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Autor: mh

EL GRAN REPARTO

Escrito por mh en . Publicado en Arroz Verde.

Es tal el fracaso moral del gobierno de todos y de su matriz política Alianza PAIS, que prefirió entregar a grupos sin escrúpulos los sectores más sensibles del país. Estas no son historias de aquellos que velan por el bienestar general, no hay principio de moderación, ni entendimiento del porvenir. El soborno, llámese arroz verde, contaminó la sangre del sistema político.

Lee aquí la estructura de este gran reparto:

Lee aquí la crónica de este gran reparto:

El 2019 debió ser el año de reivindicación de Lenín Moreno y sus acompañantes, hoy la realidad golpea con tal soledad que sabemos que hemos perdido y que es hora de levantarnos.

PARTE I: LA ESTRUCTURA DEL GRAN REPARTO

Escrito por mh en . Publicado en El Gran Reparto.

Daniel Mendoza y César Litardo, ambos militantes correístas y líderes en sus provincias con seguridad no se imaginaron que su disputa por la presidencia de la Asamblea Nacional, tenía como telón de fondo el forcejeo de grupos que buscaban el control del poder político en la mesa chica. Para conseguir tal objetivo no importaba si tenían que regresar a las viejas prácticas del gran reparto. Correa tenía todo el pastel, Moreno estaba obligado a repartirlo.

Sí, fue en abril de 2019, semanas antes de la elección de César Litardo como presidente de la Asamblea Nacional, en el despacho de la Ministra del Interior, María Paula Romo, donde se alcanzó el acuerdo con el bloque parlamentario BADI, liderado por el legislador amazónico Eliseo Azuero.

Ese día, en presencia de varios asambleístas, como Freddy Alarcón de Sociedad Patriótica y el viceministro de Gobernabilidad Fausto Holguín, el asambleísta Azuero entregó la carpeta de su amigo personal y ex colaborador de la prefectura de Sucumbíos, René Tamayo, para que dirija el Servicio de Contratación de Obras – Secob. Junto al nombre de Tamayo, estaba también recomendado por Azuero y los legisladores del pacto, el manabita Jorge Jalil, como subdirector del Secob.

En la sesión del Directorio del Secob, realizada de forma virtual, el 21 de agosto de 2019, por convocatoria de su presidente José Agusto Briones, secretario general de la Presidencia, la ministra del Interior María Paula Romo, cumpliría uno de los acuerdos alcanzados en abril de ese año con el líder del bloque de asambleístas de la Bancada de Acción Democrática Independiente, BADI, Eliseo Azuero.

Ese día llegó a manos de Agusto Briones, las carpetas de la terna que aspiraba manejar el Secob, la institución a cargo de la construcción de hospitales y obras civiles, que desde su creación en el gobierno de Rafael Correa, había facturado cerca de $3 mil millones. Las dos hojas de vida provenían del Ministerio de Finanzas y Senplades, mientras la tercera llegó desde el Ministerio de la Política, confirmó a este medio un miembro del referido directorio.

Era la de Edmundo René Tamayo Silva, quien fue designado ese día como Director General del Secob. El gobierno se había demorado más de dos meses en cumplir lo acordado en abril de 2019.

La demora en la designación de los recomendados por Azuero, se explicaba debido a la disputa por sostener algunos contratos adjudicados. Finalmente, el 20 de agosto de 2019, Johe Jaramillo, debió abandonar el cargo en medio de escándalos de corrupción en los tres hospitales de Manabí: Pedernales, Bahía de Caráquez y Manta, entregados durante su gestión.

Pocos días después de asumida la dirección del Secob, René Tamayo, empezó a desmontar los contratos adjudicados por Jaramillo. Terminó de forma anticipada el contrato del hospital de Pedernales con la compañía Tippmann, por haber entregado garantías falsas por un valor de $8 millones. Se desconoce del inicio de acciones legales en contra de la compañía. Lo propio ocurrió con el contrato del hospital de Bahía.

Con la misma rapidez que desmontó los contratos de Bahía y Pedernales, Tamayo adjudicó esas obras a otros consorcios recomendados, acciones que ahora lo tienen en prisión bajo acusación de delincuencia organizada.

EL ACUERDO DE ABRIL Y EL JUICIO A ROMO 

El 8 de agosto de 2019, los legisladores María de Lourdes Cuesta y Roberto Gómez, formalizaron un pedido de juicio político en contra de la ministra María Paula Romo. La Comisión de Fiscalización debía emitir un informe que recomiende el archivo del juicio o su paso al pleno donde los asambleístas podrían votar por la censura.

A partir de entonces se generó un sucesivo cabildeo para alinear los votos de los miembros de la Comisión de Fiscalización. Para el 21 de agosto, el recomendado de Eliseo Azuero, René Tamayo ya había ocupado la dirección del Secob y eso tranquilizaba al legislador amazónico.

Tanto así que en varias entrevistas en medios de comunicación, Azuero señalaba que no habían pruebas suficientes para censurar a la ministra Romo.

El 12 de diciembre de 2019, los votos de los oficialistas: Johana Cedeño, Karina Arteaga, Daniel Mendoza, Fausto Terán, Alberto Arias, Michel Doumet, el independiente Jimmy Candell, Luis Pachala, Silvia Vera de CREO y la abstención de Eliseo Azuero, salvaron a la ministra María Paula Romo de ser censurada y destituida. 

PAGO DE FAVORES

El 28 de noviembre de 2019, los asambleístas Jeannine Cruz y Fernando Flores, formalizaron la petición de juicio político en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint.

Un día antes a la votación en la Comisión de Fiscalización, el CNE calificó un informe orientado a la legalización del movimiento Amigos, de Daniel Mendoza. El viernes 31 de enero de 2020, Pinuccia Colamarco, alterna del legislador Daniel Mendoza, votó en contra de que pase al pleno el pedido de juicio político a Atamaint.

Semanas antes, la gerencia del hospital de Chone fue entregada Ítalo Colamarco, hermano de la legisladora alterna. La esposa de Colamarco es concejal de Chone por el movimiento Mejor, liderado por Mendoza.

En este proceso de fiscalización, el legislador Eliseo Azuero, recurrió al mismo mecanismo de abstención, aplicado en el caso de Romo. Tras dejar en claro que él “no recibe presión de nadie, lo hace de su pueblo y de Dios y de su conciencia”.

Si bien las reuniones a nivel de la mesa chica se hacían en la sombra, los legisladores provinciales no tenían inconveniente de incluso firmar documentos en los que solicitan cuotas de poder y cargos. Un caso que ejemplifica este mecanismo es el del legislador de Orellana por Alianza País, Alberto Zambrano, que con el respaldo del gobernador y la dirigente provincial del partido, solicitó la dirección provincial del IESS para su recomendado.

SECOB: EL HISTORIAL DE ARÉVALO, WATED, JARAMILLO Y TAMAYO 

El Servicio de Contratación de Obras, Secob, desde su creación el año 2011, en el gobierno de Rafael Correa, ha manejado una cifra cercana a los $3000 millones, en casi 1000 contratos a nivel nacional.

Apenas asumió la presidencia, Lenín Moreno, nombró a Fabiola Arévalo Ponce, como directora del Secob. Arevalo mantiene una larga relación de amistad con la primera dama Rocío González Navas, era la asesora de marketing en la revista Guía de Oro Ecuador, dirigida por la señora de Moreno, antes incluso de que apareciera Rafael Correa en sus vidas.

Pocos meses después, octubre de 2017, llegaría el reemplazo. Se trataba del baterista Jorge Wated, que permaneció al frente del Secob hasta noviembre de 2018. Wated contrató como su asesora a Dennise Chávez Arévalo, hija de su antesesora. La señorita Chávez, tenía militancia correísta, venía de asesorar a Walter Solis, sentenciado en el caso Arroz Verde.

En junio de 2018, Jorge Wated, adjudicó la construcción del Hospital Napoleón Dávila de Chone, por $ 50.3 millones a la empresa china CAMC, inmersa en varios escándalos de sobornos y sobreprecios en obras como la plataforma financiera de Quito, el hospital de Monte Sinai, en Guayaquil, entre otras.

Durante más de dos años la obra de Chone apenas ha avanzado un 54%, en medio de acusaciones de corrupción. Quien fiscaliza la construcción del hospital de Chone es el consorcio Meditec, formado por la EP de Bienes UCE y Beerseba. Este consorcio fiscalizador está ligado al empresario Francisco Suárez Salas, identificado en el caso Arroz verde como V18.

Francisco Suárez Salas, encontró la fórmula de constituir consorcios con empresas públicas de universidades estatales para adjudicarse sendos contratos. Lo hizo en Santo Domingo de los Tsachilas y La Concordia.

El Universo aseguró en agosto de 2019 que tres empresas relacionadas a Suárez Salas (Jacmart S.A., Clikgac S.A., Suiker) recibieron $173 millones en contratos del Secob.

Diario El Universo también afirmó que la china CAMC, subcontrató por $ 1,5 millones a Marco Cevallos Wated, su primo, en la obra de la Plataforma Financiera, en el 2016. “Recién me entero que tengo un primo Cevallos Wated…”, respondió entonces, el actual presidente del Directorio del IESS. La referida investigación agrega que, los primos de Jorge Wated y empresas relacionadas recibieron del Secob $ 4,1 millones.

Wated nombró como subdirector del Secob al socialista Johe Jaramillo. Tras la salida de su exjefe, Jaramillo asumió la dirección general en diciembre de 2018, auspiciado por Santiago Cuesta y José Agusto Briones, quien firmó su designación.

Al frente del Secob, Jaramillo adjudicó los polémicos contratos de los hospitales de Pedernales, Bahía de Caráquez y Manta, dos de los cuales fueron suspendidos. Para demostrar que la amistad es recíproca y los favores se pagan, Jorge Wated, nombró a un hermano de Jaramillo como subdirector de BanEcuador.

La empresa a la que Jaramillo le adjudicó la fiscalización del hospital de Bahía, es Joalnapi, que ahora tiene como accionistas a Vinicio Calderón Rendón y Yimy Calderón Velásquez, familiares de Franklin Calderón Cedeño, también fiscalizador del hospital de Pedernales, ahora detenido junto a su “jefe” Daniel Mendoza.

Calderón fue accionista de Joalnapi hasta el 2017. En una de las conversaciones recuperadas en los dispositivos en poder de la fiscalía, existe al menos una con Juan Sebastián Miño, accionista de la empresa Castro& Castro que integra el consorcio Bahía, el segundo adjudicatario.

ASCENSO Y CAÍDA DE UNA ESTRUCTURA DELICTIVA 

La madrugada del 5 de junio de 2020, fue detenido en Quito, René Tamayo Silva, ese sería su último día en el sillón del Secob alcanzado en el pacto de abril por su amigo Eliseo Azuero.

En el mismo operativo dispuesto por la fiscal Diana Salazar, bajo acusación de delincuencia organizada, fue apresado el legislador Daniel Mendoza. Esta operación es considerada de gran importancia pues reproduce el mecanismo criminal de sobornos del caso Arroz Verde, por el que acaba de ser sentenciado el expresidente Rafael Correa y otros 17 procesados.

René Tamayo Silva, un funcionario de larga data en el correísmo, es ahora una pieza clave en el mecanismo de corrupción de obras hospitalarias adjudicadas en la provincia de Manabí.

El caso que originó su prisión es justamente el contrato del hospital de Pedernales, cuyos contratistas en un abrir y cerrar de ojos, se dispusieron $ 7.3 millones, casi el cien por ciento del adelanto de obra.

Días antes de la captura de Mendoza y Tamayo, en el operativo denominado Fortuner, se detuvo a nueve personas, entre ellas a Jean Carlos Benavides, asesor del legislador, quien tenía en su poder $1.7 millones, entre efectivo y cheques retirados de la cuenta del consorcio constructor.

En los teléfonos incautados, que corresponden a Franklin Calderón, ubicado con el alias de “Banquero”, Daniel Mendoza, Liliana Zambrano, esposa de Calderón y José Véliz, del consorcio constructor, se encontró información que permitió confirmar que Franklin Calderón, actuaba como enlace entre los empresarios constructores y el legislador Mendoza. Según los chats, Calderón se refiere al asambleísta manabita como “jefe”.

Horas después de que el Ministerio de Finanzas transfirió a la cuenta de la contratista en el BanEcuador, el antiticipo de $8,2 millones (3 de marzo de 2020), Mendoza notificó el hecho a Calderón, quien inmediatamente pasó la información al contratista José Véliz, asegurando que Jorge Jalil (Subdirector del Secob) no falla.

Calderón reveló que el dinero encontrado en su oficina le pertenece a la organización delincuencial. También, en los registros de las computadoras incautadas al Consorcio Pedernales, se encontraron pagos realizados a René Tamayo y al asambleísta Daniel Mendoza.

Los negocios de Mendoza no se limitaban a la construcción de hospitales. En un chat remitido por Véliz a Calderón, se habla de la “repartición de las empresas del Estado”, que no se trata solo de la adjudicación del contrato del Hospital de Pedernales, sino también para otras obras relacionadas con el sector eléctrico y Ecuador Estratégico.

EL ESPALDARAZO DE PABLO CELÍ

El Examen Especial a los ingresos de gestión y gastos entre 2010 y 2015 de la Gobernación del Guayas derivó en varios informes con indicios de responsabilidades contra el gobernador Rolando Panchana y el contratista  Daniel Josue Salcedo Bonilla.

Los informes con indicios de responsabilidad penal tienen el carácter de reservados y por esta razón no constan publicados en la página web de la Contraloría.

La CGE concluyó en el informe general DR1-DPGY-AE-0219-2015 que la Gobernación del Guayas autorizó el 7 de noviembre de 2014 “el proceso de contratación RE-GG-023-2014, como régimen especial (productos comunicacional) y dispuso que se curse invitación al proveedor HDC Producciones, que anteriormente el 21 de octubre de 2014 ya había suscrito un contrato de representación con Raúl di Blasio”.

Los pliegos del proceso de contratación se publicaron el mismo 7 de noviembre de 2014. Rolando Panchana, Gobernador del Guayas resolvió adjudicar a la empresa HDC producciones bajo régimen especial y no contó con estudios previos que justifique la necesidad de la contratación.

El equipo auditor de la CGE concluyó que “La Gobernación de la Provincia del Guayas pagó a la empresa HDC Producciones C.A., por concepto de charlas de motivación $1 200 875,00., presentando facturas por $1 192 912,70.,con un saldo no justificado de $327 645,89 USD.

Un día antes de la contratación de H.DC producciones aumentó su capital social de 800 dólares a 100.000 y la comisión técnica nunca remitió a rolando Panchana el análisis de referencia y requisitos mínimos.

Se determinó indicios de responsabilidad penal y como este informe se emitieron otros mas que se enviaron a la Fiscalía General del Estado pero fueron archivados, como siempre, por Galo Chiriboga.

Cuando Pablo Celi de la Torre asumió como contralor olvidó los informes enviados por Pólit a la fiscalía y con el archivo de las irregularidades contrató a la empresa de Salcedo para fines de propaganda. El rubro se denominó servicios y productos comunicacionales para difusión y análisis de la gestión de la CGE.

El 21 de diciembre de 2017 adjudicó a HDC $1,150.000 mas IVA por un año calendario, del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de ese año.

Lee la segunda parte de este gran especial: 

PARTE II: CRÓNICA DEL GRAN REPARTO

Escrito por mh en . Publicado en El Gran Reparto.

La cúpula del poder político estuvo en esa fiesta. Comenzando por el presidente de la República Lenín Moreno y su esposa, Rocío González, quienes suelen recibir numerosas invitaciones a eventos sociales, pero solo aceptan asistir a contadas de ellas.

Y que acudan significa una deferencia especial que solo les conceden a sus verdaderos amigos, en este caso el joven Mendoza, cuyo nombre para esa fecha sonaba como el más firme candidato para ocupar la presidencia de la Asamblea Nacional. Uno de los invitados que se sentó en la mesa de al lado de la del Presidente, recuerda que lo vio toda la noche cómodo, en confianza, como quien se siente rodeado solo de amigos. Disfrutó la fiesta, comió con buen apetito y bromeó con el novio con un par de esos chistes clásicos para recién casados.

En la misma mesa del presidente estaba sentado su consejero y amigo personal Santiago Cuesta Caputi, quien acudió a la fiesta con su esposa y se divirtió a más no poder con la música de las

dos bandas que amenizaron el baile esa noche. Cuesta tenía contactos dentro de la Asamblea Nacional y con algunos de ellos compartió pista ese día especial de febrero: allí estaban los legisladores Fafo Gavilánez, Marcia Arregui, los representantes de Santa Elena Jimmy Candell y Carlos Cambala, entre otros.

Ninguno tenía cara de preocupación. Ellos habían llegado hasta Manta solo para disfrutar “y como no hacerlo” con una celebración por todo lo alto que “fácil debió haber costado más de USD 50.000, lo que sí me llamó la atención”, relata el invitado infidente que llegó allí invitado por el propio Mendoza, devenido en amigo por las circunstancias políticas del momento.

Dos semanas después, el 19 de febrero de 2019, Christian Zurita y Fernando Villavicencio publicaron el reportaje “El laberinto off shore del círculo presidencial”, dejando al descubierto la empresa INA creada en un paraíso fiscal por Edwin Moreno Garcés, el hermano del presidente de la República.

Según el reportaje, INA Investment Corporation fue una empresa offshore vinculada a Xavier Macías, su esposa María Auxiliadora Patiño y la familia del presidente Lenín Moreno.

Esa compañía manejó cuentas, entre el 2012 al 2016, en el Balboa Bank de Panamá, con las que adquirieron muebles y alfombras que fueron enviadas a Lenín Moreno, en Suiza. Así mismo se habría comprado un departamento en la costa Mediterránea, en Alicante, España, en 2016, por un valor de 133.400 euros.

Entonces Daniel Mendoza tuvo que moverse dentro de la Asamblea para intentar blindar a su amigo e invitado a su boda, el presidente Lenín. Hizo todo lo que tenía que hacer, hasta presentarse a declarar personalmente en la Fiscalía para defender a Moreno, pero no resultó del todo suficiente.

La Fiscal General de ese momento, Ruth Palacios, abrió en marzo de 2019 una indagación penal previa para investigar el hecho y la Comisión de Fiscalización del parlamento aprobó un informe que luego fue al pleno, en donde por votación mayoritaria se decidió en junio de 2019 pedir a la Fiscalía que continúe la investigación al círculo presidencial.

Los meses posteriores a su boda de febrero, fueron bastante agitados e intensos para Mendoza, por lo que no aparecen registros del lugar en donde disfrutó su luna de miel.

LA SALUD: EL BOTÍN POLÍTICO DEL MOMENTO O COMPARAR PERAS CON PAPAS

¿Desde cuándo la Salud se convirtió en un botín político? Esa es la pregunta del millón. Y la contestó hace tres meses la presidenta de la Cámara de Comercio de Manta y del Frente Cívico constituido en esa ciudad, Lucía Fernández:

“Vea, yo he visto pasar los gobiernos de Febres Cordero, Borja, Sixto, Bucaram, Alarcón, Mahuad, Noboa, Gutiérrez…y en esos gobiernos cuando tú querías robar sabías a donde ir: a la Aduana. Tú tenías un hijo tonto o un yerno limitado, mándalo a robar a la Aduana.  Esa es tu cuota política. Pero que ahora se reparta la Salud, eso es un crimen, que se repartan los hospitales y todo lo que conlleva, eso no tiene perdón”.

¿Cuándo comenzó entonces? La pregunta también le fue planteada a la asambleísta Marcela Aguiñaga, pieza importante del correísmo durante ese gobierno y también en la actualidad. Esto a propósito de que ahora las huestes de la Revolución Ciudadana quieren abanderar el tema.

¿Este reparto de la Salud como botín político no fue una continuación de algo que comenzó antes, hablando de lo que ocurrió con Ramiro González que incubó en el IESS su propio partido político, o de Iván Espinel que también estuvo en el IESS y también salió con partido propio, eso no fue reparto?, fue la pregunta para Aguiñaga:

“Usted trata de comparar peras con papas, que no es lo mismo. El reparto aquí es a cambio de la voluntad política de los legisladores. El señor González no era legislador, era funcionario del gobierno, así que no es lo mismo y no se puede comparar. Entiendo que el señor Espinel fue igual”, indicó.

Y aunque para Aguiñaga comparar los repartos de antes con los de ahora es mezclar peras con papas, el tema de fondo es que en el correísmo había mucha similitud en el direccionamiento de contratos para determinados contratistas, de los que unos pocos resultaron beneficiados con abultadas y millonarias adjudicaciones, como es el caso de la empresa de un ex asesor del asambleísta Julio César Quiñónez, que entre 2013 y 2015 tuvo USD 15 millones en contratos en el hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, tal como lo reveló hace pocas semanas una investigación de diario El Universo

Y aún así, los correístas hoy en coro preguntan: ¿Quién repartió los hospitales?

En el gobierno de Lenin Moreno esa pregunta puede tener diferentes respuestas, considerando los momentos con distintas circunstancias políticas. Y de esos momentos, hubo varios. El primero, que tuvo de protagonistas al ex presidente de la Asamblea y actual legislador José Serrano y al ex asesor presidencial Eduardo Mangas, que viajaron en un avión prestado por la familia Eljuri, antes de la posesión de Moreno, en mayo de 2017, a Panamá, para reunirse con Abdalá Bucaram.

En ese momento, los correístas que seguían unidos con los morenistas, no dijeron nada. Quien dijo algo, pero no mucho fue el propio Serrano, interrogado por el periodista Milton Pérez sobre la cita con Bucaram:

“Esos son los costos de proteger y defender a este proceso político. Y en ese proceso político, defender a nuestro vicepresidente Jorge Glas. Yo personalmente he hecho absolutamente todo lo que tenía que hacer para que este proceso triunfe y pueda generar su gobernabilidad en beneficio de los ecuatorianos”.

El periodista insistió: ¿Fueron a Panamá para defender a Jorge Glas?

“No daré pormenores de ese viaje pero sí le voy a decir que definitivamente esos son los costos”.

Cuando Serrano dijo esto era agosto de 2017 y nunca dejó en claro los detalles de su conversación ni los acuerdos a los que llegó, junto con Eduardo Mangas, con Abdalá Bucaram.

Los tres protagonistas del gobierno de este capítulo -Mangas, Serrano y el propio Glas- tuvieron sendas y abruptas salidas del poder, cada uno con distintas circunstancias. Pero el presidente Lenín Moreno ya tenía marcada en su agenda la consulta popular que permitiría desbrozar el poder correísta que seguía imperando.

Cuando el presidente Lenín Moreno lanzó el 2 de octubre de 2017 la Consulta Popular con siete preguntas que incluían la eliminación de la reelección indefinida, entendió que, para ganar, debía captar el mayor respaldo posible de aliados.

Principalmente, de su propio movimiento, de aquellos que hasta entonces todavía se declaraban admiradores del ex presidente Rafael Correa. Y, marginalmente, de todos aquellos que tengan un membrete político, un partido con vida legal y unos cuantos militantes. Todos fueron invitados.

Noviembre de 2017 fue un mes clave. Algunos funcionarios de hospitales del país nos contaron que fue como por mediados de ese mes, cuando ocurrió una “barrida” general en las jefaturas de los hospitales, por órdenes superiores que venían de Quito. La disposición, dicen las fuentes que hablaron con nosotros, fue que, a partir de entonces, las cabezas serían nuevas.

Para el 23 de noviembre de 2017, todo estaba consumado. Ese día, el presidente Lenín Moreno recibió en el parque Samanes de Guayaquil el efusivo apoyo de sesenta organizaciones políticas que se comprometieron a apoyar la campaña por el Sí en la Consulta Popular.

El prefecto del Guayas Jimmy Jairala tomó la palabra y dijo que el apoyo que darían “no sería aguado”, sino todo lo contrario, muy fuerte. Y desinteresado. Para esa fecha, su primo Luis Jairala Zunino estaba recién posesionado al frente de la gerencia del hospital del IESS Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, aunque el ex prefecto ha reiterado que nada tuvo que ver con esa designación.

Ahora Jairala Zunino está prófugo de la justicia, procesado por peculado en la adjudicación de millonarios contratos de medicinas e insumos médicos y la Policía continúa su búsqueda.

EL SEGUNDO MOMENTO: EL PODER DE SANTIAGO CUESTA

Un día antes de cumplir su primer año como presidente de la República, el 23 de mayo de 2018, Lenin Moreno creó mediante decreto la Consejería de Gobierno para el mejoramiento de la eficiencia y optimización del Estado, con énfasis en la austeridad fiscal y la reducción de trámites. Y puso al frente, con rango de ministro, al conocido encuestador Santiago Cuesta Caputi, un viejo amigo del presidente, quien incluso lo visitó en Ginebra, junto al intermediario petrolero Enrique Cadena, mientras cumplía las funciones de la ONU para las discapacidades. El poder de Cuesta se fue para arriba.

¿Qué tanto poder acumuló Cuesta?

Él mismo se jactaba de su poderío, incluso después de haber abandonado, en septiembre de 2019, el cargo oficial que le dio su “amigo personal de hace 40 años”, el presidente Lenin Moreno. Ese poder le ha  permitido estar al frente de los sectores estratégicos, de la privatización de las empresas estatales e incluso de asegurar que sobre la Refinería Esmeraldas se construirá una nueva y proponer al empresario que lo hará.

Dice que no le gusta la corrupción, que la combate, y es por eso que cuando ve un acto de corrupción él no pregunta, “yo destituyo, después le cuento al presidente: presidente, me he comido a fulano, zutano… ya me he comido a varios…le digo señor presidente por esto, por esto”.

 “Yo tengo el poder del presidente Moreno de volarle la cabeza a cualquiera”, dice Cuesta, y con ese poder, según él, llevó a Otto Sonnenholzner a la vicepresidencia, con ese mismo poder protegió a la exministra de Salud, Catalina Andramuño, quien fue sugerida por Paúl Granda para ese cargo, según la confesión del ex consejero.

Aunque ahora Granda, quien salió por la puerta trasera del IESS tras escándalos de corrupción, sostiene exactamente lo contrario: fue Cuesta quien impuso a Andramuño, que no tenía mayores credenciales pero era una seguidora secundaria de la línea política de la ex ministra Verónica Espinosa, por sobre el nombre sugerido por Paúl Granda, el doctor Alfredo Borrero, un reconocido neurocirujano y académico, con la suficiente experiencia para comandar un ministerio, aunque con con pequeño inconveniente, no contaba con el apoyo de Johana Pesantez.

Cuesta también fanfarronea acerca de su cercana relación con “Jhonny”, a quien ve como un hijo. Johnny es el yerno del presidente, Juan Enrique Rodríguez Malo, quien habría nombrado al director de la Arcsa, Daniel Calle.

Lo que no reconoce públicamente Cuesta es haber entregado él, personalmente, ni un solo hospital a ningún asambleísta. Y eso que pedidos tuvo. Y varios.

Lo dijo Cuesta en diciembre pasado, curiosamente, al ex prefecto del Guayas Jimmy Jairala, quien ahora ha vuelto a su faceta de periodista y mantiene un programa radial: “A mí cuando los asambleístas empiezan a decir, a mí por el voto yo quiero un hospital, yo quiero una eléctrica o quiero una gerencia de CNT, ahí hay robo. Punto. En mi gestión yo no di nada. Pero peticiones hubieron (sic)”.

Una de las cuotas de poder bien administradas por Santiago Cuesta, es Agustín Albán Maldonado. El empresario de la educación prefirió dejar su universidad en México para aceptar dirigir la Senescyt. En 2019, la influencia de Cuesta le permitió ubicar a Albán en la terna vicepresidencial junto a Otto Sonenhozlner.

La estrecha relación de Santiago Cuesta con Agustín Albán, incluye también la amistad con el intermediario petrolero Enrique Cadena, para quien trabaja Teodoro Albán, hermano del actual secretario de educación superior.

La figura de Albán recobra importancia en momentos en que su nombre se escribe en la agenda para reemplazar al actual Vicepresidente, que dejaría su cargo para participar como candidato presidencial.

“Eso es mentira. El ejecutor de #ElRepartoDeHospitales a los asambleístas fue Santiago Cuesta”, dijo a La Historia un ex asambleísta de Alianza País del periodo 2017-2021, quien dijo estar dispuesto a salir al frente para sostener su versión, si es llamado por la Fiscalía.

EL TERCER MOMENTO: LA LLEGADA DE MARÍA PAULA ROMO

María Paula Romo Rodríguez acaba de cumplir 41 años y nunca antes había tenido tanto poder. De hecho, su fulgurante carrera política comenzó cuestionando precisamente al poder: ¿Quién jodió al país? Fue la irreverente pregunta que lanzaron como proclama de campaña un grupo de jovencitos, estudiantes de la elitista Universidad San Francisco de Quito, con la que se ganaron espacios en medios y la simpatía de sectores cansados de la vieja partidocracia.

Eso fue en 2004  y de aquello han pasado 16 años. En el camino han quedado su militancia correísta, su paso por la Asamblea Constituyente de Montecristi y su papel de legisladora, con la abierta ruptura con su viejo mentor, el ex presidente Rafael Correa, debido a la férrea defensa que este hizo en 2010 del Fiscal General Washington Pesántez, a quien Romo quería llevar a juicio político por su papel de encubridor de un delito del que se se acusaba a su esposa. Correa no lo permitió.

Lenín Moreno trajo de nuevo a la escena a Romo, quien había retornado a su vida de académica. Fue en agosto de 2018, cuando entró al gobierno como ministra del Interior, para reemplazar a Mauro Toscanini,  todo un fiasco en la conducción de la política de Seguridad Interna del país. La figura y el peso político de Romo, acompañada de su viejo amigo de Ruptura, Juan Sebastián Roldán, no tardaron en hacerse sentir, sobretodo por la clásica pugna de bandos internos del poder que tienen periódicos forcejeos para marcar sus territorios.

En esa medición de fuerzas se vieron las caras con Santiago Cuesta, después con el novato vicepresidente Otto Sonnenholzner. Los Ruptura han conseguido continuar avante, mientras Cuesta se fue y a Otto le redujeron sus espacios. Y las fotos.

Y eso que la gestión de Romo no ha estado exenta de capítulos flojos. Como la conversación que quedó grabada con la ex presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, gracias a la cual el país pudo enterarse los términos nada comedidos con los que se referían a los asambleístas socialcristianos.

Será por eso, por la vieja animadversión con el propio Jaime Nebot -y por otros motivos no revelados- que los PSC han marcado desde hace tiempo a Romo como un objetivo casi militar, al que hay que vencer.

Aliados con ese objetivo los tienen a los correístas, que también quieren saldar antiguas cuentas derivadas de su pugna con su líder residente en Bélgica. Ante tan poderosos enemigos -más fuertes todavía si se juntan- Romo ha tenido que defenderse. Y buscar aliados en la misma Asamblea.

La pregunta es si estos aliados han aceptado sumarse a su defensa sin pedir nada a cambio. Cuesta ha dicho que los asambleístas piden hospitales a cambio de sus votos.

El mismo presidente Lenín Moreno reconoció la semana pasada a la periodista Andrea Bernal “que todo el mundo sabe que los asambleístas piden cosas”. Pero tanto el presidente, Cuesta y Romo, finalmente terminan rechazando haber entregado ni un solo hospital. Entonces no se entiende cómo los Bucaram y una larga lista de asambleístas aparecen involucrados en la nefasta gestión de los hospitales por todo el país.

Como prueba a su favor, Romo ahora quiere aparecer como la gran artífice de la investigación que terminó con la detención de su ex aliado, el asambleísta Daniel Mendoza, investigado no solo por las irregularidades en la contratación del hospital de Pedernales, sino por toda la estructura de poder que acumuló especialmente en Manabí.

Poder que le fue dado por el propio gobierno y hasta por la misma ministra Romo, quien designó a un cercano de Daniel Mendoza como gobernador de la provincia, Tito Nilton Mendoza, quien por cierto sigue en el cargo, al igual que la mayoría de recomendados por el legislador, casi todos militantes de su partido Mejor.

Romo podría exhibir como argumento, finalmente, que ella no estuvo en la boda de Daniel Mendoza. Y que por lo tanto, estuvo ausente al momento del reparto del pastel. 

Espera la Parte Tres de este especial para conocer el registro de todos los nombres de #ElGranReparto

Lee Parte Uno de este gran especial:

EL NARCO LE METE MANO A LOS CONTRATOS DEL ESTADO

Escrito por mh en . Publicado en Reportaje.

Bajo la figura de giro específico del negocio, mecanismo utilizado por el régimen anterior, para adjudicar millonarios contratos sin licitación, el gobierno de Lenín Moreno Garcés, entre 2017 y 2020, adjudicó contratos por más de USD 20 millones a la empresa Carozeli y accionistas relacionados, como aquellos para la provisión de un millón de kits alimenticios y 2 millones de mascarillas para el Covid 19. Los hilos de la empresa Carozeli nos conducen a un personaje vinculado al Cartel Andino, una de las grandes estructuras de narcotráfico internacional.

Se dice que las coincidencias no existen en la vida. Y menos en la política. Por eso hay que decir que el día 9 de diciembre del 2019, en que la Asamblea Nacional archivaba el juicio político a la ministra del Interior, María Paula Romo, en otro punto de la Capital se concretaba una alianza estratégica entre personajes relacionados de manera directa con los protagonistas de lo que estaba ocurriendo en la Asamblea.

Resulta que el 9 de diciembre el Ministerio de Inclusión Económica y Social que está presidido por Iván Granda Molina firmó un convenio con la Unidad Nacional de Almacenamiento, Empresa Pública, UNAE-EP, con el objetivo de repartir un millón de kits alimenticios por todo el país.

La idea del gobierno de Lenín Moreno era llegar con alimentos a los más pobres del Ecuador. Y tan loable y solidario propósito lo podía hacer directamente a través del Ministerio de Inclusión que dirige Iván Granda, pero por alguna extraña razón, se decidió buscar otra oficina pública como una especie de intermediario.

Entonces se acudió a la UNAE, la Unidad de Almacenamiento, con la que el asambleísta Daniel Mendoza ha tenido una especial cercanía. Su hermano Ignacio Eduardo Mendoza Arévalo fue su Director Técnico o Gerente de Mercadeo y Comercialización hasta mayo del año pasado.

Con su hermano Ignacio, Daniel Mendoza no solo ha compartido el poder de este gobierno, sino que juntos forman parte del movimiento político provincial que creó el Asambleísta, Mejor.

Ignacio fue candidato a concejal de Sucre, la cabecera cantonal de Bahía de Caráquez el año 2014.

Iván Granda explicó a los autores de este reportaje, que la Unidad de Almacenamiento hizo un contrato con el consorcio Casusol, que se armó específicamente para eso. Lo único que hizo el MIES, que no fue parte del contrato, fue, en función de un convenio con la UNA-EP, entregar las bases de datos para entregar kits alimentarios a personas en situación de pobreza y vulnerabilidad, dijo Granda.

“Ellos entregaron a 746 mil personas. Esta empresa no tiene relación conmigo, no los conozco, dijo el ministro. El MIES no podía hacer esta distribución, el contrato del consorcio con la UNAE-EP es que la empresa se encargaría de la distribución. Lo que se me pidió es saber en dónde podían entregar los kits y lo hacían almacenes TIA, en Western Union y en oficinas del MIES, sin que el ministerio tuviera responsabilidad alguna sobre los bienes entregados. Lo que hizo el ministerio de Inclusión fue entregar un aplicativo para que se constate la entrega de los kits de alimentos, es un mecanismo de verificación para saber si esa persona recibió los alimentos”.

Los kits no son del MIES, dijo enfáticamente Granda. El presupuesto es de la UNA-EP, el Ministerio de Finanzas entregó los recursos a la Unidad de Almacenamiento, lo que pasa que es que ese organismo no podía identificar quiénes serían los beneficiarios y ahí se iban a meter en un lío con la Contraloría.

Por eso me pidieron la base de datos, y esa fue mi única responsabilidad. Según el ministro Granda, el Ministerio de Agricultura es el organismo a través del cual el Estado hace programas de soberanía alimentaria, agregó.

En el centro del convenio entre las oficinas del MIES y la UNAE estaba un contrato por USD 10 millones para el millón de kits de alimentos programados, que sería adjudicado por la Unidad de Almacenamiento, que en seguida se puso a trabajar en el proceso. Todo se selló con la firma del convenio: por el MIES, el ministro Iván Granda; por la UNAE, su Gerente General María Eugenia Martínez Espíndola. La fecha: 9 de diciembre de 2019. Los pagos los realizó el Ministerio de Agricultura, manejado por Xavier Lazo.

Sigue el giro específico del negocio

El tipo de contratación que se aplicó para este caso fue el de “Giro específico de negocio”, un procedimiento de ingrata recordación para las arcas fiscales del país, si tomamos en cuenta que fue bajo esta figura como se firmaron los millonarios e inflados contratos con sobreprecios para la repotenciación de la refinería de Esmeraldas durante el gobierno de Rafael Correa.

Al país le dolió esta repotenciación: fueron USD 2200 millones que se gastaron y la refinería quedó prácticamente con las mismas fallas que padecía, contaminando el ambiente con azufre como siempre lo ha hecho.

Para que nadie diga que aquí no se hicieron las cosas con transparencia, la UNAE invitó a cuatro comerciantes de alimentos para que presenten sus ofertas:

Lo curioso es que de estos oferentes ninguno resultó favorecido, como tal y directamente. El ganador de la adjudicación resultó ser el Consorcio Casusol -creado el día anterior a la adjudicación- del que forma parte la empresa oferente invitada Surrey, a quien la gerente de la UNAE-EP comunicó la buena nueva el 20 de diciembre de 2019.

Un día después, y a vísperas de la Navidad, se firmó el millonario contrato. La cena quedó servida.

Los términos de la contratación hecha por la UNAE traían ventajas para quien resultare beneficiado con este negocio, en especial una, que no es menor: el proveedor se encargaría de la distribución de los kits a nivel nacional a través de sus propios canales, salvo aquellos casos en que la distribución se efectúe a través del MIES.

En otras palabras, el mismo vendedor de un millón de kits de alimentos sería el encargado de repartir ese millón de kits y de verificar que la entrega se haya hecho completa. Los buenos negocios casi siempre dependen de una relación de confianza.

Hay que decir, eso sí, que estos kits no tenían pretensiones ni costos elevados como los kits que compró la ex Secretaria de Riesgos, Alexandra Ocles, que estaba dispuesta a pagar hasta USD 150 por cada uno, incluyendo productos refinados como tallarines sin gluten.

Los kits del MIES no se preocuparon de ese detalle y el objetivo no era tener kits tipo VIP, sino populares de un costo máximo de USD 10 por cada uno. Así se alcanzaría el objetivo político de un millón de personas agradecidas.

Cada kit contendría:

  • 1 kilo de azúcar blanca
  • Arroz grano largo funda 2 libras
  • 390 cc de aceite de cocina
  • galletas dulces en taco sabor vainilla 40 gramos
  • Avena en hojuelas funda 250 gramos
  • Fideos tipo cabello 200 gramos
  • Leche entera tetrapack 1 litro
  • Lata de atún en aceite 142 gramos
  • Sal yodada 1 kilo
  • Lentejas en funda 450 gramos
  • Chocolate en polvo 170 gramos

Todo metido en una funda sencilla, con los logos que identifiquen al político a quien se le ocurrió esta generosa idea: el presidente de la República. Por eso las fundas debían llevar impreso las palabras Misión Navidad, El gobierno de Todos, Lenín, Toda una Vida.

Para que todos recuerden que esas lentejas, chocolate, atún, fideos y algunos alimentos básicos más, eran posibles gracias a Lenín y su Gobierno de Todos.

Esto con la finalidad de “propender la accesibilidad alimentaria a los grupos de atención prioritaria (niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad) que se encuentran en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad.

Para ellos va dirigido este gasto de USD 10 millones para la adquisición y distribución de un millón de kits alimentarios.

Los Kits incluían arroz, pero la UNAE, una de cuyas competencias principales es almacenar arroz, ni siquiera incluyó por su parte este esencial producto.

La explicación que se dio fue que “la UNA EP, una vez que se realizó la revisión en las respectivas bodegas para verificar si existe la disponibilidad para proporcionar el arroz blanco que se requiere para que forme parte de los kits dentro del proceso de contratación, se verificó que el producto se encuentra comprometido en la reserva estratégica, motivos por el cual no puede comercializarse a menos que sean casos de fuerza mayor o fortuitos”. 

Es decir, la UNA EP, que bien podría ser el mayor comercializador de arroz del país, en este caso no vendió ni una libra de esta gramínea. Todo se lo dejó para que sea el proveedor el que se encargue. La razón es que la UNA se declara incapaz:

“No contamos con la capacidad suficiente ni los recursos necesarios, la mano de obra, ni la logística de la distribución para cumplir con lo solicitado”. Lo que podían hacer era dirigir la contratación. Y eso hicieron.

 

Consorcio para ocultar empresas y personajes

El consorcio Casusol está integrado por tres compañías: Surrey, Carozeli y Sotelgra, que tienen relación societaria y un nombre en común: Isidoro Eduardo Martínez Velásquez, quien forma parte de las dos primeras compañías que integran el referido consorcio.

La compañía Sotelgra S.A., fue creada en 2007 y se dedica a prestar servicios de auditoría, fiscalización, asesoría en los campos jurídicos, económicos, inmobiliario y financiero.

Sus accionistas son María González y Julio Nuques, quien firmó el millonario contrato para la provisión de kits alimenticios, como apoderado especial del consorcio Casusol.

Nuques mantiene relaciones con varias empresas que le llevan hasta Spartan, una compañía de Alberto March, anteriormente investigado por exportación de oro, caso por el que fue procesado penalmente en Ecuador, aunque luego fue sobreseído.

Hasta el año 2018, Nuques era representante legal de Piremu S.A. y en 2019 fue reemplazado por José Luis Jaureguizar.

Según registros de la Superintendencia de Compañías, hasta el 2019 las acciones de Piremu estaban a nombre de Spartan.

El consorcio Casusol S.A. fue constituido horas antes de la adjudicación del contrato. Sin embargo, la empresa con experiencia en comercialización y almacenamiento de alimentos, en especial de arroz, es Carozeli S.A., que durante el gobierno de Lenín Moreno encontró padrinos en el Ministerio de Agricultura y otras dependencias.

El registro del SRI da cuenta que entre 2014 y 2016, Carozeli S.A. registró pagos de impuesto a la renta por USD 290. Eso cambió drásticamente desde 2017: USD58,942.84, en 2018: USD 35,097.74 y 2019: USD 83,268.81.

En la actualidad, Carozeli S.A. registra como accionistas a Isidoro Martínez Velásquez y a su madre María Eugenia Yolanda Velásquez Villacís.

El 31 de enero y el 2 de febrero de 2019, madre e hijo adquirieron las acciones de  Nicole Bejarano Malhame y Pedro Julio Bejarano Alvarado, hija y padre respectivamente.

Aunque las acciones de la empresa pasaron a nombre de Isidoro Martínez y María Eugenia Velásquez, los negocios de Carozeli S.A. los maneja Nicole Bejarano en conjunto con Isidoro Martínez, según se desprende de información pública del Ministerio de Agricultura, de la UNA EP y de varias publicaciones en las que la señorita Bejarano aparece incluso realizando donaciones de arroz al Municipio de Guayaquil, como parte de la campaña de solidaridad con las víctimas de la pandemia del coronavirus.

Meses después de transferidas las acciones de los Bejarano a los Martínez,  era común encontrar juntos a Nicole Bejarano e Isidoro Martínez en eventos del MAGAP y del Ministerio de la Producción.

El 2 de abril de 2020, desde su cuenta de Twitter el concejal Andrés Guschmer agradecía a Nicole Bejarano por la donación de 35.200 libras de arroz. El saludo del concejal y periodista deportivo decía: “abrazo grande a tu papá”.

El 8 de febrero de 2019, en las cuentas de Twitter y Facebook de la UNA-EP se destacaba un encuentro entre las máximas autoridades del sector con Nicole Bejarano e Isidoro Martínez. El 15 de marzo de 2019, el director de la Unidad de Almacenamiento, Rodrigo Solano, destacaba la entrega del primer cheque de adelanto en un contrato de compra de arroz suscrito con Carozeli.

El ministro Iván Ontaneda no se quedó atrás: en su cuenta de Twitter saludaba con entusiasmo las iniciativas y emprendimientos de la empresa de Bejarano y Martínez.

Los ingresos de Nicole Andrea Bejarano en 2017 fueron importantes, según el SRI ganó $104.097.

La madre de Isidoro Martínez, María Velásquez también es accionista de Surrey S.A., y Afitger S.A., empresas administradas por su hijo.

Según la Superintendencia de Compañías, estas empresas se dedican a la venta de productos veterinarios y a la comercialización de accesorios y repuestos para vehículos, respectivamente.

María Velásquez, además, administra Hugofish S.A., una empresa constituida en 2018 que se dedica al “almacenamiento y actividades de apoyo al transporte”.

Martínez, es accionista de Hugofish S.A. y Alianzatransp S.A., esta última creada en 2018 para el “el transporte comercial de carga pesada” de la que también son accionistas sus hijos y esposa.

En 2015, Afitger S.A. se adjudicó un contrato del Gobierno provincial de El Oro por $ 95.000 para una consultoría sobre la implementación de una planta de reacondicionamiento de aceite usado en esa provincia.

En 2017, ganó otro en Petroecuador por $ 307.190 para la “adquisición de sistemas de microfiltración de aceite by-pass para motores de combustión interna de los terminales sur”.

En noviembre de 2019, Carozeli firmó un contrato con la Unidad Nacional de Almacenamiento del Ministerio de Agricultura por $ 140.692 para proveer “el servicio de almacenamiento y conservación de arroz pilado en presentación de sacos de 45.36 kg en el cantón Daule”. 

El documento fue suscrito por María Eugenia Martínez, gerente general de la empresa pública, e Isidoro Martínez, representante legal de Carozeli. El proceso fue adjudicado mediante el régimen especial de giro específico del negocio.

Millonario contrato en Ministerio de Salud

En medio de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, Isidoro Martínez Velásquez también obtuvo un contrato por $9,9 millones para entregar al Ministerio de Salud 2 millones de respiradores con eficiencia de filtración mínima del 95% quirúrgico con mascarilla de filtrado, a un costo de $ 4,98 la unidad.

La negociación fue adjudicada directamente y se le entregó un anticipo del 45% de valor del contrato.

El acuerdo fue firmado el 29 de mayo de 2020, por Miguel Ángel Guevara, coordinador general administrativo financiero del Ministerio de Salud e Isidoro Martínez, en calidad de contratista.

Nuestro portal accedió a una proforma entregada por el propio contratista Isidoro Martínez en la que ofertó mascarillas de idénticas características a un precio unitario de $1.62

El ministro de Salud Juan Carlos Zevallos se sorprendió al conocer las relaciones de Isidoro Martínez, ganador del proceso para proveer respiradores para protección de médicos. Con cierta incredulidad lamentó las relaciones empresariales de Martínez y aseguró que pese a la situación de emergencia el ministerio que dirige llevó un proceso abierto junto al Servicio de Compras Públicas. «Mi decisión fue siempre ser transparente», aseguró.

Aclaró que no se evidencia sobreprecio en la oferta porque nadie ha presentado en firme una proposición similar que permita comparar. «Contamos con un informe de la Superintendencia de Control de Mercado sobre los precios de los insumos que requerimos y sus valores internacionales» y aseguró que el proveedor debe hacer una primera entrega la semana del 15 al 19 de junio.

Mostró alta preocupación por el cumplimiento del contrato porque la salud del personal médico estatal depende de ello y no cree que existan razones para que el contrato no se concrete: «Ni siquiera he imaginado ese escenario, el proveedor estuvo calificado en todas las instancias del concurso y bajo esa línea firmó un contrato que tiene que cumplirse, no sé qué pensar si no se lleva a cabo”, señaló.

Dueño de Carozeli vinculado al Cartel Andino

El hombre más poderoso del Cartel Andino, el ecuatoriano Pedro Bejarano Alvarado hace libremente negocios en el país a pesar de la difusión roja internacional de la Interpol y ser uno de los más buscados del Perú.

Mediante el uso de varias empresas y la transferencia de acciones a empleados y testaferros, Bejarano hace negocios millonarios con el Estado y goza de prestigio en el mundo profesional. Desde su lugar de residencia en Guayaquil, vigila relajado sus negocios con el Estado.

A inicios de 2017 su nombre acaparó la atención de decenas de medios informativos de Perú y Colombia cuando la Fiscalía del Municipio del Callao desarmó buena parte del llamado Cartel Andino, que Bejarano lideraba y que usaba al puerto de El Callao como vía para traficar centenas de kilos de cocaína a los Estados Unidos.

El desmantelamiento del grupo delictivo en Perú no tocó drásticamente a Bejarano Alvarado. Poco se conocía de él y apenas una fotografía suya, publicada en el diario Expreso de Lima, perfiló en algo las actividades de este ecuatoriano de 65 años nacido en la provincia de Los Ríos.

“SUERTUDO. Ecuatoriano Pedro Bejarano aparece como propietario y presidente de dos empresas “offshore” en Panamá, pero la Fiscal especializada en lavado de activos no solicitó la cooperación internacional para comprobar las operaciones bancarias del sospechoso”, escribió Expreso de Lima el 12 de abril de 2017.

El rotativo afirmó además que era la segunda ocasión en que Bejarano se libró de la justicia. Fue detenido en España por Interpol el 25 de abril de 2016 y enseguida comunicó a la policía peruana su detención, pero las autoridades del país vecino demoraron cinco meses en aprobar el informe de extradición.

El periódico cita además: “Hace poco Bejarano fue nuevamente aprehendido, esta vez en su propio país, Ecuador, donde funge de empresario bananero, pero la justicia peruana no remitió la información que relacionaba al detenido con el tráfico internacional de drogas, por lo que fue dejado en libertad, de acuerdo con fuentes policiales antinarcóticos”.

En 2017 la Fiscalía del Ecuador registra una indagación por tráfico de drogas, otra en 2014 y una mas en 1994.

Sin embargo eso no ha sido problema para Bejarano, que en Ecuador goza de reconocimiento. Posee dos cuentas bancarias y en una de ellas, hasta abril de 2020 su saldo era $52.952, con calificación de riesgo A1, es decir sujeto de crédito con riesgo bajo.

Consta además en la lista blanca de contribuyentes del Servicio de Rentas Internas desde 1981 y el giro de su negocio es la venta al por mayor de arroz y cereales.

Sus empresas también gozan de buena salud. Agroindustrias Pedro Bejarano S.A., Proarroz, tiene importantes ingresos. Según el SRI en 2017 Bejarano recibió $ 581.388 del giro de ese negocio. Proarroz más que una empresa es la marca del enorme negocio de piladoras y comercialización de la gramínea que lo realiza principalmente a través de la firma Carozeli.

Como dato especial sobresale que entre 2016 y 2019 Bejarano registró 38 números celulares. En 2016 usó 20 líneas. En 2017, 12 líneas. En 2019 otras seis.

CORONAVIRUS: JUEGUEN SEÑORES, «DE ESTO NADIE SE VA A MORIR»

Escrito por mh en . Publicado en Reportaje.

El 1 de marzo de 2020, en el Comité de Operaciones de Emergencia (COE), en Samborondón, el gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duart dijo que el virus era una “gripe severa” y nadie iba a morir por eso, Ocles y Zambrano estuvieron de acuerdo en que las ciudades no debían parar sus actividades (eso incluía los multitudinarios partidos de fútbol), Zambrano, además, estaba “alarmada” por el uso de mascarillas y Andramuño aseguró que el sistema de salud estaba preparado para enfrentar la emergencia. Al final, el partido de fútbol se jugó con público. A esta decisión poco acertada, se sumaron otras que agravaron la emergencia. El virus avanzó rápidamente y el sistema de salud colapsó. Murieron más de 10 mil personas solo en Guayaquil

La estrategia de mentirse como vía de escape a las grandes tragedias es una espiral que conoce el país desde su origen. El Ecuador se mintió con la supuesta reivindicación de Tumbes Marañón o la guerra. Lo hizo con la herida abierta en la derrota de 1941. Dejó en el olvido la masacre de mayo de 1959. Fue impune a la crisis económica del año 2000.

Hoy en pleno desarrollo de la pandemia del Sars Cov 19 las autoridades quieren borrar su responsabilidad asegurando que se trata de un azote mundial. Lo único cierto es que el gobierno vivía fuera de la realidad. Solo así puede definirse su acción y de ello existen pruebas contundentes.

Una de ellas es la reunión del pasado 1 de marzo del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) que se realizó en Samborondón y que marcó el destino de Guayaquil y el país para siempre.

Periodismo de Investigación tuvo acceso a un audio de 37 minutos de esa cita que evidencia cómo las autoridades María Paula Romo, ministra de Gobierno; Pedro Pablo Duart, gobernador del Guayas; Alexandra Ocles, secretaria de riesgos; Catalina Andramuño, ministra de salud y varios funcionarios más creían haber controlado la crisis sanitaria en Guayaquil.

Frases como “de esto nadie se va morir”, “estamos en un escenario en que no circula el virus”, “deben ser jóvenes sanos quienes vayan al partido de fútbol”, “no podemos llegar a un estado en que sitiemos la ciudad”, “estamos cumpliendo con protocolos de prevención”, o “debemos confiar en nuestro sistema de salud”, son cruelmente ciertas y las presentamos para que nunca se olvide quiénes son los responsables de los miles de muertos de Guayaquil.

Perdidos en la pandemia con pocas voces que decían peligro, el 1 de marzo abrieron el camino a la mayor desgracia de la historia nacional.

La voz cantante la tuvo el gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duart que impuso su criterio con ayuda de funcionarios como Alexandra Ocles y la gobernadora subrogante de Los Ríos, María Fernanda Zambrano.

Textualmente dijo:  “Yo creo que sí debemos de contemplar el escenario de qué va pasar y minimizar el hecho; sí de preocuparnos, pero si minimizarlo: no es que no salgan de las casas, no eventos públicos, no vacacionales, sino mas bien continuemos con las debidas precauciones, este es un tipo de gripe, severa, no soy especialista, no soy doctor, pero lo entiendo así. Hay muchas quejas ciudadanas incluso cuando entre al aeropuerto: yo acabo de regresar de Estados Unidos y no había un solo cartel de corona virus y nadie se alarmó”, dijo.

La intención de Duart era proponer un plan de comunicación basado en mantener la calma, pero cuando alguien intentó interpelarlo lo mandó a callar y dijo: “¡de esto nadie se va morir!”.  Y agregó: “Los que se mueren son las que o tienen diabetes, hipertensión, o tienen VIH, o tienen alguna enfermedad catastrófica severa, o que tengan 70 y pico de años”.

Luego hizo referencia al partido de fútbol que provocó masivamente la transmisión del virus en el puerto: “Yo sÍ creo que debemos de manejar una buena comunicación, incluir a la Secom y ver qué va pasar después. Tenemos un partido de fútbol, de Barcelona, Copa Libertadores creo…el día viernes, cancelar ese evento es un caos para la ciudad. Tenemos vacacionales de niños en toda la provincia del Guayas, cancelarlos sería una alarma innecesaria”, dijo.

Escarmiento social: «cojan un par de presos«

El gobernador intentó fundamentar su pedido con las supuestas acciones que emprendió para evitar el desabastecimiento de insumos como mascarillas y señaló que debían existir detenidos como escarmiento social:

“Estamos realizando, como ya lo dijo Guillermo, controles minuciosos, ayer 450 policías estaban controlando los establecimientos de ventas y distribuidores de farmacias, acompañados de comisarios que vinieron de otros cantones. Eso lo vamos a mantener, a seguir, yo he pedido que cojan un par de presos para que la gente demos el mensaje y se baje…”(sic).

Otro participante, luego de la intervención del gobernador Duart ejemplificó la capacidad de atención médica en la provincia, dijo que al momento el hospital de El Guasmo contaba con 26 espacios  y cuatro para aislamiento y que el personal contaba con todas las medidas de bioseguridad, a más de contar con siete ambulancias operativas.

Por la naturaleza del audio es difícil identificar a todos los participantes pero uno de ellos llamó la atención por estar tan perdido de la realidad (escuche los audios completos). “En este momento estamos en un escenario en que no circula el virus”, dijo.

Aseguró además que el virus llegó por una paciente del exterior y parece que olvidó las palabras del gobernador Duart cuando aseguró que al llegar al Ecuador desde los Estados Unidos, no existía ningún tipo de control en el aeropuerto de Guayaquil. Entonces añadió:  “El objetivo es la contención, evitar la propagación del virus, por eso el seguimiento de los casos”.

Luego, como si su plan estuviese controlado, comentó: “entonces viene un segundo escenario donde ya detectaríamos un caso autóctono , si se confirma un caso que no viene de fuera. Ese sería un marcador para decir probablemente el virus ya está circulando acá”.

En lo único que ese funcionario acertó fue al asegurar que “en caso de circulación sostenida del virus los sistemas de control no tienen sentido”.

En un momento de la reunión se preguntaron si es correcto evitar la presencia de hinchas en el partido de fútbol de Barcelona contra Independiente del valle, incluso bromearon a un comentario de que en un partido se saludan y se abrazan.

La respuesta fue que deberían asistir los jóvenes sanos de 18 años en adelante”, es decir justo aquellos que por su condición de asintomáticos son quienes provocaron los altos grados de transmisión.

El consenso de los presentes fue que la ciudad debe seguir

  • Todo depende de cómo avance, fue uno de los criterios, mientras hablaban sobre el período de incubación del virus.
  • “La ciudad no puede detenerse, no podemos llegar a un estado en que sitiemos la ciudad y pongamos en cuarentena, no podemos llegar”, fue la respuesta.

La gobernadora subrogante de la provincia de Los Ríos, María Fernanda Zambrano, habló de la preocupación y la condición de la paciente cero. Aseguró que los protocolos de seguridad con los relacionados a esa paciente se llevaban muy bien pero “que faltaba responsabilidad de la familia”, dijo.

Fue el momento que pidió ayuda al COE por la situación de la provincia. “No tenemos ambulancias para trasladar enfermos en caso de emergencias. Y es una preocupación que buscamos su ayuda de alguna manera. Era una preocupación ver a toda le gente en Babahoyo con mascarillas, incluso el alcalde y hubo que decirle que el uso de mascarillas era exclusivo para personas con sintomatología”.

Controlar al alcalde de Babahoyo

Luego le tocó la palabra a la secretaria Alexandra Ocles, que estaba preocupada por la emisión de estados de emergencia en los municipios de la Costa. “La primera cosa es que no necesitamos armar Coe para declarar emergencia en una provincia, me comprometo hablar con el alcalde de Babahoyo para frenar ese tipo de acciones”, refiriéndose al impedimento de reuniones sociales en Babahoyo. “Lo que genera es mayor pánico en la ciudad y no necesitamos entrar en esa lógica”, sentenció.

Luego le dio un espaldarazo al gobernador Duart y prácticamente dio semáforo verde al partido de fútbol. “Me parece que un trabajo fundamental en este momento cuando Pedro Pablo Duart decía que la vida de la ciudad debe seguir y efectivamente hay acciones que nos permiten dar muestras que estamos cumpliendo con protocolos de prevención, se me ocurre». Ocles en verdad creía que las acciones del gobierno eran acertadas y controlaban la situación.

Mientras Ocles hablaba se incorporó la entonces ministra de Salud Catalina Andramuño; fue presentada por la secretaria de riesgos y continuó con su presentación.

“En este pensar y reflexionar si se suspenden o no eventos masivos en ciertas situaciones resulta complejo, sin embargo hay medidas que se pueden tomar que me parece que pueden considerarse para ir dando muestras de que está todo el mundo activado alrededor de los protocolos de prevención. Hoy que veníamos en vuelo de Quito a Guayaquil decíamos: ¿qué tal si TAME, que es una empresa pública, cuando te subes te ponen un poquito de gel en las manos? Esas muestras ya te van tranquilizando, entonces todo el mundo está colaborando frente a un tema común. O en las paradas de la Metrovía, o al ingresar a los restaurantes están haciendo eso, o al ingresar a esos sitios de concentración masiva puede ser una alternativa, hay que ir pensando cuáles son esas iniciativas que nos permiten ir generando tranquilidad en el ciudadano, porque ya vimos lo desaforados que estaban los ciudadanos…”.  

Agregó: “pensemos que esos elementos también que puedan ir generando esa tranquilidad y la confianza del ciudadano en su sistema de salud, es un sistema que funciona, que entiende, que está garantizando los derechos de los ciudadanos…”

La ministra Andramuño prefirió responsabilizar a la población de lo que podía pasar y se enfocó en recordarles a todos que el sistema de salud público había emprendido todos los protocolos.

Dijo que “estoy observando que la gente nos está demandando mucho como Estado y nos está demandando mucho como ministerio y realmente tenemos que hacer una campaña para que también las personas ayuden en las medidas higiénico sanitarias…”.

Para finalizar buscó generar confianza en los presentes, nada había que temer: “Nosotros como sistema estamos preparados, hemos trabajado con antelación, estamos con los protocolos activados, hemos identificado aquellos centros de salud, aquellos hospitales que nos van servir para atender los casos. Estamos abastecidos de medicamentos e insumos, nos hemos preparado. No solamente la parte pública sino también hemos integrado a la parte privada y yo si quisiera que todas las instituciones nos procuramos sobre todo por aquellas noticias, aquellos rumores que realmente es lo que más daño le está causando a la gente…”

LA OTRA PLAGA: LA BUROCRATIZACIÓN DE LA SALUD

Escrito por mh en . Publicado en Reportaje.

Por fin salió a la luz en ciertos medios que el dengue tiene un nuevo brote en el país durante los primeros meses de 2020, pero de eso las autoridades sanitarias no nos hablaron. Como tampoco dijeron que, lamentablemente, contagiarse de dengue y COVID-19 es una posibilidad.

Al parecer las autoridades de riesgos y salud se han limitado a darnos una serie de cifras cuya utilidad en términos del manejo de la epidemia dejan mucho que desear.

¿Cómo llegamos a esto? El gobierno precedente y el actual tienen vela en este entierro.La situación actual, la pandemia y sus repercusiones, responden a un proceso de determinación social.

El punto de partida es junio de 2012. El Ministerio de Salud Pública del Ecuador emitió el “Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Salud Pública”. Meses antes, desde la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) se emitieron políticas, lineamientos, reglamentos y normas para una nueva gestión del territorio; aquí se lo dividió en circuitos, distritos, y zonas de planificación. Todo esto aupado por el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017.

El nombre del estatuto es largo y parece intrascendente. Sin embargo, definió la nueva institucionalidad del Ministerio de Salud Pública (MSP), que reestructuró a dicha entidad.

Desde la emisión de este estatuto, el ministerio cuenta con: dos viceministerios, cinco subsecretarías, cinco coordinaciones generales, 41 direcciones nacionales, nueve coordinaciones zonales, 90 direcciones zonales.

Además, tiene 140 Direcciones Distritales y cuatro entidades adscritas ( Indot, Acces, Inspi y Arcsa).

Es decir, la nueva institucionalidad también propició la creación de unas entidades y la extinción de otras, como el “Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria” (SNEM).

El “Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria” fue una entidad que se creó el 19 de mayo de 1967 mediante Decreto Supremo.

Tres años más tarde, otro decreto determinó su funcionamiento como dependencia directa (entidad adscrita) del Ministerio de Salud Pública.

En 2003, este servicio cambió de denominación a: “Servicio Nacional de Control de las Enfermedades Transmitidas por Vectores Artrópodos”.

Desde ahí, se encargó del desarrollo de los programas de control de: malaria (paludismo), dengue, enfermedad de Chagas, leishmaniasis, oncocercosis, fiebre amarilla y otras enfermedades trasmitidas por vectores.

El nuevo servicio mantuvo las siglas originales.

El 2 de septiembre de 2014, el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Salud Pública, determinó que el SNEM (entidad adscrita al MSP con autonomía) debía ser parte de la Dirección Nacional de Estrategias de Prevención y Control (ni siquiera de la Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica).

Esto supuso la extinción del servicio, ya que perdió sus atributos como entidad adscrita.

Dejó de funcionar como una instancia y pasó a ser parte de otra. Las funciones del SNEM en los territorios pasaron a las direcciones zonales de vigilancia de la salud pública y a las unidades distritales de vigilancia de la salud pública.

Podemos decir que a más de oficializar la desaparición del SNEM, el estatuto marcó el inicio de una nueva institucionalidad en el Ministerio de Salud Pública.

Esta nueva institucionalidad se caracteriza por implementar o modificar algunas prácticas del ministerio, entre ellas, la contratación del talento humano que trabaja en él. Más allá de honrosas excepciones, esto ha propiciado la contratación de directores/as nacionales, gerentes de proyectos institucionales, coordinadores/as, subsecretarias/os, viceministros/as y ministras/os sin formación y experiencia en salud pública.

Algunos cargos han sido ejercidos por personas sin título que acredite su educación de tercer nivel. La Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP)  denomina a este cargo:

Nivel Jerárquico Superior (NJS), una clase de nombramiento provisional, de libre remoción del que no se tiene certeza de sus competencias porque no ha llegado ahí como parte de una carrera sanitaria (porque no existe tal carrera).

Sin embargo, tiene a su cargo la dirección política, administrativa y técnica de una entidad del Estado.

Es decir, reiteramos, salvo destacables excepciones, quien ocupe un Nivel Jerárquico Superior no está ahí por méritos académicos, tampoco porque sea alguien legitimada/o por la sociedad o colectivos como una autoridad en los temas del área que dirige.

Todos los cargos ejercidos desde el “Nivel Jerárquico Superior” son excluidos de la carrera del servicio público, tal como lo establece la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) en el artículo 83.

Esto, a más de un buen salario, le confiere la competencia de tomar decisiones en salud pública pese a que no tenga la capacidad técnica para hacerlo y tiene más responsabilidades políticas que técnicas.

En estas circunstancias en general muchos de los Niveles Jerárquicos Superiores ostentan su cargo gracias a su capital social y político antes que por su capital académico y de experiencia.

Esto, a su vez, determina que la mayor parte de quienes estén en un cargo directivo, lo ejerza apenas por unos meses. Esta nueva representación de la institucionalidad ha desplazado la figura del/la sanitarista y ha colocado en su lugar al “Nivel Jerárquico Superior”.

Si en Ecuador se implementara la carrera sanitaria esto obligaría a reestructurar el Ministerio de Salud Pública bajo un escalafón y mapa de puestos que proporcione respuestas adecuadas a las necesidades de salud de la población. Manteniendo una remuneración que guarde congruencia con su nivel de formación, competencias, antigüedad, experiencia y resultados de evaluaciones.

La Organización Panamericana de la Salud OMS conceptualiza a la carrera sanitaria como el conjunto de “normas y disposiciones que regulan el empleo público en salud, define la relación laboral de los trabajadores con las instituciones que conforman el componente público de los sistemas de servicios de salud y toma en consideración el indispensable reconocimiento de los derechos de la población en los procesos y actividades de atención de la salud”. Pese a que la propuesta de Código Orgánico de Salud (COS) retoma a la carrera sanitaria, esta no ha podido ser implementada desde 2018 ya que este código aún no se aprueba.

¿Qué repercusiones tiene esto? Lo explico en el siguiente gráfico:

El gráfico es un canal epidémico o endémico. Se construye con el número de casos (de una enfermedad o infección) ocurridos entre los últimos 5 y 7 años. Eso permite delimitar en zonas de colores: verde, amarillo y rojo. La línea y puntos azules muestran los casos ocurridos en el año en curso, es decir 2020. En la semana epidemiológica 11 (la semana comprendida ente el 8 y 14 de marzo) hubo un número de casos que sobrepasó el color rojo, es decir la zona de alarma. Por lo tanto, el gráfico nos alerta sobre un brote o epidemia de dengue en Ecuador que se suma a la pandemia de coronavirus. Recordemos que el dengue también mata.

¿Aún se pregunta qué repercusiones puede existir? Piense en lo que podría suceder si se infecta de dos virus distintos a la vez.

Asimismo, piense en la calidad de la información con la que dispone como ciudadano/a. El Ministerio de Salud no ha podido establecer si existe o no asociación en la letalidad de la coinfección SARS-CoV-2 y dengue.

Considere que el Sistema de Vigilancia Epidemiológica del país cuenta con al menos 5 subsistemas de vigilancia (p. ej., infecciones asociadas a la atención en salud, inmunoprevenibles entre otros), y que cada uno tiene una forma de recoger los datos y un sistema de información distinto.

Por ello no es sorprendente que la información sea inconsistente, inoportuna e inútil para tomar decisiones.

Esta tónica se repite en varias de las direcciones nacionales del Ministerio de Salud. La gestión de la información finaliza con la solicitud de una matriz o informe (a las zonas, o distritos) que le sirve solo a “Nivel Jerárquico Superior” para imprimirla y engrosar la carpeta de su informe de fin de gestión, al fin y al cabo, es un funcionario de libre remoción.

CASO INA: SUIZA PIDIÓ LEVANTAR INMUNIDAD A MORENO PARA ENTREGAR INFORMACIÓN

Escrito por mh en . Publicado en Ina Papers.

Las investigaciones que lleva la Fiscalía General del Estado por el caso Ina Investment y que involucra al presidente Lenín Moreno, su esposa Rocío González y otros parecen estar extraviadas. Buena parte de las respuestas se encuentran los pedidos de cooperación penal internacional que la Fiscalía realizó a Panamá y Suiza.

El primer país ya informó la entrega de un cuadernillo con 82 páginas de información pero en varios comunicados la justicia de ese país ha sido clara en señalar que requiere mayor precisión en sus pedidos.

Suiza en cambio ha evidenciado un interés especial de proteger al primer mandatario. El pasado 19 de febrero, cuando se realizaban las audiencias del caso Sobornos – Arroz Verde, la Fiscalía recibió una carta de la Oficina Federal de Justicia de Suiza (FOJ) en que negaba, nuevamente, la entrega de información sobre las cuentas bancarias del presidente y su esposa bajo un falso argumento de inmunidad del presidente ecuatoriano.

La Fiscalía arrancó en marzo de 2019 la indagación contra el actual presidente Lenin Moreno Garcés, su hermano Edwin Moreno Garcés, Conto Patiño Martínez, Xavier Macías Carmigniani, María Auxiliadora Patiño Herdoíza y Ricardo Alemán Alfaro, tomando como base la investigación periodística “El laberinto offshore del circulo presidencial”, publicada por los portales La Fuente y Milhojas (Periodismo de Investigación).

Entre las diligencias dispuestas por la entonces Fiscal Ruth Palacios, constaba el pedido al Servicio de Rentas Internas (SRI), para que emita un informe sobre las compañías Recorsa C.A. y Recorsa S.A., así como de los demás ciudadanos investigados. También se solicitó a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que remita los movimientos financieros de 2012 a 2018, de las compañías y las personas referidas.

En la apertura de la investigación, la Fiscal requirió de igual forma a la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), información sobre los pagos realizados por la empresa china Sinohydro Corporation a la offshore panameña Recorsa S.A, de propiedad de Conto Patiño Martínez.

El 8 de abril de 2019, Diana Salazar tomó posesión como Fiscal General de la Nación. Y respecto al caso ya bautizado como #InaPapers inició haciendo lo que correspondía para los casos de delitos transnacionales.

Para julio de 2019 obtuvo una respuesta por parte de la Procuraduría General de la Nación de Panamá, de su oficina de la Fiscalía Superior de Asuntos Internacionales.

Con fecha 15 de julio, con oficio dirigido a Patricia Carranco, Directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General del Ecuador, se le indica que lo solicitado por el Estado requirente -esto es “toda la información de todas aquellas empresas que fueron constituidas por los señores Lenin Boltaire Moreno Garcés, Judith Rocío González Navas, Edwin Ovidio Moreno Garcés, Conto Augusto Patiño Martínez, Xavier José Macías Carmigniani, María Auxiliadora Patiño Herdoíza y Ricardo José Alemán Alfaro (de los cuales no se cuenta con mayor información) está formulado en términos generales e indefinidos, por lo tanto, recomendamos al Estado requirente realizar lo pedido a través de las fuentes de cooperación informal que permitirán la confidencialidad necesaria a fin de obtener información expedita, como método de desestimación, descarte y fase preparatoria para posteriormente formalizar una solicitud de asistencia jurídica internacional”.

La recomendación de Panamá continúa: “En ese sentido, el Estado requirente podrá realizar el pedido de información de las empresas por medio de la Red de Recuperación de Activos de GAFILAT(RRAG) y de este modo podrá determinar una especificidad razonablemente limitada que permita al Ministerio Público de la República de Panamá ejecutar acciones concretas… Siendo así estaremos en espera de la información adicional requerida…”, concluye la respuesta firmada por el Secretario de la Procuraduría panameña, Elías Nuñez.

En otras palabras, la Procuraduría de Panamá, oficina que cumple las funciones de Fiscalía, le pidió a Ecuador que sea más específico y le marcó un camino para conseguir la información adicional útil para el propósito de la investigación.

La respuesta del 15 de julio obedecía a un oficio enviado por la Fiscalía de Ecuador el 29 de mayo.

Pero hay otra respuesta más de Panamá. La misma oficina de la Procuraduría responde a Ecuador el 7 de agosto de 2019, refiriéndose en esta ocasión a un requerimiento de fecha 2 de mayo del mismo año, con la “solicitud de asistencia penal internacional No. 030-2019, por el delito de cohecho en contra de Lenin Boltaire Moreno Garcés y otros”.

La Fiscalía de Ecuador le pidió a Panamá que envíe las cuentas bancarias del presidente en ese país. Y la respuesta fue:

“Observamos que lo solicitado está formulado en términos generales e indefinidos. La República de Panamá carece de un Banco Central con facultades para aglutinar toda la información bancaria del país, por lo que sería muy difícil precisar rápidamente si en alguna de las más de 200 instituciones financieras del país será exitosa la acción pretendida, lo que dilataría considerablemente el diligenciamiento”.

Pedidos y respuestas de Panamá

La Procuraduría de Panamá recomendó: “El Estado requirente podrá realizar el pedido de información de las cuentas bancarias por medio de su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a través del grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera y de este modo podrá determinar una especificidad razonablemente limitada, que permita al Ministerio Público de la República de Panamá ejecutar acciones concretas, a fin de evitar una “fishing expedition” y con ello vulnerar el derecho interno, por lo que requeriremos información adicional que defina de manera concreta las acciones por ejecutar en instituciones financieras y cuentas bancarias precisas”.

“Siendo así estaremos en espera de la información adicional requerida”, concluye Panamá.

Panamá pedía un número de cuenta precisa, que la Fiscalía de Ecuador no le dio. Y en Ecuador hasta en memes se viralizó el número de cuenta 100-4-1071378 del Balboa Bank Panamá.

Finalmente, el 26 de diciembre de 2019, la Procuraduría de Panamá respondió a Isabel Garrido Cisneros, secretaria de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, la respuesta al pedido de asistencia judicial hecha por la Fiscal General por la investigación de cohecho en contra de Edwin Moreno y otros. La información llegó en un cuadernillo de 82 hojas. ¿Qué información consta en ese cuadernillo enviado por Panamá?

Consultamos a la Procuraduría de Panamá y su oficina de relaciones públicas confirmó el envío del documento que incluye un cuadernillo con 82 fojas de la información solicitada por la Fiscalía General del Estado.

Suiza: Levanten la inmunidad al Presidente

Diana Salazar también envió el 3 de julio de 2019 una solicitud de asistencia penal internacional por este caso, que cruzó el Atlántico y llegó a Suiza. La Oficina Federal de Justicia de ese país respondió desde Berna el 19 de febrero de 2020, a una insistencia hecha desde Ecuador el 23 de diciembre de 2019.

Lo que dice Suiza en su respuesta es: “Sin embargo, como se describe en nuestra carta anterior con fecha 18 de septiembre de 2019, de acuerdo al derecho internacional consuetudinario, el actual presidente del Ecuador, Lenin Boltaire MORENO GARCES, se beneficia de la inmunidad absoluta de la jurisdicción de Suiza.

Por lo tanto, para poder otorgarle asistencia legal en esta materia, las autoridades suizas necesitarían la siguiente información:

  1. Un documento oficial que acredite que la inmunidad de jurisdicción del Presidente Lenin Boltaire MORENO GARCES ha sido levantada explícitamente por la autoridad competente de Ecuador bajo el derecho internacional consuetudinario.
  2. Un documento que pruebe la competencia de la autoridad que ha levantado la inmunidad de jurisdicción de acuerdo al derecho internacional consuetudinario”.

Pero la verdad es que la legislación ecuatoriana no reconoce al presidente inmunidad alguna y en esos términos la Fiscalía le ha hecho conocer a la justicia suiza. La Fiscalía no está obligada a solicitar a ninguna entidad, ni la Asamblea ni la Corte Constitucional,  el levantamiento de inmunidad porque simplemente no existe.

Es decir le basta un informe jurídico para que su requerimiento sea tramitado en Suiza. La fiscal Salazar aseguró que sus pedidos han sido recurrentes pero no detalló qué acciones emprendió luego de la última respuesta de la Oficina Federal de Justicia del pasado 19 de febrero.

Nuestro medio consultó a la La Oficina Federal de Justicia de Suiza respecto a la respuesta remitida a Quito. Sonja Margelist, Subjefe de Información, confirmó haber recibido una solicitud de «Asistencia Legal Mutua de las autoridades ecuatorianas con respecto al asunto que usted menciona. Este es actualmente un procedimiento en curso. Por lo tanto, no se puede proporcionar más información», señala el comunicado.

Las cuentas suizas de la familia presidencial

Para mayo de 2019, en algunos círculos periodísticos ya se hablaba de las cuentas bancarias de la familia presidencial en Suiza. Entonces, el presidente Lenín Moreno y su esposa Rocío González, en una señal interpretada como transparente, solicitaron a la fiscal Diana Salazar, investigar dos cuentas bancarias en Suiza y también la cuenta de Ina Investment en el Balboa Bank de Panamá.

Sin embargo, esa petición de los Moreno González, tan publicitada en los medios, quedaría como un simple tiro al aire, considerando la exigencia de Suiza de levantar previamente la inmunidad que según dice ostenta el primer mandatario.

En efecto, el 8 de mayo de 2019, Lenín Moreno pidió a la Fiscalía que investigue las cuentas a su nombre que tenía entre 2013 y 2016, mientras residió en Suiza y otras cuentas bancarias «que considere pertinentes». En la petición pidió puntualmente investigar la cuenta que tenía como enviado especial de la ONU No. 0900 0000 91-15 8649-3 en el banco PostFinance y la cuenta personal CHO 500279279137003 OB en el UBS Switzerland. 

En la misiva también, pidió indagar la cuenta  100-4-1071378 perteneciente a la empresa Ina Investment del Balboa Bank de Panamá, de la que se realizaron las cuestionadas compras.

El 10 de mayo, la primera dama Rocío González, dirigió carta similar a la fiscal Diana Salazar Méndez, pidiendo investigue la cuenta bancaria a su nombre, mientras vivió en Ginebra.

«Solicito señora Fiscal General, que dentro de la investigación que lleva adelante, se sirva analizar, bajo la respectiva asistencia penal internacional, la cuenta bancaria de la que fui titular, que la aperturé y cerré mientras vivía en el exterior», manifestó. La señora González se refería a la cuenta Nro. 14 -450222-9 CHF, del Banco Post Finance.

Nuestro equipo de investigación revisó la información bancaria referida por la pareja presidencial en el PostFinance, un sistema de pago que se denomina como “el socio confiable para clientes privados y comerciales que buscan administrar de forma independiente sus finanzas”, según su sitio web.

En un reporte de transacciones de la cuenta 0900 0000 91-15 8649-3, emitido el 5 de agosto de 2015, que señala que, a mayo de 2015, tenía un saldo de USD 585.655,89.

El 1 de mayo de ese año, se pagó desde esa cuenta USD 13.000 a la compañía inmobiliaria Besson, Dumont, Delaunay & Cie SA, ubicada en Les Acacias, Ginebra.

Cuatro días después, el 5 de junio, se transfirió a Lenín Moreno USD 14.800,00 a través del sistema E-Finance (finanzas electrónicas); de igual forma USD 5.000,00 a Julio Bueno Arévalo, exdirector de la Sinfónica Nacional y hombre de confianza de Moreno; y a Eduardo Mangas Mairena, exsecretario de la Presidencia de Lenín, por USD 7.000. También hubo una transferencia “para la cuenta 31-90192-6. Moreno Garcés Lenin Boltaire. Géneve”, por USD 865. El documento no detalla la razón de estas transacciones.

El 20 de mayo de 2015, hicieron alrededor de 12 transferencias, que tenían como beneficiarios a Eduardo Mangas (USD 238.47), Julio Bueno (USD 232,78), Rosángela Adoum (USD 232,78), actual asesora 1 del presidente, Rita Almeida Padilla (USD 81,57), enfermera privada de Lenín. Junto a los nombres de Bueno, Adoum y Almeida, aparece como detalle “pasaje-kr-ge”.

La cuenta realizó giros internacionales al Banco de la Producción S.A. (USD 9.744) por concepto de pasajes, el 21 de junio transfirió a Rubén Patricio Sucuzhañay USD 448 y al mismo Lenín, a su cuenta del Banco del Pacífico por USD 3.793 por “reembolso pasaje Honduras”. Igual a su cuenta “31-90192-6. Moreno Garcés Lenin Boltaire. Géneve”, por USD 5.000 para “pago de tarjeta de crédito”.

0900 0000 1445 0222 9 es otra cuenta de Suiza, manejada por la esposa del presidente Lenín Moreno, Rocío González Navas. El 24 de octubre de 2016, desde Quito, llenaron el “formulario de terminación de cuenta de cliente privado PostFinance”, para que la cuenta fuese cancelada el 30 de octubre de 2016 y, a su vez, la tarjeta física destruida. Como motivo del cierre de la cuenta, señalaron “otras razones”.

Pidieron que, el dinero restante de esa cuenta, sea transferido a otra (026009593) del Bank of America, de New York, EE. UU, que tenía como beneficiario final a Irina Moreno, hija de Lenín Moreno, cuya dirección en Nueva York, es, según el documento, “866 un plaza, suite 516, New York, NY, 10016”.

La Fiscal General Diana Salazar ya despachó exitosamente y con sentencia condenatoria el caso Arroz Verde/Sobornos. Ahora tiene tiempo para seguir con el caso conocido como Ina Papers y su trámite en la Asamblea. De eso depende que uno de los velos más infranqueables en el sistema financiero mundial, por fin se levante. Y nos entregue la información que podría marcar un antes y un después en la lucha contra la corrupción en nuestro país.

LLURIMAGUA, LA FIEBRE DEL COBRE

Escrito por mh en . Publicado en Llurimagua.

#URGENTE Minutos antes del cierre de esta edición recibimos una llamada de la Presidencia de la República y en diálogo con el presidente Lenín Moreno anunció su decisión de suspender la entrega del proyecto Llurimagua a CODELCO de Chile, en los términos definidos por el subsecretario Fernando Benalcázar. El presidente aseguró que existe un informe negativo a este proyecto por parte de la Secretaría Jurídica de la Presidencia y que desconocía el llamado del Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables a la reunión de esta tarde 16 de abril, para sellar el acuerdo con la estatal chilena. Periodismo de Investigación le informó al presidente que los negociadores a favor de CODELCO son Juan Sebastián Roldán y su tío Francisco Roldán Cobo.

Es una paradoja que organismos públicos de Ecuador y Chile formen una sociedad anónima y luego de constituirse como privados impongan una cláusula para despojarle a una de las partes su paquete accionario; es la historia de Llurimagua, el yacimiento de cobre que puede valorarse en 3 mil 500 millones de dólares como proyecto, aunque información alterna advierte que esa cifra podría ser mayor. Funcionarios de alto rango como Juan Sebastián Roldán junto a su tío, el abogado representante de los intereses de Chile, Francisco Roldán, se han puesto la camiseta de CODELCO y se han pintado el rostro con sus colores para evitar ser vistos, para expoliar al triste Ecuador.

El pasado 17 de marzo fue el día en que se anunció el regreso de Fernando Benalcázar a la subsecretaría de minas del Ministerio de Recursos Naturales no Renovables. Quién ya lo sabía era el abogado Francisco Roldán Cobo, del bufete Pérez Bustamante & Ponce, que esperaba listo en la antesala del despacho de Benalcázar para ser recibido.

Horas antes, Llurimagua ya había cobrado su primera víctima: José Agusto Briones. Información revisada por nuestro medio da cuenta de mensajes cruzados por un alto mando del gobierno:

“El minist. nos está complicando el negocio! Llamó a unos abog. de Londres para que analicen la propuesta y se están dando cuenta… Papi no t preocupes, ahora hablo con el presi. para que nos cambie de minist.”(sic), se lee.

Su mayor preocupación: la firma del pacto de accionistas para constituir la sociedad anónima que debe sacar adelante el proyecto Llurimagua. En sí, ese acuerdo tiene una trampa que permitirá a Roldán y su representada apoderarse del paquete accionario nacional y acordar en el futuro jugosos negocios, sin que el torpe y pesado Estado intervenga y reciba recursos.

Llurimagua es el nombre del yacimiento de cobre que está por entregarse en silencio, en medio de una crisis sanitaria mundial que tiene en vilo a la humanidad.

La Historia

El 13 de noviembre de 2019 el ministro de energía Carlos Pérez García le pedía al gerente general de la Empresa Nacional Minera EP, Santiago Rojas, que complete los pasos para la aprobación del Pacto de Accionistas, para así avanzar en la constitución de una sociedad anónima que daría viabilidad al proyecto Llurimagua.

Pérez García no disimulaba en la comunicación dirigida su premura. Lo curioso de este pedido, fechado 13 de noviembre, fue que el Ministro de Energía de entonces ya había presentado su renuncia al presidente Lenin Moreno, 24 horas antes. Y dejó públicamente su cargo con una emotiva despedida en la que no faltaron lágrimas.

Le faltó tiempo para coronar la entrega de ese proyecto minero a la nueva sociedad, supuestamente liderada por la Empresa Nacional Minera EP (ENAMI), pero con todo el poder de gestión a favor de su socia, CODELCO de Chile.

Llurimagua es uno de los proyectos mineros mas ambiciosos del planeta, todas las grandes corporaciones han puesto su mirada en esa zona del cantón Cotacachi, zona de Intag, en la provincia de Imbabura; son 4830 hectáreas de una riqueza sin igual, 30 mil millones de dólares en cobre. Una fortuna únicamente comparable a destrucción ambiental que provocará la explotación.

Será por eso que el gobierno de Lenin Moreno, al que se le agotan los días y se le secaron los últimos recursos líquidos, quiere apurar el aprovechamiento económico de Llurimagua, pero a favor de otros. Como dice el refrán popular, sacar provecho, aunque sea del lobo un pelo. Así aquello signifique sacrificar la naturaleza y el derecho al Buen Vivir de los ciudadanos que viven en este sector e iniciaron hace años ya, una lucha de resistencia.

Llurimagua, aunque no resulte un nombre muy conocido ni sonado, es un proyecto que no es nuevo; en septiembre de 2008 Galo Chiriboga Zambrano, como ministro de minas y petróleos suscribió un acuerdo marco con el Ministerio de Minería de Chile para el desarrollo del sector minero nacional.

En 2009 el Ministro Derlis Palacios firmó un acuerdo de Cooperación para explotación minera que 

prácticamente regaló el rico yacimiento a Codelco y le dio la potestad de escoger los mejores proyectos; determinó además que para acciones futuras del proyecto debía crearse la Empresa Nacional Minera.

Un año después, el 28 de noviembre de 2011, la Empresa Nacional Minera suscribió con CODELCO de Chile el Convenio para la Exploración Minera, al que llamaron “Convenio 2011”.

La empresa estatal chilena se comprometió a realizar labores de prospección en Intag.

En 2015 se decidió conformar una compañía de economía mixta, a pesar de ser una sociedad integrada por empresas públicas estatales de Ecuador y Chile. El reparto accionario fue del 51% para la parte ecuatoriana, Enami, y el 49% para el socio chileno, Codelco. Enami ponía los derechos mineros de la concesión a favor de la sociedad creada, mientras Codelco transfería a la misma sociedad la propiedad de la información geológica de la exploración básica que ya había realizado en Llurimagua. Todo estaba claro hasta ese momento.

El 30 de octubre de 2018, en el puerto de Santa Cruz, Islas Galápagos, los ministros de minería de Chile y Ecuador firmaron el acuerdo que transfirió la concesión Llurimagua a la sociedad que debían conformar ENAMI EP y Codelco para desarrollar trabajos de exploración, desarrollo y operación minera. Fue allí cuando las partes se obligaron a constituir la a sociedad anónima.

Esta nueva figura demandaba una negociación posterior o Pacto de Accionistas, que debía estar listo para fines de 2019, como paso previo e inmediato para la explotación del proyecto Llurimagua.

Esta crónica de hechos tiene nombres y apellidos, fuertes influencias políticas y familiares, intrigas empresariales y es posible que enormes perjuicios para el país.

¿Quiénes son?

En 2009, luego de la aprobación la nueva Ley de Minería el gobierno de Rafael Correa contrató al abogado chileno Jerónimo Carcelén Pacheco, para que lo asesore al Ministerio de Minería.

Carcelén es un abogado de prestigio en el área minera y por tanto es cercano a CODELCO; además por su condición profesional mantenía contractos profesionales con socios del bufete ecuatoriano Pérez Bustamante y Ponce.

Fue con ellos, junto al ex embajador del Ecuador en Chile, Homero Arellano, con quienes se apalancó una relación en la que, en este mismo momento, Francisco Roldán, tío del secretario general de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, y socio de Pérez, Bustamante y Ponce manejan a su antojo Llurimagua y los miles de millones de dólares que representa.

Este estudio jurídico es el que tensiona a favor de CODELCO.

Su influencia se evidencia con claridad en el pacto de accionistas, que incluyó en la sección 22.8, el mecanismo de Deadllock. Significa que ante un estado de incapacidad de uno de las partes (entiéndase la Enami) Codelco puede aplicar esta cláusula a su favor.

Según el acuerdo el operador del proyecto es Codelco y estará a cargo del desarrollo, gestión y operación del negocio minero (exploración, desarrollo, diseño, planificación, ejecución de programas, presupuestos, explotación, extracción, etc).

En caso que los accionistas no alcancen un acuerdo respecto del Contrato de Operación y este no fuere celebrado en el plazo indicado, esto es “dentro de los 60 días siguientes al vencimiento de dicho plazo, el Operador podrá acudir al mecanismo de Deadlock contemplado en la Sección 22.8”.

El Deadlock es una venta forzosa del paquete accionario y diluirá la participación accionaria de ENAMI de su 51%. Quién diga que esto no sucederá, simplemente se ha puesto del lado de CODELCO, porque la Empresa Nacional Minera del Ecuador nunca tendrá el dinero que le corresponde investir para sacar adelante el proyecto.  

Quiere decir que ENAMI EP irremediablemente incumplirá con el aporte de fondos que le corresponde y se verá obligada vender su paquete accionario; perderá la concesión minera y los futuros ingresos que le corresponden.

Pero sobre todo no se ha emitido una justificación técnica, financiera y  legal para que ENAMI ceda y transfiera un bien del  Estado (la concesión Llurimagua) de forma gratuita y sin valorización alguna a una sociedad anónima, cuando es el principal patrimonio que la sociedad busca desarrollar.

Otro conflicto de importancia es la valoración que tendrá la sociedad anónima, es decir cual es aporte en monetario de cada uno de los socios. Por ahora Codelco es partidario de no valorar la S.A., es decir que arranque con un valor de cero.

Ex funcionarios consultados consideran que tiene que establecerse un valor porque es una de las forma de proteger los intereses del Estado.

Refieren que si el desarrollo del proyecto es valorado en 2300 millones, de ese monto le corresponde a Codelco entregar su participación, pero en este momento hacerlo de cero significaría que por una inversión de 60 millones puede llevarse un yacimiento valorado hasta en 3500 millones, si deciden venderlo a un operador mas grande.

El pacto se mantuvo en ese estatus hasta la salida de Carlos Pérez García del Ministerio de Recursos Naturales no Renovables. Pero el entonces gerente de la ENAMI, Geovanny Espinosa, emitió sendas observaciones a la modalidad de sociedad anónima por mantener un alto riesgo de perder la mayoría accionaria.

Contraloría observó irregularidades

En el informe de 2019, la Contraloría General del Estado, emitió doce observaciones al proyecto minero Llurimagua. Una de las conclusiones es que Codelco y Enami no constituyeron una empresa de economía mixta y que no existe un documento que avale las actividades realizadas en el área.

El equipo auditor concluyó que las empresas no presentaron los planes anuales de actividades y de inversiones de la concesión en el plazo establecido. Estos incumplimientos, según la entidad de control, constituían causal de caducidad contractual. Sin embargo, quedó como letra muerta.

Los cuestionamientos en el plano ambiental son severos. Contraloría advierte que el Ministerio del Ambiente aprobó el estudio de impacto y plan de manejo sin parámetros locales que describan la caracterización del área del proyecto. “No se identificaron áreas sensibles y a la afectividad del plan y no concluyó medidas de mitigación acordes a la realidad de la zona”.

Algo aún más radical, es la conclusión de que los funcionarios públicos a cargo del tema ambiental definieron por su cuenta que la consulta previa no era aplicable en el área de influencia de la concesión minera Llurimagua, en una abierta contradicción con la normativa ambiental.

Los negocios en la bolsa de valores

La minería en Ecuador es un espejo de su historia. Las primeras alertas salieron de Kiruba, el líder indígena que amenazó con dar de beber oro líquido a los buscadores del dorado.

A esa fecha, más de 500 años, los pueblos indígenas se quejaban de que el reinado español apenas nos dejaba el quinto real, léase 20%. Los siglos han pasado y ahora los ojos de los grandes negocios regresan al subsuelo.

Los primeros ensayos se dieron con patente china. Mirador el gran proyecto a cielo abierto, firmado durante el régimen de Rafael Correa, destina un 6% de regalía al Estado, no se refina en el país y se transportan miles de toneladas de concentrados al país asiático, sin que Ecuador tenga control de los procesados.

En Mirador como en Fruta del Norte, se amasaron grandes fortunas, antes de que se explote un gramo de oro o cobre. Varios ceros a la derecha se movieron en las bolsas de valores.

En una operación bursátil la transnacional Aurelian, que había invertido no más de $20 millones en exploración, vendió sus participaciones en Fruta del Norte a Kinnros, en más de 1200 millones de dólares, luego realizó otra millonaria operación con Lundin Gold.

Lo propio hizo Tonguan al comprar en más de $800 millones los derechos a empresas de las Islas Caimán que controlaban los títulos de Mirador.

Según varios expertos, un escenario similar se proyecta sobre Llurimagua, tras el control del paquete accionario, se hará el primer gran negocio en las bolsas de valores, sin que el Estado reciba nada. Así, seguiremos siendo mendigos sentados sobre una mina de oro, o de cobre.

Llurimagua y su vecina Cascabel

Llurimagua no tiene mucho que envidiar al mayor proyecto minero del mundo descubierto recientemente, ubicado en Ecuador: Cascabel. Geográfica y geológicamente confroman un gran cordón minero que traspasa la frontera colombiana y se extiende a las provincias de Carchi, Imbabura y Pichincha. Alpala, así se conoce al gigante depósito de minerales que forma parte de Cascabel.

Cascabel, tiene la mayor reserva de plata, la tercera de oro y la sexta de cobre a nivel mundial, según las estimaciones las reservas alcanzan 100 millones de onzas de plata, 10,9 millones de toneladas de cobre y más de 23 millones de onzas de oro, el mayor depósito aurífero descubierto en la última década.

La transnacional minera BHP Group, con operaciones bursátiles en Londres y Toronto, es ahora la mayor accionista de SolGold, concesionaria de Cascabel.

Quienes más saben del potencial minero de Llurimagua, son los concesionarios de Cascabel, BHP Group/SolGold, que no pegan los ojos y apuestan a que los chilenos y sus representantes den el primer resbalón para tomar control de todo el cinturón minero. Plata sobre la mesa les sobra, ofertas por centenares de millones de dólares han llegado al escritorio presidencial. Y obviamente en Carondelet las disputas valen oro.

SE ROBARON EL 90% DE LA PLATA DEL TERREMOTO

Escrito por mh en . Publicado en El Gran Reparto.

Lucía Fernández es la presidenta de la Cámara de Comercio de Manta y del Comité Cívico creado para fiscalizar el destino de los fondos para la reconstrucción de Manabí, post terremoto. «la piedra en el zapato», se define ella. Y las noticias que tiene no son nada alentadoras. En resumen: el dinero para levantar la provincia ya se gastó, se lo llevaron y Manabí quedó casi igual.

Lucía Fernández de Genna estaba indignada y eso que esta entrevista la dio algunos días antes que estalle la emergencia sanitaria por el Coronavirus en Ecuador. Lo que está pasando, se veía venir. Pero en ese momento, el tema era la proximidad del 16 de abril, día del cuarto aniversario del terremoto que asoló Manabí en 2016. El terremoto y el destino de los 3000 millones de dólares que se recaudaron para reconstruir esta provincia y Esmeraldas. Ese era el asunto.

P: ¿Qué pasó con los 3000 millones de dólares?

R: Todo fue lleve. El 90% se lo llevaron, no hay. Y lo peor es que dicen que los manabitas nos lo hemos robado, casi 3000 millones de dólares. ¿Dónde? ¿Cuáles? Bueno, serán unos cuantos, pero pocos. Aquí en Manabí han existido los tontos útiles, que han llevado, sí, pero no en grandes cantidades. Aquí el atraco supera al que ocurrió en la Refinería de Esmeraldas y nadie dice nada, porque no les interesa.

P: 90%, ¿no es exagerado?

R: Es tan fácil. Usted dice canchas deportivas: ¿Y dónde están? Ni el 10% se ha invertido en obras que sirvan. Aquí en Manta hay dos puentes a desnivel y ¿quién dijo que queríamos dos puentes? ¿Dónde están los estudios que determinan la necesidad de esos puentes? 80 millones gastados en esos puentes. Lo peor es que no está ni terminado, se llevaron la plata nomás.

Yo en ese Comité de Reconstrucción lo primero que hubiera impuesto son los hospitales: en Bahía, Chone, Pedernales, Manta. Después, las viviendas con los mejores constructores, que sí hay calificados en el país. Acá no. Acá fue a este que es amigo mío dale cien casas, a este otro dale una cuota de 50 viviendas, se hizo por amigos, contratos por cuotas. Y corrupción. Si me dabas un contrato de cien casas, el constructor tenía que dar un porcentaje por el favor, un tanto por ciento. Y estas personas que están en el Comité de Reconstrucción fueron puestas por cuotas políticas.

P: ¿Cuotas políticas manejadas por quién?

R: Si quisieran hacer las cosas bien, escojo lo mejor. Pero aquí mandan los asambleístas, tienen sus cuotas. Mire, yo he visto pasar a Febres Cordero, Borja, Sixto, Bucaram, Mahuad… en esos gobiernos cuando querían robar sabían a donde tenían que ir: a la Aduana. Si tenías un yerno tonto o un hijo limitado, mándalo a robar a la Aduana. Esa es tu cuota política. Pero que ahora se reparta la Salud, eso es criminal. Todo lo que es servicio de Salud, lo que conlleva, la compra de medicinas, servicios, eso no tiene perdón.

Si este gobierno quería hacer la cirugía a la corrupción del gobierno anterior, era tan fácil comenzar por ahí. Ponen de Fiscal a Diana Salazar, muy respetada, pero ella sola no puede con todo. Hay que poner a Diana Salazar y cien fiscales más para el equipo de ella. Esta zona, Manabí, históricamente, ha sido blanco de asaltos. Era centro de piratas, pero los piratas actuales los dejaron en pañales. Y nadie nos toma en cuenta. Nadie quiere salir de su zona de confort. Deja nomás que se lleven. Yo creo que es mi deber salir en defensa de los intereses de mi ciudad.

P: ¿Cuándo comenzaron los actos de corrupción con los fondos del terremoto?

R: Inmediatamente, con decirle que hasta las donaciones que enviaba el alcalde de Guayaquil Jaime Nebot se robaron.

P: ¿Y usted no le dijo a Jaime Nebot que se robaron las donaciones que envió?

R: No le dije a Nebot que le robaron sus donaciones porque yo en ese momento tenía tantas preocupaciones y ya le había dicho a la ministra Lídice Larrea, que no hacía nada. Me dije que si armaba tanta polémica lo que iba a pasar es que ya no seguirían dando. Pensé que sería contraproducente, porque cuando se requería algo, inmediatamente Nebot mandaba ayuda. Y si yo le decía que se robaron sus donaciones, este señor ya no vuelve a mandar.

P: ¿Y a dónde fueron a parar las donaciones?

R: A las despensas del pueblo. Nosotros seguimos algunas camionetas. Y se aprovecharon políticamente esas donaciones, por supuesto. Así se comprometieron dirigentes barriales, dándole lo mejor que tenía para ganármelo. Nosotros regalamos los ataúdes y otros decían que fueron ellos. Y que feo es salir a decir a los deudos, verá que yo le regalé el ataúd, yo le vestí al muerto, porque hasta ropa para los muertos nos tocó pedir. Desde ahí se activó este Comité Cívico y no ha parado.

P: ¿Usted no quiso formar parte del Comité de Reconstrucción que creó el gobierno de Correa?

R: Cuando se conforma este Comité de Reconstrucción, yo hablaba como representante del sector y lo primero que propongo es la creación de unfideicomiso para que allí vaya todo lo que se recaude y luego de allí salga todo para las obras. Cuatro horas duró esa reunión.

¿Qué es lo primerito que debían reconstruir? Hospitales, luego escuelas. Y alguien me dijo que con la Cámara vamos a hacer las casas. Muy bien. A los dos días me visita un abogado y me dice que los ministros Vinicio Alvarado y Santiago León han pedido que te hagas a un lado

porque vas a crear problemas, que me haga a un lado porque han designado a Ricardo Herrera como representante del sector productivo. Si ahí va a haber el lleve, por eso es que me hacen a un lado. Y efectivamente. Eso es lo que pasó.

P: Quien encabezaba el Comité era Jorge Glas. ¿Habló con él?

R: De ahí llegó el señor Glas a hacer oficina en el Oro Verde, con aire acondicionado, buffet, y todos los ministros haciendo oficina allí mientras nosotros repartíamos comida y medicinas al pueblo, en las calles. Yo entregué tres contenedores de medicinas donadas y hasta la vez quisiera saber donde está esa medicina. Bueno, al frente estaba Glas.

Y lo busqué varias veces. Nunca me recibió. Una vez, valiéndome de Marcela Aguiñaga, me consiguió la cita, pero cuando llegué solo me miró y me dijo que no tenía tiempo para recibirme. Tal vez él ya sabía que yo era una persona que no me prestaba para las cosas incorrectas. Y mi ánimo era ayudar y colaborar. Y este Comité de Manta es la espina en el talón para muchas personas. No pueden caminar seguros porque tienen los talones espinados.

P: ¿Hay algo que se pueda hacer a estas alturas?

R: La plata ya está perdida, ya se la llevaron. El único que le sacó provecho a esto fue el alcalde de Portoviejo, Agustín Casanova, que comenzó a buscarle una identidad propia a su ciudad. Yo lo admiro y lo rescato. Ahora es la ciudad de los bosques, de los jardines, y le están sacando provecho a eso.

P: ¿Rescata a alguno de los asambleístas de Manabí?

De los asambleístas rescato a Guillermo Celi, porque tiene voz y está limpio. No ha participado de los repartos. Aquí todo se ha politizado, no solo Salud, las universidades también están politizadas, Educación, Tránsito.

P: ¿El Comité que usted preside ha denunciado estos casos de corrupción?

R: Nos hemos cansado de hacerlo, desde la época de Carlos Pólit. Con Pablo Celi hemos presentado cinco denuncias y por ahí la Contraloría hizo un informe tibio, como sopita de enfermo que decía mi abuelita. Para no quedar mal. Y si Diana Salazar me da apertura, mañana mismo vuelo. Yo la admiro mucho, pero tiene tanta carga, tanto trabajo. Pero nosotros ya le llevaríamos el trabajo hecho.

Odebrecht y Hacking Team: la corrupción reservada en la SENAIN sale a la luz

Escrito por mh en . Publicado en Reportaje.

Antes de convertirse en uno de los brazos ejecutores del espionaje durante el régimen de Rafael Correa Delgado, el exsecretario de la Senain, Pablo Romero Quezada, debió pasar varias pruebas de confianza. La amistad con los hermanos Raúl y Ricardo Patiño Aroca, lo catapultó en 2007 al umbral del escenario de las grandes hazañas del correísmo. En 2008, Romero ya se estrenó en el mecanismo de los sobornos, un sistema criminal que luego se convertiría en una verdadera industria con el caso Arroz Verde. Según documentos revisados, en 2008, Gustavo Texeira, ejecutivo de Odebrecht, entregó a Pablo Romero, 600 mil dólares (que en clave llamaron llantas), cuando ocupaba un importante cargo en el proyecto Baba. Tras la extradición de Romero, Periodismo de Investigación actualiza esta investigación publicada en 2017.

Gustavo Texeira Belitardo, próspero y poderoso empresario, capaz de doblegar al Estado ecuatoriano a favor de sus intereses. Como representante  de Odebrecht en Ecuador tomó notoriedad cuando negoció los tres adendums finales  para la construcción de la central hidroeléctrica San Francisco: entre el 2 de mayo y el 27 de julio de 2006 ajustó el contrato y subió el monto en 12,7 millones de dólares.

Pero en 2009 fue vinculado al escándalo de San Francisco, obra en la que se identificó sobreprecios y problemas estructurales de construcción, por esa razón Odebrecht fue expulsada del país y se iniciaron sendos juicios contra él y otros ejecutivos brasileros, pero esos procesos judiciales nunca prosperaron porque el presidente Rafael Correa brindó luz verde para el perdón (con olvido) y retorno de la empresa.

A inicios de octubre de 2016 Teixeira fue vinculado al caso Lava Jato junto al  sobrino del ex presidente Lula, Taiguara Rodríguez. Hoy enfrenta la justicia penal y podría ser sesntenciado a mas 20 de años de prisión.

Pablo Romero Quezada era un desconocido hasta el año 2007 cuando Rafael Correa  tomó las riendas del Ecuador, entonces fue nombrado gerente general de Hidronación, la empresa estatal que administraba la represa Marcel Laniado de Wind. Para entonces el reinado de Odebrecht se centraba en las obras de la desaparecida Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Río Guayas, Cedegé; con la llegada de Correa su hermano Fabricio tomó el control de Cedegé y concretó sendos contratos con la empresa brasilera.

Romero Quezada también fue nombrado presidente del Fideicomiso Baba, que coordinaba la construcción de esa central hidroeléctrica. Es en ese contexto en que estos dos personajes, Teixeira y Romero, se encuentran  y enlazan relaciones económicas con el asesoramiento del abogado Roberto González Torre.

Según el email titulado «2008-2-11»  se puede advertir cómo Pablo Romero pide  a Gustavo Teixeira Belitardo el depósito de dinero en una cuenta a nombre de la empresa Goldman Holdings Incen Panamá. Romero Quezada ratificó que en esa cuenta “transferimos durante cinco meses las otras 500 llantas, a razón de 100 llantas por mes. Esta cuenta es super receptora así que no hay problema”, escribió.
Roberto González, copiado en dicho email, responde a Romero a día seguido diciendo  «Pablo no mandes así, ten cuidado. Con esa copia del mail nos cagan». Roberto González  al parecer actúa a nombre de Romero.

Este documento, junto a otros, fueron filtrados a asambleístas de oposición en el año 2013 y  que tiempo después se entregaron a pocos periodistas. Los documentos tomaron relevancia luego de la captura de Teixeira Belitardo; al hacer una búsqueda de ese nombre, saltaron los correos. En el email “2008-4-7″ Romero vuelve a hacer mención al mismo tema, esta vez habla del «embarque de 190», claramente haciendo referencia a 190 mil dólares. González le pide a Romero que le pregunte a «Garoto» si los enviaron.  Garoto es la persona de Odebrecht.

Los dos correos tienen como denominador común los depósitos en la cuenta de la empresa Goldman Holdings Inc de Panamá. Esta fue constituida por Morgan y Morgan en 2002. Este estudio jurídico panameño era utilizado continuamente por Odebrecht; el hermano del presidente Rafael Correa, Fabricio, también constituyó empresas en Panamá con ese estudio. Mire todos los correos electrónicos de Pablo Romero aquí

Esta es una de las razones por las que Pablo Romero no aparece en los papales de Panamá, que son una filtración de los documentos del estudio Mossak Fonseca.

Goldam Holdings Inc también fue utilizada para transferencias de dineros cuando Romero llegó a la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senanin) de  la mano de los hermanos Patiño Aroca. Romero, gozó de una segura confianza de Rafael Correa, tanto así que el día de la posesión como máxima autoridad de la Senain, el Presidente tuvo elocuentes palabras para Romero: “Pablo fue Subsecretario Nacional de Inteligencia desde el 2011, y ha demostrado estar a la altura del desafío que supone la Dirección de esta Secretaría, donde la probidad, la ética, el sentido de Patria y los atributos profesionales de alta exigencia, son fundamentales. Adelante, querido Pablo, el gobierno, la Revolución, la Patria cuentan contigo“, dijo Rafael.

En referencia a los negocios con “500 Smart Solutions”, es posible identificar una estrecha relación entre Pablo Romero y Roberto González, la cual empieza con una comunicación de Romero dirigida a González en donde le dice que quiere hacerle una propuesta de trabajo con absoluta discreción para «asegurar  un cobro».

Durante el año 2013, la Senain realizó la contratación  de varios equipos de espionaje a la compañía “500 Smart Solutions LLC”, empresa dirigida por Gabriel Guecelevich, constituida en el estado de Delaware (EEUU), para hacer exclusivamente esa transacción.

Como se desprende del marco normativo aplicable a la Senain, la entidad estaba en la obligación de cumplir con los procedimientos de contratación pública previstos en la LOSNCP y en su reglamento, sin embargo decidió contratar directamente con la citada empresa, como consta en varios comunicados cursados entre Romero y los proveedores. El régimen especial establecido en el Art. 2 (2). De la LOSNCP, solo es aplicable cuando son contratos a cargo de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional, marco institucional en el que no se encuentra la Senain.

Los documentos oficiales dicen que Guecelevich solicitó inicialmente un pago de 50.000 dólares por la conducción de programas piloto para determinar la operatividad de los sistemas. Después en oficio de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), con el identificador D-S-0031-2013, Romero Quezada informó a Guecelevich la decisión de la Secretaría de adquirir “el referido equipamiento” $USD 526.500 dólares.

Guecelevich, un argentino de 50 años y ascendencia judía, está radicado en Guayaquil y  no solo representó a la empresa 500 Smart Solutions, también fue el rostro de Hacking Team, la empresa italiana especializada en vender sistemas de seguridad a gobiernos que quiere espiar a sus ciudadanos.

A través de oficio SENAIN-CINF-S-135-2012, José Miguel Delgado, Coordinador General de Infocomunicaciones y Proyectos Especiales de la SENAIN, preguntó a Guecelevich si su empresa estaba en capacidad de proveer “aeronaves UAV” (vehículos aéreos no tripulados). La partida asignada fue de 5,5 millones de dólares.

De la información se podría inducir que Pablo Romero Quezada, estuvo relacionado con varias empresas creadas en el paraíso fiscal de Panamá, las cuales aparecen manejadas por Roberto González Torre, abogado del estudio Consulegis, según se desprende de varias comunicaciones personales, en las cuales se hace referencia a empresas constituidas en el Itsmo, a cuyas cuentas bancarias se harían importantes transferencias de dinero. Es el caso de: Goldman Holdings Inc.; Kastoria Financial Inc.; Noritex SA.; Toscana Zona Libre SA.; Egan Trading Inc.; Elberton Enterprises Inc.; Rivers Finance Inc.; Bosch Holding Corp.; entre otras, creadas principalmente bajo la tutela de Morgan & Morgan.

En una serie de comunicaciones Romero le envía informes con los productos para los cuales se está buscando comprador. En uno de ellos hablan sobre la necesidad de presentar una «propuesta pedagógica» al «Presi», se entendería a (Rafael Correa). En el comunicado de fecha 10 de Mayo de 2012, que Romero copia a Elizabet León (Liz León), adjunta una planilla con una cantidad de proyectos iniciados por la Senain, los cuales necesitan de proveedores, y le pide a estas personas que consigan proveedores.
Las negociaciones e intercambios de comunicados siguen varios meses. Diferentes correos muestran como entre Romero y González invitan a diferentes  empresas  ligadas a ellos a participar de las supuestas  licitaciones.  Pero ninguna de ellas son licitaciones públicas, sino negocios previamente acordados con empresas extranjeras, en particular israelíes, las cuales luego crearon pantallas, como “500 Smart Solutions LLC” en EEUU, para materializar el proyecto.

EI 27 de julio de 2012 Romero le dice a una persona de nombre Manuel Eduardo Fernández Palacios que hay una cantidad de equipos que aún no han sido adjudicados y luego le dice «el mensaje está claro», afirmando que salga a conseguir proveedores  que quieren pagar coimas. Fernández responde «Quieres que le diga a mi gente para que las empresas de ellos te las vendan» y Romero responde: «Entonces  para que crees que te envío? Hable serio abogado», en tono irónico.

Gabriel Guecelevich, figura como representante  de 500 Smart Solutions LLC, empresa americana  que va a intermediar en la venta de equipos para la SENAIN y pagar coimas desde bancos americanos a empresas en Panamá y EEUU. Estas comunicaciones  empiezan  el 6  de Agosto de 2012 cuando acuerdan reunirse en Israel. Hablan sobre la visita de Romero a las instalaciones  de la empresa Uvision Air para la adquisición de naves no tripuladas.  El viaje se concreta los primeros días de Septiembre  de ese año y de acuerdo con la información existente, es allí donde se realizan las primeras operaciones  ¿A cambio de coimas?

Hacia finales de septiembre  empiezan a concretar el tema de los pagos y las garantías. EI 12 de noviembre se define la forma de pago y se informa que las garantías  de Smart Solutions  las proveerá el Bank of América.

  • EI 13 de noviembre, Liz León le envía a Pablo Romero los datos de una cuenta a nombre de María José Dávila, en el  banco Wells Fargo. El 3 de diciembre Smart Solutions envía USD 50,000 a esta cuenta.
  • EI 14  de diciembre le envían a Romero un SWIFT, por un pago de U$ 2.925.000  a la SENAIN.
    EI día 19 de diciembre  Smart Solutions  realiza un giro por más de 100 mil dólares a Noritex S.A en Panamá y por 96 mil solares a Kastoria Financial en Panamá.
  • EI 20 de diciembre, Pablo Romero envía a Roberto González  un email con el asunto «Fruta enviada» y luego dice «son los archivos de los envíos de frutas desde la gran comercializadora en NY hasta los supermercados que tú me indicaste».
  • El 2 de enero de 2013, el banco en Panamá MMG Bank Corporation  informa sobre el arribo de una transferencia de U$ 200.000 a Goldman  Holdings Inc. desde Smart Solutions, y piden información al respecto. Pablo Romero envía esta información a Roberto González.
  • El 13 de enero, Romero le pide a González que transfiera U$ 10 mil (tacos) a una cuenta en el Bank of América.