Autor: mh

II. Red González: primer oligopolio mediático privado
Con su aparición, Televicentro se convirtió en el decimoséptimo medio de comunicación en Ecuador relacionado con el emporio González. Esa red de empresas y personas empezó a construirse en el país desde 1983.
El grupo El Comercio, que tiene Últimas Noticias, Radio Quito, Platinum FM y el diario El Comercio, es su última adquisición. Diario El Universo publicó el año pasado una investigación sobre las conexiones entre firmas ecuatorianas y uruguayas que se usaron para adquirir el periódico. González no aparece entre los dueños en ninguno de los otros medios.

‘El Fantasma’, como se le llama, posee en Latinoamérica 45 canales de televisión, 68 emisoras de radio, 65 salas de proyección cinematográfica, 3 cadenas de televisión satelital (DTH) y un medio impreso. Eso se detalla en la página de Albavisión, su cadena continental.
La red mediática convierte a ‘El Fantasma’ en el oligopolio privado más grande del país: es concesionario de 87 frecuencias de radio y televisión, 66 repetidoras y 19 matrices, más dos de televisión digital. Todo ello, aunque la Constitución lo prohíbe. En una respuesta del Cordicom a Wambra Radio sobre la concentración de medios del mexicano, se lee: “la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, en cumplimiento de sus funciones y en la condición de entidad competente para el caso, abrió un expediente para investigar y analizar la veracidad o falsedad de lo que usted menciona”.

A pesar de los nexos de los 17 medios con González, la Arcotel no ha objetado ninguna de las concesiones. La Comisión de Auditoría de Frecuencias, creada por mandato constituyente en 2009, sí lo hizo. En su informe reconoce que Tropicálida Stereo, Galaxia Stereo, Metro Stereo, Alfa Stereo y Joya Stereo son propiedad de Ángel González, que a él se le conoce como “El Fantasma” y que “en la jerga de Conartel estas cinco radios son conocidas como “las quintilllizas”. El informe dice que esas frecuencias son irregulares pues usaron el mecanismo de cambio de matriz a repetidora. Por eso, recomienda la terminación unilateral de los contratos de concesión.
En mayo del año pasado, Arcotel comenzó el proceso de terminación de concesiones con la notificación a las estaciones. Entre ellas, 14 empresas relacionadas con González fueron advertidas. Sin embargo esos procesos fueron archivados por la Arcotel. Se arguyó, en el caso de “las quintillizas”, que sí cumplieron con la normativa vigente y que no fue ilegal utilizar el mecanismo de cambio de matriz a repetidora para agrupar más frecuencias bajo una misma empresa.
Telecuatro también fue advertida del inicio del proceso de reversión de la frecuencia matriz de RTS, con base en el informe de la Comisión. Se le objetó porque la concesión fue entregada por una autoridad supuestamente no competente. El proceso fue archivado luego de 18 días. Otros medios de comunicación privados, como Radio Democracia, fueron advertidos con esa misma causal, pero los procesos siguen activos más de dos meses después. Todas las resoluciones están firmadas por Gonzalo Carvajal, asesor de la Arcotel, como delegado de Ana Proaño de la Torre, directora general. Carvajal fue asesor en radiodifusión y televisión de Jaime Guerrero cuando este fue Secretario Nacional de Telecomunicaciones en 2014.
La aparición de Televicentro se da semanas antes del inicio del concurso que supuestamente va a democratizar el espectro radioeléctrico del Ecuador. Este proceso debía empezar en 2010 para cumplir con el mandato constitucional: 33% al sector privado, 33% al sector público, y 34% al comunitario.
La fecha oficial del lanzamiento del concurso aún no se sabe pero se ha dicho que será en febrero. Las bases y la convocatoria todavía no se han hecho públicas y, según el ministro de Telecomunicaciones, Augusto Espín, 1.069 frecuencias serán licitadas de las 1.600 que existen en el país. Gran parte de las estaciones de radio y televisión tienen sus concesiones vencidas y, por decisión oficial, no han sido renovadas. El concurso se abre justamente un año antes de las elecciones presidenciales de 2017. El proceso puede durar, según El Telégrafo, alrededor de ocho meses; es decir que esos medios estarán tramitando la concesión durante la mayor parte de la campaña preelectoral.
Según la consultora Checks and Balances, Arcotel revertirá 542 frecuencias de radio y 179 de televisión, que están en manos privadas para llenar los porcentajes de “redistribución” del espectro radioeléctrico establecidos en la Constitución.
¿Qué pasará con el oligopolio de González? No es la primera vez que resulta favorecido. Según el artículo 6 de la Ley de Comunicación del Ecuador, se prohíbe que una persona o empresa extranjera sea dueña de un medio de comunicación a escala nacional. Sin embargo, en el reglamento de la Ley, se puso como una excepción que esto no aplica para ciudadanos de países con los que Ecuador tiene convenios. Con esto se allanó el camino para la compra de El Comercio… Y para la operación del canal Televicentro, del mismo diario.

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I. Televicentro: un nuevo canal sin concurso
El mexicano-americano Remigio Ángel González sigue consolidando su conglomerado mediático en Ecuador. El pasado 1 de febrero de 2016, lanzó casi sin previo aviso un nuevo canal, Televicentro, que no ha estado exento de polémica. Más allá de un debut y despedida del periodista Andrés Carrión como anchor de su noticiero, su lanzamiento evidenció que González recibió, nuevamente, el beneplácito de las autoridades gubernamentales para obtener nuevas frecuencias y cambiar su uso.
Televicentro puede ser visto en los canales 5 en Quito y 11 en Guayaquil. Su slogan es “tu centro de atención” y presenta tres noticieros con el sello editorial de diario El Comercio, que fue comprado por una empresa vinculada al magnate mexicano. La red de firmas uruguayas y panameñas presente tras esa transacción fue revelada por diario El Universo en febrero de 2015.
La Constitución y la Ley de Comunicación establecen que la concesión de frecuencias se debe hacer mediante un concurso público. Hasta que se haga ese llamado, las renovaciones para los otros medios están suspendidas. Sin embargo, Televicentro salió al aire sin concurso.
Las movidas que parieron ese canal comenzaron en julio del año pasado. Ortel y Telecuatro, empresas que trasmitían la señal de RTS, pidieron a Arcotel –ente que regula el espectro radioeléctrico– cuatro frecuencias. En su solicitud aclaran que son frecuencias repetidoras y temporales para “la investigación de nuevas tecnologías de radiodifusión y televisión”. Tras este pedido, Ortel y Telecuatro lograron sumar otro canal: Televicentro. Ahora Telecuatro transmite RTS; y Ortel, Televicentro.
Para esto movieron la señal de RTS en Quito: del 5, la pasaron al 11, canal que no existía en el norte de la capital. En Guayaquil sucedió algo parecido: el 11 no existía en el norte de la ciudad y ahora es de Televicentro. Lo curioso es que en el sur de ambas ciudades el 11 estaba concesionado al canal incautado y manejado por la Secretaría de Comunicación, GamaTV. Pero el 5 de agosto, el gerente de GamaTV, Claudio Moya Rossel, pidió a Arcotel que le canjee el 11, en el sur de Quito y el sur de Guayaquil, por otras frecuencias. Esto fue aprobado el 18 de agosto. Y un día después las empresas de González pidieron esos espacios, que hoy ocupan RTS y el canal de El Comercio.
Arcotel no solo aprobó las cuatro frecuencias que pidió el grupo González (las dos para el norte de Quito y Guayaquil fueron entregadas en 18 días; las dos del sur, en 14 días). También aceptó la figura de uso temporal, que implica, según el reglamento de Arcotel, que la frecuencia sea utilizada para investigar nuevas tecnologías de radiodifusión y televisión. Las supuestas investigaciones que Ortel y Telecuatro iban a hacer son “las pruebas completas de isofrecuencia”. Ese no es el caso, pues este tipo de tecnología se utiliza solamente en televisión digital, y esta concesión es de televisión análoga.
Además, la programación de los canales 11 es de repetidora; es decir, retransmite el contenido de sus respectivas matrices. En Quito RTS incluso la usa de matriz para emitir el Noticiero de la Comunidad. Este esquema es similar al que González ya utilizó en los años noventa para alzarse con cinco radios y su señal en varias ciudades, que al inicio le fueron adjudicadas solo como repetidoras.
El 11 de diciembre pasado, Fundamedios formuló un pedido de información. En la respuesta, que llegó dos meses después, Arcotel se vale del argumento de que el canal 11 en Quito repite los contenidos de la matriz RTS en Guayaquil, para justificar por qué no hubo concurso público para otorgar las frecuencias que permitieron a Televicentro salir al aire. Gonzalo Carvajal, asesor de Arcotel, aseguró que no puede entregar las bases del concurso porque precisamente se trata de “autorizaciones temporales”. Es decir, confirma que no hubo concurso.
Tampoco entregó copias de los informes técnicos y jurídicos que permitieron la adjudicación de las cuatro frecuencias temporales como repetidoras. Esos documentos debían detallar qué investigaciones de nuevas tecnologías están haciendo esos canales que transmiten por televisión abierta, cuyo apagón está previsto para este diciembre con el cambio a la televisión digital. Carvajal no agrega la copia de la resolución que permitió mover la señal de RTS en Quito del canal 5 al 11.
La única versión pública sobre la aparición de Televicentro es la que dio el ministro de Telecomunicaciones, Augusto Espín, en una entrevista en Radio Pública el 5 de febrero de 2016. Ante la pregunta de un ciudadano, dijo que lo único que hubo en este caso es un cambio del nombre comercial de la estación. No se trata, según él, de un nuevo canal sino de un cambio de nombre y de programación.
La ley establece que Arcotel debe notificar al Consejo de Regulación de la Comunicación (Cordicom) la rejilla de programación del canal. Esto lo establece precisamente para las concesiones temporales. Pero, según Paulina Mogrovejo, vocal de la entidad, no han recibido notificación alguna al respecto sobre el canal de El Comercio. “No hemos tenido conocimiento”, dijo ante la consulta de Fundamedios.
Luis Gómez Amador, gerente de RTS, tampoco respondió a un pedido de entrevista. Incluso se le envió por mail, tras cuatro llamadas a sus oficinas en Guayaquil, un cuestionario para que explique cómo se iba a poner al aire la señal de Televicentro sin un concurso y cómo iba a transmitir programación regular en una frecuencia temporal oficialmente asignada para investigaciones. El mensaje fue copiado a su asistente, Wendy Espinosa y, hasta la fecha, no fue respondido.
El beneplácito de las autoridades es evidente. Mientras se gestionaban las nuevas frecuencias, la misma Arcotel tramitaba un proceso de terminación de la concesión de la frecuencia a Telecuatro. Se basa en causales señaladas en el informe de la Comisión de Auditoría de frecuencias creada por mandato constitucional en el 2009. El proceso no sólo fue archivado el 18 de septiembre, sino que RTS había acumulando cuatro concesiones más. No solo eso: además de que el incautado GamaTV entregó las frecuencias sur, González se llevó de ese canal su programación tradicional: Televisa.

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El abogado Christian Bucheli Albán, 39 años de edad, llegó a la gerencia del Banco del Instituto de Seguridad Social (BIESS), el 18 de septiembre de 2015. Fue posesionado por el presidente del directorio del IESS, Richard Espinosa y a su favor se dijo que su experiencia profesional le otorgaba el suficiente mérito para ocupar ese delicado cargo.
Se dijo que Bucheli Albán desempeñó funciones en grandes entidades financieras internacionales como Citibank y Lloyds Bank. Las autoridades también valoraron su calidad moral y dijeron que fue miembro externo del Comité de Ética del Banco Nacional de Fomento.
Antes de llegar al BIESS se desempañó como ejecutivo de AYMESA, una de las ensambladoras de vehículos fuertes de la región andina. Pero esa relación laboral con AYMESA no se rompió con la llegada al BIESS.
De hecho esa empresa le continuó pagando el salario en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Es decir, mientras el Bies le pagaba $USD 12.000 mensuales. Su anterior empresa le pagaba adicionalmente $USD 6,800.
El pago de honorarios de esa empresa privada implicó que su relación laboral no se cortó, por tanto no dedicó todo el tiempo requerido a la gerencia del BIESS que maneja una cifra de USD 7.000.000.000.
Cuando ingresó al BIESS, la institución explicaba que Bucheli "cuenta con una amplia experiencia en el sector bancario – financiero. Fue miembro externo del Comité de ética del Banco Nacional de Fomento y desempeñó cargos especializados en Citibank y Lloyds Bank; así como en el área de bolsa de valores. Profesional de una fuerte formación académica, Christhian Bucheli Albán es licenciado en Administración de Empresas y abogado con estudios de cuarto nivel en Finanzas y Derecho".

MilHojas.is

…PERO TENEMOS CARRETERAS
MILHOJAS.IS y PLAN V
Alzas astronómicas en manos militares
Entre los casos emblemáticos de obras con costos que hasta triplican sus valores iniciales constan dos que tienen como antecedente haber sido investigadas dentro del escándalo de presuntas irregularidades de contratos del Estado con empresas en las que Fabricio Correa, hermano del presidente Rafael Correa, era accionista y/o propietario.
La primera es la Rehabilitación y Ampliación de la vía El Empalme-Celica-Alamor, que ha experimentado un alza total del 269,77% respecto a su valor original.
Esta obra tuvo dos fases, cuyos procesos precontractuales están en el portal del Sercop, aunque no constan ahí los contratos suscritos en ninguna de estas fases.
En la primera, la contratista fue Constructora del Sur (COSURCA). En un informe de la Procuraduría se determina que en el contrato, firmado el 18 de febrero del 2009 por $11,54 millones, se incurrió en causal para declarar su terminación unilateral. La razón: la empresa International Energy Overseas Corporation, de propiedad de Fabricio Correa, era accionista de Cosurca, lo que contravenía la ley.
El 26 de junio el presidente Correa dispuso que se busque la fórmula jurídica para anular los contratos del Estado con compañías de su hermano y que fueron denunciados en una investigación de diario Expreso. El mandatario decidió la terminación de los contratos en julio del 2009. 
A partir de ello se inició una segunda fase para esta obra que en los registros del Sercop consta con el nombre de "Ampliación carretera Empalme Celica-Alamor, incluida construcción del puente Laramine y el mantenimiento". El contrato se firmó el 29 julio de 2010, bajo la modalidad de Regimen Especial, con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército (CIE), por $38'785.090.
Este monto implicó ya un aumento de $27,24 millones respecto al valor contratado con Cosurca.

“El incremento final fue de $31,13 millones que significa el 269,77%. El diferimiento total de la obra fue de 1 año y 4 meses…..”

Pero también el contrato con el CIE tuvo variaciones en valores y plazos. En el reporte del SITOP, a octubre del 2015, consta que subió en $3,89 millones y el plazo, que vencía el 17 de agosto del 2012, se amplió por un año, tras la firma de 2 contratos complementarios. De esta forma, su valor se ubicó en $42’676.412,26.
El incremento final fue de $31,13 millones que significa el 269,77%. El diferimiento total de la obra fue de 1 año y 4 meses. Esta vía tiene 50,6 kilómetros, con lo cual el costo por kilómetro pasó de $228.088 a $766.503,7 y luego a $843.407,35. El 23 de diciembre del 2013 el MTOP anunció que esta obra fue concluida.
El segundo proyecto, también relacionado con las denuncias en contra del hermano del primer mandatario fue la Reconstrucción de la vía Arenillas puente Puyango_Alamor y Accesos, de 80,5 kilómetros. La Procuraduría también determinó que en el contrato con "COSURCA se ha incurrido en una causa para declarar la terminación unilateral, por haberse celebrado contra expresa prohibición de la Ley…".
Este contrato se suscribió el 28 de octubre de 2008, por $29 millones y al igual que el anterior fue terminado en julio del 2009.
Casi dos años más tarde (26 mayo 2011) la cartera de Obras Públicas firmó el contrato para la reconstrucción de esta vía con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército (CIE), por $54'076.996,67 y un plazo de 30 meses.
En el último reporte del SITOP se precisa que el plazo para su terminación se fijó primero para el 30 de noviembre de 2013, pero luego se lo difirió por 10 meses más (al 30 de septiembre del 2014). Y el valor subió a $68'938.818,38. Estas modificaciones obedecieron a la aprobación de 5 órdenes de cambio. Mediante la última orden de cambio el monto del contrato subió en $14,86 millones.
El diferimiento en la entrega de la obra ha sido de 4 años y 4 meses y el aumento total de su valor, de $39,84 millones que equivalen al 137%. Cuando el proyecto pasó a manos del CIE el costo por kilómetro varió de $361.403 a $671.763,9. Y ya durante la ejecución de los trabajos de la entidad militar se valor volvió a subir a $856.382,8.
Esta obra consta en el reporte del SITOP con el 100% de cumplimi ento de los trabajos contratados.

«48 contratosIlegalidades» Collas»»

Imagen: Una vista aérea de la ruta Collas-Tababela, cuyo costo por kilómetro -16 millones/km- pasa a ser la más cara de América Latina, sino del mundo.
…PERO TENEMOS CARRETERAS
MILHOJAS.IS y PLAN V
“En estos 9 años hemos invertido en vialidad más de $8.440 millones, seis veces más que los tres gobiernos anteriores juntos”.
Esta prédica sobre los ingentes recursos destinados para carreteras que el presidente Rafael Correa y sus ministros de Obras Públicas repiten en varias ceremonias inaugurales de obras, fue destacada nuevamente el pasado 5 de enero (con  cifra actualizada), por el primer mandatario durante la inauguración del Anillo Vial de Quevedo – Tramo II.
Aunque el presidente aceptó que la construcción de esta vía de 26 kilómetros demoró más de 4 años, ponderó sus beneficios directos para 200 mil personas, asegurando que modificará hasta el concepto del “buen vivir” en Quevedo.
No obstante, las demoras no fueron las únicas modificaciones en esta obra, que tuvo un plazo original de 1 año y 8 meses a partir del 26 de octubre del 2011, fecha en que se concretó la entrega del anticipo. Su valor inicial de $123,52 millones, financiados con bonos del Estado ($98,82 millones) y con el presupuesto general del Estado ($24,71 millones) subió a $155,74 millones (sin IVA), lo que significó que el costo por kilómetro se incremente de $4,81 millones a $6,06 millones, es decir en un 26%, aumento que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) autorizó, amparado en la aprobación de un contrato complementario y 4 órdenes de cambio. Su costo final fue de más de $180 millones, según Correa.
Documento: El listado completo de los 48 contratos base investigados por MilHojas.is y Plan V.
Pero las variaciones observadas en este proceso contractual no configuran una práctica aislada. Buena parte de los proyectos viales han registrado postergaciones e incrementos en sus valores originales. Esto, a pesar de que Correa emitiera el decreto 451, (publicado en el Registro Oficial el 18 de agosto del 2010) con el fin de evitar los retrasos, al establecer que en toda obra pública vial debe haber tres turnos diarios, siete días a la semana, y al menos dos frentes de trabajo. También se determinó que solo por motivos de fuerza mayor debidamente justificados, por incremento de obras decididas por la entidad contratante y “no imputables a falencias en los estudios, se podrán ampliar montos y plazos de contrato u órdenes de cambio”.
Se investigó una muestra de 48 obras ejecutadas por el MTOP, tomando valores de $10 millones en adelante. Los 48 procesos contractuales analizados fueron suscritos entre 2008 y 2015 y suman $1.843,67 millones (sin IVA). De esta muestra, se constató que el 93% ha tenido incrementos en sus valores originales que van del 6% al 270%. Mientras que los mayores diferimientos de los contratos llegan hasta los 4 años a partir de su fecha de entrega original. Las principales causas de los problemas, cuestionados incluso por las mismas autoridades del régimen, han sido las fallas en los cálculos de los rubros (o cantidades de materiales y distancias) o el aumento de rubros que no estaban previstos; la falta de estudios técnicos; la influencia de la temporada invernal y las dificultades en la geografía de las diferentes zonas de construcción o rehabilitación de las vías.
El MTOP ha autorizado esas variaciones mediante figuras como los contratos complementarios,  las órdenes de cambio y un mecanismo denominado costo más porcentaje.
La búsqueda de datos sobre los 48 procesos contractuales partió del sistema de contratación del Estado, que es el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), portal que funciona como un verdadero laberinto para encontrar información, pues solo durante 2 semanas se pudieron descargar los contratos, ingresando el nombre de la obra y el año de ejecución. Luego el sistema requirió el código de cada proceso contractual. Y poco tiempo después el sistema requirió especificar el tipo de contratación utilizada en el proceso, es decir: licitación, contratación directa, publicación especial, subasta, lista corta, etc…
Y por si esto fuera poco, en este portal no se encontraron los contratos de todas las obras seleccionadas en la muestra, por lo que se recurrió a informes de rendición de cuentas de las direcciones provinciales del MTOP, estudios de auditoría interna de esta misma cartera de Estado, informes de la Procuraduría General del Estado y de la Contraloría, así como los reportes del Sistema Integrado del Ministerio de Obras Públicas (SITOP). Se complementó la información con las publicaciones de los medios de comunicación, sobre todo del Gobierno.
Hemos tomado como ejemplos 4 carreteras que refleja este modus operandi.

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