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Autor: mh

Nívea Vélez: ‘En el IESS, donde poníamos el dedo salía pus’

Imagen: Nívea Vélez, viceprefecta de Loja, en 2010 hizo graves denuncias sobre el manejo del IESS.
“El IESS va a quebrar”. Esta advertencia la hizo en 2009 Nívea Vélez. Han pasado los años y se mantiene en su premisa ahora que es viceprefecta de Loja, líder del Movimiento de Municipalistas Independientes y exasambleísta por su provincia entre 2009 y 2013. En diálogo con Mil Hojas, Vélez asegura que, más pronto de lo que imaginó, la crisis del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) ha tocado fondo.
¿Las causas? “Podría contarle días enteros de las inmoralidades que se daban en la administración de Ramiro González”, sostiene. Habla con claridad, habla sobre el presidente del Directorio del IESS, que llegó a ese puesto como delegado del presidente, Rafael Correa, y que ahora se ha subido impunemente en el tren de la oposición en la autodenominada Unidad. Vélez, mujer más bien tranquila y de reacciones equilibradas, no puede ocultar su indignación cuando se le pregunta qué ha pasado con las denuncias de presuntos actos de corrupción en el manejo del IESS, que viene realizando desde hace seis años. Levanta el tono de voz para asegurar que González convirtió al Instituto en la plataforma para crear Avanza, su movimiento político. Según ella, lo hizo a vista y paciencia del presidente Rafael Correa, a quien contentó todo el tiempo comprando, con los fondos de los afiliados y jubilados, cuanto bono emitía el Ministerio de Finanzas.
Documento: la denuncia de Nívea Vélez, sobre las irregularidades en el IESS,  al contralor Carlos Pólit y al  fiscal general, Washington Pesántez.
En esta entrevista, Nívea Vélez hace un recuento de anomalías como la adquisición del call center en 8 millones de dólares y la adjudicación de ese contrato a una empresa de correo (courier) sin experiencia ni oficina, el escándalo de los medicamentos caducados, el de sobreprecios en camas y en equipos médicos. Uno de los aspectos que más le preocupan es la reducción de la deuda del Estado con el IESS, que pasó de más de 13 billones de sucres a 800 millones de dólares.   Para colmo, los organismos de control mantienen silencio pues no hay resultados, o al menos no los han dado a conocer,  sobre las denuncias acompañadas de voluminosa información de respaldo  que la legisladora, como presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social, remitió al contralor Carlos Pólit y al fiscal general Washington Pesántez, dos alfiles del correísmo que ahroa se rasgan las vestiduras.
Ante la inacción de estas autoridades, la política lojana apunta a exigir que la agenda de los candidatos a las elecciones de 2017 incluya la fiscalización a la administración del IESS desde la presidencia de Ramiro González.
En julio de 2010 usted entregó al contralor los resultados de una auditoría efectuada a la administración del IESS al mando de Ramiro González, expresidente del Consejo Directivo, y alertó sobre presuntos actos de corrupción que afectan la solvencia  del Instituto y la sostenibilidad de los servicios a los afiliados. ¿Qué ha pasado desde entonces?
Antes de responder, me gustaría indicar cómo me involucré en este tema. Cuando asumí la Presidencia de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social empecé a tomar contacto con organizaciones de jubilados y de servidores públicos. También conocí de primera mano la mala calidad de los servicios de salud, las violaciones de los derechos de los médicos, que estaban 3 o 4 años haciendo internados y no tenían afiliación. Así empecé a darme cuenta de cómo se venía manejando el seguro social porque las quejas eran permanentes  en la Comisión. Entonces empezamos a pedir información, en principio con una cordial comunicación con el presidente del Consejo Directivo del IESS en aquel entonces, Ramiro González. Pero, él pensó que era una relación de amigos y que podríamos llegar a “acuerdos” también entre amigos, llevar la fiesta en paz y tapar todo lo que se estaba dando.
¿Qué le propuso?
Una vez que lo visité con María Augusta Calle (asambleísta del movimiento oficialista Alianza País)  por uno de los temas que más me ha preocupado: el de las madres comunitarias. En ese tiempo, en la Asamblea se discutía la Ley de Educación. Nosotros intentábamos que se reconozcan sus derechos porque prestan sus servicios 5, 10, 15 años en los centros de desarrollo infantil y no tenían afiliación al Seguro Social. De manera reiterada, Ramiro González insistía en la buena relación que debíamos tener para manejar estos temas y los administrativos. En una segunda ocasión lo visité porque había problemas con el manejo del ingenio y queríamos conocer lo que estaba pasando. Cuando empezamos a pedir información  no le gustó pero, como los asambleístas tenemos  la potestad de fiscalizar, nos entregaron la información y eso nos sirvió para encontrar una serie de barbaridades.
¿Qué barbaridades?
Voy a citar las que me acuerdo más rápidamente, desde las de poca monta hasta las de gran monta. Recuerdo, por ejemplo, que la presentación al señor presidente de la República de unas ambulancias en la avenida de Los Shyris costó sobre los 100 mil dólares. Para la inauguración de un ascensor que costó 35 mil dólares gastaron alrededor de 37 mil dólares. Esto para citar hechos pequeñitos.
¿Y los grandes?
Al presidente del Consejo (Ramiro González) se le ocurrió que cada afiliado debía tener una tarjeta similar a las de retiro y débito que dan en los bancos.  En menos de ocho días este proceso tuvo los vistos buenos de todos los departamentos.
¿Cuál era el costo del proyecto?
Me paree que pasaba de los 10 millones de dólares implementar ese sistema de tarjetas. Lo sorprendente es que unos vistos buenos le daban en la mañana y otros en la tarde. Fue el proceso más veloz.
¿Pero eso no prosperó, qué pasó?
Logramos pararlo porque denunciamos esa barbaridad.
¿Qué más recuerda?
Otro hecho terrible fue el de los viajes que el  presidente del Consejo Directivo del IESS (Ramiro González) y sus allegados  realizaban al exterior para “promover” la seguridad social. Si usted revisa los datos de afiliados fuera del país, no justifica ni un viaje Quito – Loja.


En el fondo lo que estaban haciendo es formar su movimiento político en el exterior. Luego González puso a Argudo de coordinador y asesor general del BIESS. Así se tomaron el Seguro Social y, para que el presidente Correa no lo moleste por este mal manejo le daba justo en todo….


¿Cuánto gastaron en esos viajes?
No recuerdo el valor, tendría que revisar, pero viajaba el señor presidente del Consejo con la directiva, con sus aliados, con la señora María Sol Larrea, directora del  Hospital Andrade Marín; con el señor John Argudo,  director de Avanza. En el fondo lo que estaban haciendo es formar su movimiento político en el exterior. Luego González puso a Argudo de coordinador y asesor general del BIESS.  Así se tomaron el Seguro Social y, para que el presidente Correa no lo moleste por este mal manejo  le daba gusto en todo.
¿En qué le daba gusto?
En la permanente compra de bonos del Estado, que es una de las causas de la grave situación que atraviesa el IESS. Eso es parte de la denuncia que hice a la Fiscalía y a la Contraloría.
En todos los gobiernos el IESS ha comprado bonos del Estado. ¿Cuál es la ilegalidad?
Mire, en los resultados de la auditoría que hicimos consta que, pese a que había informes de la Comisión de Inversiones del IESS, que decían que no se puede comprar bonos porque el país tiene un alto riesgo, lo hacían cuando querían. Además compraban los bonos a 10 y 15 años con una rentabilidad de 3.5% mientras en ese mismo tiempo, a plazos de 5 y 7 años se endeudaban con los chinos al 7% de interés. Es una barbaridad lo que han hecho con el Seguro Social.
En lo que respecta a la deuda del Estado con el IESS ¿Qué irregularidades detectaron con la auditoría?
La otra parte de mi denuncia fue sobre este tema. El presidente Correa dispuso que se haga un licuado de la deuda en el 2008. Por eso la deuda se pulverizó, porque la convirtieron a un dólar de 25 mil.  Ese es el desagio que llaman. Luego hicieron un convenio de pago en el que nunca quisieron incluir la deuda de atención en salud.
¿A cuánto asciende la deuda en salud?
Con ese desagio, esta deuda quedó en algo más de $400 millones. En 2008 se firmó un convenio de pago y se comprometieron a realizar de manera inmediata los estudios actuariales, pero nunca cumplieron y, si lo hicieron, fue a escondidas porque sabían que estaban haciendo otra barbaridad.  González permitía todo esto para no disgustar al presidente Correa y porque quería vía libre para hacer lo suyo.
¿A qué se refiere?
A que compraba todos los bonos que el Ejecutivo quería y Correa no se metía en nada, así González creó su movimiento Avanza, aprovechándose del Seguro.
¿Qué otra barbaridad recuerda?
La inversión del IESS en el campo petrolero Pañacocha  es el caso más emblemático.  El IESS puso la mayor parte del capital  que asciende a 165 millones de dólares. Las compañías petroleras no ponen sino la maquinaria y los técnicos.
¿No es una buena inversión?
El problema es que empiezan la negociación con una rentabilidad del 10%, pero solo para camuflar el préstamo. En verdad es un crédito y para camuflarlo crearon un fideicomiso que recibe el 50% de las utilidades. Este proyecto era 120% rentable, pero resulta que luego las ganancias bajan al 10% y cuando suscriben el convenio al 5%. Todavía nadie nos responde ni explica qué pasó con ese 5%. Esos son los tres puntos básicos que denuncié. Lastimosamente no avanzamos a denunciar todas las barbaridades que encontramos: donde poníamos el dedo había pus.
¿Qué casos no llegaron a denunciar?
Recuerde usted el contrato del call center que el IESS dio a un courier. Fue la cosa más vergonzosa porque no tenía ni oficinas, peor experiencia y le dieron el contrato. El señor Ramiro González se llevó en peso el Seguro Social y es el culpable de todo lo que está pasando. Mire usted, en 2011 y 2012, ya desesperados los miembros del Consejo de Participación Ciudadana con un informe sobre 16 casos de corrupción detectados en una investigación realizada por una veeduría en Guayaquil, empezaron a solicitar que González se presente e  informe sobre las denuncias, pero él se burló de todas las funciones del Estado.
¿De qué manera se burló?
A Andrés Páez y a mí nos llegó de manera anónima una carta con todas las preguntas que la señora Marcela Miranda, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) hizo a González. Por ejemplo, le  preguntó sobre el escándalo de los medicamentos caducados, sobre los sobreprecios en las camas, los sobreprecios en los aparatos de medicina nuclear. Fueron 16  puntos sobre denuncias de corrupción. Yo me trasladé a Guayaquil para reunirme con los miembros de la veeduría y, créamelo, fue impresionante ver los documentos alterados que  nos mostraron. Se le permitió todo a González porque a cambio compraba todos los bonos que el Gobierno sacaba. Fíjese lo que se hizo con el ingenio al dejar que empiece a producir con pérdidas para venderlo a precio de  gallina muerta.  Lo mismo querían hacer con el Hotel Quito, más les costaba mantenerlo que lo que producía. Hubo un manejo perverso del IESS asociado al compromiso político con el partido de Gobierno. Por eso me sorprendió cuando González dice que se va porque Correa le quita el 40% de aporte al IESS.
¿Pudo alguna vez explicarle al presidente Correa sobre las presuntas irregularidades que se estaban cometiendo en el IESS?
Una vez,  el presidente Correa convocó  a los alcaldes y prefectos  una reunión para tratar la Ley de Servicio Público y el Cotad.  Asistimos Virgilio Hernández (asambleísta de AP y presidente de la Comisión de Descentralización) y yo por ser presidenta de la Comisión de Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social a Virgilio. El señor presidente no pudo disimular su molestia al verme ahí, pero tuvo que soportarme porque los alcaldes querían información sobre la Ley de Servicio Público, que se debatía entonces.  Cuando terminó la exposición mía, yo consideré oportuno retirarme y el señor presidente Correa me llamó la atención y me dijo: ‘Nidia, no nos sigas cuestionando por el tema del IESS’.  Yo le dije que me parecía el colmo todas las irregularidades que estaban dándose. Correa dijo que si tenía las pruebas me iba a llamar para que le muestre todo lo que había denunciado. Todavía no me ha llamado. Otra cosa, sobre el famoso tema de la clínica del primo de Ramiro González en Loja, al señor Correa debería darle vergüenza acusarle a González recién ahora porque yo hice la denuncia escrita y en Teleamazonas.  Para desviar la atención, el presidente agradó el asunto de si había desayunado o no en un mercado de Loja, cuando yo dije que le habían llevado el desayuno de un hotel.  Para eso me respondió  haciéndome una cadena  y nada dijo cuándo denuncié que el señor González contrataba la clínica de su primo. Por eso a mí me sorprende que ahora los compadres se peleen y suelten  verdades a medias. Yo creo que la pelea quedó ahí porque de lado y lado se conocen las costuras. Podría contarle días enteros de las inmoralidades que se daban en la administración de Ramiro González.


Es la más grande y descarada metida de mano porque el señor González abrió la puerta cuando permitió comprar bonos sin financiamiento, cuando permitió que no se pague la deuda, cuando encubrió que no se hagan los estudios actuariales…


¿Por todo eso usted afirma que el IESS está quebrado?
Sin duda. Es la más grande y descarada metida de mano porque el señor González abrió la puerta cuando permitió comprar bonos sin financiamiento,  cuando permitió que no se pague la deuda, cuando encubrió que no se hagan los estudios actuariales. Con María Augusta Calle lo visitamos dos veces porque estábamos preocupadas por esta situación y la crisis se agudizó antes de lo que imaginamos.
¿Qué han hecho los organismos de control? ¿hay algún resultado luego de seis años de haber puesto en su conocimiento las presuntas irregularidades detectadas por ustedes y la Veeduría de Guayaquil?
No sabemos nada de la investigación que se le pidió al contralor (Carlos Pólit). ¿Qué pasó con  la denuncia que presenté en la Fiscalía?. Incluso me llamaron a reconocer la firma y fui con mi abogado. Sentí un alivio porque dije que eso era un adelanto, pero de ahí no pasó. Es inconcebible que alguien que ha causado tanto daño al IESS siga campante. Esta crisis es su responsabilidad porque permitió que el Gobierno no pague  la deuda al IESS, pese a ello siguieron comprando bonos sin ninguna rentabilidad. Ahora no hay ni ninguna posibilidad de que sean vendidos. El Seguro ha cogido un montón de papeles desde el año 2008, de la manera más vergonzosa y sin ningún respaldo.  Pero de eso nada dice el presidente de la República, nada dice respecto a la inacción de la Fiscalía y la Contraloría, eso no topa el señor Correa. Ahora hace bulla porque González  ha contratado la clínica del primo, como que recién se enterara.
El argumento de Correa y González, para justificar la compra de bonos,  ha sido que antes el dinero del IESS estaba alimentando a la banca internacional y ganando el 1% de interés y ahora está bien invertido.
Eso dicen, pero no es verdad. Así fuera ganando el 1% la plata estaba ahí, ahora simplemente no la tenemos. Era muy fácil prever que esta enorme y abusiva compra de bonos nos llevaría a esta debacle.  El asunto es simple: mientras el uno se daba gusto formando el movimiento Avanza y haciendo negocios, le mantuvo al Gobierno  la puerta abierta para que se lleve la plata de los afiliados al Seguro Social.
PREGUNTA: ¿Qué piensa hacer?, ¿presionará a los organismos de control para que cumplan su deber de investigar y sancionar a los responsables?
Mientras dure este gobierno no lo harán. Más bien creo que la agenda del nuevo aspirante o del nuevo presidente del Ecuador  tiene que incluir la fiscalización al IESS. Eso será decisivo para votar por uno u otro. Es importante que se establezcan responsables. Es insólito  ver cómo el señor Ramiro González, ahora que ve que este Gobierno no da más, quiera políticamente adosarse a otro lado para que lo protejan, para que no se le investigue.
¿Usted quiere decir que la pelea entre Correa y González no es real?
No se van a topar más. Estoy segura de que si otra persona le hubiera dicho al presidente de la República  lo que González le dijo, habría ido a la cárcel. Ahí cada quien se habrá dicho: ‘A ver, si me topas pasa esto’.  
¿Cree usted que la ciudadanía, en especial los afiliados, no dimensionan la real magnitud de la crisis del IESS? ¿Qué recomienda?
Varias cosas. Lo primero es que los afiliados no dejemos que esta pelea sea solo de los jubilados. Toca hacer causa común. Yo comparo y digo que cuando uno tiene 1000 dólares de ahorros en el banco y éste se cierra, protestamos y exigimos que nos devuelvan la plata. En el IESS está nuestro patrimonio, nuestro ahorrado de toda la vida. Debemos entender que el seguro es nuestro y meternos muy fuerte para que  la agenda de nuestro próximo gobernante tenga como punto principal el tema de fiscalizar al Seguro Social. Debemos exigir  una auditoría sería para que paguen los culpables. Claro que para que eso se cumpla hay que buscar la unidad de la mayoría de partidos. Ese es el gran reto.

¿Qué puntos clave debe incluir esa fiscalización que se exigirá que conste en la agenda de los presidenciables y del nuevo gobernante?
Lo primero es que se revea la eliminación del 40% y exigir que se transparente la deuda de atención en salud. Hay confusión porque no hay recibos, facturas. Me pasé los 4 años que fui asambleísta  exigiendo eso y no tuve respuesta.
¿Usted  tiene un estimado de esa deuda?
Es una cuestión bastante escondida. Tuvimos información de la firma de este convenio del 2008 sobre los 480 millones de dólares. Imagínese usted que luego se abrieron los convenios con clínicas y, sin embrago,  no se ha transparentado la deuda, no se ha hecho un estudio actuarial serio. Otro punto a investigar es la compra de bonos a un país en situación de riesgo, pese  a un informe de la Comisión de Inversiones del IESS, en el que la señora Enma García decía por Dios no compren bonos porque el país tiene un alto riesgo.
¿La salida de Ramiro González del IESS y el nombramiento de Richard Espinoza es positiva para una efectiva fiscalización?
De ninguna manera. Cuando nombraron al señor Espinoza yo puse en mi Twitter que es el hombre perfecto para acabar con el Seguro social. No se olvide que Espinoza es el ejecutor del Decreto 813. Es el perfil correcto para lo que el presidente Correa quería con el Seguro Social.
¿Qué pasará con los afiliados y jubilados?
Ya está pasando, la crisis llegó más rápido de lo que pensamos. La situación se irá agravando porque el presiente Correa sigue echando mano del IESS. Pese a la crisis, en diciembre del año pasado el IESS volvió a comprar 81 millones de dólares en bonos  del Estado. Es decir que lo están exprimiendo hasta la última gotita. Yo advertí que iban a bajar la pensión de los jubilados, dijeron que no es cierto. Revise las cifras y se dará cuenta de  su incremento fue el equivalente a la inflación. Eso les perjudicó.
¿De cuánto debió ser el incremento?
Recordemos que en el año 2010 aprobamos la ley que estableció  incrementos  del 4% al 16%. Gracias a eso muchos  beneficiarios de montepío que recibían pensiones de 90 dólares pasaron a recibir 160 dólares mensuales. El ex legislador  Proaño Maya destacó que ese fue el incremento más importante en la vida de los jubilados. Lamentablemente este Gobierno ha empezado a restringir  esos beneficios. También hay problemas en la atención médica y están disminuyendo los créditos del BIESS. Han quebrado la seguridad social.
¿Qué otras consecuencias advierte?
Mire, mucha gente no entiende lo grave que es no haber hecho un estudio actuarial serio. Solo han tomado medidas demagógicas, el Seguro Social no ha sido manejado técnicamente. Acuérdese lo que pasó cuando el señor Correa lanzó el tema de la afiliación de las amas de casa. Eso es una tomadura de pelo  y a muchas  amas de casa todavía les sacan en las sabatinas dando gracias al Gobierno.
¿Por qué es una tomadura de pelo?
Ese proyecto tenía otra connotación. Cuando lo analizamos sugerimos que a estas señoras se les de todas las prestaciones, pero pudo más la demagogia y ataron la afiliación al marido. Luego direccionaron la afiliación a las beneficiarias del bono de desarrollo humano, que es un subsidio intermitente. Eso no les garantiza la atención en salud, por ejemplo. Es  una barbaridad lo que se ha hecho.
¿Qué opina respecto al reciente anuncio de Richard Espinoza de auditar el costo de las derivaciones a las clínicas privadas, porque han detectado irregularidades y le  cuestan al IESS más de 800 millones al año?
Lo que pasa es que este tema se les fue de las manos. No era una propuesta mala, pero fue mal manejada. Paralelamente el IESS debía fortalecer los hospitales, pero se limitaron a cambiar el asiento viejo por un nuevo, el televisor chico por un plasma, porque eso les deja un porcentaje e impacta en la visión de la gente. Pero en cuanto a medicina no hay nada, les siguen dando la misma paracetamol a todos les duela lo que les duela.


Pidamos información sobre cuantos convenios con las clínicas tenía la señora María Sol Larrea, que era administradora del IESS. Investiguen eso y van a ver cuánto dinero les pagaban a ella, al señor Ramiro González y a sus amigos…


¿Por qué afirma que lo de las clínicas privadas se les fue de las manos?
Porque también lo manejaron discrecionalmente. Pidamos información sobre cuantos convenios con las clínicas tenía la señora María Sol Larrea, que era administradora del IESS. Investiguen eso y van a ver cuánto dinero pagaban a ella, al señor Ramiro González  y a sus amigos. Incluso a este señor le escuché decir una vez que tienen el orgullo de haber  revivido al Hospital de los Valles. Yo pregunto: ¿Ese es un objetivo del Seguro Social? Así lo dijo en Radio América,  mientras los hospitales del IESS están en agonía. Todo esto hay que investigar. Por  eso necesitamos que en la agenda de los candidatos este sea un punto importante y que no se hagan los disimulados para recibir el apoyo de Avanza, el movimiento que González creó aprovechando su condición de presidente del Consejo Directivo del IESS.
Además de exigir que la fiscalización a la administración del IESS desde la época de Ramiro González sea un punto clave en la agenda de los candidatos a las elecciones de 2017, ¿tiene otro plan para evitar que sus denuncias sigan guardando polvo en los archivos de los organismos de control?
Desgraciadamente no tenemos Asamblea Nacional. Por un lado los asambleístas de Gobierno tapan todo y, por otro, muy poquitos de oposición han querido topar estos temas. Yo seguiré trabajando, diciéndole a la gente que tome conciencia, hablando en los medios nacionales, en los medios locales, contando todas estas  barbaridades que han hecho con el dinero del IESS, que es el principal patrimonio de los afiliados.
LA ENTREVISTADA
Nívea Vélez Palacio: Viceprefecta de Loja.
Mujer del Año 2015 designada por el Comité Ecuatoriano de Cooperación con la Comisión Interamericana de Mujeres (Cecim).
Exasambleísta por su provincia y parte del Movimiento Municipalistas Independientes. Fue presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social de la Asamblea Nacional. 
Licenciada en Ciencias de la Educación, catedrática.

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Nívea Vélez: ‘En el IESS, donde poníamos el dedo salía pus’ (2)

Eliminación del 40% y ampliación de la cobertura, los peores golpes que un Gobierno ha dado al IESS
El 20 de abril de 2015 entró en vigencia la Ley de Justicia Laboral. En lo que a seguridad social respecta, la norma permite que cerca de un millón y medio de amas de casa se afilien. Al mismo tiempo elimina la obligación del Estado, contraída hace 70 años, de aportar el 40% del valor de las pensiones jubilares, que equivale a $1 100 millones por año.  Para ello, el movimiento gobiernista Alianza País (AP) reformó el artículo 237 de la Ley de Seguridad Social y, en lugar de fijar un valor o porcentaje, dispuso que el Estado solo invierta en los jubilados cuando haga falta. No estableció cómo ni con qué recursos.
Imagen: Paulina Guerrero, exrepresentante de los trabajadores del IESS, fue estituida. Ella tenía una visión crítica del manejo del Ginerno en la seguridad social.
El argumento que esgrime el Gobierno de Rafael Correa para justificar esta reforma es que el IESS tiene superávit. Según expertos en seguridad social,  ese superávit proviene principalmente del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, que incluye las pensiones jubilares.
Los efectos de las reformas empezaron a sentirse a fines de 2014 cuando  se registró un déficit superior a 500 millones de dólares en el fondo de salud. Otra reforma a la Ley de Seguridad Social aprobada en 2010 ya mermó la sostenibilidad de los fondos del IESS al incluir a cónyuges e hijos menores de edad de los afiliados como beneficiarios de la atención médica gratuita en hospitales públicos y privados con convenios con el IESS. Aquello desbordó la demanda de servicios pues se estima que los afiliados tienen cuatro millones de hijos. Atenderlos supuso un gasto de 65 millones de dólares en 2014, sin que el IESS reciba nada de ellos.
Esta política clientelar es la que, en opinión de Nívea Vélez y Paulina Guerrero, tiene al Instituto al borde de la quiebra pues resulta insostenible dar cobertura cerca de nueve millones de beneficiarios, de los cuales la mitad aporta. Por ello, el dinero que sobra en pensiones jubilares falta en otros fondos como el de salud.

Por ello, ambas enfatizan en la necesidad de que el Consejo Directivo cumpla su compromiso de hacer un análisis actuarial técnico. Solo de esa manera se  podrá hacer una proyección económica confiable que mida la sustentabilidad de la seguridad social tras la eliminación del aporte estatal del 40%.
De varios estudios efectuados hasta el momento, uno estima que el IESS será sustentable 12 años, otro 23 años y un tercero advierte que, para 2050, habrá un déficit de 70 000 millones de dólares.
Entre las tantas personas que han advertido el impacto de la eliminación del 40% está la ex intendenta de Seguridad Social, Carmen Corral. Para ella, la Ley quebrará el fondo de pensiones y, cuando eso ocurra, al Gobierno no le quedará más opción que  elevar los aportes de los afiliados, subir la edad para jubilarse y aumentar la base de cálculo de la pensión.
El panorama es sombrío. En 2011 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) efectuó un estudio según el cual el déficit del IESS se evidenciaría en el año 2030. Pero ojo que esa estimación fue antes de que el correismo eliminara el 40%, lo que implica que la crisis se agudiza de forma inmediata, como está ocurriendo en la actualidad. Según el organismo, la deuda del Estado con el IESS bordearía los dos mil millones de dólares  en 2030 y 10 000 millones en 2050. Este cálculo incluye el impacto del crecimiento demográfico en las finanzas del Instituto, debido a las variaciones que, en los últimos 25 años, han registrado las tasas de fecundidad y de esperanza de vida.
Este análisis se basa en cifras de la Cepal según las cuales en 1990 cada ecuatoriana tenía en promedio 3,67 hijos y, en 2010 2,48. La esperanza de vida, en tanto,  aumentó de 69 a 75 años. Si esta tendencia se mantiene quiere decir que los aportantes van disminuyendo y los jubilados aumentando.
Esto afecta la sostenibilidad del financiamiento de las pensiones jubilares pues sin el 40% de aporte estatal, la principal fuente de financiamiento del Fondo de Pensiones son los aportes de los nuevos afiliados, pero cada día son menos.

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Con el nuevo comandante de Policía cae la ‘Hermandad del Sol’


Imagen: El ministro del Interior, José Serrano, junto con el destituido comandante de la Policía, general Fausto Tamayo.
En 2015 se vivió uno de los capítulos más inusitados de inteligencia y contrainteligencia en el Ecuador. La Policía Nacional fue la institución en disputa entre los servicios de inteligencia norteamericanos y ecuatorianos con asesoramiento de cubanos y venezolanos. Al final, el Gobierno de Rafael Correa ha tomado el control de la inteligencia en la Policía y no dudó en utilizar a dos generales para que hicieran una purga interna y, luego, cuando ya todo estuviera consumado relegarlos y poner a un hombre de total confianza en la comandancia general de la Policía.
Así se enterró a los oficiales que formaron la Unidad de Investigaciones Especiales (UIES) de la Policía que tuvo total independencia y solo respondía ante el comandante general de la Policía y este, a su vez, al presidente. Fue un proceso que arrancó en junio de 2009, cuando el Gobierno de Rafael Correa creó la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) y buscó tomar el control de los servicios de inteligencia de la fuerza pública. Era una cuestión de soberanía, aseguró el Gobierno, para evitar la injerencia de terceros países. Contradictorio o no, el Régimen tuvo la ayuda de un aparato de inteligencia externo para lograr su cometido: tener el control total de la Policía.

***

El 3 de julio de 2015 el ministro del Interior, José Serrano, anunció en su cuenta de Twitter la salida del entonces Comandante General (CG) de la Policía, Fausto Tamayo, por actos de corrupción. “Iniciamos investigación administrativa por actos de corrupción en pases de Policía. Por lo que el comandante general Fausto Tamayo ha presentado su baja", escribió Serrano y advirtió que la terna de selección para el nuevo CG ya se había presentado al presidente “mientras tanto ejercerá el cargo el General Patricio Pazmiño”.
Imagen: El mensaje de Twitter del ministro Serrano.
Serrano dijo que, según investigaciones en los pases de policías, se habrían cobrado entre USD 1 500 y 5 000 y se habrían registrado más de 1 500 pases.
Se trató de un negocio que tenía como piso de corrupción $2’250.000 y que su protagonista era el oficial del más alto nivel de la institución. Sin embargo, el Gobierno nunca se ensañó con Tamayo, de hecho lo protegió y permitió su salida en total silencio.
Una historia diametralmente distinta a la que enfrentó la asambleísta esmeraldeña de PAIS, Esperanza Galván, expuesta por todos los medios posibles y ya sentenciada por haber extorsionado a una empresa constructora a nombre del vicepresidente Jorge Glas y que recibió $800.000.
La salida de Tamayo abrió el camino para que dos generales, hombres duros de la  ex Unidad de Investigaciones Especiales (UIES), Patricio Pazmiño y Juan Carlos Barragán, sean considerados en la terna de selección para nuevo Comandante General.
Los dos contaban con las más altas credenciales de combate al crimen organizado. Su formación les capacitaba dirigir la institución y además fortalecer el sistema de inteligencia policial. Pero eran cercanos al sistema de inteligencia de los Estados Unidos y ese era su pecado.
Barragán se desempeñó como Jefe Nacional Aantinarcóticos, Pazmiño como Jefe de Operaciones; desde esos cargos hicieron importantes incautaciones de droga ¿Con qué información? Con la que les daban sus aliados de los Estados Unidos.

***

Nunca fue un secreto que el Gobierno buscó eliminar a todo oficial de mayor o menor rango que hubiese sido parte de la UIES. En 2008, luego del bombardeo y destrucción del campamento de Raúl Reyes en Angostura, el Gobierno constituyó una comisión especial que investigó la supuesta infiltración de agencias internacionales en la inteligencia ecuatoriana. Un año después esa comisión emitió un informe que aseguró que existía “carencia de mecanismos que garanticen la subordinación de los sistemas de inteligencia en el ámbito político”.
Desde entonces el Gobierno trabajó en silencio para librarse de ellos y ahora podía hacerlo con Pazmiño y Barragán. Pero antes debían aprovechar su situación.
En el juego de la inteligencia se sabe que los resultados son posibles si se cuenta con la irrestricta ayuda de un sistema más grande. Es decir, la colaboración con entidades de otras naciones que permitan intercambiar información y operar con eficiencia. Y si antes fue Estados Unidos, hoy lo son cubanos y venezolanos.
Desde hace mucho que el Gobierno de Correa incorporó a su retórica y sus acciones la  asesoría de expertos de inteligencia de esos países. No se trata de supuestos: tácticas cubanas ya se usaron contra los opositores que protestaron en las calles de Quito. El 13 de agosto, cuando fue detenido el prefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe, en la Plaza de Santo Domingo en Quito, un grupo de civiles lo agarró a golpes por la espalda; fue jalado a rastras hasta el cordón policíal, golpeado y detenido.
En las protestas contra la aprobación de las reformas a la Constitución el pasado 3 de diciembre, se  documentó en vídeo cómo civiles atraparon  a un manifestante y golpes arrastrado hasta los policías.
Video: Así operan los infiltrados para apresar y amedrentar a quienes protestan en las calles. El estilo cubano desarrollado en Venezuela y ahora utilizado en Ecuador.
Serrano alargó el proceso de selección de la terna y en un hecho sin precedentes en la historia de la Policía, encargó temporalmente, por 63 días, la comandancia a Patricio Pazmiño.
En ese período el ministro les aseguró a los dos generales que la Comandancia General sería ocupada un año por cada uno. Les dijo, además, que se despreocuparan del general Mejía, tercero de la terna, ya sería relegado.
El acuerdo tuvo una condición: debían realizar una purga de los oficiales que no tenían la confianza de la revolución ciudadana. En otras palabras: pidieron hacer el trabajo sucio del Gobierno.
Imagen: Francisco Latorre, en una visita al presidio con de los hermanos Ostaiza Amay, acusados de narcotráfico. En la foto, Latorrea habla con Edison Ostaiza.
Los dos oficiales estaban convencidos que sus hojas de vida y el acuerdo con Serrano eran suficientes. Contaban además con un plus: supuestamente los Estados Unidos presionaron al régimen para retomar la política de lucha contra el narcotráfico y borrar las marcas de los hermanos Francisco y Mario Latorre. El primero, el hombre que salvó al presidente en el Regimiento Quito el 30 de Septiembre de 2010, el único hombre que caminó junto al mandatario en medio de gases lacrimógenos, mantuvo supuestos vínculos con los hermanos Ostaiza Amay, capturados en el operativo Huracán. El segundo, Mario, asesor directo del presidente, implicado en el Caso Resurgir que capturó una tonelada de cocaína en Esmeraldas, en una propiedad que supuestamente le pertenecía.
Desde sus rangos buscaron eliminar a otros oficiales, tal como les pidió Serrano, pero éste incumplió y fueron separados de la Policía. Sus acciones solo lograron fortalecer al ministro Serrano, que por primera vez, tiene el control de la inteligencia de la Policía, sin las injerencias extranjeras del pasado y a su vez colabora estrechamente con las políticas antinarcóticos de los Estados Unidos.

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A sí se dio fin a la llamada 'Hermandad del Sol', una agrupación de altos oficiales que pertenecieron a la UIES, que décadas atrás se propuso cooptar por siempre la Comandancia General de Policía…


El 8 de septiembre de 2015, el presidente, Rafael Correa, emitió el decreto ejecutivo que nombró Comandante General a Diego Mejía Valencia, un general que se desempeñó como Director General de Inteligencia y que al momento de su selección era Subsecretario de Policía y hombre por demás cercano al ministro José Serrano.
Así le dio fin a la llamada 'Hermandad del Sol', una agrupación de altos oficiales que pertenecieron a la UIES, que décadas atrás se propuso cooptar, por siempre, la Comandancia General de Policía.
Hoy en día Serrano controla el trabajo de inteligencia y las acciones que algún día realizó la UIES, cuenta con aproximadamente 800 hombres, pero su presencia no es el eje vertebrador de todo el sistema y está lejos de ser el funcionario que consolide todo el cuerpo de inteligencia.
En la Secretaria Nacional de Inteligencia (Senain) tampoco se ha logrado consolidar la presencia de un funcionario que controle todo el sistema, en 2009 cuando el Gobierno bosquejó un plan para que toda la inteligencia forme parte de una misma estructura, siempre subordinada al poder civil, el  ministro de seguridad interna y externa de ese entonces, Miguel Carvajal, planteaba la necesidad de contar con una política pública de procesamiento de información que defina roles claros sobre el qué hacer y que estén en pleno conocimiento las autoridades políticas”.
Si el gran paso fue desarticular la antigua inteligencia para crear la Senain , está se articuló con sus anteriores miembros y por tanto con los mismo vicios. La Senain arrancó de la mano de Francisco Jijón, amigo de Carvajal, un civil sin capacidad de manejar los subsistemas de la inteligencia del Ejército, Marina, Fuerza Aérea y Policía.
Tampoco contaba con la tecnología necesaria para luchar contra el crimen organizado y espiar a los opositores. Hasta entonces el proyecto Libertador, impulsado con apoyo de la embajada americana, era el único sistema que pretendía incorporar escuchas telefónicas, autorizadas desde la fiscalía. Pero fue dado de baja porque las autoridades civiles creían que no tendrían control sobre ese proyecto.
Con toda esa debilidad enfrentaron el 30 de septiembre de 2010. Entonces comprendieron que no podían gobernar sin contar con inteligencia, tomaron decisiones para no volver enfrentar condiciones vulnerables.

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La real reestructuración de los estamentos de inteligencia ecuatorianos llegó con la mano firme del excomandante de la Armada Homero Arellano, hombre por demás cercano al entonces vicepresidente Lenin Moreno.
Arellano ya había intervenido con fuerza e influencia a inicios del Gobierno en 2007. Entonces el presidente Correa le brindó la confianza para que la Armada maneje Petroecuador y Flopec. Lo hizo por cuatro años a través de oficiales de confianza como Fernando Zurita y Luis Jaramillo.
Hombre de estrategias, conocía además muy bien cómo funcionaban los negocios de la elite social cristiana con en el Estado, ya que estuvo al frente Dirección General de Marina Mercante. De hecho su salida de la Armada fue por un enfrentamiento político causado por intereses económicos social cristianos.
Fuentes informativas que conocieron su trabajo en la Senain y conversaron con este portal en total reserva, recuerdan que al tomar posesión de la secretaria, Arellano que se movió mucho entre Colombia y Panamá. Dijeron además que Arellano consolidó el mando con César Navas, su hombre de confianza en el Ministerio de Seguridad  Interna y el Externa y Luis Yépez vicealmirante en servicio pasivo, en la dirección Nacional de Inteligencia
Arellano fue el hombre que aglutinó nuevamente el sistema de inteligencia y lo rearmó, pero no logró homogenizarlo ya que la inteligencia del Ejército aun actuaba de forma independiente. De hecho esa fue una de las conclusiones que emitió la comisión que investigó la infiltración de terceros países en la inteligencia luego del caso Angostura en 2009: una excesiva discrecionalidad de los órganos de inteligencia operativa de las fuerzas respecto al Comando Conjunto.
Arellano se caracterizó por constituir un sistema de espionaje a opositores del régimen y sentó las bases para la compra de equipos de alta tecnología para monitorear a miembros del Gobierno y de oposición.
Tampoco se alejó de la herencia del pasado que fue hacer negocios a través de la inteligencia.


En el ámbito operativo (Vallejo) tiene un perfil más cercano al exgeneral de Policía Edgar Vaca, que ahora es juzgado por asuntos relacionados a los derechos humanos…


El actual secretario de Inteligenvia, Rommy Vallejo, está lejos de ser el referente que estableció Homero Arellano. Vallejo posee el perfil de un hombre más operativo que analítico y estratégico. Cuando fue parte activa de la Policía estuvo lejos de ser un oficial superior y por tanto iniciar el curso de Estado Mayor. Al interior de la organización es sabido que solo aquellos que aprueban tal curso, están capacitados para tomar decisiones. Vallejo fue el oficial asignado por la Policía para brindar seguridad a Rafael Correa en la segunda vuelta de la campaña electoral de 2006. Así se forjó su amistad.
Quiénes saben de inteligencia dicen que su falta de experiencia se evidenció en las acciones que fomentó contra el opositor Fernando Balda, exiliado en Colombia, cuando envió a espiarlo usando agentes con sus nombres verdaderos. Todos fueron descubiertos y para defenderlos del escarnio público que provocaron Vallejo no encontró mejor solución que enviarlos a embajadas.
Imagen: el actual secretario de Inteligencia, Rommy Vallejo.
En una conversación con MilHojas.is, una fuente de alto perfil explica la posición de Rommy Vallejo dentro del aparataje de inteligencia del correísmo.
—No tiene la experiencia de la señora —alcanza a decir la fuente, con seguridad en sus palabras. Cuando la fuente menciona a "la señora", se refeiere a una mujer palestina conocida como  Suat, que manejó los cuerpos de inteligencia entre 1995 y 2007… y no se titubea al proseguir— pero en el ámbito operativo (Vallejo) tiene un perfil más cercano al exgeneral de Policía Edgar Vaca, que ahora es juzgado por asuntos relacionados a los derechos humanos, que gustaba dedicar la inteligencia a espiar opositores más que combatir la delincuencia.
Las palabras de esta alta fuente suenan ciertas a la luz de los hechos. Vallejo no fue escuchado en los momentos clave del régimen y tampoco pudo evitarlos. El primer ejemplo es el bombardeo de Angostura. En la Comisión de Fiscalización de la Asamblea quedó registrado que Juan Carlos Barragán, que en ese entonces ostentaba el rango de coronel, en calidad  de Agregado Policial de Ecuador en Colombia, fue quien informó en diciembre de 2007 al entonces comandante de Policía, Bolívar Cisneros, las 108 coordenadas de posibles campamentos de las FARC  en Ecuador.
Esa información fue conocida por Rommy Vallejo y, por tanto, por el presidente Correa. El hecho real es que Vallejo no tuvo capacidad de persuadir al mandatario para actuar con esa información.
Luego, llegó el 30 de septiembre de 2010, hechos que se dieron porque no había inteligencia de Policía que les explique cómo enfrentar ese acontecimiento. Es más, ese 30 de septiembre de 2010, cuando Correa caminaba rengueante entre el Regimiento Quito y el Hospital de la Policía cubriendose con una máscara antigases lacrimógenos, los directivos y agentes de inteligencia del país estaban en un curso de actualización en Flacso, tal como lo denunció a su debido tiempo el desaparecido Diario Hoy.
Al  frente de la Senain, Vallejo ha sido respaldado y potenciado por el grupo de venezolanos y cubanos: mientras ellos delinean estrategias, análisis e interpretación de inteligencia, Vallejo explota su capacidad operativa que se resume en acoso y persecusión a quienes se muestran reacios a seguir al Régimen.
La historia reciente de la inteligencia del Ecuador estuvo dirigida a dos campos: espiar empresarios, políticos, opositores, activistas sociales, periodistas, académicos y recolectar información de los negocios que impulsaba el Estado en temas estratégicos y de gran escala.
La información es un bien poderoso y el resultado era obvio: hacer inteligencia significa entonces intervenir en los negocios del Estado como seguridad, telecomunicaciones, armas, energía. Por eso era tan importante ese muñequeo por la Comandancia de la Policía entre los servicios nortemericanos y los cubano-venezolanos, como en los viejos tiempos de la Guerra Fría, en vez de deicarlos a, por ejemplo, a combartir el crimen organizado.

MilHojas.is

En el Ecuador de Correa el 45% de los gastos de salud lo asumen las familias

Imagen: La Salud sufre un proceso de privatización según un estudio de Pablo Iturralde (Foto: cortesía Pablo Iturralde).
Hay una constante en el discurso del actual Gobierno, decir que los servicios públicos son gratuitos y que eso ha mejorado el nivel de vida de los ecuatorianos. Sin embargo, hay cifras que muestran que eso se queda en una mera especulación populista. Según un estudio publicado en noviembre pasado, se explica cómo el 45% de los gastos de salud los asumen las familias mientras que el Gobierno asume el 29% y la Seguridad Social el 23%.
Estas cifras surgen de un estudio denominado “Privatización de la Salud en el Ecuador”⇒, realizado por el investigador Pablo Iturralde, en el que se muestra claramente cómo “la salud perdió atención frente a la construcción de carreteras, hidroeléctricas, educación y desarrollo urbano. Por lo tanto, aunque el crecimiento absoluto en salud es notable creció menos que otros sectores que tenían mayor peso sobre el presupuesto”.
En su estudio, Iturralde pone en perspectiva el problema que significa que las familias sigan realizando la mayor cantidad de egresos en términos de salud. Según cifras regionales, el Ecuador ocupa el tercer lugar en términos de "gasto de bolsillo" para pagar los servicios de salud. El primer lugar lo ocupa Venezuela (66 %) y la segunda casilla es para Paraguay (57 %).
Imagen: Ecuador es tercero en Sudamérica en gasto de bolsillo de los hogares en cuestión de salud (cuadro tomado del estudio de Pablo Iturralde).
El discurso político del Gobierno en materia de salud apunta a explicar que  ha aumentado el gasto en este servicio y se ha universalizado la atención. Sin embargo, en el estudio de Iturralde se explica cómo esto es una falacia: el IESS, que es una institución no gubernamental, un ente que se financia de los aportes de sus afiliados, es el organismo que ha sustentado esta inversión.
"Aquí —dice el estudio de Iturralde— es necesario puntualizar un matiz sobre el rol del gasto de las familias: aunque fueron las que más gastaron, la tendencia en el último período de gobierno indica que sus egresos crecen menos rápido que los realizados por el MSP y muchísimo menos que los de la seguridad social gracias al enorme crecimiento del gasto efectuado por el IESS, principalmente a través de la proliferación de contratos de prestación de servicios con clínicas y hospitales privados".
Hasta hoy no se ha alcanzado la meta de crecimiento propuesta por el mismo régimen en 2008, ya que en la Transitoria 22 de la Constitución se estableció que el Presupuesto General del Estado destinado al financiamiento del sistema nacional de salud se incrementaría cada año en un porcentaje no inferior al 0,5% del Producto Interno Bruto hasta alcanzar al menos el 4%. Sin embargo, hasta el 2013 se alcanzó solamente el 2,1% a pesar de la bonanza petrolera. Con la actual reducción de presupuesto, por las caídas de los precios del petróleo, no está totalmente claro cómo será 2016 en materia de Salud.
De la experiencia de otros países de la región en los cuales se han implementado políticas de salud universales, se ha requerido un presupuesto no menor del 6% del PIB, de ahí que se entienda que 2016 tendrá un pronóstico reservado en materia de salud.


El análisis señala que el mercado de clínicas y hospitales ha mostrado un crecimiento extraordinario en la presidencia de Rafael Correa


Otro dato interesante de la investigación, es cómo el modelo de alianzas público–privadas, incorporado por el régimen (debido a la incapacidad del Estado para proveer por sí solo la cobertura necesaria por falta de equipos y especialistas), facilita la acumulación de capitales en manos de transnacionales y monopolios  ecuatorianos por medio de las compras estatales, la obra pública y la compra de servicios a los proveedores privados de salud.
El análisis señala que el mercado de clínicas y hospitales privados han mostrado un crecimiento extraordinario durante el la presidencia de Rafael Correa. Según datos de la Superintendencia de Compañías, los ingresos del sector ascendieron de 500 millones de dólares en 2008 a 1007 millones en 2012. Estas cifras se traducen en un crecimiento del 83% en 4 años para clínicas privadas, mientras que las utilidades reportaron un incremento del 49%.
Cabe señalar que el sector público concentra el 80% de los establecimientos de atención a la salud, sin embargo el INEC en su informe “Ecuador en cifras” señala que solo el 40% de la población acude a hospitales públicos. 
Un ejemplo de esta distribución de capital es el IESS, quien a pesar del incremento en su gasto no creció y al contrario perdió 9 establecimientos, mientras que al mismo tiempo se incrementaban al 1000% los contratos con  prestadores privados externos de salud y a los que actualmente se les debe 400 millones de dólares.

Fuerza laboral en el sector salud
En un estudio realizado a varios médicos ecuatorianos realizado por la Internacional de Servicios Públicos (ISP)⇒, titulado "Situación del derecho al trabajo de los trabajaodres y profesionales de la Salud y privatización de los servicios de salud" se detalla que “la tasa de profesionales de la salud (médicos, enfermeras y obstetrices) por habitante en el país fue de 28,06 médicos por cada diez mil habitantes en el año 2013, la cual supera el índice de 25 establecido como meta por la OPS en 2011”.
Sin embargo, analizando las tasas de profesionales en el sector público estas alcanzan 17,38 médicos por cada 10.000 habitantes, es decir la inversión en fuerza de trabajo calificada para el sector es insuficiente para alcanzar coberturas de atención primaria de salud.
A través de una encuesta sobre precarización laboral realizada por la ISP-Ecuador a trabajadores del sector salud de tres provincias, se calcularon parámetros de satisfacción de seis dimensiones de evaluación de trabajo digno: estabilidad, derechos sociales, prácticas laborales, protección social, remuneración y libertad sindical.
Estos indicadores buscaban medir la percepción del trabajador de salud respecto a su trabajo, siendo 0 puntos mala a 6 puntos excelente. Una vez tabulados los resultados se pudo observar que “todas las dimensiones presentaron valores de medianas menores a 4 puntos de un total de 6, por lo tanto se encontró precariedad laboral”.
Analizando los puntajes en cada uno de los encuestados se encontró que cerca de la mitad (46,8%) presentan un nivel percibido de precariedad moderada y el 38% que se ubica en un nivel de precariedad baja. Solo el 1% se encuentra en un nivel de trabajo digno moderado (satisfactorio).


Un 48% de los encuestados manifestaron tener que cumplir diversos tipos de cuota de trabajo lo que se convierte en incremento de consultas, recetas, cirugías y otros procedimientos mediante la extensión de la jornada laboral


Además, un 65% de los encuestados reportan tener la percepción de que pueden perder su empleo en los próximos 5 años.
En otra encuesta realizada por la misma organización acerca de la  intensidad del trabajo en los profesionales de la salud, se puede observar que  los porcentajes sumados entre Muy Intenso e Intenso, en cuanto al ritmo de trabajo, suman el 72,13%. “Se debe tomar en cuenta que un 48% de los encuestados manifestaron tener que cumplir diversos tipos de cuota de trabajo lo que se convierte en incremento de consultas, recetas, cirugías y otros procedimientos mediante la extensión de la jornada laboral”, destaca el documento.
Existe un pequeño porcentaje de profesionales de “llamado eventual” que probablemente no tiene relación de dependencia y se les paga por servicios profesionales.

Exceso de pacientes
Hace dos años, el Ministerio de Salud publicó una norma para definir tiempos específicos por tipo de paciente, en ella se detallaba que una consulta debía ser de mínimo 15 minutos y ponía un horario de trabajo de 8 horas diarias para los profesionales de la salud.
Imagen: En el país, un médico del área pública puede atender hasta a 32 pacientes diarios (foto tomada del estudio de Pablo Iturralde).
Varios médicos entrevistados por MilHojas.is señalan que esta norma no se cumple en lo absoluto y sostienen que un profesional de la Salud puede llegar a atender hasta 32 pacientes al día y en algunos casos trabajar hasta 9 horas diarias sin pago de horas extras.
Un estudio publicado por la ISP-Ecuador⇒ sostiene que el MSP reporta como uno de los mayores avances de la Revolución Ciudadana el incremento de consultas de 26 millones a 35 millones por año.
Sin embargo, para alcanzar esta cifra el modelo de salud preventivo que el MSP impulsó desde 2008 tuvo que convertirse en un modelo curativo lo que determinó un incremento del gasto en medicinas, equipamiento y dio el paso a contratos con empresas privadas.
“Para poder definir que se avanzó en el cambio del modelo curativo al de atención integral en salud debería alcanzarse una relación mínima de 2 a 1 a favor de las consultas preventivas, pero como señalan las estadísticas disminuyó 0,6 en el año 2006 a 0,3 en el año 2013”, destaca el documento y finaliza explicando que es evidente que la industria farmacéutica ha generado una gran acumulación de capital a expensa de la política de salud que privilegió el incremento de las consultas curativas. 

La deuda de las becas médicas
Según información obtenida por MilHojas.is el Ministerio de Salud ha entregado desde el 2012 hasta la fecha un total de  2.839 becas en 36 especialidades médicas. Este año se plantea otorgar 900 becas con una inversión de 30 millones de dólares.
Imagen: Las becas son fundamentales para promocionar médicos especialistas (cuadro tomado del estudio de Pablo Iturralde).
Sin embargo, esta información contrasta con la publicada en 2012 por el mismo Ministerio. En este documento⇒ se indica que por medio de un convenio suscrito entre la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) y el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas (IECE) se otorgarían 10.000 becas para profesionales de la salud a través del Plan de formación, capacitación y certificación del talento humano en salud para el periodo 2013 – 2017.
Evidentemente esta proyección no llega ni a la mitad propuesta por el gobierno. Según sus planteamientos solamente en 2013 estaba prevista la entrega de 3.200 becas y en el período comprendido entre 2014 y 2017 se planificaba otorgar 6.128 becas más a los profesionales de la salud, sumando un total 10.000.
Además, según las cifras del propio Ministerio se tenía previsto invertir en 2016 un total de 73'572.143,00 millones de dólares, cifra significativamente superior a la planteada para este ejercicio fiscal, pues se tiene previsto invertir 30 millones, lo cual no cubre ni la mitad de lo incialmente planificado.

MilHojas.is

La niña a quien la Policía montada agredió en el 3D y la Fiscalía ignoró

Imagen: La Policía montada jugó un papel importante para atemorizar a los manifestantes del 3D.
Jugar en el parque El Ejido, en el centro de Quito, era una de las actividades preferidas por D. y DD., de 11 y 9 años, respectivamente. Lo fue hasta el pasado 3 de diciembre (3D), uno de los peores días en la vida de su familia.
Su madre, Patricia Almeida Moreno, con indignación y dolor, recuerda lo que ocurrió en el marco de las recientes manifestaciones contra las reformas constitucionales impulsadas por el Gobierno de Rafael Correa Delgado, en el poder desde 2007.
Eran alrededor de las 17:15 cuando Patricia, sus dos hijas y dos nietos regresaban de la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador (ESPE), donde el equipo que dirige su esposo, Juan Carlos Paredes, ganó la final de un campeonato interfacultades.
No deje de leer: 'Protesta por las enmiendas: los nombres detrás de la represión'
Pero la felicidad duró poco. De pronto –recuerda la madre– D. gritó: “¡Mami, mami, los caballos, los caballos! Entonces cogí a mis dos nietos y les mandé para arriba, pero no alcancé a cogerle a mi DD, cuando uno de los jinetes le mandó lejos y se cayó. Un señor fue a ayudarle porque no podía respirar. Los caballos vinieron por encima de todo el mundo. Mi hija estaba desesperada, veía a un lado y a otro, quería gritar y no podía. 
Los paramédicos de la Cruz Roja la examinaron. Vieron que tenía un golpe a nivel de las costillas y dijeron que había que llevarle de urgencia al Hospital del Seguro porque le faltaba el oxígeno”.En pocos minutos llegaron a la sala de Emergencias del hospital Carlos Andrade Marín, que pertenece al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Según relata Patricia a MilHojas.is, no quisieron recibir a la niña, pese a que uno de los miembros del equipo de la Cruz Roja coordinó para que DD. fuera internada y atendida de inmediato.


Yo les dije ¿por qué son malditos?, ¿por qué son abusivos?, ¿por qué se pegan con los niños?


Luego de hablar con los responsables de Emergencias, autorizaron que pase para tomarle los signos vitales y tramitar su admisión.
“Mi hija dice que el policía le golpeó con la bota y que se cayó para atrás. Todavía sigue adolorida.  Le juro que si no hacía eso le arrastraba el caballo y encima le caían los otros porque no fue uno, fueron algunos policías que venían como locos dando sablazos a todo el mundo. Yo les dije ¿por qué son malditos?, ¿por qué son abusivos?, ¿por qué se pegan con los niños?, pero el policía ni regresó a ver, lo único que le interesó es golpear a la gente”.
Si esto eriza los cabellos, este caso acarrea más ataques a la integridad física y psicológica de la pequeña  DD. Con lágrimas en los ojos, Patricia continúa el relato de aquel trágico 3D. Cuenta que, como ella no lleva consigo los documentos de sus hijos, fue a buscarlos en su casa, que queda cerca del Hospital del IESS.
Imagen: Los policías agazapados en sus caballos tomaron control efectivo del lugar, en el parque de El Arbolito, para no permitir el paso de los manifestantes a la Asamblea Nacional.
Cuando regresó se llevó otra sorpresa pues encontró a un policía que tomaba fotos de DD., sin su conocimiento ni  autorización. “Le dije que cómo así  está haciendo fotos y me respondió que son asuntos rutinarios, que siempre hacen eso cuando hay heridos en las manifestaciones. Me dijo que no me preocupe, que no va a pasar nada, que es agente del Ministerio del Interior, que le mandaron a pedirme disculpas y que no me va a pasar nada, que simplemente es de rutina. Yo le insistí que, sin mi autorización, no puede tomarle ni una sola foto a mi hija. Después resulta que a mí también me ha tomado fotos sin darme cuenta. Eso me dijo el guardia de emergencias”.
Más tarde, cuando un médico llegó a revisar a DD, lo primero que hizo fue preguntar con quién estaba Patricia: “con las bullas  o con el señor presidente”.  Ella respondió que ni con los unos ni con los otros sino con sus hijos y le increpó: “Así hubiese estado en las bullas, usted no tiene por qué averiguarme. El doctor me respondió que ‘por nuestro señor presidente la nena está siendo atendida como se debe’”.
Indignada Patricia señala que su esposo ha aportado al IESS más de 30 años y revela que al médico, de quien no recuerda el nombre, le dijo que, en vez de doctor, debió hacerse político.
Una señora que presenció este episodio le recomendó que denunciara  al médico, pero ella no lo hizo porque confiesa que sintió temor de que hiciera algo contra su hija.
Otro hombre, que dijo que trabajaba en el Ministerio del Interior fue más tarde al hospital para decirle a Patricia que no se preocupara por nada, que en el Seguro le iban a atender de primera y que les darán todo lo que necesiten. “Yo le dije que no vendo la vida de mi hija, que muchas gracias y me fui. Desde que pasó eso ni siquiera han preguntado cómo está mi hija”.

EL DIAGNÓSTICO MANIPULADO Y LA DEMANDA NEGADA POR LA FISCALÍA
Los miembros del equipo de emergencias de la Cruz Roja que atendieron a DD. en cuanto ocurrió el incidente con el policía a caballo informaron a su madre que la pequeña  sufrió politraumatismos por un golpe a nivel de las costillas. Por ello recomendaron trasladarla de inmediato al hospital del IESS. No obstante, los médicos que la auscultaron en el Andrade Marín y le realizaron una serie de radiografías le dijeron que no es mayor cosa, que solo es un  golpecito. Para el dolor,  le recetaron un frasco de Paracetamol y pare de contar.
Patricia tiene una explicación para este cambio. “Como llegó todo el mundo a hablar con los médicos, dijeron después que no tiene nada, que es solo un golpecito o que se cayó, como ocurre con todos los niños”. Según Patricia, personas que se identificaron como agentes del Ministerio del Interior fueron a tratar el caso y, aunque le ofrecieron ayuda y aseguraron que DD recibiría la mejor atención, ella piensa que solo fueron a presionar para que el informe médico librara de responsabilidad a la Policía.
Imagen: Los padres de la niña agredida por la Policía montada fueron a la Unidad de Flagrancias de la Fiscalía para denunciar el hecho. Allí les dijeron que nadie puede demandar a la institución por sus actuaciones durante manifestaciones.
Ante ello, al día siguiente (4 de diciembre) Patricia y Juan Carlos deciden demandar a la Policía. Primero acudieron a la  Unidad de Flagrancias de la Fiscalía. De ahí les mandaron a una oficina ubicada en la avenida Amazonas. En el primer piso de esta dependencia ocurrió algo más insólito todavía. Una funcionaria les dijo que la demanda no es válida porque no hay muertos y porque la niña no está rota la cabeza, las piernas, ni nada.
Juan Carlos asegura que no quiere demandar a la Policía para sacar dinero sino para sentar un precedente y para que se haga justicia con su hija.” Yo sé que para esto hay que tener dinero e influencias. Yo creo que oyeron Policía y se asustaron, pero uno como padre, como ser humano queda indignado”.
Patricia recuerda que el día que fueron a poner la denuncia le llamó por teléfono una señora que dijo ser asesora del Ministro del Interior (José Serrano). “Dijo que nos pedía muchas disculpas por lo que le había pasado a la niña y que nos van a apoyar en cualquier cosa”.
Juan Carlos levanta la vozy acota: “Yo veo en las noticias que las esposas de los policías heridos en las marchas van a presentar una demanda internacional y pregunto: ¿a la gente que no estuvo en las manifestaciones y fue herida quién nos ve, quién nos respalda? ¿Mi hija qué tiene que ver contra el Gobierno?… y fue agredida. ¿Dónde está el Estado? ¡Solo nos tiene a nosotros! Si yo tuviera dinero demandaría a la Policía y seguiría hasta las últimas consecuencias!”.
A Patricia Almeida también le indigna que nadie se haya preocupado de la agresión a su hija y que las visitas y llamadas que ha recibido de funcionarios del Gobierno hayan sido solo para proteger al policía responsable del repudiable hecho. “ Ni hablan de nuestro caso, eso es lo que indigna, que sean tan inhumanos, que solo ellos valen, solo ellos han sido golpeados. Hay derechos de los niños, pero no los respetan”.
Patricia y Juan Carlos esperan que esta historia contada por MilHojas.is sirva para que algún organismo que se ocupa de la defensa de los Derechos Humanos pueda asesorarlos gratuitamente para hacer efectiva la demanda contra la Policía en las cortes nacionales o internacionales.


¿Mi hija qué tiene que ver contra el Gobierno?… y fue agredida. ¿Dónde está el Estado? ¡Solo nos tiene a nosotros!


Ambos tienen 50 años y son cabeza de una humilde familia que se sustenta con el trabajo de Juan Carlos, que es entrenador particular y empleado de la Asociación de Fútbol Nacional Amateur (AFNA). Patricia es ama de casa y se dedica a cuidar de sus tres hijos y dos nietos.
A Patricio se le hace un nudo en la garganta por la impotencia que siente. “Mi hogar es sencillo, no busco dinero sino que llamen la atención a los policías que no cumplen su deber y que les sancionen para que sienten un precedente y para que en las próximas  marchas no salgan a atacar a la gente. Esos valores inculco a mis hijos. La gente que actúa mal debe ser sancionada”.

LA SALUD FÍSICA Y PSICOLÓGICA DE DD EMPEORA
Luego de la agresión del 3D, por decisión de sus padres, DD no fue a la escuela hasta el jueves pasado. Aparentemente estaba evolucionando bien, aunque se quejaba de un dolor en el pecho. “Mi hija era muy activa y alegre, ahora pasa solo en la casa”.
Sus padres, preocupados por esta situación, decidieron llevarla ayer al Estadio Olímpico Atahualpa, donde trabaja Juan Carlos regando la cancha y conduciendo el carrito de asistencia médica deportiva de emergencia.
Lo hicieron con el propósito de ver la reacción de la pequeña DD al volver a mirar a los policías montados, que suelen vigilar por el orden durante los partidos.
Video: Los padres de la menor herida dan su testimnio el día de las manifestaciones, el 3 de diciembre de 2015.
El resultado fue alarmante. Vía telefónica, la tarde de ayer Patricia Almeida dijo a MilHojas.is que DD volvió a sangrar por la nariz con frecuencia y que el dolor de pecho es más fuerte.
“No puede ver a los caballos. Apenas se acercó comenzaron los gritos y los chillidos. Los señores de la Cruz Roja le calmaron y nos dijeron que la niña está traumada y nos recomendaron llevarla a un psicólogo”.
Juan Carlos Paredes advierte que no se quedarán cruzados de brazos. “Estando o no en las manifestaciones esto no debía ocurrir, todos somos iguales, los policías también tienen familia, tienen hijos, no se dan cuenta de lo que están haciendo.  Cada vez que me acuerdo me da más indignación. Veo a los policías y le digo ignorantes, locos, a mi hija casi le matan, qué hacen, qué les enseñan, ustedes también tienen familia. Espero que esto no le ocurra a nadie más”.
Patricia señala que jugar en El Ejido pasó de ser un sueño a una pesadilla.  “D., mi hija mayor me dice: ‘Mami, mami, ahí fue lo que nos pasó con los caballos, yo le decía a mi ñaña que respire, que no nos haga esto’. Mi nieto dice: ‘Así le botó el caballo a mi ñaña y no podía respirar’. Mi DD solo ve, ve, se le van las lágrimas y dice que tiene pena de los policías porque no saben lo que hacen y que seguramente a ellos también les pegan en la Policía”.

PUNTO DE VISTA
'ME CUESTA CREER QUE UN FISCAL NO HAYA RECIBIDO LA DENUNCIA'
Daniela Salazar, jurista y catedrática de la Universidad San Francisco de Quito
"De ser cierto todo lo que denuncia los padres de la niña, hay varias violaciones de los derechos humanos  en este caso, pero lo que más me llama la atención y resulta difícil de creer es el hecho de que no hayan recibido la denuncia en la Fiscalía. Es su obligación recibir denuncias y lo hacen todos los días contra la Policía. Distinto es que no siempre las investigan con la debida diligencia y la suficiente imparcialidad. Peor si denuncian que en el hospital se produjeron posibles alteraciones a la evidencia, a la historia clínica, más aún si se trata de un hospital público. Y deja mucho qué desear lo que se pueda lograr con la investigación.
Imagen: Daniela Salazar, abogada especializada en Derechos Humanos.
Realmente cuesta creer que un fiscal no reciba la denuncia, eso es muy extraño. El solo hecho de que la Policía saque sus caballos y los use como lo hizo, más allá de que la víctima sea una niña y de que haya estado o no en la manifestación, evidencia el uso desproporcionado de la fuerza tomando en cuenta la escasa participación de manifestantes. Yo estuve ese día en las marchas y hubo muy pocos manifestantes frente a la cantidad de policías y al tipo de armamento, que incluye a los caballos.
Hay suficientes evidencias en videos que muestran como persiguieron a la gente que se manifestaba y que no representaba ningún tipo de riesgo para la Policía porque la gente no salió armada. Cuando hay un uso desproporcionado y progresivo de la fuerza siempre hay violación de los derechos de personas inocentes, hayan o no participado en las manifestaciones.
De oficio, la primera entidad que debe investigar el caso es la Fiscalía, no tiene que esperar que se presente una acusación particular, porque en primera instancia, según establece la Constitución, el Estado es el principal y mayor responsable de la defensa de los derechos humanos. En el ámbito particular, podrían ayudar a los padres INRED, la CEDHU y, en determinados casos, el Consultorio Jurídico Gratuito de la USFQ, si es que está dentro de lo que permite y regula la Defensoría Pública".

MilHojas.is

huhuhuhu

anuario escolar (hemos borrado los otros rostros)
donde aparece Correa con Roggiero, de MCSquared, igual que aparece en este video, la idea sería ver si hacemos una nota con eso.
https://www.youtube.com/watch?v=FWAeRWfJAco

En el vídeo, Roggiero es a quien abraza el Innombrable.
 

hhhhh

1. Have you found a conection between these efforts of hacking with the ALBA countries (we mean the leftists governments of the region)?
Beyond what we have stated in the report itself, we are limited in how strongly we can "attribute" these attacks to a particular sponsor at this time
2. Have you found any conection between the software used by these hackers and the software provided by Hacking Team?
None.
3. Your report says that Ecuador is one of the most surveilled countries of the region, do you have cuantitative data that support that?
We say that Ecuador is where we found the most malware. (We did not say it is one of the most surveilled countries of the region.)  That may just be a factor of how we conducted our analysis, and the places we looked. It is possible that there are just as many malware attacks by this group elsewhere. We just did not see them.
And the last question:
4. Once a computer got infected is it possible to rehabilitate it, to repare it? Or it will never be safe to use again?

It requires significant expertise to remove malware from a computer.  For this particular malware, unless you have this expertise, it is probably a good idea to back up your data and start fresh with a newly formatted (or new!) hard drive.
 

La caída del capo del fútbol ecuatoriano

Imagen: El instante cuando Luis Chiriboga Acosta se entrega en la Fiscalía, en Quito, el pasado 4 de diciembre.
Agosto de 2006, Luis Chiriboga Acosta tenía ocho años en funciones como presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y sacó 80 mil dólares de las arcas de esa entidadpara indemnizar “por injurias calumniosas” a Galo Roggiero Rolando, su antecesor fallecido el 2013, quien desde 1998 lo había demandado, después de que lo criticara públicamente y señalara que en su administración hubo supuestos “malos manejos económicos”.
El trato amable que se había observado entre ambos dirigentes años atrás terminó con la llegada de Chiriboga al poder, en 1998, cuando ganó en su segundo intento. En 1994, no había podido vencer al propio Roggiero.
Desde su cargo, al que accedió tras superar con 29 de los 72 votos que suman clubes y asociaciones, el riobambeño inició una persecución contra el extinto dirigente que no solo llegó a los juzgados del país sino que incluyó un Congreso Extraordinario, exclusivamente convocado para declararlo “persona non grata” para el fútbol ecuatoriano.
Imagen: Rodrigo y Esteban Paz, dirigentes de Liga de Quito, quienes han criticado al máximo la gestión de Luis Chiriboga.
Ironías o no del destino, con el tiempo, Chiriboga, que en enero próximo cumpliría 18 años como presidente de la FEF, comenzó a ser criticado por personajes del fútbol ecuatoriano que antes habían aupado su candidatura. Hay quienes, incluso, lo han acusado de “malos manejos”. Principalmente, Rodrigo y Estaban Paz, padre e hijo, dirigentes de Liga de Quito; además, de Eduardo Granizo, directivo del Olmedo. Los tres han señalado el “abuso de poder” del directivo.  Ese, es uno de los delitos que también ahora le imputa la Fiscalía de los Estados Unidos, que lo ha involucrado en una red delictiva internacional conformada por quienes hasta hace pocos meses conformaban la élite de la dirigencia del fútbol mundial. Entre otros delitos, en el denominado FIFA Gate, se los acusa de asociación delictiva, fraude electrónico, lavado de dinero, delitos en los que todos han incurrido entre los años 2000 y 2015.
En el proceso, la fiscal Loretta Lynch ha indicado que en los últimos años Chiriboga era parte de una red, denominada el ‘grupo de los seis’, que con él a la cabeza exigían el pago de grandes cantidades, equivalentes a seis cifras, a cambio de respaldar la venta de los derechos de televisión de los eventos futbolísticos más importantes que organiza la Confederación Sudamericana de Fútbol. Lynch ha indicado que el esquema de corrupción de la dirigencia ha venido funcionando desde hace casi un cuarto de siglo y que antes la lideraban dirigentes de países más grandes, como Brasil y Argentina. “Con el objetivo de enriquecer personalmente a los dirigentes”, ha dicho; y aseguró: "Han participado dos generaciones de dirigentes".
Imagen: La fiscal de EE.UU., Loretta Lynch, quien hizo la acusación formal a Luis Chiriboga.
"A todos lo que piensan que pueden evadir la Justicia, sepan que no lo lograrán", afirmó la fiscal general de Estados Unidos, durante la conferencia de prensa ofrecida el pasado jueves, cuando refirió detalles de un nuevo capítulo del escándalo de la FIFA. La funcionaria confirmó que hay 16 nuevos acusados en el esquema que repartió más de 200 millones de dólares en negociados ilegales… Entre esos nombres apareció el de Luis Chiriboga Acosta.
Lynch, también advirtió a quienes -dijo- piensan que podrán “evadir” la Justicia de los Estados Unidos, y afirmó que no lo lograrán. Sin embargo, Chiriboga ha preferido ser juzgado en el país, donde, además la Constitución prohíbe extraditar a sus ciudadanos; y, desde el pasado sábado, permanece con arresto domiciliario en su apartamento del condominio Villa Regina, ubicado en el exclusivo sector del Quito Tennis, el cual, según fuentes extraoficiales, estaría valorado en más de 1’200.000 dólares. Nada comparado con la modesta vivienda que tenía en el sector de Las Casas, cuando llegó a la presidencia de la Federación, y que habría adquirido con un préstamo hipotecario obtenido a través del IESS. También han sido involucrados otros dos directivos del balompié nacional. Se trata de Francisco Acosta, su primo y secretario de la FEF, quien se encuentra con arresto domiciliario; en tanto, el Cap. (r) Vinicio Luna, coordinador de selecciones y, para muchos, la “mano derecha” del presidente, guarda prisión en la cárcel.
Imagen: Luis Chiriboga tuvo entre su gente de confianza al secretario de la FEF, Francisco Acosta (abajo, izquierda), quien también está viculado en la investigación que lleva a cabo la Fiscalía de EE.UU.
En Ecuador, Chiriboga, que se diera a conocer en el ámbito futbolístico como dirigente del Deportivo Quito a mediados de los años 70, siempre impuso su decisión desde la presidencia. Así fue como canceló los 80 mil dólares con dinero de la Ecuafútbol, pese a las críticas de un determinado sector de la dirigencia e incluso del demandante. No obstante, en ese momento dirigentes allegados lo excusaron sosteniendo que actuó como presidente de la Federación.
A nivel dirigencial, enfrentar a Roggiero fue como un“debut legal” para Chiriboga, quien en sus casi 18 años dirigiendo la FEF ha llevado una actividad marcada por procesos judiciales o disciplinarios contra los críticos de su gestión, que, principalmente, le han exigido informes económicos, como los gastos realizados durante el Mundial de Brasil 2014, detalles de las ”maletas viajeras (invitados, casi siempre dirigentes provinciales, a los que de esa forma, supuestamente, “tenía contentos” y así ‘aseguraba votos’)”; la adjudicación de los derechos televisivos del campeonato nacional y de eliminatorias.
Otros dos puntos críticos también fueron: 1. La permanencia y cercanía con las selecciones nacionales de uno de sus hijos (que cuando él llegó a la presidencia de la FEF era jugador juvenil que pasó, sin trascendencia alguna, por el Deportivo Quito) como empresario de futbolistas; 2. El retorno de Vinicio Luna a la coordinación de la selección de mayores, después de que fuera condenado por “tráfico de personas”, tras ser descubierto que en las delegaciones de la FEF que solicitaban visas para entrar a los Estados Unidos se incluía a personas ajenas a la entidad del balompié ecuatoriano.
Tras el enfrentamiento legal con Roggiero, fue el turno de Eduardo Granizo y de los Paz. Pero contrario a lo sucediera con el extinto directivo, quien fuera señalado por Chiriboga por “malos manejos” que nunca pudo demostrar, Granizo y los Paz, en cambio, han sido perseguidos por ser críticos de su administración. Con el primero perdió una demanda por calumnias en el 2011.
Una vez liberado de la acción legal, el directivo riobambeño inició un proceso contra Chiriboga solicitando una indemnización económica por el daño causado, no solo en el aspecto moral, sino por la afectación a su salud y su familia; que, asegura Granizo, sufriera desde que fuera suspendido por la FEF, en el 2009.
Imagen: Otro hombre fuerte de la gestión de Chiriboga ha sido Vinicio Luna, quien ya pagó una condena en la cárcel por un caso de gestión ilegal de visas en los viajes de la Selección.
Una de las frases que entonces el riobambeño expresara, fue: “El Presidente de la Ecuafútbol actúa con prepotencia para cumplir con sus intereses y compromisos en el fútbol nacional”. Al momento, aunque sigue aportando a las arcas del Olmedo, el expresidente del club chimboracense ha dicho que volvería a la dirigencia el día que el ahora detenido por el escándalo internacional de corrupción deje la Federación.  
Rodrigo y Esteban, en cambio, han enfrentado procesos judiciales y de sanciones disciplinarias en el ente rector del fútbol ecuatoriano, en el que Chiriboga se ha apoyado en vista de que en la justicia ordinaria, no obtuvo respuestas positivas a sus intereses. En octubre del 2014, Esteban, por ejemplo, fue suspendido un año, después de haber expresado, durante una entrevista, que: “La Federación Ecuatoriana de Fútbol usurpó los derechos de televisión de los clubes…”. Se refería al hecho de que primero (tras aprobación en el Congreso Ordinario del 2012) la FEF se apropiara de los derechos de televisión de todos los clubes que intervienen en el campeonato nacional; y luego los negociara con los canalesTCMiCanal y GamaTV, ambos incautados y administrados por el Estado. No obstante en noviembre pasado, varios clubes, sobre todo los que enfrentan crisis económicas internas, expusieron su inconformidad por el incumplimiento en los pagos. Tras esas críticas, se conoció que las televisoras tendrían al menos 2’500.000 de dólares pendientes de cancelarles, de los 18’301.500 de dólares que deben pagar en la temporada, según el presupuesto presentado por la FEF en enero.
Imagen: Luis Chiriboga ha estado al frente de la FEF desde 1998 gracias al apoyo de las asociaciones provinciales en su mayoría.
En su defensa, antes de ser sancionado, Estaban Paz, dijo: “Mis declaraciones en ningún momento han sido para ofender, sino para dar una opinión crítica. No estoy de acuerdo de cómo se están manejando las cosas aquí en la Federación, pero no puedo quedarme callado”. No obstante, esas expresiones fueron calificadas como “una campaña mediática para ilegitimar la labor de Luis Chiriboga”, según el síndico Guillermo Saltos Guale. Fue él, hasta hace unos años dirigentes de Barcelona, quien pidió sanción para Paz, aplicando los artículos: Art. 140: Los dirigentes por todo acto que menoscabare el espíritu deportivo, el espectáculo, la integridad física y moral de las personas y el respeto de quienes participen en una competencia o partido, serán juzgados y sancionados por la Comisión Disciplinaria conforme determina este reglamento.
Imagen: Luis Chrirboga, Rafael Correa y Joseph Blatter (expresidente de la FIFA).
Art. 141: Las faltas cometidas por los dirigentes, según la gravedad de las mismas o la reincidencia, serán sancionadas con amonestación o multa de hasta mil UDM, o suspensión de hasta cinco años calendario. Los dirigentes que estando sancionados continuaren cometiendo infracciones previstas en el Estatuto y Reglamentos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y/o sus organismos, serán suspendidos cinco años y no podrán formar parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol ni de sus afiliados, aún después de cumplida la sanción. Una vez descubierto el FIFAGate, que comenzó a hacerse público en mayo pasado, Esteban Paz fue uno de los primeros dirigentes en aplaudir la labor de la Fiscalía delos Estados Unidos y, en su cuenta de Twitter, escribió: “Por fin que se limpie tanta basura”. En días pasados, a raíz de que se conociera la segunda lista de dirigentes involucrados en el FIFAGate, y en la que apareció el nombre de Luis Chiriboga, su padre, Rodrigo Paz, en cambio, expresó: “Esto  no es corrupción, esto es una mafia de ladrones disfrazados de dirigentes”. Además, ha indicado: “Tengo una sensación de pesar por el ser humano, es la historia de cuando uno está muy arriba y no se da cuenta de las cosas, de repente se resbala, y cae; y la caída es muy dura…”.
Imagen: Luis Chiriboga saliendo de la Casa de la Selección.
Detalles de las investigaciones judiciales del denominado FIFAGate se comenzaron a conocer desde el 27 de mayo pasado. Tras el primer informe, que consta de 161 páginas,se procedió con la detención de siete dirigentes de distintos países, en Suiza; otros se entregaron voluntariamente a la justicia de los Estados Unidos. Ahora, el pasado jueves, se conoció el contenido del segundo informe de los investigadores, que tiene 267 páginas. Cuando hizo pública la información, durante una rueda de prensa, la fiscal Lynch, fue crítica de las acciones de corrupción. Después tuiteó en su cuenta: "Nos comprometimos a terminar la corrupción rampante que describimos en la administración de la conducción del fútbol", y responsabilizó a otros 16 dirigentes a los que acusó de “abuso continuo para su enriquecimiento ilícito”, entre ellos estaba el nombre de Luis Chiriboga, contra quien en ese instante la Fiscalía del Ecuador abrió una indagación previa, que incluyó el bloqueo de sus cuentas, el allanamiento de las dependencias de la Federación de Fútbol; y de su departamento en Quito.
En tanto, y pese al pedido de ciertos directivos, exdirigentes y aficionados al fútbol, él no ha renunciado a la presidencia; sin embargo, el pasado viernes, en cuanto fue apresado en Quito, el directorio (al cual también se le pide renunciar) procedió a suspenderlo por 90 días.

PD: LINKS RELACIONADOS
El capitán Luna volvió a ser el hombre fuerte de la Ecuatoriana de Fútbol . Esta crónica, elaborada el 2010, deja ver claramente que Luna es el lavador de dinero con Moon Tour, su agencia de viajes; y, además, es el organizador de los conciertos de famosos de Chiriboga.
Un socio de Chiriboga obtuvo una visa gestionada por la FEF. Esta  crónica, elaborada en el 2010, narra cómo Luis  Chiriboga se involucra con Carlos Correa, empresario al que lo ayuda a financiar la venida de Marc Antony.
Luis Chiriboga hizo del fútbol un imperio 
Luis Chiriboga implicado en una trama de corrupción

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Protesta por las enmiendas: los nombres detrás de la represión

Dijo el escritor Juan Carlos Onetti que la forma mas repugnante de mentir es decir la verdad, aquella que logra ocul­tar el alma de los hechos, porque estos son siempre vacíos, como recipientes que toman la forma del sentimiento que los llena.
Alianza PAIS lo entiende a la perfección y lo cumplió este 3 de diciembre: mientras en las calles que rodean la Asamblea Nacional, centenas de policías armados, cubiertos con trajes balísticos con capacidad de absorber golpes, apoyados por la caballería, con armaduras de polímeros de alta resistencia, el ministro del Interior José Serrano, como voz oficial del Estado, denunciaba la agresión a los uniformados.
Documento: Síntesis de reunión en  la que se evaluaba cómo se accionaría la represión ante las protestas por las enmiendas.
“Mientras la Democracia triunfa en la asamblea, agredían a los policías que evitaban confrontaciones” escribió José Serrano. Es el Estado como víctima de los ciudadanos.
Fueron bombazos y toletazos de alta eficiencia ya que los policías lograron identificar a los líderes opositores y golpearlos con fuerza.
El control de las manifestaciones se concretó el 30 de noviembre en una reunión del llamado Comité Estratégico conformado por Pedro Solines, secretario de la administración; Vinicio Alvarado, ministro coordinador de la producción; Patricio Barriga, secretario de Comunicación, Paola Pabón, secretaria nacional de acción política; Carlos Baca Mancheno, asesor del presidente de la República; Omar Simon, secretario general de la presidencia; María Augusta Enríquez, asesora de Vinicio Alvarado; y Ricardo Patiño, Canciller de la República.
En esa reunión se analizó el informe de inteligencia, sesión del pleno, movilización social, comunicación y operativo de seguridad. En la planilla de reunión se especifica que ese proceso estuvo a cargo de la Secretaría Nacional de Inteligencia, la Asamblea Nacional, la Secretaria de Gestión Política y el movimiento PAIS.
Participaron además otras autoridades como José Serrano, ministro del Interior; Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional; aparece el nombre del asambleísta de PAIS, Juan Carlos Cassinelli; Gustavo Baroja, prefecto de Pichincha; y Eduardo Paredes, como asesor del canciller Ricardo Patiño.
Imagen: Los cientos de policías estaban realmente preparados para la represión.
Como miembros de soporte al comité estratégico consta Roberto Wohlgemuth, subsecretario nacional intergubernamental; Fausto Jarrín, subsecretario de coordinación interinstitucional; Andrés Granada, subsecretario de Pueblos  y Jacobo García por PAIS.
Guillaume Long consta en la lista de convocados pero su presencia fue para exponer su plan cultural para fiestas de Quito.
En esa reunión se analizó el informe de inteligencia, sesión del pleno, movilización social, comunicación y operativo de seguridad. En la planilla de reunión se especifica que ese proceso estaría a cargo de la Senain, la Asamblea Nacional, la Secretaria de Gestión Política y el movimiento PAIS.
El resultado de este operativo de seguridad fue 21 personas detenidas y decenas de heridos, entre ellos el presidente de la Ecuarunari, Carlos Pérez Guartambel, y un reportero gráfico de diario El Comercio. Esto, mientras en otros sectores de la ciudad se desarrollaba una veintena de actos para “celebrar” las fiestas de Quito.
Los detenidos fueron sentenciados a 15 días de cárcel y al pago de $200 a cuatro policías. 
El cargo por el que se les imputó: proferir expresiones en descrédito o deshonra en contra de otras personas. El juez Rafael Pérez hizo el dictamen amparado en el artículo 396, numeral 1, del Código Orgánico Integral Penal.
Por otra parte, una mujer denunció que su hija fue agredida por la policía a caballo. La niña, de 9 años, fue a parar al hospital Eugenio Espejo. Cuando la mujer denunció el hecho, la Fiscalía le explicó que en estos casos la Policía no puede ser acusada.

MilHojas.is

Consulta 2011: cómo tapar el fraude con un escándalo cualquiera

Un hecho de suerte sepultó el peor escándalo electoral de la vida democrática del Ecuador. Para ser exactos fue un escándalo encubierto por otro.
Sucedió el 7 de mayo de 2011, cuando se realizó el referéndum y la consulta popular que impulsó y ganó el gobierno de Rafael Correa con el objeto de reformar la Constitución y meterle la mano en la justicia.
También logró la licencia ciudadana para crear un sistema para amordazar a la prensa y restringir la libertad de expresión. 
Imagen: La consulta popular del Ejecutivo se realizó el domingo 11 de mayo de 2011 y contó con un aparataje previo de propaganda costeado por el Estado.
Desde ese día, todas las organizaciones que se registraron como sujetos políticos para participar como actores en la consulta, denunciaron a gritos que sucedieron cosas por demás irregulares. Esa denuncia se convirtió en certeza el 12 agosto de 2012 (un año después), cuando el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), emitió el informe final sobre los comicios de mayo de 2011.
El informe de la OEA señaló que el 63,61% de las actas de escrutinio de esa elección, a nivel nacional, tenía inconsistencias numéricas. Se considera inconsistencia cuando el total de votos no es igual al total de sufragantes. Con ello se reconoció que se contabilizaron mal los votos  de 17 703 actas. Es decir, en términos concretos, hubo errores al contabilizar los sufragios de más de 7 millones de ecuatorianos.
Esa fue la razón por qué ningún ecuatoriano pudo determinar, en el momento, cómo quedaron los resultados de las mesas en que votaron y mucho menos contar con un mapa inmediato de resultados. De hecho la oficialización de estos duró dos meses.
¿A eso no se le llama fraude?
Sí. Pero en agosto de 2012, cuando se publicó el informe de la OEA, el Consejo Nacional Electoral ya había armado un nuevo escándalo que dejó en el olvido la consulta popular de mayo de 2011.
Dos semanas antes de que emita el informe definitivo, estalló el escándalo de las firmas falsas. Todas las organizaciones políticas en proceso de reinscripción fueron acusadas de presentar firmas falsas de sus afiliados o adherentes. El caso tenía dimensiones épicas, los noticiarios mostraban imágenes de grandes canchones, con centenares de computadores, en los que técnicos analizaban, escogían y aprobaban millones de firmas desde sus pantallas.
El caso tomó fuerza porque miles de ecuatorianos constataron que sus nombres fueron registrados en el sistema informático del CNE como afiliados o adherentes a organizaciones políticas de los que no eran parte.
Hubo detenidos, se habló de tráfico de bases de datos, se inculpó a las organizaciones políticas de actuar fuera de la ética al apoderarse de los nombre de los ecuatorianos, para registrarlos en sus partidos o movimientos.
Imagen: Afiche oficial de la consulta del Gobierno.
Entonces todos entraron en la lógica del CNE y en vez de exigir un control exhaustivo al sistema informático del ente electoral, se pusieron a recolectar, nuevamente, firmas para impedir que sus partidos salgan del juego electoral. En ese camino todos los organismos políticos que un año atrás protestaron por las irregularidades cometidas en la consulta, no se enteraron del informe final de la OEA.
Llamó la atención que nadie de los partidos políticos nacionales fue enjuiciado por el caso firmas falsas, incluso  hubo un movimiento que evidenció la falsedad de esos hechos cuando le probó al CNE que no presentó una sola firma para el proceso de reinscripción.
Cuestionado por la opinión pública, Domingo Paredes, recién asumido presidente del CNE, enfiló contra Omar Simon a quien criticó por haber adquirido un sistema barato.
Si el software usado en 2012 para calificar a los partidos no era el adecuado, ¿qué sucedió con sistema informático usado en elecciones pasadas?
Simon estuvo frente de los comicios presidenciales de abril de 2009, sobre estos la OEA emitió un informe poco favorable sobre la calidad del sistema informático. Pero en vez de mejorarlo, los ecuatorianos llegamos a la consulta popular del 2011 con un sistema que fue un verdadero misterio para los ciudadanos y todas las organizaciones políticas.

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