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Autor: mh

EL EGONOMISTA: CORREA Y EL SOCIALISMO DE LOS RICOS

Escrito por mh en . Publicado en Otras Miradas.


Foto: el economista Eduardo Valencia Vásquez.
Las dictaduras no producen. Consumen, gastan, dispendian… aparecen en épocas de bonanza económica, hasta que la plata se acaba, y entonces empiezan a endeudarse y se van. Luego pasan la factura a la sociedad, a las frágiles democracias que heredan las crisis. Esta historia ya vivió Ecuador en la década de los setenta con la dictadura petrolera.
Estas son algunas de las palabras, conceptos, sentencias y alertas, de Eduardo Valencia Vázquez, un auténtico médico de la economía, armado de bisturí y de un rosario de cuadros con cifras dolorosas, confirmando con la voz de la academia, lo que la gente de a pie siente en las esquinas: hay crisis. Y duele. No es cualquier dolor superable con aspirinas o paños de agua tibia. Es una enfermedad estructural.
Dirigentes sociales y de izquierda, entre ellos asambleístas, acudieron a un conversatorio con Eduardo Valencia, a fines de mayo, que se desarrolló en una de las sedes de las organizaciones sociales de Quito.
Foto: Rafael Correa, en los inicios de su primera campaña en el 2006.
De entrada, Valencia anuncia que les va a hablar con la verdad, que ya no se puede seguir callando y para ello evoca a Miguel de Unamuno: “hay veces que callar es una forma de mentir“. Cuenta algunas facetas y su pequeña o gran culpa, de haber sido él quien invitó a un desconocido Rafael Correa al Foro Ecuador Alternativo -allá cuando se calentaban los “forajidos“- y, de haberlo “presentado a la sociedad“, con la imagen de un académico y político, vinculado a los movimientos sociales, al pensamiento progresista.
SE FUE LLEVANDO LA CAMIONETA
¿Nos utilizó? se preguntan, se miran entre ellos y en sus ojos está la respuesta. “Al comienzo de su revolución, Correa se sostuvo en ustedes, en los indígenas, en los trabajadores, pero en el camino les bajó de la camioneta y ahora se fue llevando la camioneta“, comenta Valencia con una sonrisa cauta. La broma atraviesa el local de este a oeste, nadie se queda sin reír pero en seguida vuelven a los cuadros que disipa toda gracia.
A la mayoría de dirigentes sociales les queda claro que Rafael Correa se encontró con el poder. Hábilmente supo manejar a los actores y el tono de los discursos, en el momento preciso.
Marcela Aguiñaga, Galo Chiriboga y Rafael CorreaFoto: Marcela Aguiñaga, Galo Chiriboga y Rafael Correa
El propio Correa reconoce que fue una decisión tomada por el presidente Alfredo Palacio lo que cambió su vida, al nombrarlo ministro de Finanzas en 2005. En medio del fragor forajido, Correa apalancó su discurso en la oposición al tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos y se sumó al pedido de caducidad de la compañía Occidental.
Desde el 2007, una vez en el poder, Correa se ha opuesto a todo proceso de caducidad y acabó suscribiendo un acuerdo comercial con Europa, muy similar al cuestionado TLC.
“CUANDO UN GOBIERNO ES MILLONARIO HASTA PARECE HONRADO”
Han sido casi ocho años de bendiciones. A lo largo de este período, el régimen tomó el control  de cinco grandes fuentes de ingresos:
a) los ingresos del petróleo con precios superiores a los $100 por barril; b) consumió los ahorros de dos décadas acumulados en los fondos de estabilización: FEIREP, FAC, FEISEH CEREP; c) los recursos del endeudamiento público del orden de $ 15 mil millones en ocho años; d) consumió por anticipado recursos de 10 años provenientes de las preventas de petróleo a China; y, e) utilizó los fondos de liquidez del BIESS, fondos previsionales privados (FCME) y la reserva monetaria internacional; ahora están en riesgo los fondos de liquidez de la banca privada en el BCE.
El gobierno, cual prioste de bautizo empezó a hacer capillos y a cosechar adicciones militantes. Con razón se dice: “cuando un gobierno es millonario hasta parece honrado“. Según Eduardo Valencia, hasta el 2006 el petróleo había contribuido con $ 82 mil millones, y en estos últimos años prácticamente se ha triplicado esa cifra -con todos los ingresos recibidos- hecha la comparación con los cuarenta años previos desde que empezó la explotación de petróleo (Entrevista Radio Platinum).
Es claro que el petróleo fue un factor fundamental y ayudó a mantener la balanza de pagos; si no hubiera sido por el petróleo, la balanza comercial global habría sido negativa todo el tiempo. El crudo contribuyó con 8 o 9 mil millones de dólares, lo cual permitió compensar la caída de U$ 10 mil millones de la balanza comercial no petrolera. Sin embargo, el déficit de la balanza comercial global es de aproximadamente U$ 1 mil millones, destaca Valencia.

Imagen. La producción en las últimas dos décadas, sobre todo en los últimos ocho años (2007 – 2015), en relación con el PIB, cae como en una resbaladera.
Eduardo Valencia sostiene: la producción agrícola decrece del 22% al 9%; la industrial baja del 23% al 12%, la petrolera de igual forma, recién se equipara en 2013 con la del 2005 y 2006; el único sector de crecimiento, relativo, en estos años es el de la construcción, por toda la obra pública en especial por la reconstrucción vial. Y sobre las “lindas carreteras“ se gasta otra broma: “carreteras del primer mundo con precios de otro mundo“.
Las  cifras expuestas por Valencia se basan en información oficial y en cuadros muy similares a los del gobierno, solo que él los lee con ojos críticos: estamos viviendo un momento parecido al que Ecuador enfrentó con Jamil Mahuad (1999), previo al feriado bancario, asegura. Las líneas de los cuadros no dejan dudas, en ellos se evidencia una balanza comercial deficitaria, un endeudamiento incontrolado, importaciones descomunales, pérdida de capacidad adquisitiva, un desempleo y subempleo que parten a la sociedad en dos, subsidios gangrenando la economía y la pobreza que grita en las esquinas. Son los colores del cuadro de la crisis.
RECUERDOS DEL SALVATAJE BANCARIO
Y quien más que él para saber de las causas y efectos del feriado de 1999, si fue quien presidió la Comisión que investigó el año 2007, por encargo de Rafael Correa, el salvataje bancario. Este es el tema que sin duda le sirvió de espejo para conocer en su verdadera dimensión el rostro del gobierno de su amigo, motivo suficiente para su temprana salida de la Revolución Ciudadana.
Imagen: El informe fue publicado por primera vez en 2014, en el libro “Los secretos del feriado”, cuyos autores son Fernando Villavicencio y Cléver Jiménez.
En mayo de 2007, Valencia entregó oficialmente a Rafael Correa y a las instituciones de control del Estado, el informe del “salvataje bancario“, con miles de fojas que fueron guardadas por esta Revolución no bajo siete, sino bajo catorce llaves.
En el ardiente estudio consta la la cifra de U$ 1178 millones que la Corporación Financiera Nacional (CFN) licuó de la banca quebrada a cambio de papeles sin valor, CDRs (Certificados de Depósitos Reprogramados); y, un hecho adicional, sin duda el más cuestionable, familiarmente espinoso, la presencia de Pedro Delgado Campaña, primo en segundo grado del Presidente, como uno de los responsables de la elaboración del decreto ejecutivo, con el que se perpetró uno de los mayores perjuicios al país. Hasta hoy, ocho años después, Rafael Correa, no se ha pronunciado al respecto, menos aún la justicia.
CorreaDelgado copyBIPOLARIDAD DE CORREA: SOCIALISTA Y NEOLIBERAL
Foto: Correa y su primo, Pedro Delgado, en el palacio de Carondelet.
Valencia explica como médico los dolores de la economía: la sociedad funciona como el cuerpo humano y el gobernante es el médico. Los subsidios, la apertura indiscriminada a las importaciones, el endeudamiento y el dispendio, son una grave enfermedad que tumbaron el viejo modelo heredado de la larga noche neoliberal, perfeccionado por Correa. No hay ningún nuevo modelo de desarrollo fundado por el correísmo, reitera.
Aunque el Presidente jure y rejure que es socialista, Valencia no le cree: “en mi opinión Correa tiene una actitud política bipolar, ha hecho creer al país que vivimos un socialismo del siglo 21, y por otro lado aplica medidas neoliberales, confirmando de esta forma que nunca salimos de la restauración conservadora“, observa.
Y expone una cruda verdad: los subsidios son como un virus letal que va afectando al cuerpo en la medida en que se expande y queda sin control. Este asunto es el más complejo, sensible y delicado de explicar al sector social en un país, en el cual la sola idea de eliminar los subsidios, ha tumbado tres gobiernos.
Correa departe amenamente con el banquero Guillermo LassoFoto: Correa departe amenamente con el banquero Guillermo Lasso.
Este economista lo hace y precisa que hay subsidios que pueden funcionar como una aspirina, necesarios en la coyuntura (subsidios directos a la producción), pero si se convierten en política de Estado, infectan el cuerpo y acaban con el paciente. “Este gobierno dejó que el virus del subsidio se riegue y se haga gangrena, al punto de amputar una pierna, para salvar al paciente. Las devaluaciones son iguales a la amputación de una pierna y en un sistema dolarizado, las salvaguardias cumplen el mismo papel de una devaluación”.
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Como se aprecia en el cuadro, durante un período similar de seis años (2000 – 2006) gobiernos de Gustavo Noboa, Lucio Gutiérrez y Alfredo Palacio, y (2007 – 2013) gobierno de Rafael Correa, el monto de los subsidios a los combustibles se cuadruplicó, de U$ 4541 millones en el primer período, subió a U$ 17 084 millones en 6 años de revolución ciudadana.
DEUDA PÚBLICA, SUBSIDIOS Y CLIENTELISMO
En el cuadro se proyectan cifras alarmantes: $ 35 mil millones gastados en subsidios, una cifra similar a la deuda pública acumulada, que asciende a U$ 35 mil millones, sin considerar la “deuda oculta“ de corto plazo que no se registra en las cuentas fiscales.
Luego de la caída de Mahuad, el año 2000, los subsidios eran de U$ 537 millones y en la actualidad, año 2014, representaron alrededor $5500 millones.
Al final de la ecuación, el enorme gasto financiado con deuda se convierte en un doble costo social. Aunque parezca mentira, un socialista alimentó un virus engendrado por el Banco Mundial (BM), allá en la época neoliberal, donde la actual ministra de la Producción, Nathalie Cely, era también una mimada de Jamil Mahuad.
Nathalie Cely, ex funcioanaria de Jamil Mahuad, actual colaboradora de Correa Imagen: Nathalie Cely, ex funcioanaria de Jamil Mahuad, actual colaboradora de Correa.
Cuando Valencia menciona el nombre de Nathalie Cely, lo hace para referirse al Bono de la pobreza (Desarrollo Humano), inaugurado en el derrocado régimen de Mahuad.
Cuando nació el virus era pequeño, delgado, apenas de 15 dólares, pero la revolución ciudadana lo alimentó y engordó a 50 dólares.
Hoy ese virus ha contagiado a más de 1 millón 800 mil empobrecidos, convirtiéndose en el caldo de cultivo del populismo, del voto clientelar, una marca en la papeleta electoral, una metástasis en la economía. Ese subsidio, justificable en una coyuntura de crisis, es apenas una lágrima en el océano de las cargas estatales.
Mientras el subsidio a los pobres cae por gotero, a las clases más acomodadas les llega en ríos: el 87% del subsidio total nacional va dirigido a los ricos, eso se confirma en los datos. Por ejemplo, el volumen de incremento de las importaciones de combustibles deja alarmados: el subsidio a los derivados de petróleo se disparó al año 2014 a la suma de U$ 3907 millones de dólares, en especial del diesel que en los últimos años se infló sin otra justificación que no sea el contrabando y en beneficio de ciertos sectores de la industria. Informes oficiales consultados por Focus dan cuenta de un 11% de fuga del combustible (diesel) en alta mar http://www.scribd.com/doc/47475904/MCPEC-Subsidios-Energeticos-Ecuador-2010#scribd. El subsidio al diesel durante el año 2014 alcanzó la cantidad de $ 1985 millones de dólares. La fórmula del perjuicio es atrevida: el Estado importa el diesel a precio internacional, una vez ingresado al Ecuador y registrado a precio nacional (subsidiado), grupos delincuenciales lo revenden en el extranjero a precio de mercado.
DEUDA INMORAL, DEUDA OCULTA, VIVA LA DEUDA!
Al cerrar el siglo pasado, durante la peor crisis (1999-2000) la deuda pública era de  19 mil millones de dólares y se mantuvo así hasta el 2008, cuando se renegoció una parte. Actualmente, solo la deuda pública externa es de 19 mil millones de dólares, mientras la deuda pública interna asciende a 16 mil millones de dólares dando un total de 35 mil millones de dólares de deuda acumulada. Esta cifra incluye las líneas de crédito con China garantizadas con petróleo, aunque como se ya se mencionó no incluye rubros de la denominada “deuda oculta“. Estos datos ponen a Rafael Correa como el campeón del endeudamiento, contradiciendo sus postulados originales (deuda inmoral) y las tesis de la izquierda, opuestas al endeudamiento externo. (Informe Auditoría de la Deuda) http://www.auditoriadeuda.org.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=55
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El gobierno debió recurrir al endeudamiento, entre otras razones, por la elevada carga de los subsidios y por el excesivo gasto, explica Valencia Vázquez. En medio de una espiral interminable, el subsidio se fue convirtiendo en deuda y, al final, quien acaba pagando esa factura es el mismo pueblo. La fórmula es dolorosa: los países que aplican subsidios son países pobres, el país con más subsidios a la gasolina es Venezuela, donde se inauguró el socialismo del siglo 21, con Hugo Chávez. Pero después de década y media, explica Valencia, “en Venezuela no se aplicó ningún socialismo, sino el mismo modelo perverso de apertura a las importaciones. Este país vive del 95% del petróleo el cual va directo a las importaciones.
SOCIALISMO DE LOS RICOS (OXÍMORON)
"Nicolás Maduro es un inepto": Heinz Dieterich, el padre del Socialismo del Siglo XXI 
Gráfico: Entre los años 2007 y 2012, los principales grupos económicos del país, recibieron ingresos netos por U$ 162,3 millones, pero apenas pagaron impuestos de U$ 3 millones.
Las cifras del Banco Central del Ecuador (BCE), del Servicio de Rentas Internas (SRI) y del INEC, explicadas y ubicadas en el sitio exacto, dejan a todos los presentes en el conversatorio estupefactos.
Falta pantalla para marcar el enriquecimiento de los grupos económicos de siempre que vienen desde la larga noche neoliberal, algunos premiados por la revolución: ElJuri, Hidalgo & Hidalgo, Pronaca, las transnacionales móviles y petroleras; de los banqueros ni se diga, para ellos no ha habido período de más alta bonanza en la historia, como los ocho años de Rafael Correa.Rafael Correa junto al empresario Juan Eljuri en una de las visitas a Corea del Sur
Foto: Rafael Correa junto al empresario Juan Eljuri en una de las visitas a Corea del Sur
Claro que, en el ascenso y reacomodo de los viejos grupos, también algunos nuevos lograron acuñar su nombre en el registro de las billeteras millonarias. Mientras el 52% de la población está desempleada y subempleada, y el dólar ha sido desvalorizado en un 200%, en un singular acto de magia, los ingresos de las más grandes empresas privadas del Ecuador, tocaron el cielo cantando odas al Che Guevara.
LA BANCA, LA GRAN PRIVILEGIADA DEL CORREÍSMO
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Gráfico: el sector bancario en el correato.
Mientras el año 2003, gobierno de Lucio Gutiérrez, los bancos obtuvieron una ganancia neta de U$ 92 millones, en el gobierno del presidente Correa, crítico de los banqueros  -quien incluso ganó una demanda personal de U$ 600 000, al más grande banco del país (Pichincha)- el sector bancario alcanzó el pico de utilidades el año 2011, con U$ 395 millones. Solo entre los años 2007 y 2013 la ganancia neta de los bancos fue de U$ 1974 millones, una cifra sin precedentes en la historia.
Así las cosas, los altos ingresos y la solidez de la banca, parece responder a los márgenes de rentabilidad garantizados por el propio gobierno. Lo propio ocurre con los ingresos de las compañías telefónicas y petroleras extranjeras que han crecido ostensiblemente, mientras los usuarios pagan tarifas altas, y a los trabajadores de esos sectores se les redujo las utilidades del 15 al 3%.
GRUPO ELJURI, ULTRA BONANZA SOBRE RUEDAS
Las calles de nuestras ciudades infestadas de vehículos y los centros comerciales llenos de consumidores, dan la impresión de una economía boyante, pero esa imagen es falsa. “El país debe saber que un desbordado consumismo pone en riesgo a cualquier moneda, al sucre o al dólar”, comenta el invitado. Además, un gobierno que se dice socialista permitió que una sola familia (Eljuri) concentre la importación del 85% de las marcas de automóviles.

“Un gobierno que se dice socialista permitió que una sola familia (Eljuri) concentre la importación del 85% de las marcas de automóviles. En apenas cuatro años el grupo Eljuri registró un ingreso bruto de U$ 8583 millones de dólares”.

En apenas cuatro años, 2008 y 2012, el grupo Eljuri registró un ingreso bruto de U$ 8583 millones de dólares. En conclusión: con el socialismo correísta, los ricos se hicieron más ricos, en medio de una la ley antimonopolios que aún luce virginal.
De la información se advierte que las grandes marcas nacionales están en proceso de transnacionalización, como ejemplo: diario El Comercio fue vendido a un grupo extranjero, Produbanco al banco Proamérica, y otras grandes firmas están en camino de pasar a manos extranjeras. Esta realidad contradice el discurso de soberanía y nacionalismo acuñado por el régimen.
ACUERDO CON NEOLIBERALES PARA SOSTENER LA DOLARIZACIÓN
“Mi pregunta es: ¿la dolarización ha ayudado a arreglar los problemas estructurales? con dólar o sin dólar una economía mal manejada siempre entrará en crisis”.Foto: “Mi pregunta es: ¿la dolarización ha ayudado a arreglar los problemas estructurales? Con dólar o sin dólar una economía mal manejada siempre entrará en crisis”.
Desde que fue “presentado a la sociedad“, Rafael Correa fue uno de los impulsores de la salida de la dolarización. Él sabía que la única forma de salir ordenadamente de la dolarización, era creando un fondo de reserva, más ahora, se ha confesado enemigo del ahorro.
Aunque se impulsen medidas de ajuste para sostener el sistema monetario vigente, “aunque Correa no decrete con su firma la salida de la dolarización, la crisis generada por el viejo modelo asumido por Correa, nos está sacando a la fuerza de la dolarización“, advierte Valencia, quien insiste en su análisis: las monedas no crean producción. “Mi pregunta es: ¿la dolarización ha ayudado a arreglar los problemas estructurales? con dólar o sin dólar una economía mal manejada siempre entrará en crisis”.
Una política de ahorro, no solo es válida con moneda ajena, es la base de la economía; como ejemplo, destaca la situación de Noruega, un país con el más alto rubro de ahorro, donde el 95% de los ingresos petroleros van directo al Fondo Soberano de Inversión (FSI).
Noruega no tiene 1 dólar de deuda y ostenta la reserva per cápita más grande del mundo. Obviamente, asegura, los noruegos hicieron lo correcto, no dilapidaron su principal recurso natural, el petróleo. Un buen economista, sabe que el dinero proveniente de la explotación de recursos naturales, es una dádiva de la naturaleza, no es producción real, porque el petróleo no se produce. http://megaricos.com/2014/01/10/el-fondo-soberano-de-inversion-de-noruega-convierte-en-millonarios-en-teoria-a-todos-sus-ciudadanos/
SUBIÓ EL COSTO DE LA PRODUCCIÓN, MAS NO LA PRODUCCIÓN
Ha aumentado el valor de la producción a lo largo de los diferentes gobiernos, pero no ha aumentado la producción, son dos cosas distintas. Como efecto del ingreso de China y la India al mercado mundial, a partir del año 2000 empezaron a subir los precios de los bienes y servicios; no es que producimos más sino que subieron los precios y esos precios lo determina el mercado, no el gobierno. Fue América Latina la que más se benefició de los altos precios de los comodities, en esa dirección el gobierno de Ecuador acabó ensamblando la economía al dragón asiático y a los BRICS.
BRICS
Foto: los mandatarios de los países miembros del grupo BRICS.
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Gráfico: caída del la industria y el sector agrícola.
En el cuadro de las cifras, el dragón asiático acabó devorando al jaguar ecuatoriano: mientras el 2014 Ecuador exportó a China U$ 500 millones, las importaciones fueron de U$ 3300 millones, generando un déficit en la balanza comercial de $ -2800 millones. Más de 70 empresas chinas operan en el país, 7 de 8 proyectos hidroeléctricos se construyen con empresas de ese país (U$ 3659 millones), en el proyecto minero Mirador se estima una inversión de U$ 1700 millones, también están en marcha 3 proyectos hídricos por una cifra superior a U$ 400 millones. Sin dejar de mencionar las líneas de crédito por U$ 5000 millones y las preventas petroleras.

Entre 1993 y 2014 se registra una tendencia decreciente de la producción agrícola, del 20% al 9%, y en el caso de la manufactura del 20% al 12%, en relación con el PIB. Es decir del 40% en los dos rubros, cayó al 21%, la mitad de la producción global. Esa baja de la producción nacional se compensa con las importaciones, lo cual es una tragedia que afecta al corazón de la economía.

CAÍDA DEL PRECIO DEL PETRÓLEO NO ES LA CAUSA DE LA CRISIS
En las dos décadas (1993 – 2014) una tercera parte de este período, le corresponde a Correa, en ese lapso las cifras lo ubican como el mayor responsable de la crisis de los últimos 20 años. La esencia de esta crisis como se ha dicho es el mismo modelo que privilegia las importaciones, los subsidios, el endeudamiento.
Por ello, señalar que la baja del precio del petróleo sea la causa del desequilibrio económico, significa disfrazar el tema; la crisis actual del Ecuador es un problema estructural, es la estructura la que está desequilibrada, desde la larga noche neoliberal, argumenta. Si no se resuelven los problemas sociales, el médico no sirve, no se trata entonces de un problema ideológico, hay que salvar al paciente, salvar al país.
Entre las líneas programáticas del gobierno, se deja ver la falta de planificación en el manejo de los principales sectores de la economía, además de algunos absurdos procedimientos; por ejemplo, cuando el precio del petróleo estaba al alza en el mercado internacional, el volumen de extracción de crudo cayó, pero cuando los precios del petróleo se desplomaron el 2014, subió el volumen de extracción. Aquí se revela una de las incoherencias: la caída del precio coincide con el incremento de los costos de producción del petróleo, generándose una mezcla explosiva para el presupuesto estatal.
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Gráfico: sector petrolero.
Los efectos negativos de la renegociación de los contratos petroleros (2011), tanto los de prestación de servicios como los de servicios específicos (2012 -2013), se empiezan a visibilizar en la caída del precio del crudo. Las altas tarifas reconocidas a las compañías extranjeras, en un promedio de 35 dólares el barril y el incremento del costo de producción de la empresa pública Petroamazonas, de 9 a 27 dólares por barril, deja una participación insignificante o nula para el Estado. Si a ello sumamos el monto de importaciones de combustibles y subsidios, tendremos para el 2015 un déficit por ingresos petroleros, como se expresa en el cuadro
CAMBIO DE MATRIZ PRODUCTIVA CON ECONOMÍA DEVASTADA
diario1Frente a la devastadora situación económica, luego de siete años en el poder y después de haber gastado los más altos recursos económicos provenientes de la bonanza petrolera y otras fuentes, recién el 2014, el gobierno empieza a hablar del cambio de la matriz productiva. Un proyecto definido con “palos de ciego“. Eduardo Valencia da fe de ello. “Correa no tiene ningún plan para el cambio de la matriz productiva, pues para elaborar un proyecto tan complejo, debía basarse en el modelo “Insumo – Producto“ y no lo hicieron”, revela. Como evidencia presenta los cuatro grandes sectores en los que se sostiene el proyecto: acerías, astilleros, ciudad del conocimiento –Yachay-, y refinería del Pacífico.
¿A quién se le ocurre construir una acería, si Ecuador no cuenta con hierro y carbón, quién nos comprará, si las grandes industrias del acero en el mundo se enfrentan al fracaso, porque no pueden competir con los monopolios? Lo propio ocurre con la refinería del Pacifico, un proyecto gigante (U$ 11 mil millones) definido cuando ya no hay reservas de petróleo. “En medio de una economía devastada, resulta una tomadura de pelo, hablar del salto hacia la economía del conocimiento“. Son $20 mil millones de inversión en Yachay, un desperdicio total, afirma. El solo anuncio del proyecto a los siete años de inaugurado el gobierno, es un explícito reconocimiento del fracaso de su propio modelo.
LOS IMPUESTOS PAGAN LA DEUDA PÚBLICA

En tiempos remotos, los poderíos del imperio romano se levantaron con los impuestos pagados silenciosa y disciplinadamente por el pueblo.
Según el padre de las izquierdas globales, el alemán Carlos Marx: “El impuesto es la leche que amamanta al gobierno“, eso se sabe desde la época de Calígula. Al inicio de nuestra era, ya surgieron las críticas a los adoradores de los tributos, el propio Jesús le dijo a los romanos que cobrar impuestos era un pecado.
Mas, en estos tiempos bolivarianos, el mundo gira al revés, un Presidente autoproclamado de izquierda, cristiano y radical, aplica los mayores impuestos de la historia. .
Contrario al discurso oficial de que el petróleo va dirigido a inversiones, la realidad deja otra imagen, son los impuestos, principalmente el IVA e ICE, los que financian la obra estatal, el pago de la deuda pública y el gasto corriente.
Los datos dan cuenta de que el 83% de los ingresos provienen de estos tributos pagados por toda la sociedad, más no del impuesto a la renta (IR); mientras en países como Estados Unidos, el 50% de los ingresos tributarios corresponden al IR, en Ecuador las grandes transnacionales petroleras y mineras fueron privilegiadas en el gobierno de Correa, con la reducción del impuesto a la renta, el cual bajó del 44% al 25 y al 22%. El único tributo que no se transmite a la sociedad es el IR, sostiene Valencia, quien deja claro que los ecuatorianos pagamos con impuestos todas las obras y la deuda.
EL DESEMPLEO Y EL SUBEMPLEO PARTEN A LA SOCIEDAD
La suma del desempleo y subempleo es del 52%. De siete millones de personas que conforman la población económicamente activa (PEA), aproximadamente cuatro millones están en el subempleo y desempleo, eso implica que más de la mitad no tiene ingresos fijos o no tiene ingresos. En términos reales, este sector está fuera de la economía formal. Cuando en una sociedad más del 50% está desempleada y subempleada demuestra el desastre de la política productiva, el fracaso del modelo de desarrollo. En la crisis de 1999, gobierno de Jamil Mahuad, la cifra de subempleo y desempleo era del 58%, una cantidad bastante perecida a la actual.
INECniñosPara el cálculo del desempleo se deben considerar a los ciudadanos a partir de los 18 años y con un trabajo de 8 horas diarias, pero en la encuesta nacional de empleo, el gobierno incluía hasta diciembre de 2014 como empleados, a los niños de 10 años que trabajen 1 hora a la semana, en una evidente contradicción con el texto constitucional y los convenios internacionales que prohíben el trabajo infantil.
DESVALORIZACIÓN DEL DÓLAR

Cuando asumieron la dolarización “dijeron que los precios no iban a subir, y eso es falso“, refiere el catedrático, quien proyecta una lámina con los precios subiendo sin parar. Entre el 2000, año de bautizo de la dolarización y el 2015, se ha desvalorizado la moneda en un 200%; en estos 15 años la gente ha sentido una enorme pérdida del valor adquisitivo. No queda otra expresión, “Correa hizo el milagro, devaluó la moneda del imperio”, sostienen algunos asistentes, Valencia responde, teóricamente no es posible devaluar la moneda de otro país, pero si ustedes quieren verlo así, así es.
El año 2000, el costo de la canasta básica era de $ 234, al 2015 subió a $ 637, es decir, el costo de la vida se multiplicó por tres, un incremento de los precios de un 300%. Los precios en Ecuador se codean con los de las grandes metrópolis del capital. El gobierno dirá que los salarios también subieron, es verdad, y ha sido importante, pero ¿cuánta gente tiene empleo? En este punto, menos del 50% de la población tiene asegurado un ingreso fijo. Es decir, durante este tiempo más de la mitad de los ecuatorianos consumió una tercera parte menos.
LA CRISIS SACARÁ AL DIABLO DE LA CUEVA
“El viejo modelo apadrinado por la revolución ciudadana, tiene vida pero artificial, está clínicamente muerto, funciona con un pulmón prestado”. Las preguntas que se hacen los presentes, son: ¿hasta cuándo estará el moribundo en el quirófano, cuándo se suspenderá el oxígeno o cuándo llegará el sepulturero? Al parecer esas interrogantes son muy políticas y nadie aún se arriesga a contestarlas, aunque nunca falta el comentario popular como una catarsis: “la crisis sacará al diablo de la cueva“.
Se acerca el final. Eduardo Valencia confiesa que hoy, Correa se sostiene en los dolarizadores y neoliberales, pues todas las medidas son para sostener la dolarización: las salvaguardias, el impuesto a la herencia, la suspensión del aporte del 40% al IESS, la toma de los fondos de cesantía de los maestros (FCME), condonación de multas e intereses, entre otras. “Es evidente la existencia de un pacto entre neoliberales y socialistas del siglo 21 para sostener la dolarización. “Hasta da ternura verlos juntos“, dice.
Cuando cae la última lámina, el infocus se apaga, el invitado deja en la memoria de los presentes la más reciente encuesta realizada por el Instituto de Investigaciones Económicas de la PUCE. Los resultados conmueven: el 98% de la gente en el sector rural se considera pobre, pero a esas mismas personas (pobres) les preguntamos, cómo se sienten y respondieron: felices. ¿Si los ricos también lloran por qué un pobre no puede ser feliz? Todo es posible en Ecuador, hasta la dictadura del corazón.
Fernando Villavicencio Valencia
[email protected]

El original de este reportaje está en este link http://focusecuador.com/2015/06/16/el-egonomista-i-correa-y-el-socialismo-de-los-ricos/#more-3326

La muerte de Freddy Taish sigue en la impunidad

Escrito por mh en . Publicado en Reportaje.

La muerte de Freddy Taish ¿otro caso para la impunidad?
La celeridad y eficiencia de la justicia ecuatoriana no llega para la familia Taish Ankuash. Dos años y siete meses (a junio de 2015) han transcurrido desde un enfrentamiento ocurrido entre miembros del Ejército ecuatoriano y un grupo de ciudadanos shuar, en el que lamentablemente murió Freddy Ramiro Taish Tiwiram.
Foto: Así fue encontrado el cuerpo de Freddy Taish. (Imagen cortesía de LaRepublica.com)
Cuando murió, Taish tenía 28 años, un hijo de dos años y otro de tres meses. Sin embargo, poco o nada ha avanzado la investigación.  
Tarquino Cajamarca, abogado de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), advierte la intención del fiscal indígena Fernando Nantipia Chumpi de, en noviembre próximo, cuando se cumplirán dos años de indagación previa, cerrar el caso sin determinar responsabilidades.
Acusa al fiscal de obstruir la investigación al no llamar a rendir su versión a los cuatro militares que comandaban el operativo contra la minería ilegal.  También denuncia que no han podido incluir en el proceso versiones extraoficiales por temor a que esas personas sean perseguidas. Y acusa al Ministerio de Defensa de no dar la más mínima colaboración para esclarecer el caso.
No deje de leer las investigaciones de Milhojas.is sobre el caso de la muerte de Bosco Wisuma y de José Tendentza.
Pero, lejos de atemorizar a la comunidad, Cajamarca, también líder amazónico, asegura que las muertes de Freddy Taish y otros dirigentes shuar han intensificado la resistencia a la minería a gran escala. Acusa a la minera china Ecuacorriente  de contaminar y cambiar el curso de los ríos que cruzan la comunidad de San Carlos para provocar inundaciones, a fin de que la gente abandone sus tierras. Incluso  la Contraloría emitió un informe en el que alertó sobre afectaciones causadas por la compañía, pese a lo cual sigue operando a vista y paciencia de las autoridades, según Cajamarca. El abogado señala que esta situación está caldeando el ánimo de la población y convirtiéndolo en una bomba de tiempo que puede explotar en cualquier momento.

ENTREVISTA A TARQUINO CAJAMARCA, ABOGADO DE INRED A CARGO DEL CASO
¿Por qué el fiscal no llama a declarar a los militares que dirigieron el operativo?
La investigación de la muerte de Freddy Taish inició hace un año y siete meses.
¿Qué avances hay a la fecha?
Hasta el momento no hay argumentos para determinar la existencia del delito. Varias personas han declarado, pero no han aclarado mucho. El meollo del asunto está en tomar declaraciones de los cuatro militares que dirigieron el operativo. Pero el fiscal no ha dado apertura para llamarles sino que ha pedido una lista de todo el personal militar, de las armas que utilizaron, del operativo, del informe previo al operativo.  Solicitó eso al Batallón y dijeron debe hacerlo al Ministerio de Defensa. Luego se declaró reservado al caso. Esa táctica del fiscal indígena Chumpi es la que estamos impugnando y exigiendo que llame uno por uno a los militares. Lo hemos pedido antes de que se cumplan los dos años de investigación.
¿Qué busca el fiscal? ¿A quién conviene eso?
Parece que la intención es cerrar la etapa de investigación sin determinar la responsabilidad. La etapa de indagación previa debe cerrarse en dos años. Tal como están las cosas parece que el fiscal lo hará sin determinar la responsabilidad de los militares.  No existe el menor interés de la justicia para esclarecer algo que inicialmente estaba medio claro.
¿Qué estaba claro?
Que hubo un acribillado por disparos de los militares a la humanidad de compañeros shuar que estaban pescando con sus familias. (…)  Se quiere confundir la realidad en el sentido de que Taish defendió la minería artesanal y hubo disparos de parte y parte. Eso no está esclarecido para nada. Taish estuvo pescando con su familia, rescató a sus hijos, a su familia primero. Hubo un disparo desde la parte de los mineros, pero muy alejado del lugar y al aire. Jamás imaginaron que los militares iban a volver para acribillar a la población. Entonces Taish rescata a su familia y en un matorral cerca de la orilla le acribillan.
¿Por qué no avanza la investigación, hay obstrucción judicial?
Muy visiblemente, muy visiblemente. Hay demasiado cuidado para tomar las versiones a los militares de alto rango que estaban al mando del operativo. Solamente se está tomando a los soldados, a los heridos. Se amplían los plazos, es decir se están dando la vuelta alrededor del mismo círculo sin mayor interés por investigar.
¿Qué ocurrirá al cabo de dos años?
El fiscal cierra o archiva el caso y  no habría cómo reabrirlo. En estos seis meses tenemos que pedir que se hagan todas las diligencias para evitarlo.
¿Qué diligencias?
Hay dos salidas: una acción política ante el fiscal con la gente de la localidad y elevar el caso ante el fiscal provincial para indicarle que no se está proveyendo. Nosotros también nos hemos estancado por seguir la línea y la estrategia del fiscal en el sentido de que creímos que el Ministerio de Defensa iba a proceder con el trámite de desclasificación, pero eso se frenó.
¿En qué consiste la acción política?
Tiene que haber un plantón, una manifestación de la población y la exigencia de los familiares y de organizaciones sociales a fin de que vea el fiscal que hay una ciudadanía y organizaciones nacionales e internacionales que están siguiendo el caso y no puede quedar en la impunidad.
¿Cuándo planifican hacerlo?
No hemos establecido fecha, pero estamos conversando con los familiares y las organizaciones. Ya hicimos acciones contra Ecuacorriente y han dado resultado.
¿Qué acciones?
La Justicia atendió nuestra solicitud de llamar a confesión judicial a la gerente general de Ecuacorriente. Hasta ahora solo envió al procurador judicial. 
¿Confían en la Justicia?
No. Desgraciadamente en este tipo de casos hay demasiada sobreprotección para el Estado, no hay independencia del aparato de justicia favorable a los ciudadanos. A nivel nacional, la justicia es para los de poncho, no hay imparcialidad. Esto preocupa a la ciudadanía, a la resistencia social, nos causa un desgaste sicológico, político y jurídico y pone en entredicho la moral del Estado.
¿Qué es lo que usted, como abogado, pide al fiscal?
Que llame a los cuatro militares de mayor rango que estaban al mando del operativo y deben ser los responsables de su muerte.
¿Qué ha pasado con la familia de Freddy Taish?
Está desarticulada en cierta forma. Susana Ankuash está a cargo de sus dos hijos huérfanos. Los familiares están preocupados, cada vez se va perdiendo fe en la justicia, están viendo como la Fiscalía no notifica, como no hay la fluidez del caso en las oficinas para despachar nuestros escritos. No hay interés para investigar.
¿Piensan recurrir a instancias internacionales?
Tendríamos que elevar el caso al plano internacional, porque un delito tan bochornoso no puede quedar en la impunidad. La comunidad internacional debe saber que en Gualaquiza hubo un crimen evidente y no se investigó la responsabilidad.
¿Lo plantearán como un crimen de Estado?
Iniciamos una denuncia por ejecución extrajudicial; sin embargo, el fiscal no dio trámite y acumuló el proceso en el quinto cuerpo. Una decisión suigéneris.
¿Qué testigos han sido llamados a rendir su versión y en qué ha aportado eso al esclarecimiento de la muerte de Freddy Taish?
Hay muchas personas que han dado su versión, pero no aportan casi nada. Dicen lo que nosotros sabemos. Es decir que han escuchado disparos, esto y lo otro. No hay una versión que permita establecer quien tiene la verdad?
¿Qué se dice sobre la bala de 9 mm hallada junto a Taish?
Hay un peritaje de la bala que determina que es de un arma utilizada por militares. Sin embargo, ahí es cuando se paraliza el asunto y preguntamos si los militares fueron con armas de dotación o no. Se pide la información de con qué armas, con qué balas, con qué militares y empiezan a poner los candados y empiezan los nudos.
¿Qué nudos?
Dicen que los militares solo portaban armas disuasivas. Entonces ¿el Espíritu Santo disparó a Freddy Taish?. No es así. Por eso es que se van inventando y creando nudos.  Este es un hilo conductor importante y no se da apertura.
¿Está comprobado que esa bala, de 9 milímetros, es de armas utilizadas por los militares?
Así es, eso está comprobado. Hay otro tipo de casquillos de armas convencionales, pero el disparo que recibió Freddy Taish no es de cartuchera.
En suma ¿cuáles son las incongruencias más evidentes que identifica en este proceso?
La falta de interés por tomar la versión de los militares, que son las principales personas que saben del hecho. De todo el resto se ha tomado la versión y no hay suficientes elementos. Hay varios hilos conductores . Entre ellos las versiones tomadas a varias personas que dicen que los militares estaban ahí el momento del disparo. ¿Por qué el fiscal no llama a declarar a los militares?, ¿Dónde están?, ¿ ¿Cuál es su versión?. Eso no existe. El otro asunto es que la bala encontrada no es de cartuchera sino de armas que utilizan los militares. Otro nudo se coloca para no investigar qué tipo de arma y en manos de quién estaba. Tenemos versiones extraoficiales que no podemos ponerlas en el proceso por temor a que esas personas sean perseguidas. Otra dificultad es el hecho de que de parte del Ministerio de Defensa no hay la más mínima colaboración para el esclarecimiento de los hechos. ¿Qué le cuesta decir si el operativo fue planificado o no, porque hay versiones contradictorias. Todas estas barreras hemos encontrado en el juicio.
¿Confía en hallar al responsable de la muerte de Freddy Taish?
Tal como están las cosas, lo que tratan es de ocultar.
¿Qué dicen los ministros, han hablado con ellos?
La comunidad ha enviado cartas a los Ministerios, pero no hay respuesta. Las entidades locales y ciertos jueces nos han respondido. Hemos implantado nuevos juicios. Por ejemplo, uno de terrorismo a la empresa (Ecuacorriente) por el día 12 de mayo de 2014 cuando acabaron con la iglesia, la cancha y toda  la infraestructura de la comunidad. Acabaron con la comunidad. Hemos pedido una inspección judicial, iniciamos un proceso de amparo posesorio y una demanda penal contra la empresa.  La semana pasada hicimos un plantón en Yantzaza y una marcha alrededor del parque y del juzgado. Recibimos los aplausos de la población que, aparentemente no le importa, pero que ve de cerca los atropellos diarios de la empresa. Incluso hay gente que trabaja ahí pero no está de acuerdo con todos los procedimientos desde tiempo atrás. Hay muchos compromisos incumplidos, muchas acciones  ilícitas, entran a las propiedades sin pedir permiso, abren canales, mangas, ponen tuberías. Violan los derechos de las personas. Por eso es que desde INRED patrocinamos acciones judiciales de carácter penal, civil y administrativo contra Ecuacorriente.
¿Eso hace la empresa con la anuencia del Gobierno?
En muchos casos sí. Por ejemplo, en 2013, en un informe de Contraloría, se dijo que está incumpliendo el mandato minero número dos, que establece en forma muy clara que se revierte las concesiones mineras en zonas o bosques protectores. Sin embargo,  hay decenas de decenas de hectáreas concesionadas a Ecuacorriente en esas zonas. Eso lo hace ver Contraloría, pero el Ministerio, sin estudiar bien o haciéndose de la vista gorda,  le dio la autorización para que siga trabajando en la concesión, pese a que estaba afectando la zona protegida. Además, nuca se hizo la consulta previa libre e informada a la población. Quieren equiparar esta consulta con las campañas de socialización que hace la empresa para seguir operando, pero nada tiene que ver con la consulta que manda la Constitución.

El caso»

La muerte de Freddy Taish sigue en la impunidad (2)

Escrito por mh en . Publicado en Reportaje.

2. El operativo que terminó con un muerto y nueve militares heridos
El operativo que terminó con la vida de Freddy Taish  y 9 militares heridos tuvo lugar el 7 de noviembre de 2013 a orillas del río Zamora, cuando un grupo de militares escoltaba a funcionarios de la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) en un operativo contra la minería ilegal en el sector de San José de Piunts, parroquia Bomboiza del cantón Gualaquiza, en Morona Santiago.
Foto: Un morador del lugar muestra el lugar donde fue hallado el cadáver de Taish. (Imagen cortesía El Universo)
Los militares informaron haber decomisado dos dragas e indicaron que sus propietarios cruzaron a la otra orilla del río y empezaron a disparar. Así consta en un video difundido por el Gobierno en  la  sabatina presidencial, en el que incluso muestra al presunto autor de los disparos. Luego, según el Ministerio del Interior, los militares se habrían retiraron y habrían sido emboscados en el río y atacados a tiros. Nueve uniformados protegieron a los funcionarios de ARCOM y resultaron heridos.
La versión oficial contrasta con otros testimonios. Uno de ellos es el de Raúl Ankuash, cuñado de Freddy Taish, quien sostienen que los militares llegaron a la zona de forma violenta lo que desató un tiroteo de ambos lados.
Las dragas son utilizadas para minería artesanal , actividad a la que se dedican muchos habitantes de la zona, en donde la transnacional canadiense Ecuacorriente desarrolla el proyecto minero Mirador.
Versiones confusas y contradictorias
El crimen ocurrió cerca de las 14:00 del jueves 7 de noviembre de 2013. El levantamiento del cadáver se hizo la madrugada del viernes y la autopsia por la mañana en Gualaquiza. El fiscal Luis Silva dijo que no se pudo determinar si la herida fue causada por perdigones o una bala.
El prefecto de Morona Santiago, Marcelino Chumpi,  sostiene que la bala que mató a Taish fue disparada por los militares.
En un video difundido por el Gobierno se señala que en la zona del enfrentamiento operan mineros ilegales que serían extranjeros. También se habla de afrodescendientes.  El único nombre concreto que señalan las autoridades es el de Johnny Quiñónez Llanos, a quien se responsabiliza de los disparos y se lo identifica como  propietario de las dragas decomisadas por agentes del Ejército.
Incluso se informó que sería incluido en la lista del programa Más buscados del Ministerio del Interior. Esta medida no se concretó. Quiñonez está prófugo de la justicia.
Según declaraciones del fiscal de Morona Santiago, Roberto Villarreal, hay ciudadanos extranjeros dedicados a la minería ilegal que pagan a los shuar para que les permitan dragar en sus terrenos. La versión oficial agrega que  habitantes del sector han confirmado que en la zona operan bandas armadas.
Por separado, Leonardo Barreiro, a esa fecha  jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y el vicepresidente de la República, Jorge Glas, informaron que los militares no portaban armamento, con excepción de dos oficiales.
Glas presentó un video en el que el sargento Vinicio Guerra dice que, mientras iban río abajo, tripulantes de tres botes les dispararon y que la mayoría de soldados no contaba con armamento para defenderse y fueron blancos fáciles.
Esta versión es contraria a las del Gobierno de las Naciones Originarias de la Amazonía Ecuatoriana (Gonoae) y de la Asamblea de los Pueblos del Sur (APS). En un comunicado emitido al siguiente día de la tragedia, aseguraron que Taish murió por disparos, "probablemente efectuados por miembros del Ejército".
Hilario Wampash, padrastro de Taish, en rueda de prensa, relató que estaban pescando en el río cuando afrodescendientes les pidieron ayuda para recuperar unas dragas confiscadas y que ellos se negaron.
Según Wampash, en ese momento, llegaron dos lanchas con militares que disparaban al aire y lanzaban gas lacrimógeno, mientras los desconocidos les disparaban desde la vegetación.
El Centro Shuar Kupiamais también se pronunció a través de un comunicado en el que aseguró que miembros de esa comunidad recorrieron la zona y hallaron casquillos de cartucho, de bombas lacrimógenas y balas de fusil.
Algunas de las incongruencias citadas en este reporte constan en un informe de INREDH, que  realizó una visita in situ para analizar lo ocurrido aquel trágico 7 de noviembre de 2013. (El documento completo se lo puede leer aquí).

«Entrevista

No deje de leer las investigaciones de Milhojas.is sobre el caso de la muerte de Bosco Wisuma y de José Tendentza.

Victoria y Emilio José, historias de exclusión en el Gobierno de la inclusión

Escrito por mh en . Publicado en Reportaje.

Emilio José nació en Quito y cumplirá  5 el 29 de septiembre próximo, pero no habla ni camina. Victoria es guayaquileña y autista, tiene 24 años. Sus historias se cruzan en este informe porque tienen algo en común: dos madres valientes que levantan su voz para denunciar que sus hijos han sido excluidos de los beneficios de la tan publicitada Misión Solidaria Manuela Espejo y del bono Joaquín Gallegos Lara.  
Cuando decenas de propagandas de este proyecto estrella del Gobierno de Rafael Correa ruedan por las pantallas de televisión, los parlantes de las radios y las páginas de los periódicos, Patricia Moreno, madre de Victoria, y Anita Rivadeneira, madre de Emilio José, se indignan porque la publicidad oficial contrasta con la realidad que viven a diario. Pero, más allá de denunciar y lamentarse,  estas dos mujeres son un ejemplo de tesón y coraje. Ellas cuentan su historia con la esperanza de que alguna autoridad se sensibilice y tome cartas en el asunto en beneficio de los miles de niños, jóvenes y adultos que atraviesan iguales o peores situaciones que las de sus hijos. 
1. Emilio José, borrado de la lista tras cuatro meses de bono
Es miércoles por la tarde. Anita Rivadeneira abre la puerta de su casa ubicada en el norte de Quito, frente al antiguo aeropuerto. Lo hace con su hijo Emilio José que da unos pasos con dificultad,  tomado de su mano. 
Foto. Anita Rivadeneira junto con Emilio José.
Sus grandes y hermosos e inquietos ojos negros dan la bienvenida. La sala es su cuarto de juegos, pero no corresponden a su edad pues no hay una pelota, un Play3 o un Wii, no. Sobre un colchón están un piano con música y sonido de animales, cojines, una mesa y en la televisión Barney, su favorito. Mientras Daniela Espinosa, su hermana de 17 años, lo entretiene, Anita cuenta su historia.
El 29 de septiembre de 2010, a la semana 36 de gestación, Emilio José nació en una clínica en Quito. Durante el embarazo nada anormal detectaron los médicos. Sin embargo, poco antes del alumbramiento le informaron que los pulmones del bebé no estaban maduros y programaron la cesárea para las 5 de la tarde, a fin de madurarlos. No obstante, debido a que el equipo médico no podía a dicha hora, la cirugía se efectuó al medio día.  
A las dos horas y media del parto la situación se complicó. Según consta en la demanda que luego planteó por negligencia contra su médico y el pediatra, Emilio José estuvo cianótico y a punto de un paro respiratorio, problemas que eran atendidos por personal que recibía instrucciones dadas por el médico vía telefónica.  El galeno fue a la clínica luego de seis horas y dispuso su traslado a otra clínica. Finalmente, lo transfirieron al hospital público de niños Baca Ortiz. Ahí permaneció un mes, debido a una hemorragia interventricular que además causó hidrocefalia. Cuatro años han transcurrido desde que planteó la demanda y el caso sigue en investigación.
La angustiada madre está cansada del juicio y de los cambios de secretarios y fiscales, lo que significa empezar de cero cada vez. La lenta administración de justicia le ha llevado a  pedir un arreglo  con los médicos. “No me interesa que vayan a la cárcel, lo que busco es que asuman su responsabilidad y paguen una indemnización para continuar la rehabilitación de mi hijo”.
Desde pequeño recibe cuatro terapias que demandan un gasto de $400 mensuales, que ayudan a pagar su madre y hermanos.
La principal es de neurorehabilitación, que ayuda a que mueva sus brazos y piernas, pues padece parálisis estática. También recibía estimulación en el centro cachorros dos veces por semana y equino terapia. Pero la situación económica se complicó pues Anita, que es vendedora de Avon, desde que Emiliano nació trabaja solo las tardes mientras Daniela, su hija mayor, cuidado del pequeño.
El dinero no avanza para todas las terapias a las que tiene que ir en taxi. Como si eso fuera poco, una úlcera varicosa complica su movilización desde hace dos meses y medio.
Ante tal situación, en agoto de 2013, Anita escucha el consejo de la terapista física de Emilio José, busca en la Vicepresidencia de la República  al doctor Alex Camacho, titular de la Secretaría Técnica de Discapacidades, expone su caso y solicita el bono Joaquín Gallegos Lara.  “La respuesta fue inmediata. Esa misma tarde estuvieron aquí (en su casa), me trajeron una sillita postural y pañales. Al día siguiente vino una trabajadora social, me dijo que me iban a dar el carnet del Conadis y desde septiembre empecé a recibir el bono de $240. Eso me alcanzaba para cubrir una terapia. Pero, en enero del 2014 fui al banco y no me habían depositado nada. Así, de golpe”.
Al pedir una explicación, le dijeron que crearon nuevas tablas de calificación y que hay gente en peores condiciones físicas y económicas y viven en peores lugares, razón por la cual borraron a su hijo de la lista de beneficiarios.
Por recomendación de la misma terapista, inició el trámite recientemente en el Centro de Salud número ocho,  de Cotocollao. La trabajadora social la entrevistó y luego la pediatra Juana Rivera quien, sin examinar a Emilio José, dio a Ana esta respuesta: “Esperemos, porque nos va a tocar hacer doble trabajo, porque los niños hasta los cinco años tienen un desarrollo neurológico. Ahí veremos si camina o no, ya falta poco. Así como le veo a tu niño, de pronto no camina”.
Aunque continúa endeudada con la terapista, Ana no se da por vencida y asegura que seguirá con las sesiones pues hay esperanza de que su hijo camine y hable pronto. Mientras se desarrolla la conversación, Emilio José sigue caminando de la mano de su hermana, suelta risotadas cada vez que ella enciende y apaga la luz y nos queda mirando con inmensa dulzura y curiosidad, aquella propia de todo niño que está descubriendo todo a su alrededor.
Anita intentó hablar con Alex Camacho, pero el asunto ya no está en sus manos. Ahora debe ir primero a un centro de salud en donde califican el caso, le dan el carnet del Conadis y transfieren el expediente al MIESS.
Ella piensa intentarlo una vez más, aunque tiene que movilizarse con su hijo y ha perdido la confianza en el Gobierno. “Todo es una pantalla. Ayudan un tiempito a una persona, otro tiempo a otra  para decir que ayudan a todo el mundo. Hay personas que tienen recursos y reciben el bono. Y más ayudan a traer autos sin aranceles  a personas con capacidad económica. Cada vez que puedo les digo en Facebook que toda la propaganda es mentira. Hay un montón de gente que está en situaciones iguales o peores que la mía. Conozco una señora que está en silla de ruedas y atendía a su mamá enferma, ya falleció. Le negaron el bono porque vive en este barrio que no es residencial. Que yo viva aquí, que mi piso sea de parquet  no quiere decir que tenga dinero. O tengo que vivir en un cuarto con piso de cemento y tener a  mis hijos completamente mal para que me den el bono. Todo es una pantalla”.
Mientras pelea por el bono y por un arreglo con los médicos, Anita vende Avon, ropa que le dan a consignación y recicla botellas para sacar el dinero que necesita para, en medio de sus limitaciones, seguir haciendo de de Emilio José un niño feliz.

»Victoria»»Sueldos»»»Kronfle»»»»Torres

El rompecabezas del narcotráfico en Ecuador (1)

Escrito por mh en . Publicado en Reportaje.

"Nos estamos convirtiendo en una narco democracia hace bastante tiempo"
Francisco Huerta, presidente de la Comisión de la verdad, bombardeo a  Angostura, 2008

En el rompecabezas del narcotráfico hay aún muchas piezas por colocar. Sin embargo, se tiene un panorama bastante claro. ¿Algo tienen en común los sonados casos: Narcovalija, Huracán de la Frontera, Huracán Verde, Resurgir, e incluso la captura de narcoavionetas en la hacienda La Clementina a finales de 2014? Ese algo, es la penetración en las instituciones del Estado ecuatoriano de los principales carteles internacionales de la droga y el crimen organizado.
Foto: el agente policial Juan Carlos Calle Serna fue detenido tras las investigaciones del caso Huracán de la Frontera. El narcotráfico se vale de las conexiones de funcionarios públicos.
Durante los últimos ocho años, Ecuador ha sido testigo de las más fragosas historias de drogas. Hace rato que el país dejó de ser un territorio de tránsito de estupefacientes para constituirse en un gran laboratorio de procesamiento, acopio y exportación, utilizando sumergibles, lanchas rápidas, aviones, avionetas, conteiners, valijas. De la cifra de 6 mil millones de dólares anuales que produce la industria de la droga en Ecuador, aproximadamente U$ 2 mil 500 millones al año contaminan la economía nacional.


Base de Manta, el antes y el después
Podríamos marcar un antes y un después de la salida de la Base de Manta y, con un simple análisis de las cifras presentadas por la Policía, evidenciar algunos de los detalles que se esconden detrás de esta cortina de humo que se ha creado para encubrir el grave momento que vive el Ecuador dentro del fenómeno del narcotráfico, que según Francisco Huerta, expresidente de la Comisión de la Verdad en el bombardeo a Angostura, “nos está convirtiendo en una narcodemocracia”.
En 2014, la Policía reportó la cifra de 60 toneladas de droga decomisada y es la cantidad más alta desde el 2009. Datos del Ministerio del Interior refieren que, en los últimos ocho años, la Policía detectó 320,82 toneladas. El 87% de los decomisos de este año corresponde a sustancias ilícitas con destino internacional, mientras que el 13% era para el consumo interno.
La UNODC destacó también, en su último informe, que Ecuador es el tercer país del mundo con más decomisos de alcaloides y se encuentra detrás de Colombia y de Estados Unidos. Claramente podemos advertir que el incremento de las incautaciones significa una mayor circulación de estupefacientes en el país. Los cálculos del Gobierno de EEUU refieren que hasta 110 toneladas métricas de cocaína pasan anualmente por Ecuador. Es decir, la Policía decomisa apenas la mitad de la carga ilegal que circula cada año.
Luego de cinco años de la salida de la Base de Manta, los resultados son alarmantes. Más allá de la cifras, es una realidad reconocida desde el corazón de la propia institucionalidad. Marcando claramente distancias con el término, soberanía, el exjefe del Comando Conjunto de las FFAA, general (r) Ernesto González, en su libro 'Testimonio de un comandante' vuelve a poner el dedo en la llaga y recuerda la peligrosidad de la herida. "Desde el punto de vista de seguridad, no estoy hablando de soberanía ni de oferta de campaña que hizo el señor Presidente, solo desde el punto de vista de seguridad estoy diciendo que con la presencia del ‘FOL’ norteamericano las condiciones de vigilancia y de control del territorio continental y del territorio marítimo estaban en mejores condiciones".
Operativo Huracán Verde
En octubre del 2007, la Policía del Ecuador capturó en Esmeraldas a siete ciudadanos con 3.7 toneladas de cocaína, en el operativo denominado “Huracán Verde“. El alcaloide que estaba en tanques de agua bajo tierra, pertenecía a los hermanos Jefferson, Miguel y Édison Ostaiza Amay.
Foto: En 2009 la Policía puso en su lista de los más buscados a Jefferson Ostaiza.
Otros detenidos en el operativo fueron Edgar y Doris Riascos Enríquez, esta última era una de las convivientes de Jefferson Ostaiza y emparentada con la esposa del narcotraficante Luis Ferrín. En el informe de Angostura se establece que las Farc mantenían frecuentes reuniones con los hermanos Ostaiza en la hacienda “El Aromo“. Igualmente se precisa que “los Riascos y los Ferrín fueron identificados por agentes de inteligencia como los encargados de transportar clorhidrato de cocaína hasta las costas de Esmeraldas, desde donde pensaban sacarlo en un semi – sumergible que se estaba construyendo en la orilla norte del Mataje (río Mataje)".
Simultáneamente a esta captura, despegaba un avión desde el pequeño aeropuerto de Tachina, provincia de Esmeraldas, con destino a México. Esa aeronave salió de Quito el 20 de octubre, a las 13:38, hizo escala en Tachina, y luego partió a Acapulco. Ese mismo día, el avión fue detenido en México por la policía antinarcóticos, encontrándose huellas de cocaína.
Foto: Ignacio Chauvín y Jefferson Ostaiza, durante el juicio que se les llevó a cabo en San Lorenzo del Pailón, al norte de Esmeraldas.
De acuerdo con la Comisión del caso Angostura, en este avión se intentó exportar las 3,7 toneladas de clorhidrato de cocaína incautadas en una finca del sector de Colope – Esmeraldas. Según la Fiscalía Antinarcóticos de la provincia del Guayas, los propietarios de dicha droga eran los hermanos Ostaiza, líderes de una red de narcotráfico vinculada a los carteles de Cali y de Sinaloa.
Originalmente el avión había volado de México a Quito, donde aterrizó sin contar con los permisos de las autoridades de Ecuador. Allí permaneció 13 días, en un hangar de la FAE (Fuerza Aérea Ecuatoriana). Sorprendentemente en ese lapso, la DAC (Dirección de Aviación Civil) legalizó la irregular presencia de la aeronave en el país. Sobre el referido caso, la DAC entregó al presidente Rafael Correa un informe reservado en el que explica por qué el avión modelo GLF59, de la compañía Empresarios del Calzado S.A , procedente de México, aterrizó sin autorización en Quito, permaneció allí 13 días y regresó a México desde un aeropuerto local, el de Tachina, violando la legislación aérea.
El informe fue suscrito por Eduardo Larrea Cruz, director encargado de la DAC, y en su parte central señala que el cambio de ruta fue legalizado por el entonces subdirector de la DAC, el comandante Milton Martínez, el texto dice: “Por disposición del señor subdirector Milton Martínez, por intermedio del señor José Ácaro, se cambia la ruta de salida de este mismo radiograma (autorización) ya transmitido. Operará Tachina-México (directo)”. Esta información salió detallada en diario El Universo.
De acuerdo a la Ley Aeronáutica Ecuatoriana, los aviones extranjeros solo pueden aterrizar y despegar desde una pista internacional. Esa categoría la tienen las pistas de Quito, Guayaquil, Manta y Latacunga. El avión detenido el 20 de octubre del 2007 en México, era pilotado por Jorge Arévalo Kessler, vinculado al cartel de Sinaloa.
DEA captura aviones de empresario ecuatoriano
A los pocos días del escándalo “Huracán Verde“, Eduardo Larrea Cruz abandonó la DAC y montó, con su hermano Juan Pablo la empresa Sky Ecuador y una escuela de aviación en la provincia de Santo Domingo de los Colorados. Poco tiempo después Juan Pablo Larrea y su madre María Cruz constituyen la compañía Sky Jet Elite Corp., en Florida – USA, la cual registra al menos tres aeronaves. Un súbito crecimiento económico de la familia.
El mes de julio de 2014, la DEA capturó en el aeropuerto de Fort Lauderdale (Florida), varios aviones de la compañía Sky Jet Elite, que pudieron haber servido para viajes secretos de algunos funcionarios del Ecuador, según la denuncia realizada por el legislador ecuatoriano Cléver Jiménez. Se trata del jet ejecutivo Gulfstream II, de matrícula N378MB, y de dos avionetas tipo Cessna, de matrículas N-438EL y N-576RA.
Varias acciones irregulares en torno a la operación de Sky Jet Elite y sus vuelos a Estados Unidos llamaron la atención del legislador Jiménez, quien inició una investigación. El 30 de enero de 2013, solicitó que la Dirección de Aviación Civil informe de los vuelos del jet Gulfstream. La DAC remitió un listado de 21 viajes correspondientes al 2013 que partieron desde el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil a Nueva York y Florida, principalmente. En todos esos vuelos no se reportan pasajeros ni carga, esa información se encuentra protegida. Foto: La aeronave de la empresa Sky Jet cuando fue incatada por la DEA, en EE.UU. (Imagen de Infobae)
Vale recordar que la agencia antidrogas de Estados Unidos, DEA, realiza operaciones de esta naturaleza exclusivamente por dos razones: narcotráfico y lavado de activos. En octubre de 2014, la familia Larrea Cruz respondió que la intervención de la DEA se basó en una denuncia falsa, presentó una denuncia en la Fiscalía de Ecuador, en contra de Cléver Jiménez, Esteban Saltos y Emilio Palacio, y anunció que, en los próximos días serían devueltas las aeronaves. Hasta el cierre de esta investigación (mayo de 2015) las aeronaves permanecían bajo control de la DEA.
Sobre esto, Juan Pablo Larrea organizó una rueda de prensa en la que su abogado, Fernando Larrea, mencionó que "No hay indicio alguno de que exista una participación de ellos (Juan Pablo Larrea y otros accionistas de la compañía), en un acto tan abominable como el tráfico de estupefacientes", tal como lo publlicó El Comercio. La reacción de los denunciados fue iniciar un proceso contra Cléver Jiménez y obligar a El Comercio a publicar una rectificación a la noticia.

Pierina y Ostaiza»Resurgir»»

Victoria y Emilio José, historias de exclusión en el Gobierno de la inclusión (5)

Escrito por mh en . Publicado en Reportaje.

5. Entrevista a Xavier Torres, vicepresidente del Directorio del Conadis
'Lo más crítico es que hay muchos profesionales de la salud insensibles'
Hay problemas en el acceso a la Misión Manuela espejo y al bono Joaquín Gallegos Lara. Hay personas que han sido borradas y otras que llevan años haciendo el trámite y no tienen respuesta. ¿A qué se debe y qué se está haciendo al respecto?
Yo no tengo conocimiento, tendría que saber cuáles son las personas y el grado de discapacidad que tengan.
Por ejemplo, en Quito, la señora Ana Ribadeneira, cuyo hijo Emilio José tiene retraso mental recibió el bono cuatro meses porque el caso analizó el doctor Alex Camacho, secretario de Discapacidades. Sin embrago,  le suspendieron el pago desde enero de 2014. Al pedir explicaciones le han dicho que hay una nueva tabla y hay personas en peor situación.
Nosotros no tenemos denuncias al momento, habría que revisar bien para dar una declaración.  Hay que tomar en cuenta la vulnerabilidad de los discapacitados, a veces están abandonados por el padre y es la madre quien mantiene el hogar, o tienen casa propia y vehículo. Hay ciertos parámetros que se deben revisar. Debe haber algún argumento, no creo que le hayan quitado porque sí.
La pregunta es: ¿Si le calificaron y estaba recibiendo, está separada del esposo, es vendedora de Avon a tiempo parcial porque la mayor parte del día cuida a su hijo. Usted sabe que un niño con retraso mental requiere atención permanente. Hay otra señora en Guayaquil, se llama Patricia Moreno, tiene una hija de 24 años, es autista y lleva tres años haciendo el trámite y le han negado el bono. La madre tiene cáncer de piel severo y no trabaja.
Hay que analizar caso por caso, no puedo dar declaraciones si no conozco. Si al Conadis presentan los casos y me argumentan como acaba de decir, yo tengo que hacer una revisión para saber si se está cometiendo un error en el Ministerio  de Salud respecto a la calificación y en el MIESS que es el que maneja el bono ahora.
¿Pueden las señoras solicitar su intervención?
Claro y nosotros podemos pedir la información real de lo que está pasando.
Las dos señoras coinciden en que no hay una revisión médica exhaustiva de los niños para determinar su porcentaje de discapacidad. La asambleísta María Cristina Kronfle cuestiona al Ministerio de Salud, señala que no hay personal capacitado y asegura que están cometiendo errores de discriminación sin precedentes.
Nosotros conjuntamente con el Ministerio de Salud hemos ido corrigiendo errores que ciertamente se estaban cometiendo en la calificación. Lógicamente el cambio en la condición de discapacidad exige hacer ajustes porque hay casos que se van acentuando. Cuidado, que para eso hay que tomar en cuenta parámetros médico, socioeconómico y psicológico. Estos son los que determinan el porcentaje de discapacidad. En la lógica, quien más alto grado de discapacidad tiene enfrenta mayores dificultades y debe recibir más beneficios del Estado.
Usted como parte de este grupo vulnerable, como gestor de la ley y titular del Conadis, ¿cree que fue acertado incluir esos porcentajes en la ley?  Para determinarlos debería haber personal altamente capacitado en el MSP.
Mire, la calificación siempre la hizo el Ministerio de Salud. El Conadis lo que hacía es carnetizar. El sistema de calificación no ha variado, seguramente lo que pasó es que cambiaron los equipos médicos porque capacitaron a otro personal. Yo creo que hay que promover más capacitación directamente con el Ministerio de Salud. La ley salió así de la Asamblea, en donde dice que se establecerán porcentajes para acceder a los beneficios.
¿Cómo quedó la tabla?
Se mantiene el 30 hasta el 39% para todo lo que es integración laboral y a partir del 40% incide en el campo de los beneficios tributarios y algunas acciones afirmativas. A mayor discapacidad, mayor apoyo del Estado.
¿Qué organismos son los responsables de aplicar los beneficios?
Las competencias y atribuciones deben asumirlas los diferentes ministerios, porque son los que ejecutan las políticas públicas. Lo que hace el Conadis ahora es vigilar que eso se cumpla.
De la vigilancia  que se ha hecho hasta el momento ¿cómo evalúa usted la ejecución de la ley?
Bueno,  tenemos denuncias de problemas con los sistemas de calificación del Ministerio de Salud. Ya hemos mantenido algunas reuniones. Lo que le estamos exigiendo es que ya presente el proceso de nueva calificación para que vaya encaminada a la justicia y esté acorde con las necesidades del país.
¿Dónde está el nudo crítico?
El nudo crítico es un poco más de sensibilización de los profesionales de la salud. Lamentablemente hay muchos profesionales de la salud que no hacen quedar bien a su profesión y realmente no son sensibles ante muchos temas. Lo segundo es que existen muchos recelos de los calificadores y tratan de ser demasiado exigentes con sus criterios y no aplican criterios desde la racionalidad en la interpretación de la norma, seguramente porque tienen miedo de tener problemas, sin darse cuenta de que están perjudicando a una sociedad que ha adquirido ciertos derechos y beneficios de acción afirmativa. Yo creo que hay que profundizar nuestra exigencia al Ministerio de Salud para que accione la capacitación directa, en vivo.
¿Presupuestariamente cómo está la situación de la Manuela Espejo?
El presupuesto se ajustó cuando se transfirieron las competencias a los diferentes ministerios. La idea siempre fue esa. Manuela Espejo se crea para traspasar la política pública a los ejecutores: trabajo a trabajo, educación a educación. Los ministerios deben atender la política pública. También hay que reconocer que la situación económica ha cambiado.
¿La baja del precio del petróleo está afectando el flujo de recursos?
Puede que sí afecte, pero estamos mejorando. Tener trabajando a 80 mil personas con discapacidad en el país es importante. Hay cosas que se han ido superando. Esperemos que este hueco económico circunstancial vaya pasando. Nos falta mucho por hacer.
Hay avances si duda, pero familiares de los discapacitados dicen que hay demasiada burocracia que cambia constantemente y no cumple su trabajo ni resuelve sus problemas. Solo la Secretaría de Discapacidades tiene 326 empleados.
La Secretaría Técnica de Discapacidades trabaja en tres componentes: El bono lo maneja el MIESS y lo que es Manuela Espejo está a cargo del Ministerio de Salud. Hay que mejorar el trabajo y la información. Si ustedes como medios de comunicación nos ayudan en eso es importantísimo.
Mucha gente cree que la salida de Lenin Moreno afectó el cumplimiento de la ley y que para el vicepresidente Jorge Glas la atención a los discapacitados no son prioritarios. ¿Qué opina?
Eso es equivocado. Yo fui subsecretario de la Vicepresidencia, de la Manuela Espejo y demás. Cuando estuve con Lenín Moreno la idea siempre fue dejar la estructura para que luego pase a los ministerios, según sus competencias. La parte vital es trabajar en un proceso con enfoque de derechos primero. No es que Jorge Glass no le dé importancia pero si no  tiene funcionando la matriz productiva no podría sostener los proyectos sociales. El compromiso está ahí, por eso se mantiene la Secretaría de Discapacidades. El vicepresidente actual ha dado la importancia que el tema requiere y por eso se trabaja en coordinación con todos los ministerios. Que si tenía mayor incidencia la presencia del vicepresidente Lenín Moreno, por supuesto. Cuando uno está en la misma condición puede influir más. Son momentos y circunstancias. Lo importante aquí es que hay políticas públicas y que la sociedad puede exigir que se vayan corrigiendo esos errores para respetar sus derechos. Nos ha costado mucho en el camino, pero estamos aprendiendo de eso y dando soluciones.
De lo contrario, mucha gente considera que se gasta más en publicidad que en ayuda efectiva. También hay denuncias de que hay gente que recibe el bono y no necesita.
Siempre nos han dicho eso, pero es subjetivo. Hay gente que tiene envidia hasta al vecino.
También es cierto, hay de todo…
Sí, hay de todo, por eso somos un país megadiverso. Hay que seguir analizando los contextos y reconocer que las personas con discapacidad estamos mejor ahora. No solo es el bono, hay beneficios en el pago de la luz, el agua, el teléfono, en Internet se paga el 50%. Eso también ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas. 
Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, 10% de la población en el mundo vive con alguna discapacidad. En Ecuador, el Registro Nacional de Personas con Discapacidad del Conadis estima que 361 486 personas viven en esta condición. Las clasifican así: 175 444 con discapacidad física, 90 443 sensorial, 81 449 intelectual y 14150 mental.

««««Emilio«««Victoria««Sueldos«Kronfle

 

Victoria y Emilio José, historias de exclusión en el Gobierno de la inclusión (4)

Escrito por mh en . Publicado en Reportaje.

4. Entrevista a María Cristina Kronfle
'El Ministerio de Salud comete hechos de discriminación insólitos'
Estar atada a una silla de ruedas no ha impedido que esta joven legisladora por Guayas luche por los derechos de las personas con capacidades especiales. Esa tenacidad ha sido reconocida por los ciudadanos que la han elegido por tercera vez asambleísta para el período 2013-2017. Desde esa trinchera, en la que representa al Movimiento Madera de Guerrero,  destaca  avances en políticas y beneficios para este sector en este Gobierno pero advierte también que la incapacidad del Ministerio de Salud ha impedido efectivizar los cambios que exige una verdadera inclusión. Kronfle lamenta que la salida de Lenin Moreno de la Vicepresidencia, con quien -dejando de lado sus diferencias políticas- promovió la aprobación de la Ley Orgánica de Discapacidades, haya afectado su implementación.
¿Qué ha pasado con la Misión Manuel Espejo desde la aprobación de la Ley Orgánica de Discapacidades y luego de que Lenín Moreno dejó la Vicepresidencia de la República?
El bono Joaquín Gallegos Lara pasó al MIESS y la Misión Manuela Espejo a manos del MSP, por disposición legal. En realidad a la Vicepresidencia no le corresponde el manejo de estos temas y menos ahora que no tenemos un vicepresidente con discapacidad.
El problema es que las entidades que están a cargo de esta temática no tienen idea de cómo manejarla. El MSP  es uno de los más inútiles que tiene el país. En temas de calificación han incluido criterios económicos que no tienen nada que ver con la discapacidad. Es decir, una persona puede ser cuadripléjica, tener incapacidad mental o esquizofrenia severa pero, por tener una familia o formación académica, el porcentaje de calificación baja. Son hechos insólitos de discriminación que comete el Ministerio de Salud. En la vida se había visto algo así.
¿Cuál es la lógica de esa calificación?
Evidentemente eso busca que haya menos calificados por incapacidad, con la intención de que no participen en las políticas públicas que demandan recursos del Estado. El Gobierno está cuidando mucho el bolsillo desde muchas esferas y reducir el número de beneficiarios del bono por discapacidad es parte de esas acciones.
¿La política social hacia los discapacitados es más un asunto publicitario?
El problema es la falta de voluntad y el cumplimiento a rajatabla de una consigna de disminución de la población con discapacidad por el tema de porcentaje. Recordemos que, por ejemplo, para tener acceso a las exoneraciones tributarias, hay una tabla de porcentajes. Esto está más complicado que nunca con el fin de que se reduzca el universo de compañeros que podamos acceder a esos beneficios.
¿Quiénes tienen derecho al bono Joaquín Gallegos Lara?
Para acceder al bono Joaquín Gallegos Lara hay que tener una discapacidad severa y no tener en el entorno familiar más de dos salarios básicos unificados. En el porcentaje está la traba porque muy pocos son calificados con discapacidad severa, que es de alrededor del 65% en caso de la intelectual y mental y 75% cuando la discapacidad es física o visual.
¿Esto se debe a un error de concepción?
Yo creo que hay mala fe en la concepción y eso responde a una política de obediencia con el fin de que cada día haya menos beneficiarios de las políticas públicas.
Usted cuestiona al Ministerio de Salud. ¿Qué entidad considera que debería manejar la Misión Manuela Espejo?     
Lamentablemente  el Ministerio de Salud es el que menos sabe tratar la discapacidad. Debo admitir que fue un gran error mío haberlo tomado en cuenta en la Ley Orgánica de Discapacidades para temas de calificación.
¿Creyó que se implementaría una estructura adecuada y con personal calificado para que la letra no quede en el papel?
Por supuesto, en el mundo quien asume el tema es el Ministerio de Salud, no la Vicepresidencia. Lamentablemente tenemos personal descalificado que confunde conceptos socioeconómicos con temas biológicos, médicos o patológicos que nada tiene que ver con la discapacidad. Hay una tabla que aplican y parte del 30% en España, pero ahí no hay requisito mínimo para acceder al beneficio. Incluir porcentajes en la ley es discriminatorio e inconstitucional.
Eso amerita una reforma urgente. ¿La planteará?
Recuerde que fui yo quien presentó primero el proyecto de ley y luego unificamos con el de Lenín Moreno, con cero egoísmos de parte de los dos. Luego se dio el veto del Ejecutivo al que se allanó la mayoría de Alianza País. Por eso la  reforma la plantee en cuanto se promulgó la ley.
¿Qué implicó el veto?
Lo que vino con el veto es el porcentaje de discapacidad, eso hay que reformar así como el acceso a beneficios de los sustitutos y una promoción integral de la ley en entidades públicas para que conozcan sus responsabilidades y obligaciones porque hay una ignorancia generalizada al respecto.
¿Que Lenin Moreno no esté ha significado una disminución de la importancia de la política en discapacidades para el Gobierno?
 No es cuestión de cambiar de mando la misión sino de inteligenciar de buena fe para formar en criterios de derechos humanos al personal del MSP. No ha habido voluntad política  ni humana para hacerlo. El personal que dirige ese ministerio tiene cero conocimientos. Tan es así que tiene errores conceptuales graves sobre el tema del autismo. Yo tengo un escrito enviado por la ministra (Carina)  Vance en el que dice que los autistas son “torpes” y que tienen discapacidad mental. Eso  es un error porque la falencia de los autistas es de orden asociativo, no mental.
¿Qué aspectos positivos destaca?
Destaco la sensibilización política que ayudó a cambiar la mentalidad de la sociedad. Lamentablemente luego se transformó en trabas institucionales. Celebro la Misión Solidaria Manuela Espejo, aunque no me gustó el enfoque que se le dio al principio de un rostro demasiado trágico en lo social. Nos sentimos orgullosos de que se hayan ocupado de estas personas en estado de abandono, la dotación de ayudas técnicas, el bono Joaquín Gallegos Lara y otros avances. Lo importante es que el Gobierno siga fortaleciendo esta política.

«««Emilio««Victoria«Sueldos»Torres

Victoria y Emilio José, historias de exclusión en el Gobierno de la inclusión (3)

Escrito por mh en . Publicado en Reportaje.

3. Al año, se destinan 4,8 millones de dólares para sueldos
Lo que indigna a Patricia Moreno y a Anita Rivadeneira es que no haya atención prioritaria para quienes pertenecen a la Misión Manuela Espejo. Moreno incluso cree que  su físico ha sido causa de exclusión. “Te ven blanca, rubia y de ojos claros y creen que eres pelucona y que no necesitas ayuda. Es insólito”.
Foto: Los beneficiarios del programa Manuela Espejo.
Mientras tanto, el número de empleados aumenta. “Cada vez que voy hay nuevo personal, pero con una incapacidad tremenda. Hasta se cambiaron a un edificio en el Policentro.
La Secretaría Técnica de Discapacidades tiene 326 empleados cuyos sueldos demandan un gasto anual de 4,8 millones de dólares, de acuerdo con datos publicados en su página web.
Esa  cifra serviría para entregar cada mes el bono Joaquín Gallegos Lara, que es de 240 dólares, a 1 666 personas con discapacidad física o intelectual severa.  
Para Moreno, “la misión Manuela Espejo es mucha propaganda, es una patraña que significa más burocracia y votos. Creo que Lenín Moreno tuvo alguna intención buena, pero era mucho más publicidad. Este vicepresidente de ahora  (Jorge Glas) no sabe dónde está parado. No creo que se encargue de esto, nadie quiere hacerse cargo de los discapacitados, es como una papa caliente. En la Vicepresidencia no saben nada. No digo que no haya ayuda, hay gente que tiene sillas de ruedas y bonos, pero no en la cantidad que se publica. También hay personas que no necesitan y reciben el bono. Un amigo de mi hija, de la Fundación Comunicar, cuyos padres tienen mucho dinero, es beneficiario del bono”.
Patricia Moreno señala que, si bien el Gobierno ha ayudado a muchas  personas con discapacidad, el fin social se volvió comercial. “Si lo que han gastado en propaganda lo hubieran pasado a ayuda habría mejor resultado. Es impresionante ver tanta gente contratada, el personal es demasiado para lo que hacen mientras hay pocos psicólogos que van de casa en casa. Evidentemente eso es para no calificar a más beneficiarios”.
Lo más inquietante es no hay cifras actualizadas sobre el presupuesto de la Misión Manuela Espejo.
Temor a denunciar 
Para este informe se tomó contacto con otros tres familiares de personas con discapacidad mental severa. Se les pidió que contaran su experiencia con la Misión Manuela Espejo y los bonos del Gobierno. Aceptaron la entrevista, pero luego desistieron.
Dos, a pesar de estar satisfechos con la atención y el bono, y de asegurar que el Gobierno de Rafael Correa ha ayudado a los discapacitados como ningún otro, no quisieron dar sus nombres.
El tercero es maestro fiscal. Su hija tiene 12 años, pero no habla ni camina. Pese a que tiene otros dos hijos en edad escolar y que su ingreso es el único sustento de su familia, ha sido rechazado como beneficiario del bono.  Eso es lo único que quiso contar.
La directora de una fundación dio un corto comentario, también a condición de que su identidad se mantenga en el anonimato. “No quiero tener ningún tipo de problema, cada vez tengo más gente pobre, nuestro trabajo es en silencio, hay que manejarse así ahora, si se da una opinión diferente no le gusta al Gobierno", afirma. "Los discapacitados tienen ayuda, pero no es suficiente para la gente pobre, ancianos, madres solteras. Parece que en el Gobierno mismo les ha prohibido dar declaraciones y por eso tienen miedo. Muchos dicen que el bono no les alcanza para alimentarse, la salud, la  movilización, pero tienen miedo de quejarse y perder lo poco que les dan”.
En diciembre de 2013 la prensa publicó denuncias contra médicos del Hospital Guayaquil que supuestamente colaboraban con la Fundación Manuela Espejo y negaban prótesis de piernas artificiales a personas discapacitadas de bajos recursos y luego les recomendaban comprarlas fuera en  3.000 dólares. Otras personas denunciaron haber esperando hasta dos años para que les entreguen sillas de ruedas.
Marco Antonio Rodríguez Gil acusó a personal de la Fundación de negarle una silla, muletas y una prótesis para su pierna, pese a haberse registrado y figurar en la estadística de beneficiarios de ese programa estatal. En su denuncia incluso publicó su número de cédula 0904427xxx y de la Tarjeta de Discapacidad física # 0979xxx del Conadis. Para este reportaje se lo buscó en el celular 0993564xxx que adjuntó a su denuncia, pero no se pudo establecer contacto con él.

««Emilio«Victoria»Kronfle»»Torres

Victoria y Emilio José, historias de exclusión en el Gobierno de la inclusión (2)

Escrito por mh en . Publicado en Reportaje.

2. Victoria: tres años tramitando el bono Joaquín Gallegos Lara
La exbailarina de ballet guayaquileña Patricia Moreno inició hace tres años el trámite para que Victoria, su única hija de 24 años, acceda a los beneficios de la Fundación Solidaria Manuela Espejo y reciba el bono Joaquín Gallegos Lara. Al cabo de dos años de reclamos y consecutivas idas y venidas, la registraron, pero le negaron el bono de 240 dólares mensuales.
Ese derecho, consagrado en la Constitución y la Ley Orgánica de Discapacidades (LOD), le fue negado bajo el argumento de que su madre -quien padece un cáncer de piel severo-  está afiliada al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) con un empleo de salario mínimo.
Aunque la respuesta resulte insólita, se la han repetido desde 2011 a Patricia quien, tras perder a su madre, que era su principal apoyo, y enterarse de que su cáncer se agudizaba, inició el trámite para que su hija sea beneficiaria de dicha subvención.
Patricia no cree que la respuesta cambie, pero dice que seguirá yendo a la Fundación para dejar sentada su protesta. 
“Si antes, cuando el vicepresidente Lenín Moreno lideraba ese proyecto, no me atendieron, menos lo harán ahora, bajo la gestión de Jorge Glas, para quien la política hacia los discapacitados no es prioritaria”, dice Patricia. 
Patricia recuerda que, para registrar a Victoria en la Misión Manuela Espejo, le dijeron que la visitarían una psicóloga y una  trabajadora social. Al cabo de varios meses la visita se efectuó: “Un médico, una asistente y hasta el chofer llegaron a mi casa, pero ni siquiera miraron, menos examinaron a mi hija… Solo preguntaban y preguntaban. Esa fue la única visita. A los dos días me trajeron una cama de fierro que tuve que recibirla porque el médico me dijo que si no lo hago borrarían a Victoria del registro. Pero la cama no usa Victoria porque  puede golpearse, además la pintura se sale. Más bien la llené de cojines y la uso como sofá. El colchón tampoco sirve porque la pintura azul manchaba las sábanas. Como es lógico,  nunca acosté ahí a mi hija en eso”.
Patricia cuenta que ha buscado en la página web de la misión terapia ocupacional para autistas y le han remitido a Comunicar, fundación privada que  no tiene cupos ni espacio físico.
Por ello asegura que muchos familiares de autistas deambulan en busca de escuelas o centros especializados, sin mayor resultado.
Indignada y preocupada por el futuro de su hija, sostiene que la Misión Manuela Espejo es una farsa publicitaria y espera que, al denunciar su caso, alguna autoridad con un mínimo grado de sensibilidad haga algo para corregir la política.
Superando la peor crisis con valentía y tenacidad
Hace dos años, Patricia y Victoria atravesaron uno de los peores momentos de sus 24 años juntas. Tuvo que dejarla para someterse a un tratamiento contra el cáncer. Su ausencia le desató la peor crisis de angustia que ha tenido. Fue atendida en el Hospital Psiquiátrico de Guayaquil en donde le  cambiaron una medicina. Aunque mejoró, desarrolló una alergia y subió de peso de forma descomunal. Esto desató otra crisis de ansiedad desbordada en diciembre pasado. Tratar estos problemas demanda un gasto mensual que supera los 300 dólares. El rubro baja a la mitad en condiciones normales. Sostener ese nivel es tenaz para Patricia, pues no trabaja porque debe cuidar a Victoria las 24 horas y depende de la ayuda de una hermana y un sobrino.
Para solventar en parte sus necesidades, la exbailarina prepara comida en molde, pero que no implique estar cerca del fuego mucho tiempo., porque eso complica su cáncer de piel.
Preocupada por el estado de Victoria, Patricia llamó a Miguel  Palacios, ex director del Hospital Psiquiátrico, quien detectó que estaba mal medicada. Ahora está en proceso de desintoxicación para luego bajar de peso.
Gracias a la ayuda de su madre, Patricia podía pagar la pensión de Victoria en la Fundación Comunicar, especializada en atención a personas autistas. Pero, desde que falleció, la situación se complicó.
A esta mujer,  acostumbrada a la vida social, a los viajes y dedicada a su arte, la maternidad la sorprendió a los 40 años y dio a su vida un giro de 360 grados.  Hoy  tiene 64, casi el triple que Victoria, quien –en sus palabras-  terminó de moldear su personalidad.
Pese a lo vivido, asegura no sentirse derrotada por el autismo que enmudece los sueños de su hija ni por el cáncer. De hecho  ha mejorado y es probable que no tengan que volver a operarla. Victoria superó la crisis y ha vuelto a hablar. Dice su nombre y los colores en inglés, también pide arrocito y pollito, comenta la madre. Aunque no escribe porque tiene problemas de motricidad fina, es hábil, toca el órgano con ambas manos y le gusta pintar. Y, en cualquier momento y lugar, repite cosas que dice Patricia  y le hace quedar mal.
Patricia no llora, la vida curtió su carácter, pero admite que le preocupa algún día no tener para las medicinas y la comida de Victoria. Hasta ahora no ha ocurrido porque siempre, en el peor momento, no falta un amigo que le tienda su mano.
Recuerda que cuando Victoria nació y la vio en la termocuna con cables por todos lados, estuvo a punto de llorar. “Entonces, el doctor Enrique Valenzuela me dijo: ‘Usted, descontrolada, no me sirve’. Ninguna frase me ha llegado tanto. Se me quitó el llanto y la pataleta. Cuando Victoria  entra en crisis es cuando más tranquila estoy.  Ella cambió mi vida, pulió mis creencias, reafirmó lo que soy. El autismo es difícil de manejar, más aún en un país como Ecuador en donde los médicos y centros especializados  son escasos".
Eso se debe, según Patricia, a que los autistas no aportan nada al país. “Lo digo sin pena, no hay que hacerse pajaritos en la cabeza, personas como mi hija son una carga para el Gobierno. Esa es la realidad y explica su abandono u su exclusión”.
Patricia tenía 40 años cuando Victoria nació. “Yo trabajaba, me divertía, tenía una vida light, siempre me ha gustado lo social. Ahora vivo  en austeridad, no busco lujos, aprendí a ver las cosas desde otro punto de vista. Solo espero que ella se vaya primero, aunque me dejará a un gran vacío. Espero haber paliado sus angustias y miedos durante este tiempo”.

«Emilio»Sueldos»»Kronfle»»»Torres

Contrainforme a la nación

Escrito por mh en . Publicado en Reportaje.

Compatriotas:
El gobierno ecuatoriano ha logrado un alto grado de concentración de poder, falta de transparencia y censura a través de reformas legales y constitucionales gracias a una sumisa Asamblea Nacional, nuevas instituciones de control y a un uso abusivo del sistema penal y de medidas administrativas.
Hoy, 24 de mayo, día del Contrainforme a la Nación, Rafael Correa Delgado ya lleva ocho años de ejercicio en el poder en Ecuador y va por más[1]. Pero la consolidación del poder de Correa se dio en una época de vacas gordas, el Gobierno ha gastado USD$ 228 317 millones en el sector público[2], y ha tenido un precio del petróleo alrededor de los USD$100.00. Con las vacas flacas de la baja del precio del petróleo, el régimen enfrenta nuevos retos que amenazan su posibilidad de perpetuarse.
Ocho años de ejercicio del poder podría parecer un logro democrático e institucional en lo que antes era una inestable República que cambiaba de Presidentes con frecuencia. No lo es, el atropello del régimen de la Revolución Ciudadana a los principios y valores democráticos de la República del Ecuador no es reciente, desde muy temprano en su Mandato empezó a demoler la de por sí débil institucionalidad del Ecuador.
El resultado de la esperanza ante la promesa de manos limpias se ha desvanecido en el país. La percepción de la corrupción se ha ampliado de la mano del creciente control del Presidente sobre las otras funciones del Estado[3]. Al inicio del régimen, la propuesta de una Constituyente ilusionó a los ecuatorianos. De la Constitución aprobada en 2008, Correa sólo se quedó con la concentración del poder e irrespeta todas las garantías y derechos que esta consagra.
Los dos nuevos poderes creados en Montecristi que iban a garantizar la pureza del sufragio y la participación ciudadana y lucha contra la corrupción: el poder Electoral y el poder Ciudadano están integrados exclusivamente por personas vinculadas con el régimen.
El flamante poder ciudadano dio muestras de su parcialidad cuando no defendió a una de sus propias veedurías.[4] Y su rol en los concursos de mérito y oposición para ocupar dignidades en cualquiera de las funciones del Estado, han sido constantemente cuestionados.[5]
El poder electoral funciona sólo cuando se trata de llevar adelante las iniciativas del Ejecutivo pero se dedica a bloquear aquellas demandas de consulta popular que nacen de la ciudadanía o grupos opositores[6]. En materia de observación electoral, la ceguera del Consejo Nacional Electoral (CNE) ante infracciones cometida por Correa o su organización política es inversamente proporcional a la atención con que persigue a quienes son percibidos como opositores.
La falta de independencia del poder judicial ha llevado a que sea por un lado, el instrumento de retaliación del régimen contra quienes percibe como opositores, ya sea políticos, periodistas, líderes indígenas, activistas sociales o jóvenes estudiantes, mientras que por otro lado ha dejado en la impunidad graves casos de corrupción cuando personas cercanas al poder estaban involucradas, promoviendo la corrupción. El debido proceso es un mito en el Ecuador.[7]
La Asamblea Nacional ha sido un elemento clave para legitimar el creciente control social por parte del Ejecutivo y la impunidad de los casos de corrupción y violación de derechos humanos. La Asamblea Nacional ecuatoriana ha mutilado su capacidad de fiscalización (una de sus funciones según la Constitución de Montecristi), llegando incluso a bloquear los pedidos de información realizados por asambleístas independientes en obediencia a una orden que el Presidente Correa dio al Presidente del poder Legislativo. Las nuevas autoridades de la Asamblea ni siquiera se molestan en guardar las formas de una independencia de poderes.[8] 
Pero lo más grave del rol de la Asamblea ha sido la aprobación de voluminosos cuerpos legales elaborados por el Ejecutivo, con una mínima discusión y sin reparar en la inconstitucionalidad manifiesta en gran parte de dichos textos. El andamiaje legal que construyen esas nuevas leyes es uno de censura y represión, se destaca entre ellas la Ley de Comunicación del 2013 que crea un nuevo cuerpo regulatorio (la Superintendencia de Información y Comunicación, SUPERCOM) para monitorear a los medios sobre la base de la “verdad, veracidad y oportunidad” de sus comunicaciones. Esta Ley prohibía “el linchamiento mediático”, un concepto que buscaba evitar la publicación de información que estaría designada para desacreditar o difamar a individuos, realmente debieron aclarar que era sólo para funcionarios públicos[9]. A la censura y autocensura de medios de comunicación, ya sea prensa escrita o audiovisuales, y periodistas en el Ecuador, ocasionadas por la Ley de Comunicación y sus instituciones vinculadas, se suma para crear un clima de silencio y represión el Código Orgánico Integral Penal aprobado a inicios de 2014, que entre cerca de cien nuevos delitos incluye varios vinculados a la revelación de información ¡pública! y tipifica el delito de pánico financiero y económico. Delito que se estrenó con una advertencia por parte de la CORDICOM a quienes estaban comentando el nuevo Código Monetario.[10] Hasta el citado Código Monetario sigue la tónica de la falta de transparencia limitando el acceso a la información sobre la deuda del país inclusive a las autoridades de control.
El clima de silencio y represión lo perfecciona el Ejecutivo con sus actuaciones, Ministerio del Interior, Secretaría Nacional de Inteligencia, Secretaría Nacional de Comunicación, entre otros. En un momento dado, cualquier institución del Estado puede ser utilizada para perseguir y reprimir ya sea el Ministerio de Educación[11], el MIES[12], las autoridades de tránsito y policía[13], SRI, SENESCYT, lo comprueba. Cualquier ente incluso los aparentemente técnicos, ante un pedido del Presidente, pueden convertir en blanco a una persona u organización.
Otro mecanismo utilizado por el Ejecutivo en su política de silencio y represión son los Decretos Presidenciales. Uno de ellos, el Decreto 16 apunta hacia su otro “enemigo” según la definición del régimen: las organizaciones no gubernamentales. Sobre todo aquellas que se atreven a disputarle el rol de crear sentido y presentar alternativas a la sociedad. El Decreto 16 crea un sistema de control que le permite cerrar aquellas organizaciones que no se sometan[14].
Pero, el gran desafío del Presidente Correa no se lo presentaron quienes define como “enemigos” sino la caída de los precios del petróleo por debajo de la barrera de los USD$50.00 con un presupuesto calculado en base a un precio de petróleo estimado de USD$79.70. Correa no supo administrar la abundancia e incluso con los precios altos su presupuesto ya estaba desfinanciado[15]. Sumado esto a su relación de endeudamiento con China poniendo como garantía el petróleo también le daba poco margen de maniobra. Las ofertas millonarias del reciente viaje parecen prometedoras, pero en su mayor parte son líneas de crédito para comprar bienes al país asiático.
La relación con China tiene varias aristas: la financiera, la del socio en los sectores estratégicos, la de la corrupción. China es su gran aliada en el “cambio de la matriz tecnológica” que hace referencia fundamentalmente a los proyectos eléctricos y mineros.  Para ello se realiza una propaganda invasiva sobre el “cambio de la matriz tecnológica[16]”.  Frente a esta propaganda dos eventos han sido un balde de agua fría: El asesinato del líder Shuar José Tendetza enfrentado al Proyecto minero Mirador[17]; y, la muerte de 14 trabajadores en el Proyecto Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair[18].  La reacción del gobierno en ambos casos ha sido echar tierra al asunto y no investigar a las empresas responsables de Mirador y Coca Codo Sinclair: Empresas chinas.
La crisis económica nos muestra a nivel interno, un Correa que no está dispuesto a recortar sus gastos en propaganda ni enfrentar la galopante corrupción de su gobierno, pero incrementa impuestos sobre ciertos bienes y recurre (más) a los fondos del Instituto de Seguridad Social[19] y se busca como inyectar más recursos a esta institución convertida en la alcancía del Estado[20].
Estas medidas han ido provocando que se vayan juntando grupos que se sienten afectados por las políticas gubernamentales y que después de muchos años el Ecuador vea marchas simultáneas en la mayor parte de ciudades del país lideradas por organizaciones de trabajadores. A la marcha del 17S (17 de septiembre) le siguió en un plazo relativamente corto las marchas del 19N (19 de noviembre), 19M (19 de marzo) y 1M (1 de mayo)[21]. El régimen no negocia, las leyes en contra de las que muchos de los marchantes se movilizaron, fueron aprobadas por la Asamblea.Este Régimen se atrevió a lo que ningún otro hizo antes: confiscar los ahorros de los maestros y poner un techo a las utilidades de los trabajadores en un país donde constitucionalmente no se pueden dictar normas regresivas en materia de derechos laborales.
La tensión ante la situación económica no ha llevado al gobierno a tender puentes con los sectores de la sociedad civil, sino más bien a fortalecer esquemas de escarmiento y represión. La respuesta gubernamental al conflicto con los trabajadores ha sido montar su propia central de trabajadores con individuos y organizaciones de su esfera de influencia.  La respuesta a su conflicto con la CONAIE ha sido montar su propia organización indígena. ¿Quién sabe cuál será su respuesta ante el creciente descontento militar?
En este entorno de abuso hay uno al que el Presidente y su gobierno le dedican particular atención: el de los medios de comunicación independientes y el de los periodistas, ya no sólo los de investigación sino incluso los caricaturistas.
La publicación Charlie Hebdo no hubiera podido publicarse en el Ecuador[22], son las declaraciones del Superintendente de Información y Comunicación y ahora Presidente de la función de transparencia, Carlos Ochoa. Si a alguien le consta esto, es al caricaturista Xavier Bonilla “Bonil” quien ya va por su segunda demanda por la citada Superintendencia. Hace un año, a finales de enero Bonil y el Diario donde publica, El Universo, fueron sancionados por una caricatura sobre el allanamiento al comunicador Fernando Villavicencio[23]. A un año de eso, el 16 de enero de 2015, Bonil debía comparecer a la SUPERCOM por otra denuncia por una caricatura, al parecer ante la cercanía de los asesinatos en Paris su audiencia fue trasladada a febrero[24]. En Ecuador se sanciona el humor.
El 13 y 14 de mayo de 2014, Rafael Correa fue a Chile a una visita oficial y académica. El junio de 2014 la Supercom dio trámite a una denuncia de un ciudadano, Carlos Vera Quintanilla, quien alegaba que los diarios El Comercio, El Universo, La Hora y el desaparecido Hoy, no dieron la cobertura a este suceso, al que calificaba de interés público. Esa demanda está congelada en la Supercom. La estrategia es clara: había que esperar a que la incursión en la agenda periodística del Estado se diera por una denuncia de una figura distinta a la del presidente. Eso se dio recientemente con la denuncia a diario La Hora, por parte del alcalde de Loja, José Bolívar Castillo, por no haber cubierto su  rendición de cuentas.
En cuanto a periodistas de investigación, tenemos las tempranas sentencias (y posterior perdón Presidencial) a Juan Carlos Calderón y Christian Zurita por su libro Gran Hermano.  La persecución de Fernando Villavicencio, Asesor de Cléver Jiménez, autor de varios libros y denuncias sobre corrupción en materia petrolera, minera, telecomunicaciones, el protagonista de la caricatura de Bonil, cuya casa fue allanada el 26 de diciembre de 2014 y sus computadoras y documentos confiscados en un operativo dirigido desde la propia Presidencia de la República y luego fue condenado por otra causa, junto con el Asambleísta Cléver Jiménez[25] y el Dr. Carlos Figueroa[26]. El proceso contra Villavicencio, Jiménez y Figueroa estuvo plagado de violaciones al debido proceso. Las violaciones a sus derechos trascendieron el juicio con la negativa del gobierno a acatar las medidas cautelares que en su favor dictó la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Y continuó con su persecución, llegando incluso a amenazar a la comunidad Sarayacu que los había refugiado.
No sólo los periodistas sino los medios son perseguidos vía juicios y/o sanciones administrativas por parte del gobierno y su aparato de censura mediática. El caso del juicio a El Universo es ya de antología[27] pero no fue el primero ni es el último medio perseguido por el régimen. Recientemente el ámbito de las sanciones se amplió a la publicación de una foto sobre el accidente de Malaysia Airlines, tomada de una Agencia internacional, por parte de Diario Extra. La autoridad de control determinó que la foto incitaba al morbo[28]. Con esta sentencia se genera el antecedente de que un medio puede ser responsable incluso por reproducir un contenido pese a que se indica su origen.
En este período no solamente encontramos medios sancionados sino también medios que han debido cerrar ante la asfixia económica propiciada por el régimen. Tal es el caso de Diario Hoy, que diera tantas batallas contra el autoritarismo desde el gobierno de León Febres Cordero (1984-1988).
Al final del año 2014, con la noticia de la venta del Diario El Comercio, el segundo diario del país, con una tradición centenaria. El Comercio fue comprado por el Magnate mexicano de medios, Remigio Ángel González[29]
La atención y tensión del Presidente hacia los periodistas se fundamenta en su necesidad de eliminar a quienes intenten disputar el sentido de la realidad que intenta crear por medio de lo que algunos han llamado “Estado de Propaganda[30]” quienes expresen el disenso, permitan e incentiven que la sociedad se plantee alternativas quienes enfrenten el discurso único son obstáculo para la permanencia de un régimen que no tiene más alternativa que permanecer en el poder pues no puede darse el lujo de perderlo y ser sujeto de investigaciones en torno a su gestión por temas de corrupción y violación de derechos humanos y políticos.
Cerramos este Contrainforme con la interrogante de qué pasará en el momento en que se impongan no sólo la reelección indefinida, sino los límites a las funciones de la Contraloría y la Comunicación sea declarada un servicio público.

 

[1] Con el apoyo de una Corte Constitucional acríticamente aquiescente y la aplanadora de su partido en la Asamblea Nacional pretende reformar la Constitución para aprobar la reelección indefinida, establecer a la comunicación como un servicio público (por lo tanto que se ejerce por delegación del Estado) y minar la capacidad de control de una ya debilitada Contraloría General del Estado.

[2] USD 228 317 millones en el sector público, incluido el Gobierno central, empresas, gobiernos locales y otros entes del sector público que reciben contribuciones estatales http://www.elcomercio.com/actualidad/gestion-gobierno-rafaelcorrea-alianzapais-presupuesto.html

[3] Esta no es una acusación que le haga un opositor, activista social, periodista o académico, el propio Presidente declaró En el marco de su juicio contra Diario El Universo que era el jefe de todos los poderes del Estado enumerándolos: el Ejecutivo, el legislativo, el judicial, el electoral y el poder ciudadano.

[5] La integración de los dos vocales del Consejo Nacional Electoral es tan sólo el último de una larga lista de controvertidos procesos liderados por el CPCCS. http://rayuelaradio.com/red-de-mujeres-politicas-dice-que-el-cne-no-responde-a-sus-denuncias/

[6] Claro ejemplo de ello es el caso de la consulta sobre la explotación del Yasuní solicitada por Yasunidos y el bloqueo a la iniciativa de consulta popular sobre las reelección propuesta por Correa impulsada por Guillermo Lasso, líder de CREO. Lasso, solicitó al CNE los formularios para la consulta y estos le fueron negados.  Se le informó que su pregunta para recolección de firmas debía ser primero aprobada por la Corte Constitucional.  Meses antes, cuando el grupo ambientalista Yasunidos acudió a la Corte Constitucional para pedirles que califiquen su pregunta sobre la no explotación del Yasuní les dijeron que primero tenían que ir al CNE por los formularios y recoger las firmas para que recién después de recogidas la Corte se pronunciara al respecto, lo que nunca llegó a suceder porque pese a cumplir con el número de firmas requeridas el CNE se las invalidó.  Con posterioridad a Lasso, dos organizaciones políticas han introducido sus preguntas a la Corte Constitucional que ha demorado su pronunciamiento respecto a ellas hasta este momento.

[7] http://www.planv.com.ec/historias/politica/la-justicia-ecuatoriana-no-independiente/pagina/0/2

[8] La legitimación que hizo la Presidente de la Asamblea, Gabriela Rivera ante el allanamiento de las oficinas del asambleísta de PK, Cléver Jiménez en diciembre del 2013, no tiene parangón en la historia nacional.

[9] Muy pronto se evidenció que la Ley de Comunicación no sólo era inconstitucional y violatoria de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos en los cuales Ecuador es signatario sino que también era discrecional en su aplicación. La intrusión y publicación el 06 de enero del 2013 de los correos electrónicos de la Directora Ejecutiva de Fundación Mil Hojas, Martha Roldós, por parte de medios gubernamentales, y el archivo de su denuncia que por estos hechos presentó a la SUPERCOM evidencian que la Ley de Comunicación sólo existe para proteger las espaldas de quienes están vinculados al régimen.

[10] “El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom), publicó en su página web el 16 de julio un pronunciamiento, http://www.cordicom.gob.ec/wordpress/ , en el que, citando la Constitución, expresó su preocupación por el tratamiento del proyecto de Código Monetario y Financiero en los medios de comunicación, argumentando que se habla “sobre posibles ‘riesgos’ en la estabilidad del sistema financiero ecuatoriano de producirse la aprobación de la referida propuesta”. En ese sentido, instó a los medios “a la práctica de opiniones éticas que prevengan injustificados temores sociales”.” http://www.sipiapa.org/la-sip-califica-de-exabrupto-advertencia-etica-a-la-prensa-en-ecuador/

[11] Recordemos la sanción con expulsión de sus planteles por parte del Ministerio de Educación a los estudiantes del Mejía y el Montúfar, una vez que salieron de la cárcel, donde estuvieron por su participación en la marcha de los trabajadores del 17 de septiembre del 2014.

[12] La Ministra de Inclusión Económica y Social, Betty Tola, anunciando el 11 de diciembre de 2014 a la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE) el desalojo de su sede en Quito, misma que había sido otorgada en comodato por el Presidente Rodrigo Borja; a pretexto de que el inmueble sería utilizado para la rehabilitación de jóvenes adictos. Pretexto que fue desvirtuado por el propio Presidente Correa quien indicó que el desalojo se debe a que los indígenas han utilizado el local para “hacer política y oposición al gobierno”. http://www.laizquierdadiario.com/Rafael-Correa-amenaza-desalojar-al-Movimiento-Indigena-de-la-CONAIE. El desalojo no se realizó en la fecha prevista, (06 de enero del 2015) debido a un recurso interpuesto por la CONAIE.

[13] El acoso a la “Caravana Climática” que se dirigía hacia el COP20, Lima, Perú por el sólo hecho de que en Ecuador se sumó el grupo Yasunidos, en la mira del régimen, recorrió el mundo. http://www.eluniverso.com/noticias/2014/12/02/nota/4298616/caravana-climatica-denuncia-acoso-policial-ecuador-su-viaje-hacia

[14] Tal fue el caso de Pachamama, organización que se encontraba en la defensa del Yasuní en diciembre de 2013. Varias organizaciones no gubernamentales (Fundamedios, Ecuarrunari, entre otras) se declararon en rebeldía y denunciaron la inconstitucionalidad del Decreto que establecía además un plazo perentorio que se cumplía el 20 de diciembre de 2014 para completar el trámite de reinscripción. La disposición, además de arbitraria era absurda, y gran parte de las ONGs no pudo alcanzar a cumplirla por las propias limitaciones de las autoridades. Cumplido el plazo para sorpresa de todos, las 46.330 ONGs del país, incluidas las declaradas en rebeldía, fueron reinscritas por el propio Ejecutivo, violentando su propia norma.

[15] De hecho venía administrando tres años con presupuestos desfinanciados.

[16] Los proyectos hidroeléctricos, nos dicen, generarán suficiencia energética y eliminaran nuestra costosa dependencia del gas (cuyo subsidio es de alrededor de US$4000 millones. Por otro lado, los recursos que genere la minería a cielo abierto complementarían los ingresos petroleros.

[17] Cuyas circunstancias quiso ocultar la fiscalía de Zamora pusieron sobre el tapete sus denuncias sobre los manejos de la empresa china que está a cargo ahora de la explotación del proyecto minero Mirador.

[18] Coca Codo Sinclair no sólo exhibió las condiciones de inseguridad y abuso de quienes trabajaban ahí sino que desenterró las denuncias en torno a las irregularidades técnicas de la obra poniendo en duda de que la promesa “eléctrica” esté a la altura de lo ofrecido

[19] Que supuestamente es autónomo y maneja los fondos de salud, pensiones jubilares y otras prestaciones de los trabajadores.

[20] En esa búsqueda se afectan derechos de los trabajadores.  Se confiscan fondos privados de ahorro que ahora pasarán a ser manejados por el Banco del IESS quien se los prestará a su vez al gobierno y se hacen leyes para limitar utilidades. http://milhojas.is/612236-de-quien-es-el-dinero-del-iess.html

[21] Unos días antes, para la histórica marcha del 15 de noviembre, el gobierno debió emplearse a fondo para poder “tomarse” la ciudad de Guayaquil, con los consabidos buses interprovinciales y la política de la cola y el sándwich, frente a esto, lo que hicieron los trabajadores de realizar marchas simultáneas en las ciudades más importantes del país con la gente de cada lugar, apareció como una proeza, aún más cuando la represión en la capital de la marcha anterior (17S), con la presión y judicialización de los estudiantes de los planteles secundarios Mejía y Montúfar hacía temer que la política de amedrentamiento y escarmiento del gobierno desanimara a los trabajadores.

[25] Quien había denunciado las irregularidades del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, que acaba de costar la vida de 14 trabajadores, poco antes de ser ilegalmente despojado de su inmunidad parlamentaria para ser juzgado.

[26] La causa por la que se los condenó fue una denuncia a la Fiscalía en la que pedían se investigue quién ordenó disparar contra el Hospital de la policía el 30 de septiembre de 2010 durante el operativo de salida del Presidente. El 15 de enero de 2015 se ha lanzado un libro de autoría del Gral. Ernesto González, Exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas sobre los sucesos de ese día.