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Autor: mh

ARAUZ FIRMÓ EL ENDEUDAMIENTO DE LA PATRIA – PARTE 2

En esta segunda parte del informe, los portales Periodismo de Investigación y Plan V pasan revista a varios contratos de deuda y resoluciones de prioridad del Senplades, que llevan la firma del candidato correísta para las elecciones presidenciales de febrero del 2021.  Entre otros proyectos destacan los millonarios contratos para las polémicas y gigantescas plataformas gubernamentales, las Escuelas del Milenio, que significaron un negativo impacto profundo en la vida de las comunidades campesinas de la Sierra, Costa y Amazonia, y los recursos que se mal usaron o se esfumaron en la reconstrucción de las provincias que fueron afectadas por el terremoto de abril del 2016, especialmente Manabí.

Sobreprecio en las millonarias plataformas gubernamentales

Andrés Arauz fue parte del Comité de Deuda y Financiamiento en enero de 2015, cuando se aprobó la obtención de un crédito por USD 80 millones con el BID y otro por cerca de USD 40 millones con el Banco Europeo de Inversiones, para la construcción de la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social (Sur).

La construcción de ese edificio fue parte de un macro proyecto de USD 572 millones, coordinado desde Senplades, con Arauz como subsecretario, y con presupuesto de Inmobiliar, para una ejecución de 3 años (2013 a 2015).

En diciembre de 2012, la Senplades calificó como prioritario el proyecto «Implementación de proyectos inmobiliarios estratégicos para la distribución a nivel nacional del sector público», mediante oficio SENPLADES-SGPBV-2012-1 338.

El presupuesto para este proyecto requería de USD 572 millones para la compra, construcción y remodelación de inmuebles para reubicar a las entidades del sector público.

Destacan dos puntos de este proyecto: demoler el edificio del MAGAP en Guayaquil y la construcción la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social (cuya edificación fue, a su vez, también una parte del Programa de fortalecimiento de la gestión interseccional social).

Entre 2013 y 2015, Arauz fue subsecretario general de Planificación para el Buen  Vivir en la Senplades, desde donde se coordinó la ejecución de este proyecto.  La prueba de esto está en varios oficios firmados por él, como uno enviado al entonces director de Inmobiliar, Klever Mejía, el 13 de febrero de 2014, Arauz le señala algunos ajustes en los componentes del proyecto y su presupuesto.

Para este proyecto fue necesario endeudarse. Solo el Programa de fortalecimiento de la gestión interseccional social, que incluye la construcción de la Plataforma Social, requería de poco más de USD 120 millones que fueron financiados con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por USD 80 millones a un plazo de 25 años.

La obtención de esta deuda fue autorizada en enero de 2015 mediante Acta Resolutiva 003, firmada por Patricio Rivera, como delegado de Presidencia ante el Comité de Deuda y Financiamiento; Fausto Herrera, entonces ministro de Finanzas; Carlos Barrionuevo, como subsecretario de Financiamiento Público; y, Verónica Artola, actual tituar del Banco Central, pero que en para esa gestión actuó como delegada del secretario nacional de Senplades. Posteriormente, el crédito se firmó el 5 de febrero de 2015.

Entre las condiciones del contrato del crédito con el BID se establece que el desembolso se haría siempre que los USD 40 millones restantes para financiar el 100% del proyecto se obtengan de otro crédito con el Banco Europeo de Inversiones.

El edificio de la Plataforma Gubernamental Sur fue construido a un costo de USD 98,7 millones y demoler el edificio del Magap en Guayaquil costó cerca de USD 3,9 millones. ¿Dónde está el resto del dinero?

De acuerdo con el cronograma del oficio SENPLADES-SGPBV-2014-0181-0F, presentado por el mismo Arauz -entonces subsecretario de la Senplades-, con USD 91,6 millones debían adquirirse los inmuebles necesarios para la relocalización de las entidades en las plataformas gubernamentales; otros USD 4 millones fueron para demoler el edificio del Magap; y, USD 476,3 millones, para construir y remodelar las infraestructuras para las entidades del sector público.

Trasvase Daule-Vinces, otra obra de Odebrecht

En 2013 Andrés Arauz actuó como delegado del secretario de Senplades, Pabel Muñoz, en el Comité de Deuda que autorizó el endeudamiento por USD 137 millones con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social del Brasil (BNDES), para contratar a Odebrecht para la construcción del proyecto Trasvase Daule-Vinces-Dauvin, que terminó con un sobreprecio del 67%.

El acta resolutiva 017, del 15 de agosto de 2013,  el Comité de Deuda y Financiamiento autoriza un endeudamiento por USD$ 137 millones con el BNDES para  financiar el Proyecto Trasvase Daule Vinces-Dauvin cuyo ejecutor fue la SENAGUA.

El acta está firmada por Fausto Herrera, como ministro de Finanzas; Patricio Rivera, como delegado de Presidencia ante el Comité, Andrés Arauz, como delegado del secretario Nacional de Planificación (Oficio SENPLADES-SNPD-2013-0689-0F); y William Vásconez, subsecretario de Financiamiento Público.

Para agosto de 2013 los acuerdos de Arroz Verde ya estaban vigentes con Odebrecht: un mes después, el 9 de septiembre, la constructora brasilera entregó $500 mil al gobierno de Correa, según consta en el juicio del caso “Sobornos”  y hasta diciembre de ese año se había entregado $1,55 millones.

La adjudicación

El 30 de abril de 2012, Walter Solís, como titular de Senagua, y José Conceição Santos y Ricardo Vieira, de la brasilera Odebrecht, suscribieron el contrato para la construcción de la obra por USD 191 millones y el plazo de ejecución fue de 840 días; es decir, dos años y tres meses. Finalmente, tres años y medio después, en el discurso de inauguración, el propio presidente Correa dijo que la inversión de la obra superaba los USD 352 millones. Un incremento del 184%.

En 2017, Conceição Santos declaró que pagó coimas para hacerse con el contrato: en total USD 6 millones entre 2012 y 2015.

El control de inundaciones, proyectos millonarios y poca efectividad

Pabel Muñoz, como secretario de la Senplades, delega a Arauz al Comité de Deuda para que se autorice un crédito por USD 299 millones para un proyecto de la Senagua. La deuda se obtiene, nuevamente con el Bank of China Limited y el Deutsche Bank.

El 22 de julio de 2013, el Comité de Deuda y Financiamiento autoriza un endeudamiento  por USD 299 millones para proyectos de control de inundaciones en Cañar y Naranjal. El crédito se firmó con el Bank of China Limited y el Deutsche Bank, con interés del 3.91% a 10 años plazo, para financiar parcialmente los proyectos.

En este proyecto, nuevamente Arauz firma como delegado del secretario de la Senplades, Pabel Muñoz. El acta resolutiva del Comité de Deuda lo firma junto a Patricio Rivera y Fausto Herrera.

Del Bank of China Limited e obtuvo deuda por USD 260’026.115; y, del Deutsche Bank, USD 38’854.477.

Este proyecto fue ejecutado por la Senagua, y el presupuesto se estimó en USD 154 millones para el Proyecto Naranjal; y, USD 288 millones Proyecto Cañar.

Los proyectos de control de inundaciones Naranjal y Cañar fueron inaugurados en enero del 2016 por Anne Dominique Correa, a pedido de su padre.

De acuerdo a un informe del diario Expreso, en el 2019,  que recorrió las obras de Control de Inundaciones Bulubulu y los bypasses de los proyectos Cañar y Naranjal, cuyo fin también era mitigar los efectos de las lluvias, estas no funcionaban adecuadamente.  La inversión alcanzó los  USD 345 millones.

Cruzando la carretera, en el recinto La Cadena, el río se desborda por partes. “El agua antes nos llegaba hasta el cuello, ahora quizás hasta las pantorrillas”, comentó entre risas Manuel Oleas. En Boliche, ubicado a casi cincuenta kilómetros, las inundaciones se detuvieron en la zona céntrica, pero no en sus zonas rurales. “Desde que hicieron ese bypass más arriba, acá ya casi no nos inundamos, pero más arriba, en las fincas, la gente aún construye muros con piedras, porque el río se desborda”, narró Byron Díaz. Según información publicada por la Empresa Pública de Agua (EPA), el estado del funcionamiento del Control de Inundaciones Bulubulu, y las complementarias Cañar y Naranjal es del 100 %. Pese a esto, las tres obras cuentan con observaciones de la Contraloría, en informes aprobados entre 2016 y 2017.

                          

En el caso del proyecto Bulubulu y Cañar, los cuestionamientos surgen de pagos injustificados, inconsistencias técnicas en los precios unitarios y fallas en el correcto manejo de los estudios ambientales. En el caso de Naranjal, los problemas son mayores. Hay controversias por el uso de material de inferior calidad e incumplimiento de especificaciones técnicas de construcción, demoras en el pago de expropiaciones de terreno, lo que imposibilitó la correcta edificación de tramos del dique y provocó vulnerabilidades, y la explotación de una mina cercana sin estudios técnicos o ambientales para poder continuar con la rápida cimentación de la obra. No son los únicos proyectos hídricos con fallas. Como publicó EXPRESO la semana pasada, siete de las megaobras construidas por la entidad cuentan con informes detallando incumplimientos administrativos y penales. La prueba física por las deficiencias se vio a inicios de semana con inundaciones en Los Ríos relacionadas a malos diseños del trasvase Daule-Vinces”.

El fracaso de las Escuelas del Milenio

En noviembre del 2014, la Senplades hizo varias observaciones al proyecto de incremento de estructura educativa, del ministerio de Educación, que contemplaba sobre todo la construcción de 200 Unidades del Milenio. Este se llamaba Nueva Infraestructura Educativa. Pero además se incluía 5.564 unidades de otro tipo a construir.

El monto que la Senplades autorizó fue de US$ 2.147.797.759.43 para el periodo 2010-2016, de los cuales USD 1.958.348.189,99 correspondían a recursos fiscales, US $ 179.892.684,73 a crédito externo y US $ 9.556.884,71 a cooperación internacional. El oficio fue firmado por Verónica Artola, entonces Subsecretaria del Senplades.

En su contenido ya se advertía los problemas a la postre resultaría en el fracaso de un proyecto educativo concentrador basado en grandes estructuras, como fueron las Unidades del Milenio.

En el punto 8 del oficio advertía que “de acuerdo a los artículos J y 28 de Ja Constitución de la República del Ecuador 2008, y a los objetivos 3, S y 6 del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 y con la finalidad de lograr la integralidad en el proyecto, el Ministerio de Educación, Mineduc, deberá continuar con las gestiones de implementación y funcionamiento del sistema de transporte escolar para los nuevos establecimientos educativos estandarizados que serán construidos, repotenciados o reconstruidos, en el marco del proceso de reordenamiento de la oferta educativa, conforme el compromiso presidencial 20598 «Reordenamiento de la oferta escolar».

Para el efecto el Mineduc debe mantener la coordinación con la ANT y el MTOP, en el ámbito de sus competencias. Esto porque finalmente el problema de movilidad de las familias, cuyos hijos fueron obligados a transportarse incluso a kilómetros de sus casas, impidió que estos niños y niñas asistan a la escuela. O las familias se separaron pues a muchos les tocó enviar a sus hijos a vivir en poblaciones más cercanas a la escuela del milenio.

En el punto 9 se advertía que “con Oficio Nro. SENPLADES-SSE-2014-0 J42-0F del 22 de septiembre de 2014, esta Secretaría de Estado presentó el informe de seguimiento a las unidades educativas del milenio, con la alerta: »Las Unidades del Milenio detalladas en este informe, pese a su reciente funcionamiento, presentan problemas en su infraestructura y en la dotación de servicios básicos que limita una operación eficiente conforme el modelo educativo innovador planteado”.

En junio del 2015, y con el aval del entonces ministro Coordinador de Conocimiento y Talento Humano, Andrés Arauz, el Senplades, mediante oficio 0436, actualizó y aprobó la prioridad del proyecto para el periodo 2010-2017, es decir hasta el final del gobierno de Rafael Correa. Sin embargo, el oficio de la Senplades se advierten algunos problemas. En el punto 5 del documento se advertía que las autoridades responsables debían

Incorporar los documentos que describan el modelo de ordenamiento de la oferta educativa, el cual se menciona en varias partes del documento del proyecto e indica que la Unidad Educativa del Milenio Cerezal Bellavista cuenta con un acceso en malas condiciones (5 kilómetros de longitud) y que podría representar un problema para la asistencia de los estudiantes a la unidad. Por lo que, se requiere que el proyecto indique las unidades educativas que se encuentran con el mismo problema y cuál será la solución para que el acceso esté garantizado”.

El documento volvía a advertir que “el Mineduc deberá continuar con las gestiones de implementación y funcionamiento del sistema de transporte escolar para los nuevos establecimientos educativos estandarizados que serán construidos, repotenciados o reconstruidos, en el marco del proceso de reordenamiento de la oferta educativa, conforme el compromiso presidencial 20598 “Reordenamiento de la oferta escolar». Para el efecto el Mineduc debe mantener la coordinación con la ANT y el MTOP, en el ámbito de sus competencias”.

El mismo candidato a la presidencia Andrés Arauz reconoció en el debate presidencial los problemas de transporte provocados por la incorrecta planificación al momento de escoger las zonas en que se levantaron las escuelas; por su puesto Arauz no iba a reconocer su participación directa en esas decisiones que la mayoría de la población ecuatoriana ignora.

A pesar de las advertencias y observaciones, el Comité Permanente de Deuda y Financiamiento aprobó la operación de crédito con el Bank of China Limitedde Pekín, el Bank of China Limited, Sucursal de Panamá, el Bank of China Limited Sucursal Liaoning y el Deutsche Bank AG Sucursal Hong Kong, a la República del Ecuador, por hasta USD 167.371.800,00, destinados a financiar parcialmente la «Adquisición de 200 Unidades Educativas Provisionales Tipo Milenio (Prefabricadas), Incluido su Ensamblaje, Instalación y Puesta en Operación, a Nivel Nacional», que forma parte del Proyecto «Nueva Infraestructura Educativa», sobre la base de los informes técnicos presentados por la Subsecretaría de Financiamiento Público a través de los Memorandos Nro. MINFIN-SFP-2016-615 y No. MINFIN-SFP-2016-618 de 21 de octubre de 2016 y de 25 de octubre de 2016 respectivamente de conformidad con la Constitución, las Leyes, Reglamentos y más normas pertinentes vigentes en el país. Ministro Coordinador era Andrés Arauz.

Fracaso y sobreprecio

Quizá una de las poblaciones donde el cierre de las escuelas comunitarias dejó graves secuelas es Victoria del Portete. Esta es una parroquia rural del cantón Cuenca, en la provincia de Azuay. Está ubicada a 40 minutos al sur de Cuenca y en esta zona se asienta el cerro de Quimsacocha, que en lengua kichwa significa tres lagunas. Esta es una reserva natural.

El 20 de octubre de 2015 el presidente Rafael Correa inauguró la Unidad Educativa del Milenio de Victoria del Portete. “A nueve meses de su inauguración, la UEM Victoria del Portete se está convirtiendo en un referente educativo por su infraestructura, equipos tecnológicos y  programas pedagógicos innovadores”, decía una publicidad gubernamental. Según Yaku Pérez, dirigente indígena y también candidato a la Presidencia, su construcción se hizo con las regalías anticipadas de empresas mineras. El Gobierno la llamaba ‘la minería para el buen vivir’.

Esa UEM provocó el cierre de 13 escuelas comunitarias del sector. Una ellas fue la escuela Ramón Ulloa que tenía 300 estudiantes y hoy sus instalaciones están abandonadas, llenas de maleza. Lo mismo sucedió con la escuela de San Pedro de Escaleras, Quimsacocha y a 3km. de la UEM. Se cerró también la escuela de Corral Pamba, a 7 km de la UEM, cuyos alumnos, por la distancia y la facilidad de transporte, prefirieron estudiar en Cuenca.

Muchos niños de la escuela de El Rodeo, que fue cerrada y tuvieron que ir a esa UEM, desertaron porque no tenían recursos para el transporte. Solo en el primer semestre de inaugura la UEM hubo recorridos.

Las consecuencias del cierre de las escuelas comunitarias fueron trágicas: los niños indígenas ya no practican la cosmovisión andina, ni el idioma. A las escuelas comunitarias asistían con su vestimenta tradicional y ahora van a la UEM con los uniformes que impone el Ministerio de Educación. Se decía que la UEM de Victoria de Portete beneficiará a 1.231 niñas, niños y jóvenes del sector, pero la asistencia se redujo en un 30%. Otros niños han sufrido maltratos por las diferencias culturales y dejaron de estudiar.

Las Unidades Educativas del Milenio (UEM) fueron un proyecto emblemático de la ‘revolución educativa’ impulsada en el gobierno de Correa. El nuevo modelo escolar comprendía construcciones funcionales a escala nacional con un costo aproximado de cinco millones cada una, que ofrecerían “educación completa”, es decir inicial, básica y bachillerato en un solo plantel. “En zonas rurales, idealmente, esto evitaría a las familias enviar a sus hijos a la ciudad para continuar la educación secundaria”, era uno de sus objetivos.

El modelo UEM propuso racionalizar las construcciones escolares en el territorio, fusionando a varias escuelas de los alrededores. Esto llevó al cierre de cientos de escuelas pequeñas, entre comunitarias, unidocentes e interculturales, sobre todo en zonas rurales. Se ofreció transporte escolar a quienes viven a más de 3 kilómetros de la escuela. En la práctica lo que ocurrió es que miles de niños tuvieron que abandonar sus comunidades para caminar kilómetros diariamente para llegar a los nuevos centros educativos, pues se realizaron las construcciones sin estudios sobre la población ni el universo a la que iban destinadas las obras. Se privilegió los contratos de construcción de las edificaciones y sus insumos de funcionamiento. Al momento existe un gran número de UEM que se encuentran desatendidas o en condiciones precarias por la falta de presupuestos sostenibles para su funcionamiento o en las que la Contraloría ha hallado sobreprecios.

Según el último cálculo de las autoridades, durante el gobierno de Correa se cerraron 6.000 escuelas comunitarias en su mayoría en la Sierra central, así como la Universidad Intercultural Amawtay Wasi.

Francisco Cevallos, viceministro de Gestión Educativa del Ministerio de Educación, informó en febrero de 2019 que hubo una reducción de 18.558 escuelas comunitarias a 12.333.

Ese fue el caso de Peguche donde se cerraron 6 escuelas bilingües.  Lo mismo ocurrió con las escuelas bilingües de La Chimba y Moyurco, de Cayambe. Por estas escuelas lucharon Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña.  Según Contrato Social por la Educación, 74 instituciones de Latacunga y 27 de Pujilí fueron cerradas hasta el 2014. En la provincia de Cotopaxi, entre 2008 y 2014, se habían cerrado 100 instituciones educativas.

En el anterior régimen, el Ministerio de Educación dispuso que una escuela bilingüe debía tener al menos 35 estudiantes para que no se cierre. Sin embargo, la realidad en las comunidades era distinta. Había escuelas muy lejanas y los estudiantes no suman el número requerido. En la comunidad de Morocho, en Cotopaxi, se cerró la unidad educativa en el octavo, noveno y décimo grados. Los niños y sus padres no estaban en las condiciones económicas para llevarlos a la ciudad de Quiroga.

En muchas comunidades indígenas, campesinas y afro ecuatorianas, no hay transporte, ni público, ni privado. Los niños tienen que madrugar y caminar largas distancias. Por ejemplo, la Escuela del Milenio de Imantag, en Imbabura, está ubicada fuera del centro poblado y distante de Peguche. Esto ha provocado accidentes, hay casos de niños atropellados que han quedado paralíticos como el de los niños en Ullcupungo, así como una niña de Imantag (Imbabura) que murió arrollada por un bus, ella podría haber estudiado la escuela en Morlán pero debía caminar 45 minutos hasta la escuela del milenio.

Organizaciones indígenas y de derechos humanos denunciaron esas situaciones. En diciembre de 2013, la Ecuarunari puso una demanda de incumplimiento del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe ante la Corte Constitucional. Mientras que la Conaie exigió que la rectoría de la política de esa educación sea asumida por los pueblos y las nacionalidades. La Asamblea de la Conaie, que se llevó a cabo en Salasaca el 17 y 18 de julio de 2015, exigió la inmediata reapertura de las escuelas y de la Universidad Amawtay Wasi. También se presentaron acciones de protección pero fueron negadas por los jueces. En junio de 2015, también se efectuó el IV Encuentro sobre la educación intercultural bilingüe, en Peguche, Imbabura. Su objetivo fue recabar información y crear una base de datos de las violaciones a los derechos de la educación y de las víctimas.

El ministro de Educación, Milton Luna, anunció el 31 de enero de 2019 que durante ese año se reabrirán unas 1.000 escuelas comunitarias sobre todo en las zonas rurales de mayor pobreza en Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Bolívar. Así mismo en provincias de la Costa como Esmeraldas, y en la Amazonía. Esto después de un estudio del mismo Ministerio de Educación y del BID de agosto de 2018. Allí se concluyó que las UEM no han tenido un impacto en la matrícula escolar y tampoco que el rendimiento escolar (al año 2015) haya variado.

Agua, saneamiento y residuos sólidos: millones para obras incompletas

En agosto de 2014, se firma un nuevo crédito por USD 150 millones con el BID para financiar el 74,4% del Programa Nacional de Inversiones en Agua, Saneamiento y residuos Sólidos.

El Programa debía ejecutarse de 2015 a 2018 y su costo se estimó en USD 201,6 millones: USD 150 millones por el BID y USD 51,6 millones con recursos fiscales.

El presupuesto del programa se dividía en

  • USD 21,8 millones para estudios y preinversión de proyectos
  • USD 167,3 millones para obras de infraestructura.
  • USD 10,7 millones para fortalecimiento institucional. (BDE, Senagua y asistencia técnica de GAD)
  • USD 1,8 millones para administración del programa

En el documento SENPLADES-SGPBV-2014-0964-0F, Andrés Arauz, como subsecretario de la Senplades, dictamina como prioritario el Programa y establece que el BDE sería la única entidad en capacidad de evaluar a los GAD que recibirían los recursos, según los proyectos que presente cada uno.

El 5 de noviembre Verónica Artola, actual gerente del Banco Central del Ecuador, firma como subrogante de Arauz en la actualización de prioridad:

El contrato de radares españoles para reemplazar el fiasco de los radares chinos, con una empresa cuestionada

Desde la Senplades, Andrés Arauz ratificó como prioritaria la compra de radares españoles por USD 88 millones a la empresa INDRA, para reemplazar los radares chinos de CETC; y, dio visto bueno al Ministerio de finanzas para que otorgue la certificación presupuestaria. También fue parte de Comité de Deuda que autoriza el endeudamiento con el Deutsche Bank por el valor total del contrato.

El 14 junio de 2014, mediante oficio SENPLADES-SGPBV-2014-0573-0F, dirigido a la entonces ministra de Defensa, María Fernanda Espinosa, Arauz ratifica como prioritaria la compra de radares militares para la vigilancia de la frontera.

Un mes después, el 11 de julio del mismo año, en el oficio SENPLADES-SGPilV-2014-0668, Arauz se dirige al ministro de Finanzas, Fausto Herrera, autorizando se otorgue la certificación presupuestaria para la compra de cuatro radares, dos centros de mando y control, y un sistema de comunicaciones, por un monto de USD 104.8 millones.

El contrato se firmó con carácter reservado, con la empresa española INDRA SISTEMAS, el 21 de noviembre del mismo año por un USD 88 millones.

El financiamiento de este valor se obtuvo por un crédito de USD 88 millones con la Deutsche Bank Sociedad Anónima Española, con un interés del 3,12% a un plazo de 11 años. Este crédito, nuevamente, fue autorizado por el Comité de Deuda y Financiamiento del que Arauz era parte.

INDRA es la misma empresa a la que la Contraloría le estableció una glosa por USD 23 millones por irregularidades contractuales y de entrega del sistema Justicia 2.0, contratado por el Consejo de la Judicatura de Transición.

La idea era que los radares reemplacen a otros cuatro equipos que adquirió la Fuerza Aérea Ecuatoriana a la empresa china CETC por USD 60 millones en 2009, después de la incursión de Colombia a Angostura, pero que mostraron fallas técnicas.

Un préstamo del BID para cubrir el costo de un terremoto, donde se esfumaron USD 3 000 millones

La tragedia que sacudió a las provincias de Manabí y Esmeraldas, tras el terremoto del 16 de abril de 2016 con miles de damnificados, 670 fallecidos y millones de dólares en pérdidas, también dejó a su paso una estela de irregularidades en las que estarían involucrados altos cuadros políticos del correísmo.

Más de USD 3 000 millones se recaudaron desde 2016 para atender las emergencias derivadas del sismo de 7,8 grados. Pero las denuncias por sobreprecios, obras que nunca se hicieron u otras que permanecen inconclusas, no terminan pese a haber transcurrido casi cinco años desde aquel desastre natural.

Si bien las denuncias de manejos irregulares se han enfocado más a los fondos provenientes de la Ley de Solidaridad (aprobada para financiar la reconstrucción de zonas afectadas, mediante un alza temporal de impuestos), el destino de los recursos provenientes de créditos externos no ha estado exento de observaciones y cuestionamientos.

Buena parte del financiamiento internacional para el terremoto provino del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y en el proceso inicial para obtener estos recursos, Andrés Arauz, candidato presidencial por el correísmo, fue determinante. Intervino como funcionario de la Senplades, entidad desde la cual el correísmo planificaba, priorizaba y orientaba los millonarios programas de inversión pública, así como también debía evaluar su cumplimiento. Senplades era responsable además de elaborar el Plan Nacional de Desarrollo o del Buen Vivir (como se lo bautizó después) y los Planes Anuales de Inversión.

Además el papel de Senplades era preponderante en la contratación de créditos externos, pues en las gestiones o negociaciones para acceder a este tipo de financiamiento, las instituciones del sector público requerían la autorización previa de esa entidad y del Ministerio de Finanzas. El proyecto a ser financiado debía ser declarado prioritario por la Senplades.

El otro nivel en el que Senplades tenía un papel decisivo era el Comité de Deuda y Financiamiento, donde actuaba el secretario general de desarrollo o su delegado. Este Comité autoriza la contratación o novación de operaciones de endeudamiento público en el Presupuesto del Estado y es corresponsable de las condiciones financieras de los procesos de endeudamiento que apruebe.

En este contexto, en diciembre de 2010 el Ministerio de Finanzas solicitó al BID la concesión de un Préstamo Contingente por USD 100 millones para gastos públicos extraordinarios que se requieran en caso de un evento catastrófico. Casi un año más tarde el Directorio Ejecutivo del Banco aprobó el financiamiento y luego de los informes y aprobaciones técnicas y legales del Ministerio de Finanzas y la Procuraduría del Estado, el 13 de junio de 2012 el Comité de Deuda (mediante Acta resolutiva N° 10) autorizó al Ministro de Finanzas a celebrar con el BID el contrato de préstamo para atender Emergencias por Desastres Naturales, “una vez cumplido la actualización de la prioridad del programa respectivo”.

Arauz firmó esta aprobación como delegado del secretario nacional de planificación al Comité de Deuda.

Lo que llama la atención el Comité de Deuda autorizó la contratación del crédito sin que conste en su resolución el dictamen previo de prioridad de este préstamo por parte de Senplades, como sucedía con otros procesos similares, pues recién el 5 de julio de 2012 Senplades emitió tal dictamen, al incluir este préstamo «Contingente para emergencias por desastres naturales», dentro del ‘Programa de Inversión para Infraestructura Económica, a través del financiamiento presupuestario y el manejo de las finanzas públicas, período 2011-2012’.

El contrato de préstamo por USD 100 millones se firmó el 6 de septiembre de 2012 entre Nathalie Celi, Embajadora de Ecuador en Estados Unidos y Luis Alberto Moreno, presidente del BID. Los eventos elegibles para los desembolsos fueron los terremotos (intensidad de 6 o más según escala de Mercali que haya afectado al menos al 2% de la población del país). El plazo del crédito se pactó a 25 años y con tasa de interés BID FU LIBOR (90) + 0.90%.

Un año después el BID amplió el cupo de esta línea de crédito a USD 300 millones y firmó con el Gobierno ecuatoriano el contrato de crédito contingente (EC-X1014), el 16 de junio de 2015 a fin de cubrir gastos públicos extraordinarios surgidos por: sismos/terremoto; inundaciones pluviales y/o Fenómeno del Niño; y erupciones volcánicas.

De los USD 300 millones asignados, este organismo multilateral entregó USD 160 millones que se usaron para la atención de las víctimas, labores de reparación y adquisiciones de bienes y servicios. Los recursos fueron administrados por el Ministerio de Finanzas y luego por la Secretaría Técnica del Comité de Reconstrucción.

El uso de los recursos

El Gobierno no ha hecho público un desglose detallado del destino de los desembolsos del BID, pero la ejecución de una parte de este crédito fue observada por la Contraloría General del Estado en un informe de 2017. Uno de los principales hallazgos: no fueron justificados USD 6,2 millones que el Ministerio de Defensa entregó a las Fuerzas Armadas. Esta cifra es parte de USD 45,59 millones en transferencias hechas por la Cartera de Finanzas a otros seis ministerios, del 16 de abril al 21 de julio del 2016.

El origen de esos recursos era el Préstamo Contingente EC–X1014 de hasta USD 300 millones que el BID firmó con el Gobierno.

En una de las condiciones de este Préstamo (cláusula 2.07) se menciona que no podían hacerse gastos “en bienes adquiridos por contratos cuyo monto sea inferior a USD 10 000 (…)” o “gastos en bienes para uso de las Fuerzas Armadas”.  Pero según Contraloría, las FF.AA. hicieron siete transferencias por un total de USD 6,2 millones para adquisición de bienes como lubricantes y mantenimiento de vehículos, equipo de búsqueda y rescate, raciones alimenticias de combate, entre otros. Esos gastos, según los auditores, no debieron hacerse con el dinero del BID.

De acuerdo con el informe de Contraloría, el Ministerio de Finanzas argumentó que cada ministerio sabía cómo administrar los fondos correspondientes a este crédito debido a que se creó un instructivo para ello. En contraposición a esto, la Contraloría observó que ese documento contradecía las cláusulas del contrato y estaba en el portal institucional sin firma de responsabilidad ni fecha de vigencia.

Contraloría emitió otro informe (DNA1-0048-2018) de septiembre de 2018, derivado del examen especial al destino de depósitos de la cuenta en el Citibank (#3636-0112) denominada “Terremoto Ecuador/Earthquake”; a los préstamos obtenidos y a transferencias hacia diferentes carteras de Estado, durante la emergencia por el terremoto de 2016 (entre el 16 de abril de 2016 y el 31 de julio de 2017).

Los principales cuestionamientos fueron inconsistencias en las cifras del Ministerio de Economía; y, la ausencia de una subcuenta específica para registro y control de los préstamos, lo que no permitió conocer el origen y la totalidad de los recursos. “El Ministro de Finanzas, en funciones del 16 de abril de 2016 al 19 de diciembre de 2016 (Fausto Herrera), no dispuso la creación de una subcuenta dentro del Presupuesto General del Estado, lo que no permitió verificar la administración y destino de estos recursos que ingresaron a la Cuenta Única del Tesoro Nacional”, se señala en el informe.

El organismo de control concluyó también que la información remitida por el mencionado Ministerio no permitió evidenciar los recursos recibidos en calidad de préstamos; ni el origen de todas las asignaciones que se hicieron a los ministerios por USD 310’538.438,96. De estas asignaciones solo se identificaron USD 209 millones, que corresponden a USD 18,76 millones del BID, USD 78,19 millones del Banco Central Ecuador; USD 112,63 del Banco de Desarrollo de la China y USD 117.268 de la Embajada de la República Checa.

Otro hallazgo fue que en el Ministerio de Interior se adquirieron bienes y servicios por $406.831,88 sin documentación completa que sustente su compra, distribución y uso.

El Ministerio de Finanzas transfirió a esta cartera de Estado recursos de la línea de crédito BID (EC-X1014), por USD 4 millones, de los cuales se analizaron gastos por USD 1,32 millones.

En mayo de 2016 el Ministerio del Interior amplió su emergencia institucional, lo que le permitió contratar de manera directa, las obras, bienes y/o servicios.  En este contexto se dieron gastos considerados emergentes por USD 406. 831,88, “sin que, en los Comprobantes Únicos de Registro, se adjunte documentación completa que permita evidenciar qué unidad efectúo la solicitud de la necesidad, el detalle de los albergues a los cuales iban a ser distribuidos los bienes y servicios; así como, los responsables de su uso, distribución y custodia; presentándose únicamente actas entrega recepción entre el Guardalmacén, personas civiles y militares, en las cuales no se pudo verificar si se trataba de personal designado o qué relación tenían con los albergues, sin determinar el destino final de estos bienes…”.

Se incumplieron el artículo 2, del Decreto 1001 del 17 de abril de 2016 y los artículos 10 y 11 del Reglamento General Sustitutivo de Bienes del Sector Público que trata sobre la inspección y recepción; así como, del uso y conservación de los mismos.

Los recursos utilizados, al provenir del crédito contingente del BID (EC-X1014), estaban sujetos a condiciones de gastos elegibles, como: “ser adecuados en términos de su dimensión y precio para atender las acciones de emergencia”. Pero Contraloría indicó que no pudo evidenciar, mediante cuadros comparativos la aplicación de esta condición.

Aunque en términos muy generales, la misma Senplades también identificó algunos reparos a la ejecución del crédito contingente del BID, en un documento publicado en 2019, titulado ‘Evaluación Operativa Plan de Reconstrucción Terremoto 2016’.

En este documento se resalta que durante el estado de excepción, vigente desde el 17 de abril de 2016 a septiembre de 2017, los procesos de priorización de proyectos y los mecanismos de asignación de recursos para la emergencia fueron rápidos, debido a que no debían pasar por el procedimiento normal de evaluación. Pero también se señala que “existe la percepción de que la declaratoria del estado de excepción se realizó por un periodo muy largo, lo que incrementó las posibilidades de una inadecuada distribución de los recursos”.

En este punto es importante recordar que esa priorización de los proyectos para la entrega de fondos fue competencia del Comité de Reconstrucción (según el artículo 3 del Decreto Ejecutivo No. 1004), que estuvo presidido por el ex vicepresidente Jorge Glas, quien al momento cumple dos sentencias por delincuencia organizada en el Caso Odebrecht y por cohecho en el Caso Sobornos.

En relación al Crédito Contingente para desastres naturales (EC- X1014) del BID por USD 300 millones, el MEF emitió un instructivo para que los ministerios y Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) ejecuten los gastos extraordinarios para la compra de bienes o la contratación de obras o servicios como consecuencia del sismo y que estos sean reconocidos como parte de los recursos del préstamo contingente.

Para acceder al crédito los GAD debían presentar los gastos realizados, con documentación de respaldo, a la Secretaría Técnica del Comité de Reconstrucción, la cual debía remitirla al Ministerio de Economía, que junto a técnicos del BID calificaban si procedía la devolución.

En el documento de Senplades consta que “de acuerdo al Ministerio de Finanzas existió desconocimiento por parte de los GAD para acceder a los recursos del crédito contingente del BID. Del total de gastos presentados por los GAD, el 59% resultó no elegible, según los criterios establecidos en el instructivo antes mencionado. Por lo tanto, existe malestar en los actores locales, ya que perciben que existió falta de claridad en la asignación de recursos”.

Es decir, en la práctica no se devolvió a los GAD de las zonas afectadas la totalidad de los montos invertidos para la atención de la emergencia, como se preveía en las condiciones del préstamo contingente del BID.

A esto se suma, según la evaluación de Senplades, que “los mecanismos de seguimiento a la asignación de bienes y servicios del Plan de Reconstrucción no son públicos y no se encuentra información consolidada al respecto, especialmente la referida al Registro Único de Damnificados y al Registro de Beneficiarios de los programas de vivienda. Estos son aspectos señalados como críticos por algunas autoridades locales y la ciudadanía en territorio. Los actores locales consideran que se requiere un mecanismo de verificación que permita evaluar si la población afectada está siendo realmente beneficiada”.

Un hueco llamado Goldman Sachs

Arauz autorizó el programa que permitió el endeudamiento con garantía de las reservas de oro. Las riesgosas condiciones de ese préstamo y el destino de sus recursos nunca fueron detallados por las autoridades. La Contraloría General del Estado audita esta operación desde octubre de 2020.

El candidato Andrés Arauz autorizó en 2014, mientras se desempeñaba como Subsecretario General de Planificación para el Buen Vivir, programó el plan de endeudamiento por $400 millones con el banco Goldman Sachs lnternational (GSI), a cambio de la entrega de la mitad de las reservas de oro del país.

Luego de tres años de abundantes ingresos, desde 2007, el hundimiento de los precios del petróleo detonó el inicio de una desaceleración económica que golpeó las finanzas públicas en 2014. El fisco evidenciaba problemas de liquidez que, sumados al fuerte gasto público y la casi nula inversión extranjera complicaban los planes de financiamiento del gobierno de Rafael Correa.

En este contexto se contrajo un polémico contrato de crédito con uno de los más grandes bancos de inversión del mundo: Goldman Sachs International (GSI). Esta operación fue una especie de palanca que luego permitió a Ecuador colocar sus bonos 2024 por $2 mil millones en los mercados internacionales.

Las negociaciones del Ministerio de Finanzas con GSI iniciaron el 25 de noviembre de 2013 en Miami, Estados Unidos. El 24 de diciembre de 2013 GSI informó a las autoridades económicas que había aprobado el préstamo.

Luego de ello, el Ministerio de Finanzas pidió a SENPLADES el dictamen de Actualización de Prioridad e Inclusión en el Plan Anual de Inversión (PAI) 2014.

El 10 de enero de 2014 el actual candidato presidencial Andrés Arauz, con oficio Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0015-0F emitió el mencionado dictamen con el argumento de atender los proyectos de los diferentes sectores.

De acuerdo con la resolución de Arauz, el monto de inversión del Programa de Inversión para Infraestructura Económica para 2014 se estima en $10.981’427.487,84. Su plazo de ejecución, con la actualización, aprobada por Arauz, va desde enero 2014 hasta diciembre 2014. Los componentes del Plan se desglosan de la siguiente forma:

El contenido de este informe respondía a la lógica del correísmo para justificar la contratación de tanta deuda externa.

Pero en la realidad los programas y proyectos de destino de buena parte de esa deuda han estado involucrados en irregularidades. Además, el saldo de la deuda externa pública subió su participación en el PIB en casi 4 puntos porcentuales, al pasar del 13,6% al 17,3% entre 2013 y 2014; lo que en dólares significa de $12.920 millones a $17.582 millones, respectivamente. Y si bien el PIB subió entre 2013 y 2014, de $95.129 millones a $ 101.726 millones, para 2015 bajó a $99.290 millones y para 2016, a $98.614 millones.

Un análisis de Cordes (del 3 de febrero de 2015 titulado: Deuda Pública: rápido crecimiento pese a la bonanza), los $17.582 millones de deuda externa de 2014 implicó un crecimiento de 36,1% (o $4.662 millones) en apenas un año. Y las decisiones de política económica que explican en gran medida ese aumento fueron: la emisión de bonos con vencimiento en 2024 por $2.000 millones, el swap de oro con Goldman Sachs que sirvió como colateral para el préstamo por $400 millones y préstamos con multilaterales como el BID y el Banco Mundial.

Sin embargo, para el Comité de Deuda y Financiamiento de ese entonces, se justificaba la contratación de deuda con un cuestionado banco de inversión y es así que mediante Acta Resolutiva 003 el 15 de enero de 2014 autorizó la contratación del préstamo entre el Ministerio de Finanzas, Goldman Sachs lnternational y Citibank Internacional, por $400 millones destinados a financiar parcialmente el ‘Programa de Inversión para Infraestructura Económica, a través del Financiamiento Presupuestario y el manejo de las Finanzas Públicas, período 2013 – 2014. Segunda actualización 2014’.

Los principales términos financieros del crédito aprobado fueron:

Esta estructura de aprobación de contratos de deuda externa pública ha sido cuestionada no solo por analistas y expertos. La Contraloría General del Estado realizó un examen especial a la legalidad, fuentes y usos de la deuda pública interna y externa en el Ministerio de Economía y Finanzas, Banco Central del Ecuador y SENPLADES. En su informe DNA3-0007-2018 (aprobado el 6 de abril de 2018) analizó la normativa relacionada con el endeudamiento público.

La Contraloría cuestionó la presencia del ministro de Finanzas en el mencionado Comité pues es la autoridad que avala el informe técnico que sustenta la operación de endeudamiento. A su vez este informe es elaborado por el Subsecretario de Financiamiento Público y por si fuera poco el Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, “cuya intervención radica en la declaratoria y emisión del dictamen de prioridad a los proyectos y Programas de Inversión para Infraestructura a través del Financiamiento Presupuestario y el manejo de las Finanzas Públicas, documentos que son parte integral del proceso previo a la obtención del endeudamiento, lo que refleja la existencia de funciones incompatibles conforme a lo citado en la Norma de Control Interno 401-01 Separación de funciones y rotación de labores”.

Con esta cancha jurídica armada por el correísmo se firmaron decenas de contratos de préstamos que abultaron la deuda externa del país.

Uno de ellos fue el contrato con Goldman Sachs que se suscribió el 16 de mayo de 2014.

Goldman Sachs entregó al Ministerio de Finanzas $400 millones a una tasa de interés anual del 4,3%, También accedió a otra garantía por su crédito: la mitad de las reservas de oro que Ecuador mantenía en las bóvedas del Banco Central y que eran equivalentes a $579.8 millones.

La transacción de oro fue paralela al préstamo de $400 millones y se concretó a fines de mayo de 2014.

En junio de ese año el Banco Central publicó en su portal web las condiciones generales de la “inversión del oro”:

El Banco Central explicó: “esta estructura financiera (inversión de oro), además de generar una rentabilidad para el BCE, ha facilitado que un banco internacional como Goldman Sachs pueda asumir el riesgo soberano del Ecuador y otorgue crédito, sin condicionalidades políticas, a menores costos financieros para el país”.

Los argumentos del BCE para defender esta operación fueron que al mantener el oro en sus bóvedas el único beneficio era el valor de reserva, pero con esta operación se ganaba una rentabilidad adicional y se contaba con una estructura financiera que facilitaba el acceso del país al financiamiento en nuevos mercados de capitales.

Correa reforzó este discurso diciendo que no era inteligente tener el oro en un banco suizo para que lo cuiden y pagar por ese servicio que no genera beneficios para el desarrollo del país. “¿Para qué sirve un activo, si no se lo puede vender, utilizar o poner en garantía?” cuestionó.

El BCE informó que “el rendimiento financiero de la inversión se calculó sobre el precio internacional del oro. A la fecha de cierre de la operación, el precio fue de $1.299.

El Central aseguró que la rentabilidad de esta inversión estaría entre 16 y 20 millones de dólares y que al finalizar el plazo de la transacción recibiría la misma cantidad y calidad de onzas de oro invertidas. Sin embargo, al vencimiento de la misma los resultados fueron otros. La ganancia del BCE sumó solo $14,3 millones, mientras por el pago de intereses a Goldman Sachs el Ministerio de Finanzas pagó $17,2 millones anuales, es decir, $51,6 millones por los tres años.

Goldman Sachs además de cobrar un interés por prestar $400 millones se benefició de una garantía con un precio alto en el mercado de ese entonces ($1.299 la onza) mientras cuando devolvió ese oro, el 21 de febrero de 2017, su valor estaba en $1.229.

 

 

ARAUZ FIRMÓ EL ENDEUDAMIENTO DE LA PATRIA

Abuso y opacidad

El manejo de la deuda pública en los últimos 13 años estuvo marcado por secretismo y corrupción. En términos de la Contraloría General del Estado: “discrecional, subjetivo, informal, sin normativa de respaldo, sin establecer su uso, sin sustento legal, no hubo registro o se rebajó artificialmente”. Como el hecho de considerar que los créditos que el Estado tenía con otras instituciones públicas -los préstamos que hizo a la banca china a cambio de petróleo, por ejemplo- no eran deuda, sino las denominadas preventas petroleras.

La Contraloría en su informe de abril de 2018 determinó indicios de responsabilidad penal en contra de Rafael Correa y funcionarios del Ministerio de Finanzas por encontrar el desvío de recursos de inversión a gasto corriente, además de maquillar deuda por preventas petroleras. Dijo también que el correísmo derogó normas legales que establecían en forma clara la composición y el destino del endeudamiento, y las reemplazó por leyes y reglamentos que permitieron «una aplicación discrecional de los conceptos relativos al endeudamiento y su utilización«. 

Correa creó su propia definición de “infraestructura” para poder destinar recursos de deuda a gastos que no eran inversión”, indicó la Contraloría. 

Se las ingenió además para contratar deuda “sin requerir de la aprobación de la Asamblea, ni del Plan de Fortalecimiento y Sostenibilidad Fiscal que prevé el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas, dijo la Contraloría cuando presentó los hallazgos de su examen especial a la legalidad, fuentes y usos de la deuda pública.

La Secretaría de Planificación, Senplades, les llamó «Planes del Buen Vivir» para decir que eso era inversión. Esos Planes Anuales de Inversión, que los modificaban todo el tiempo con aprobación de SENPLADES, fueron sustento de la deuda que no tiene destino específico”, explica María Laura Patiño, abogada especializada en mercados internacionales.

De ese selecto grupo fue Andrés Arauz Galarza cuando estuvo en la Senplades. Primero como subsecretario de Inversiones Públicas (enero 2012-agosto 2013) donde se encargó del diseño del modelo del buen vivir, del cambio de la matriz productiva y de una nueva matriz energética.

Trece años después no hay cambio de la matriz productiva y menos de la matriz energética, seguimos exportando petróleo e importando combustibles, las obras emblemáticas no generan el ahorro que aseguró la revolución ciudadana y su sostenibilidad económica es frágil al punto de que sus ingresos no permiten cubrir los valores adeudados.

De la revolución a la no república

Como subsecretario General de Planificación para el Buen Vivir (septiembre 2013-febrero 2015) Arauz se encargó de elaborar el Plan Anual Macro de Inversiones, que se traducía en los proyectos que respondían a las necesidades territoriales, según la normativa de la Senplades. 

Antes Arauz había sido parte de la arquitectura internacional del Banco del Sur, un organismo para enfrentar al Banco Mundial, y del sistema SUCRE para crear una moneda paralela al dólar. El Banco del Sur no existe y el sistema SUCRE se convirtió en el mayor mecanismo de lavado del continente.

Al dar prioridad a los programas de inversión e infraestructura económica, Arauz abrió la puerta para que el país se endeude desmedidamente en proyecto con sobreprecio y sobornos, con evidencias de  problemas técnicos  o son obras fallidas.

Antes de abandonar el poder Rafael Correa ordenó al Ministerio de Finanzas levantar un respaldo de toda la información de la deuda externa e interna que se contrató en su gobierno, una copia de esa misma información está en manos de PI y Plan V; todos esos informes permiten concluir  porqué  Andrés Arauz fue elegido por Correa para correr en las presidenciales: son corresponsables del modelo que endeudó en decenas de miles e millones al país.

Refinería Esmeraldas

El nombre de Andrés Arauz aparece en el acta resolutiva “confidencial y reservada” 12, del 25 de agosto de 2012, cuando autorizó un convenio de crédito por $ 514, 6 millones a Pedro Delgado (representante del presidente), el ministro de finanzas Patricio Rivera y Patricio  Barrionuevo, subsecretario de Financiamiento Público subrogante, con el Fondo Latinoamericano de Reservas, para “asegurar el acceso a recursos financieros y solventar el efecto de la paralización programada de la Refinería Estatal Esmeraldas (REE), aproximadamente de once meses, distribuidos en los años 2012 y 2013”.  

El préstamo fue entregado a 3 años plazo y fue incluido en el Programa de Inversión del 2012. 

A esa fecha la REE ya estaba en “rehabilitación integral”. $2.300 millones gastó el Gobierno de la Revolución Ciudadana en ese proyecto que tuvo un incremento del 1.710% y que dio paso a uno de los casos de corrupción más grandes del país.  Hoy esa refinería no funciona ni está reparada y se requieren $3000 millones mas para que sea operable al 100%. Caso similar ocurrió con el crédito maquillado de 1000 millones con Noble Americas que supuestamente fue dirigido a la REE y Poliducto cuando a esa fecha las dos obras ya estaban terminadas o por terminar.

Un desastre llamado Manduriacu

El 25 de marzo del 2014, como subsecretario de Planificación para el buen vivir, de la Senplades, Andrés Arauz, autorizó la puesta en marcha del proyecto hidroeléctrico Manduriacu. 

Sus razones fueron: “Considerando que el proyecto se enmarca dentro del Plan Nacional de Desarrollo, denominado para este período de Gobierno «Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017”, concretamente con el Objetivo 11: «Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica» y la Política 11.1 «Reestructurar la matriz energética bajo criterios de transformación de la matriz productiva, inclusión, calidad, soberanía energética y sustentabilidad, con incremento de la participación», la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo de conformidad a lo establecido en los artículos 6 incisos 3 y 4, y 60 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas actualiza la prioridad emitida para el «Proyecto hidroeléctrico Manduriacu» mediante Oficio Nro. SENPLADES-SIP-dap-2011-746 de 15 diciembre de 2011, para el año 2014. 

El documento firmado por Arauz también disponía que “el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, de acuerdo a lo establecido en el artículo 61 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, debe actualizar la información del mencionado proyecto en el banco de proyectos a través del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública utilizando la clave de usuario asignada. 

Finalmente, decía Arauz, el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable a través de la Corporación Eléctrica del Ecuador -CELEC EP- y su unidad de negocio ENERNORTE, es la entidad responsable de documentar y justificar las variaciones producidas en la ejecución del proyecto y del uso eficiente y correcto de los recursos solicitados.

El informe de Senplades del 2011, al que se refiere Arauz detallaba que “el objetivo fundamental de la propuesta es contribuir con la generación de 62,5 MW de energía, mediante la construcción y puesta en marcha del proyecto hidroeléctrico Manduriacu, localizado en el norte del Ecuador sobre el Rio Guayllabamba, en el tramo que fluye entre las provincias de Pichincha e lmbabura 

“En cuanto al costo, la ejecución de la propuesta demanda de una inversión total de USD 132.888.619.75. que se financiarán en un 77.3% (USD 102.606.577) con crédito externo y la diferencia del 22.7% (USD 30.192 042) con recursos del presupuesto del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable.

Según lo aprobado por Arauz en el 2014, se puede indicar que “la ejecución del proyecto permitirá la generación de energía renovable para el desarrollo de la zona de influencia y del país en general, reducción del consumo de derivados de petróleo para la generación termoeléctrica e ingresos por la venta de energía. 

El 22 de diciembre del 2011 se suscribió el Contrato Comercial principal para la construcción del proyecto Manduriacu de 60 MW de potencia instalada, entre la Empresa Pública CELEC y la Constructora Odebrecht, por USD 124,8 millones.

El 14 de noviembre de 2012, el gobierno de Correa y el BNDES, de Brasil, suscribieron el contrato de colaboración financiera para el financiamiento parcial de bienes y servicios brasileños, requeridos para la ejecución del contrato de construcción con Odebrecht hasta por USD 90,2 millones. 

El 30 de enero del 2014, CELEC y Odebrecht firmaron un contrato complementario con el fin de ejecutar “obras complemetarias” consideradas “imprescindibles” para mitigar las deficiencias técnicas del diseño del proyecto y las variaciones de carácter geológico, así como garantizar la funcionalidad y durabilidad del proyecto Manduriacu.

Para este contrato complementario se usaron los préstamos por USD 50 millones, otorgados por los bancos Société Générale y Deutsche Bank. El ministro de Finanzas autorizó el endeudamiento, por autorización expresa del Comité de Deuda, conformado por Patricio Rivera, William Vásconez y Katiushka King para que el ministro pueda autorizar la contratación o novación de operaciones de endeudamiento público, cualquiera que sea la fuente de endeudamiento, que no superen el 0,15% del presupuesto general del Estado. 

Así, con el financiamiento de estos dos bancos europeos por USD 50 millones, el de BNDES por USD 90 millones y con recursos fiscales “estimados” en USD 87.1 millones, el proyecto Manduriacu costaba inicialmente USD 227.389.96

A este “contrato de obras complementarias” fue que dio el aval el entonces subsecretario del Senplades, Andrés Arauz. 

Las Denuncias

El proyecto Manduriacu fue el primer gran contrato de Odebrecht en su retorno al país  luego de que fuera expulsada en el 2008 por el propio presidente Correa, tras revelaciones de la prensa (Expreso y El Comercio) de daños irreversibles en la hidroeléctrica San Francisco. 

Manduriacu fue objeto del primer informe y denuncia penal presentada por la recientemente conformada Comisión Nacional Anticorrupción, CNA, coordinada entonces por el Ec. Jorge Rodríguez (ya fallecido). 

La CNA denunció  sobreprecio en la construcción de dicha hidroeléctrica, a cargo de la transnacional brasileña Odebrecht. La denuncia sostuvo que el contrato original se suscribió por USD 124.881.250, pero al final se habría “duplicado a USD 227.389.966,63”. Jorge Rodríguez aseveró entonces que esto representaba un “82% adicional”, en su costo. Denunció, además, que la represa apenas estaría produciendo 10 megavatios, de 60 que se ofreció.

Además de la suscripción de tres contratos complementarios por USD 45.046.496, que “excedería el 35%” que permite la Ley de Contratación Pública, y que existiría un monto no auditado por la Contraloría de $ 57’462.220.

Manduriacu fue uno de los cinco proyectos emblemáticos del gobierno de Rafael Correa en los que Fiscalía determinó que Odebrecht entregó recursos a modo de sobornos a funcionarios públicos y particulares.

Asociación ilícita fue el delito investigado y por el que se condenó a seis años al exvicepresidente Jorge Glas. Se lo vinculó con la red de Odebrecht, pues según el entonces fiscal Carlos Baca, Glas “ejerció directa influencia en el ámbito de sus funciones facilitando la consumación” de ese delito.

Manduriacu también fue mencionada en el juicio por concusión en el que fue sentenciado a seis años el excontralor Carlos Pólit. De él Fiscalía dijo que pidió a Odebrecht USD 6 millones por el desvanecimiento de glosas y USD 4,1 millones por entregar informes favorables a cinco proyectos estratégicos, entre ellos, Manduriacu. 

José Santos y las coimas para el proyecto Manduriacu

El 27 de septiembre de 2017, José Santos, ahora exdirector de Odebrecht, relató en cuatro horas de testimonio anticipado, dentro del caso por asociación ilícita en el que fue sentenciado Jorge Glas, los mecanismos para la entrega de coimas por más de USD 50 millones a cambio de contratos.

Y contó que en 2011 se le acercó el empresario Ricky D. (Ricky Dávalos), quien se mantiene prófugo en el caso por asociación ilícita, para mencionarle que tenía un conocido que quería que la constructora brasileña se haga cargo del proyecto Manduriacu.

Para obtener el contrato de construcción de la hidroeléctrica, señaló Santos, Odebrecht debía pagar a Ricky D. y a su gente USD 6,4 millones. La constructora le dio USD 3,8 millones, entre 2012 y 2014.

Ese pago le garantizaba a Odebrecht la entrega anticipada de las bases de licitación para que ellos las modifiquen. Según el testimonio de Santos, la licitación original hablaba de un proceso internacional.

“Cambiamos de una licitación internacional a una para empresas brasileras (…) que estuviesen operando y que no tuvieran problemas en Ecuador”. “…Salimos vencedores y vale resaltar que para viabilizar los financiamientos de ese proyecto fueron enviados varios oficios de Jorge Glas, que era el ministro coordinador de los Sectores Estratégicos, al Ministerio de Industrias y Comercio de Brasil, con el fin de viabilizar el financiamiento de Odebrecht”, dijo Santos. (FUENTE, El Universo)

En 2019 el embalse de la hidroeléctrica presentó problemas de inestabilidad de los taludes. Para ese mismo año, el Estado se congratulaba de que la central, que arrancó en abril del 2015 supuestamente con potencia para producir 65MW al día, había producido en todo ese año 335,8 MWh.

Metro de Quito

El 22 de noviembre del 2012, el entonces Comité Permanente de Deuda y Financiamiento, presidido por Pedro Delgado, como delegado del Presidente de la República y conformado además por Andrés Arauz Galarza, delegado del secretario del Senplades; William Vásconez, subsecretario de Financiamiento  Público y Patricio Rivera, ministro de Finanzas, resolvieron autorizar la contratación y aprobar los términos y condiciones financieras particulares y generales del Contrato de Financiación entre Ecuador y el Banco Europeo de Inversiones, BEI, en calidad de prestamista, por un monto hasta EUR 200.000.000.00 destinados a financiar parcialmente el costo de la ejecución del proyecto de la Primera Línea del Metro de Quito, cuyo Organismo Ejecutor será el Municipio de Quito y/o la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito.

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, mediante Oficio No. SENPLADES- SENPLADES-SNPD-2012-0787-0F de 22 de noviembre de 2012, de acuerdo a lo establecido en el artículo 60 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, actualiza el dictamen de prioridad del proyecto Metro de Quito condicionado a:

  1. a) la sostenibilidad operacional del proyecto.
  2. b) que cualquier inversión adicional o erogación de recursos no implicarán transferencias directas ni indirectas (salvo las dispuestas legalmente) por parte del Gobierno Central.
  3. c) que los recursos adicionales requeridos para la integración del proyecto con el Metro  y Sistema Integrado de Pasajeros de Quito serán cubiertos por el margen operacional positivo del proyecto o por el presupuesto municipal.
  4. d) que el Municipio de Quito deberá adoptar las recomendaciones contenidas en el criterio técnico del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Finalmente, específica que el proyecto consta en el PAI del 2012 conforme a oficio No. SENPLADES-SGPBV-2012-0204 de 26 de marzo de 2012.

En estas condiciones técnicas, el Comité Permanente de Deuda aceptó el proceso de endeudamiento: El costo total del proyecto de acuerdo al Distrito Metropolitano del Municipio de Quito, asciende a USO 1.499.020.835 más IVA, de los cuales aproximadamente USD 250 millones son financiaron por el BEI.

El proyecto fue delegado a la empresa Odebrecht en consorcio con la española Acciona. Información del departamento de operaciones estructuradas de Odebrecht dio cuenta de actos de corrupción y pago de sobornos por la costosa obra que nunca se investigaron en la justicia. A la fecha el proyecto ha visto pasar a tres alcaldes y tiene retraso de un año; tampoco se ha logrado adjudicar a la empresa que debe operar el servicio. 

Arauz y el Falcon de Correa 

En julio de 2013, Arauz puso su firma en el acta resolutiva que aprobó un crédito de $50 millones para la compra de un lujoso avión ejecutivo (Falcon 7x) para uso de Correa.  En el documento también constan las firmas de Patricio Rivera, delegado del presidente de la República, Fausto Herrera, ministro de Finanzas y Luis Villafuerte Chávez, subsecretario de Financiamiento Público, subrogante. El prestatario fue BNP Paribas y Societe Generale de Francia. El crédito fue entregado de 5 años plazo, con un interés Libor a 6 meses + 2.38% anual, más una comisión de estructuración del 0,15% del monto total del crédito y una comisión inicial del 2,35% sobre el valor del crédito. Fausto Herrera, de Finanzas y Román Escolano, vicepresidente del BEI, firmaron el contrato de préstamo.

El Gobierno manifestó que la compra del Falcon X obedecía a la necesidad de reducir gastos, pues el incremento de los viajes internacionales de las comisiones presidenciales generaba gastos por contrataciones de naves privadas. Diario El Comercio reveló que después de esta compra, los gastos no disminuyeron, al contrario: aumentaron.

En 2018, la Contraloría General del Estado indicó que los aviones presidenciales, Legacy 600 y Falcon X, volaron a paraísos fiscales sin detalles de pasajeros.

Andrés Arauz también priorizó la compra de tres aviones Modelo C-295, para el Ministerio de Defensa. Lo hizo en agosto de 2013, dijo que la adquisición de esas naves se enmarcaba en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 y su objetivo de garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica en el mundo y la integración latinoamericana”. El monto del proyecto ascendió a $ 146.320.240, según el funcionario de Senplades y sería financiado con recursos fiscales.

En septiembre de 2013, continuó dando prioridad a los programas de inversión, esta vez para el período 2013-2014, por $ 10.722 millones. Esa prioridad fue actualizada por el mismo Arauz el 10 enero de 2014, el programa se incrementó a $ 10.981 millones. $259 millones más para “atender los requerimientos presupuestarios y las obligaciones que permitan mantener el patrimonio del Estado y evitar su deterioro”.

2014: Arauz participa en la contratación de más deuda 

Bajo la prioridad emitida por Arauz, ese mismo 10 de enero de 2014, el Comité de Deuda (Patricio Rivera,  Fausto Herrera, Anabel Salazar Castillo, de Senplades, Carlos Barrionuevo Toasa) aprobó, una emisión interna de bonos por $ 2.000 millones, con un plazo de 20 años. Cuatro meses después, en mayo de 2014, aprobó otra por $ 1.000 millones adicionales. 

El 25 de agosto de 2014 autorizaron un nuevo crédito con el FLAR por $ 617 millones para “asegurar el acceso a recursos suficientes para dar cobertura a las necesidades generadas por el incremento de importaciones relacionadas con el gasto en inversión derivado de la ejecución del programa”; a un plazo de tres años. Esta acta fue firmada por Patricio Rivera, delegado del presidente, Fausto Herrera Nicolalde, ministro de Finanzas, Anabel Salazar Castillo, delegada de Senplades y Juan Hidalgo Andrade, subsecretario de Financiamiento Público, subrogante. En el mismo documento autorizaron el pago anticipado de $ 257.3 millones de un crédito vigente con el FLAR, contraído en agosto de 2012. 

Arauz también actualizó la prioridad del plan de mejoramiento de los sistemas de distribución de energía eléctrica del Ministerio de Energía Eléctrica, emitida por Senplades en 2011 por $ 298.6 millones. El plan fue actualizado a $ 404 millones para el 2014. El monto total de ese programa se estimó en $ 1.125 millones y consideraba un total de 2208 proyectos, según Senplades, aunque de eso tampoco hay datos.

Arauz justificó el incremento señalando que se debía al propósito de “cumplir con los objetivo y metas de disminuir las interrupciones programadas y no programadas a nivel de la red de distribución y de alimentador primario de medio voltaje” y también por considerarlo que se enmarcaba en el Plan Nacional del Buen Vivir, al asegurar la soberanía energética.

El 22 de septiembre de 2014, Arauz actualizó la prioridad del «Programa de inversión para infraestructura económica a través del financiamiento presupuestario y el manejo de las finanzas públicas, período 2013 – 2014», a $ 11.593 millones.

Acorde a esa prioridad el Comité de Deuda y Financiamiento, integrado por Patricio Rivera, ministro Coordinador de la Política Económica, Madeleine Abarca, ministra de Finanzas subrogante, Anabel Salazar, delegada de Senplades y Luis Villafuerte, subsecretario de Financiamiento Público subrogante, autorizó una nueva emisión de bonos de deuda interna por $ 1.700 millones.

En noviembre de 2014, ARAUZ, como subsecretario general de planificación para el Buen Vivir actualizó la prioridad de dos carreteras por $ 30.6 millones, en Loja y Esmeraldas

Arauz: el maestro de la emisión de bonos

El economista Andrés Arauz se presentó como el mayor crítico de la renegociación de bonos que realizó el Ministerio de Finanzas en julio de 2020 con los tenedores internacionales. “Manifestamos que esta “renegociación”, antes de ser beneficiosa para el país, constituiría un atentado contra los intereses y derechos de la población ecuatoriana”, escribió. 

Lo que se le olvidó manifestar es que fue él quien emitió esos bonos años atrás y que en el mercado internacional son considerados como “Bonos Basura”.

El 24 de septiembre de 2012 Andrés Arauz suscribió la autorización que permitió vender los Bonos Global 2015 en el mercado local o extranjero, o entregados en dación de pagos, para financiar el “programa de inversión para infraestructura económica, a través del financiamiento presupuestario y el manejo de las finanzas públicas, periodo 2011 – 2012, tercera actualización 2012″, valorado en $ 8.052 millones. La resolución también fue firmada por el delegado y primo del presidente, Pedro Delgado; el ministro de finanzas Patricio Rivera y William Vásconez, subsecretario de financiamiento público.

Los Bonos 2015 fueron colocados en el mercado en el año 2005 por $ 650 millones. Luego, en 2008, Correa y el Comité de Deuda aprobaron la recompra de los bonos 2012, 2015 y 2030 a un precio máximo del 30%. Para ello contrató a la Casa de Valores del Pacífico-Valpacífico.  En 2009, Valpacífico informó que recompró Bonos Globales 2015 por un valor nominal de $ 160.9 millones. La firma Clifford Chance (asesora internacional del Ministerio de Finanzas) indicó que el Ecuador podía usar los Bonos 2015 para hacer  frente a sus obligaciones de pagos derivadas de contratos suscritos para financiar los programas de inversión.

El Memorando Reservado No. MINFIN-SFP-2012-146 del 18 de septiembre de 2012, señala que a esa fecha la tasa de interés de los Bonos Global 2015 era del 9,375%, mayor a la tasa de interés de la deuda pública total que era del 5,37%.  

Recomendó que en caso de usar los bonos en dación de pagos el costo financiero de esas operaciones no debía sobrepasar el 5,37% para no perjudicar al Estado. Es decir, “para que el costo financiero de la operación sea inferior habrá que entregar, por cada valor a pagar, bonos por un valor nominal menor”, con un plazo máximo de 3 años y con fecha de vencimiento en diciembre de 2015, dice el memorando.

Las recomendaciones del documento de la Subsecretaría de Financiamiento Público, establecían que en el caso de vender los bonos 2015, el Estado debía negociarlos con un rendimiento menor a la tasa de interés de los bonos y que el precio de venta (clean Price) debería ser mayor al 100% y no podía ser inferior a los precios del mercado internacional.

Con los Bonos Global 2015 se contempló financiar el 50% del proyecto “Parque Samanes”, cuya ejecución de la Fase 1 ascendía a $131.7 millones, obra que se adjudicó la empresa Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltd. (DSME).

En octubre de 2012, el apoderado de DSME le informó a Patricio Rivera que el valor entregado -$43 millones- por concepto de anticipo en bonos internacionales varió, pues al aplicar en valor de cambio equivalente, resultó la cantidad de $ 37.3 millones. 

Emisión interna de bonos

El 20 de noviembre de 2012, el Comité de Deuda y Financiamiento (Pedro Delgado, Patricio Rivera, Andrés Arauz y William Vásconez) firmó el acta resolutiva 016 que autorizó una ampliación de bonos internos por $ 1.000 millones a 12 años plazo, con un interés del 8%. Esos recursos también se utilizaron para financiar el “Programa de Inversión para Infraestructura económica y el manejo de las finanzas públicas 2011-2012. Tercera Actualización”, priorizado por Ana María Larrea, subsecretaria general de Planificación de Senplades.

Esta ampliación se deriva de una emisión de abril de 2011 (con posterior ampliación en abril de 2012) cuyo monto total fue de $ $3.283 millones, que se utilizó para financiar el Programa de Inversión de 2012 su primera y segunda actualización.

El programa de inversión ($8.052 millones) sería financiado, según documentos de Senplades, con deuda interna (emisión de bonos) $ 3.136 millones, deuda externa (organismos multilaterales, bancos, Gobiernos) $4.186 millones y Contraparte local y otras fuentes no reembolsables $ 729,05 millones.

Sistema Nacional de Distribución Eléctrica, deuda por $300 millones

En el gobierno de Rafael Correa se comprometieron miles de millones de dólares en deudas con organismos internacionales para el desarrollo de centenares de proyectos. Una de las áreas para las que Ecuador se endeudó apuntaba a mejorar la calidad del servicio eléctrico. 

Para ello hace 6 años se firmaron contratos por $300’725.000. Sin embargo, hasta cuando finalizó la era correista, apenas se ejecutó el 15% de esa deuda. Se trata del Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución Eléctrica del Ecuador, que de acuerdo con los cálculos de las autoridades del gobierno de Rafael Correa demandaba recursos por un total de $1.125 millones. 

Se lo catalogó como un programa de inversión en infraestructura encaminado a cumplir con los objetivos establecidos en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017.

Como parte de las fuentes de financiamiento de ese programa se planificó la contratación de deuda externa con la Corporación Andina de Fomento (CAF) y la Agencia Francesa para el Desarrollo. 

Entre junio y julio de 2014, el Ministerio de Finanzas solicitó a la CAF $200’725.000 para el «Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución del Ecuador«, a ser ejecutados por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER), distribuidos en $100.725.000 con cargo al año 2014 y $100 millones con cargo al cupo del año 2015.  

Senplades debía proveer de uno de los documentos habilitantes para continuar dentro de este proceso. Y fue Arauz, como Subsecretario Nacional de Planificación y Desarrollo quien actualizó la prioridad del «Plan de mejoramiento de los sistemas de distribución de energía eléctrica -PMD- 2011», mediante Oficio Nro.SENPLADES-SGPBV-2014-0095-0F de 24 de enero de 2014. 

Esto implica que Senplades debía analizar la relevancia del proyecto y verificar que esté justificada su necesidadCon este dictamen de prioridad Arauz dio un paso fudamental en el proceso.

Luego de ello el comité de deuda emitió el Acta Resolutiva 024, con fecha 28 de noviembre de 2014 que aprobó las condiciones del crédito, autorizó su contratación y determinó que el Ministerio de Finanzas como Prestatario y el Ministerio de Electricidad firmen un Convenio Subsidiario a través del cual se transferirán los recursos.

Esto culminó con aprobación del crédito por parte de la CAF  el 27 de octubre de 2014 y su posterior firma en diciembre de ese año.

Luego con la Agencia Francesa de desarrollo se firma otro contrato de crédito por $100 millones, siendo también uno de los documentos habilitantes claves 

Banca China incumplió plazos de desembolso de crédito para 13 carreteras 

En 2013 las autoridades económicas y de finanzas del Ecuador iniciaron negociaciones con el Bank of China para el financiamiento de más del 80% del valor de la construcción, rehabilitación y mantenimiento de 13 carreteras.

Luego de casi un año de negociaciones, el 20 de noviembre de 2014 Patricio Rivera, entonces delegado del presidente Rafael Correa, al Comité de Deuda y Financiamiento; Fausto Herrera, ministro de Finanzas; Anabel Salazar, delegada de SENPLADES; William Vásconez, Subsecretario de Financiamiento Público firmaron el Acta resolutiva N° 22, uno de los principales documentos habilitantes que dio paso al endeudamiento externo con la banca china.

En principio, el gobierno había considerado contraer deudas para 16 carreteras, sin embargo, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) suscribió, primero, un contrato de obra para sólo 10 carreteras, para lo cual el Bank of China Limited y el Deutsche Bank aprobaron el financiamiento para este número de vías por hasta $311 ‘964.433,63. Más tarde esos mismos bancos firmaron con Ecuador otro contrato de crédito por $85’710,077.90 para 3 carreteras más.

Entre los procedimientos que debían cumplirse para el proyecto de 10 vías en 6 provincias del país, de acuerdo con el Art. 56 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, está la certificación del Ministerio de Transportes y Obras Públicas (con oficio No. MTOP-DM-14-1334-0F) de 17 de julio de 2014 de que contaba con los respectivos estudios técnicos de las carreteras a ser financiadas con el crédito chino.

Otro de los eslabones claves en la cadena de trámites eran los dictámenes de prioridad para cada una de las carreteras que debían ser emitidos por SENPLADES. En este punto aparece el actual candidato presidencial por el correísmo, Andrés Arauz, como el funcionario responsable de emitir, en representación de SENPLADES, el dictamen de prioridad para 3 de los 10 proyectos viales incluidos en estas negociaciones para acceder al financiamiento de China. 

Arauz consideró que esos proyectos se enmarcan dentro del «Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017», concretamente en una de sus estrategias: “fomentar la inversión en logística, transporte e infraestructura y telecomunicaciones para fortalecer la comercialización de la producción nacional, fomentar las actividades encadenadas a las industrias básicas…»

Los dos primeros casos a los que Arauz dio luz verde fueron el de la Reconstrucción de la carretera Celica-Cruzpamba- Y del Muerto, de 27,8 kilómetros, ubicada en el cantón Celica, provincia de Loja  y el de la Reconstrucción de la carretera Tonchigue-Galera-Bunche, de 54,51 kilómetros, ubicada en el cantón Muisne, provincia de Esmeraldas. 

En oficio Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-1148-0F dirigido a la Ministra de Obras Públicas, Paola Carvajal, del 18 de noviembre de 2014, Arauz bajo el cargo de Subsecretario General de Planificación para el Buen Vivir, emitió el dictamen de actualización de la prioridad del Programa de liquidación y ejecución de obras por concluir (Fase 1) de la Dirección de Servicios de Infraestructura y Desarrollo Guayas Ex CORPECUADOR, específicamente a los proyectos arriba mencionados, por un valor de $30,666.241.09, a ser financiados con crédito externo, durante el periodo 2014-2017.

 

En la misma fecha, con Oficio Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-1147-0F dirigido a la ex ministra Carvajal, el entonces Subsecretario General de Planificación para el Buen Vivir, Andrés Arauz, dictaminó la prioridad del proyecto “Mantenimiento vial de la provincia del Guayas” para el periodo 2014-2015, por un monto de $6.641,865,31, de los cuales $2,698.838,03 se financiarán con crédito externo. El argumento para tal resolución fue que el proyecto está diseñado para cubrir requerimientos de infraestructura de primer nivel en la provincia del Guayas.

Luego de los avales jurídicos del Ministerio de Finanzas y de la Procuraduría General del Estado, la  Subsecretaría de Financiamiento Público, a través de informes técnicos recomendó al Ministro de Finanzas continuar con el trámite de endeudamiento y para ello convocar al Comité de Deuda y Financiamiento, pues según el Código de Finanzas Públicas (último inciso del numeral 2 del Art. 140), dado que el monto del crédito supera el 0,15% del Presupuesto del Estado, esta contratación debía ser analizada y aprobada por el mencionado Comité, que es corresponsable de las condiciones financieras de los procesos de endeudamiento que autoriza (Art. 139 del Código de Finanzas Públicas).

Este trámite se cumplió el 20 de noviembre de 2014, fecha en la que el Comité de Deuda aprobó los términos y condiciones financieras del Convenio de Línea de Crédito, a suscribirse con el Bank of China Limited, sucursal de Pekín; el Bank of China Limited, sucursal Panamá; y el Deutsche Bank AG, sucursal Hong Kong por un monto de hasta $311’964.433,63, destinados a financiar parcialmente la ejecución de 10 carreteras a cargo del MTOP. 

El servicio de la deuda generada por este Convenio debe pagarse con cargo al Presupuesto del Gobierno Central. 

Sobre esta base se firmó el contrato de crédito el 24 de noviembre de 2014 con el Bank of China Limited y el Deutsche Bank AG. El primero se comprometió a entregar $218’375,103.63 y el segundo, $93,589,330, con el fin de financiar el pago de hasta el 85% del valor total de la ejecución de 10 carreteras, a un plazo de 13 años, con una tasa de interés LIBOR a 6 meses más un margen de 3.50 % anual, un interés por mora del 2% anual. Otras de las condiciones fueron una tasa de seguro SINOSURE del 7.01% del monto del capital y de los intereses proyectados.

Mientras se negociaba y concretaba el crédito con el Bank of China Limited y el Deutsche Bank AG, los trámites para contratar la ejecución de las obras habían iniciado el 31 de enero de 2014 cuando el Ministerio de Obras Públicas, bajo la modalidad de Régimen Especial invitó a la estatal Sinohydro para que presente su oferta. Ya para el segundo semestre de ese año, Carvajal, Ministra de Obras Públicas, y WuYu apoderado de Sinohydro Corporation Limited habían firmado un contrato para ejecutar estas obras (2 de julio de 2014), por $367’016.980,74 más IVA, a un plazo de tres años.

Pero el desarrollo de estos proyectos viales, cuyos perfiles fueron aprobados y considerados prioritarios por SENPLADES y en especial por Andrés Arauz, no estuvieron exentos de irregularidades.

A pesar de que el 27 de enero de 2015, Fausto Herrera, entonces ministro de Finanzas firmó un Convenio Subsidiario con Paola Carvajal, Ministra de Obras Públicas para, entre otras cosas, establecer las condiciones que aseguren la debida ejecución de los proyectos de inversión, no se cumplieron los plazos acordados ni las condiciones técnicas, tanto en el desembolso de los recursos por parte de la banca china, como en la ejecución de las obras por parte de la contratista Sinohydro, de acuerdo con informes de la Contraloría General del Estado y evaluaciones de avances de obra del propio Gobierno.

El informe de Contraloría DADSySS-036-2015 concluyó que a la fecha de corte de su auditoría (31 de diciembre de 2015) “la prestamista no desembolsó recurso alguno, a pesar de haber transcurrido 402 y 275 días desde la fecha de suscripción de los contratos”. Se refiere a los dos convenios de préstamo firmados por Ecuador para 10 carreteras, por $311,9 millones; y para 3 carreteras más por $85,7 millones, el 24 de noviembre de 2014 y el 31 de marzo de 2015, respectivamente.

También observó que en los contratos de préstamo se comprometió el pago de una prima de seguro antes del primer desembolso de las dos líneas de crédito, lo cual no se concretó a la fecha de corte de la auditoría. Eso significa que no se dio un uso efectivo de los recursos comprometidos para la ejecución de 13 carreteras; pero Ecuador sí tuvo que desembolsar $2´698.999,21 por comisión de compromiso, una de las obligaciones contraídas en el contrato. Esto, según las autoridades del Ministerio de Finanzas se debió a “factores externos, no previsibles en los procesos de negociación, pues pese a las gestiones de alto nivel, la prima del seguro no se concretó oportunamente”.

Ante ello, el organismo de control recomendó a los miembros del Comité de Deuda que antes de aprobar el endeudamiento público deben evitar que se incluyan cláusulas que generen gastos financieros al país sin que este se haya beneficiado del crédito. También ordenó incluir una cláusula contractual que establezca que cuando el prestamista cause retrasos en los desembolsos no se generen comisiones de compromiso al país.

En el informe de Contraloría DNA8-0002-2019 (4 de febrero de 2019), derivado del examen especial realizado a la ejecución de 10 carreteras, a cargo del Ministerio de Obras Públicas, se identificaron varias irregularidades: para la contratación de las obras el MTOP modificó, sin respaldo técnico, las cantidades de obra a ejecutar y los precios unitarios establecidos en los estudios de esa cartera de Estado, lo que ocasionó el pago de $29’255.590,12 adicionales a Sinohydro por la diferencia en los precios unitarios; los subcontratos superaron los montos estipulados en el contrato de obra; no se aplicaron multas a Sinohydro por incumplimiento de cláusulas contractuales como el no haber iniciado la construcción de las obras en la fecha prevista. Se pagó $652.830,36 por rubros no ejecutados y que no cumplen las especificaciones técnicas, beneficiando injustificadamente a Sinohydro. No se publicaron documentos relevantes de la fase precontractual, contractual, ejecución del contrato suscrito con Sinohydro, en el portal compras públicas y la documentación física no corresponde a la constante en el Sistema de Información Integrado de Transporte y Obras Públicas — SITOP.

En el proyecto correspondiente a la carretera Tonchigüe-Galera-Bunche, obra que contó con el dictamen de prioridad de Arauz, la Contraloría identificó que hubo cambios en los estudios y diseños sin justificación técnica, pues se dispuso modificar la estructura del tramo Quingue-Bunche de la vía Tonchigüe-Bunche, lo que ocasionó que Sinohydro deseche el material apto como material de mejoramiento, y lo reemplace por otro de diferente espesor, dando lugar al pago del material reemplazado, su transporte y el reajuste de precios, que suman $5.202 827,52. 

Sinohydro recibió del MTOP pagos en exceso por $789.512,62 porque el material colocado en el tramo Quingue – Bunche no corresponde al especificado en el contrato. Además las autoridades permitieron que la empresa china no aplique los estudios y diseños contratados por el MTOP para la carretera Tonchigüe-Galera-Bunche de 54 km de longitud, reduciendo los trabajos de reconstrucción al tramo Quingue-Bunche en aproximadamente en 20 km, dejando el tramo Tonchigüe-Quingue de 34,2 km sin intervenir.

Por si esto fuera poco, de acuerdo con una publicación del Ministerio de Economía y Finanzas sobre los desembolsos de los contratos de crédito externos, durante 3 años no se usaron los recursos de la deuda con el Bank of China Limited, por casi $400 millones, contraída para la ejecución de 13 proyectos viales, incumpliendo contratos de crédito y generando costos y gastos financieros para el Ecuador.

Es decir, hasta el 30 de noviembre de 2017, no se había desembolsado ni un solo centavo por parte de los acreedores, el Bank of China Limited y el Deutsche Bank AG.

 

 

HOY SE DEFINE EL FUTURO DE LOS JUBILADOS DE HOLCIM: JUSTICIA O IMPUNIDAD

HOY SE DEFINE EL FUTURO DE LOS JUBILADOS DE HOLCIM: JUSTICIA O IMPUNIDAD

Hoy este dilatado proceso judicial podría resolverse con la presentación del peritaje de Jimmy Ricardo Franco, que establece que Holcim debe pagar USD 101.980.923.14 a los demandantes.

La decisión está en manos de la jueza Vanessa Mercedes Wolf, quien deberá emitir un pronunciamiento y resolver si acoge o no el análisis del perito.

Los miembros de la “Asociación de Jubilados y Veteranos de la Cemento Nacional” (hoy HOLCIM ECUADOR S.A.) reclaman esos recursos como un régimen de jubilación especial por los problemas de salud que les causó la producción de cemento.

Eduardo Carmigniani, abogado de Holcim dijo a El Universo que la empresa ya impugnó el peritaje de Jimmy Ricardo Franco por no acogerse a las fórmulas establecidas por la Corte en 2014, e hizo referencia a un peritaje privado realizado por el economista Walter Spurrier que señala que Holcim debe pagar solo $3 millones.

Carmigniani aseguró a ese diario que la empresa nada tiene que pagar “porque en 2017 ya se cancelaron los $3 millones al Seguro Social”.

La nota de El Universo recoge el testimonio de Raquel Jiménez de Garzón, jubilada de 71 años, quien trabajó en la cementera por 35 años.

Ella señala que tiene problemas auditivos causados por el fuerte ruido al que estuvo expuesta por más de tres décadas.

Además, ha tenido que enfrentar el contagio del Covid-19 sin tener los medios económicos suficientes para garantizar su recuperación.

Sus compañeros de lucha viven una situación similar, pues en su avanzada edad, a más de padecer enfermedades respiratorias provocadas por los años de trabajo cerca del cemento, deben hacer frente a la crisis sanitaria y económica que vive el país.

Su esperanza de mejores días, dicen, está puesta en la justicia y en lo que hoy resuelva la jueza Vanessa Wolf.

EL CLAN DEL NIÑO LENÍN QUE JUGABA CON LAS SERPIENTES

El niño Lenin Boltaire Moreno Garcés creció en la década de los 50 en medio de la Amazonía ecuatoriana. En su memoria conserva los mejores recuerdos de esos tiempos y como si del Libro de la Selva se tratase, con algo de fantasía y algo de realidad, ciertos capítulos han sido narrados por él en primera persona: “De repente nos topábamos con animalitos como el tigrillo, como el tigre, al cual le teníamos pavor y como las serpientes, a las cuales paradójicamente no les teníamos ningún tipo de miedo y jugábamos con ellas, así como lo hacían en la antigüedad en Grecia, en donde tenían dentro de sus casas serpientes que jugaban con los niños”, narraba un apacible y convencido Moreno en medio de la Cumbre Presidencial Amazónica, en septiembre de 2019, ante sus sorprendidos colegas.

Lenin Moreno siempre recuerda su niñez. Tiempos en los que ni a él ni a nadie de su familia, nunca se les ocurrió pensar que ese pequeño llegaría a la Presidencia de la República. Era un hombre con una vida de clase media, sin lujos y con las necesidades cubiertas hasta donde se podía. Junto con su mujer, Rocío de González, siempre se preocuparon de darle la mejor educación a sus tres hijas y con ese objetivo planteado, todo lo demás podía esperar. Así fue hasta el 2007.

Moreno no registró ninguna casa propia en las primeras declaraciones juramentadas de bienes que presentó apenas asumió como Vicepresidente de la República. En esos documentos consta el pequeño patrimonio que hasta entonces había conseguido: tres terrenos en el cantón Tena, provincia de Napo, en el Oriente ecuatoriano, el más valioso avaluado en menos de tres mil dólares; otro terreno con usufructo vitalicio ubicado en la parroquia Tababela de Quito, valorado en 15 mil dólares; y lo que es tal vez el lujo más grande hasta ese momento, una membresía que costó 10 mil dólares para el club Casa Blanca ubicado en Same, una bella playa de la provincia de Esmeraldas. Nada más.

Es que las cosas para la familia Moreno- González nunca resultaron sencillas, mucho más cuando el jefe del hogar quedó en silla de ruedas tras recibir un tiro por la espalda, en un asalto ocurrido el 3 de enero de 1998, en Quito. Tenía 46 años y desde entonces no volvió a caminar. Moreno, quien ya era conocido en las noches de bohemias quiteñas como un tipo alegre, se convirtió tiempo después del asalto –luego de atravesar una etapa de depresión- en un motivador que daba charlas en las que contaba su experiencia y de cómo pudo superar sus dolores físicos con la terapia de la risa.

Hasta que llegó el 2006. Fue Gustavo Larrea, amigo de su militancia de izquierda, quien le propuso a Moreno ser binomio del entonces candidato a presidente Rafael Correa, un ventarrón político que terminó como un fenómeno electoral. Moreno aceptó y desde entonces nada es igual. Ni para Moreno, ni para su esposa, ni para sus hijas, ni para sus hermanos. Ni para otros familiares cercanos. Ahora los Moreno tienen poder.

Así fue que Irina Moreno, una de las tres hijas de Moreno, estuvo durante seis años -tres de los cuales con su papá de Presidente- como funcionaria diplomática del Ecuador en las Naciones Unidas, primero en Ginebra, después en Nueva York, con un sueldo mensual de USD 8000. Solo en mayo de 2020 dejó su cargo, con la agudización de la crisis fiscal. Los hermanos de Moreno, Gary y Edwin, tienen cada uno partido político, que participarán activamente en las próximas elecciones de 2021. Otro hermano, Guillermo, a más de ser Fiscal, fue candidato a la Asamblea en 2017, sin éxito. Por el lado de la Primera Dama, Rocío González, su primo Héctor González es gobernador de Cotopaxi, y dos esposos de sus primas están al frente de oficinas del Estado en esa misma provincia. Mientras que al frente del Consejo Nacional de la Judicatura está su concuñada, María Maldonado.

Su patrimonio también ha cambiado. Aunque no está declarado como propio y hay indicios de una triangulación societaria, apareció a nombre de la empresa Ina, creada por el hermano de Moreno, Edwin, un departamento en Alicante, España, y una cuenta bancaria en Panamá, con varios millones de dólares depositados por una constructora china, lo que originó una investigación fiscal todavía en desarrollo.

LAS COIMAS QUE QUEDARON EN LA NADA

Un primo, un cuñado, un hermano. A su turno, cada uno de estos tres familiares de Lenin Moreno han aparecido en noticias relacionadas con presuntas coimas derivadas del ejercicio político y contrataciones públicas. Los dos primeros casos -el primo y el cuñado-están cerrados en la Justicia, mientras el del hermano Edwin sigue en investigación fiscal, pudo comprobar esta investigación desarrollada por La Historia en alianza editorial con CONNECTAS y con el apoyo del Internacional Center For Journalists (ICFJ).

La primera vez que un familiar de Lenin Moreno estuvo involucrado en un presunto acto de corrupción, ocurrió en el 2008, un año después de asumir como vicepresidente. Su primo Arturo Germán Moreno Encalada fue detenido en Quito acusado de cohecho. Según la denuncia presentada, Moreno Encalada llegó hasta el despacho del Director Regional del Servicio de Rentas Internas, Marcelo León Jara, con un maletín con USD 12.500, que era parte de una coima para desvanecer una deuda por impuestos de la constructora Hidalgo&Hidalgo por USD 1,2 millones. El funcionario León no aceptó el trato, pero la maleta fue dejada en su oficina, contra su voluntad. Por eso, León pidió ayuda a la Policía. Los agentes pusieron micrófonos y grabaron cuando en una visita posterior, Moreno reconoció que el maletín era de su propiedad. Los policías, que estaban escondidos en el baño, detuvieron al primo del Vicepresidente.

El juez de lo Penal Luis Fernández legalizó la detención de Moreno Encalada y en ese momento Lenin Moreno solo indicó públicamente que debían desarrollarse las investigaciones con independencia. El juicio siguió adelante y Moreno Encalada finalmente fue absuelto, pues se consideró que las pruebas obtenidas por la Policía no tenían validez procesal porque no habían sido ordenadas por un Juez. Después se dedicó a hacer política con su organización Pueblo, Igualdad y Democracia, con la que hizo campaña a favor del Sí en la Consulta Popular promovida por su primo en 2018.

El segundo caso de una denuncia contra un pariente de Lenin Moreno, esta vez su cuñado, tuvo un protagonista con mayor peso. El denunciante era nada menos que el hermano mayor del presidente Rafael Correa, Fabricio Correa. “Yo fui personalmente a la casa de Lenin, en Quito, y le dije en su sala que su cuñado Antonio Hidalgo estaba pidiendo coimas por la adjudicación de una obra en Loja”, recuerda en estos días Fabricio. La respuesta que recibió de Moreno, según Correa, fue que era algo preocupante y que se investigaría. Como respaldo, el denunciante presentó una letra de cambio por el valor de un millón y medio de dólares, que respondería al monto de la coima. Pero cuando el tema se hizo público, el Vicepresidente Moreno le restó validez, dijo que la letra de cambio presentada por Correa era falsa y que “cualquier estudiante de primer año de Diseño Gráfico la podía falsificar”.

El hermano de Correa asegura que presentó el caso ante el Fiscal Washington Pesántez, pero éste no le dio ninguna esperanza de que el caso se investigaría: “Me dijo que no podía hacerle eso al gobierno de mi hermano con quien se llevaba muy bien desde cuando estudiaron juntos en Bélgica”, relató el denunciante. Esta referencia es negada por el ex fiscal Pesántez, quien calificó como “una estupidez más” de Fabricio Correa tal afirmación: “Nunca me dijo nada y yo nunca le hubiera contestado así”, refiere. Hasta allí llegó la acusación contra el cuñado de Lenin Moreno.

Lenin Moreno apareció por primera vez involucrado directamente en un caso de corrupción por el caso conocido como “Inapapers”, en alusión al nombre de la compañía offshore Ina Investment Corp. Esta sociedad, que fue creada por su hermano Edwin Moreno primero en Belice y luego en Panamá, recibió USD 18 millones pagados por la constructora china Sinohydro, la misma que fue denunciada por sobreprecios en la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, una obra que costó alrededor de USD 2500 millones.

Ese pago fue hecho por los servicios de lobby con la constructora realizados por Xavier Macías y Conto Patiño, amigos personales del presidente Moreno, quien era Vicepresidente en ese momento, tal como lo publicó el portal La Fuente de los periodistas Fernando Villavicencio y Christian Zurita. El lobby ocurrió en 2012, pero la existencia de la empresa y de los millonarios pagos recién se hicieron públicos en 2018 por los periodistas Villavicencio y Zurita. Ina, la razón social de la offshore, coincide con el final de los nombres de las tres hijas del presidente Moreno: Irina, Karina y Cristina.

El tema se hizo público y la primera consecuencia fue de corte privado: el hermano del presidente, Edwin, disolvió Ina Investment 12 días después de la publicación por parte de la prensa. Pero los periodistas Villavicencio y Zurita ya habían revelado que de las cuentas bancarias de la offshore habían salido pagos para comprar un departamento en Alicante, España, e incluso para comprar los muebles costosos que ocupó el mismo Lenin Moreno mientras vivió en Ginebra, Suiza, como Representante Especial para las Discapacidades de la ONU, en el periodo de 2013 a 2016.

Los aludidos hermanos Moreno, Lenin y Edwin, dieron su explicación: todo se trataba del pago de una deuda pues años atrás, cuando Edwin Moreno era migrante en Estados Unidos, le hizo un préstamo a Xavier Macías, necesitado de dinero. Y los depósitos que hizo Macías a Edwin Moreno eran la devolución.

Del caso InaPapers se motivó una investigación por parte de la Fiscalía General, indagación que avanza a pasos lentos, sin mayores hallazgos por parte del Ministerio Público. Casi dos años después de haberse iniciado esta causa, lo que se ha conseguido es que Panamá envíe la información completa de los movimientos de las cuentas bancarias de Ina Investment. Pero esta información no es pública porque goza de la reserva impuesta por la ley al tratarse de una investigación en curso. Lo que sí se sabe es que la fiscal General Diana Salazar también solicitó información bancaria de los investigados a Suiza, pero ese país se lo negó.

Edwin Moreno en 2018 constituyó el movimiento político Ecuatoriano Unido para apoyar políticamente a su hermano y a la Consulta Popular que convocó ese año. Igual que lo hizo el otro hermano, Gary Moreno Garcés, máximo líder del movimiento Libertad es Pueblo. Las dos organizaciones de los hermanos Moreno han presentado candidatos presidenciales para competir en las elecciones del próximo 7 de febrero.

Al Presidente de la República se le pidió una entrevista para tocar los temas planteados en este reportaje, por medio de la titular de la Secretaría de Comunicación, Caridad Vela. No se obtuvo una respuesta.

EL PODER DE LA PRIMERA DAMA

 

Rocío González Navas es de Latacunga, capital de Cotopaxi, una ciudad de fiestas y tradiciones. En esa provincia es donde su primo es gobernador y dos esposos de sus primas ocupan jefaturas en la Contraloría y Empresa Eléctrica.

Rocío González Navas, la Primera Dama del Ecuador, nació en Latacunga dentro de una de las familias más tradicionales. Cuando su esposo llegó al poder, Rocío González decidió ayudarlo, especialmente en el campo social de la Vicepresidencia, de donde salió Moreno con altos índices de popularidad. Ahora que es Presidente, ella tiene una activa participación en el plan de construcción de casas populares, pero la aceptación del político Moreno ya no es la misma de antes.

Las críticas se sienten más fuerte en Latacunga. El Gobernador de la provincia de Cotopaxi, Héctor González Jara, quien es primo hermano de la Primera Dama y vivió en casa de ella durante su juventud es el foco de esas acusaciones. A más del nepotismo, a González se lo señala de no cumplir con eficiencia sus labores y estar en ese cargo únicamente por el dudoso mérito de su parentesco. “Es una sinvergüencería que se repartan así los cargos. Pero para pagarnos nuestros sueldos no sirven y se atrasan constantemente”, se queja la profesora Rosana Palacios, quien ha sido presidenta de la organización nacional de maestros escolares más grande del Ecuador.

González Jara ha estado dos veces en el cargo, las dos por decisión de su primo político. En el 2019 renunció solo para ser candidato a Prefecto de Cotopaxi, pero perdió. Ya derrotado, volvió a ser designado Gobernador y allí sigue, sin conceder muchas entrevistas a los periodistas.

Héctor González Jara no es el único familiar de la Primera Dama en el sector público. También está el Gerente de la Empresa Eléctrica de Cotopaxi, José Alberto Semanate Noroña, quien está casado con Paulina González, otra prima de Rocío González. Y a la vez, el Director Regional de la Contraloría, Iván Andrade Hidalgo, está casado con Ruth Angélica González Jara, prima de la esposa del Presidente. “No hay derecho, no es justo. Mientras a los profesores nos deben dos meses de sueldo, los parientes del Presidente están muy bien ubicados y con buenos cargos”, reclamaba el pasado 18 de agosto frente a la Gobernación de Cotopaxi el profesor Luis Rivera.

No solo en Cotopaxi la Primera Dama tiene autoridades con parentesco. En enero de 2019, Ecuador recibió con sorpresa la noticia de que la jurista María del Carmen Maldonado, ex jueza de la Corte Constitucional en el gobierno de Correa, y quien había seguido las directrices políticas de ese régimen, ahora estaba al frente del Consejo de la Judicatura, el organismo que controla y sanciona las actuaciones de todos los jueces y fiscales del país. Lo que no se dijo es que la Primera Dama y María Maldonado son concuñadas.

A nadie le importó demasiado esta cercanía familiar. Hasta que en septiembre de 2019, tres abogados denunciaron que Diego Molina Restrepo, esposo de la presidenta de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, les había pedido USD 120.000 a cada uno para conseguirles el nombramiento de Notario en Quito. Y que ellos estuvieron dispuestos a pagar e hicieron un adelanto de USD 60.000 cada uno, dinero que fue entregado a Christian Ramírez, delegado de Molina Restrepo, según relatan. El asunto fue que, según los denunciantes, nunca se les entregó el cargo ofrecido ni tampoco se les devolvió el dinero pagado. Se sentían estafados.

La presidenta de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, reaccionó de inmediato: convocó a una rueda de Prensa y dijo que todo se trataba de un pasquín, que las firmas de los supuestos denunciantes habían sido falsificadas. Pero la Fiscal General Diana Salazar abrió una investigación y llamó a declarar a Maldonado y a su esposo, versiones que fueron rendidas el 28 de diciembre pasado. Desde entonces, no se ha sabido nada más, pues la indagación sigue siendo reservada. La concuñada de la Primera Dama ha continuado ejerciendo su complicado cargo.

EL CASO IRINA Y SU INFLUYENTE YERNO

Al Presidente Lenin Moreno se le hizo difícil hacer público el anuncio sobre la salida de su hija, Irina Moreno González, del cargo diplomático que mantuvo como Consejera de la Misión de Ecuador ante la ONU en Nueva York, con un sueldo mensual cercano a los 8 mil dólares. La hija del Presidente llegó a esta representación en 2014, primero en Ginebra, Suiza, acompañando a su padre que había sido designado por la ONU en la función honorífica para las Discapacidades, con todos los gastos pagados por el Estado ecuatoriano y la decisión tomada por el gobierno de Correa.

Cuando Moreno decidió correr por la Presidencia, su hija pidió el cambio a Nueva York y se lo dieron. Moreno ganó la Presidencia y su hija siguió en el cargo hasta que, a fines de mayo de 2020, el Presidente informó que su hija había decidido renunciar. Esto ocurrió luego de que se dieran fuertes críticas al cargo de su hija y a su generoso sueldo en plena crisis económica -en sus 6 años en el cargo, se le pagó USD 570.000-. El último intento para justificar el cargo de Irina Moreno lo hizo el ex Canciller José Valencia, quien calificó como bueno el trabajo que la joven realizaba en las Naciones Unidas. Fue un intento vano porque ella se fue, al igual que el Canciller, quien renunció un mes después.

Otra de las hijas del Presidente, Cristina, hizo noticia en las páginas sociales a inicios de 2013. Fue por su matrimonio realizado en la patrimonial iglesia de La Compañía, en Quito, con el joven ingeniero agrónomo guayaquileño Juan Enrique Rodríguez Malo. Del yerno del Presidente se tuvo noticias posteriormente en 2016, cuando se reveló que una empresa suya había ganado un contrato público por USD 1,6 millones para limpiar unidades de Policía. El asunto no levantó mucho polvo ni fue ningún obstáculo para la campaña presidencial de Moreno, que consiguió un triunfo sobre Guillermo Lasso, que acusó de fraude en las elecciones de 2017.

El joven yerno, Juan Enrique Rodríguez Malo , tendría una fuerte influencia en la designación de funcionarios públicos, según un audio filtrado al medio digital La Fuente, en el que habla Santiago Cuesta Caputi, entonces asesor presidencial de Lenin Moreno. En ese audio, Cuesta dice que Rodríguez Malo ha puesto al director de la Agencia de Regulación y Control Sanitario, una importante oficina del gobierno que aprueba la importación y venta de insumos médicos y medicinas en Ecuador. Buscamos una entrevista con el yerno del presidente, sin una respuesta positiva. La Historia intentó contactar sin éxito a Rodríguez Malo para consultarle sobre lo que se ha publicado respecto a él y su supuesta influencia en el gobierno de su suegro.

La influencia del yerno en el gobierno es un hecho real, dice el periodista Fernando Villavicencio, autor de la investigación Arroz Verde, con la que condenaron a 8 años de cárcel por cohecho al ex presidente Correa y a 19 procesados más. Para muestra pone otro botón: la designación de María de Lourdes Rodríguez Malo, hermana del yerno del Presidente, como funcionaria de la embajada de Ecuador en Madrid, España. Y pide prestar también atención a la relación societaria del yerno Rodríguez Malo con el español Emilio Torres Copado, quien fue el vendedor del departamento en Alicante para la empresa Ina, lo que ahora está en investigación por la Fiscalía.

Lenin Moreno no ha dicho que hará después que entregue el poder el próximo 24 de mayo de 2021. Pero lo cierto es que con una aceptación de apenas el 6% de la población, según las últimas encuestas, el futuro está marcado como para un retiro definitivo de la política. Serán 14 años de un vertiginoso paso por el poder que cambiaron su vida y la de los suyos, sin habérselo propuesto siquiera. Ese niño que nació en medio de la selva amazónica solo pretendía jugar con las serpientes.

Este reportaje fue realizado por La Historia en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ) en alianza con CONNECTAS.

 

 

EL CLAN DEL NIÑO LENÍN QUE JUGABA CON LAS SERPIENTES

La vida de los Moreno cambió desde que Lenin sumó poder en la política ecuatoriana: cargos públicos para familiares, crecimiento de su fortuna y sospechas de sobornos que pocas veces son investigadas por la justicia.

El niño Lenin Boltaire Moreno Garcés creció en la década de los 50 en medio de la Amazonía ecuatoriana. En su memoria conserva los mejores recuerdos de esos tiempos y como si del Libro de la Selva se tratase, con algo de fantasía y algo de realidad, ciertos capítulos han sido narrados por él en primera persona: “De repente nos topábamos con animalitos como el tigrillo, como el tigre, al cual le teníamos pavor y como las serpientes, a las cuales paradójicamente no les teníamos ningún tipo de miedo y jugábamos con ellas, así como lo hacían en la antigüedad en Grecia, en donde tenían dentro de sus casas serpientes que jugaban con los niños”, narraba un apacible y convencido Moreno en medio de la Cumbre Presidencial Amazónica, en septiembre de 2019, ante sus sorprendidos colegas.

Lenin Moreno siempre recuerda su niñez. Tiempos en los que ni a él ni a nadie de su familia, nunca se les ocurrió pensar que ese pequeño llegaría a la Presidencia de la República. Era un hombre con una vida de clase media, sin lujos y con las necesidades cubiertas hasta donde se podía. Junto con su mujer, Rocío de González, siempre se preocuparon de darle la mejor educación a sus tres hijas y con ese objetivo planteado, todo lo demás podía esperar. Así fue hasta el 2007.

Moreno no registró ninguna casa propia en las primeras declaraciones juramentadas de bienes que presentó apenas asumió como Vicepresidente de la República. En esos documentos consta el pequeño patrimonio que hasta entonces había conseguido: tres terrenos en el cantón Tena, provincia de Napo, en el Oriente ecuatoriano, el más valioso avaluado en menos de tres mil dólares; otro terreno con usufructo vitalicio ubicado en la parroquia Tababela de Quito, valorado en 15 mil dólares; y lo que es tal vez el lujo más grande hasta ese momento, una membresía que costó 10 mil dólares para el club Casa Blanca ubicado en Same, una bella playa de la provincia de Esmeraldas. Nada más.

Es que las cosas para la familia Moreno- González nunca resultaron sencillas, mucho más cuando el jefe del hogar quedó en silla de ruedas tras recibir un tiro por la espalda, en un asalto ocurrido el 3 de enero de 1998, en Quito. Tenía 46 años y desde entonces no volvió a caminar. Moreno, quien ya era conocido en las noches de bohemias quiteñas como un tipo alegre, se convirtió tiempo después del asalto –luego de atravesar una etapa de depresión- en un motivador que daba charlas en las que contaba su experiencia y de cómo pudo superar sus dolores físicos con la terapia de la risa.

Hasta que llegó el 2006. Fue Gustavo Larrea, amigo de su militancia de izquierda, quien le propuso a Moreno ser binomio del entonces candidato a presidente Rafael Correa, un ventarrón político que terminó como un fenómeno electoral. Moreno aceptó y desde entonces nada es igual. Ni para Moreno, ni para su esposa, ni para sus hijas, ni para sus hermanos. Ni para otros familiares cercanos. Ahora los Moreno tienen poder.

Así fue que Irina Moreno, una de las tres hijas de Moreno, estuvo durante seis años -tres de los cuales con su papá de Presidente- como funcionaria diplomática del Ecuador en las Naciones Unidas, primero en Ginebra, después en Nueva York, con un sueldo mensual de USD 8000. Solo en mayo de 2020 dejó su cargo, con la agudización de la crisis fiscal. Los hermanos de Moreno, Gary y Edwin, tienen cada uno partido político, que participarán activamente en las próximas elecciones de 2021. Otro hermano, Guillermo, a más de ser Fiscal, fue candidato a la Asamblea en 2017, sin éxito. Por el lado de la Primera Dama, Rocío González, su primo Héctor González es gobernador de Cotopaxi, y dos esposos de sus primas están al frente de oficinas del Estado en esa misma provincia. Mientras que al frente del Consejo Nacional de la Judicatura está su concuñada, María Maldonado.

Su patrimonio también ha cambiado. Aunque no está declarado como propio y hay indicios de una triangulación societaria, apareció a nombre de la empresa Ina, creada por el hermano de Moreno, Edwin, un departamento en Alicante, España, y una cuenta bancaria en Panamá, con varios millones de dólares depositados por una constructora china, lo que originó una investigación fiscal todavía en desarrollo.

LAS COIMAS QUE QUEDARON EN LA NADA

Un primo, un cuñado, un hermano. A su turno, cada uno de estos tres familiares de Lenin Moreno han aparecido en noticias relacionadas con presuntas coimas derivadas del ejercicio político y contrataciones públicas. Los dos primeros casos -el primo y el cuñado-están cerrados en la Justicia, mientras el del hermano Edwin sigue en investigación fiscal, pudo comprobar esta investigación desarrollada por La Historia en alianza editorial con CONNECTAS y con el apoyo del Internacional Center For Journalists (ICFJ).

La primera vez que un familiar de Lenin Moreno estuvo involucrado en un presunto acto de corrupción, ocurrió en el 2008, un año después de asumir como vicepresidente. Su primo Arturo Germán Moreno Encalada fue detenido en Quito acusado de cohecho. Según la denuncia presentada, Moreno Encalada llegó hasta el despacho del Director Regional del Servicio de Rentas Internas, Marcelo León Jara, con un maletín con USD 12.500, que era parte de una coima para desvanecer una deuda por impuestos de la constructora Hidalgo&Hidalgo por USD 1,2 millones. El funcionario León no aceptó el trato, pero la maleta fue dejada en su oficina, contra su voluntad. Por eso, León pidió ayuda a la Policía. Los agentes pusieron micrófonos y grabaron cuando en una visita posterior, Moreno reconoció que el maletín era de su propiedad. Los policías, que estaban escondidos en el baño, detuvieron al primo del Vicepresidente.

El juez de lo Penal Luis Fernández legalizó la detención de Moreno Encalada y en ese momento Lenin Moreno solo indicó públicamente que debían desarrollarse las investigaciones con independencia. El juicio siguió adelante y Moreno Encalada finalmente fue absuelto, pues se consideró que las pruebas obtenidas por la Policía no tenían validez procesal porque no habían sido ordenadas por un Juez. Después se dedicó a hacer política con su organización Pueblo, Igualdad y Democracia, con la que hizo campaña a favor del Sí en la Consulta Popular promovida por su primo en 2018.

El segundo caso de una denuncia contra un pariente de Lenin Moreno, esta vez su cuñado, tuvo un protagonista con mayor peso. El denunciante era nada menos que el hermano mayor del presidente Rafael Correa, Fabricio Correa. “Yo fui personalmente a la casa de Lenin, en Quito, y le dije en su sala que su cuñado Antonio Hidalgo estaba pidiendo coimas por la adjudicación de una obra en Loja”, recuerda en estos días Fabricio. La respuesta que recibió de Moreno, según Correa, fue que era algo preocupante y que se investigaría. Como respaldo, el denunciante presentó una letra de cambio por el valor de un millón y medio de dólares, que respondería al monto de la coima. Pero cuando el tema se hizo público, el Vicepresidente Moreno le restó validez, dijo que la letra de cambio presentada por Correa era falsa y que “cualquier estudiante de primer año de Diseño Gráfico la podía falsificar”.

El hermano de Correa asegura que presentó el caso ante el Fiscal Washington Pesántez, pero éste no le dio ninguna esperanza de que el caso se investigaría: “Me dijo que no podía hacerle eso al gobierno de mi hermano con quien se llevaba muy bien desde cuando estudiaron juntos en Bélgica”, relató el denunciante. Esta referencia es negada por el ex fiscal Pesántez, quien calificó como “una estupidez más” de Fabricio Correa tal afirmación: “Nunca me dijo nada y yo nunca le hubiera contestado así”, refiere. Hasta allí llegó la acusación contra el cuñado de Lenin Moreno.

Lenin Moreno apareció por primera vez involucrado directamente en un caso de corrupción por el caso conocido como “Inapapers”, en alusión al nombre de la compañía offshore Ina Investment Corp. Esta sociedad, que fue creada por su hermano Edwin Moreno primero en Belice y luego en Panamá, recibió USD 18 millones pagados por la constructora china Sinohydro, la misma que fue denunciada por sobreprecios en la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, una obra que costó alrededor de USD 2500 millones.

Ese pago fue hecho por los servicios de lobby con la constructora realizados por Xavier Macías y Conto Patiño, amigos personales del presidente Moreno, quien era Vicepresidente en ese momento, tal como lo publicó el portal La Fuente de los periodistas Fernando Villavicencio y Christian Zurita. El lobby ocurrió en 2012, pero la existencia de la empresa y de los millonarios pagos recién se hicieron públicos en 2018 por los periodistas Villavicencio y Zurita. Ina, la razón social de la offshore, coincide con el final de los nombres de las tres hijas del presidente Moreno: Irina, Karina y Cristina.

El tema se hizo público y la primera consecuencia fue de corte privado: el hermano del presidente, Edwin, disolvió Ina Investment 12 días después de la publicación por parte de la prensa. Pero los periodistas Villavicencio y Zurita ya habían revelado que de las cuentas bancarias de la offshore habían salido pagos para comprar un departamento en Alicante, España, e incluso para comprar los muebles costosos que ocupó el mismo Lenin Moreno mientras vivió en Ginebra, Suiza, como Representante Especial para las Discapacidades de la ONU, en el periodo de 2013 a 2016.

Los aludidos hermanos Moreno, Lenin y Edwin, dieron su explicación: todo se trataba del pago de una deuda pues años atrás, cuando Edwin Moreno era migrante en Estados Unidos, le hizo un préstamo a Xavier Macías, necesitado de dinero. Y los depósitos que hizo Macías a Edwin Moreno eran la devolución.

Del caso InaPapers se motivó una investigación por parte de la Fiscalía General, indagación que avanza a pasos lentos, sin mayores hallazgos por parte del Ministerio Público. Casi dos años después de haberse iniciado esta causa, lo que se ha conseguido es que Panamá envíe la información completa de los movimientos de las cuentas bancarias de Ina Investment. Pero esta información no es pública porque goza de la reserva impuesta por la ley al tratarse de una investigación en curso. Lo que sí se sabe es que la fiscal General Diana Salazar también solicitó información bancaria de los investigados a Suiza, pero ese país se lo negó.

Edwin Moreno en 2018 constituyó el movimiento político Ecuatoriano Unido para apoyar políticamente a su hermano y a la Consulta Popular que convocó ese año. Igual que lo hizo el otro hermano, Gary Moreno Garcés, máximo líder del movimiento Libertad es Pueblo. Las dos organizaciones de los hermanos Moreno han presentado candidatos presidenciales para competir en las elecciones del próximo 7 de febrero.

Al Presidente de la República se le pidió una entrevista para tocar los temas planteados en este reportaje, por medio de la titular de la Secretaría de Comunicación, Caridad Vela. No se obtuvo una respuesta.

EL PODER DE LA PRIMERA DAMA

Rocío González Navas es de Latacunga, capital de Cotopaxi, una ciudad de fiestas y tradiciones. En esa provincia es donde su primo es gobernador y dos esposos de sus primas ocupan jefaturas en la Contraloría y Empresa Eléctrica.

Rocío González Navas, la Primera Dama del Ecuador, nació en Latacunga dentro de una de las familias más tradicionales. Cuando su esposo llegó al poder, Rocío González decidió ayudarlo, especialmente en el campo social de la Vicepresidencia, de donde salió Moreno con altos índices de popularidad. Ahora que es Presidente, ella tiene una activa participación en el plan de construcción de casas populares, pero la aceptación del político Moreno ya no es la misma de antes.

Las críticas se sienten más fuerte en Latacunga. El Gobernador de la provincia de Cotopaxi, Héctor González Jara, quien es primo hermano de la Primera Dama y vivió en casa de ella durante su juventud es el foco de esas acusaciones. A más del nepotismo, a González se lo señala de no cumplir con eficiencia sus labores y estar en ese cargo únicamente por el dudoso mérito de su parentesco. “Es una sinvergüencería que se repartan así los cargos. Pero para pagarnos nuestros sueldos no sirven y se atrasan constantemente”, se queja la profesora Rosana Palacios, quien ha sido presidenta de la organización nacional de maestros escolares más grande del Ecuador.

González Jara ha estado dos veces en el cargo, las dos por decisión de su primo político. En el 2019 renunció solo para ser candidato a Prefecto de Cotopaxi, pero perdió. Ya derrotado, volvió a ser designado Gobernador y allí sigue, sin conceder muchas entrevistas a los periodistas.

Héctor González Jara no es el único familiar de la Primera Dama en el sector público. También está el Gerente de la Empresa Eléctrica de Cotopaxi, José Alberto Semanate Noroña, quien está casado con Paulina González, otra prima de Rocío González. Y a la vez, el Director Regional de la Contraloría, Iván Andrade Hidalgo, está casado con Ruth Angélica González Jara, prima de la esposa del Presidente. “No hay derecho, no es justo. Mientras a los profesores nos deben dos meses de sueldo, los parientes del Presidente están muy bien ubicados y con buenos cargos”, reclamaba el pasado 18 de agosto frente a la Gobernación de Cotopaxi el profesor Luis Rivera.

No solo en Cotopaxi la Primera Dama tiene autoridades con parentesco. En enero de 2019, Ecuador recibió con sorpresa la noticia de que la jurista María del Carmen Maldonado, ex jueza de la Corte Constitucional en el gobierno de Correa, y quien había seguido las directrices políticas de ese régimen, ahora estaba al frente del Consejo de la Judicatura, el organismo que controla y sanciona las actuaciones de todos los jueces y fiscales del país. Lo que no se dijo es que la Primera Dama y María Maldonado son concuñadas.

A nadie le importó demasiado esta cercanía familiar. Hasta que en septiembre de 2019, tres abogados denunciaron que Diego Molina Restrepo, esposo de la presidenta de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, les había pedido USD 120.000 a cada uno para conseguirles el nombramiento de Notario en Quito. Y que ellos estuvieron dispuestos a pagar e hicieron un adelanto de USD 60.000 cada uno, dinero que fue entregado a Christian Ramírez, delegado de Molina Restrepo, según relatan. El asunto fue que, según los denunciantes, nunca se les entregó el cargo ofrecido ni tampoco se les devolvió el dinero pagado. Se sentían estafados.

La presidenta de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, reaccionó de inmediato: convocó a una rueda de Prensa y dijo que todo se trataba de un pasquín, que las firmas de los supuestos denunciantes habían sido falsificadas. Pero la Fiscal General Diana Salazar abrió una investigación y llamó a declarar a Maldonado y a su esposo, versiones que fueron rendidas el 28 de diciembre pasado. Desde entonces, no se ha sabido nada más, pues la indagación sigue siendo reservada. La concuñada de la Primera Dama ha continuado ejerciendo su complicado cargo.

EL CASO IRINA Y SU INFLUYENTE YERNO

Al Presidente Lenin Moreno se le hizo difícil hacer público el anuncio sobre la salida de su hija, Irina Moreno González, del cargo diplomático que mantuvo como Consejera de la Misión de Ecuador ante la ONU en Nueva York, con un sueldo mensual cercano a los 8 mil dólares. La hija del Presidente llegó a esta representación en 2014, primero en Ginebra, Suiza, acompañando a su padre que había sido designado por la ONU en la función honorífica para las Discapacidades, con todos los gastos pagados por el Estado ecuatoriano y la decisión tomada por el gobierno de Correa.

Cuando Moreno decidió correr por la Presidencia, su hija pidió el cambio a Nueva York y se lo dieron. Moreno ganó la Presidencia y su hija siguió en el cargo hasta que, a fines de mayo de 2020, el Presidente informó que su hija había decidido renunciar. Esto ocurrió luego de que se dieran fuertes críticas al cargo de su hija y a su generoso sueldo en plena crisis económica -en sus 6 años en el cargo, se le pagó USD 570.000-. El último intento para justificar el cargo de Irina Moreno lo hizo el ex Canciller José Valencia, quien calificó como bueno el trabajo que la joven realizaba en las Naciones Unidas. Fue un intento vano porque ella se fue, al igual que el Canciller, quien renunció un mes después.

Otra de las hijas del Presidente, Cristina, hizo noticia en las páginas sociales a inicios de 2013. Fue por su matrimonio realizado en la patrimonial iglesia de La Compañía, en Quito, con el joven ingeniero agrónomo guayaquileño Juan Enrique Rodríguez Malo. Del yerno del Presidente se tuvo noticias posteriormente en 2016, cuando se reveló que una empresa suya había ganado un contrato público por USD 1,6 millones para limpiar unidades de Policía. El asunto no levantó mucho polvo ni fue ningún obstáculo para la campaña presidencial de Moreno, que consiguió un triunfo sobre Guillermo Lasso, que acusó de fraude en las elecciones de 2017.

El joven yerno, Juan Enrique Rodríguez Malo , tendría una fuerte influencia en la designación de funcionarios públicos, según un audio filtrado al medio digital La Fuente, en el que habla Santiago Cuesta Caputi, entonces asesor presidencial de Lenin Moreno. En ese audio, Cuesta dice que Rodríguez Malo ha puesto al director de la Agencia de Regulación y Control Sanitario, una importante oficina del gobierno que aprueba la importación y venta de insumos médicos y medicinas en Ecuador. Buscamos una entrevista con el yerno del presidente, sin una respuesta positiva. La Historia intentó contactar sin éxito a Rodríguez Malo para consultarle sobre lo que se ha publicado respecto a él y su supuesta influencia en el gobierno de su suegro.

La influencia del yerno en el gobierno es un hecho real, dice el periodista Fernando Villavicencio, autor de la investigación Arroz Verde, con la que condenaron a 8 años de cárcel por cohecho al ex presidente Correa y a 19 procesados más. Para muestra pone otro botón: la designación de María de Lourdes Rodríguez Malo, hermana del yerno del Presidente, como funcionaria de la embajada de Ecuador en Madrid, España. Y pide prestar también atención a la relación societaria del yerno Rodríguez Malo con el español Emilio Torres Copado, quien fue el vendedor del departamento en Alicante para la empresa Ina, lo que ahora está en investigación por la Fiscalía.

Lenin Moreno no ha dicho que hará después que entregue el poder el próximo 24 de mayo de 2021. Pero lo cierto es que con una aceptación de apenas el 6% de la población, según las últimas encuestas, el futuro está marcado como para un retiro definitivo de la política. Serán 14 años de un vertiginoso paso por el poder que cambiaron su vida y la de los suyos, sin habérselo propuesto siquiera. Ese niño que nació en medio de la selva amazónica solo pretendía jugar con las serpientes.

Este reportaje fue realizado por La Historia en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ) en alianza con CONNECTAS.

RAÚL TELLO NO GESTIONA PUESTOS, SOLO RECOMIENDA

Raúl Tello se mueve como pez en el agua en el pantanoso laberinto de los pasillos de la Asamblea Nacional. Ha sido el legislador que más juicios ha planteado al Gobierno de Lenín Moreno y, al mismo tiempo, tiene a amigos y parientes suyos en la administración de la provincia de Pastaza. También tiene cinco amigos en puestos de la Asamblea, más allá de la cuota que tienen todos los honorables.

El Asambleísta Raúl Tello sostuvo en Radio Rumba el 25 de enero de 2019: “Desde cuándo recomendar es gestionar un cargo” y entonces pasó a recomendar en la provincia de Pastaza algunos puestos para sus amigos y amigas, parientes.

A su cuñada, María Cecibel Ponce, casada con Franklin Tello Benalcázar, su hermano, la recomendó para dirigir el Ministerio del Ambiente en Pastaza.

No estuvo mucho tiempo en gestión, pero de inmediato fue reemplazada por Edgardo Mena, quien tampoco negó ser muy “amigo desde la juventud con Raúl Tello”.

El asambleísta Tello reconoce que amigos suyos ocupan cargos públicos en Pastaza, porque, según él, es amigo de casi todos, o al menos del 80% de la población de esa localidad.

“Es normal que aquello ocurra porque yo vivo en una provincia pequeña y todos o casi todos los funcionarios son mis amigos”. “Si lo relacionan con el tema de la amistad es difícil…porque yo soy amigo de medio mundo aquí y además soy político”, dice. “El hecho de que mis amigos ocupen determinados cargos no significa que ellos hayan ingresado por alguna gestión de mi parte, bajo ningún punto de vista”, agrega.

Y añade: “de los que usted me nombra (…) ahí faltan en el listado algunos que son mis amigos. La propia gobernadora es mi amiga, el director del IESS es mi amigo, la directora del hospital del IESS es mi amiga”, dice Tello.

El legislador amazónico, otrora radical de izquierda, obtuvo más espacio de gestión al integrar el bloque parlamentario BADI, liderado por el también amazónico Eliseo Azuero, a quien se lo responsabiliza del acuerdo para la designación de René Tamayo, exdirector del SECOB, ahora detenido por el escándalo de corrupción del hospital de Pedernales.

Frente al escándalo del gran reparto de hospitales e instituciones públicas a asambleístas y otras autoridades, Tello destaca que como legislador siempre se mostró crítico del Gobierno y asegura que “jamás” ha tenido vínculos o compromisos con el Gobierno ni ha gestionado ningún tipo de beneficio para él o sus cercanos.

Dice que en el caso de su cuñada María Cecibel Ponce tampoco tuvo nada que ver, pues según Tello, ella obtuvo ese cargo por una “relación de amistad con un subsecretario”.

LOS JUICIOS POLÍTICOS DE TELLO 

Raúl Tello es el legislador que más juicios políticos ha planteado. Al inicio de su gestión ya lo llamó al ex Superintendente de Bancos Christian Cruz, después lo hizo con Gustavo Jalkh, expresidente de la judicatura, también al ex Procurador Diego García, al Defensor Público Ernesto Pazmiño.

Ahora mismo está pidiendo juicio político al Ministro Richard Martínez. También y por dos veces consecutivas el Asambleísta Raúl Tello, pidió juicio político en contra de Diana Atamaint y las autoridades del CNE.

La primera dijo por irregularidades en las elecciones seccionales de 2019, el 12 de abril de 2019; y la segunda, el 25 de junio del mismo año, en el caso del CPCCS.

En lugar de continuar con el juicio político a Diana Atamaint y CNE, Raúl Tello prefirió continuar con su estilo de no gestionar cargos públicos sino recomendar personas.

Recomendó entonces a Martha Cox para que cumpla con la dirección del CNE en Pastaza; ella fue posesionada el 14 de agosto de 2019 .

“Me parece algo totalmente fuera de lugar, yo no he tenido ninguna decisión en el tema de alguien del Consejo Electoral que me pueda vincular con ningún compromiso, ninguna decisión, ninguna gestión trascendente como legislador que me permita tramitar una cuestión de esas”, dijo Tello cuando este medio le preguntó sobre la funcionaria Cox.

LOS RECOMENDADOS AMIGOS DE TELLO 

Martha Cox fue por muchos años su co-idearia; es madre de Brenda Guillén Cox, alterna de Richard Falconí, concejal del Cantón Pastaza por la lista 61-6, (de Tello) y ex asesor del asambleísta.

Desde aquel entonces, Raúl Tello no es más crítico de la gestión del CNE y Diana Atamaint sino su defensor como lo manifestó en el curso del juicio político planteado por Jeannine Cruz y legisladores de CREO a inicios de este año, cuando pasó de crítico a defensor de la gestión del órgano electoral.

En su propósito de “seguir recomendando” personas que ocupen cargos públicos, en Pastaza ubicó también a otro “amigo de toda la vida”, Juan Carlos López en la Dirección Provincial de Educación de Pastaza.

Él debía firmar “la comisión de servicios” para que Narcisa Arboleda, esposa de Jaime Guevara, Prefecto y aliado de Tello, no renuncie a su cargo de maestra pese a que la Ley no le permitía otra comisión de servicios sin sueldo, al haber agotado plazos al paso de su esposo Jaime Guevara, en su primera y segunda administración como Prefecto.

Ese tema lo resolvería el amigo de Raúl Tello, como estipendio al Prefecto por haberlo patrocinado electoralmente. Raúl Tello, desde su militancia en el MPD, ha estado cerca del sector educativo y ahora está más cerca aún con su “recomendado”.

Raúl Tello también ha recomendado a cinco amigos suyos, para colocarlos en la legislatura, más allá de la cuota normal de los legisladores. Ellos son: Constante Altamirano Jaime Eduardo, Colala Peñarreta Eduardo Efraín, Montero Mariño Segundo Manuel, Arboleda Sanabria Patricio Jovanni y Pozo Carabajo Angel Vladimir.

Todos fueron recomendados por el Asambleísta Raúl Tello, inmediatamente después de su desempeño en el juicio a José Carlos Tuarez, ex del Consejo de Participación Ciudadana.

Y, aunque el asambleísta reconoce que “hay unos nombres que pertenecen a la comisión mía”, asegura que en ningún momento propuso esos nombres.

El Contralor General del Estado, fue convocado en varias oportunidades por Raúl Tello, al seno de la Asamblea Nacional. Seguramente en cualquiera de esos momentos supo recomendar a su esposa Vilma del Rocío Espinosa Cabrera, para que le eleven su cargo a “Experta Supervisora de la Contraloría General del Estado”, delegación Pastaza.

Antes, Vilma del Rocío había trabajado con Andrés Erazo, esposo de la ex-asambleísta de Manabí por AP Anny Marllely Vásconez Arteaga. Andrés Erazo, un policía en grado de Capitán en aquel entonces, pidió licencia para trabajar en la SENAIN y es ahí donde fue jefe temporal de la esposa de Tello, hasta que ella ascendió a Directora Administrativa.

En tiempos de Pablo Romero, Vilma del Roció llevaba las cuentas de la SENAIN. Se desvinculó en 2013 y pasó a trabajar en la Contraloría en condición de Auditora General Interna de los gobiernos autónomos descentralizados, hasta hace algunos meses que por recomendación de Raúl Tello y la anuencia de Pablo Celi, pasó a ser “Experta Supervisora de la Contraloría”.

Pablo Celi solicitó en junio de 2019 que en el plazo de 6 meses, la Contraloría delegación Pastaza, entregue un informe sobre la actuación de los consejeros provinciales en relación a la legalidad de actuación de Jaime Guevara, Prefecto, cuestionado por tener una sentencia de última instancia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

TELLO GRITA, AMENAZA, PRESIONA Y CONSIGUE

Estamos justo a un año y esa resolución no llega; no sale porque “el asambleísta Tello grita, amenaza, presiona y consigue”, ha dicho en una emisora local el Asambleísta Henry Moreno.

Tello, por su parte, insiste que su relación con el prefecto es exclusivamente política.

Jaime Guevara sigue ejerciendo de Prefecto Provincial de Pastaza, gracias a las omisiones de la Contraloría, también el silencio de Pablo Celi, quien delegó a funcionarios de la zonal de Ambato el tratamiento del tema cuando despedía de su despacho a Cumandá Guevara, Viceprefecta de la provincia.

“No se preocupe” le dijo “Jaime Guevara ejerce ilegalmente la Prefectura de Pastaza”. De eso ya también es un año.

Un año ya que la Contraloría camina con pies de plomo y nada dice que obrará para hacer valer las dos destituciones que perpetró contra Jaime Guevara a fines de 2013.

La Contraloría también “se ha olvidado” de darle seguimiento a la glosa por $ 130.023, 37 que en el año 2014 fue ratificada por el Ing. Paúl Noboa León, a nombre del Contralor General del Estado.

Ahora, de vuelta al Tribunal Contencioso Administrativo, a fines de 2019, dicha glosa prácticamente está desvanecida, (El Tribunal ha declarado la nulidad de la glosa), pero no porque se ha resuelto el motivo, sino porque la Contraloría no supo darle el correspondiente seguimiento.

Pese a que existe otra instancia jurídica, la casación, Tello dará por descontado que el órgano contralor mirará para otro lado…

DISCAPACIDADES Y DISCAPACITADOS

Un médico de la provincia de Cañar dice haber sido deshonrado por un mensaje en la red social twitter que lo señala a él y su familia como poseedores de carnés de discapacidad. El demandante tuvo la coincidente suerte que el caso cayó en manos de un juez que también obtuvo un carné de discapacidad. El autor del mensaje de twitter, ahora demandado, es el periodista Fernando Villavicencio. Así, en ese mundillo de discapacidades se cocinó un nuevo engendro persecutorio en contra del periodismo y la libertad de expresión.

Entre los hechos de corrupción develados en la pandemia del Covid 19 sobresale la entrega de 3.000 carnés de discapacidad de manera ilegal. Ese documento, que desde 2013 es entregado por el Ministerio de Salud Pública, representa importantes beneficios: exoneración de tributos en la importación de vehículos, rebajas en servicios básicos, devolución del impuesto al valor agregado (IVA).

El carné además otorga puntos en caso de postulaciones a concursos, asensos y nombramientos en la función pública y permite la jubilación anticipada por discapacidad. En julio pasado, José Martínez, director del sistema de pensiones del IESS alertó sobre el crecimiento inusual de jubilaciones por discapacidad e indicó que encontraron casos que no cumplían con los requisitos para la jubilación.

El escándalo de los carnés salpicó a asambleístas, jueces, ministros, gobernadores, abogados, médicos y hasta deportistas. El portal La Historia reveló que los asambleístas Marcia Arregui (mencionada en el reparto de hospitales en Manabí), Fabricio Villamar e Israel Cruz tenían el documento.

El periodista Fernando Villavicencio del portal PeriodismodeInvestigacion.com también recibió varias denuncias sobre el tema y las hizo públicas por redes sociales. Una de ellas mencionó al médico de la provincia del Cañar Juan Quevedo Abad.

Villavicencio escribió varios mensajes sobre el caso en la red social Twitter. En uno indicó: “En Azogues, el médico Juan Fernando Quevedo Abad, su hermano y varios miembros de su familia tienen carnés de discapacitados, han importado vehículos y se han beneficiado de privilegios…”.

Villavicencio mostró cuatro documentos del Servicio Nacional del Ecuador (Senae) que indican los porcentajes de discapacidad y el grado de exoneración de tributos de los familiares y allegados al médico. Este medio pudo confirmar que su hermano, Víctor Quevedo Abad, abogado de 60 años y su esposa Victoria Zalamea Landázuri de 62, tienen carnés de discapacidad con el 63% y el 41%, respectivamente. Además, René González Ochoa, cuñado de Victoria Zalamea, registra discapacidad del 40%. El cuñado de Juan Quevedo Abad, Juan Flores Vásquez, también tiene discapacidad del 60%.

El mismo Juan Fernando Quevedo Abad, de 57 años, tiene carné de discapacidad. El Senae señala que importó un vehículo el 12 de abril de 2018.

Por la publicación de ese tuit, Villavicencio fue demandado penalmente por el médico alegando injurias. La denunciada fue realizada el pasado 27 de julio en la Unidad Judicial Penal de Azogues.

Juan Fernando Quevedo Abad es un ginecólogo nacido en Cañar. Labora, según su perfil de LinkedIn, en el Hospital de Especialidades Médicas Clemed S.A. de Azogues, del que es accionista junto a otras 47 personas. También ha laborado en el sector público, como el Hospital General Homero Castanier.

El 5 de agosto de 2020 el juez de lo penal de Azogues, Ariel León Mendieta, admitió a trámite la denuncia en contra de Fernando Villavicencio.

Pero el juez Ariel León también fue mencionado por el portal PeriodismodeInvestigacion.com en la lista de jueces del Consejo de la Judicatura con discapacidad; él registra un grado de discapacidad visual del 65%. Así lo confirmó el reportaje LOS JUECES CON CARNÉ DE DISCAPACIDAD del 13 de julio de 2020.

Además, la esposa del juez, Bertha María Augusta Rodríguez Romero, quien hasta 2018, fue jueza de lo penal de Azogues, también tiene discapacidad del 75%.

Buscamos un pronunciamiento del médico Juan Fernando Quevedo para entender la razón de iniciar un proceso penal por temas de opinión, su abogado Diego Salamea respondió:  “Lo que hemos hecho es una invitación jurídica para que él pruebe sus aseveraciones, que no son ciertas. (…) procesalmente hemos iniciado la acción para que, si el señor Villavicencio tiene pruebas las presente en el proceso y lógicamente se resuelva a través de la justicia”.

El abogado indicó que “no se trata de crear problemas, puede ser que el señor Villavicencio recibió una información que no estuvo contrastada con la realidad…”, dice refiriéndose a las denuncias.

Pero el trino emitido en esa red social por Villavicencio no refiere una denuncia y tampoco lo es: simplemente cuenta un hecho específico que se respaldó en documentos.

Sin embargo, el abogado confirmó que los hermanos Quevedo Abad sí tienen carnés y aunque dijo desconocer qué tipo de discapacidad tienen, señaló que los carnés fueron obtenidos legalmente, que no fueron adquiridos de la noche a la mañana, sino “en base a las situaciones médicas que tenemos y cuya hoja de vida e historia clínica nosotros hemos aportado procesalmente».

Además de los nombres publicados por Villavicencio este medio encontró que otros familiares de Juan Quevedo también tienen carnés. Por ejemplo, sus tíos, Flavio (80 años), Olga (84 años) -que importó un vehículo en marzo de 2018- y Edison Abad (93 años) registran discapacidad, según el Senae. Edison Abad es padre de los políticos Raúl y Ruth Abad Vélez. Raúl, un político de mucho peso en Cañar, fue asambleísta de esa provincia por Alianza PAIS. Su hermana ocupó el cargo de gobernadora.

Javier, Vicente y Homero Abad Salinas, primos de Juan Quevedo, también tienen carné de discapacidad. Los dos primeros, según el Senae tienen el 37% y 33%.  Homero registra una importación de un vehículo el 10 de julio de 2018.

Lilia Molina, esposa de Vicente Abad Salinas, registra discapacidad del 40%. Este portal además encontró que Elva González Ochoa, hermana de René González Ochoa, también tiene discapacidad. En abril de 2019 importó un vehículo. César Zalamea Landázuri, hermano de Victoria, también registra un grado de discapacidad del 51%.

Respecto a que otros familiares de Juan Quevedo también poseen carnés de discapacidad, el abogado indicó que desconocía el tema, “realmente no sé, cada quién responde por sus actos, si hay familiares o no familiares… realmente cada uno justificará su condición médica”, indicó.

Apenas se enteró de la existencia del proceso penal, el 28 de agosto de 2020, Villavicencio a través de su abogado elevó una queja al Consejo de la Judicatura y solicitó observe el comportamiento ilegal del juez Ariel León Mendieta. El periodista sostiene que su domicilio es la ciudad de Quito, que no ha viajado a Azogues por más de 10 años, es decir cuestiona la jurisdicción donde se inició la causa, pese a que es de dominio público que, el demandado vive en Quito.

Además, revela que nunca fue notificado personalmente, se enteró por un medio de comunicación. En el texto, la defensa del periodista observa la violación  a lo establecido en el artículo 76.7 de la Constitución, el numeral 3 del artículo 404 del COIP y el artículo 129 del Código Orgánico de la Función Judicial. Villavicencio señala además que el juez León debía excusarse de conocer el caso, por cuanto aparece vinculado en la investigación periodística de su autoría.

La petición del periodista fue conocida por el Subdirector Nacional de Transparencia del CNJ, Feliciano Azuero (hermano del exdiputado prófugo Eliseo Azuero), quien también fue señalado en el reportaje El Gran Reparto, publicado por Fernando Villavicencio. Feliciano, ocultó deliberadamente el requerimiento durante más de un mes, vulnerando el debido proceso y los derechos humanos del comunicador.

El Ecuador aún no termina de adecuar las leyes a los estándares internacionales que protegen la libertad de expresión. “No se puede a nombre de la honra perseguir a un ciudadano crítico”, dijo la asambleísta Jeaninne Cruz, cuando se debatía la propuesta del Ejecutivo de cambiar la pena por delitos contra la honra por labor social.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos insta a “abstenerse de usar el derecho penal para silenciar las voces críticas”. El organismo llama a los Estados a “derogar las leyes que consagran el desacato y la difamación criminal en casos que involucran el interés público, modificar las leyes penales ambiguas o imprecisas que limitan la libertad de expresión, e incorporar los estándares interamericanos a la legislación civil de manera tal de que los procesos civiles adelantados contra personas que han hecho declaraciones sobre asuntos de interés público apliquen el estándar de la real malicia, de conformidad con lo dispuesto en el principio 10 de la Declaración de Principios de la Libertad de Expresión de la CIDH, y que resulten proporcionales y razonables”.

La CIDH impulsa la promulgación de leyes y acciones civiles “que garanticen el derecho de rectificación o respuesta. En este sentido, el Estado garantiza la protección de la vida privada de todos los individuos sin hacer un uso abusivo de sus poderes coactivos para reprimir la libertad individual de formarse opinión y expresarla”.

El develamiento del uso irregular de carnés de discapacidad del operador de la corrupción en el reparto de los hospitales, el atlético Daniel Salcedo, junto a su novia y varios amigos, abrió un debate acalorado en Ecuador porque es el hecho mas concreto y cercano que la sociedad ha digerido sobre la corrupción.

Luego apareció el caso del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Christian Cruz, tiene 81% de discapacidad visual y auditiva.

En ese contexto contar públicamente la historia de un médico y su familia, buena parte de ellos con carné de discapacidad, no es un error y mucho menos una denuncia o acusación.

EL PACTO DE LA PENDEJADA

Así denominó el presidente Lenín Moreno al acuerdo que buscaba concretar la minera chilena Codelco con la Empresa Nacional Minera en abril pasado para explotar el yacimiento Llurimagua; cinco meses después los abogados de Codelco vuelven al ruedo para intentar cerrar un acuerdo que aún busca esquilmar al país.

La Empresa Nacional Minera (Enami) y la estatal chilena del cobre (Codelco), insisten en concretar la constitución de la empresa Llurimagua Cooper Company Sociedad Anónima, que permitirá desarrollar el rico yacimiento de cobre denominado Llurimagua, en la zona de Intag, provincia de Imbabura, con reservas metálicas sobre los 30 mil millones de dólares.

Información levantada por este portal da cuenta que en agosto pasado se retomaron los análisis jurídicos basados en “un nuevo modelo de negocio” y así aprobar el pacto de accionistas de la empresa.

El Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables  ha buscado caminos para concretar la sociedad anónima, alejada de las cláusulas abusivas que Codelco intentó imponerle al país. El pasado abril este portal publicó un informe llamado Llurimagua, La Fiebre del Cobre en el que se evidenció que en el pacto de accionistas se incluía una cláusula llamada “Deadlock”, que buscaba la venta forzosa de las acciones de Enami si no contaba con el capital para invertir en la mina.

El presidente Lenín Moreno aseguró no estar de acuerdo con la constitución de la sociedad anónima bajo las normas que pretendían imponer, dijo además contar con un informe desfavorable de la Secretaría Jurídica de la Presidencia y calificó a ese acuerdo como “pendejada”.

La publicación congeló las conversaciones y las intenciones de Codelco, expresadas por sus abogados del estudio Pérez Bustamante Ponce. Pero luego del susto intentan constituir la empresa.

En un oficio del pasado 9 de julio el ministro de energía y recursos naturales no renovables, René Ortiz, le dijo a la minera chilena que la falta de recursos estatales obligan a que sea la iniciativa privada la que asuma esa tarea:

La Empresa Minera Estatal, debe dar un paso al costado en los proyectos en que ha pretendido emprender. Por ello, le hago saber que la intención del Gobierno Ecuatoriano es la de disponer de las acciones en la compañía a formarse para el desarrollo de la mina Llurimagua. Esta intención tendrá necesariamente efectos sobre el esquema planteado entre las dos partes, especialmente en el papel del operador del proyecto”.

El ministro Ortiz aseguró que la empresa cumplirá los acuerdos binacionales entre Ecuador y Chile y que la empresa será constituida bajo la figura de Sociedad Anónima en la que: “el 51% de las acciones pertenecerá a la estatal minera Enami y el 49% a Codelco, al amparo de dos dictámenes de la Procuraduría General del Estado”.

Luego de la constitución de la compañía se subastará, dice el ministro, en un proceso abierto, transparente, ese 51% que le corresponde a Enami.

El ministro aseguró que existen “siete compañías mineras de gran calibre mundial que ya han expresado interés por participar de dicho proceso, incluyendo Codelco”.

Pero ese plan propuesto por el Ministerio de Energía tiene muchos obstáculos que enfrentar, sobre todo porque el proyecto original para Llurimagua consistió en crear  una Empresa de Economía Mixta, entre Enami y Codelco, donde las acciones no podían venderse y Ecuador nunca iba perder el control o gobierno de la empresa.

El migrar a una sociedad anónima, privada, requiere sobre todo valorar los aportes de las partes y para nadie es desconocido que Codelco entró a esta sociedad sin invertir un dólar por la concesión.

Antes de cualquier subasta de acciones debe existir una valoración integral del proyecto, que implica saber la inversión realizada en estudios del yacimiento y las proyecciones futuras de lo que será la mina.

De la información que el Estado ha compartido con el sector minero, el yacimiento de Llurimagua puede ofertarse en 400 millones de dólares.  Pero en esa valoración no se contabiliza la información que Codelco ha levantado sobre ese campo y que además mantiene en secreto.

Otra interrogante de doble vía es la posición de las diversas empresas interesadas en ofertar por el 51% del paquete accionario de Enami; se preguntan si Codelco también capitalizará su porcentaje de acciones y si cuenta con los recursos para ello.

La respuesta es un misterio, el Ecuador ha sido franco con su socio al decirle que no tiene dinero. Codelco en cambio, esconde información de los hallazgos geológicos que ha hecho y el Estado desconoce si tiene los recursos para invertir.

RAÚL TELLO NO GESTIONA PUESTOS, SOLO RECOMIENDA

El Asambleísta Raúl Tello sostuvo en Radio Rumba el 25 de enero de 2019: “Desde cuándo recomendar es gestionar un cargo” y entonces pasó a recomendar en la provincia de Pastaza algunos puestos para sus amigos y amigas, parientes.

A su cuñada, María Cecibel Ponce, casada con Franklin Tello Benalcázar, su hermano, la recomendó para dirigir el Ministerio del Ambiente en Pastaza.

No estuvo mucho tiempo en gestión, pero de inmediato fue reemplazada por Edgardo Mena, quien tampoco negó ser muy “amigo desde la juventud con Raúl Tello”.

El asambleísta Tello reconoce que amigos suyos ocupan cargos públicos en Pastaza, porque, según él, es amigo de casi todos, o al menos del 80% de la población de esa localidad.

“Es normal que aquello ocurra porque yo vivo en una provincia pequeña y todos o casi todos los funcionarios son mis amigos”. “Si lo relacionan con el tema de la amistad es difícil…porque yo soy amigo de medio mundo aquí y además soy político”, dice. “El hecho de que mis amigos ocupen determinados cargos no significa que ellos hayan ingresado por alguna gestión de mi parte, bajo ningún punto de vista”, agrega.

Y añade: “de los que usted me nombra (…) ahí faltan en el listado algunos que son mis amigos. La propia gobernadora es mi amiga, el director del IESS es mi amigo, la directora del hospital del IESS es mi amiga”, dice Tello.

El legislador amazónico, otrora radical de izquierda, obtuvo más espacio de gestión al integrar el bloque parlamentario BADI, liderado por el también amazónico Eliseo Azuero, a quien se lo responsabiliza del acuerdo para la designación de René Tamayo, exdirector del SECOB, ahora detenido por el escándalo de corrupción del hospital de Pedernales.

Frente al escándalo del gran reparto de hospitales e instituciones públicas a asambleístas y otras autoridades, Tello destaca que como legislador siempre se mostró crítico del Gobierno y asegura que “jamás” ha tenido vínculos o compromisos con el Gobierno ni ha gestionado ningún tipo de beneficio para él o sus cercanos.

Dice que en el caso de su cuñada María Cecibel Ponce tampoco tuvo nada que ver, pues según Tello, ella obtuvo ese cargo por una “relación de amistad con un subsecretario”.

LOS JUICIOS POLÍTICOS DE TELLO 

Raúl Tello es el legislador que más juicios políticos ha planteado. Al inicio de su gestión ya lo llamó al ex Superintendente de Bancos Christian Cruz, después lo hizo con Gustavo Jalkh, expresidente de la judicatura, también al ex Procurador Diego García, al Defensor Público Ernesto Pazmiño.

Ahora mismo está pidiendo juicio político al Ministro Richard Martínez. También y por dos veces consecutivas el Asambleísta Raúl Tello, pidió juicio político en contra de Diana Atamaint y las autoridades del CNE.

La primera dijo por irregularidades en las elecciones seccionales de 2019, el 12 de abril de 2019; y la segunda, el 25 de junio del mismo año, en el caso del CPCCS.

En lugar de continuar con el juicio político a Diana Atamaint y CNE, Raúl Tello prefirió continuar con su estilo de no gestionar cargos públicos sino recomendar personas.

Recomendó entonces a Martha Cox para que cumpla con la dirección del CNE en Pastaza; ella fue posesionada el 14 de agosto de 2019 .

“Me parece algo totalmente fuera de lugar, yo no he tenido ninguna decisión en el tema de alguien del Consejo Electoral que me pueda vincular con ningún compromiso, ninguna decisión, ninguna gestión trascendente como legislador que me permita tramitar una cuestión de esas”, dijo Tello cuando este medio le preguntó sobre la funcionaria Cox.

LOS RECOMENDADOS AMIGOS DE TELLO 

Martha Cox fue por muchos años su co-idearia; es madre de Brenda Guillén Cox, alterna de Richard Falconí, concejal del Cantón Pastaza por la lista 61-6, (de Tello) y ex asesor del asambleísta.

Desde aquel entonces, Raúl Tello no es más crítico de la gestión del CNE y Diana Atamaint sino su defensor como lo manifestó en el curso del juicio político planteado por Jeannine Cruz y legisladores de CREO a inicios de este año, cuando pasó de crítico a defensor de la gestión del órgano electoral.

En su propósito de “seguir recomendando” personas que ocupen cargos públicos, en Pastaza ubicó también a otro “amigo de toda la vida”, Juan Carlos López en la Dirección Provincial de Educación de Pastaza.

Él debía firmar “la comisión de servicios” para que Narcisa Arboleda, esposa de Jaime Guevara, Prefecto y aliado de Tello, no renuncie a su cargo de maestra pese a que la Ley no le permitía otra comisión de servicios sin sueldo, al haber agotado plazos al paso de su esposo Jaime Guevara, en su primera y segunda administración como Prefecto.

Ese tema lo resolvería el amigo de Raúl Tello, como estipendio al Prefecto por haberlo patrocinado electoralmente. Raúl Tello, desde su militancia en el MPD, ha estado cerca del sector educativo y ahora está más cerca aún con su “recomendado”.

Raúl Tello también ha recomendado a cinco amigos suyos, para colocarlos en la legislatura, más allá de la cuota normal de los legisladores. Ellos son: Constante Altamirano Jaime Eduardo, Colala Peñarreta Eduardo Efraín, Montero Mariño Segundo Manuel, Arboleda Sanabria Patricio Jovanni y Pozo Carabajo Angel Vladimir.

Todos fueron recomendados por el Asambleísta Raúl Tello, inmediatamente después de su desempeño en el juicio a José Carlos Tuarez, ex del Consejo de Participación Ciudadana.

Y, aunque el asambleísta reconoce que “hay unos nombres que pertenecen a la comisión mía”, asegura que en ningún momento propuso esos nombres.

El Contralor General del Estado, fue convocado en varias oportunidades por Raúl Tello, al seno de la Asamblea Nacional. Seguramente en cualquiera de esos momentos supo recomendar a su esposa Vilma del Rocío Espinosa Cabrera, para que le eleven su cargo a “Experta Supervisora de la Contraloría General del Estado”, delegación Pastaza.

Antes, Vilma del Rocío había trabajado con Andrés Erazo, esposo de la ex-asambleísta de Manabí por AP Anny Marllely Vásconez Arteaga. Andrés Erazo, un policía en grado de Capitán en aquel entonces, pidió licencia para trabajar en la SENAIN y es ahí donde fue jefe temporal de la esposa de Tello, hasta que ella ascendió a Directora Administrativa.

En tiempos de Pablo Romero, Vilma del Roció llevaba las cuentas de la SENAIN. Se desvinculó en 2013 y pasó a trabajar en la Contraloría en condición de Auditora General Interna de los gobiernos autónomos descentralizados, hasta hace algunos meses que por recomendación de Raúl Tello y la anuencia de Pablo Celi, pasó a ser “Experta Supervisora de la Contraloría”.

Pablo Celi solicitó en junio de 2019 que en el plazo de 6 meses, la Contraloría delegación Pastaza, entregue un informe sobre la actuación de los consejeros provinciales en relación a la legalidad de actuación de Jaime Guevara, Prefecto, cuestionado por tener una sentencia de última instancia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

TELLO GRITA, AMENAZA, PRESIONA Y CONSIGUE

Estamos justo a un año y esa resolución no llega; no sale porque “el asambleísta Tello grita, amenaza, presiona y consigue”, ha dicho en una emisora local el Asambleísta Henry Moreno.

Tello, por su parte, insiste que su relación con el prefecto es exclusivamente política.

Jaime Guevara sigue ejerciendo de Prefecto Provincial de Pastaza, gracias a las omisiones de la Contraloría, también el silencio de Pablo Celi, quien delegó a funcionarios de la zonal de Ambato el tratamiento del tema cuando despedía de su despacho a Cumandá Guevara, Viceprefecta de la provincia.

“No se preocupe” le dijo “Jaime Guevara ejerce ilegalmente la Prefectura de Pastaza”. De eso ya también es un año.

Un año ya que la Contraloría camina con pies de plomo y nada dice que obrará para hacer valer las dos destituciones que perpetró contra Jaime Guevara a fines de 2013.

La Contraloría también “se ha olvidado” de darle seguimiento a la glosa por $ 130.023, 37 que en el año 2014 fue ratificada por el Ing. Paúl Noboa León, a nombre del Contralor General del Estado.

Ahora, de vuelta al Tribunal Contencioso Administrativo, a fines de 2019, dicha glosa prácticamente está desvanecida, (El Tribunal ha declarado la nulidad de la glosa), pero no porque se ha resuelto el motivo, sino porque la Contraloría no supo darle el correspondiente seguimiento.

Pese a que existe otra instancia jurídica, la casación, Tello dará por descontado que el órgano contralor mirará para otro lado…

EL GRAN REPARTO

Este especial llamado El gran reparto cuenta dos versiones complementarias de una misma historia.

Es tal el fracaso moral del gobierno de todos y de su matriz política Alianza PAIS, que prefirió entregar a grupos sin escrúpulos los sectores más sensibles del país. Estas no son historias de aquellos que velan por el bienestar general, no hay principio de moderación, ni entendimiento del porvenir. El soborno, llámese arroz verde, contaminó la sangre del sistema político.

Lee aquí la estructura de este gran reparto:

Lee aquí la crónica de este gran reparto:

El 2019 debió ser el año de reivindicación de Lenín Moreno y sus acompañantes, hoy la realidad golpea con tal soledad que sabemos que hemos perdido y que es hora de levantarnos.