Autor: mh

Operativo Resurgir
El operativo Resurgir, se ejecutó el 27 de septiembre del 2011, cuando una unidad Antinarcóticos de la Policía, gracias a una denuncia de un ciudadano identificado como “Joselo“, permitió la captura de más de una tonelada de cocaína en una propiedad cercana al aeropuerto de Tachina – Esmeraldas. Uno de los principales implicados en la banda, era nada más y nada menos que el comandante de la Policía de Esmeraldas, general Galo Alfredo Carrera Vizuete, detenido junto a otros integrantes. Pero, si bien las autoridades antinarcóticos de Ecuador actuaron con base a una llamada telefónica, la Policía de España, ya había advertido a su similar ecuatoriana, respecto a la red narco que venía operando en los dos países.
Foto: Presentación de los paquetes de droga incautados en el operativo Resurgir. (Imagen El Universo).
En efecto, desde 2010 la Policía de Cataluña, “Mossos d Escuadra”, seguían la pista de una red de narcotráfico cuyo objetivo era el traslado de droga desde Ecuador hacia Europa y África bajo la figura de fundaciones de ayuda humanitaria. Las autoridades ecuatorianas desconocían o hacían caso omiso de esta red e incluso luego del Informe de los Mossos d Esquadra, no se ha investigado a fondo a todos los implicados y su relación con la política nacional. Quienes purgan en las cárceles son los peces chicos, los tiburones o figuras políticas relacionadas, se mantienen en la impunidad.


La Policía española inicia averiguaciones y uno de los primeros personajes que aparece en esta escabrosa historia es el representante de una organización de asistencia a migrantes, Fassae (Fundación de Asistencia Social y Apadrinamiento en el Ecuador), Marco Vinicio Chávez Vallejo que, coincidentemente era el tesorero en España, de la campaña de Alianza País; además de haber sido jefe zonal del Consejo Nacional de Sustancias Sicotrópicas (CONSEP). Una suerte de gato cuidando la quesería.
En los informes de la Policía de Cataluña se encontró información que vincula a Fassae con el mexicano Héctor de Jesús Martínez Ramírez, alias 'El Ingeniero', una pieza clave del cartel de Sinaloa en Ecuador. En otras dos entidades, AERE (Asociación de Españoles Residentes en Esmeraldas) y CONAMOS (Consejo Nacional de Movimientos  Sociales), figuran como representantes, Eduardo Cedeño y Cristian Arana, también sindicados y detenidos.
Dentro de la investigación de la policía española se realizan algunas intervenciones a las líneas telefónicas de Marco Vinicio Chávez, de donde se desprende una amplia información que llevará a la detención de los implicados en esta red de narcotráfico y lavado de activos. La investigación arroja nombres como, Gregorio Tello Mejía , exviceministro del Interior del gobierno de Correa, Eduardo Sandoya Sánchez, quien entonces era subsecretario de Coordinación Institucional del ministerio de Justicia; Nicolás Issa Obando, exembajador de Ecuador en España; Ramiro González, exministro de Industrias, y líder el movimiento político Avanza, organización aliada al gobierno de Alianza País.
Foto: Crsitian Arana fue el que acusó a altos miembros del Gobierno de tener nexos en el caso Resurgir.
También se revela la participación del oficial de la Marina Luis Khon Becerra; Édgar Aguayo Molina, que desempeñó funciones de intendente y director de Autoridad Portuaria de Esmeraldas; Homero Cervantes Coronel, abogado, ex gobernador de Esmeraldas, antiguo dirigente del Partido Comunista del Ecuador, que participa en el gobierno de la Revolución Ciudadana; y del entonces Comandante de la Policía de Esmeraldas, coronel Galo Alfredo Carrera, sentenciado y encarcelado.
Además, muestra la vulnerabilidad del puerto de Esmeraldas para actividades ilegales, situación que dio indicios para las investigaciones de las relaciones de estos personajes con los carteles mexicanos. La policía española identificó en primer lugar al “Ingeniero”, un mexicano que después del operativo Resurgir fue identificado como Héctor de Jesús Ramírez Martínez. Un aspecto particular del operativo Resurgir es que el modus operandi, era el traslado del alcaloide y altas sumas de dinero a través de valijas diplomáticas, mulas y conteiners.
Foto: Valla publicitaria ubicada en Esmeraldas, promocionando el SÍ en la Consulta. Aparecen dos de los implicados: Eduardo Cedeño y Marco Chávez, junto a Rafael Correa.
Según el informe realizado por los Mossos de Escuadra, luego de recibir 500 mil euros de un cártel mexicano, Marco Vinicio Chávez Vallejo ordenó a Eduardo Cedeño Cortez que regrese a Ecuador, el 2 de febrero del 2011, para coordinar el envío del dinero y adquirir un cargamento de cocaína para ingresarlo a España.
Para el envío del dinero a Ecuador, escogieron el sistema de “pitufeo”, que es la utilización de un grupo numeroso de personas de confianza en los países de origen y destino, para realizar operaciones de envío de sumas de dinero inferiores a 3 mil euros. Contactaron entonces en Esmeraldas al abogado Colón Colorado Velasco, quien recibió los primeros 2.249 euros (entonces equivalentes a $ 3.000), cantidad similar se envió a nombre de la madre de Colorado.
Los depósitos en Ecuador se harían a la cuenta del empresario esmeraldeño Armengol Pineda Jacho, dueño de gasolineras y al que la organización buscaba ponerlo en la Autoridad Portuaria de Esmeraldas, también fue detenido en el operativo. En un diálogo telefónico del 7 de enero de 2011, Armengol Pineda le cuenta a Marco Chávez que estuvo con Ramiro González y hablaron de la entrega de la Presidencia de Autoridad Portuaria, y que Homero Cervantes también está tratando de “sacar“ la Presidencia. En la conversación además se hace referencia al cobro de 1 millón de dólares a Petroecuador, aunque Chávez sostiene que sería mejor hacerlo a través del embargo de bienes a la estatal petrolera. No se precisa cuál es el tema. (Informe Cataluña)
Mientras Chávez buscaba lavar el dinero del cartel mexicano liderado por “El Ingeniero”, en Ecuador, su socio Eduardo Cedeño Cortez debía ser el encargado de exportar la droga hacia Europa. En ese proceso entabló relaciones con autoridades de la policía al más alto nivel, como al Comandante de Esmeraldas, Galo Carrera Vizuete, y vinculó al plan a Cristian Arana Vásquez. Arana fue capturado por la policía el 29 de septiembre del 2012 en Santo Domingo de los Tsáchilas y llevado a la cárcel de Esmeraldas. Días después de su captura, Arana le dijo a los medios de comunicación que temía por su vida: “el día de mi captura me iban a asesinar”, además responsabilizó a Mario Latorre de cualquier cosa que pudiera pasarle.
En declaraciones a diario La Hora, Cristian Arana, dijo que la casa de Tachina en la que encontraron la droga nunca fue de su propiedad: “El dinero se me entregó por parte de Mario de La Torre, alegando que como era funcionario público no podía tener bienes a su nombre. Me pidió de favor que buscara una persona de confianza y por ello se le solicitó a la señora Gladis Vega Ávila, que por favor se ubique esa propiedad a su nombre ya que Mario de La Torre quería una propiedad cerca del aeropuerto para las veces que llegara a la provincia tener un lugar donde hospedarse”, expresó.
En otra entrevista concedida a diario El Universo, Arana igualmente insistió en sus acusaciones contra el asesor presidencial, Mario Latorre. “El 5 de mayo en Guayaquil, una persona me entregó 56 000 dólares en el hotel Sheraton” (…) “Me dijo que era por pedido de mi jefe. Fui al baño, conté la cantidad y el 6 de mayo se hizo en la Notaría Cuarta de Esmeraldas la promesa de compraventa. La propiedad tenía hipoteca del Banco Nacional de Fomento por U$ 5000; dijeron que iban a pasar unos días para levantarla. Le comenté a Mario, él habló con una persona llamada Vanesa y al ratito llamaron al departamento jurídico del Banco en Esmeraldas y se levantó la hipoteca”, expresó.
Foto: De izquierda a derecha: Jhon Argudo, entonces miembro del Directorio del BIESS (Banco del IESS), Ramiro González, exdirector del IESS y ministro de Industrias, y Cristian Arana, en Esmeraldas.
La Fundación de Asistencia Social y Apadrinamiento en el Ecuador (Fasae), era una  de las cortinas a ser utilizadas para el envío de la droga, y estaba vinculada con la Asociación de Españoles Residentes en Esmeraldas (AERE), de la cual Cristian Arana era su presidente, pero este rechazó la vinculación y señaló que Fassae tenía supuestamente como cabeza al asesor presidencial, Mario Latorre, y que la compra de la vivienda en Tachina, donde incautaron la droga, la habría hecho con dinero y a pedido del mismo Latorre.
Una de las pruebas exhibidas por Arana para demostrar la participación del asesor presidencial, es la comunicación enviada el 21 de septiembre del 2010, desde Fassae al presidente Correa en la que le propuso convenios entre ministerios y esa fundación. La propuesta lo envió al correo electrónico [email protected] y recibió una respuesta del correo [email protected]: “remitimos su solicitud misma que ha sido remitida por el señor Mario Latorre asesor presidencial para su atención” (sic). Arana declaró que Mario Latorre le habló de la intención de formar una fundación. “La cuenta de integración fue de 4.000 dólares, lo dio él en efectivo; dijo que buscara la gente y que las organizaciones del Estado estaban para colaborar en el proceso”.
Christian Arana, financió la construcción de una obra civil en la Unidad de Vigilancia Sur de la Policía en Guayaquil. Investigaciones internas de la Policía probaron que el teniente coronel Aníbal Sarmiento, jefe de la unidad recibió U$ 2100 por parte de Arana Vásquez como donativo para mejorar las condiciones de una cancha de uso múltiple. Sarmiento declaró que mantuvo al menos tres encuentros con Arana y explicó que este contacto inició por gestión de otro oficial, Marlon Martínez Torres quien aseguró que Arana trabajaba para el Consejo Nacional de Movimientos y Organizaciones Sociales (CONAMOS) y que con ese antecedente podía hacer el trabajo. Los actos de ambos oficiales motivaron al Consejo de Generales de la Policía a emitir la resolución N° 2012-117—CsG el 3 de febrero del 2012 en la que ordenaron colocarlos a disposición del Ministerio del Interior.
Foto: Cartel de CONAMOS en respaldo al gobierno de Rafael Correa.
Arana sostiene que el “CONAMOS nació luego del 30 de septiembre del 2010, cuando se produjo la sublevación policial en Quito. El gobierno se dio cuenta de que no tenía una base social real organizada, para que reaccionara ante problemas graves como un golpe de estado y buscó aliados”. Desde la cárcel, Arana recuerda que CONAMOS movilizó gente a Quito para el primer aniversario del 30S. Además precisa que apoyaron la campaña por el SÍ, en la Consulta Popular de mayo del 2011. En marzo de 2012 el CONAMOS envió una carta de apoyo a Ricardo Patiño, a propósito del escándalo de la narcovalija.
Dice que envió una invitación para la posesión de la directiva del CONAMOS en Santo Domingo de los Tsáchilas, que se realizó en abril de 2011. La presidencia de la república le contestó a través del oficio SECPAR-O-11-02562, agradeciendo por la invitación y delegando un representante. Lo propio hizo el músico de Pueblo Nuevo, Galo Mora, en ese entonces secretario ejecutivo de Movimiento Alianza País, que también envió a CONAMOS el oficio SEAP-O-11-243.
En la casa de Eduardo Cedeño, líder de la banda funcionó una de las sedes del partido de gobierno en Esmeraldas. Cuentan los vecinos que hasta el 2010 había un gran letrero que decía: “La Casa del Movimiento País”, el color verde flex aún da testimonio de ello. Luego se cambió el rótulo por el de la Fundación AERE.
Foto:  Casa de Eduardo Cedeño donde funcionó una sede de Alianza País y luego la Fundación AERE en la ciudad de Esmeraldas.
Aunque algunos funcionarios del régimen han negado toda vinculación con los procesados, Cedeño y Arana, el ex gobernador de Esmeraldas, ex ministro de Justicia, y actual Alcalde de Esmeraldas, Lenin Lara, sí los recuerda, porque fue el responsable de la campaña junto con Miguel Salvatierra, director provincial de Alianza País. El nombre de Miguel Salvatierra también aparece en el informe de la policía española. La sinceridad de Lara fue más allá, dijo Cedeño fue cercano a un ex ministro de este Gobierno al que la Fiscalía acusó de peculado. Se refería a Gregorio Tello Mejía.
Cuando la Policía allanó la casa de Eduardo Cedeño, encontró documentos en los que solicitaba la concesión de un espacio en la terminal aérea de Esmeraldas, para la instalación de un hangar y la creación de una escuela de pilotos. También se encontró un contrato de compra venta de un buque y documentos de compra de una aeronave Cessna, modelo C-320F.
El 21 de febrero de 2011 se registró una llamada de Chávez a Cedeño, en la que le explicó el envío de U$ 30 000 a nombre de la Fundación Prahu, organización catalana de ayuda a migrantes.

««Ostaiza, Chauvín…«Pierina y Ostaiza

Vínculos con carteles mexicanos
En México, el 7 de abril de 2008, el Juez Primero de Materia Penal, ordenó la prisión del piloto del avión GLF59, Jorge Arévalo Kessler, que operó en la ruta México – Quito – Tachina – México. Arévalo no es un piloto cualquiera, es sobrino del exsecretario de la Defensa Nacional, Juan Arévalo Gardoqui , y según la Fiscalía mexicana, él pertenecía a una banda de narcotráfico liderada por Antonio Aguilar, alias “El Arquitecto“, cuyo nombre real es Pedro Antonio Bermúdez Suazo, hombre de confianza de Joaquín “El Chapo“ Guzmán, máximo jefe del cartel de Sinaloa, detenido en 2014 en México. Informes de inteligencia de la Procuraduría General de la República (PGR) señalan a Arévalo Kessler, como transportista de cargamentos de cocaína a México y de dinero en efectivo a Sudamérica.
Foto: Pierina Correa junto a uno de los hermanos Ostaiza en la Penitenciaría del Litoral, Guayaquil.
De acuerdo con el oficio C1/C4/ZP/4852/07, de 26 de octubre de 2007 suscrito por Carlos Anselmo Lugo Félix, de la PGR, “(por) información de inteligencia se sabe que Agustín Romero Villa y Jorge Gustavo Arévalo Kessler están involucrados en el decomiso de 3 toneladas 750 kilogramos de cocaína, mismos que pretendían trasladar de Ecuador al aeropuerto de Toluca, Estado de México”.
En la declaración de Arévalo, a la justicia mexicana, señaló: “El tres de octubre de 2007 recibí una llamada de Agustín Larcen, quien me dijo que íbamos a volar de Toluca a Acapulco y de ahí a Esmeraldas, Ecuador; que íbamos a llevar a cuatro personas y tres llantas que contenían dólares americanos“ (…) “El 24 de octubre de 2007 regresamos al aeropuerto de Toluca, estacionamos (sic) el avión en el hangar de CEA y posteriormente me enteré que el avión había sido decomisado por la PGR, porque en un análisis había dado positivo a cocaína”.
Para esa fecha (2007) el especialista en temas de narcotráfico, Bruce Bagley, ya advirtió sobre la presencia de carteles mexicanos en territorio ecuatoriano. “Sinaloa está presente (en Ecuador). El cartel de Tijuana o los Arellano Félix están aquí. Y hay un nuevo cartel que es del Pacífico Sur que también está aprovechando la desprotección de las costas”, dijo.


Operativo 'Huracán de la Frontera'
El legendario caso, Huracán de la Frontera, vinculó también a ex funcionarios del actual Gobierno. Para febrero de 2009, el tema Chauvín ya había estallado: José Ignacio Chauvín, antiguo dirigente del movimiento oficialista del presidente Correa, Alianza País, reconoció haberse visto en siete ocasiones con "Raúl Reyes", dirigente de las FARC, muerto en su campamento en Ecuador en marzo de 2008 en un bombardeo de las Fuerzas Armadas Colombianas (FARC).
Foto: José Ignacio Chauvín es el fundador de la Brigada Nacional Simón Bolivar y fue subsecretario del Gobienro de Rafael Correa.
Chauvín fue apresado en febrero de 2009 por asociación ilícita con los hermanos Jefferson, Miguel y Édison Ostaiza Amay, acusados y detenidos por narcotráfico e incluso con la sospecha de su vinculación con la campaña de Rafael Correa, tras pedir un recurso de habeas corpus, Chauvín, salió en libertad en junio de ese mismo año. A los Ostaiza, también se los acusa de montar la empresa Joamy Emma, una pantalla para acceder a contratos en Petroecuador y otras áreas estatales. Además se los relaciona con el asesor de Rafael Correa, coronel del ejército (r) Jorge Brito, con el ex embajador en Venezuela, René Vargas, y con el odontólogo de la selección de fútbol, Luis Ayala, asesinado en abril de 2008 por sicarios, cuando salía de su domicilio en Quito en un lujoso auto Jaguar.
La investigación de estos casos quedó en el olvido, como tantos otros donde guardaban relación miembros del Gobierno actual, como la asambleísta oficial María Augusta Calle, señalada en varios informes de inteligencia como contacto de las FARC en Ecuador, e incluso Juan Meriguet Martínez, esposo de la legisladora quien fue subsecretario de Participación en el Ministerio Coordinador de la Política y asesor del Canciller Ricardo Patiño.
La Comisión 'Angostura'
Luego de lo sucedido en Angostura, el presidente Rafael Correa, creó una comisión, las conclusiones de ese informe reflejan la preocupación de Francisco Huerta Montalvo: "se está convirtiendo a Ecuador en una narcodemocracia" (…) "todos los poderes del Estado" están siendo infiltrados por el tráfico de drogas. Esta podría ser considerada una de las primeras y más importantes alarmas de la infiltración del narcotráfico en altos niveles del Estado. Otros datos reveladores se muestran en el documental que fue prohibido en el país: Retrato de un Padre de la Patria.
Foto: el fallecido número 2 de las FARC, alias Raúl Reyes.
La investigación de la Comisión desnudó la relación de altos funcionarios del gobierno con el narcotráfico. En el informe se lee: “el video del Mono Jojoy y los cuadernos encontrados en Tasé y Angostura, establecen vínculos de Gustavo Larrea con las Farc. El video y los cuadernos son auténticos, según los informes periciales ordenados por la Comisión, lo cual también es corroborado por Julio César Vizuete Larrea, quien reconoce que la letra de esos manuscritos era suya y que fue dictada por Raúl Reyes.
En uno de los cuadernos de Reyes se lee: “Larrea, Brito y el Dr. Ayala, estoy seguro, se mueven con los carteles mexicanos de la droga y para tener vía libre en sus líneas colaboran con la CIA. Para ellos yo soy el verdadero botín y entregarme será su mejor negocio. Por mucho que insista Nacho Chauvín como correo de Larrea, no le veo conveniente permanecer en el campamento de Angostura, que ocupé a insistencia de Brito, sé que Larrea está detrás de todo esto. Este lugar es una trampa, pero me tienen amarrado, con el pretexto de que debo recibir a las delegaciones internacionales“
Según la Comisión, el 15 de enero de 2008, Reyes escribió: “Definitivamente, tengo la certeza de que el Gobierno de Correa nos ha traicionado. El coronel Brito con el Dr. Ayala solo nos utilizan para su “cartel“, con la ayuda de esos comandantes que solo ven la conveniencia del negocio. El ministro Gustavo Larrea es otro traidor. Las dilatorias constantes para la liberación de los prisioneros y el intercambio humanitario, lo dejan claro. Solo les interesa negociar la merca. “Nacho Chauvín es otro farsante, nos ha fallado y solo se dedica al negocio de la merca con los Ostaiza“.
Para la Comisión, Ignacio Chauvín estaba fuertemente ligado al narcotráfico y a la guerrilla de las Farc. Su relación principal era con el guerrillero Fredy Castillo, uno de los hombres de confianza de Oliver Solarte, alias “Casimiro“, considerado uno de los capos del narcotráfico, del tráfico de armas, precursores y pertrechos para las Farc. “Casimiro“ administraba una hacienda de propiedad del general (r) René Vargas Pazos, en Santo Domingo de los Tsáchilas. Oliver Solarte fue abatido en 2011 en un enfrentamiento con militares colombianos. De Solarte, dijo el presidente Juan Manuel Santos: “Manejaba todo el narcotráfico y el tráfico de armas del Bloque Sur de las FARC. Estaba entre el Comando Central y el Secretariado y respondía exclusivamente al Secretariado”.
Foto: el juicio de los hermanos Ostaiza tuvo un fuerte resguardo policial.
De acuerdo con la información de la Comisión, René Vargas reconoció ser amigo de Jorge Brito, quien también admitió haber tratado con uno de los hermanos Ostaiza por dos ocasiones. Vargas aparece en 2003 en una foto con Raúl Reyes en la selva del Putumayo. Además, entregó un certificado de buena conducta a Nubia Calderón, la “Embajadora de las Farc.“
Chauvín tenía relación con Guillermo Cabrera, primo de Gustavo Larrea, según un video presentado por Fernando Balda, en el cual se advierte el interés de promover varios negocios de los Ostaiza en el sector petrolero.
La 'frontera porosa'
“Frontera porosa“, así se describe en el Informe de Angostura, a la frontera de 640 kilómetros que une Ecuador y Colombia. “Porosa“, no solo por que ha permitido el tránsito ilegal de más de un millón de desplazados colombianos a Ecuador, sino porque es el cordón de paso y disputa de precursores químicos, droga, armas, guerrilla, paramilitares, dinero. Historias cargadas de muerte y dolor.
En el informe se relata la historia de Ángel Lapo, un comunero de frontera, quien a los pocos días de haber facilitado información a un investigador de la Comisión, apareció asesinado. “Los hechos hablan de un cuadro de frontera donde los campesinos e indígenas ecuatorianos han sido desplazados, instalándose en algunos casos bases con “desplazados plantados por las Farc“, que facilitan el narcotráfico y las acciones de grupos irregulares“
Un ejemplo de desplazamiento es el ejecutado por Marcial Eduardo Campaña, un colombiano que con violencia desplazó a campesinos ecuatorianos de un zona protegida (Río San Miguel), e instaló ahí un campamento de encuentro de las Farc con narcotraficantes extranjeros, en el cual funciona un gran centro de acopio de precursores, drogas y armamento.
Durante las últimas tres décadas, Ecuador enfrenta la evolución acelerada del narcotráfico. En la línea de frontera se han instalado laboratorios de procesamiento de drogas, campamentos fijos y móviles, depósitos de armas y combustibles, y más de 42 pasos ilegales. La provincia de Sucumbíos (Amazonía ecuatoriana) es utilizada como centro de operaciones por los Frentes 48 y 32 de las Farc. En las provincias de Esmeraldas y Carchi ejerce su influencia el Frente 29. Mientras que en Esmeraldas, otros grupos salidos del paramilitarismo colombiano, como los Rastrojos, Nueva Generación, Águilas Negras, y los Zorros se “disputan a sangre y fuego“ el control de los campamentos de precursores, armas y drogas. (Informe Angostura)

«Ostaiza, Chaivín…Resurgir»»

Hay que tener muy en cuenta los reportes internacionales, tales como los de Reporteros sin Fronteras y Freedom House, sobre las amenazas a la libertad de prensa en el Ecuador, los cuales a pesar de ser contundentes,  son minimizados por el régimen. "En Ecuador (108°, -13), la prometedora Ley Orgánica de Comunicación (LOC) mostró rápidamente sus limitaciones. La rectificación forzada de información se ha convertido en un modo de censura institucionalizada", dice el informe de RSF.
Ilustración:  El estado de la libertad de prensa según Reporteros Sin Fronteras.
El uso discrecional de la Ley de Comunicación amonestando y sancionando (incluso rayando en lo absurdo) a los medios independientes, a la vez que se deja impune cualquier acción de los medios públicos se mantiene al igual que la “excepcionalidad” de sabatinas, cadenas nacionales o cualquier declaración de funcionarios públicos.  La excepcionalidad en la aplicación de la ley no sólo se aplica a los medios gubernamentales, también a los “amigos” del régimen para los cuales las reglas (y el discurso oficial) pueden ser modificados. Después de años de predicar contra la concentración de medios de comunicación, el Gobierno de Correa llegó incluso a adaptar la normativa a favor del magnate extranjerode medios de comunicación Ángel González.
Una de las incógnitas es como se utilizará la recién aprobada Ley de Telecomunicación.
Pero el régimen no se conforma con perseguir personas jurídicas, la pedagogía de Correa siempre necesita de individuos concretos a los cuales aplicar sanciones que sirvan de ejemplo a los demás. Detrás de la persecución a estos individuos estaba la sanción al humor.  Estos fueron los casos del caricaturista Xavier Bonil y de Crudo Ecuador.  En el caso de Bonil, nuevamente, el ente sancionador fue la Supercom, con un agravante, el de hacer escalar el caso contra Bonil a la Fiscalía con la posibilidad de sanciones penales. Todo por una caricatura.  En el caso de “Crudo Ecuador” intervino el propio Presidente Corea pues por tratarse de un usuario digital, la Supercom no tenía injerencia. La persecución contra Crudo Ecuador llegó al clímax de las amenazas contra él y su familia, y su decisión de dejar de publicar los memes que tanto molestaron al Presidente.  Este caso demostró por una parte, que el repertorio de persecución e intimidación del régimen no se detiene en dudosas acciones legales y puede llegar a poner en peligro la integridad personal de los perseguidos y sus familias; pero por otra, también quedó en evidencia que la denuncia oportuna y la solidaridad nacional e internacional son las únicas herramientas con las que de momento se puede resistir al régimen. En el caso de Bonil, pese a que el diario y él fueron sancionados nuevamente por la Supercom, de momento aumentó el costo de proseguir con acciones penales en su contra.  En el caso de Crudo Ecuador, la alerta internacional incluyó desde la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH al comediante John Oliver.  El costo reputacional del Presidente Correa, fue enorme.  
Foto:  La censura al humor es una constante del presidente Rafael Correa. Aquí, un meme de Crudo Ecuador, quien está ahora retirado de la actividad en redes sociales.
Los temas de libertad de expresión y prensa no han sido las únicas causas de persecución del régimen, la criminalización de la protesta social ha generado víctimas durante este régimen.  En este último trimestre salió en libertad Javier Ramírez, dirigente anti minero de Intag, luego de que un juez lo sentenciara a cumplir el mismo tiempo que llevaba ya detenido esperando la sentencia, pese a la injusticia cometida, su libertad fue un triunfo de la comunidad movilizada.
Otra de las perseguidas del correísmo es la maestra Mery Zamora, exdirigente del magisterio, militante del MPD (ahora UP), Mery ha sufrido por cinco años la persecución del régimen. Declarada inocente en última instancia por la Corte Nacional del Justicia, el Presidente Correa no permitió que el asunto terminara ahí. Arremetió contra los jueces (que perdieron su curul) e hizo que el Fiscal General de la Nación invocara una acción extraordinaria de protección al revés. La acción de protección extraordinaria es un recurso constitucional a favor de los ciudadanos contra el Estado después de un fallo en última instancia; pero, a pedido de Correa, el Fiscal Chiriboga pidió que se invoqué en contra de una ciudadana, a favor del Estado. A partir de este sinsentido, la Corte Constitucional convocó a Mery Zamora a una audiencia por acción extraordinaria de protección del Estado contra su sentencia de inocencia.
La persecución contra Mery Zamora, sin embargo, no se limita al ámbito de lo legal.  Pocos días después de su audiencia, supuestas fotos suyas en situaciones íntimas fueron filtradas en las redes sociales por cuentas vinculadas a trolls gobiernistas. El acoso en redes fue denunciado pocas semanas después.
Foto:  La expresidenta de la UNE, Mery Zamora, ha sido duramente perseguida por el Régimen. La publicación en redes sociales de fotos íntimas fue el último gran golpe recibido.
Otros perseguidos, el asambleísta Cléver Jiménez y Fernando Villavicencio salieron de la clandestinidad, una vez que caducó su orden de prisión. Esto significa un revés para el régimen, pero como en el caso del veredicto de inocencia de Mery Zamora no sería raro que hubiera algún tipo de respuesta legal, más allá de las declaraciones de descontento del primer mandatario.
En cuanto a los escándalos de corrupción y otras noticias desfavorables, el Gobierno de Correa no ha podido ser del todo exitoso en evitar que estallen algunos escándalos. Sin embargo, hasta ahora ha logrado evitar que estos tengan consecuencias mayores.  Intencional o no, un escándalo tapa otro escándalo y la ciudadanía no tiene capacidad de procesar y mantener la atención en tantos frentes.  Para el gobierno cuando falla la estrategia del silencio, siempre queda la del ruido ensordecedor.  
La muerte de 14 trabajadores en el proyecto Coca Codo Sinclair a fines del año pasado, su sobreprecio de 600 millones de dólares, son reemplazados por la propaganda del proyecto.  La negativa del gobierno ecuatoriano de permitir la veeduría en el “sendero” que construyen en el Yasuní, es minimizada. Pero a veces un escándalo desentierra otro, la caída del cuarto helicóptero Dhruv, recordó a la ciudadanía el asesinato de quien denunció su compra: el Gral. Gabela y se conoció nueva información sobre las presiones de los ministros al perito forense extranjero para que omita aspectos de la investigación en su informe. Pero si bien esas noticias pueden salir de la atención ciudadana, las que no salen son las que tienen que ver con el ámbito económico.
En la esfera económica la situación siguió complicándose para el gobierno con anuncio de créditos que no terminan de llegar, la imposición de salvaguardias a las importaciones que generan encarecimiento y escases de ciertos productos y descontento ciudadanos, su estrategia de eliminar “peso muerto” negando la deuda del Estado con el Instituto de Seguridad Social y limitando derechos adquiridos de los trabajadores, todo ello expresado en su propuesta de Ley de Justicia Laboral.  Todas estas medidas tuvieron alto costo político y social, pero no sólo se prevé su insuficiencia para resolver la crisis de la caja fiscal sino que generan un entorno de expectativas negativas que llevan al país a un círculo vicioso donde las propias justificaciones de las medidas traen el fantasma de la desdolarización.
Foto:  La marea de votos a favor para la aprobación de la ley que quita el financiamiento estatal del 40% de las pensiones jubilares del IESS provino de los asambleístas de Alianza País. (Imagen: El Comercio).
Elementos a tener en cuenta este año: Las consecuencias de la crisis, el impacto social y político de medidas económicas y afectación de derechos a los trabajadores y jubilados, el fantasma de la desdolarización y la dinámica de control gubernamental y resistencia.
En este escenario, un proyecto como el nuestro, que promueva la transparencia y la rendición de cuentas mediante la recopilación, sistematización y análisis de información sobre la corrupción gubernamental; y, promueve el periodismo de investigación y fomente formas alternativas de ejercer la libertad de expresión y de prensa, tiene total sentido.

«Primera parte

Hernán Ulloa: Nos iremos a las instancias internacionales
El abogado defensor Hernán Ulloa, asegura que la demanda por el delito de funciones que siguen contra los policías que, con engaños y mentiras, apresaron a Byron Velasquez se ha dilatado mucho. "Algunas audiencias se han suspendido. A los abogados de los denunciados les conviene que el proceso sea lento. A nosotros no, porque no solo queremos una sanción para los responsables de la injusticia sino también la ejecución de daños y perjuicios", manifiesta.
Foto:  Los hinchas de Emelec hicieron una rueda de prensa en la aseguraban que Velásquez tenía rastro de pólvora por las bengalas que encendió y no por los disparos que ocasionaron la muerte de Arenita. (Imagen de Emelexista.com).
Asegura que, cuando se cierren todas las instancias del proceso a nivel nacional, acudirán a instancias internacionales. "Como los involucrados eran policías que estaban en servicio cuando cometieron el delito, indudablemente el responsable solidario es el Estado ecuatoriano. Nos iremos a las instancias internacionales para que se haga respetar el derecho a la libertad de los ecuatorianos. Tengamos una fiscalía mucho más profesional y para que estos sucesos no ocurran a otra persona", asevera el defensor.
Pero cuándo podrían ser sancionados los policías que detuvieron a Velásquez, Ulloa expresa: "Lamentablemente ni siquiera puedo imaginarme el tiempo. Porque como se han dado las cosas hasta el momento, en que hasta por temas intrascendentes se hacen consultas, hemos perdido ya dos años y medio. Esto significa también que tendrán que sancionar a los responsables bajo el nuevo Código Integral Penal".
Al consultársele ¿cuánto deberá esperar Byron para obtener justicia?, Ulloa sostiene: Si existiera una justicia ágil como se la requiere, pienso que hace rato debía haber recuperado su estatus de tranquilidad, paz, pero lastimosamente por estos atrasos injustificados; por esta negligencia de autoridades administrativas y policiales, no se qué tiempo tomará para que se restablezca la honra y dignidad de este ser humano".
En el Ecuador, hay casos en que con las primeras evidencias se "sentencia" públicamente a los detenidos; eso parece una práctica común de ciertas autoridades. "Es indudable e innegable que hay una injerencia del poder político en la función judicial, y esto es lo que lastimosamente la vuelve injusta e irresponsable por falta de independencia".
En el caso de Byron Velásquez, fue el ministro del interior, José Serrano, quien salió a señalarlo ya casi como "culpable". Y pese a que ya se conoce que es inocente jamás le ha ofrecido una disculpa pública. "Sería irresponsable de mi parte acusar a determinada persona, porque esa persona para poder salir a informar debe indudablemente nutrirse de sus asesores y colaboradores cercanos. Entonces, si al ministro un policía lo engaña y le dice: "Hemos capturado al asesino, él cómo tiene el conocimiento para saber si es o no es cierto. Él lo que hace es confiar en sus colaboradores", sostiene Ulloa.
Además, asegura que demandarán internacionalmente a las autorídades policiales que, según él, "fabricaron evidencias y detuvieron ilegalmente a Byron. Obviamente, habrá que pedirle al ministerio del Interior en general, que también hizo un pronunciamiento, que ofrezca disculpas públicas. Las autoridades deben ser más responsables de sus actos. No pueden señalar y decir: ya tenemos al culpable, cuando todos los ecuatorianos gozamos del principio inocencia. Nadie puede ser sañalado como autor de un delito mientras no haya sido dispuesto mediante sentencia ejecutoriada…".

««Largartija…«La madre

Redacción Plan V
Publicado el 20 de abril de 2015 aquí
1.- Bajar el gasto de inversión
Según el ex ministro, "una medida fundamental sería bajar el gasto de inversión del Presupuesto General del Estado USD en 3000 millones". Para Ortiz,esta cantidad, que es similar a la que se estima se dejaría de percibir por la baja del precio del petróleo, permitiría compensar la reducción de los ingresos petroleros. Entre los proyectos que podrían dejar de hacerse, están aquellos "en los que no se ha identificado su categoría, además de casos puntuales como inversiones en el Yasuní y la Refinería El Aromo". 
2.- Bajar el gasto corriente
El gasto corriente es un rubro del Presupuesto que se refiere a aspectos como sueldos y salarios de los funcionarios públicos, por ejemplo. En su análisis, Ortiz asegura que se podría hacer un ajuste de entre USD 1000 y USD 1500 millones. "Los ingresos tributarios van a caer a causa del deterioro de la balanza comercial en aproximadamente USD 1000 millones, que sugerimos se recorte del gasto corriente en proyectos de poco impacto como publicidad, propaganda, movilizaciones, vehículos del sector público".
3.- Orientación a las importaciones
En criterio de Fausto Ortiz, es necesario "fomentar y apoyar al sector externo no petrolero, es este el llamado a compensar la crisis de la balanza comercial y sacarla a flote". Esto significa, explica el ex ministro, "crear las condiciones para que el sector privado sea capaz de atraer inversión", pero admite que "son medidas estructurales a mediano y largo plazo", lo que significa que no darán efectos para este mismo año. 
4.- Renegociar los contratos petroleros
Otro aspecto que incluye Ortiz en sus recomendaciones es una renegociación con las empresas privadas que exportan el petróleo en nuestro país. Según explica el economista, las empresas petroleras están cobrándole al Estado, en promedio, USD 29,69 por cada barril extraído, cuando esos mismos barriles se están vendiendo en el mercado internacional en un promedio de USD 35. "Es necesario llamar a una renegociación de los contratos existentes, sin desconocer las complejidades, especialmente en temas legales, que esto conllevaría".
5.- Renegociar con las teléfonicas
La renegociación de las concesiones con las empresas de telefonía celular que operan en el país, como son Movistar y Claro, podría ser otra salida a la crisis. Según precisa el ex ministro, en 2013, las utilidades de los contratos de las operadoras celulares fueron de USD 1110 millones, sobre las cuales el Estado podría tener una mayor participación.
6.- Invertir en el turismo
Según precisa el ex ministro de Finanzas, la inversión en turismo podría generar recursos a corto plazo y liquidez "casi inmediata". Como ejemplo, menciona la inversión de USD 3,8 millones en el polémico comercial del Super Tazón norteamericano, con la que "el país espera un retorno de USD 60 millones adicional en turismo proveniente de Estados Unidos (el incremento iría de USD 540 a USD 600 millones). Esto no da la medida de lo rentable que puede ser la industria del turismo en el Ecuador, si se maneja de forma coherente la inversión".
7.- Regular el uso del dinero electrónico
Sobre el dinero electrónico, Ortiz considera que si bien el Código Monetario de 2014 "presenta la posibilidad de enfrentar la crisis con el uso de dinero electrónico", este podría convertirse en "una suerte de emisión inorgánica y con mayores libertades para disponer de las reservas bancarias", por lo que recomienda que la emisión del dinero electrónico no sea superior al 1% del producto interno bruto, que es una cantidad similar a la que el Banco Central tiene "como respaldo de caja, en forma de divisas para la emisión de moneda fraccionaria y cuya cobertura pudiera utilizarse como respaldo para el dinero electrónico".
8.- Fortalecer la Reserva Internacional
La reserva internacional del país es, actualmente, de USD 500 millones, pero Ortiz recomienda que se fije el objetivo de lograr un 30% de la relación entre la reserva internacional y los depósitos bancarios. El objetivo de tomar esta medida sería "encaminarnos a la acumulación de reservas, para poder mantener a flote la dolarización y que el escenario sea favorable para la inversión en el sector privado".
Fortalecer la Reserva Internacional, invertir los encajes bancarios, y regular el uso del dinero electrónico son algunas medidas destinadas a estimular a la banca, que también recomienda Ortiz.
9.- Invertir los encajes bancarios
Según explica Fausto Ortiz, es necesario que no decaiga la actividad financiera y bancaria, para lo cual recomienda que el encaje bancario sea igual a 0, y que la reserva de los bancos se invierta en instrumentos del Estado a tres años. El encaje bancario, según precisa Ortiz, son de aproximadamente USD 2600 millones, pero al tener un encaje de 0, "contarían con mayor cantidad de recursos para crédito y financiamiento y de esta manera se lograría dinamizar la economía".
10.- El endeudamiento es efectivo, pero deberá ser temporal
Finalmente, Fausto Ortiz piensa que el endeudamiento es una medida efectiva para solventar la crisis, en especial, debido a que la baja de los precios del petróleo "no la debemos leer como una crisis coyuntural y pasajera". Según precisa Ortiz, "al menos serán dos años los que le tome al petróleo llegar a niveles cercanos a los que encontramos a mediados de 2014, de entre USD 90 y USD 100 por barril". No obstante, precisa Ortiz, "el endeudamiento incrementaría la crisis fiscal que refleja el Presupuesto".

«Introducción