Autor: mh

Ha sido un golpe a la transparencia, un apalancamiento a la censura. Ha sido un adulo entre esferas de poder, complementándose entre ellos, forzando una simbiosis que culmina en la impunidad.

No hay otra forma de definir lo hecho por el contralor general subrogante Carlos Riofrío González: calificó a todas las glosas, las órdenes de reintegro, los exámenes especiales y los informes civiles y penales que elaboró la Contraloría General del Estado como información reservada. Secreta. Con ello blindó al menos a 32 asambleístas de la actual legislatura, que tienen cuentas pendientes en la Contraloría General del Estado.

Todo sucedió en el marco del juicio político al ex contralor Pablo Celi de la Torre. Como parte del proceso, la Comisión de Fiscalización solicitó al contralor subrogante, sentado en ese puesto por los misteriosos designios de la política ecuatoriana, que entregue los informes de los 32 asambleístas que la anterior Contralor -también subrogante y de paso- Valentina Zárate, dijo públicamente que existían.  La respuesta de Riofrío fue que se trata de información reservada, personalísima. Que entregarla vulnera los derechos de los honorables asambleístas.

El contralor Riofrío, rehén de sus peores miedos, cegajo de un grupo de asambleístas, no tiene capacidad de negar ninguna información pública y en caso de que existan informes de responsabilidad penal (IRP), la Fiscalía es la entidad que debe guardar reserva en sus investigaciones.

La censura es el rostro de la represión informativa. El contralor Riofrío, sin inocencia, ha confundido una glosa con información privada; les ha dado carácter de confidenciales y personales a todos los informes de responsabilidades y ha creado un candado de reserva por 15 años.

Para vergüenza del contralor Riofrío, parte de la información que él blindo, Periodismo de Investigación y La Historia se han encargado de agruparla para que todo el país la conozca. Sin su permiso, Contralor:

Las glosas y procesos legales de asambleístas

La ex fugaz Contralor subrogante, Valentina Zárate, en documentos entregados en el periodo de comparecencias al juicio político de Pablo Celi, dijo que 32 asambleístas tenían informes de responsabilidades. De esos 32 asambleístas, este portal confirmó que 28 tienen glosas o informes de diversa índole y 22 arrastran valores confirmados que deben devolver al Estado.

Los recursos a devolver suman en total 48,2 millones, un dineral. Prácticamente lo mismo por lo que se firmó la construcción del nuevo hospital de Chone de 120 camas, sin incluir los sobreprecios. La mayoría de casos, como era de esperarse, están en la bancada correísta ahora llamada Unión por la Esperanza, UNES; le siguen Pachakutik, el Partido Social Cristiano (PSC), dos independientes, uno de la alianza SUMA-PSC y uno de la Izquierda Democrática.

El hombre de los 34 millones

Las glosas más altas las tiene el asambleísta Pabel Muñoz López, ideólogo e identificado como el pensador de UNES. Este portal intentó comunicarse e incluso dejó un mensaje de audio que le consultaba las razones por las que tiene que devolver esta millonaria suma de dinero. El mensaje quedó en visto.

Por dos glosas, Muñoz López debe pagar $34.094.724,10 y no tiene oportunidades de continuar con los procesos administrativos que permitan caducar o desvanecer los valores porque las solicitudes (recursos de revisión de resoluciones civiles que presentó) ya le fueron negadas. Es decir, sus deudas están en firme. Y las tiene que pagar.

¿Es justo? Eso intentó preguntarle este portal, sin embargo prefirió el silencio. ¿Persecución? Difícil, porque todo se derivó del informe de auditoría DAI-AI-0835-2016, que se elaboró cuando Alianza PAIS era gobierno. Se habla cuando todavía era presidente su máximo e histórico líder. Ese informe de auditoría fue la base para levantar la glosa DNPR-00109-80, un examen especial al arrendamiento de aeronaves que le ordenó pagar $19.001.862,62

Otra glosa (DNPR-00114-80),  que se inició en base al informe de auditoría DASE-0014-2016, por el proceso de arrendamiento del Airbus A330 con matrícula HC-COH de la quebrada aerolínea Tame, determinó y confirmó la devolución de $15.087.861,48. En otras palabras, al ideólogo de la RC se le está pasando la factura por los altos vuelos de Rafael.

Las deudas del terremoto

La asambleísta de UNES Lyne Katiuska Miranda Giler, tiene una glosa relacionada al Ministerio de Vivienda. El examen especial a los recursos entregados para la recuperación habitacional de los damnificados del terremoto del 16 de abril de 2016 (período abril de 2016 y de agosto de 2017) predeterminó una devolución  de $4.213.431,04. No hemos podido acceder a información adicional de resoluciones que ratifiquen o desvanezcan  el valor de la glosa-DNPR-02422-80 que se emitió el 21 de mayo de 2019. Este portal llamó y envió un mensaje a la asambleísta, sin respuesta.

Caso parecido enfrenta la asambleísta María Gabriela Molina Menéndez, de UNES, que además es parte de la Comisión de Fiscalización. Su caso se origina cuando se desempeñó como directora distrital de Portoviejo del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Ella registra la glosa DNPR-05385-80 del 2021 que fue predeterminada el 1 de marzo de 2021 y que examinó los procesos de solicitud, calificación y entrega de recursos para operar los subsidios monetarios denominados “Bono de Acogida, alquiler y alimentación”, “Bono de Reinserción Económica y Social”; y, “Bono Emergente para la Atención Humanitaria” que se entregaron luego del terremoto del 16 de abril de 2016.

La entidad estableció un monto de $898.655,00 como responsabilidad individual de la hoy asambleísta, de un total $ 8.628.589,00 que representa la glosa y que involucra a mas funcionarios del Ministerio de Inclusión Económica y Social. No respondió al llamado de este portal.

La asambleísta Molina respondió en una carta y aseguró que la predeterminación “no está relacionada a ninguna contratación de obra o servicio sino a aspectos administrativos vinculados con el “Bono de Acogida, Alquiler y Alimentación”. Añadió que “no existen cuestionamientos respecto al efectivo pago a favor de damnificiados sino a la falta, según Contraloría, de informes de seguimiento, convenios con damnificados, registro de albergues”.

Para la asambleísta Molina “los auditores de Contraloría no comprendieron al momento de hacer su análisis o incurrieron en errores de aplicación de la metodología para la selección de beneficiarios de los bonos”.

En esta lista también aparece la jefe de bancada de UNES, Raisa Irma Corral Álava, forzada por la CGE a pagar $33.000 como parte de las predeterminaciones dictaminadas en la responsabilidad DNPR-05385-80 que se emitió el pasado 1 de marzo de 2021. Corral fue directora distrital de Jama del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Por problemas detectados en los procesos de solicitud, calificación y entrega de recursos para operar los subsidios monetarios en favor de las víctimas del terremoto del 16 de abril de 2016.

Sobre las condición de esta asambleísta desconocemos si logró descargar las predeterminaciones y desvanecer los montos que se le imputa.

Las glosas presidenciales

En prelación de montos, la glosa que la CGE le impuso a la asambleísta manabita Luisa Magdalena González Alcívar, también de UNES, no es tan grande pero es preponderante para entender al círculo mas íntimo del ex presidente Correa. La actual asambleísta, fue glosada en base al informe de auditoría DNA1-0002-2019, que sirvió para levantar la glosa DNPR-01948-80 «Examen Especial al uso de los aviones presidenciales y vuelos presidenciales en la Presidencia de la República en el período comprendido 2012- 2017, que predeterminó un faltante total de $9.670.445,22.

De ese monto se responsabilizó a González Alcivar por el uso irregular de $880.473,47.

La asambleísta González respondió a esta inquietud en un mensaje de Whatsapp: “Ese es un caso que pasó a Fiscalía a raíz de un informe con indicios de responsabilidad penal absolutamente inmotivado, puesto que en el mismo, en ninguna de sus partes se ha establecido que mí actuación ha sido ilegal, y mucho menos que me haya beneficiado yo personalmente o se haya beneficiado a un tercero con un incremento patrimonial gracias al uso del avión presidencial, sino que por el contrario, está demostrado que su utilización se debió a eventos y causas estrictamente oficiales y cumpliendo los procedimientos determinados en la normativa”.

Concluyó que: “Estoy ejerciendo mi derecho a la defensa ante semejante injusticia”.

Lenin Lara Rivadeneira fue ministro de Justicia y Derechos Humanos en el gobierno de Rafael Correa y luego alcalde de Esmeraldas; hoy es parte del bloque de asambleístas de UNES y no debe recordar que una de las glosas en su contra, por $204.074,32 fue producto de una auditoría (la DPE-GADME-AI-0002-2018) que, paradójicamente, analizó las adquisiciones de ínfima cuantía. Es decir, Lara debe pagar esa cifra por irregularidades en las compras menores cuando se desempeñó como alcalde de Esmeraldas. Y tampoco respondió los mensajes.

Líos en Los Ríos 

A otro asambleísta, también de Fiscalización, Marco Stalin Troya Fuertes, se le imputan cuatro glosas. La primera se emitió el 20 de mayo de 2019 y las tres restantes el 23 de septiembre de 2019. Todas se relacionan a sus acciones como prefecto de la provincia de Los Ríos como análisis de procesos contractuales o exámenes a los ingresos, gastos y anticipos de fondos.

Las cuatro glosas contra el ex prefecto suman una responsabilidad individual de $255.497,03. Debido al bloqueo generado por el devenido Contralor Subrogante, no podemos determinar si esos valores fueron confirmados, desvanecidos o caducados.

Rosario de glosas

El ex prefecto de Zamora Chinchipe y actual asambleísta nacional, Salvador Quishpe Lozano, podría rezar un rosario por cada una de las glosas que posee y completar dos novenas. Existen al menos 20 glosas que le ordenan pagar $503.541,24 como responsabilidad individual.  Sin embargo, el ex prefecto ha desvanecido $328.622 por tanto el monto en firme a pagar que CGE determinó hasta el momento es $174.919,04.

Del número total de glosas encontradas, ocho se iniciaron por informes de auditoría que se realizaron en 2016, el último año de gobierno del economista Rafael Correa. Esas auditorías se relacionaron a procesos de contratación, liquidación de fondos de cuentas, comodatos, pagos por moras y responsabilidades patronales.

Las auditorías restantes, que se ejecutaron desde 2017, se relacionan a exámenes técnicos a procesos de contratación, gastos por combustibles y tres exámenes a la construcción de un puente vehicular en el cantón Nangaritza.

 Los pendientes de Llori

La presidenta de la Asamblea Nacional, Esperanza Guadalupe Llori Abarca, tiene terror a que se hagan públicas sus glosas y ha dicho que algunas son tan ínfimas que no superan los 300 dólares. Este portal revisó  las 4 glosas que posee: una del año 2011 y tres que corresponden al 2016 y los montos fácilmente superan los $300 de los que ella habla.

Las glosas de Llori se iniciaron por informes de auditoría en 2007 (a las operaciones Financieras y Administrativas y análisis a las adquisiciones realizadas a la Casa Comercial «Servicios Técnicos Agrícolas),  2012 (Auditoría a estados financieros, años 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010, del Gobierno Autónomo Provincial de Orellana), en 2014 (Examen a gastos en publicidad y propaganda entre octubre de 2013 y enero de 2014) y 2015 (Examen de Ingeniería a la construcción de puentes entre enero de 2011 y agosto de 2014).

Esos informes se convirtieron en cuatro glosas que a nivel personal significan el pago de $109.739,4. Entre varias impugnaciones que realizó la ex prefecta, logró desvanecer un valor a pagar de $30.983,34 pero la CGE le confirmado hasta el momento $78.756,07. Y allí sigue pendiente.

Las glosas del Terrateniente de Chambo

En la lista de glosados con altos montos aparece el ex prefecto de Chimborazo Mariano Curicama Guamán. Con cuatro glosas en su contra logró desvacener $250.000 pero no quiere decir que esta libre de culpa porque Contraloría  ratificó que el monto a pagar es $107.013,47 que se relaciona a examenes por irregularidades en fondos de publicidad, inversiones financieras y de bienes inmuebles.

Los pendientes de Mariano Curicama vienen desde hace 13 años. Dos informes de auditoría se elaboraron en el 2008, los DR6-0030-2008 por anticipo de fondos y DR6-0035-2008 por gastos de difusión. Estos informes dieron origen a las glosas 1457-70 y 1466-70, respectivamente.

Luego llegó la glosa 2314-70 que predeterminó, el 15 de agosto de 2012, un monto menor ($6732) que hizo un examen especial a la cuenta de bienes inmuebles de la prefectura.

El siguiente año, 2013, se emitieron las glosas 2762-70 y 2801-70, esta última fue un examen al presupuesto institucional del año 2008 y le predeterminó un valor a pagar de $60.177. Curicama, también sentenciado hace pocas semanas por cobro de diezmos cuando fue Prefecto, ni se inmuta. Allí sigue, como si nada, al frente de la Comisión de Soberanía Alimentaria.

Los casos de ratonera

El asambleísta Lenin Francisco Mera Cedeño, de UNES, tiene seis glosas con valores a pagar en firme de $74.995,52. Las glosas analizaron el período que fue director técnico del Ministerio de Agricultura en la Provincia de Santa Elena.

El asambleísta Hugo Benjamín Cruz Andrade, que fue alcalde del Municipio de El Carmen también es parte de una glosa que la CGE originalmente predeterminó en $5.220.243,37 pero nueve resoluciones del organismo desvanecieron 5,1 millones de dólares. El valor confirmado contra el ex alcalde es de $67.774,34.

En abril de 2021 se emitió una nueva glosa contra Cruz en su desempeño como alcalde por $10.783,88.

El asambleísta Washington Julio Varela Salazar, que fue alcalde de Tena y parte de Sociedad Patriótica, fue incluido en 9 predeterminaciones que arrojaron una responsabilidad individual de $379.474,42. El ex alcalde tiene pendientes  por anticipo de fondos, cuentas por cobrar, operaciones administrativas, convenios con el sector público, gastos de publicidad y procesos de contratación.  Varela Salazar se defendió y en al menos 19 resoluciones redujo los valores a cobrar a $159.040,57, que es el monto confirmado que debe cancelar.

El ahora asambleísta independiente Francisco Javier León Flores es parte de la glosa DNPR-05241-80 que la CGE realizó  al Municipio de Salitre con el título Examen especial a los procesos aplicados en el alquiler, venta y legalización de terrenos. El examen predeterminó que el entonces alcalde Francisco León Flores cancele $523.196,6. Pese a que es parte de la información oficial entregada por la CGE, este medio no ha podido determinar si se trata de un valor en firme, si es un valor caducado o desvanecido o si existe impugnación a la predeterminación que emitió CGE en la glosa GLOSA-DNPR-05241-80 emitida en enero de 2021.

Coactivas y otros casos

Entre los casos que más destacan, sobre todo por la cantidad de juicios coactivos, está el del asambleísta independiente por la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, Gruber Cesario Zambrano Azúa, quien registra 56 juicios de coactiva. Los procesos en su mayor parte (alrededor del 70%) han sido iniciados por el juzgado de coactiva del IESS de Santo Domingo. El Gobierno Autónomo Descentralizado de Quinindé también instauró 2 procesos en su contra; la Empresa Pública Unidad de Almacenamiento de Guayaquil inició otro más y uno se tramitó en la Unidad Judicial Civil de Quito.

En la justicia civil también se le han iniciado 18 procesos legales: dos por cobro de letra de cambio; uno por pagaré a la orden, uno por letra de cambio, tres por pago de haberes e indemnizaciones laborales, uno por cobro de pagaré a la orden, dos por cobro de cheque protestado, uno por indemnización por despido intempestivo, uno por cobro de dinero, uno por contratos de venta con reserva de dominio, dos archivos de investigaciones previas iniciadas en 2018 y 2020; dos por concurso de acreedores, y una ingresada por facturas.

Antes de ser asambleísta, Zambrano Azúa (2012, 2013 y 2015) trabajó como administrador de campo de una empresa agrícola.

El asambleísta Pedro Carlos Falquez Batallas, del PSC por la provincia de El Oro, tiene 25 juicios de coactiva iniciados desde la Dirección Provincial de Machala de la Contraloría General del Estado. Tiene además un examen especial que fue remitido por el excontralor Carlos Pólit.

Falquez fue alcalde de Machala entre 2005 y 2014. A nivel judicial se le han iniciado dos procesos: uno por cobro de pagaré a la orden y otro por haberes e indemnizaciones laborales como representante legal del Municipio de Machala, por su calidad de alcalde. Es el asambleísta más veterano del pleno: llegó allí por primera vez en 1978. Y allí sigue, en pleno 2021.

Marcos Humberto Alvarado Espinel, asambleísta de UNES por Los Ríos, tiene cinco juicios de coactiva: uno del Servicio de Rentas Internas de Babahoyo; otro del juzgado de coactiva de la Dirección Provincial del IESS del Guayas; dos juicios del Municipio de Guayaquil y otra coactiva también generada desde Guayaquil.

A nivel judicial registra cinco procesos en su contra: tres de indemnización por despido intempestivo; uno de pago de haberes laborales y otro por robo.

Marcos Alvarado, hermano de los prófugos Fernando y Vinicio Alvarado, fue concejal de Quevedo de 2015 a 2016, vicealcalde de Quevedo en 2017. A nivel privado ha sido gerente de QUETEVE S.A., de FLUMIRADIO S.A., de Biogénesis, de ARKAE S.A. e INDULAC de Cotopaxi Cía Ltda.

Roberto Emilio Cuero Medina de UNES, asambleísta por Guayas, ha tenido 15 coactivas. Cinco del IESS de Guayaquil, dos de CNT de Guayaquil y otro del Municipio de Guayaquil. También hay dos exámenes especiales de la Dirección Regional de la Contraloría de Guayaquil.

Cuero fue gobernador del Guayas de 2009 a 2012, fue director nacional del Movimiento Alianza País y también se desempeñó como empleado de nivel jerárquico superior en el Servicio de Contratación de Obras SECOB en 2015. De la Gobernación salió por un escándalo de corrupción en las comisarías de Guayaquil, por denuncias de extorsiones, que le costó el puesto a nivel político pero del que judicialmente salió inocente.

La legisladora por Guayas Alexandra Manuela Arce Plúas de UNES, registra cinco procesos judiciales en su contra: uno por asociación ilícita en 2019; una impugnación de visto bueno en 2018; uno por expropiación en 2014; una acción de protección en 2014; un proceso por facturas en 2014 y una por asuntos de comercio que no tienen trámite especial.

Arce fue alcaldesa de Durán de 2014 a 2019, asambleísta provincial del Guayas desde mayo hasta noviembre de 2013 y concejal del Municipio de Durán de 2009 a 2012.

Juan Cristóbal Lloret Valdivieso de UNES por Azuay registra una coactiva iniciada por el Gobierno Autónomo Municipal de Morona en 2017.

Lenin Francisco Mera Cedeño de UNES, asambleísta por la provincia de Santa Elena, registra un proceso de coactiva, iniciado en 2013 y además consta en un proceso legal por cobro de pagaré a la orden. Mera fue director técnico de área en la Dirección Provincial Agropecuaria en el Ministerio de Agricultura de Santa Elena de 2012 a 2017.

Carlos Víctor Zambrano Landín (UNES) de la provincia de El Oro tiene un juicio de coactiva de la Contraloría. A ello se agrega un examen especial en la época del prófugo Carlos Pólit. Zambrano fue gobernador de El Oro de 2013 a 2016 y a nivel privado ha estado vinculado con el sector minero, como administrador gerencial en CAMARGOLD S.A., jefe de minas y canteras en 2018 y ayudante de facilidades de construcción en la Empresa Minera Zambrano S.A. EMINZASA en 2020; administrador gerencial en Distribuidora Minerdiesel S.A. en 2019 y 2020.

Johana Cecibel Ortiz Villavicencio de UNES, legisladora por la provincia de Loja, ha tenido dos procesos legales: uno por contravenciones de tránsito de cuarta clase en 2015 y una investigación previa iniciada en 2017 y que ya está archivada. Fue designada como Gobernadora de Loja durante el período de 2014 a 2017, asesora en la Presidencia de la República en 2014 y asesora en la Asamblea Nacional en 2020.

Vanessa Lorena Freire Vergara (UNES) por la provincia de Los Ríos no ha tenido coactivas y a nivel judicial se le abrió una investigación en 2019, pero ya consta como archivada. Freire ha trabajado en el sector público desde 2012 como asistente administrativo B del Área de Salud N-2 Quevedo y en el Hospital Sagrado Corazón de Jesús, directora administrativa del municipio de Montalvo, asesora ejecutiva de la Prefectura de Pichincha y coordinadora zonal del Ministerio de Inclusión Económica y Social en 2011, 2017 y 2018. Hace poco ya cayó en desgracia con el líder supremo del correísmo, que la tildó de ser muy ambiciosa.

Fernando Enrique Cedeño Rivadeneira (UNES) de la provincia de Manabí, se le han iniciado dos procesos legales en su contra: uno por medidas cautelares y una impugnación de paternidad. De 2012 a 2015 fue presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Fue procurador de la Universidad Técnica de Manabí en 2018, 2019 y 2020; se desempeñó como asesor en el SRI en el 2011, 2017 y 2018 y asesor en el Ministerio de Defensa en 2017 y 2018.

Lenin José Lara Rivadeneira, legislador de UNES por Esmeraldas, ha tenido cinco procesos legales, uno de ellos es por contrato de mutuo o préstamo, otro de prescripción adquisitiva de dominio; una acción de acceso a la información pública; uno por delitos contra el agua y otro de partición de otros bienes indivisos. Fue gobernador de la provincia de Esmeraldas de 2010 hasta 2012, asambleísta provincial en 2013, ministro de Justicia en 2013 y alcalde de Esmeraldas de 2014 a 2019.

Paola Janeth Cabezas Castillo, asambleísta nacional de UNES no tiene coactivas, pero Contraloría le hizo un examen especial en la época de Carlos Pólit, sin novedades. Fue gobernadora de Esmeraldas de 2013 a 2016; delegada de Esmeraldas en el Comité de Reconstrucción en 2016. En 2018 y 2019 fue directora de comunicación del Parlamento Andino.

Luisa Magdalena González Alcívar (UNES), legisladora por Manabí, no tiene coactivas. A nivel judicial se le han instaurado dos procesos en su contra: una medida cautelar interpuesta por Andrés Pérez Sandoval, representante del CONSORCIO SPR cuando González fue Secretaria Nacional de Administración Pública. Otro proceso también cuando tenía este mismo cargo, por pago de haberes.

González ha sido Subsecretaria General de la Presidencia de la República (2015), secretaria general del despacho presidencial (2016); secretaria nacional del Parlamento Andino (2018 y 2019), coordinadora general de agenda presidencial de la presidencia de la República (2015), ministra consejera del Ministerio de Relaciones Exteriores (2017).

La asambleísta nacional Raisa Irina Corral Álava (UNES) no registra coactivas en su contra, pero (junto a otros funcionarios públicos) se le inició un juicio subjetivo en el Tribunal Contencioso administrativo y tributario de Portoviejo.

Corral ha sido asistente administrativa de la Empresa Pública de Desarrollo Estratégico Ecuador Estratégico EP de 2016 a 2017; oficial de recuperaciones en Banecuador en 2018 y 2019; directora distrital del MIESS en Jama-Pedernales en 2017; directora técnica de desarrollo en la Coordinación Zonal 4 de Educación en Manabí en 2020 y directora de asesoría técnica en el  Ministerio de Defensa en 2018.

El asambleísta por Sucumbíos, Comps Pascacio Córdova Diaz (UNES) registró un proceso judicial por conducción de vehículo en estado de embriaguez (2017); el proceso se archivó el 8 de febrero de 2018.

La presidenta de la Asamblea Nacional y legisladora por la provincia de Orellana, Esperanza Guadalupe Llori Abarca (Pachakutik) no registra procesos coactivos, no obstante se le han iniciado 10 procesos en su contra: uno en 2017 por pago de haberes laborales; uno en 2016 por intimidación; seis en 2015 por impugnación del documento de finiquito; uno iniciado en 2014 por pago de indemnizaciones laborales; y uno iniciado en 2013 por haberes e indemnizaciones laborales. Llori fue prefecta de Orellana de 2004 a 2018.

Salvador Quishpe Lozano, asambleísta nacional por Pachakutik (PK) registra un juicio de coactiva por parte del extinto Instituto de Fomento al Talento Humano de Loja. Además, consta en siete procesos judiciales en su contra: una investigación previa iniciada en 2019 y que ha sido archivada; tres investigaciones por peculado iniciados en 2015; una inspección judicial también de 2015; un juicio de alimentos en 2005 y otro por haberes e indemnizaciones laborales en 2014.

Edgar Patricio Quezada Patiño (PK), asambleísta por la provincia de Sucumbíos, tiene un proceso coactivo por parte de CNT de Nueva Loja. En la judicatura consta un proceso iniciado en su contra en 2015 por abuso de confianza y otro en 2019 por cumplimiento de contrato. Quezada fue Secretario General del Municipio de Putumayo en 2016.

Ricardo Xavier Vanegas Cortazar, asambleísta nacional por PK, registra un juicio coactivo del Ministerio de Trabajo de Cuenca de 2018. Tiene también un proceso por contravenciones de tránsito de cuarta clase.

Francisco Javier León Flores (Independiente) legislador por Guayas, ha tenido 10 procesos legales en su contra: uno por contravenciones de tránsito de cuarta clase; dos por alimentos, uno por cumplimiento de contrato, dos de indemnización por despido intempestivo, un amparo posesorio, dos de prescripción adquisitiva de dominio, uno de partición de bienes y una acción de protección. León fue alcalde Salitre (Guayas) 2014-2019

En el caso del legislador por Galápagos Pedro Aníbal Zapata Rumipamba (PSC) en la página web de la función judicial consta 17 procesos en su contra, la mayoría en su calidad de alcalde de San Cristóbal, cargo que ha desempeñado por 3 ocasiones (2004,2009 y 2014). Varias de esas causas están archivadas o solo se ha llegado al sorteo y ya no se han dado más acciones legales.

En esa fecha, ella fue elegida segunda Vicepresidenta de la Asamblea Nacional, con el apoyo de su propio partido, del movimiento Pachakutik y de los legisladores del gobierno, agrupados en CREO. En su primer discurso, luego de su posesión como una de las máximas autoridades del Parlamento, Jiménez lucía y se expresaba visiblemente emocionada.

Soy una mujer de mucha fe. La fe me ha llevado por un camino grande. Gracias a Dios por permitirme estar aquí. Gracias a Dios por darme la oportunidad de este día glorioso y democrático».

Ese mismo espacio fue aprovechado por la Vicepresidenta para declarar héroes a todos sus colegas que votaron por ella. «Los declaro héroes nacionales. Vamos a salvar la Patria que tanto nos necesita. Hay que recuperar la confianza y credibilidad de los ecuatorianos». Y al final un ofrecimiento: «Como mujer de fe no voy a defraudar a la Patria».

De aquel día han pasado casi dos meses y pocas noticias se han tenido respecto a las iniciativas de esta legisladora debutante en el Parlamento. Hasta ahora.

Pocos días antes de su posesión, el 26 de abril de 2021, el hijo de la legisladora, Jorge Peláez Jiménez, recibió una transferencia interbancaria por USD3000 de parte de una persona interesada en trabajar en la nueva Asamblea. Con ese aporte hecho efectivo, el aspirante pensó haber asegurado su inclusión en los roles de empleados legislativos. Mucho más se confió cuando el 18 de mayo de 2021, desde el despacho de la asambleísta Bella Daniela Jiménez Torres, se envió la solicitud de vinculación dirigida a la Presidencia del Parlamento, incluyendo el nombre del aportante para que ocupe el puesto de Asesor Nivel 2, a partir de esa fecha.

Y aunque todo parecía estar seguro, lo único seguro en la política es que nada es seguro.

La vinculación del aportante se cayó. Pero el dinero depositado en la cuenta del hijo de la asambleísta, depositado quedó.

Un depósito de USD 3000 dirigido a la cuenta del hijo de la asambleísta Bella Jiménez, por parte de un interesado en trabajar en la Asamblea. Hecho el pago, la asambleísta Bella Jiménez pide la vinculación del mismo interesado que hizo el pago de USD 3000 a la cuenta de su hijo. Pero finalmente, no se concretó.

Este es un caso. Pero el poder político y los repartos de puestos fueron materia de conversación por parte de la asambleísta Bella Jiménez, luego de haberse posesionado en la Segunda Vicepresidencia de la Asamblea Nacional. Y si en el gobierno de Lenin Moreno se hizo conocido que hubo asambleístas que participaron del reparto de hospitales a cambio de su apoyo político, con los mensajes enviados por Bella Jiménez parece ser que este malhadado modus operandi sigue lleno de vida.

En este momento estoy haciendo ratificar al gerente del hospital Guayaquil», escribe desde su teléfono Jiménez. Para que no le queden dudas a su interlocutor, luego envía otro mensaje: «Yo pedí la ractifiquen (sic) a Carlos Fernando Ibarra Larrea, que está el Abel Gilbert Pontón. Me dijeron que sí?

Eso por el lado de los hospitales. Pero no es el único sector público en el que Bella Jiménez envía mensajes destacando su influencia y poder político. También lo demuestra en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

«De lo suyo ya está listo. El ministro me dio luz verde. Para la CTE». «Excelente», le responden.

La persona que pretendía el máximo cargo en la Comisión de Tránsito del Ecuador, a cambio de dinero, recibió otros mensajes de la legisladora que intentaban no dejar dudas de su peso. Y poder.

Ñaño, yo metí al duro de la Comisión de Tránsito en Guayas», dice con su propia voz en otro mensaje.

El artículo 127 de la Constitución Política del Ecuador establece expresamente las prohibiciones que tienen los asambleístas dentro de sus funciones. En su numeral 3 dice que los y las asambleístas no podrán gestionar el nombramiento de cargos públicos. Y la sanción establecida en el mismo artículo consiste en que «quien incumpla alguna de estas prohibiciones perderá la calidad de asambleísta, además de las responsabilidades que determine la ley».

Este medio intentó obtener la versión de la Segunda Vicepresidenta de la Asamblea Nacional, pero no contestó a su teléfono ni los mensajes enviados.

Que la situación de los agricultores del Ecuador vive uno de sus peores momentos en décadas, es algo que ya se sabía. Se nota al recorrer los campos. Se siente al caminar por las tierras sembradas que no tienen el retorno esperado.

Era un escenario que estaba planteado, completamente dibujado en los primeros meses de este 2021, cuando los dos candidatos finalistas presidenciales disputaban cada voto para poder llegar a Carondelet.

En ese momento, los ofrecimientos no se escatimaban. Las soluciones brotaban a cada exigencia como por arte de magia. O como por arte de una campaña política. Al pedido de mejores precios para los productos agrícolas se decía que sí, que inmediatamente, que al día siguiente de asumir el poder se tomarían esas decisiones. Que las fronteras se blindarían para evitar el ingreso de arroz peruano, que inunda el mercado interno del Ecuador y provoca la caída de su valor. Que los créditos para el campo se entregarían con el 1% y a 30 años plazo. Todos son ofrecimientos aún pendientes. Pero la crisis en el agro ya no pudo soportar más.

El primer aviso con medidas de hecho se dio en julio pasado, a no más de dos meses de haberse instalado en el poder el presidente Guillermo Lasso. Para entonces se consiguió una tregua, que no duró más de un mes adicional. La segunda protesta, con cierre de carreteras incluidas, se dio el pasado 11 de agosto.

Los trabajadores de las haciendas bananeras pusieron su producto en las vías, porque sostienen que tan desvalorizado está, que ya no se pierde mucho botándolo en cualquier lado.

Y a ellos los tienen atrasados en el pago de sus jornales. Les dicen que no hay plata porque los exportadores siguen pagando lo que les place -menos de dos dólares por caja de banano- y no el precio oficial -que está en más de $6-. A esos precios es imposible cumplir las obligaciones. Los exportadores sostienen que los mercados mundiales están comprimidos, efecto de la pandemia, y no hay dónde colocar y vender el producto. Y los precios se han caído.

En medio de todo este oscuro escenario, que no es nuevo y viene desde hace muchos años, una luz se encendió para los trabajadores bananeros. Aquellos que solo tienen como su único recurso a su propia fuerza física para ganar un jornal diario. Aquellos que se sienten como los últimos en la fila de la cadena productiva, pese a ser los esenciales. Ahora sienten que han ganado una batalla.

El BAILE DE LOS QUE SOBRAN

El 25 de mayo pasado, luego de que una jueza de primera instancia negara la acción de protección presentada por trabajadores bananeros para que se les reconozca su derecho de poder sindicalizarse de acuerdo a su rama de trabajo, y no por cada empresa, la apelación respectiva pasó a conocimiento de la Sala de lo Penal de la Corte de Justicia de Pichincha, que resolvió revocar la negativa de la jueza de primer nivel y conceder la acción a favor de los trabajadores, reconociendo por primera vez en Ecuador el derecho que tienen los obreros de poder integrar un solo sindicato juntando los integrantes de varias empresas, haciendas bananeras o compañías agrícolas. La acción fue presentada en agosto de 2020 por la Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas y Campesinos (ASTAC), liderada por Jorge Acosta.

En la parte medular de la acción de protección, los jueces sentencian que:

1) Se deja sin efecto el oficio No. 5529MRL-DVTE-DOL-2014-0, de 15 de octubre de 2014, emitido y suscrito por el Dr. Manolo Rodas Beltrán, Viceministro de Trabajo y Empleo; así como lo resuelto en virtud del recurso extraordinario de revisión sobre el oficio No 5529-MRL-DVETE-DOL-2014-0, de 15 de octubre de 2014, contenido en la providencia MDT-DJTE-2015-0018, en la que se resolvió negar el recurso extraordinario de revisión. 2) Que se ordene al Ministerio del Trabajo, que previo a la revisión y análisis de los documentos de la Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas, Bananeros y Campesinos ASTAC, se proceda al registro como una organización sindical. 3) Que el Ministerio de Trabajo ofrezca disculpas públicas a los legitimados activos, para este efecto publicará tales disculpas, en la página web de dicha entidad, en un lugar visible por el lapso de treinta días. 4) Que esta sentencia se publique igualmente en la página web del Ministerio de Trabajo para que sea difundida entre sus funcionarios y empleados para que se apliquen en casos análogos las normas previstas en el artículo 326, numerales 7 y 8 de la Constitución de la República del Ecuador y en los Convenios 87, 98, 110 y 141 de la OIT, referentes a la libertad sindical, a las plantaciones y a los trabajadores rurales. 5) Que el Ministerio de Trabajo reglamente el ejercicio del derecho a la libertad de organización sindical por rama de actividad, a fin de que hechos de esta naturaleza no se vuelvan a repetir. 6) Como garantía de no repetición, se dispone que el Ministerio de Trabajo se abstenga de restringir o limitar derechos relacionados a la libertad sindical de otras organizaciones que soliciten registro por rama de actividad, que se encuentren en las mismas condiciones y circunstancias que las analizadas en este caso, para esto, se deberá observar y aplicar directa e inmediatamente, en sus actuaciones y decisiones, los Convenios 87, 98, 110 y 141 de la OIT y las normas constitucionales citadas en este fallo.

No ha sido un camino fácil, recuerda el dirigente Jorge Acosta, quien viene reclamando por los derechos de los trabajadores bananeros desde 2007, cuando por primera vez denunció que el uso de los pesticidas en las plantaciones estaba afectando la salud de los trabajadores y de los habitantes de las zonas aledañas.

Ese mismo año, Acosta y otros dirigentes fundan la Coordinadora de Trabajadores Bananeros.

En enero de 2010, la Relatora Especial sobre las formas Contemporáneas de la Esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias, Gulnara Shahinian, recibió información sobre casos de explotación laboral análoga a la esclavitud en las industrias del plátano, el aceite de palma, las flores y las minas de oro, en Ecuador.

También recibió información sobre las difíciles condiciones de trabajo a las que se enfrentan los trabajadores de estas industrias, y la existencia de trabajo infantil.

Lea también: ‘Trabajadores del sector bananero viven una forma moderna de esclavitud’

En 2014, al crecer la Coordinadora de Trabajadores Bananeros, se convierte en la Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas y Campesinos, ASTAC.

El 18 de mayo de 2015, ASTAC presentó una queja ante la OIT después de que el gobierno ecuatoriano se negara a reconocer a ASTAC como sindicato de rama, en violación de los Convenios Nº 087 y 098. La OIT recomendó al gobierno de Ecuador que reconociera los derechos laborales de ASTAC en 2017 y 2019. El gobierno ecuatoriano nunca cumplió.

Lo que viene

Los trabajadores se activaron a raíz del fallo judicial que los favorece y comenzaron a organizarse para estar listos cuando se haga efectiva la sindicalización por rama de actividad. Por eso se realizó en Quevedo del 30 de julio al 1 de agosto, el primer encuentro de formación sindical. Allí, a más de trabajadores bananeros, acudieron también pescadores, cangrejeros, concheros y obreros de otras ramas, que buscan también sindicalizarse, acogiéndose a esta misma sentencia.

El problema que se está dando este momento, es que el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, no ha acatado la resolución judicial. Y tampoco ha dado respuesta a los abogados de los trabajadores que buscan una reunión en la que se trate los tiempos de ejecución del fallo. La abogada Angie Toapanta, una de las que firmó la acción, pide a las autoridades «no tener miedo» de aplicar la orden del Tribunal, porque «finalmente se está reconociendo un derecho que debió haber sido aplicado hace mucho tiempo». El objetivo final, dice Toapanta, es mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del campo, siempre ubicados como la última rueda del coche productivo y, por ende, los más vulnerables.

Al ministro de Trabajo, Patricio Donoso, se le intentó consultar sobre este tema, pero no se obtuvo una respuesta. Por otro lado, los administradores de las haciendas mantienen el escepticismo. Miguel Macías, administrador de la hacienda La Clementina, en Los Ríos, cree que el fallo judicial «realmente es un logro para los trabajadores agrícolas que les permite defender sus derechos laborales, pero esto a la larga va a ser desnaturalizado y será un clavo más en el féretro de la industria bananera nacional, pues será fuente de huelgas y paros de trabajadores a la orden del día».

En Ecuador se decía, allá por el año 2012, con absoluto desparpajo y con toda tranquilidad, que el país contaba con un Contralor de lujo. Perfecto.  Y cómo no decirlo, si el concurso de oposición y méritos organizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cuyos integrantes eran afines al régimen correísta, había arrojado el resultado soñado por el estudiante más aplicado y brillante de las promociones que se recuerden: 100/100.  Con esas calificaciones, resultaba una afrenta siquiera insinuar que las cuentas públicas del Estado ecuatoriano podían estar siendo mal auditadas. Mal controladas.

Ergo, a Contralor perfecto, control perfecto. Lo que hacía Carlos Pólit estaba bien hecho y una de las decisiones que tomó a lo largo de los diez años al frente de la principal oficina de cuentas del país, fue designar como su subrogante a un viejo maniobrador político, que de auditorías, balances y controles, no sabía nada. El antropólogo Pablo Celi de la Torre, quien de la noche a la mañana y por obra y gracia de Pólit, pasó de los pinceles de su casa -pues es un aficionado a pintor con especial énfasis en desnudos femeninos- a ser el número dos de la institución de cuentas del Estado.

Pólit y Celi trabajaron bien juntos, hicieron equipo. Lo que Pólit no firmaba, ya sea por asuntos de forma o de fondo, lo firmaba Celi, siempre atento a los requerimientos del número uno. Lo que Celi no firmaba y firmaba Pólit, Celi lo defendía con argumentos que si bien no eran jurídicos, porque no es abogado, se sostenían en el pragmatismo y en el espíritu de las normas.

El presidente de entonces, Rafael Correa, estuvo siempre satisfecho de cómo funcionaba la Contraloría del Estado. Y de que al frente de esta institución esté Carlos Pólit.

Hasta que un terremoto llamado Odebrecht vino a desestabilizar todo el sólido andamiaje que se había estructurado alrededor del juzgamiento de las cuentas de los fondos públicos del país. Fue algo que nadie se lo esperaba. Y que ni los más duchos estrategas políticos del régimen de ese momento, pudieron manejar con solvencia.

A partir de entonces, las cosas nunca más fueron iguales. Y una guerra por el control de la principal institución de cuentas del Estado estaba por estallar, con prácticas propias de la antigua escuela italiana de la Cosa Nostra.

El 21 de diciembre 2016, el Departamento de Estados Unidos reveló que, entre 2007 y 2016, la constructora brasileña Odebrecht pagó $ 33,5 millones en sobornos a funcionarios del gobierno ecuatoriano para obtener contratos de obras públicas; luego se conoció que el Contralor Carlos Pólit recibió $10,1 millones por desvanecer glosas y archivar exámenes generados por irregularidades en la contratación y construcción de la central hidroeléctrica San Francisco.

El archivo de esos exámenes permitió al Gobierno central llegar a un acuerdo con Odebrecht y firmar nuevos contratos por $5.000 millones. El delator de la constructora, José Conceição dos Santos Filho, superintendente de Odebrecht en Ecuador, grabó las conversaciones que tuvo con el excontralor sobre el pago de los sobornos. Dijo que Pólit “recomendó que, para viabilizar el retorno de las operaciones de la compañía en Ecuador, fuese firmado un acuerdo con el gobierno para que la compañía pudiese volver a operar”. “Confirmado ese acuerdo, Carlos Pólit emitió informes favorables a la compañía en las siguientes obras: Proyecto Hidroeléctrico Manduriacu, Refinería del Pacífico, Poliducto Pascuales-Cuenca y el Proyecto Daule Vinces”, dijo dos Santos Filho a los fiscales brasileños.

Desde Miami, puesto a buen recaudo, prófugo de la justicia ecuatoriana y ejerciendo las funciones de Notario en los Estados Unidos, “cargo que ostento por más de 30 años”, el ex Contralor Carlos Pólit Faggioni declaró vía telemática el pasado 23 de julio ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, sobre el archivo de dichos exámenes de Odebrecht. Y el reconoció casi todo, a excepción de sus propios pecados: Lo que la constructora Odebrecht había cometido en su paso de contratista de obras públicas en Ecuador “eran indicios penales terribles, habían falsificados documentos, habían incrementado valores a través de adendas que no estaban en la contratación pública”, dijo Pólit de esos exámenes que luego archivó, como si nada, porque, según él, fue una “disposición del Estado” y la Contraloría “no se podía resistir”.

Pólit, sentenciado por concusión en 2018, y quien vive en Miami, Estados Unidos explicó que las glosas se desvanecieron porque había un acuerdo entre el Procurador General del Estado, Diego García Carrión, la empresa Hidropastaza y Odebrecht:

“Resuelven que, para reparar (la central hidroeléctrica) San Francisco, había que archivar los exámenes de la Contraloría, porque la Contraloría que yo presidía sacó 31 informes de auditoría de Odebrecht (…) y dos indicios de responsabilidad penal, que en ese acuerdo del Procurador no estaban que se archiven, solo estaba que se archive la denuncia penal que había propuesto Hidropastaza, pero los informes de Contraloría no, pero resulta que archivan”. Tuvo que acatar la decisión porque venía del Estado, dijo. Y Odebrecht resultó la gran favorecida.

Y TODO SE DERRUMBÓ

Para inicios de enero de 2017, el entonces Fiscal General del Estado, Galo Chiriboga Zambrano, se presentó ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea y dio una declaración que se convirtió en uno de los primeros memes virales, en estos tiempos modernos de redes sociales: como si una gran revelación estuviera dando a esas alturas, cuando ya el hecho había sido prImera plana de medios en varios países del mundo, dijo con soltura ante incrédulos parlamentarios “Yo sí sé quien es el corruptor. Ustedes no lo saben, pero yo sí, es Odebrecht”.

Añadió que ahora solo faltaba saber “quiénes se beneficiaron de esa acción ilegítima”. Periodistas que cubrían la noticia no pudieron contener las risas. La presidenta de la Comisión, María José Carrión, siempre estuvo seria.

En medio de críticas por la falta de agilidad para investigar el caso, Chiriboga Zambrano renunció anticipadamente al cargo de Fiscal General con el objeto de que nuevos personajes asumieran la investigación.

El doctor Carlos Baca Mancheno fue elegido nuevo Fiscal General y posesionado el 11 de mayo de 2017. Tres días después, el 14 de mayo de 2017, José Serrano Salgado es posesionado como presidente de la Asamblea Nacional y el 24 de mayo de 2017 Lenin Moreno Garcés asume como nuevo Presidente de la República, designando ese mismo día a César Navas como Ministro del Interior. Navas era un conocido ex funcionario del correísmo, había ocupado el cargo de Ministro Coordinador de Seguridad y director general de Servicio Integrado de Seguridad ECU 911.

El 24 de mayo de 2017, Carlos Pólit sabía que su cargo estaba en riesgo. Ese día estuvo presente en Quito para la posesión presidencial, interrumpiendo su estadía en Miami, a donde ya había viajado con planes de instalarse definitivamente. La ocasión de estar en Quito fue aprovechada por Pólit para aprobar y firmar el Informe con indicios de Responsabilidad Penal (IRP) en contra de César Navas por la puesta en marcha del sistema de comando y control del Servicio Integrado de Seguridad ECU-911, con el que se determinó que se pagaron injustificadamente $33.2 millones a las empresas Engineering Co. Ltd. (CAMC) y China National

Electronics Export & Import Corporation (CEIEC). El informe estableció que se modificaron e incrementaron rubros, cantidades y precios unitarios sin justificación y señaló a Luis Yépez Andrade, administrador de los contratos y José Simón Crespo Dávila, fiscalizador de ambas negociaciones, como los responsables de la falta de control.

También señalaba al entonces Ministro Coordinador de Seguridad, Homero Arellano, por suscribir los contratos y no verificar los precios unitarios, a César Navas y Christian Rivera, directores generales del Ecu 911, porque no dirigieron ni aseguraron la implementación y funcionamiento del sistema de control interno y de administración financiera para el control y verificación de la pertinencia de los costos que se cancelaron.

Ese informe firmado por Pólit tuvo el destino de convertirse en un documento fantasma. Que todos saben que existe, pero nadie lo ha visto. Que parece una leyenda urbana que a muchos asusta, a tal punto que lo mejor resulta enterrarlo y no referirse más a él.

César Navas lo niega a pesar que salieron a la luz chats que cruzó con Pólit, del 17 de mayo de 2017, en donde queda en evidencia otra cosa: estaba preocupado por los resultados del informe. “Mañana voy a responder el borrador”, “te espero para enviar?”, le preguntó César Navas a Carlos Pólit.

Y aún así, muchos adoptaron la estrategia de la negación, para pretender hacer desaparecer el documento.

Al día siguiente, 25 de mayo, Carlos Pólit, todavía en Ecuador, suscribió tres acciones de personal con las que destituyó a Pablo Celi de la Torre como Subcontralor y nombró a Sabett Chamoun Villacrés como Contralora General Subrogante. Era parte de sus atribuciones establecidas en la ley. Chamoun era de su confianza. Ella había sido parte de Tecnocarga, una empresa a la que estuvo vinculado Carlos Pólit, a la que también perteneció Armando Patiño, primo del ex Canciller Ricardo Patiño, quien fue puesto por Pólit como Director de la Contraloría en Guayas en 2014. Chamoun además fue Gerente de la empresa Consultasesoría, que recibió un contrato de auditoría de Odebrecht por USD 500.000. Accionista de Consultasesoría fue Germán Rodríguez Chiquito, casado con María Elena Pólit, hermana del ex Contralor. Todo queda en familia.

Ese mismo día 25 de mayo Carlos Pólit pidió a Daniel Fernández de Córdova (sobrino de José Serrano e hijo de la ex presidenta de la República, Rosalía Arteaga) entonces director nacional de Responsabilidades de la Contraloría General del Estado, que le entregue a la fiscal subrogante, Tania Moreno, el Informe de Responsabilidad Penal (IRP) en contra de Carlos Baca Mancheno, Oscar Bonilla Soria y Diego Guzmán Espinosa, por haber cobrado sueldos indebidos y solicitar pagos no justificados a nombre de la Comisión 30S de la que fueron parte, cuando el decreto ejecutivo de Rafael Correa estableció que los miembros de la Comisión 30S, ejercerían el cargo de manera gratuita.

Carlos Pólit dice que el 25 de mayo Fernández de Córdova le envió por chat un documento adjunto que era el recibido por parte de la Fiscalía del IRP del caso 30S. En su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Pólit ratificó que Fernández de Córdova entregó en sus manos dicho informe a la Fiscal subrogante, que además era cercana de José Serrano.

Pero resulta que el IRP sobre el 30S desapareció de la Fiscalía General del Estado.

En la comparecencia del 23 de julio de 2021, Fernández de Córdova negó haber suscrito el informe contra Carlos Baca y dijo que tampoco lo había ingresado a la Fiscalía. El informe con indicios de responsabilidad penal de la comisión 30S al que se refiere Fernández se hizo público en enero de 2018, cuando el portal Focus Ecuador publicó el reportaje “EXCLUSIVO: EL PECULADO DEL FISCAL GENERAL”.

EXCLUSIVO: EL PECULADO DEL FISCAL GENERAL

Y aún así, con evidencias publicadas, en febrero de 2018 Pablo Celi desmintió la existencia de dicho IRP. Pero el 26 de febrero de 2018, el propio José Serrano, presidente de la Asamblea Nacional salió a los medios y aseguró públicamente que tenía el IRP original del caso 30S y pidió a la Fiscalía de Pichincha, donde estaba Tania Moreno, investigar a Carlos Baca. ¿Cómo así y de qué manera obtuvo José Serrano el informe con indicios de responsabilidad penal que hizo la Contraloría sobre el 30S?

Sobre estos hechos Carlos Pólit narró su versión en la comparecencia del 23 de julio de 2021 en la Comisión de Fiscalización: “El señor Celi se presentó en mi oficina y me pidió: Carlos, por favor, no remitas ese informe, no ordenes que manden ese informe a la Fiscalía General del Estado. Se refería al informe de liquidación de gastos reservados (…) en el que se evidenciaban irregularidades realizadas por los integrantes de la comisión 30S”, dice Pólit, explicando la razón de por qué dejó fuera de la Contraloría a Pablo Celi, su antiguo subalterno de entera confianza.

“En ese momento pensé con suma preocupación, cuáles habían sido los motivos por los que él me pedía eso. Ahora lo entiendo: él tenía conocimiento de lo que iba a pasar el 2 de junio de 2017, es por eso que ese día el señor César Navas, ministro de Gobierno, cercó la Contraloría. Así se fraguó mi salida de la Contraloría con el apoyo del presidente de la Asamblea Nacional”, se lamentó Pólit.

Sobre el ex presidente de la Asamblea José Serrano, Pólit no mide sus calificativos. “El señor Serrano me presionó para que presente mi renuncia, me mandó dos emisarios a pedirme la renuncia a los Estados Unidos, ofreciendo que terminaría mi persecución, decía. El fin (de Serrano) era apoderarse del manejo de la institución y desvanecer las responsabilidades provenientes de informes realizados a los personajes antes mencionados y que tenían vinculación directa con él… después de un informe de auditoría financiera que habíamos terminado recién y descubrimos contratos millonarios a través de convenios de pagos que la ley no permitía, declarar emergencia y a través de convenios de pago, dar a dedo, a comprar caballos, carros, etc.”(sic), indicó Pólit a la Asamblea Nacional. Según Pólit, entre Serrano y Celi hubo un “acuerdo para que Contraloría no realice un examen especial a contrataciones del Ministerio del Interior para adquirir patrullas, perros, uniformes, hechas de forma directa y sin estudios previos”.

ENTREVISTA CARLOS PÓLIT

Usted recibió la visita en Miami de Juan José Franco y Diego Sánchez, que fueron hasta allá para pedirle la renuncia, enviados por José Serrano. ¿Nos puede dar detalles de esos encuentros?

Uy, estos son dos personajes, el uno amigo mío entre comillas, JJ Franco, yo pensaba que lo era. Así es la vida, a veces tú confías en alguien pero suelen pasar estas cosas. Y al otro, Diego Sánchez Silva, yo lo conocí por José Serrano, que me lo presentó en algún sitio que no recuerdo, años atrás, era Ministro de algo y se fue haciendo amigo. Iba a mi despacho. Ellos vinieron hasta mí, no una vez, fueron dos o tres veces para pedirme que mande la renuncia. Y yo decía porqué este individuo me pide la renuncia, si ni el Congreso ni su Presidente pueden tratar la renuncia del Contralor del Estado.

Ese era un punto que le iba a plantear, ¿por qué usted renunció ante el Presidente de la Asamblea, si no le competía a él conocerla?

Y yo les dije que debía renunciar ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero al mismo tiempo, el ministro César Navas perseguía a mis dos hijos que estaban en Ecuador. Esta persecución ocurrió hasta que los pude sacar del país, porque son ciudadanos norteamericanos. Usted entenderá la preocupación de que cada vez que su hija salga con sus nietos para dejarlos en la escuela, sean seguidos por sujetos en camioneta vestidos de civil, pero no eran otra cosa que los famosos agentes que mandaba César Navas, quien es un tipo corrupto, corrupto. A Navas alcancé a hacerle solo una auditoría, por los 50 millones de dólares que gastaron en hacer un Ecu 911. Faltaron de hacer 400. En ese informe había un perjuicio de USD 37 millones, solo en ese ECU, y ahora resulta que se pierden los informes, informes de 400 páginas cuando las firmas de ellos están ahí. Ahora Daniel Fernández de Córdova dice que no puede reconocer su propia firma. Que le hagan un peritaje. Los informes fueron entregados a la Fiscal Tania Moreno y no sé cómo después aparecieron en manos de José Serrano, enseñándolos cuando ya se pelearon entre ellos, el informe de los Gastos Reservados. 

¿Las reuniones con Franco y Sánchez en Miami, en qué lugar ocurrieron? ¿Nos puede dar más detalles?

Sí, en lugares públicos, un par de veces me pasó recogiendo JJ Franco, una vez desde mi oficina de Notario que tengo acá, yo vivo de mi trabajo, soy Notario más de 40 años. Mis hijos también trabajan honestamente porque acá en Estados Unidos ni un dólar se puede pasar sin justificar de dónde vienen los ingresos. Y en el juicio por Odebrecht, ninguno de los funcionarios de esa constructora ha manifestado tener ninguna relación conmigo, ni que me han entregado dinero ni que conste en la contabilidad de esa empresa. ¿Cómo puede ser que a mí me den dinero, a mí que justamente saqué dos informes con indicios penales? ¿Y que además les saqué glosas por USD 80 millones? ¿A quién van a pagar por sacar dos informes con indicios penales? Nunca hicieron peritajes a las grabaciones donde yo salgo y un perito de la Judicatura me ha entregado un pen drive que lo voy a utilizar como nueva prueba a mi favor, de las reuniones que mantuvo Baca Mancheno con José Conceciao Santos en Brasil. Todo fue montado y tengo el informe firmado por un perito que tiene 33 años de experiencia en la Judicatura.

Usted dice que sabía que no podía renunciar ante el Presidente de la Asamblea, porque no era la autoridad competente para recibirla. ¿Entonces por qué finalmente lo hizo así? 

Sí, lo hice. ¿Y usted cree que yo iba a permitir que les pase algo a mis hijos? ¿Que yo iba a poner en riesgo a mi familia por un cargo? No, para nada.

¿Usted fue amenazado y obligado a firmar la renuncia dirigida a José Serrano, presidente de la Asamblea? 

Me pusieron contra el paredón para fusilarme y no solo a mí, sino también a mi familia, que es lo que más me importa en la vida. A mí me pueden matar, no me importa, pero no a mi familia. Y le puedo decir mil cosas más de lo que es capaz este corrupto de José Serrano. Este individuo es un corrupto, yo le descubrí USD 330 millones en convenios de pago ejecutados en el Ministerio de Gobierno. La ley vigente para la Contratación Pública nunca la cumplió. ¿Y usted cree que ha salido José Serrano o alguno de los funcionarios involucrados a desmentirme? Ninguno.

Entonces mandó la renuncia siendo obligado, amenazado y chantajeado…

Por supuesto. Y complete esta entrevista con lo siguiente: mando yo la renuncia, la entrega mi abogado el 20, porque no se las dí a ninguno de estos dos malos amigos, y el día que se tomaron la Contraloría, al día siguiente ya tenían reuniones con José Serrano. Este plan fue orquestado, Serrano sabía, el mismo Serrano ya me había visitado en la Contraloría y una vez fue con este individuo Diego Sánchez, en mi despacho.

Conozca quién es Diego Sánchez en este informe a profundidad sobre la historia de los reaseguros de Sucre 

SUCRE Y EL JUEGO DE LOS REASEGUROS

¿No hubo ningún acuerdo para su renuncia, algo sobre la mesa o debajo de ella?

Absolutamente nada, cómo va a creer. En lo absoluto. Lo juro por mi familia, por Dios, por mis hijos.

Si usted manda la renuncia a José Serrano, presidente de la Asamblea, acá se plantea que dicha renuncia no tiene ninguna validez, porque no era la autoridad a la que le competía conocerla. Entonces el conflicto jurídico que esto pudo ocasionar es mucho mayor de lo que uno se puede imaginar. 

A mí no me aceptó la renuncia la Asamblea, a mí tampoco me destituyó la Asamblea. A mí me sancionaron con la censura, que no es sino otra raya más para un funcionario o autoridad. Pero no me destituyeron, como ha ocurrido con otros.

¿Y José Serrano no le aceptó la renuncia? 

A mí nadie me ha aceptado la renuncia, ni Serrano ni nadie. Es ridículo todo lo que hicieron. Lo hicieron tan mal por la lujuria de apoderarse de la Contraloría. Lo que debió pasar es que vaya la renuncia al CAL y en el CAL iban a decir, señores, esto no sirve. Pero ni eso. Yo tenía que renunciar ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero eso nunca hice. Y hay un oficio que manda a la Asamblea la ex presidenta del CPCCS, una señora González, diciendo que allí no han tratado la renuncia del Contralor. Y claro, como van a tratar, si a ellos no les mandé nada. En definitiva, quien le habla, yo, no tengo ninguna aceptación de la renuncia de ningún funcionario público, de nadie. Y todo para apropiarse de la Contraloría.

La Contraloría General de Estado realizó exámenes especiales a 216 contratos de emergencia por $330.2 millones suscritos por el Ministerio del Interior entre el 2013 y diciembre de 2015. Entre las irregularidades que se hallaron están la falta de estudios de mercado para adquirir las mejores propuestas, se irrespetaron convenios lo cual generó multas, se contrató de manera emergente cuando no había la necesidad, no existen los expedientes de los procesos de contratación, entre otras.

También fueron observados por Contraloría el contrato firmado para la adquisición de caballos en el que Contraloría estableció que la negociación carecía de estudios, diseño y cálculos que respalden la inversión total para el Proyecto de Optimización del Servicio Policial Montado y la justificación que determinó el precio pactado en el contrato. Y la compra de vehículos policiales por $196.1 millones que el Ministerio del Interior hizo en 2013, bajo emergencia que declaró el entonces ministro José Serrano.

El 2 de junio de 2017, en horas de la madrugada, se dio la caída estrepitosa de Pólit. La Fiscalía allanó su casa en Guayaquil por el caso Odebrecht y ese día entraron en vigencia las acciones de personal que Pólit había firmado días atrás. En la tarde, Ligia Cobo, Coordinadora nacional de Talento Humano, notificó a Celi de su destitución y a Sabett Chamoun le comunicó que era la nueva Contralora Subrogante. Celi rompió el acta de notificación y se resistió a dejar el cargo, escena que quedó grabada y pronto se viralizó.

“Ese día, 2 de junio, el doctor Pólit llamaba a Daniel Fernández y le dijo que vaya a entregar informes a la Fiscalía, pasaba el tiempo y Daniel Fernández no lo hacía, yo lo llamé a mi despacho, y le dije Daniel, me está preguntando el doctor Pólit, qué pasó con el informe de César Navas y él me contestó: ¿a quién le hago caso, a Pablo Celi o a Carlos Pólit? relató Chamoun en su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización el 24 de julio de 2021.

Chamoun declaró que la Contraloría estaba rodeada por policías y que mientras estaba en uno de los corredores del edificio, en horas de la noche vio llegar a varios funcionarios de esa institución para reunirse con Celi. Entre ellos Pedro Moreno, Wilson Vallejo, Valentina Zárate y Daniel Fernández. ¿Qué hacían un viernes, en fin de semana reunidos en la noche?, cuestionó Chamoun. La exfuncionaria aseguró que esa noche llegó un auto deportivo rojo:

“Llamé a mi chofer y le pregunté, ¿quién está ingresando a la Contraloría a esta hora? Y me dice es el sobrino del doctor Pablo Celi, Raúl De la Torre. ¿Cómo así le dejan entrar? Empecé a llamar a los guardias, ya los guardias ni me contestaban… (…) me acerco a la oficina de Pablo Celi, recuerdo que estaba un hombre parado en la puerta, y le digo usted qué hace aquí, “estoy cuidando la puerta del señor contralor”, ¡Qué contralor!, le dije, ¡si Pablo Celi ya no es funcionario público! Como mi tono de voz es fuerte, salió Pablo Celi y me dice “yo soy el Contralor General del Estado” y le respondí, qué te pasa a ti, tú ya fuiste cesado desde las 3:30, 4 de la tarde, son casi 8 de la noche.

Llegaron unos policías que se cuadraron frente a nosotros y dijeron señor Contralor General del Estado, nos envía el ministro César Navas para darle custodia a usted”. El gobierno de Lenin Moreno dio su apoyo públicamente a Celi a través de la Ministra de Justicia, Rossana Alvarado: “él es el contralor subrogante, y me parece que ahí las cosas están claras…”, aseguró a los medios de comunicación. El poder político había dirimido en la pugna.

El 20 de junio de 2017, el presidente de la Asamblea, José Serrano, recibió la renuncia de Carlos Pólit. Al día siguiente, el 21 de junio, Serrano remitió una copia certificada de la renuncia a Pablo Celi, quien emitió inmediatamente el acuerdo No.-020-CG-2017 con el que se autonombró Contralor General del Estado subrogante.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitario, liderado por Julio César Trujillo, que tenía la potestad para destituir y reemplazar por medio de concurso al Contralor, gracias a las atribuciones que le dio la Consulta Popular de febrero de 2018, ratificó a Pablo Celi en el cargo amparándose en el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Luego, en una entrevista a diario El Universo, Trujillo se reprochó no haber designado un reemplazo para Pablo Celi al frente de la Contraloría General del Estado. Un mea culpa que no sirvió para remediar la omisión que hoy lamenta el país.

En comunicación enviada a la Comisión de Fiscalización, Pablo Celi señaló que la legitimidad de su ejercicio como Contralor de Estado subrogante se basa en el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Estado, que establece que el subcontralor general subrogará al Contralor General en caso de ausencia temporal o definitiva, hasta la designación del nuevo titular. Indica que él es Subcontralor General desde 2014, por eso, dice, asumió la subrogación en la función de Contralor General del Estado el 21 de junio.

Que es una subrogación legal, se defiende, por cuanto deviene del hecho de que la renuncia fue puesta en conocimiento del Presidente de la Asamblea y que este a su vez pone en conocimiento de Celi, “para los fines legales previstos en el artículo 33 de la Ley de la Contraloría”.

Pablo Celi dice que la acción de personal 913 del 25 de mayo de 2017, que lo cesó en sus funciones como subcontralor general y la 914 que designó a Sabett Chamoun como su reemplazo, no existen. De hecho, indica que estos hechos fueron “juzgados y plenamente dilucidados en sentencia judicial (…) de la Corte Superior de Pichincha de 1 de julio del 2019- que se encuentra plenamente ejecutoriada al haberse negado el recurso de casación mediante sentencia emitida por la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia el 13 de abril del 2020, fue sentenciada por arrogación de funciones la Dra. Sabett Chamoun, entre otras razones, por la inexistencia de las resoluciones (…)

Es claro y fue judicialmente demostrado, de conformidad con lo conocido y resuelto por los organismos de justicia, que en ese momento era Pablo Celi quien tenía la condición de Contralor General del Estado Subrogante, sin que haya existido ninguna resolución o designación distinta”.

En su informe de posición dentro del juicio político que se sigue contra el ex Contralor Pablo Celi, el presidente de la Comisión Fernando Villavicencio establece en sus conclusiones en cuanto a la arrogación de funciones, que queda en evidencia que al interior de la Contraloría se desató una disputa intensa entre dos bandos por el control de la misma.

Y que las discrepancias tuvieron un punto de arranque a partir del 21 de diciembre de 2016, cuando la constructora Odebrecht reveló que había pagado sobornos al ex Contralor Carlos Pólit a cambio de archivar los exámenes especiales que esa institución había realizado a las obras que la empresa brasilera construyó en el país.

La Comisión de Fiscalización se quejó por la poca colaboración de los funcionarios de la Contraloría General del Estado, responsables de remitir la información solicitada; sin embargo, la documentación existente en el proceso es contundente respecto a demostrar las afirmaciones que alega el asambleísta Lloret, respecto a la abrogación de funciones.

Del análisis realizado se desprende la existencia de pruebas documentales y testimoniales que demuestran la existencia de una Acción de Personal No.913 de fecha mayo 25 de 2017, con vigencia a partir de junio 2 de 2017.

Dichos documentos originales no han sido proporcionados a la Comisión de Fiscalización y Control Político, por la Contraloría General del Estado, pese a la obligatoriedad legal de custodia y respaldos que tiene el organismo de control respecto de los documentos públicos que reposan en sus archivos. Sin embargo, las autoridades que suscribieron esa acción de personal han reconocido como suyas las firmas y texto contante en la misma, y además existe el soporte en copia notariada de la Razón de Notificación efectuada por el Secretario de la Contraloría General del Estado en la que se le notificó a Pablo Celi de la cesación de sus funciones como Subcontralor General del Estado.

En su informe de posición, el presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político, concluye que tiene elementos de convicción respecto a que existió el acto administrativo de cesación de funciones del Dr. Pablo Celi de la Torre con vigencia a partir de 2 de junio de 2017, por lo que es necesario remitir este análisis y documentos a la Fiscalía General del Estado para que determine la presunta existencia de los delitos de usurpación y simulación de funciones públicas, así como el de destrucción de registros. A la vez reitera que la Comisión carece de competencia para analizar la Resolución PLE-CPCCS-T-E-414-08-05-2019 de 8 de mayo de 2019, expedida por el Consejo de Participación Ciudadana y control Social- Transitorio, por medio de la cual dispuso ratificar a Pablo Celi de la Torre como Contralor General subrogante.

Esta causal de Fernando Villavicencio definida en su posición, es una de las que el pleno de la Asamblea tendrá conocimiento para la votación en el juicio político de Pablo Celi. La censura resulta inminente.