Autor: mh

Redacción MilHojas

Al cierre de la instrucción fiscal por el delito de Trata de Personas que se sigue contra el estadounidense Royce Phillips, alias ‘el abuelo’, y Christian Giler, alias ´Careniña’, la Fiscalía de Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional vinculó en el proceso a tres jóvenes que se dedicaban a reclutar a menores de edad con fines de explotación sexual.
Las pruebas ingresaron al expediente de Trata y según el fiscal encargado, José Reinaldo Córdova, existen suficientes evidencias que hacen presumir que Julio Erazo, Chistian Álvarez y Jonathan Paredes, todos mayores de edad, “tienen autoría directa en el hecho que se investiga”.
Estas vinculaciones se dan luego de los resultados de las pericias de los dispositivos electrónicos encontrados en las casas de Phillips y Giler, en los que aparecen nuevas víctimas menores de edad y también sus victimarios, según fuentes policiales.
El testimonio de una de las víctimas de la red de trata de personas, dado el pasado 6 de junio ante la cámara de Gessel, fue determinante para relacionar y confirmar que ‘el abuelo’ es la cabeza de una organización dedicada a la explotación sexual de menores de edad junto con un grupo de ‘reclutadores’ de menores del cual formarían parte Erazo, Álvarez y Paredes.
Por dos ocasiones, la adolescente intentó dar su testimonio y contar cómo en dos de las habitaciones de la residencia de ‘el abuelo’ se grababan todo tipo de videos sexuales con menores de edad. Los pretextos fueron varios: desde supuestos atrasos, la ausencia del abogado de Royce Phillips y críticas de supuesta falta de colaboración de la víctima por pedir que su testimonio sea dado de espalda al acusado.
El tercer intento fue el vencido y dio paso a un testimonio revelador. La víctima ofreció detalles de cómo Phillips, el estadounidense de 65 años, solicitaba a sus reclutadores (Christian Giler y Julio Erazo) videos sexuales y ‘packs’ (videos y fotos de niñas masturbándose); pormenores de cómo se daban las fiestas en su residencia, quiénes las frecuentaban, quiénes proporcionaban la droga y el alcohol.
Este testimonio sirvió también para que la fiscal de Delincuencia Organizada, Transnacional e Internacional, María Susana Rodríguez, pidiera -a 14 días de terminar la instrucción fiscal- sumar al expediente de Trata las pericias de dispositivos electrónicos que se encontraron en las viviendas de Giler y Phillips en marzo pasado. El caso estuvo inicialmente en manos de la fiscal Tania Moreno.
El 11 de junio, Rodríguez solicitó que un perito especializado “extraiga la información” de un CD-R, marca Maxell, y que se determine la relación telefónica y cruce de llamadas de todos los números encontrados en ese dispositivo que se encuentra en cadena de custodia. Los resultados se presentaron el 16 de junio último.
Reconstrucción de la muerte de Carolina, el pasado 20 de marzo, con dos de los jóvenes que arrojaron el cadáver en un terreno baldío. Foto:El Comercio
El 12 de junio, la fiscal ordenó además que, en un plazo de cinco días, se realice “la experticia de secuencia fotográfica” de un DVD-R16X que es parte del informe técnico pericial informático forense, ingresado en cadena de custodia el 31 de mayo pasado. Y que la misma experticia se realice en un disco duro externo, marca MY Passport.
El objetivo: Identificar a las decenas de menores de edad que aparecen en los videos y fotografías encontradas en los dispositivos mediante la pericia “identificación fisionómica e identidad morfológica”.
Una de las últimas disposiciones de fiscalía es la emitida el 17 de junio para que se realice una pericia de fidelidad y transcripción del testimonio de una nueva víctima (realizado el 16 de mayo pasado y que ingresó al centro de acopio con cadena de custodia). Y finalmente la del 18 de junio para ampliar la versión de Giler, junto con la de Julio Erazo, su novia Samanta Y., David V., Rosario M. y Juan Carlos D.; además de extraer toda la información del teléfono Huawei de Giler.
Giler, Erazo, Paredes y Álvarez no eran los únicos reclutadores. A ellos se suma, según el testimonio de las víctimas, Antoni M. quien fue sentenciado el 17 de junio pasado a 8 años de internamiento institucional, lo que significa que estará privado de su libertad en un centro de detención que será determinado por el juez, por violación con resultado de muerte de la menor Carolina A., la máxima pena por este delito sancionado en el Código Orgánico Integral Penal. En este proceso también están involucrados Giler, Víctor Hugo Ch. y Jonathan Paredes.
Mientras que a las menores Melani T. y Dejaneira C., quienes junto con Christian Giler y Antony lanzaron el cuerpo de Carolina en un terreno baldío el 26 de agosto del 2018, luego de limpiarlo y vestirlo una vez que fue violentado y asfixiado -como lo confirmó la autopsia y la exhumación-, recibieron una pena de medidas socioeducativas que consiste en un llamado de atención verbal y un año de libertad condicional asistida; es decir, deberán acudir a sesiones psicológicas y educativas.
Los involucrados enfrentan otros procesos
Desde el 28 de mayo, Royce Phillips enfrenta también una denuncia por abuso sexual a un menor de edad y otra causa por tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización.
Christian Giler, a más de los procesos de violación con muerte y Trata, suma otros por intimidación, ataque y resistencia, delito flagrante por robo, daño a bien ajeno y violencia psicológica contra la mujer. Él se encuentra recluido en el Centro de Detención Provisional de Varones (El Inca) y el 21 de junio amplió su versión, su último recurso antes del cierre de la instrucción fiscal de Trata dado este 25 de junio.
Desde este Centro, Giler ha tenido acceso a su red social Facebook para enviar a sus víctimas advertencias y amenazas exigiendo el retiro de las denuncias. Hace semanas, estos mensajes fueron intimidantes; hace pocos días, el tono cambió a conciliador.
El estadounidense Royce Phillips enfrenta tres procesos en su contra: por Trata de Personas, tráfico ilícito de drogas y abuso sexual.
Otra víctima amenazada
La violación de Mariana (nombre protegido) ocurrió en octubre del 2017. Fue drogada y abusada por Christian Álvarez. Pese a que los exámenes médico legales (físicos, sicológicos y toxicológicos) confirmaron el abuso sexual, no se inició la investigación fiscal.
La abogada Cecilia Espinoza tomó el caso en abril pasado y contó que ninguno de estos elementos fue ingresado al expediente; solo aparecieron dos versiones de los familiares de la víctima que denunciaron amenazas e intimidación.“Nunca tuvieron respuestas, siempre respondieron que regrese mañana”, dice.
La causa se inició con la toma de versiones; pero con la activación de las investigaciones, la víctima empezó a recibir amenazas. Fue interceptada el 18 de junio pasado por una mujer adulta que se identificó como una enviada del principal sospechoso. “La perseguía por varias cuadras y la amenazaba mientras caminaba junto con una amiga; (a ambas) les quitó los teléfonos celulares y les exigió poner las claves para desbloquearlos y llevárselos. Todo esto, mientras la amenazaba para que no dijera nada, le ordenaba que siguiera caminando y que no regresara a ver, de lo contrario le dispararía e iría a buscar a su familia”, detalla la abogada.
El fiscal Jorge Gordillo Viteri lleva esta causa y la semana pasada pidió formalmente la incorporación de los exámenes periciales al expediente. Se espera el parte policial sobre la amenaza a la víctima para solicitar a la Fiscalía que la incluya en el Programa de Protección de Víctimas y Testigos.

Triste sanción a Policías que alteraron informe de muerte de Carolina 
Por el caso de violación con muerte de Carolina existen varios fraudes procesales que están siendo tratados por vía administrativa en la Policía Nacional con suspensiones y llamados de atención cuando -según la norma jurídica- son delitos y corresponde que la Fiscalía inicie procesos por la alteración de evidencias, en opinión de Juan Pablo Albán, uno de los integrantes el equipo jurídico que apoya a una de las testigos protegidas.
Según la ministra del Interior, María Paula Romo, las actuaciones de los agentes Henry Montenegro Santacruz y Patricio Cuzin Cano estaban siendo investigadas, pero no dio detalles porque su escueta aclaración se difundió a través de Twitter en respuesta a un usuario que la cuestionaba sobre las acciones que las autoridades están tomando para descubrir quiénes dieron la orden para alterar el informe sobre la muerte de Carolina.
El 6 de diciembre del 2018, la madre de Carolina presentó a la Policía Nacional una denuncia en contra de los dos agentes por alterar los resultados de la primera autopsia y sugirió un posible acuerdo entre los sospechosos de la muerte de su hija con los agentes de la Dinased para no informar la verdad. Pero el 23 de diciembre, la Unidad Zonal de Asuntos Internos del Distrito Metropolitano de Quito resolvió que “no procede el inicio de un sumario administrativo en contra de los dos agentes” y sugirió el archivo de la causa porque la denuncia no cumplía con los requisitos estipulados en el COESCOP (Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público)”.
Nueve meses después, la misma Unidad Zonal de Asuntos Internos los sancionó por “falta administrativa disciplinaria grave por emitir información o informes infundados relativos a la institución a su servicio”. La sanción fue pecuniaria y alcanzó el 8% de su remuneración mensual.
Asuntos Internos de la Policía Nacional, no acogió denuncia de madre de Carolina para sancionar a agentes que alteraron informe de autopsia de su hija.
Contradiciéndose a su decisión inicial, Asuntos Internos de la Policía sancionó a agentes con “8% de su salario”. No aclaró si agentes recibieron órdenes superiores para cambios en informe de autopsia.
Este portal solicitó una entrevista a la Secretaria de Estado el pasado 28 de mayo y se canalizaron los temas para la entrevista con Guillermo Rodríguez, subsecretario de Orden Público. Una semana después con María Augusta Chico.
Los temas que se plantearon a la ministra fueron: Cuál es la tasa de homicidios, comparaciones, evolución en últimos años; casos de muertes violentas que analiza la subcomisión de Homicidios Intencionales; el caso Carolina A. y el accionar de la Dinased; y las medidas tomadas por la Policía y Ministerio del Interior para enfrentar redes de trata de personas.
No ha habido respuesta al pedido de Mil Hojas.

Por Sasha Chavkin
En diciembre de 2016, cuando la empresa constructora brasilera Odebrecht S.A. reconoció el armado de un inmenso sistema de corrupción, que el Departamento de Justicia de Estados Unidos describió como “el mayor caso de sobornos extranjeros en la historia”, se desató una ola de escándalos políticos en toda Latinoamérica.
Cayeron gobiernos, y algunos expresidentes y funcionarios de alto rango, además de los ejecutivos de Odebrecht, pasaron de transitar los pasillos del poder a dormir tras las rejas. En su confesión, la empresa dio detalles pormenorizados de sus delitos y aceptó cooperar con los fiscales de la región, que se han comprometido a llevar a todos los involucrados ante la Justicia.
Marcelo Odebrecht detenido, fue el punto de no retorno que condenó a centenas de ejecutivos y políticos de América Latina y África.
En su confesión, sin embargo, Odebrecht no contó la historia completa.
“División de Sobornos”, una nueva investigación llevada adelante por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), revela que esos pagos a cambio de contratos eran aún más grandes que lo admitido por Odebrecht, y que involucraban a destacadas figuras y enormes proyectos de obras públicas que no aparecen mencionados ni en las causas judiciales en trámite ni en ninguna otra investigación oficial hasta la fecha.
El nuevo hallazgo se desprende de la filtración de un enorme número de documentos y registros del “Departamento de Operaciones Estructuradas”, una división de Odebrecht creada básicamente con el propósito de manejar los sobornos que entregaba la empresa. Esos registros fueron obtenidos por la organización de noticias ecuatoriana La Posta, y luego compartidos con el ICIJ y 17 medios aliados en el continente americano. Las filtraciones revelan pagos secretos a lo largo y a lo ancho de toda la región, y que se van mucho más allá de lo informado públicamente hasta ahora. Entre otras cosas, lo registros revelan:
• Pagos secretos de Odebrecht por más de 39 millones de dólares vinculados con la construcción de la gigante central termoeléctrica de carbón de Punta Catalina en República Dominicana. Las dos investigaciones oficiales previas sobre el proyecto, que informaron no haber encontrado hechos delictivos, no mencionan estos pagos.
Central termoeléctrica de carbón de Punta Catalina en República Dominicana.
• Diecisiete pagos por un total de más de 3 millones de dólares relacionados con un gasoducto en Perú. Entre los beneficiarios listados de esos pagos se encuentra una empresa propiedad de un político peruano que en una grabación no vinculada a este caso y difundida recientemente por un programa televisivo de Perú aparece complotando el asesinato de un adversario político.
• Emails donde se discuten los pagos secretos realizados por un banco propiedad de operarios de Odebrecht a empresas fantasma y relacionados con un contrato de 2.000 millones de dólares para la construcción de una red de subterráneos en Quito, capital de Ecuador. Los documentos no revelan quién recibió el dinero.
Metro de Quito, el proyecto iniciado por Odebrecht pasó a ser controlado, luego de los escándalos de corrupción, por la española Acciona; el sistema Drousys identifica pagos realizados por este proyecto, el caso ya es investigado en la fiscalía por una denuncia del ex asambleísta César Montúfar.
• Pagos relacionados con más de una docena de otros proyectos de infraestructura en países de toda la región, incluidos más de 18 millones de dólares vinculados a la red de subterráneos de la Ciudad de Panamá, y más de 34 millones de dólares relacionados con la Línea 5 de la red de subterráneos de Caracas, Venezuela.
Drousys detalla todas las transferencias realizadas por las empresas off shore de Odebrecht a favor de miles de empresas fantasmas constituidas en todos los paraísos fiscales del mundo; el reto es descubrir a quién pertenecen esas compañías.
Los pagos de Odebrecht a funcionarios públicos eran de tal escala que la empresa creó una división especial interna, el Departamento de Operaciones Estructuradas, cuyo propósito básico era el manejo y pago de sobornos. Los archivos obtenidos por La Posta y el ICIJ contienen más de 13.000 documentos que esa unidad de Odebrecht almacenaba en una plataforma de comunicaciones secretas conocida como Drousys. Esos mismos registros también fueron obtenidos, de manera independiente, por el medio de prensa ecuatoriano Mil Hojas, que luego se sumó a este proyecto.
En Brasil, epicentro del escándalo, el expresidente por dos mandatos Luiz Inacio Lula da Silva –calificado alguna vez por Barack Obama como “el político más popular del planeta”–, cumple una larga condena en prisión por corrupción y negociados, incluidos delitos vinculados a Odebrecht. El 17 de junio de este año, la empresa Odebrecht anunció que presentaría ante la justicia un Procedimiento Preventivo de Crisis, para reestructurar su deuda de 13.000 millones de dólares y evitar la quiebra.
Hace más de cuatro meses que el ICIJ trabaja con más de 50 periodistas de 10 países en un análisis a fondo de los registros contables de ese “Departamento de Sobornos” de la empresa Odebrecht.
En un comunicado enviado al ICIJ, Odebrecht ratificó su compromiso de plena cooperación con las autoridades que investigan la corrupción vinculada a la empresa. “Odebrecht seguirá haciendo todos los esfuerzos ante las autoridades competentes en un régimen de colaboración irrestricto”, informó en su declaración.
La empresa no quiso responder sobre casos individuales.

¿Por qué parte de la historia permaneció oculta?
El escándalo Odebrecht es un imparable terremoto político que sacude a Latinoamérica.
Las revelaciones sobre pagos ilegales han tumbado gobiernos en Brasil y Perú y llevado al encarcelamiento de expresidentes de ambos países. Y a medida que se fueron descubriendo nuevos destinatarios de esos sobornos, los fiscales de toda la región han imputado a un creciente y constante número de funcionarios públicos y privados.
El Presdiente Ollanta Humala y Marcelo Odebrecht, Perú es el país que mas esfuerzos desplegó para conocer el sistema de sobornos que estructuró la constructora carioca.
Pero las nuevas filtraciones dejan en claro que la red de corrupción de Odebrecht se extendía a muchos proyectos de obras públicas y a personalidades públicas que hasta ahora no habían sido alcanzados por la ley, lo que genera dudas sobre la total honestidad de la confesión de Odebrecht ante las autoridades y sobre la voluntad política de algunos fiscales para avanzar con los casos.
Carlos Pimentel, director ejecutivo de Participación Ciudadana, una agrupación anticorrupción de República Dominicana, dice que los negociados relacionados con el proyecto energético y la falta de respuesta del gobierno dominicano socavan la credibilidad de las instituciones políticas del país.
“En el país hay un sistema de complicidades para el enriquecimiento de una minoría, tanto del sector público como privado, basado en el empobrecimiento de la mayoría”, dice Pimentel. “Eso es lo que revela el caso Odebrecht.”
El desenmascaramiento de las prácticas corruptas de la empresa también ha causado agitación política, desatando la furia de los políticos del establishment y alimentando una creciente inestabilidad.
“Cuando todos los partidos tradicionales quedan deslegitimados, se abre espacio para la insurgencia de un populista”, dice Yascha Mounk, politólogo de la Universidad Johns Hopkins dedicado al estudio del declive global de la democracia liberal.
Cuando Lula da Silva quedó afuera de la contienda por la presidencia debido a su condena judicial, los votantes tomaron la crucial decisión de elegir al exmilitar ultraconservador Jair Bolsonaro, que hizo campaña despotricando contra las élites corruptas y que una vez dijo que la dictadura militar que gobernó Brasil de 1964 a 1985 debería haber asesinado a 30.000 personas más.
Las filtraciones también dejan al desnudo el rol que jugó el oscuro mundo de las finanzas offshore, que fue el que hizo posible el funcionamiento de la oficina de sobornos de Odebrecht. Si bien los beneficiarios de los sobornos eran casi todos de Latinoamérica, los pagos invariablemente se canalizaban a través de una secreta red de empresas y cuentas fantasma en paraísos fiscales.
Esas turbias entidades offshore canalizaban cientos de millones de dólares en pagos secretos, a través de empresas y bancos en países de todo el mundo, incluidos Estados Unidos, China, los Países Bajos, los Emiratos Árabes Unidos, Panamá, y Antigua y Barbuda. En un caso, los pagos pasaron de Odebrecht a una empresa radicada en las Bahamas y de ahí a una con domicilio en República Dominicana, que luego compró un departamento de 2 millones de dólares en el centro de Manhattan.
En total, según datos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, entre 2001 y 2016, la empresa Odebrecht pagó más de 788 millones de dólares en concepto de sobornos, que le reportaron unos 3.300 millones de dólares en ganancias mal habidas.
“Es alucinante pensar que esto funcionó durante tanto tiempo”, dice Shruti Shah, presidente y CEO de Coalición por la Integridad, una organización sin fines de lucro de la ciudad de Washington que impulsa mayores controles para frenar la corrupción empresarial y gubernamental.

El auge de Odebrecht
La empresa fue fundada en 1944 por Norberto Odebrecht, descendiente de inmigrantes alemanes llegados en el siglo XIX, en la ciudad portuaria de Salvador de Bahía, Brasil. El padre de Norberto Odebrecht había fundado anteriormente una empresa constructora que tuvo que cerrar por los altos precios de los materiales durante la época de la Segunda Guerra Mundial.
Las décadas pasaron y Odebrecht se fue convirtiendo en la empresa constructora más grande de Latinoamérica, de la que dependían los gobiernos de la región para la realización de sus grandes proyectos de obras públicas, desde autopistas hasta centrales eléctricas.
La empresa atribuye su éxito a un conjunto de elevados “principios, conceptos y criterios” elaborados por su fundador y a los que llama Tecnología Empresarial Odebrecht. Entre esos principios, señala la “Educación por el Trabajo”, la “Asociación entre los integrantes” y la “Confianza en las personas”. A lo largo de los años, la presidencia de la empresa fue cambiando de mano, pero siempre dentro de la familia Odebrecht, primero de Norberto a su hijo Emilio, en 1991, y luego a su nieto Marcelo, en 2009^.
Bajo el liderazgo de Marcelo Odebrecht, un delgado ejecutivo de anteojos que alguna vez fue conocido como “El Príncipe”, los ingresos anuales de la empresa crecieron astronómicamente, de 17.500 millones de dólares en 2008, a 45.800 millones de dólares en 2014. Ganando licitaciones para la construcción de descomunales proyectos de obras públicas –entre ellos, un gasoducto en Perú por 7.000 millones de dólares, la central termoeléctrica de 2.000 millones de dólares en República Dominicana, y la red de subterráneos en Perú por 2.000 millones de dólares–, el grupo Odebrecht consolidó su posición como contratista dominante en Latinoamérica y como una de las mayores contratistas del mundo entero.
Odebrecht aprovechó sus estrechos vínculos con el influyente presidente brasilero Lula da Silva, cuyo gobierno recurrió a la empresa para la realización de proyectos de infraestructura que era parte de su agenda de desarrollo y de su ambicioso programa de lucha contra la pobreza.
Pero el vertiginoso crecimiento de la empresa bajo el mando de Marcelo Odebrecht también se vio potenciado por otro factor: los negociados a gran escala.
Las operaciones de sobornos de la empresa eran de tal magnitud que en 2006 la empresa creó una división especial para el manejo de esos pagos. El Departamento de Operaciones Estructuradas “funcionaba en los hechos como una oficina de sobornos”, según consta en una declaración de hechos que las autoridades hicieron de la empresa, y que Odebrecht reconoció como “cierta y exacta”, como parte del acuerdo de admisión de culpabilidad negociado con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Ninguno de esos pagos quedaba registrado en en los libros contables de la empresa y por lo tanto eran ilegales, como más tarde declararía ante los fiscales peruanos el extesorero de esa oficina, Fernando Migliaccio.
La compañía, sin embargo ha dicho que no todos los pagos de ese Departamento fueron sobornos.
“En esos sistemas hay registrados varios trabajos de la compañía”, declaró en julio de 2018 la filial de Odebrecht en Perú, en referencia al sistema Drousys y a otra plataforma usada por el Departamento de Operaciones Estructuradas que tampoco figura en los libros contables. “Eso no implica que en todos esos trabajos haya habido sobornos o corrupción.”
Así funcionaba la Oficina de Sobornos
El Departamento de Operaciones Estructuradas combinaba el sigilo de una organización delictiva con la burocracia de una gran corporación.
Para comunicarse en secreto, la oficina de sobornos elaboró el sistema Drousys, una plataforma por fuera de los libros contables que incluía el envío seguro de emails y mensajes instantáneos.
En esas comunicaciones, los empleados de Odebrecht y los destinatarios de los sobornos solo figuran bajo apodos, muchos de los cuales todavía no han sido descifrados. Los empleados tenían nombres en clave como “Gigo” y “Waterloo”, mientras que a los receptores de los sobornos se les solía adjudicar apodos más coloridos, como “Bambi”, “Robocop”, Darth Vader” y “Stalin”.

Esos registros incluyen discusiones abiertas y explícitas sobre cómo garantizar la confidencialidad del sistema. En una de esas cadenas de emails, los empleados de la empresa hablan de dividir un soborno multimillonario en pagos más chicos, para evitar despertar la sospecha de los bancos.
También se hallaron planillas de cálculo que rastrean el historial de pago de coimas de la oficina. Una de ellas consigna más de 600 pagos por un total de 230 millones de dólares, realizados entre fines de 2013 y fines de 2014.
Como luego revelarían las investigaciones penales, entre los tantos proyectos que esa oficina ayudó a encaminar para la empresa Odebrecht se encuentran la red de tránsito rápido de Lima, Perú, una represa en el estado de Michoacán, México, y un proyecto de la central hidroeléctrica en Ecuador.
El sistema de corrupción de Odebrecht fue finalmente desbaratado por los fiscales brasileros durante la famosa investigación por corrupción conocida como Operación Lava Jato. Lanzada en marzo de 2014, la pesquisa primero se enfocó en el lavado de dinero a través de pequeños negocios, como los lavaderos de automóviles, pero luego se expandió cuando el dinero sucio condujo a los investigadores al descubrimiento de un gigantesco complot de sobornos y licitaciones amañadas que involucraba a la petrolera estatal brasilera Petrobras y al grupo privado Odebrecht.
En junio de 2015, los funcionarios de la justicia brasilera que investigaban sobornos, licitaciones amañadas y sobreprecios en contratos con el Estado, arrestaron a Marcelo Odebrecht, y en marzo de 2016, un tribunal brasilero lo condenó a 16 años de prisión, sentencia que luego fue reducida y convertida en arresto domiciliario a cambio de su cooperación con las autoridades.
En diciembre de 2016, la empresa Odebrecht llegó a un acuerdo de aceptación de responsabilidades con los fiscales de Brasil, pero también con los de Estados Unidos y Suiza, ya que ambos países se sumaron a la causa tras descubrir que los pagos ilegales de la empresa habían pasado por bancos suizos y estadounidenses. La empresa logró evitar el juicio tras aceptar dar una detallada declaración pública de sus delitos y acordar el pago de una multa de 2.600 millones de dólares.
Esa “declaración de hechos” de 23 páginas describe en detalle cómo fue creado el Departamento de Operaciones Estructuradas y con qué propósito. La empresa admitió que esa oficina canalizaba fondos no registrados en los libros a través de empresas y bancos offshore en paraísos fiscales, a veces utilizando contratos ficticios para encubrir sus operaciones. Al final, ese dinero se usaba para sobornar a políticos, funcionarios públicos y partidos políticos.
Como parte de las revelaciones a las que se comprometía en su acuerdo con la justicia, Odebrecht le entregó a los fiscales una gran cantidad de documentos, entre ellos, planillas de cálculo con un seguimiento de los pagos secretos, declaraciones de las cuentas en bancos offshore, emails, registros de transacciones, contratos y registros informáticos, todos almacenados en su sistema Drousys.
Jorge Glas, ex vicepresidente; Ricardo Vieira de Odebrecht junto a Walter Soliz y el ex presidente Rafael Correa, , juntos fueron el motor de la corrupción al mas alto nivel
Las revelaciones de Odebrecht desataron una ola de indignación y malestar en toda Latinoamérica. El arresto del expresidente Lula da Silva por cargos relacionados con la causa Odebrecht produjo fuertes enfrentamientos entre sus seguidores y sus detractores en las calles de Brasil. En República Dominicana, los manifestantes anticorrupción del Movimiento Verde exigieron el fin de la impunidad para los políticos involucrados con Odebrecht.
Los acuerdos de cooperación y las confesiones resultaron en causas judiciales de alto perfil. El exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas está preso, tras haber sido condenado por recibir sobornos de Odebrecht. El expresidente peruano Ollanta Humala enfrenta cargos por corrupción que podrían resultar en una condena a 20 años de prisión.
En abril de 2019, la policía llegó con una orden de arresto derivada del caso Odebrecht a la casa del predecesor de Humala, el expresidente peruano Alan García. Cuando intentaron arrestarlo, García se encerró en su dormitorio, sacó un arma y se suicidó.
Acosado por las pruebas en su contra, Alán García, ex presdiente del Perú, prefirió el suicidio.
Los fiscales han dicho que el caso Odebrecht es un hito en la lucha contra la corrupción pública en Latinoamérica y a nivel global.
En una declaración en la que anunciaba en el acuerdo de colaboración de Odebrecht, el entonces fiscal de Estados Unidos para el Distrito Este de Nuevo York, Robert L. Capers dijo que “El mensaje enviado por esta fiscalía es que Estados Unidos, en colaboración con sus colegas de las fuerzas de la ley del extranjero, no dudarán en responsabilizar a aquellas corporaciones e individuos que busquen enriquecerse a través de la corrupción de las legítimas funciones de gobierno, sin importar cuán sofisticado sea el sistema que utilizan para hacerlo.”
La letra chica
Pero resultó ser que el amplio acuerdo de colaboración de Odebrecht con Brasil, Estados Unidos y Suiza tenía límites significativos.
De hecho, a Odebrecht no se la obligó a contar todo. En su detallada exposición de los hechos, por ejemplo, la empresa revela cuánto pagó en total en sobornos en toda la región, pero no especifica a qué proyectos iban destinados esos sobornos ni quién los había recibido.
Los fiscales de otros países están trabajando con las autoridades brasileras para reunir pruebas y algunos han presentado cargos contra políticos y otras personas implicadas en el sistema de Odebrecht. Mientras tanto, la empresa y sus ejecutivos están negociando acuerdos de inmunidad o de reducción de la pena a cambio de cooperación. Hasta el momento, ya se firmaron acuerdos de colaboración premiada en Perú, República Dominicana, Panamá, Ecuador y Guatemala, junto con los de Brasil, Estados Unidos y Suiza.
Una de las condiciones de esos acuerdos es que los países se comprometen a no procesar a los ejecutivos de Odebrecht que ya se declararon culpables y firmaron acuerdos de cooperación con la justicia de Brasil.
Según los analistas, sin embargo, mucho depende de que los gobiernos tengan la voluntad política y los recursos para investigar y llevar a juicio esos delitos. Las operaciones de sobornos de Odebrecht alcanzaron los más altos niveles de la política y la sociedad en toda la región, y cada país respondió de manera muy diferente. Durante los dos últimos años, por ejemplo, los fiscales de Perú han enviado 68 pedidos de informes a las autoridades brasileras, mientras que los fiscales dominicanos solo han enviado tres.
El economista dominicano
Resta mucho por descubrir sobre el entramado de empresas, acuerdos de consultas y servicios, y cuentas bancarias secretas utilizados por la oficina de sobornos de Odebrecht.
Pero hay algo que queda claro: los archivos Drousys de esa oficina contienen los nombres de muchas importantes figuras que ocupan cargos de responsabilidad y que nunca fueron abiertamente cuestionados por sus relaciones con Odebrecht, hasta ahora…
Andrés Dauhajre es un conocido miembro de la dirigencia política dominicana.
Dauhajre es un economista de anteojos y pelo entrecano que escribe una columna semanal en el diario El Caribe. Integró una delegación de líderes empresarios que acompañaron al presidente dominicano Danilo Medina en su visita de Estado a China, en noviembre pasado.
El economista también preside la Fundación Economía y Desarrollo, una consultora económica que suele obtener contratos con el Estado dominicano y que tiene su sede en Santo Domingo, capital del país.
A fines de 2013, cuando la empresa de servicios públicos dominicana ofrecía un contrato para la construcción de la central termoeléctrica de Punta Catalina, una planta de 770 mega watts sobre las costas del Caribe, recurrió a la consultora de Dauhajre, entre otras dos, para evaluar las propuestas de los ofertantes.
Para entonces, el organismo de servicios públicos ya había descalificado a varios ofertantes, argumentando pobreza técnica en sus presentaciones, y el único candidato en pie para el trabajo era un consorcio empresarial liderado por Odebrecht.
De todos modos, para alzarse con el contrato, Odebrecht seguía necesitando que aprobaran su oferta económica y su plan de financiamiento. Dauhajre y otros consultores aprobaron su plan, y a Odebrecht se le otorgó un contrato por más de 2.000 millones de dólares, cientos de millones más que algunas de las ofertas de sus competidores desplazados.
Cuando el escándalo de Odebrecht estalló en toda Latinoamérica, la empresa admitió frente a los fiscales, en diciembre de 2016, que sus pagos ilegales incluían 92 millones de dólares en sobornos en República Dominicana. De inmediato, el proyecto de Punta Catalina quedó bajo un manto de sospecha.
Entonces fue nombrada una comisión para investigar el contrato, presidida por monseñor Agripino Núñez Collado, un influyente hombre de la Iglesia dominicana. Entre los testigos citados por la comisión se encontraba Dauhajre.
El 5 de febrero de 2017, tres días después de su testimonio, Dauhajre rechazó indignado las sospechas de que el contrato de Odebrecht estuviese inflado.
“La supuesta sobrevaluación de Punta Catalina es la mentira mejor mercadeada en los últimos años en la República Dominicana”, escribió Dauhajre en su columna en El Caribe, uno de sus varios artículos periodísticos en los que defiende públicamente la construcción de la planta y su financiamiento. En esas columnas, Dauhajre no menciona ninguna relación financiera entre él y la empresa Odebrecht.
Finalmente, la comisión no encontró pruebas de irregularidades en la licitación o el financiamiento de la planta, y le regaló una importante victoria a Odebrecht. En su presentación de cargos contra 7 acusados en el caso Odebrecht, en junio de 2018, el fiscal general de República Dominicana dijo haber llegado a una conclusión similar, y que su equipo había investigado a fondo el caso de Punta Catalina, sin encontrar evidencia alguna de corrupción.
Los libros contables del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht muestran decenas de pagos que parecen habérseles escapado a los investigadores, ya que no tuvieron acceso a los registros ahora obtenidos por el ICIJ.
Una planilla de cálculo que consigna los pagos ocultos de la oficina entre fines de diciembre de 2013 y fines de diciembre de 2014 revela 62 pagos por un total de 39 millones de dólares, relacionados con una “Planta Termo” o “Planta Termoeléctrica”. Cinco de esos pagos, por un valor total de 3,3 millones de dólares, fueron a parar a una empresa llamada Baker Street Financial Inc.
La planilla consigna que al menos dos de los pagos a Baker Street pasaron por una empresa radicada en Bahamas, Fincastle Enterprises Ltd., que aparece mencionada por los fiscales de Perú como uno de los vehículos para los sobornos de Odebrecht. Esos pagos se realizaron en mayo y julio de 2014, varios meses después de que aprobaran el plan de financiamiento presentado por Odebrecht.
El 7 de diciembre de 2015, Baker Street Financial pagó más de 2 millones de dólares por un departamento en el piso 12 de un elegante edificio vidriado en el lujoso centro de Manhattan, justo a la vuelta del célebre restaurante francés “Le Bernardin”.
Los registros de la ciudad de Nueva York sobre la venta de ese inmueble incluyen una escritura de propiedad firmada por el único director de Baker Street Financial: Andrés Dauhajre.
Ante la consulta del ICIJ, Dauhajre respondió que los pagos que recibió de Odebrecht fueron por los servicios de asesoría que le brindó a la empresa en conexión con la central eléctrica. Dauhajre dice que Odebrecht contrató sus servicios a principios de 2014, después de que unas de las principales fuentes de financiamiento que se esperaba apoyaría el proyecto, el Eximbank (Export-Import Bank of the United States), se retiró debido a una directiva del entonces presidente norteamericano Obama de no financiar centrales termoeléctricas alimentadas con carbón por sus consecuencias sobre el cambio climático.
Dauhajre dice haber ayudado a Odebrecht a encontrar fuentes de financiamiento alternativas para el proyecto, y que fue Odebrecht la que propuso a Fincastle Enterprises para canalizar el pago por sus servicios.
“Baker Street Financial Inc. prestó de manera exitosa y efectiva el servicio de asesoría solicitado por Odebrecht durante los años 2014 y 2015”, manifiesta Dauhajre en una carta enviada al ICIJ. “Ese servicio de estructura financiera fue el que generó la remuneración pagada.”
El elenco se agranda
Los archivos del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht involucran a un entramado de funcionarios públicos y prominentes ciudadanos que hasta el momento no habían sido conectados con los pagos ocultos de la empresa.
Uno de esos funcionarios es Constantino Galarza Zaldívar, quien en octubre pasado fue elegido vicegobernador de Callao, la provincia donde se encuentra el principal puerto de Perú. A fines de 2014, la empresa panameña CGZ Ingeniería Corp. recibió dos pagos por un total de 240.000 dólares relacionados con un gasoducto peruano, según revelan los registros del sistema Drousys. Galarza, cuyas iniciales son CGZ, es presidente y director de CGZ Ingeniería, según datos del Registro Público de Panamá.
Según su perfil en Linkedln, Galarza también se desempeñó durante años como gerente general de la compañía, incluida la época en la que se recibieron los pagos. CGX Ingeniería ofrece servicios de ingeniería, inteligencia empresarial, y relaciones legales, financieras e institucionales, con oficinas en Lima, panamá, Colombia y Madrid, según muestra el perfil de Linkedln de Galarza.
Hasta ahora Galarza no había sido vinculado con la oficina de sobornos de Odebrecht. Su nombre surgió en marzo, en conexión con otra controversia. En un audio difundido en el programa de noticias de la televisión peruana “Panorama”, se escucha a Galarza complotar para asesinar a su jefe, Dante Madriotti, gobernador de Callao.
En esa grabación, Galarza discute los planes del golpe contra Mandriotti con un cómplice desconocido, diciendo que para hacer el trabajo haría falta “un profesional de alto nivel de México o Colombia”. “Le tienen que meter harta bala”, dice Galarza textualmente en la grabación.
Tras la difusión del audio, Mandriotti solicitó a los fiscales que acusen a Galarza por conspiración, intento de homicidio, y otros cargos. Los fiscales de Callao señalaron que investigarían el caso.
En conferencia de prensa, Galarza admitió que la voz que se escucha en la grabación es la suya, pero dijo que había hablado en un momento de furia, sin intención de concretar el asesinato.
En una primera conversación telefónica con una periodista de ICIJ el 21 de junio, Galarza negó haber tenido negocios vinculados con Odebrecht o el Gasoducto Sur. Luego, en una entrevista el 24 de junio, Galarza dijo que su empresa fue pagada por asesoría financiera relacionada indirectamente con el gasoducto. Dijo que su empresa fue contratada por una constructora de la India, ECI Engineering & Construction Company Ltd, que estaba trabajando en un gasoducto para líquidos que se iba a construir paralelo al Gasoducto Sur. El segundo gasoducto, dijo Galarza, fue un proyecto privado también liderado por Odebrecht. Dijo que su empresa no fue pagada por Odebrecht directamente y que el gasoducto paralelo al final no fue construido.
En la entrevista, Galarza también cuestionó el audio en el cual habló del asesinato de Mandriotti. Dijo que algunas partes del audio eran auténticas, pero que otras secciones eran falsas y probablemente manipuladas.
El alcance del Departamento de Operaciones Estructuradas se extendía por toda Latinoamérica. Los archivos consignan un pago de enero 2014 por 200.000 dólares a una empresa panameña llamada El Facilitador Holding, relacionada con un proyecto de obras públicas al que los registros de la oficina se refieren como “LE LM”. Aún no queda claro a qué se refiere esa sigla ni para qué se hizo ese pago.
El presidente y director de El Facilitador es José Luis Saca, un ejecutivo de la radio salvadoreña. Desde 2015, Saca preside la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR-IAB), un grupo que representa a unas 17.000 emisoras de radio y televisión del continente americano.
Saca, quien en su carácter de presidente de AIR-IAB asesora a las Naciones Unidas en temas de medios de comunicación, viaja por Latinoamérica promoviendo la libertad de prensa.
Saca no respondió a la solicitud periodística de comentario del ICIJ, que incluyó el envío de emails, llamadas telefónicas, una carta enviada a la AIR-IAB, y una carta entregada en mano en Radio Corporación, la empresa de radio salvadoreña de la que Saca es vicepresidente.
Los proyectos políticos de izquierda fueron el caldo de cultivo para la estructuración de un sistema de corrupción sin parangón en la historia de América Latina. Los ideólogos de izquierda aún exponen públicamente que Lula o Jorge Glas son inocentes: "no hay pruebas en su contra", dicen.
Proyectos no revelados
Un viernes por la mañana, en la sala de espera del doctor Robert Reid Cabral en el Hospital de Niños de Santo Domingo, unas 50 personas –mayormente bebés, niños, y sus preocupados padres–, esperaban sentados en sillas oxidadas para ver a un doctor. En la habitación hacía calor. El llanto de los niños era constante, más o menos fuerte en diferentes partes de la sala.
Pimentel, de Participación Ciudadana, dice que esas familias son las verdaderas víctimas del tipo de corrupción practicada por Odebrecht. Mientras los gobiernos dilapidaban dinero en contratos públicos inflados y amañados, los servicios públicos básicos pasaban hambre.
Si bien no es posible atribuir hechos específicos a los efectos de la corrupción, las cifras en dólares involucradas son inmensas y los riesgos, muy altos. En 2014, por ejemplo, a través de los pagos ocultos que realizaba su Departamento de Operaciones Estructuradas, la empresa Odebrecht podría haberse alzado con miles de millones de dólares en contratos para la construcción de la planta de energía de Punta Catalina y otros proyectos. Ese mismo año, el Hospital de Niños dominicano se quedó sin reservas de oxígeno y murieron 11 niños: el hospital estaba fuertemente endeudado con sus proveedores.
“Lo que se pierde a causa de la corrupción es que el Estado dominicano no puede invertir en políticas públicas que garanticen los derechos de la gente”, señala Pimentel.
República Dominicana es uno de una media docena de países en donde los proyectos de infraestructura ahora quedaron vinculados por primera vez en el sistema de corrupción de Odebrecht.
El proyecto más importante de la empresa en Ecuador era una red de subterráneos para la ciudad de Quito, capital del país, situada a gran altitud y donde viven más de 1,5 millones de personas. El presupuesto de construcción del proyecto superó los 2.000 millones de dólares. Se espera que esa red de 14 kilómetros de extensión, cuya inauguración está prevista para diciembre, transportará a hasta 530.000 pasajeros por día.
Cuando el esquema internacional de sobornos de Odebrecht salió a la luz, los fiscales ecuatorianos lanzaron una investigación para saber si las obras de la empresa en el Metro de Quito estaban manchadas por sobornos. En marzo de 2018, tras más de un año de ahondar en el caso, los fiscales cerraron la investigación, diciendo que no había evidencias que sustentaran los cargos.
La revelación de los archivos de la oficina de sobornos de Odebrecht podría impulsar la reapertura de las investigaciones.
En el sistema de emails Drousys, empleados de Odebrecht con los nombres clave de “Silver”, “Fred” y “Wilson”, hablan de pagos relacionados con el Metro de Quito que fueron canalizados a través de su oficina. En julio de 2015, por ejemplo, Silver le pregunta a Fred si se había efectuado el pago para el Metro y si se había hecho a través del Meinl Bank, un banco cuya filial en Antigua y Barbuda había sido adquirida por Odebrecht en 2010 para facilitar los sobornos, según los fiscales. Fred responde afirmativamente.
“El pago del Metro también se realizó a través de Meinl”, escribe Fred en su email de respuesta a Silver.
El mensaje señala que el pago fue hecho a través de la empresa Fortress Investors Ltd., que aparece mencionada repetidamente en los archivos de la oficina de sobornos como uno de los conductos para realizar pagos. Los registros no dicen quién recibió esos pagos secretos ni con qué objetivo se hicieron.
Mauricio Rodas, el ex-alcalde de Quito cuya administración aprobó el contrato de Odebrecht, dijo a una periodista de ICIJ que Odebrecht fue seleccionada solo porque había hecho la oferta más económica, y que el proyecto iba a transformar la movilidad en Quito.
Los archivos Drousys que se filtraron incluyen otros pagos secretos relacionados con proyectos que hasta ahora no habían sido vinculados con el escándalo de Odebrecht. El Gasoducto Sur, un tendido de gas en el sur de Perú y el proyecto más importante del gobierno del expresidente Ollanta Humala, aparece mencionado en conexión con 17 pagos de 2014 por un total de más de 3 millones de dólares.
En mayo de este año, un fiscal peruano llamó a indagatoria a Humala y a su esposa, Nadine Heredia, por supuesto lavado de dinero proveniente de Odebrecht. Hasta ahora, los pagos relacionados con el gasoducto de 7.000 millones de dólares no habían sido revelados por Odebrecht.
La Ruta Viva, una autopista de conexión entre Quito y el principal puerto de Ecuador, no es mencionada en las acusaciones de los fiscales ecuatorianos, pero su nombre sí aparece en este nuevo tesoro de documentos filtrados, en conexión con un pago de octubre de 2012 por 915.000 unidades de una moneda no especificada, unos meses después de que la ciudad le otorgara a Odebrecht el contrato de construcción de esa ruta. Los documentos ahora filtrados no revelan quién recibió ese pago secreto.
El sistema de tránsito rápido de la Ciudad de Panamá, el primero en ese país, y la ampliación del Aeropuerto Internacional de Tocumen, de dicha capital, ahora aparecen vinculados por primera vez con millones de dólares en pagos ocultos realizados en 2014.
En Venezuela, surgen nuevos detalles que revelan más de 34 millones de dólares en pagos ocultos del año 2014, vinculados con la Línea 5 del Metro de Caracas, del cual solo se ha construido una de las diez estaciones previstas.
No queda claro por qué los pagos ocultos encontrados en los archivos Drousys no han salido a la luz en las investigaciones de la justicia. En respuesta a la solicitud periodística de comentario del ICIJ sobre por qué no había actuado ante las revelaciones de los pagos asociados con la República Dominicana, la oficina del fiscal general dominicano se comunicó con el ICIJ para solicitarle que le envíe cualquier documento relevante para las investigaciones que se sustancian en ese país.
“Despierta el interés de este órgano persecutor el hecho de que el Consorcio de Periodistas tenga en su poder información relevante para una investigación de naturaleza penal”, escribió la fiscal anticorrupción Laura María Guerrero en su carta al ICIJ. “Los conminamos a depositar ante el Ministerio Público dominicano los documentos que sustenten estos alegatos.”
(La política de ICIJ es no colaborar o compartir materiales con los organismos judiciales.)
Jessica Tillipman, vicedecana de la Escuela de Leyes de la Universidad George Washington y especializada en contratos de gobierno gubernamentales y cuestiones anticorrupción, dice que esos pagos podrían ser objeto de investigaciones penales que se encuentran en curso, o que Odebrecht tal vez haya argumentado exitosamente que esos pagos no violaban la ley.
Si Odebrecht, por la razón que sea, retuvo información sobre sus delitos antes las autoridades, las consecuencias podrían ser nefastas para la empresa. “Si el gobierno lo descubre post facto, eso haría volar por los aires los términos del acuerdo que firmó la empresa”, dice Tillipman.
Pimental, el activista anticorrupción, dice que el fracaso de los fiscales para llevar ante la justicia los delitos relacionados con proyectos como el de Punta Catalina revela la poca voluntad política por saber la verdad que existe en un país donde las élites política y económica están estrechamente interconectadas.
Hace mucho tiempo que los ciudadanos saben que la corrupción y la impunidad son problemas graves, dice Pimentel, pero el caso Odebrecht ha revelado que esa corrupción alcanzaba los más altos niveles de gobierno. Y agrega que los magros resultados de las investigaciones oficiales demuestran la permanente incapacidad del gobierno para sacarse el estigma de Odebrecht.
“El caso Odebrecht”, dice Pimentel, “sirvió para desnudar la institucionalidad de la Republica Dominicana”.

(Traducción de Jaime Arrambide)

Colaboradores: Andersson Boscán, Mónica Velasquez, Alicia Ortega Hasbún, Romina Mella Pardo, Mónica Almeida, Emilia Diaz-Struck, Dean Starkman, Tom Stites, Joe Hillhouse, Richard H.P. Sia, Fergus Shiel, Margot Williams, Delphine Reuter, Mary Triny Zea, Joseph Poliszuk, Milagros Salazar, Gustavo Gorriti, Ben Wieder, Kevin Hall, Jimmy Alvarado, Amy Wilson-Chapman and Hamish Boland-Rudder

Imagine amable lector que con apenas $5000 dólares de entrada pueda adquirir un departamento en uno de los edificios de la zona de mayor valor de Quito. Imagine también que la entidad estatal para la usted trabajó, le prestó el resto del dinero para pagar el departamento. Finalmente imagine que usted fue funcionario del mismo organismo que guardaba en reserva los datos de ese departamento.
El uso de esa información privilegiada tiene un nombre,  Mauro Alejandro Naranjo Benítez,  pero sobre todo tiene un perjudicado: el empresario Pablo Maya Rivadeneira, dueño del departamento , que desde el feriado bancario nunca dejó de cumplir las obligaciones de pagos que le exigió la Agencia de Garabntía de Depósitos (AGD) y mas tarde el BCE. Él asegura que nunca pudo recuperar el bien, a pesar de haber pagado el crédito original.
Maya Rivadeneira perdió su departamento en un remate realizado en Guayaquil, sin que tenga conocimiento. El departamento pasó a manos de un funcionario del Banco Central del Ecuador, MauroNaranjo Benítez. Aquí la historia.
El 21 de marzo de 2018 la Fiscalía General del Estado receptó la denuncia de Pablo Alejandro Maya Rivadeneira y Marco Vinicio Antonio Tamayo Lalama por el delito de falsedad de información financiera y otros delitos conexos. La denuncia 1701018033139 detalla cómo Karla Jeannine López Solórzano fue usada como testaferro por su pareja sentimental Mauro Alejandro Naranjo Benítez, miembro de AP, exasesor de la expresidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, y también de la Superintendencia de Bancos y del Banco Central del Ecuador.
Documento de la denuncia en la Fiscalía de Pichincha. Ver el PDF aquí
Naranjo Benítez fue asesor de la Gerencia General y como tal accedió a información privilegiada del Banco Central del estado legal y financiero de varios bienes inmuebles que se encontraban en garantía desde la crisis bancaria del 1999.
Con información en mano escogió un departamento de lujo ubicado en la av. González Suárez, en Quito valorado en $200.000., lo llevó a remate en Guayaquil, en un proceso por demás oscuro y lo adquirió en $50.000 con crédito directo del Banco Central, a cinco años plazo y apenas con $5.000 de entrada.
Es uno de los cientos de casos registrados por el Colectivo de Deudores de Buena Fe, que desde hace 18 años se han visto impedidos de pagar sus obligaciones y han vivido prisioneros de las acciones corruptas de la entonces Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), Banco Central y actualmente la llamada Compañía de Servicios Auxiliares de Gestión de Cobranzas, Recycob.
El departamento
En 1996 la empresa Taguachips fabricante de botones de tagua para exportación, que llegaban a mercados como el Asia y Turquía, realizó un crédito en sucres al Banco del Progreso por un equivalente a $65.000. Por este préstamo Taguachips dejó en garantía real el departamento en la avenida González Suárez de propiedad de Maya Rivadeneira.
La compañía había cancelado capital e interés por tres años, la empresa generaba ingresos y crecía. Además daba trabajo a más de setenta personas. Era un emprendimiento en marcha. A la fecha del cierre del Banco del Progreso el pago total por ese crédito fue del 45%. “Ya solo quedaba por pagar $29.000”, cuenta Maya en 2019.
En lugar de que la AGD proceda a reestructurar las obligaciones de la empresa y brindar una solución, arrancaron procesos coactivos y fueron tras los bienes en garantía, que parecía un frenesí de cobros como una acción que suplía el mal accionar de los banqueros sobre quienes tenían deudas. “Fue terrible, cuando ocurrió esto nos quedamos sin poder operar. Y pasamos a ser perseguidos y extorsionados con llamadas de funcionarios y juicios de coactivos ilegítimos”, recuerda.
Notificaron a todos los bancos la condición de morosos a pesar de haber mantenido la calificación “A” como deudores de empresa, que tenía incluso cartas de crédito a su favor en el Banco del Progreso off shore pero que nunca se lograron registrar y se dieron con los años por perdidas.
Mauro Alejandro Naranjo y Karla Jeannine López
Cuando la AGD inició los cobros a Taguachips, esta había quebrado y liquidado por los problemas del feriado bancario. Maya pidió una solución con la dación en pago de la deuda mediante la entrega definitiva del departamento en garantía, pero la AGD nunca realizó un avaluó real y peor el reconocimiento de todo lo pagado. “Nosotros proponíamos soluciones y reestructuración, pero jamás nos contestaban”, en la misma condición le sucedió a la mayoría de los deudores del feriado bancario.
“En lugar de preocuparme porque mis empleados tengan mejores condiciones de vida con el desarrollo de mi empresa, tuve que pasar días enteros en las instalaciones de la AGD recibiendo maltratos con un juicio coactivo en el que no había solución y enfrentando una prohibición de salida del país”.
Miles de deudas sin poder cobrarse y sin voluntad política para encontrar una salida técnica a este problema. “Ahora, en 2019, existen 14 mil casos, en ese entonces el número tiene que haber sido diez veces más”.
La AGD no respondió a esos pedidos, de hecho, el juicio fue declarado nulo por las irregularidades hasta 2009 cuando Naranjo identificó el bien inmueble. Para Pablo Maya fue la continuación de un problema que empeoró porque perdió el bien y siguió endeudado. Según la denuncia de Tamayo y Maya en 2010 se conoció que la entonces gerente del Banco Central en 2010, Hilda de la Torre, trasladó el caso del juzgado de coactivas de Quito al de Guayaquil. “Llegamos a enterarnos que sin nuestro conocimiento y sin que hayamos consentido o prorrogado expresamente la competencia de la causa que tuvo origen y se radicó en Quito” por resolución de la Superintendente de bancos, Gloria Sabando, terminó rematándose en Guayaquil de la mano de la gerente del BCE, Hilda de la Torre.
Hall de ingreso al edificio en la exclusiva zona de la avenida González Suárez en Quito; posee acabados en madera de chanul.

De la información que se ha podido recabar Naranjo Benítez era asesor de la gerente y por ello tuvo acceso a la información del departamento que luego se adjudicó.
Así los funcionarios de coactiva ordenaron el embargo del departamento y avaluaron el inmueble en $42.000. Es decir, luego de 10 años se dio paso al nuevo avalúo del bien (realizado por Gonzalo Beltrán Torres), pero con el objeto de rematarlo a favor de Naranjo.
Al tiempo que Maya perdía su inmueble de manera amañada por la AGD, su salud se deterioró y enfrentó problemas en el colon y un trastorno nervioso, ambos provocados por la situación de estrés al que estaba sometido.
El remate
Aprobado el avalúo el 24 de febrero de 2011 el juez de coactivas remató el inmueble y adjudicó a Carla López Solorzano, novia de Mauro Naranjo, por $51.000 pagaderos a cinco años.
En Guayaquil, en abril de 2012, cuando el departamento fue rematado y consolidado a favor de la novia de Naranjo, el juzgado de coactiva de Quito pidió nuevamente que el caso sea remitido otra vez a su sede en Quito. “Era para que yo no conozca” dice Pablo Maya. El abogado de coactivas en aquel entonces era Juan Posligua Aveiga y Roberto Gómez.
El departamento estuvo deshabitado desde que lo compraron. Según los guardias del edificio consultados por Maya, Naranjo pagaba las alícuotas de la vivienda sin habitar el mismo, un par de meses luego del haber obtenido el departamento en remate se mudó allí.
Para el 13 de marzo del 2019, luego del impulso que ha dado Maya a su caso, se logró que la fiscalía llame a rendir versiones como parte de la etapa de indagación previa, a quienes se apropiaron del departamento en la av. González Suárez: Mauro Alejandro Naranjo Benítez y Karla Jeannine López Solórzano. Ambos se acogieron al derecho al silencio y no se pudo obtener los testimonios.

JUAN CARLOS CALDERÓN V. / Director de Plan V
MARTA ROLDÓS B. / Directora de Mil Hojas
El asesor presidencial, Santiago Cuesta, en entrevista con el periodista Carlos Vera, respondió a las denuncias presentadas en los portales La Fuente y Mil Hojas, sobre INA Papers y Arroz Verde 502, las cuales están basadas en documentos verificados y filtraciones investigadas por Fernando Villavicencio y Christian Zurita.
En esta entrevista, así como en distintas publicaciones en su cuenta de Twitter y otras redes sociales, Cuesta ha desatado una campaña de infamias en contra de la honra y la familia de los dos reporteros investigadores.
No es la primera vez que Cuesta, señalado por su relación con el magnate Enrique Cadena investigado por la Fiscalía y su rol en la visita de Paul Manafort, entra en una confrontación directa con periodistas.  Pese a los avances iniciales del gobierno de Lenin Moreno —desactivando los mecanismos de censura a la prensa instaurados por el correísmo, el aparente desmantelamiento del Estado de Propaganda y el fin del espionaje en contra de blancos políticos— las declaraciones de Cuesta y el retorno de la utilización de las denuncias por violación de copyright por la publicación de información pública, fotos y documentos de la página de la Presidencia de la República, evidencian un grave retroceso hacia la censura como mecanismo para procesar denuncias documentadas, las cuales deberían investigarse.
Con Carlos Vera, Santiago Cuesta exhibió los movimientos bancarios del hermano de Fernando Villavicencio, quien es propietario de varias pizzerías en la ciudad de Quito.  Lo hizo para afectar la credibilidad y la honra del denunciante de los casos Inapapers y Arroz Verde 502. El único argumento del consejero político del presidente Lenín Moreno ha sido la calumnia contra una persona particular, que maneja un negocio exitoso, afectando su buen nombre de una manera ruin.

Insultando a la inteligencia, Cuesta dice ahora que esa información le fue entregada por sus fuentes, igual que Villavicencio recibe la información de las suyas.  Sin embargo, la información de las filtraciones entregadas a periodistas —desde Panama Papers, a INA Papers y Arroz Verde— proviene de correos electrónicos que contienen algunos anexos.  Esta información no contiene estados de cuenta.  Usualmente, solo cuando se decide iniciar una investigación a partir de tales filtraciones, la Fiscalía pide orden judicial para obtener información bancaria, que no sólo está protegida legalmente por el sigilo bancario, sino que se supone que cuenta con la seguridad digital más avanzada para evitar filtraciones. Eso dice la norma y los periodistas la han respetado; el señor Cuesta, funcionario público, no.
Si Santiago Cuesta obtuvo la información bancaria del hermano de Villavicencio gracias a su posición de poder, sin que medie investigación ni orden judicial alguna, no solo estamos ante un abuso del poder, sino ante una ilegalidad y una violación de derechos fundamentales.  Por otra parte,  si es verdad que Cuesta obtuvo la información de los movimientos de cuenta del hermano de Fernando Villavicencio por medio de filtraciones, eso significaría una grave falla en la seguridad de las instituciones financieras ecuatorianas. 
En ambos supuestos, el problema es gravísimo y va mucho más allá de la afectación al hermano de Fernando Villavicencio, el propio Fernando e incluso al periodismo de investigación.  Si  la seguridad de las instituciones bancarias puede ser comprometida tan fácilmente, eso significa que la información de todos sus depositantes y clientes está en riesgo y su posible exposición puede llevar a otras situaciones de riesgo que van desde extorsiones a la alteración de la misma.

Es increíble e inaudito que un Consejero Presidencial no hubiera vislumbrado estas amenazas.  Una persona comprometida con los más altos intereses del Estado hubiera evaluado el riesgo que tal fragilidad del sistema significa y se hubiera preocupado de cómo enfrentarlo y remediarlo en lugar de utilizarlo como herramienta de venganza personal.  Por otra parte, si Cuesta obtuvo esa información gracias a la posición de poder que detenta, vía las instituciones del Estado, también es grave.  Cualquier ciudadano que moleste a un funcionario como Cuesta o cercano al Presidente puede ser víctima de una práctica como esta.
Por otra parte, cualquiera que haya sido el origen de los estados financieros del hermano de Villavicencio,  la actuación de Cuesta ante Vera y su posterior afirmación de que obtuvo esta información mediante una filtración, casi cataloga ante la creación de pánico financiero. 
(Por cierto no es la primera vez que desde el poder se inventan supuestas fuentes “legítimas” para justificar información privada que se obtuvo abusando de las capacidades estatales.  Cuando se filtraron los correos electrónicos de Martha Roldós en el diario oficial “El Telégrafo”, Orlando Pérez el director del medio, dijo que habían obtenido los correos de Roldós mediante una solicitud de FOIA, Freedom of Information Act, la cual ni funcionaba como el indicaba ni daba acceso a correos privados de una ciudadana extranjera).

Irónicamente, Santiago Cuesta, consejero del Presidente Lenin Moreno, pretende equiparar su situación  con la de un periodista de investigación.  Pero él no está exponiendo al poder, él es el poder reaccionando ante las denuncias.  Los estándares internacionales en materia de transparencia y privacidad son claros.   Los ciudadanos, como el hermano de Fernando Villavicencio están protegidos por las normas de privacidad.  Los funcionarios públicos, en cambio deben someterse al máximo escrutinio por parte de la prensa y la ciudadanía. Es inaudito que un alto funcionario público esté ahora exigiendo cuentas a un ciudadano particular. Esa era práctica del correísmo, que el señor Cuesta ha reeditado.

Adicional a esto, hay un timing sorprendente.  ¿Por qué Cuesta decide irse con tanta fuerza contra Villavicencio cuando publica una investigación como Arroz Verde, que supuestamente deberían favorecer al gobierno morenista, que está en la mira de las autoridades judiciales por el caso  INA Papers? Cabe otra inquietud no menos grave: Cuesta y Rafael Correa (y su aparato de propaganda en la sombra) coinciden, una vez más, en atacar a Villavicencio y Zurita. No solo coinciden en las formas de descrédito y desprestigio, desviando el tema de fondo —que es el financiamiento corrupto de las campañas políticas a través de coímas de proveedores del Estado o fondos de campaña no declarados — hacia la crítica de cómo y de qué viven los periodistas denunciantes. ¿Las prácticas mafiosas ahora se juntan para proteger un sistema corrupto, que ha hecho de la política un negocio financiado con dinero sucio?
Que Arroz Verde sea el disparador de la diatriba de Santiago Cuesta nos hace reflexionar sobre las rupturas y continuidades entre el morenismo y el correísmo y dónde estuvo el Consejero Presidencial en los peores momentos de corrupción y persecución a la prensa, al asalto a los fondos públicos y a la violación sistemática de los derechos humanos durante el correato.
Finalmente, lo que más sorprende es la falta de visión de Santiago Cuesta y el mal predicamento en el que sus palabras y acciones ponen al gobierno de Lenín Moreno a escala nacional e internacional.  El mayor golpe no se lo da a Villavicencio sino a la institucionalidad del Ecuador.  Ante el concierto de las naciones, el canciller del Ecuador ha hecho esfuerzos por establecer un corte frente a los Estados autoritarios que abusan derechos básicos.  El Consejero Presidencial, por otro lado, nos retrotrae a las prácticas que creíamos superadas del correato. 
A estas alturas, Lenin debería preguntarse cuánto le cuesta Cuesta al Ecuador y a su gobierno.

Redacción MilHojas

El caso Carolina, la adolescente de 15 años que murió asfixiada el 26 de agosto del 2018 por miembros de una  red de trata que estaría dirigida por el estadounidense Royce Phillips, alias ´El Abuelo´, se queda sin abogado y su expediente puede declararse en reserva por el pedido de dos fiscales a quienes les preocupa que el caso se haya vuelto “mediático”.
Milton Castillo, defensor de la familia de Carolina, se alejó del proceso el pasado viernes 26 de abril, luego de confirmar que los fiscales Arturo Gordillo y Diana Córdova, se acercaron a Mariana (nombre protegido de la mamá de Carolina) y se reunieron en privado, para ofrecerle agilidad en el caso y plantearle la necesidad de declararlo como reservado, además de que se aleje de su abogado. Estos diálogos, denunció Castillo, se dieron sin estar él presente, ni su delegada y violentando la Constitución (Art. 76, numeral 7, literal e) que señala que nadie puede ser interrogado por la Fiscalía “sin la presencia de un abogado particular o defensor público”.
La reunión con Córdova, fue la tarde del 9 de abril desde las 15:00 hasta las 18:00. Con Gordillo la cita fue días después, según lo confirmó Mariana.
“La madre de Carolina no conoce la mecánica jurídica, los fiscales pueden decirle cosas que jurídicamente pueden ser incorrectas. Los fiscales han violentado el principio constitucional y el Código Orgánico de la Función Judicial”, refirió el abogado quien se quejó de cómo desde la Fiscalía se lleva el caso y de la falta de un pronunciamiento claro por parte de la Fiscal General, Diana Salazar.
El abogado Milton Castillo informó que la madre de Carolina ya no tenía comunicación permanente con él, porque fue influenciada por los fiscales que llevan los casos relacionados con la muerte de su hija. Foto: El Comercio
Castillo teme que, si el caso se declara en reserva, puede ocurrir lo mismo que con el proceso de la desaparición del estudiante David Romo, que durante dos años de reserva,  su expediente fue manipulado para posicionar una versión policial sobre su posible muerte. En mayo próximo se cumplirán seis años de su desaparición.
O también que se deje de lado la investigación de trata de personas, en donde el principal investigado es Royce Phillips y se congelen otros casos que salieron a la luz por la investigación del asesinato de Carolina y cuyos relatos – de testigos protegidas- reposan en la Fiscalía con detalles de cómo actuaba esta banda que captaba adolescentes fuera de los colegios.
Por ello, formalizó un pedido al nuevo Defensor del Pueblo, Freddy Carrión para que intervenga –dentro de sus atribuciones- y vigile el debido proceso en los casos abiertos por el asesinato de Carolina.
La presidenta del Consejo de Protección de la Niñez de Quito, Sybel Martínez, cree que la familia de Carolina está siendo inducida al engaño y ha sido convencida de que no necesita un abogado defensor y tampoco reformular cargos porque el caso podría caerse. Pidió atención urgente a la Fiscalía General y al Consejo de la Judicatura.
Carolina fue reclutada por una red de trata que operaba en Quito desde 2015. La menor de edad murió asfixiada en agosto del 2018. Foto: Expreso
El asesinato de la menor de edad ocurrió hace ocho meses, pero su indagación arrancó recién el 17 de marzo pasado, luego de que las redes sociales y medios de comunicación se hicieran eco de la denuncia de Mariana, quien cuestionó el informe de los agentes Henry Montenegro Santacruz y Patricio Cuzin Cano, de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased), que basados en la autopsia, concluyeron que su hija falleció de “forma natural por un edema agudo de pulmón, pancreatitis aguda hemorrágica consecutivo a probable intoxicación. Y que al realizar el examen visual externo del cadáver, no presenta huellas de violencia visibles” a pesar de que la misma autopsia enumeró lesiones y excoriaciones en diferentes partes del cuerpo.
La actuación de estos dos policías aún no es investigada. La ministra del Interior, María Paula Romo, ha preferido no pronunciarse públicamente sobre el tema.
El caso de Carolina de 15 años de edad, lo tomó la fiscal especializada en violencia de género, Mariana Huilcapi, formulando cargos a Christian G. alias Careniña (21 años) por violación con muerte. Posteriormente ingresaron al caso, Antoni M. y dos mujeres menores de edad. Los cuatro, arrojaron el cuerpo de Carolina en un terreno baldío del Comité del Pueblo, al norte de Quito, el 26 de agosto del 2018, según un video grabado por una moradora del sector y que hoy consta en el expediente como prueba.
El 27 de marzo se allanó la suite arrendada por el estadounidense Royce Phillips, quien sería el cabecilla de la red de trata. Foto: Diario la Hora
Diez días después, se allanó la suite arrendada por el estadounidense Royce Phillips, alias el ‘Abuelo’, ubicada en el sector de la Quito Tenis. Fue detenido para investigación por el delito de trata con fines de explotación sexual. El ‘Abuelo’, un hombre de 65 años, era quien pagaba a Careniña  para que junto con otros reclutadores recorriera los colegios del sector del Comité del Pueblo para conquistar a jóvenes de ambos sexos de entre 13 y 16 años de edad y les hicieran participar de actos sexuales grupales y ser grabados y fotografiados.
La fiscal Tania Moreno lleva la indagación del caso de trata con fines de explotación sexual.
La fiscal Tania Moreno, está a cargo de este caso de trata. El pasado 4 de abril, Moreno dijo a este Portal, que el caso avanza y que no puede dar detalles porque se encuentra en etapa de indagación. Pero confirmó que la abogada que defiende a Phillips es María Belén Cepeda Jaramillo, quien figura como presidenta del Estudio Jurídico Legal international Advisors Ejlia C.A., según la página web de la Superintendencia de Compañías.
En un papel membretado de este estudio y que es parte del expediente de trata, Royce Dale Phillips, dio a conocer los nombres de Marcelo Xavier Flores Cazar y María Belén Cepeda, como sus defensores y representantes.
La investigación de la muerte de Carolina la inició la fiscal Huilcapi quien formuló cargos contra los principales responsables e iniciaron las investigaciones que se conocen.
Este es el documento con el que Royce Phillips autoriza a sus abogados María Belén Cepeda y Marcelo Flores para que lo representen en su caso.
La fiscal Huilcapi, salió del caso a inicios de abril. Su lugar, lo tomó Paola Córdova (proceso de Christian G., alias Careniña). Mientras que el fiscal Arturo Gordillo, está a cargo de los adolescentes infractores en dos temas: Violación con muerte (Antoni M.) y fraude procesal (dos mujeres menores de edad y nombres protegidos).
Córdova estuvo a cargo del caso durante tres semanas y a pesar de que el 5 de abril pasado, Luis Guaico Pazmiño, el perito médico legista entregó el informe médico forense de la exhumación de los restos de Carolina -realizado el 18 de marzo-, no lo incluyó en el expediente. No quería atención mediática, dijeron fuentes consultadas.
Este documento, lo ingresó el 25 de abril Alejandra Sigcha, la reemplazo de Córdova,  a través de una providencia en donde asumió la indagación de la causa de Carolina e hizo otros pedidos para avanzar con las investigaciones.
Castillo cuestionó las acciones y la “lentitud” del fiscal Gordillo. Un pedido de reconstrucción de los hechos con los jóvenes que abandonaron el cuerpo de Carolina en el terreno baldío, llegó al despacho de este fiscal el 2 de abril. La respuesta y convocatoria se dio para el 24 de abril a las 23:30. “Se comió más del 50% de los 45 días de la instrucción fiscal. Juegan con los tiempos y eso me preocupa”.
Los medios de comunicación no pudieron acceder a este lugar y la policía acordonó la zona para evitar que fotógrafos capten a los jóvenes involucrados en la muerte de Carolina. Según trascendió, la hora de esta convocatoria tenía como propósito de que los medios no acudan a esta diligencia.
En la reconstrucción de los hechos del 24 de abril a la media noche, participaron Careniña, Antoni y dos chicas menores de edad. Una de ellas, contó que vio a Carolina en el piso y sin signos vitales cuando llegó a la casa de la madre de Careniña la mañana del 26 de agosto, donde se supone se cometió el asesinato. Relató que le tomó el pulso y no le encontró. La otra, novia de Antoni estuvo presente en las últimas horas de vida de Carolina pero no dio mayores detalles. Antoni, declaró que tuvo relaciones sexuales consentidas con Carolina pero que en la mañana del 26 de agosto, mientras regresaba del baño, vio a Careniña con su brazo alrededor del cuello de la joven de 15 años. Hubo contradicciones y acusaciones mutuas.
Al momento, se quedan en el aire varios pedidos de la defensa a los fiscales: La declaración de Royce Phillips, los resultados de las pericias de los videos y la computadora que se encontraron en la suite de ‘el Abuelo’ y  el detalle de la bitácora del guardia de seguridad del edificio donde vivía el anciano.
Informe médico forense confirma violación y muerte violenta
La exhumación de los restos del cuerpo de Carolina A. se entregó a la Fiscalía Especializada de Violencia de Género, el 5 de abril pasado y concluyó que la causa principal de la muerte de la adolescente de 15 años fue por “sofocación por obstrucción de la boca y la nariz” y como la causa básica de la muerte, “asfixia”.
El informe de la exhumación forense de Carolina fue entregado a la Fiscalía el 5 de abril e ingresado al expediente el 25 de este mes.
El informe de 25 páginas, recoge siete conclusiones y establece que la manera de muerte de Carolina fue “violenta” y con un punto de vista médico legal “probablemente o ciertamente homicida”.
Detalla que las lesiones en sus genitales “violentas y contundentes”, ocurrieron “pre-morten” (antes de producirse la muerte) y por sus características la exhumación forense asevera fueron producidas sin consentimiento de la víctima.
El cuerpo de Carolina presentó una serie de lesiones: En la cara tenía excoriaciones en sus mejillas, igual que en su abdomen, región lumbar y en sus rodillas, en una de ellas por una posible caída.
El informe que fue elaborado por el perito médico legista Luis Guaico Pazmiño,  precisó que el resultado de la autopsia del 26 de agosto del 2018 fue inconcluso por señalar que Carolina murió por muerte natural por un edema agudo de pulmón, pancreatitis aguda hemorrágica consecutivo a probable intoxicación y descartó la intoxicación alcohólica.