo pragmatismo que no deja de asombrar.  Toda la propuesta transformadora de la economía nacional se basa en “información preliminar”, “estudios de pre-sondeo” y “estudios de pre-factibilidad en marcha” (ver Cuadro 1); es decir, únicamente en antojos de una burocracia desbordada de imaginación. No existe el mas mínimo análisis que sustente ni remotamente la viabilidad de los proyectos planteados.

Este enfoque también podría considerarse como un nuevo aporte de la revolución ciudadana a la praxis de la planificación: una especie de planificación virtual existente únicamente en imágenes. Lo que importa es mostrar publicaciones y/o paginas Web, con una profusión de fotos y colores, convirtiendo a la planificación en un ejercicio de fotoshop y de tintorería burocrática que lo único que pretende es venderle a la sociedad cualquier disparate que pueda mantener ilusiones en un proyecto político que no termina de agonizar.

Aprovechamiento de las ventajas comparativas

La premisa dominante en la propuesta de desarrollo de las industrias básicas parte del aprovechamiento de las “ventajas comparativas dinámicas del país”. Estas ventajas presentarían condiciones privilegiadas para posicionar la industria nacional en una situación aventajada en el mercado mundial. Así, el desarrollo de la industria siderúrgica se sustenta, según la imaginación de los planificadores, en el aprovechamiento de dos grandes ventajas comparativas que dispondría el país: las grandes reservas de mineral de hierro que supuestamente existen en Manabí y los inmensos depósitos de gas natural costa afuera.

Solamente dos detalles pasan por desapercibidos para la tecnocracia. El primero, que las supuestas reservas ferro-titaníferas de Tola Norte y Monpiche no son sino meras especulaciones sobre la existencia de depósitos de este mineral en estas regiones. Segundo, que el aprovechamiento de este mineral requeriría todo un largo y costoso trabajo de prospección de las áreas potenciales, la cuantificación de reservas probadas, la factibilidad económica de explotación y las inmensas inversiones para poner en marcha los procesos de extracción. Una asunto trivial para los planificadores. Aquí cabria otra variante de la planificación a la inversa: primero instalar un gigantesco complejo siderúrgico y luego buscar la materia prima que alimente la planta industrial. Es decir, un procedimiento similar al caso de la refinería del Aromo: primero invertir más de mil millones de dólares en construir un terraplén, luego buscar el financiamiento para la construcción del complejo industrial y por último, encontrar el petróleo que se va a refinar. 

Pero el problema de la materia prima para la industria siderúrgica no se queda ahí. Para los procesos siderúrgicos de reducción directa del hierro se requiere gas natural como materia prima. En este caso también es necesario una actividad de prospección, estimación de reservas y tasas de extracción de gas, construcción de plataformas gasíferas para la explotación y construcción de un sistema de gaseoductos submarinos. De todas maneras, en este punto hay que señalar una cierta complementaridad entre la siderurgia y la construcción de astilleros, otra de las industrias básicas para el cambio de la matriz productiva. El desarrollo de la industria de astilleros prevé, en su segunda fase, la construcción de dos barcos por año para soporte de la explotación off-shore de gas natural. Se repite nuevamente la secuencia de la planificación anteriormente señalada: instalar el complejo siderúrgico, luego construir barcos para la exploración off-shore de gas natural y por ultimo hacer los trabajos de prospección para determinar la existencia de gas y su factibilidad tecno-económica de explotación. Una lógica impecable.

En el caso de la industria del cobre, las ventajas comparativas dinámicas estarían dadas por  nuestra ubicación geográfica (cercanía a Chile y Perú, fuentes de abastecimiento de la materia prima) y la dependencia del país con respecto a China,   mercado que absorbería la producción nacional de cátodos de cobre. En ningún momento se plantea la pregunta elemental sobre la ventaja competitiva de una industria de refinación del cobre en el Ecuador frente a los dos primeros países que no solo poseen ingentes reservas de este mineral sino una larga experiencia en su explotación y transformación. Estos detalles poco importan para una industria que “es atractiva en Ecuador siempre y cuando se desarrolle un ambiente institucional que permita una actividad competitiva” o siempre y cuando se implementen “políticas de contingencia ambiental y social en conjunto con gobiernos descentralizados”.

El único problema consiste en que la capacidad de generación hidroeléctrica hay que construirla y para ello, sin ningún pudor, los tecnócratas estiman que serán necesarios instalar tres mil seiscientos megavatios de nueva capacidad de generación hidroeléctrica.

En el caso de la metalurgia del aluminio, las ventajas comparativas dinámicas alcanzan niveles surrealistas. La propuesta consiste en la construcción de una planta de procesamiento de aluminio con una capacidad de procesamiento de 500 mil toneladas por año (entre las primeras del mundo por su capacidad). Aquí tampoco importa de donde se importara la bauxita (Australia, Indonesia, Surinam, Guinea, …), con quienes se va a competir (USA, Australia, Rusia), en cuáles mercados. El factor fundamental es aprovechar la mayor ventaja competitiva que ofrece el país: la hidroelectricidad. La estrategia para el cambio de la matriz productiva plantea como objetivo “desarrollar la industria de fundición del aluminio aprovechando las ventajas competitivas del Ecuador, principalmente el bajo costo de la electricidad” (generada por las centrales mas caras del mundo).

El único problema consiste en que la capacidad de generación hidroeléctrica hay que construirla y para ello, sin ningún pudor, los tecnócratas estiman que serán necesarios instalar tres mil seiscientos megavatios de nueva capacidad de generación hidroeléctrica. Para proporcionar al lector o lectora una idea del orden de magnitud de la energía requerida, la nueva capacidad necesaria para alimentar únicamente la planta de aluminio equivale a dos nuevas centrales Coca Codo Sinclair más una nueva Sopladora más un nuevo Toachi Pilatón. Una estrategia que  necesariamente nos remonta a inicios del siglo pasado cuando la consigna leninista de: socialismo = electricidad + poder de los soviets, ahora se ha transformado en: socialismo del buen vivir = hidroelectricidad + industrias estratégicas.

En términos de inversión, además de 2.500 millones de dólares para la construcción de la planta productora de aluminio, se requeriría más de 7 mil millones de dólares para la construcción de las centrales hidroeléctricas que generarían la electricidad requerida  para el abastecimiento de energía del complejo metalúrgico. Este es otro ejemplo de planificar para la asignación optima de escasos recursos.

La industria de la pulpa de papel tampoco se queda atrás en términos de imaginación surrealista. La instalación de una planta de producción de celulosa, de acuerdo a las estimaciones de los planificadores, requiere como materia prima la madera proveniente de 330 mil hectáreas de plantaciones de pino y eucalipto. Exactamente como usted lectora o lector lo esta entendiendo: una de las industrias estratégicas que nos llevara al buen vivir exige convertir grandes extensiones de nuestros bosques, páramos y sembríos en 210 mil Ha. de eucalipto y 120 mil Ha. de pino, para alimentar una fabrica de pulpa que va a “diversificar las exportaciones y reducir las importaciones mediante la puesta en marcha de una industria local”.

Como lo advierte el documento en cuestión, aquí ya no es necesaria “una intervención más directa mediante inversión y gestión directa del Estado” como se plantea para el resto de industrias básicas. El papel del Gobierno se limitaría a “conseguir [sic] entre 240 mil y 340 mil hectáreas de tierras, … con el clima, pendiente, altura y continuidad” adecuadas para asegurar la sostenibilidad económica de las inversiones transnacionales ávidas de contribuir a la consecución del buen vivir en el Ecuador.

El uso del agua, los efectos ambientales del monocultivo y, sobre todo, la concentración en la tenencia de la tierra son problemas secundarios.

Por último, no puede dejar de mencionarse otro de los milagros, la construcción de grandes astilleros que sin lugar a duda tendrán una incidencia determinante en la  transformación de la matriz productiva. El razonamiento para el desarrollo de los grandes astilleros nacionales también es impecable: “aprovechar la generación de empleos de calidad, tanto en la parte de ingeniería como técnica, pues un barco es una ciudad flotante que requiere expertos en diferentes ramas para su construcción, potenciando el desarrollo de innovación, tecnología y conocimiento”. La contundencia del argumento exime de comentarios.

El desarrollo de la industria naval está planteado en tres etapas. Primero un astillero para la reparación de nuestra voluminosa flota mercante; segundo, la ampliación para la “producción” de dos barcos por año para la exploración off-shore del gas natural que alimentaria la industria siderúrgica; y tercero, una nueva ampliación mediante la construcción de diques secos que permitirán la construcción de hasta cuatro mega tanqueros por año para la exportación del petróleo (que se está agotando). Todo esto bajo la estrategia de “impulsar el progreso de esta industria por medio del desarrollo de sus externalidades e interfaces adyacentes a las industrias del acero” (queda para las y los lectores descifrar el hondo significado de esta frase).

Generación de empleo digno y de calidad

La inversión estimada para el desarrollo de las industrias estratégicas es de alrededor de once mil millones de dólares, sin considerar la inversión en la construcción de los astilleros. Como lo señala el documento, “debido a la importancia de sus externalidades, a la escala de su inversión, a la percepción del riesgo y a los periodos para los retornos, el rol del Estado para el desarrollo de estas industrias requiere una intervención mas directa mediante inversión y gestión directa del Estado”. Hay que aclarar que el monto de la inversión requerida no considera las inversiones en el desarrollo los complejos mineros, gasíferos o las plantaciones forestales.

Uno de los criterios de peso en las decisiones sobre proyectos que involucran montos astronómicos (para la economía ecuatoriana) de dinero es la generación de empleo. No cabe duda que este es uno de los problemas más apremiantes que enfrenta en la actualidad la sociedad ecuatoriana y con perspectivas de convertirse en el corto plazo en una verdadera bomba de tiempo. De acuerdo a la brillante estrategia propuesta, la inversión en el desarrollo de las industrias estratégicas generaría alrededor de cinco mil quinientos empleos dignos y de calidad. Esto significa que el Estado debe invertir, en promedio, dos millones de dólares para generar un puesto de trabajo. De acuerdo a esta escala, los fondos de la Reserva Federal estadounidense se quedarían cortos para resolver el problema del desempleo en el Ecuador. Sin lugar a duda, este es otro ejemplo de la asignación óptima de recursos escasos en proyectos de primera prioridad.

Un cambio de la matriz productiva en armonía con la naturaleza

Según se anotó anteriormente, uno de los pivotes sobre los cuales esta anclada la propuesta de cambio de la matriz productiva gira alrededor del aprovechamiento de “nuestra mayor ventaja competitiva”: la hidroelectricidad. Las industrias estratégicas seleccionadas para el cambio de la matriz productiva tienen la característica de ser actividades altamente intensivas en energía. Por consiguiente, la disponibilidad de energía abundante y barata constituye una evidente ventaja en la estructura de costos de producción de estas actividades industriales.

La hidroelectricidad, como la mayor ventaja comparativa que dispondría el país, sufre de una desmesurada inflación de optimismo. En primer lugar, parecería que en la mente de los tecnócratas el Ecuador es un país vasto, con cuencas hidrográficas extensas que se las puede represar, entubar sin afectar poblaciones, destruir áreas de cultivo y perturbar ecosistemas. Debemos tomar conciencia que el Ecuador es un país densamente poblado, con problemas para alcanzar su seguridad alimentaria, con ecosistemas frágiles; entonces, la idea de un potencial hidroeléctrico casi ilimitado es una falacia. Los recursos hidroeléctricos son mas bien limitados y su explotación en el futuro debe ser cuidadosamente estudiada para no afectar poblaciones, tierras de cultivo y ecosistemas.

Derivada de la idea de enormes recursos hidroeléctricos disponibles se presenta una segunda falacia, aquella de la energía barata. No se dispone de información objetiva sobre los costos de generación  de electricidad de las centrales hidroeléctricas en construcción. Pero, sin lugar a dudas, los costos de construcción de las centrales, las condiciones de financiamiento y los condicionamientos de los créditos, determinaran costos de la energía generada muy, pero muy superiores a costos estándares internacionales (ver al respecto: Un cambio de matriz energética bajo toda sospecha; Plan V). Entonces, la ventaja comparativa de energía barata necesariamente tendría que darse a través de enormes subsidios. Este es un ejemplo de planificación creativa: como crear una ventaja competitiva a partir de una ventaja comparativa inexistente.

Los recursos hidroeléctricos son mas bien limitados y su explotación en el futuro debe ser cuidadosamente estudiada para no afectar poblaciones, tierras de cultivo y ecosistemas.

El tercer elemento a tener en cuenta a propósito de la hidroelectricidad como ventaja comparativa no se la puede caracterizar como falacia propiamente dicha, sino que se inscribe en el marco de la mas pura dialéctica de la revolución ciudadana, aquella de la convergencia de los contrarios: generar la energía mas limpia para mover la industria mas sucia!

Quizá pocos lectores y lectoras recuerden el infame memorándum dirigido a los ejecutivos y expertos del Banco Mundial, en el que L. Summers, entonces vicepresidente de esa institución, preguntaba a sus subalternos si “¿no debería el Banco Mundial incentivar la migración de industrias sucias a los países subdesarrollados?”. En nombre de la eficiencia económica y bajo un impecable razonamiento derivado de la más pura ideología del neoliberalismo (la economía neoclásica), el inefable funcionario encontraba razones de peso para hacerlo. En el caso que nos ocupa, no han sido necesarios ni los condicionamientos atados a los préstamos,  ni las famosas cartas de intención para acoger la propuesta del mencionado funcionario y propiciar (por lo menos en el papel) el desarrollo de las industrias más sucias y contaminantes en territorio nacional. Otro triunfo gratuito del neoliberalismo gracias a la generosidad de la revolución ciudadana.

La siderurgia, la refinación de cobre y, sobre todo, el procesamiento de la bauxita para la producción de aluminio son quizá las industrias más contaminantes por las emisiones, los deshechos y los efluentes que producen. Además de las emisiones de gases (perfluoruro de carbono, fluoruro de sodio, entre otros), cuyo efecto sobre el calentamiento global sobrepasa en miles de veces el efecto del CO2, estas industrias generan cantidades inmensas de vapores tóxicos, aerosoles, aromáticos y polvos venenosos. La deslocalización de estas industrias desde los países industrializados hacia los países pobres no se debe a un acto de filantropía sino a una elemental protección de sus poblaciones ante los efectos letales sobre la salud que provocan esas actividades industriales. El calificativo de aldeas de cáncer para denominar a las ciudades de China cercanas al emplazamiento de estas industrias no es fortuito. Aquí cabe preguntar a los proponentes de la estrategia de cambio de la matriz productiva  ¿en dónde quedó aquella promesa de “nunca jamás el capital sobre el ser humano”?

No se quedan atrás los efectos devastadores sobre los ecosistemas (especialmente ríos) originados por la industria de la celulosa a partir de la madera. Basta recordar la encendida controversia entre Argentina y Uruguay por la instalación de una planta de celulosa en las orillas del rio Uruguay. Aquí bien podríamos imaginar una planta de celulosa junto a uno de nuestros ríos con descargas de efluentes como el licor negro, inmensas cantidades de sales de sulfatos, altas concentraciones de cloro. Además de la destrucción directa  de ecosistemas, están en juego centenares de miles de hectáreas de pastizales, paramos, bosques naturales, tierras dedicadas a la producción de alimentos, que en nombre de la rentabilidad necesariamente tendrán que ser reconvertidas para gigantescos monocultivos de eucalipto y pino, sin mencionar los impactos sobre la biodiversidad del país. Un ejemplo del más puro capitalismo neoliberal: la tierra, el territorio como objetos desprovistos de todo valor intrínseco, de toda relación social y toda significación simbólica se convierten en piezas sobre los cuales se ejerce la violencia de la acumulación capitalista.  

5. Ecosistemas de innovación

No podía faltar en el discurso de cambio de la matriz productiva la referencia a la universidad como el elemento cardinal para el desarrollo de un sistema nacional de innovación. De acuerdo al plan estratégico de cambio de la matriz productiva “no existen mecanismos de transferencia tecnológica, de extensionismo [sic] tecnológico y científico ni canales sistémicos generalizados de conversación y coordinación entre la academia y el aparato productivo”.

Nuevamente se repiten las generalizaciones confusas sobre el papel de la universidad en el desarrollo productivo y que han terminado en una descontextualización peligrosa de las relaciones universidad – sociedad. Se parte de las mismas formulas simplificadoras de procesos complejos: una universidad aislada de su entorno social (“falta de articulación entre el talento humano, el conocimiento generado y el sector productivo”); una universidad culpable de la falta de diversificación productiva (“la oferta educativa y la producción científica, tecnológica y cultural es aun deficitaria frente a las necesidades de la transformación productiva”); una universidad mediocre (“la oferta de talento humano está lejos de alcanzar los niveles de otros países”); una universidad que no investiga (“débil producción científica sin correspondencia con las necesidades del aparato productivo”).

Estos temas, abordados por el autor del presente articulo en otros trabajos, caen fuera del objetivo de este análisis. Únicamente cabe resaltar aquí  es el monto de la inversión estimada por la Estrategia Nacional para el Cambio de la Matriz Productiva para las cuatro universidades emblemáticas que llevarán al país a la sociedad del conocimiento. De acuerdo al documento mencionado, se requiere hasta el año 2017 una inversión de alrededor de 2 mil millones de dólares (ver Cuadro 2). Es necesario recalcar que hasta la presente fecha, la inversión total no llega al 10% de esa cifra.

La Estrategia fue lanzada hace un poco mas de un año, es decir en momentos en los cuales la crisis económica ya era evidente y frente a un déficit fiscal galopante que  obligó al Gobierno a empezar con drásticos recortes en la inversión publica. Entonces, cuál es el sentido de insistir en una inversión de 2 mil millones de dólares en cuatro universidades cuyo único impacto es el debilitar el sistema nacional de educación superior? O el de proponer una inversión de 11 mil millones de dólares en cuatro complejos industriales que para cualquier persona medianamente alfabetizada no tienen la mas mínima viabilidad y así la tuviesen constituirían una catástrofe ecológica para el país.

La respuesta, valida aquí como para toda la estrategia de cambio propuesta,  encuentra su explicación en aquellas circunstancias cuando la tentación de engañar es mas fuerte que el sentido común. Porque todo el discurso de cambio de la matriz productiva no es sino eso, una mentira hábilmente manipulada para encubrir toda una cultura de incompetencia, despilfarro y corrupción. Con la debida aclaración sobre la diferencia entre el calificativo que merece un trabajo y el que se puede aplicar a su autor, sin ambages se puede afirmar que la Estrategia Nacional para el Cambio de la Matriz Productiva es una estupidez sin atenuantes.

El doble sueldo de la esposa de René Ramírez

Analía Minteguiaga es una de las académicas más eficientes de la educación superior en Ecuador. Ella ejerce a tiempo completo el cargo de vicerrectora del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), por ello recibe un sueldo mensual de $5.566. Su dedicación no termina allí porque además recibió un sueldo adicional de $ 3.168 por trabajar supuestamente a tiempo completo. Analía Minteguiaga es esposa de René Ramírez, ideólogo de la revolución ciudadana y secretario de Educación superior, ciencia y tecnología. 
Desde enero de este año era un secreto a voces en el IAEN este doble sueldo de ($8.734) de la vicerrectora. El rumor se esparció luego de una revisión a las remuneraciones de académicos y personal administrativo y se tomó la decisión de incluir pagos "extras" al trabajo de la vicerrectora. Por eso se le incluyó en una nueva partida presupuestaria como profesora del Centro de Administración y Políticas Pública.
Eso fue posible gracias a la liberación 11 partidas presupuestarias, derivadas del despido de 11 catedráticos entre diciembre de 2015 y enero de 2016.
Imagen: Analía Minteguiaga tiene un doble sueldo que llega a los $8.734.
El doble sueldo a funcionarios está estrictamente prohibido en el Reglamento de carrera y escalafón del profesor e investigador del sistema de educación superior, ideado por Ramírez y emitido en 2012. El numeral seis del artículo 12 del reglamento establece: “Para el rector y vicerrectores de las universidades y escuelas politécnicas se reconocerán las actividades de dirección o gestión académica, a la que deberán dedicar 40 horas semanales, de las cuales, como máximo, 3 horas podrán ser dedicadas a actividades de docencia o investigación”.
Minteguiaga, según cuentan profesores de esa universidad que conversaron con MilHojas.is, que piden anonimato para evitar consecuencias, no dedica tres horas a la docencia, tampoco dicta ninguna materia y mucho menos investiga. “No se puede tener dos tiempos completos de trabajo en ninguna institución pública ni privada. No es legal y tampoco ético cobrar más de $8.000 cuando al mismo tiempo despide gente y baja el sueldo a los que se quedan por la crisis económica”.
Los comentarios del doble sueldo fueron desmentidos por la propia Minteguiaga el pasado 24 de junio en una publicación que hizo diario La Hora. En esa declaración dijo que es prohibido recibir dos sueldos. Además: “Lo que sí estoy haciendo es cumpliendo una muy fuerte carga de trabajo”.


Minteguiaga mintió porque en los registros de remuneraciones se asegura que en los meses de febrero, marzo y abril de 2016 cobró doble sueldo


En realidad, Minteguiaga mintió porque en los registros de remuneraciones de ese centro de estudios, colgados como archivos en la página del IAEN, tal como establece la Ley Orgánica de Transparencia, se asegura que en los meses de febrero, marzo y abril (es decir, los sueldos pagados en enero, febrero y marzo) de 2016 cobró doble sueldo. 
Como paradoja, el 23 de marzo de este año su esposo René Ramírez, emitió un criterio descalificador contra el exrector de la Universidad Andina Simón Bolívar, Enrique Ayala Mora, por recibir, supuestamente, doble sueldo de ese centro académico.
Diario El Telégrafo recogió sus declaraciones, en ellas dijo que la norma del Consejo de Educación Superior establece que un rector puede trabajar solo tres horas por semana, dictando clase. “En este sentido él ha señalado que trabaja 40 horas, por lo tanto se puede decir que ha violado la norma”.  Ramírez admitió, además, con cierta hilaridad, que Ayala Mora no podría trabajar 80 horas semanales. Sin emabrgo, eso es algo que su mujer, al menos en ingresos, cumplió a cabalidad.6.
Imagen: Analía Minteguiaga es esposa de René Ramírez, secretario de Educación Superior, ciencia y Tecnología.
Los Ramírez-Minteguiaga son como los dueños de una despensa de abarrotes que con el tiempo perdió capacidad de ofrecer productos perecederos. Su influencia provocó la salida de renombrados académicos como el ecuatoriano Arturo Villavicencio, que fue el primero en anunciar una futura “consolidación de esferas burocráticas de poder”. Luego, llegó la campaña de desprestigio contra el español Carlos Prieto del Campo y otros académicos españoles que mostraron solvencia en su trabajo.
El actual canciller Guilleme Long también estuvo al frente de la entidad y su salida dio paso al nombramiento, en 2016,  de Claudio Rama, un investigador uruguayo de alta trayectoria en la región. Él fue elegido por el presidente, Rafael Correa, por sugerencia de Ramírez y del ministro de talento humano, Andrés Aráuz. 
La elección de Rama no fue acertada porque no se prestó a los designios de Analía. La confrontación fue inevitable y duró apenas dos meses en el cargo.
Hasta el momento el IAEN cuenta con 350 alumnos sometidos a un sistema llamado “eficiencia terminal”, en que reciben clases hasta de ocho horas en un día. Un sistema que no cumple ningún rigor pedagógico, pero no tiene importancia porque el objetivo es graduar lo más pronto posible a los estudiantes y lograr mayores ingresos estatales por eficiencia académica. 
Así es la revolución académica que encabeza Ramírez, que hace poco se atrevió decir públicamente en diario El Telégrafo que la oposición “irá con venganza” tras ellos, luego de que termine el correísmo, porque nunca perdonarán los cambios que lograron a favor del país”.

MilHojas.is

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Documentos utilizados en esta investigación
Si usted busca información sobre los pagos en el IAEN, que en teoría debería ser pública, en el portal www.iaen.edu.ec, esta ya fue sacada de allí. Sin embargo, MilHojas.is pone a disposición de los lectores los documentos con los que realizó esta investigación.
Remuneracion por puesto IAEN:_enero_2016 ⇒
Remuneracion por puesto IAEN febrero 2016 ⇒
Remuneracion por puesto IAEN marzo 2016 ⇒
Remuneracion por puesto IAEN abril_2016 ⇒

Los desafortunados errores técnicos y políticos de la escuela del milenio de Pedernales

El 10 de agosto de 2012, diario La Hora dio a conocer que el ciudadano Pedro López Ramos había donado el terreno para la construcción de la escuela del Milenio de Pedernales, una obra que se le encargó a Wilson Edison Chiriboga Sandoval por un monto de $2’659.284,37. Tiempo después se requirió un contrato complementario por $930.715, 28 para terminarla. Paralelamente la fiscalización de la obra se entregó al consorcio de ingenieros Gustavo Ruiz Guzmán y César Galarza Monroy por $109.614,10 y fue necesario firmar un contrato adicional por $76.728 para completar el trabajo.
Imagen: Así quedó la escuela del Milenio de Pedernales tras el terremoto del 16 de abril de 2016.
Los montos de los contratos de construcción sumaron $3’776.341,75 sin IVA. Un informe del Servicio de Contratación de Obras (Secob), a diciembre del 2014, sobre las obras en Manabí, estableció que en el monto final de la Unidad Educativa del Milenio del cantón Pedernales fue $4.511.210,91. El acta de entrega-recepción definitiva de la obra se firmó el 30 de octubre del 2013, según el detalle de liquidación de varias obras, publicado por el Secob el 31 de diciembre del 2014. 
Pocos meses después, en enero de 2013, el Consejo de la Judicatura de transición le entregó a Wilson Chiriboga Sandoval un nuevo contrato, esta vez a dedo, para la construcción de la Unidad Especializada de juzgados en Pujilí, Cotopaxi, por $2.457.810,40. En menos de un año su empresa se aseguró $6047810,05 en contratos. Gozaba de las mieles de la Revolución Ciudadana y no había poder que lo saque de juego.  
Eso cambió el 16 de abril de 2016, cuando su obra de Pedernales quedó destruida; entonces su nombre pasó a ser considerado por la opinión pública y decenas de organizaciones, nacionales e internacionales, que han registrado los destrozos en ese plantel. Los técnicos que han visitado el centro coincidieron en decir que debe quedar tal como está, porque será la mejor escuela para los estudiantes de ingeniería, así podrán palpar cómo no se debe levantar una construcción.
La obra de Pedernales constituye una cadena de errores, técnicos internacionales identificaron 12 problemas de diseño y construcción  como efecto de columna corta, anclajes mal realizados, paredes sin refuerzo, baja calidad del concreto, malta técnica de hormigonado, entre otras.  
Imagen: La utilización de columnas cortas ocasionó el colapso de la construcción.
El proceso de contratación contó además con infaustos acontecimientos que se evidenciaron en un examen especial de la Contraloría de ingeniería a los procesos de contratación y ejecución de proyectos del Ministerio de Educación, a cargo del Secob. En ese informe se dijo que se adjudicó el contrato a un oferente que no obtuvo el mayor puntaje.  
El caso de Pedernale llegó al límite con las declaraciones del ministro de educación Augusto Espinosa, que justificó la no contratación de seguros para la infraestructura educativa, basado en la ley y en una “dosis de inteligencia financiera”: “imaginemos que el seguro nos devolvía los recursos por la póliza y reconstruíamos, después teníamos que contratar nuevamente seguro y entonces, ¿durante qué tiempo deberíamos haber seguido pagando una póliza de seguro? ¿Durante 20, 30, 40 años?, porque los terremotos no son cada 2, 3 años”, expresó en Ecuavisa. 
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La Contraloría General del Estado determina en el artículo 5 del Reglamento General para la administración, utilización y control de los bienes y existencias del sector público (R. O 11-09-2015), determina “la protección de los bienes incluye la contratación de pólizas de seguro necesarias para salvaguardarlos contra diferentes riesgos que pudieran ocurrir, se verificarán periódicamente la vigencia y riesgos de cobertura de las pólizas”. 
Pero el ministro Espinosa buscó salvar su cuello interpretando esa disposición y sostuvo que “la Constitución, en su artículo 286 exige a los funcionarios públicos que manejen los recursos de manera sostenible, responsable y transparente”. Agregó que por encima de cualquier acuerdo de la Contraloría está la Constitución, después vienen las leyes orgánicas, luego las leyes ordinarias, los reglamentos y finalmente los acuerdos. Por lo tanto lo que debe guiar de manera primaria es la Carta Política. 
El Reglamento mencionado fue emitido por la Contraloría en sujeción a su ley orgánica que a su vez se origina en el artículo 212 de la Constitución que señala que “serán funciones de ese organismo expedir la normativa para el cumplimiento de sus funciones. En el artículo 7 de la misma ley dice que para regular el funcionamiento del sistema, la Contraloría adaptará, expedirá, aprobará y actualizará reglamentos, regulaciones, manuales generales y especializados, guías metodológicas, instructivos y más disposiciones necesarias para la aplicación del sistema”. 
Espinosa ha dicho que el Ministerio de Educación como rector de la educación, también tiene jerarquías que se deben respetar y la Contraloría no puede emitir un acuerdo que vaya en contra de la Constitución y de otras leyes como el Código Orgánico de las Finanzas Públicas, “normas que mandan a que actuemos con inteligencia, que cuidemos los recursos, no solo los bienes, los recursos del pueblo ecuatoriano y lo estoy demostrando”, decía Espinosa a los medios.


'Imaginemos que se tenían que contratar los seguros. ¿Quién tenía que hacerlo en el ministerio de Educación?'.
Augusto Espinosa, ministro de Educación


También dijo: “Imaginemos que se tenían que contratar los seguros. ¿Quién tenía que hacerlo en el ministerio de Educación?” 
Con ese razonamiento enfiló a los servidores inferiores del ministerio de educación: “si se violó alguna normativa, hay que sancionar a los funcionarios que incumplieron”. 
Mientras el ministro Espinosa expone al mundo sus asertos, la escuela del milenio de Pedernales ($4.511.210,91) deberá ser demolida.
Pero no todo queda allí. El pasado lunes, la Contraloría se fue sobre el avezado ministro Espinosa. En un comunicado difundido a través de los principales medios de comunicación escritos, la Contraloría dijo que ninguna de las reglamentaciones que había inobservado el ministro Espinosa eran ilegales ni inconstitucionales como había alegado y que pueden derivar en sanciones administrativas que inuyen "multas y/o destitución".
Aquí va la descripción gráfica de cómo no se debe construir, en detalle, explicado por ingenieros sobre lo hecho en la escuela del Milenio de Pedernales.

MilHojas.is

La ruta criminal del oro ecuatoriano

(Miami, FL) – Una investigación criminal en torno a una red de presunto lavado de activos, que movilizó centenares de millones de dólares desde Ecuador hasta Estados Unidos y otros destinos a través de operaciones con lingotes de oro, apunta al abogado personal del presidente Rafael Correa y a otros ex altos funcionarios de su gabinete, de acuerdo a documentos y fuentes familiarizadas con la pesquisa oficial.
Según indagaciones de la Policía Nacional de Ecuador, un grupo de empresarios que controlaban media docena de empresas movilizaron más de 400 millones de dólares en operaciones de compra/venta de oro, sin que pudieran justificar de dónde provenía el mineral.
La Fiscalía General de Ecuador ordenó la detención de varios empresarios implicados en la investigación policial, entre ellos los hermanos Alberto, Javier y Jordi March Game, socios de las firmas Spartan del Ecuador y Clearprocess, dos de las empresas utilizadas en las operaciones, y el accionista Gustavo Jurado. Los empresarios han sido clientes de Caupolicán Ochoa, abogado personal del Presidente Correa.
Caupolican Ochoa con uno de sus clientes, Rafael Correa
Imagen: Caupolicán Ochoa (izquierda), con uno de sus clientes, Rafael Correa..
Documentos de la investigación, a los cuales tuvo acceso exclusivo Vértice, muestran cómo el abogado Ochoa utilizó sus conexiones con el alto gobierno ecuatoriano, para favorecer judicialmente a los empresarios detenidos. Un hijo suyo, que fue alto funcionario del Ministerio de Justicia, también aparece implicado en el tráfico de influencias.
Tras un año de pesquisas en un operativo que las autoridades bautizaron con el nombre clave de “Atardecer”, la policía ecuatoriana documentó con la ayuda de intervenciones telefónicas cómo los implicados movieron los hilos para acceder a cortes judiciales y jueces, a fin de detener procesos legales en su contra, principalmente por lavado de dinero y tenencia ilegal de armas.
Las transcripciones de las conversaciones telefónicas interceptadas, en poder de Vértice, mostraron cómo los hermanos March Game sobornaron a jueces y buscaron la ayuda de al menos un poderoso ministro de la administración Correa, para sortear sus problemas judiciales.
La evidencia recabada por la policía contra la red de lavado del oro generó la semana pasada una serie de allanamientos a 21 inmuebles relacionados a las firmas Spartan y Clearprocess. Al mismo tiempo, la fiscal del caso, Diana Salazar, pidió la detención de siete personas, entre ellas los hermanos March Game, y directivos de las firmas investigadas quienes fueron acusados de presunto delito de lavado de activos.
Los millones del oro Las primeras sospechas se produjeron cuando las firmas Spartan del Ecuador y Clearprocess no pudieron justificar ante el Servicio de Rentas Internas (SRI) ecuatoriano el origen del oro cuya negociación generó ingresos cuantiosos de un año para otro a ambas empresas.
Spartan había iniciado actividades de importación y venta de productos químicos a entidades públicas y privadas, en 1979. Entre 2009 y marzo de este año, un período de siete años, Spartan recibió un total de 2,8 millones de dólares en contratos con el Estado ecuatoriano, de acuerdo al Sistema Nacional de Contratación Pública del Ecuador.
Pero en 2013 y 2014, Spartan recibió 31 transferencias por casi 24 millones de dólares a la firma Doremetals, una empresa registrada en Ecuador en septiembre de 2012, pero propiedad a su vez de otra firma registrada en Florida, Estados Unidos, bajo el nombre de Akar Precious Metal, de acuerdo a las investigaciones policiales.
Llamativamente, Doremetals reportó al SRI ingresos de apenas 200 mil dólares, pero según las indagaciones, recibió en diversas transacciones financieras un total de 184 millones 600 mil dólares, ingresos presuntamente relacionados al tráfico de metales preciosos como el oro.
Clearprocess, otra de las firmas investigadas propiedad de los hermanos March Game y de Gustavo Jurado, abrió sus puertas en 2012 en la ciudad de Machala, capital de la Provincia El Oro, en el suroeste de Ecuador, con el objeto de “explorar, explotar, fundir y mercadear toda clase de minerales”.
Meses después Clearprocess amplió sus operaciones a la ciudad portuaria de Guayaquil, pero sin mucho éxito: entre 2012 y 2013 reportó cero ingresos. Sin embargo, repentinamente, al año siguiente experimentó ingresos por encima de los 189 millones de dólares, presuntamente derivados del negocio del oro.
Cuando las autoridades ecuatorianas le pidieron a Clearprocess justificar el origen de los ingresos, los ejecutivos de la firma presentaron notas de compra y venta de oro a nombre de 230 supuestos proveedores registrados como contribuyentes del llamado Régimen Impositivo Simplificado (RISE), un sistema creado por el SRI en 2008 para facilitarle el pago de impuestos a unos 40.000 mineros artesanales ecuatorianos.
Las autoridades revisaron los registros y se encontraron con varios casos de falsificación de documentos y suplantación de identidad. Según informes de la Fiscalía de Ecuador, existen por lo menos una decena de denuncias de suplantación de nombres en contra de los administradores y accionistas de Clearprocess.
Las investigaciones establecieron el modus operandi. Clearprocess operaba en Machala como centro de compra y venta del llamado oro bullón. A esa ciudad confluyen los miles de mineros artesanales e intermediarios del oro extraído en zonas como Morona Santiago, Zaruma, Portovelo y Ponce Enríquez, localidades emblemáticas de la minería aurífera artesanal del sur de Ecuador.
Clearprocess no solo compraba oro a mineros ecuatorianos, sino también a productores provenientes de Perú que acuden a Machala por la cercanía física y por las mejores condiciones de venta que ofrece en comparación con los mercados peruanos.
Las autoridades encontraron altamente inusual ingresos de casi 190 millones de dólares en un solo año para una sola empresa. Según las cifras de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), que autoriza las ventas al exterior,  se determinó que la producción de oro, entre 2012 y 2014, ascendió a 675 millones de dólares, mientras que en estos mismos años se exportó oro por un total de 1.823 millones de dólares, según los registros del Banco Central del Ecuador. 
Intercepciones telefónicas
Para avanzar en las pesquisas los investigadores policiales lograron que el propio fiscal General de Ecuador, Galo Chiriboga, autorizara intervenir las líneas telefónicas de los empresarios implicados en el presunto tráfico de oro.
Según los documentos en poder de Vértice, las llamadas revelaron conexiones de alto nivel y maniobras para intentar frenar procesos judiciales en contra.
De acuerdo a las llamadas capturadas, los hermanos March Game, principalmente Alberto y Javier, y el accionista de Clearprocess Gustavo Jurado, se mantenían en constante comunicación con Caupolicán Ochoa, abogado del presidente Correa.
La notoriedad de Ochoa proviene de haber actuado como defensor de Correa en el juicio que el mandatario introdujo en 2012 contra el ex asambleista Cléver Jiménez y el periodista Fernando Villavicencio por injuria, luego de que Jiménez y Villavicencio acusaran a Correa de cometer de delitos de lesa humanidad durante la sublevación policial de 2010. Ochoa logró que una corte de Quito condenara a Jiménez y a Villavicencio a 18 meses de prisión.
El abogado también ha representado a diez instituciones públicas y personalidades, entre ellas otra figura clave del gabinete de Correa: el ministro del Interior, José Serrano, en un caso similar de calumnias. Pero Ochoa no ha estado exento de polémica. De acuerdo al Consejo de la Judicatura, Ochoa registra 50 procesos judiciales en su contra.
De acuerdo a las indagaciones policiales en el caso de la red del oro, el abogado está implicado en presunto tráfico de influencias para favorecer a sus clientes, los hermanos March Game, y al socio de ambos, Gustavo Jurado. Pero no es el único. También lo está su hijo, César Ochoa, un abogado que se desempeñó como viceministro de Justicia entre marzo y junio de 2014.
Transcripciones de las llamadas muestran que el 23 de noviembre de 2015, Jurado se comunicó con César Ochoa para pedirle ayuda, ya que la Fiscalía de Quito había emitido un informe incriminatorio contra Clearprocess y Spartan, y estaba apunto de emitir una orden de detención contra los empresarios.
La respuesta de Ochoa sorprendió a los agentes policiales: el abogado pidió a Jurado que le depositaran 50 mil dólares para moverse al día siguiente y así evitar más acciones judiciales contrarias y detenciones.
Las gestiones del hijo de Caupolicán Ochoa resultaron infructuosas. Cuatro días después de esta llamada, el 27 de noviembre de 2015, la policía le realizó un allanamiento a Jurado y lo detuvo por tenencia ilegal de armas, entre ellas dos carabinas antiguas y tres armas de alto calibre.
Tras la detención de Jurado, los Ochoa movieron sus influencias para que Jurado saliera en libertad. Según las investigaciones, Caupolicán Ochoa trató de interceder a su favor por intermedio de David Norero, asesor de uno de sus clientes influyentes: José Serrano, ministro del Interior. César Ochoa, por su lado, pidió el nombre del juez que había emitido la orden judicial contra Jurado para solicitarle una entrevista.
En otra llamada el mismo 27 de noviembre, Ochoa hijo le pide al interlocutor que necesitaba otros 10 mil dólares para pagar al juez del caso, porque en el allanamiento se habían decomisado cinco armas y que Jurado no iba a poder salir “limpiamente”.
La noche de ese mismo día, en una llamada telefónica, Caupolicán fue informado de que Jurado ya había sido puesto en libertad, luego de que el juez aceptará el pago de 8 mil dólares. En la misma llamada le informaron a Caupolicán Ochoa que el juicio contra Jurado se iniciaría en la primera semana de diciembre de 2015.
Las gestiones de Caupolicán a través de su ex cliente no dieron resultado por una razón de peso: el ministro Serrano conocía los detalles del caso y no quería que ninguno de los Ochoa interviniera porque sabía que iban a salir “más cosas”, ya que tenía toda la información de la Dirección Nacional de Lucha contra el Crimen Organizado.
Tres días después de la detención de Jurado y sus gestiones para sacarlo de prisión, Ochoa sospechó que su teléfono estaba intervenido y evitó hablar del caso. Sin embargo, las autoridades seguían grabando las llamadas telefónicas que recibía el abogado de Correa.
El 1 de diciembre, por ejemplo, se interceptó otra llamada a Ochoa donde le informaban que su cliente Alberto March le había enviado un correo explicando su disposición a negociar un acuerdo con el SRI.
En la llamada le aclararon que las denuncias que estaban afectando a sus clientes estaban relacionadas a las actividades de Clearprocess, ya que un proveedor registrado en el sistema RISE lo había denunciado. También le comunicaron que Jurado estaba preocupado por un posible juicio en su contra por tenencia ilegal de armas, y que además existía otra acusación por suplantación de identidad. En la llamada, el abogado Ochoa se comprometió a negociar con el juez del caso para parar el proceso.
Los esfuerzos de Caupolicán Ochoa en favor de Jurado resultaron neutralizados por su ex cliente José Serrano. El ministro del Interior ordenó la detención de Jurado siete meses después de esas negociaciones, poco después de que Serrano fuese condecorado a principios de este mes por la DEA debido a sus logros en la lucha contra el narcotráfico en Ecuador.
Vértice intentó buscar una versión de los hechos por parte de los hermanos March Game, pero no obtuvo una repuesta inmediata. Correos enviados al abogado Caupolicán Ochoa para confrontar su versión de los acontecimientos bajo investigación, no fueron respondidos al cierre de esta edición.
Fuentes consultadas en la Fiscalía General de Ecuador declinaron comentar sobre un caso en curso.
Aparentemente, Serrano no ha sido el único alto funcionario interesado en el caso, tanto a favor como en contra. Juan Carlos Cassinelli, ex asambleísta y reciente ministro de Comercio Exterior, y consuegro de Alberto March, uno de los detenidos, habría intentado lograr apoyo del bloque oficialista de Alianza País, pero la versión no pudo ser confirmada por Vértice. Y el Fiscal General Galo Chiriboga dio el aval para que la fiscal del caso, Diana Salazar, acusara a los siete empresarios y accionistas detenidos por sus vínculos en la presunta red de lavado de dinero a través del oro a pesar de las conexiones de los implicados con el gobierno de Rafael Correa.

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Censura pasa de las redacciones a los foros sobre periodismo

Ahora, no solo las publicaciones periodísticas pueden ser sancionadas o por lo menos tachadas por las autoridades de Gobierno, sino también los eventos periodísticos, y lo que más llama la atención es que hasta los centros de educación superior estén cediendo en su autonomía universitaria para convertirse en brazos ejecutores de esa censura.
Este 14 de junio la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) decidió no prestar su centro de convenciones para el primer Encuentro Nacional de Periodistas y Comunicadores Loja 2016, previsto para el 22 de junio debido a que esta institución “no puede garantizar la neutralidad del evento”.
Los propósitos del encuentro son retomar el debate sobre la Ley de Comunicación y, con los insumos obtenidos de esa discusión, elaborar y entregar un manifiesto a la Asamblea Nacional sobre las reformas que requiere esa norma. Los invitados de ese encuentro son: Juan Carlos Calderón, Tania Tinoco, Janeth Hinostroza, César Ricaurte, Allen Panchana, Luis Vivanco, Martha Roldós, Xavier Bustamante, Fernando Villavicencio y Mónica Almeida.
Imagen: La página de Facebook del evento fue dada de baja.
Sin embargo, el retroceso de la UTPL en su apoyo al evento causó sorpresa en los miembros del colectivo de reporteros de medios nacionales que laboran en Loja y que son los organizadores del encuentro: Karlos Andrade, de Ecuavisa; Albita Herraes, de Canal 1, Frredy Inga, de diario Extra, y Lindon Sanmartín.
Andrade, su vocero explica que con antelación se hizo una solicitud a la UTPL para que preste sus instalaciones. El pedido fue aprobado, pero “luego de cuatro días la misma solicitud fue revisada nuevamente por otras instancias que determinaron que la Universidad no puede garantizar la neutralidad de dicho evento”. Por lo que se señala que no se podrá prestar las instalaciones de la UTPL.
El repentino cambio, sin mayores explicaciones por parte de la Universidad, genera muchas interrogantes. Los organizadores quieren saber cuáles fueron estas “otras Instancias” que revisaron nuevamente la solicitud, qué parámetros académicos se establecieron para llegar a esa conclusión, quiénes conformaron la comisión que solicitó revisar una vez más, la solicitud ya aprobada, hay alguna relación de la decisión con que en los próximos meses se anuncia una reforma a la ley de comunicación, o si hubo presiones de alguna autoridad de gobierno que tilda de opositores a la mayoría de comunicadores que asistirán al encuentro.
Imagen: Carta en la que a UTPL dice que no puede ser sede del encuentro porque "no podemos asegurar una posión neutra de la Universidad Técnica Particular de Loja".
De hecho, Andrade asegura conocer de fuentes de la misma UTPL que la gobernadora de Loja, Johana Ortiz y el secretario nacional de Comunicación, Patricio Barriga, jugaron un papel determinante en la decisión de la Universidad de negar el espacio para el evento. "(Barriga) habría llamado a la Universidad para advertirles que se meterían en problemas si daban paso a este acto", dice Andrade.
En la página de Facebook del “Encuentro Nacional de Periodistas y Comunicadores Loja 2016” se destaca que este es un acto educativo,académico que busca analizar los logros alcanzados por la Ley de Comunicación y su aplicación a favor o en contra de medios de comunicación y de comunicadores.
“Este Encuentro además, sería la plataforma nacional para dar a conocer los casos de vulneración de la libertad de expresión en nuestra ciudad, de la persecución de algunas autoridades a los medios de comunicación y periodistas”
La negación del espacio para el evento por parte de la UTPL es el corolario de otros hechos que se han enfrentado en la organización del evento, sobre todo desde la semana pasada, en que la página de Facebook creada para difundir información del encuentro y sus participantes fue bloqueada. Por lo que tuvo que rehacerse la página con los datos de los perfiles de los participantes y sus itinerarios.
“Ya estamos con página nueva y seguimos dando respuesta a la masiva demanda de inscripciones al encuentro por parte de periodistas de El Oro, Zamora y Azuay”, dice Andrade.
Imagen: Carta en la que la Universidad había ratificado, con anterioridad, el acto.
La página web elaborada también para promocionar el encuentro periodístico también desapareció, pero los organizadores están coordinando la puesta al aire de una nueva página con mayores seguridades.
Si bien los organizadores ya encontraron un sitio para recibir a los conferencistas que estaran este 22 de junio en ?Loja, en el muro de Facebook del evento se mantiene un texto que cuestiona el papel que ha jugado en esto la UTPL: “el negar un espacio en una Universidad que debería ser garantista del derecho fundamental de las personas a expresarse, SOLO DEMUESTRA Y DA LA RAZON a quienes hemos públicamente denunciado actos de persecución y atropello a estas libertades. YA VENDRÁN TIEMPOS MEJORES… EN DONDE LA LIBRE EXPRESIÓN NO ESTE CONDICIONADA A LO QUE LE CONVENGA A LA AUTORIDAD DE TURNO”.

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