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Autor: Periodismo de Investigación

Carolina Andrade, la persecutora

Decenas de grupos de la sociedad civil han expresado alegría por el nombramiento de Carolina Andrade Quevedo como próxima secretaria de seguridad ciudadana y gestión de riesgos del Municipio de Quito. Universidades, ONGs, académicos han celebrado la designación del nuevo alcalde Pabel Muñoz que la presentó en su cuenta de Twitter como politóloga y magíster en Ciencia Política con experiencia en Inteligencia Estratégica, Seguridad Pública y del Estado.

El nuevo alcalde de Quito Pabel Muñoz tiene el derecho de escoger su equipo de confianza y construir el nuevo liderazgo que requiere la ciudad y su corriente ideológica pero está demostrando que no puede separarse de la pesada cruz del pasado y vaya de qué forma nos lo hace saber.  Andrade Quevedo tiene una gran formación académica pero esta poco importa porque sirvió a los peores esquemas de persecución y corrupción que se constituyeron en el Ecuador desde 2008. Andrade Quevedo fue la cumple órdenes del secretario nacional de inteligencia (Senain) Pablo Romero y luego Ronny Vallejo, quien fuera hombre duro de la inteligencia de Correa y que debería rebautizarse con el nombre de Secretaría Nacional de Persecución del Estado.

Carolina llegó a la Senain y fue escalando posiciones. Para 2013, cuando Pablo Romero Quezada asumió esa secretaría, ella ya tenía el cargo de coordinadora general de inteligencia. Desde esa posición construyó un prontuariado vergonzoso que no ha incluido en su hoja de vida (hablaría mal de su vida secreta) y el alcalde Muñoz o no lo sabe o lo olvidó. Su participación pasa por casos como el seguimiento al premio Nobel de la Paz Oscar Arias, del exinformático del CNE Nelson Marroquín,  el caso 30S, Gran Hermano, Yasunidos, Exiliados, Caminito, el exalcalde de Riobamba Juan Salazar, el fomento de la Ley de Comunicación o el cierre del portal BananaLeaks, este último que hizo públicos los títulos profesionales fraudulentos de los hermanos Alvarado Espinel.

La master Andrade, con formación en la Sorbona de París, también fue parte de informes vergonzantes e hilarantes por decir lo menos porque no servían para nada y solo fomentaban la torpe narrativa de la intervención de la CIA en el Ecuador como el Informe de supuesta implementación de tecnología de radio frecuencia de la Agencia de Seguridad de los Estados Unidos ¿Pruebas? Aquí vamos.

El viejo cuento de la CIA

Y aquí las grandes conclusiones de la master Andrade:

Investigaba títulos académicos de autoridades de Alianza PAIS

De locos, para conocer sobre la condición de un título universitario solo se requiere ingresar a la página de la Secretaría de Educación Superior, pero Andrade creía que debía levantar un informe sobre los títulos académicos de Fernando Bustamante, Rolando Panchana, Rosana Alvarado y Mariangel Muñoz ¿para qué? Solo ella lo sabe.

Seguimiento a ONGs

El correísmo hizo un extenso seguimiento a las Organizaciones No Gubernamentales porque consideraba que eran un motor desestabilizador de su gobierno. La Senain y su super inteligente coordinadora general levantaron un informe.

Ley de Comunicación

No podía ser de otra manera, Carolina Andrade ansiaba una ley mordaza, ¿es posible que en el Municipio intente lo mismo?

Bananaleaks

Existe un informe ordenado por Andrade para determinar los peligros que implicaba para el correísmo el portal bananaleaks y la forma en que el gobierno de entonces lo sacó del aire. Debe enterarse señora Andrade que de esta experiencia nació el portal MilHojas.is que dio origen al presente portal pi, que hoy desnuda su calidad ética.

Exiliados

Luego del 30S era necesario perseguir a sus enemigos por eso se continuó con las investigaciones a los abogados quiteños Pablo y José Luis Guerrero Martínez que abandonaron el país para no ser encarcelados, acusados de terrorismo por la toma de Ecuador TV. Ellos se radicaron por muchos años en República Checa, pero Andrade consideraba que era una buena idea hacerles seguimiento.

Movilizaciones

Pi entrega este documento por completo, ordenado por Andrade, que centra a los actores de las manifestaciones de 2014 porque  vale recordar qué y con qué recursos lo hicieron. Queda preguntar a Carolina Andrade si su mirada de la seguridad de la ciudad pasa por su torpe experiencia de persecución en la Senain y si expondrá a largos procesos de inteligencia y seguimiento a los cansados agentes de tránsito o los servidores de recolección de desechos de la ciudad para lograr sus metas. Tal vez nos sorprenda.

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Adjudicaciones para asegurar hidroeléctricas y termoeléctricas sin respaldo de reaseguros

La póliza de seguros para los bienes de las centrales hidroeléctricas de la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP, fue adjudicada a Aseguradora del Sur pese a que no contaba con el aval efectivo de su reasegurador, la compañía Allianz, y por lo tanto mantuvo a las plantas hidroeléctricas con cobertura parcial por, al menos unos 15 días, hasta completar el 100% del respaldo por parte del reaseguro. Además, el valor de esta prima se encareció en 24% respecto a la contratada en el período anterior.

En este proceso se encuentran en juego los mayores activos del sector eléctrico del país, pues suman más de US$ 12.000 millones, que quedaron parcialmente desprotegidos por al menos 15 días debido a un proceso licitatorio en el que las autoridades no se cercioraron de que se cumplan con los requerimientos básicos exigidos en los pliegos del concurso.

Tras la decisión del presidente Guillermo Lasso de iniciar el proceso de liquidación de Seguros Sucre por los escándalos de corrupción que había protagonizado esta empresa pública, se dio inicio al proceso de licitación CELEC No. LISEG-CELCC0-023-21 para la contratación del Programa de Seguros para los Bienes e Instalaciones de las centrales hidroeléctricas y eólica de la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP». El concurso inició el 23 de junio de 2021 con un presupuesto referencial de US$ 33´115.745 de prima neta sin IVA.

Las ofertas presentadas para acceder a esta nueva póliza fueron de: Aseguradora del Sur, Hispana de Seguros y el Consorcio Celec (integrado por Latina de Seguros y Seguros Alianza).                 

La vigencia de la póliza a contratar era de 365 días a partir del primero de agosto de 2021. El valor asegurado fue de US$ 500 millones, a diferencia del proceso licitatorio previo en el que se contrataron pólizas de seguro por separado: en una, solo para Coca Codo Sinclair hasta por US$ 500 millones y en otra, para el resto de hidroeléctricas, por US$ 500 millones más.

Es decir que hasta julio de 2021 todos estos activos estaban asegurados en un total de US$ 1.000 millones, con una prima de US$ 21 millones. Mientras en este nuevo concurso se unificaron ambos riesgos, pero con una suma total asegurada de tan solo US$ 500 millones y una prima de US$ 26 millones. La simple comparación de las cifras echa por tierra el discurso gubernamental del ahorro, pues en este último concurso se subió el valor de la prima en un 24% respecto al proceso previo para asegurar la mitad del valor, pues este pasó de US$ 1.000 a solo US$ 500 millones.

De acuerdo con los pliegos del concurso, las oferentes debían entregar cartas de respaldo del reaseguro por el 20% de indemnización por evento.

Aseguradora del Sur presentó ese aval del reasegurador Allianza, lo que significa que esta empresa respaldaba con hasta US$ 100 millones por evento. No obstante, en la práctica Allianza no otorgó respaldo a todas las centrales hidroeléctricas de CELEC.

Hispana de Seguros también ofertó el mismo valor y presentó una carta de respaldo del reasegurador londinense Alcor Lloyds 4612. Pero este mismo reasegurador confirmó que solo podía otorgar un respaldo hasta US$ 10 millones y no como aparentemente Hispana dio a entender en su oferta. Por lo tanto, no contaba con la capacidad requerida en la licitación y el certificado de respaldo de Alcor no era válido.

Los detalles de estas irregularidades fueron expuestos en correos electrónicos cursados, primero entre diversos actores del mercado, y luego, enviados a las autoridades de CELEC EP y del Ministerio de Energía, en julio de 2021 durante la etapa de calificación y previo a la adjudicación.

En el caso del reaseguro de Aseguradora del Sur sobresale una comunicación interna del 30 de julio de 2021, entre Allianz Global Corporate & Specialty escrita por James Wright, uno de los socios de la División de Energía y Servicios Públicos, en la que se aclara que, junto a la compañía Alesco, están actuando como reaseguradores de Seguros Sucre S.A. con una participación del 20% en el seguro de todo riesgo operacional de la central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. Con este antecedente señala “Alesco nos ha pedido que consideremos si deseamos suscribirnos a una participación en todo el programa Hydroeléctrico detrás de una aseguradora local…Rechazaremos la participación debido a la falta de información sobre riesgos”.

En el caso del reaseguro de Hispana, la primera comunicación se origina en Alcor el 20 julio de 2021 (a las 17:58). lan Craigs, suscriptor general de Propiedades de Alcor envía un email a Nick Burn, director internacional de P&C que es el seguro de propiedad y siniestros de Tysers lnsurance Brokers Limited, un broker de seguros londinense. En este email Craigs explica que la carta enviada por Alcor a CELEC EP no es una cotización vinculante y que no puede participar porque esta licitación no es de su interés.

Una semana después (27 de julio de 2021 a las 17:28, Craigs vuelve a escribir un correo a Nick Burn en el que le especifica: “Es posible que Howdens (corredor de seguros europeo) haya presentado esta oferta, pero en su momento dejamos muy claro que no somos un mercado proporcional y que no tenemos ese tipo de capacidad…”

Luego de este intercambio de mensajes Nick Burn, de Tysers, envió un correo a Gonzalo Uquillas, gerente de CELEC, (27 de julio de 2021 20:27), en el que le dice que “la documentación con la que se respaldan ciertas reaseguradoras en la licitación de Celec parece ser malinterpretada”. Agrega haber sido informado que Alcor ha presentado una participación del 20% como respaldo de los US$ 500 millones y que eso no es correcto, por lo que adjunta los correos electrónicos ya mencionados, confirmando que no se han ofrecido a apoyar esta licitación.

También presenta un extracto del sitio web de Alcor que muestra que su capacidad máxima de cobertura es de US$ 10 millones.

En efecto, de acuerdo con la información publicada por este reasegurador en su propia página web (https://alcoruw.com/products/all-risk-property/), se indica que cuenta con una capacidad de solo hasta US$ 10 millones.

El 29 de julio de 2021 (16:47) Burn se dirige nuevamente, vía electrónica, al ministro de Energía de entonces Juan Carlos Bermeo, a Uquillas y otros funcionarios de CELEC, donde les pide que vean “un correo de Alcor aclarando su posición sobre esta licitación y demostrando que lo que ha presentado Hispana es engañoso”.  En esta comunicación, Ian Craigs de Alcor le dice a Burn que esta reaseguradora “no ha proporcionado indicación de cobertura o cotización de términos para las centrales hidroeléctricas o centrales térmicas. La participación máxima que Alcor puede ofrecer en cualquier cuenta es US$ 10m (US$ 10 millones)”.

El 30 de julio (13:18) Nick Burn, en otro email, se dirigió al ministro de Energía de entonces Juan Carlos Bermeo y a Uquillas observando que no ha recibido ninguna respuesta de las autoridades en relación con sus correos anteriores respecto a la licitación y que está sorprendido “especialmente de los problemas de Alcor y Allianz porque iría totalmente en contra del interés de CELEC EP. La calificación de Allianz permite puntos más altos, lo que está distorsionando el proceso, no están respaldando todos los activos de Celec… Le recomendamos encarecidamente que considere toda esta evidencia y, aparte de esto, la oferta de Latina Seguros es mucho más favorable a Celec y su interés”.

¿Por qué son importantes estas comunicaciones? En los pliegos de la licitación se incluye la potestad de CELEC de constatar la validez de las confirmaciones que realicen los reaseguros. En la cláusula destinada para ello se señala: “CELEC EP se reserva el derecho de verificar en todo momento y por cualquier medio, la autenticidad de toda la información proporcionada por la aseguradora, en especial, en lo referente a los certificados y notas de cobertura de reaseguros, so pena de ser declarado adjudicatario fallido y de iniciar las acciones que en derecho correspondan, en caso de encontrar cualquier tipo de falsedad en la información proporcionada.”

Pese a todo esto, el mismo día en que Allianz decidió no participar en este concurso, el viernes 30 de julio de 2021 se concretó la adjudicación y la póliza empezó a regir desde el domingo primero de agosto de 2021, a las 12 horas. Pero al estar de por medio un fin de semana entre la fecha de adjudicación y la vigencia del contrato era imposible completar el 100% del reaseguro para estos bienes en tan corto tiempo y peor aun cuando la empresa adjudicada no tenía una oferta en firme, sino que solo un «desk quote» o cotización de escritorio. Fuentes del sector explicaron que una oferta en firme es cuando los reaseguradores otorgan, de manera escrita a las aseguradoras, un respaldo real en todas las condiciones y valores; mientras que la oferta de escritorio es cuando la aseguradora únicamente presenta su oferta sin contar con el aval efectivo del reasegurador.

Para conseguir un reaseguro de esta magnitud se necesitan, generalmente, unos 15 días hasta poder negociar y completar el respaldo requerido, por lo que a esa fecha dicho riesgo no debió estar colocado al 100%, lo que significa que las centrales hidroeléctricas solo tenían cobertura parcial, en caso de siniestro.

Irregularidades en proceso de evaluación inclinaron otra vez la balanza

Otro punto de controversia tiene que ver con la forma en que se otorgaron puntajes a las oferentes según la calificación de riesgo de sus reaseguros. Los pliegos de la licitación establecen que esas calificaciones debían ser otorgadas por las firmas Standard & Poors, AM Best o Moody’s y registradas en la Superintendencia de Compañías.

Hispana de Seguros y el Consorcio Celec (Latina Seguros-Seguros Alianza S.A.) presentaron respaldos de Sindicatos de Lloyds (grupo de aseguradoras londinenses), los cuales, de acuerdo con el registro de la Superintendencia, tienen calificación A (excelente). No obstante, al evaluar la oferta del Consorcio Celec (Latina-Alianza), la Comisión Técnica que se encargó de esa tarea, la calificó como A, mientras a Hispana Seguros la puntuó como A+.

El 27 de julio de 2021, el Consorcio Celec pidió la recalificación de su oferta. Uno de sus argumentos fue que se dio a Hispana la calificación más alta (15 puntos) pese a tener el mismo reasegurador que el Consorcio Celec (Sindicatos de Lloyds), dándole a este último oferente una calificación de 12.50 puntos, sin considerar que la compañía líder del consorcio (Latina de Seguros), por sí sola, tiene calificación de riesgo «AAA».

La comisión técnica respondió que fue el mismo Consorcio Celec el que registró la calificación de cada uno de sus reaseguradores en un formulario, donde se evidencia que 5 de ellos tienen calificación «A» y uno, calificación «AA». Al momento de aplicar las fórmulas correspondientes, esas calificaciones no alcanzan los 15 puntos reclamados por el Consorcio.

Por lo tanto, la comisión concluyó que no puede modificar las calificaciones de riesgo presentadas por el oferente para homologar con los reaseguros presentados por otros oferentes, por el solo hecho de pertenecer al Sindicado Lloyd’s.

El Consorcio Celec también pidió que se revise la evaluación hecha a la reaseguradora de Hispana, Alcor de Lloyd’s, pues esta posee una capacidad para el seguro de todo riesgo de solo US$ 10 millones, nivel insuficiente para asumir el porcentaje requerido. El Consorcio Celec solicitó también se aclare cuál fue el criterio de la valoración hecha a los respaldos de reaseguros ante una posible insuficiencia de asumir el riesgo. Y requirió la publicación de todas las cartas de respaldo de los reaseguros. Además, afirmó que esta adjudicación sería un perjuicio al Estado, pues la oferta del Consorcio Celec es la más baja.

La comisión evaluadora puntualizó que la capacidad del reaseguro no es una condición que consta en los pliegos del concurso donde se señala: a) “Los oferentes deberán presentar copia simple de los certificados de reaseguros emitidos por reaseguradores internacionales de reconocido prestigio, sobre la colocación en firme de al menos el 20% de la suma asegurada del Reaseguro, para cada una de las pólizas de manera individual y/o grupal…”

Pese a que se especifica que los certificados que deben presentar los reaseguradores están relacionados con un porcentaje requerido en el concurso, la interpretación de la comisión técnica es que “la capacidad de los reaseguradores no consta como requisito exigido en el pliego” y, por si fuera poco, admite que “el certificado emitido por Alcor, no corresponde a un retrocesionario (reasegurador)”.

En otra confusa explicación la comisión también dice que “la validación del cumplimiento de los requisitos mínimos, que sí están exigidos en los pliegos, se hizo sobre la base de la revisión de las copias de los certificados de reaseguros…” pero “el cumplimiento de los requisitos contenidos en el certificado de reaseguros, no son objeto de valoración”.

En otras palabras, la validación es solo revisar las copias, pero no lo que se afirma en los certificados.

Finalmente, el 28 de julio de 2021 la comisión desestimó todo y pese a los reclamos del Consorcio Celec y a las informaciones entregadas por los reaseguradores a la empresa pública CELEC, señalando que no fueron reales los respaldos de reaseguros de Allianz en el caso de Aseguradora del Sur y del reasegurador Alcor en el caso de Hispana de Seguros, nunca hubo respuesta de sus autoridades y la adjudicación se concretó para Aseguradora del Sur.

Seguros para las centrales termoeléctricas

El concurso para contratar el seguro de los bienes e instalaciones de las Centrales Termoeléctricas de CELEC EP funcionó casi igual al proceso ejecutado con las hidroeléctricas. Se adjudicó la póliza sin que Hispana de Seguros, la empresa seleccionada, cuente con los respaldos de los reaseguros, con un agravante: su oferta fue casi US$ 800 mil más cara que la de su competidor, el Consorcio Celec.

Se trata del proceso de licitación CELEC No. LISEG-CELCCO-024-21, iniciado por la Corporación Eléctrica del Ecuador con un presupuesto referencial (Sin IVA) de US$ 25,99 millones para la prima neta y un monto a asegurar de US$ 236 millones.

Luego de la publicación del proceso en el portal de compras públicas el 23 de junio de 2021, se presentaron 2 ofertas:

La adjudicación de este contrato se dio también el 30 de julio de 2021 al igual que en el caso de las hidroeléctricas, y entró en vigencia el primero de agosto de ese año, con un plazo de 365 días.

Los problemas alrededor de su proceso de licitación son idénticos a los de la contratación del seguro de las centrales hidroeléctricas. Es decir, la oferente adjudicada tampoco tenía una oferta en firme, sino solo una cotización. Entonces a la fecha de la adjudicación dicho riesgo no estaba colocado al 100% con el respaldo de reaseguros, por lo que si se hubiera presentado un siniestro las centrales termoeléctricas carecían de cobertura.

La oferta que presentó Hispana de Seguros fue con una carta del reasegurador Alcor Lloyd´s, de un supuesto respaldo a las centrales termoeléctricas en un 20% del riesgo. Sin embargo, hay una comunicación de este reasegurador, en la que manifiesta que nunca otorgó cotización tanto para las centrales hidroeléctricas como para las termoeléctricas. Además, confirma que solo emite avales no proporcionales, es decir, que no da el respaldo del 20% para todas las coberturas. Su capacidad máxima es US$ 10 millones, con lo que definitivamente no hubiera podido cubrir los US$ 47 millones requeridos.

Durante el concurso Hispana de Seguros y el Consorcio Celec (Latina y Alianza) presentaron respaldos de Sindicatos de Lloyd´s, los cuales, de acuerdo al registro de la Superintendencia de Compañías tienen calificación A (excelente).

Cuando el Comité de Evaluación publicó el Acta de evaluación de oferta, el 27 de julio de 2021 en donde Hispana aparecía seleccionada, el oferente Consorcio CELEC le envió una comunicación mediante la cual planteó los mismos reclamos que en el concurso de seguros para las hidroeléctricas, recibiendo la negativa de la Comisión Técnica, basada en iguales argumentos que en el mencionado proceso, es decir que el reclamo del Consorcio Celec “no es procedente por carecer de sustentos, puesto que, lo solicitado difiere de lo requerido expresamente en el pliego de este procedimiento de licitación”.

La adjudicación se concretó con una oferta de Hispana de Seguros basada en un respaldo ficticio.

Sin concurso Hispana asegurará por dos años más los activos de CNEL y CELEC

La Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP decidió no realizar una licitación pública sino simplemente renovar por dos años la póliza de seguros que protege sus bienes y servicios y los de la Unidad de Generación de la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP, con la compañía Hispana de Seguros, por US$ 21, 32 millones, hasta enero de 2023.

Para justificar este incumplimiento de la ley general de seguros se basó en informes internos que recomendaron a la gerencia no llamar a un nuevo concurso porque no hubo cotizaciones de otras compañías de seguros.

¿Por qué contratar una cobertura de seguros para los riesgos de dos empresas eléctricas? El contrato de seguros original (2019-2021) con Hispana para los riesgos de CNEL y CELEC tuvo como antecedente un convenio entre ambas empresas públicas (firmado el 1 de abril de 2015) para la administración, operación y mantenimiento de las centrales de generación eléctrica Álvaro Tinajeros y Aníbal Santos de la Unidad de Negocio Guayaquil. En este marco se determinó la necesidad de contratar un programa de seguros con coberturas de los ramos generales y de vida en grupo. La justificación que se dio en aquel entonces para una contratación conjunta fue que se conseguiría mejores condiciones para el aseguramiento del personal, bienes y operación. Así que se unificaron en el programa de seguros a: CNEL EP Distribución/ Comercialización y la Unidad de Generación.

Luego, mediante proceso No. LICS-CNELCORP-008-18, el 14 de diciembre del 2018 la gerencia de CNEL EP inició la licitación para contratar las pólizas de seguros de CNEL EP y de la Unidad de Generación de CELEC EP. Con un presupuesto referencial de US$ 21,64 millones (sin IVA), el 17 de enero la comisión técnica del proceso de contratación recomendó adjudicar el contrato a la oferta presentada por Hispana de Seguros por un valor de US$ 21´320.176 y un plazo de 730 días. Sobre esta base CNEL resolvió adjudicar la póliza a la mencionada compañía y el contrato lo firmó Wilfrido Veintimilla Terreros como gerente de CNEL EP, el 23 de enero de 2019.

Las pólizas contratadas son nueve para distribución: Multirriesgo, Equipo y maquinaria, vehículos, responsabilidad civil, fidelidad, transporte de dinero y valores, transporte interno, casco buque; Vida en Grupo. Y, dos para generación: Multirriesgo y Responsabilidad Civil.

PÓLIZAS CONTRATADAS

Pese a que la presidencia de la República había dado una clara disposición, el 30 de agosto de 2018, mediante su secretario general de entonces Eduardo Jurado (en oficio No. PR-SGPR-2018-6942-O) de que «a partir de esta fecha, se debe evitar el uso de procedimientos de contratación directa (emergencia y consultoría) y de régimen especial, con la finalidad de promover la concurrencia de más participantes y transparencia de contratación pública y optimizar el gasto público”, en octubre de 2020 CNEL inició el proceso de renovación de pólizas de seguros para el período entre 27 de enero de 2021 y 27 de enero del 2023. Para ello se requirió un informe técnico de la Coordinación de Seguros y el criterio de la gerencia jurídica de CNEL.

Las conclusiones del informe técnico de la Coordinación de Seguros se basaron en un estudio de mercado que a su vez tomó como principal referencia los estudios que la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC y EMELNORTE realizaron en mayo y junio de 2020 (previo a la contratación) a las pólizas que requerían para cubrir sus riesgos en ese entonces.

Lo que se hizo fue utilizar normativa del SERCOP sobre proformas de proveedores para fijar presupuestos referenciales y se elaboró un cuadro comparativo entre las primas del contrato de seguros que estaba por fenecer y las establecidas en el estudio de mercado de CELEC y EMELNORTE. La Coordinación de Seguros de CNEL usó estas últimas, que eran más altas, para advertir que si se realizaba una nueva licitación el valor del presupuesto referencial del contrato subiría a US$ 28,75 millones (sin IVA), pero si se hacía la renovación, ese rubro sería de US$ 24,16 millones (sin IVA), por el período bianual.

Para reforzar su posición la Coordinación de Seguros advirtió también que realizar un nuevo concurso significaría revisar valores de los deducibles en los ramos con riesgos más altos y otras coberturas y rubros por la agravación del riesgo debido a la siniestralidad ocurrida en 2016 (terremoto de abril), lo cual ocasionaría un incremento de la tasa.

Resaltó también que en el portal de compras públicas no hay procesos similares a los realizados por CELEC y EMELNORTE y además estaba el hecho de no haber recibido ninguna cotización de otras compañías de seguros que le permita contar con un elemento comparativo de precios.

Otra premisa de este informe técnico fue que la aseguradora ha cumplido con la entrega del servicio en atención de siniestros y en beneficios adicionales y no hay indemnizaciones pendientes, lo cual se adecúa a la cláusula de renovación que consta en el contrato.

Finalmente, a pesar de que la Coordinadora de Seguros resaltó la intención de la presidencia de la República de promover los concursos públicos y transparentes, recomendó no hacer un nuevo proceso de licitación y mantener las pólizas con Hispana de Seguros.

Por su parte la gerencia jurídica de CNEL, el 23 de octubre de 2020 presentó los argumentos que justificarían la renovación de la póliza con Hispana. Primero, las pólizas no están reguladas por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSCP), sino por la Superintendencia de Compañías. El Reglamento de la LOSCP señala que “los contratos que se rijan por leyes especiales o que respondan a formatos regulados, tales como pólizas de seguros, servicios básicos, servicios de telecomunicaciones y otros, no observarán los formatos de los modelos de pliegos obligatorios, ni cumplirán con las cláusulas obligatorias del Sistema Nacional de Contratación Pública”.

En consecuencia, este caso de contratación de seguros, a criterio de la gerencia jurídica, cuenta con estipulación especial para dar paso a la continuación de las pólizas por dos años más.

Segundo, la renovación de las pólizas se sustenta en la contratación de seguros y en los pliegos del proceso original (Nro. LICS-CNELCORPO-008-18). Además, se afirma que la renovación no es el inicio de un proceso precontractual y no requiere la autorización del directorio para ejecutarse.

Finalmente se dio la renovación del contrato con Hispana, pese a que no se evidenció en el portal del SERCOP la falta de respuesta de otras compañías de seguros para cotizar en este proceso, como afirman las autoridades.

Si no hubo interés de otras aseguradoras ¿por qué no se actuó como en la licitación anterior hecha para contratar los seguros del período 2018-2020? Ahí CNEL EP tampoco obtuvo respuestas del mercado para poder establecer un presupuesto referencial. Solo Seguros Sucre, que era la contratista vigente en ese proceso, presentó su oferta, otras se abstuvieron de cotizar porque requerían más tiempo y otras dijeron que lo harían cuando haya un proceso de licitación subido al portal de compras públicas, lo cual se concretó y se lanzó el concurso.

BIESS: dos aseguradoras deben proteger sus riesgos crediticios, solo hispana tiene la póliza

Al margen de la ley el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) mantiene las pólizas para cubrir los riesgos de los créditos hipotecarios únicamente en manos de Hispana de Seguros cuando deberían ser al menos dos aseguradoras las calificadas para emitir todas las pólizas.

La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera tiene la facultad de emitir las políticas y regulaciones crediticia y financiera, incluyendo la política de seguros. En la normativa expedida por este cuerpo colegiado mediante Resolución (No. 072-2015-F) de 28 de mayo de 2015 y reformada (con Resolución No. 220-2016) el 11 de marzo de 2016, en su artículo 4 sobre la selección del seguro de desgravamen obligatorio para los créditos hipotecarios establece: “El seguro de desgravamen será contratado por el deudor, considerando lo siguiente: a. en forma directa con cualquier empresa de seguros autorizada para operar en el Ecuador en este ramo; y, b. con las empresas de seguros que individualmente las entidades del sistema financiero nacional y los fondos complementarios previsionales hayan seleccionado para el efecto. Estas entidades deberán seleccionar por lo menos dos empresas de seguros (…)”

El 19 de julio de 2019 se realizó la convocatoria para el concurso de “Selección de empresas proveedoras de pólizas de seguros de Vida-Desgravamen, Incendio y Líneas Aliadas (catástrofes naturales) y todo riesgo contratista para los préstamos hipotecarios del Biess” por un valor asegurado de US$ 7.083´470.532.

Las compañías seleccionadas fueron Seguros Sucre e Hispana de seguros. Esta última se quedó a cargo de todas las pólizas de incendio, Todo Riesgo Construcción y Desgravamen, desde junio de 2021, luego de que Seguros Sucre entró en liquidación forzosa.

El BIESS realizó tres concursos, en diciembre 2021, febrero de 2022 y marzo de 2022, los cuales fueron declarados desiertos. Como resultado de estos intentos fallidos Hispana se mantuvo como la única aseguradora para cubrir todos los riesgos de las operaciones crediticias.

El último gerente del BIESS en ratificar a esta aseguradora al frente de las pólizas de vida, desgravamen, incendio y líneas aliadas fue Iván Tobar. Pero esa decisión de Tobar le significó su separación del cargo, pues esta gestión no contó con la aprobación previa del Directorio, conforme lo requerido por la Contraloría General del Estado, “exponiendo al BIESS a riesgos legales y reputacionales”.

A pesar de esta resolución del directorio Hispana continúa como la única aseguradora del BIESS. El monto total de valores asegurados asciende a más de US$ 9 mil millones, con el consecuente riesgo de que una sola compañía de seguros tenga la responsabilidad del 100% de la cobertura de estos activos que generan mensualmente primas descomunales.

El caso Flopec y su relación con Correa, Moreno y Lasso

El presidente Guillermo Lasso será el primer mandatario en ser enjuiciado políticamente con los instrumentos legales de la Constitución de Montecristi, en vigencia desde 2008, creada para evitar cualquier posibilidad de destitución de un presidente. Paradójicamente es el mismo correísmo el empeñado en caminar contra los principios constitucionales que diseñaron. Es cierto que el presidente es el responsable principal de esta crisis; son tantos los desaciertos que la Corte Constitucional ha resuelto abrir el camino del juicio con una acusación poco clara.

El juicio político por peculado que aprobó la Corte Constitucional nada tiene que ver con el caso “gran padrino”, en el que existe evidencia de la influencia del presidente para obstruir una investigación de narcotráfico denominada León de Troya que involucra a un amigo de su cuñado Danilo Carrera.

La acusación por peculado pasa por un complejo entramado de beneficios a corporaciones que mantienen contratos con Flopec hace 10 años, cuando gobernaba Rafael Correa. 

El caso Flopec

Si existe peculado a quién debemos responsabilizar es a los expresidentes Rafael Correa y Lenín Moreno, prófugos de la justicia, responsables de estructurar y consolidar el sistema de tarifas y transporte de crudo que benefició a las empresas privadas. 

Esta trama se inicia en los contratos de deuda externa con China, firmados por Rafael Correa, que pueden resumirse en recibir dinero con altas tasas de interés y plazos cortos a cambio de petróleo con precios muy por debajo a los del mercado internacional. 

Ese crudo entregado a los chinos  con valor descontado  debía ser transportado por Flopec tal como dice la Constitución. Esta empresa estatal cuenta con una norma llamada  Ley de Reserva de carga, que obliga a China embarcar su crudo en las naves de Flopec, para ellos era un problema porque encarecía el precio del petróleo a pesar de que el crudo ecuatoriano ya incluía el descuento por el valor del flete.

En el informe del caso Petrochina que el asambleísta Fernando Villavicencio y su equipo armaron se explica con claridad: “Petroecuador ha establecido en sus análisis que otro componente que afecta directamente el precio final de barril está relacionado con el flete, un descuento adicional por el transporte del crudo a cargo de la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana, EP Flopec. El crudo es entregado en modalidad FOB, es decir en Esmeraldas y no en el puerto de destino final, esto, más la condición de “Libre destino”, ha permitido que las mismas intermediarias participen también dentro del negocio del transporte marítimo. El país paga fletes para enviar el petróleo a China, pero este en realidad es transportado y vendido en países más cercanos, como Perú”.

En septiembre de 2016 el portal La Fuente (uno de los medios que crearon Periodismo de Investigación) publicó : “Los chinos siempre decían que Flopec abusaba con el flete, entonces idearon un mecanismo para bajar los valores a niveles de mercado, incluso que no pueda usar sus barcos, esto para pagarle solo un diferencial del 10%. La parte que más afecta a los ecuatorianos está en la “clasificación de los barcos por tipo de prioridad y el protocolo de comunicaciones que faculta a Petrochina la contratación de buques de terceros”.

Así terminaron con los precios preferenciales de transporte que tenía Flopec.  Aquí otro párrafo del mismo reportaje de 2016: “en diciembre de 2014, el ministro Coordinador de Sectores Estratégicos, Rafael Poveda, conminó a la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec EP), a firmar un convenio de transporte de crudo, el cual afectó gravemente la operación de Flopec y creó beneficios para Petrochina, que a partir de entonces pudo contratar directamente buques de mayor volumen. Se estima que un 60% de este tipo de buques petroleros son contratados directamente por Core Petroleum y Baere, intermediarias de Petrochina”

MILLONARIO NEGOCIADO EN FLETES Y LA PRIVATIZACIÓN DE FLOPEC

Convenios de transporte que solo favorecen a otros

Ese acuerdo llamado framework tiene como principio reducir las ganancias que le corresponden a Flopec y para ello crearon un sistema de prioridades de embarques con supuesta ventaja para los buques de bandera, tripulación y propiedad ecuatoriana. La segunda oportunidad es para los buques fletados por tiempo, controlados comercialmente por Flopec o Petrochina por un período mínimo de 6 meses a una tarifa fija. La tercera línea era para buques de terceros del mercado spot presentados por Flopec o Petrochina.

La tarifa del flete aplicada se calcula por una cotización emitida por un panel de Brokers denominado ASBA (un supuesto tercer protagonista imparcial) y sobre esa tarifa, Flopec tuvo derecho a una comisión del 10%; pero el costo del ASBA se divide en partes iguales entre Petrochina y Flopec. 

“El framework se adjuntó como anexo a todos los contratos de compra-venta de crudo existentes entre Petrochina y Petroecuador.  Es decir, que cada vez que Petrochina tenga una carga, siempre y cuando cumpla con avisar dos semanas antes, se aplica este acuerdo” se expuso en el informe de Villavicencio en la Asamblea Nacional.

Amazonas Tanquers ¿Qué sucedió después?

Ese convenio de transporte de crudo dio paso a la creación del consorcio Andes Tanquers en el correísmo y en 2018 fue perfeccionado y llamado Amazonas Tanquers y que fue defendido a capa y espada por la asambleísta Ana Belén Cordero desde el oficialismo y Mireya Pazmiño Arregui desde la oposición (o mejor dicho desde los acuerdos con Amazonas Tanquers). 

La historia está detalladamente contada en nuestro portal, narra la relación tripartita entre Jaime Condoy, un gerente de Flopec de triste recordación; el canadiense Raymond Kohut, de Ursa Shipping Ginebra, Gunvor Bahamas y Clearlake Shipping (brazo marítimo de Gunvor); más el americano William Saudhaus, representante de Core Sinergy LLC, con sus empresas Ursa Shipping Hong Kong, Baere Maritime, Dragun USA, Core Transport, Mjølner Shipping

Amazonas tanquers se creó gracias a una extensión de contrato llamada adenda 3 en 2018, firmada en Nueva York, Estados Unidos, por Jaime Condoy de Flopec y Casey Dalcher, vicepresidente de Dragun (parte del grupo Core). Este grupo tiene un operador llamado Roberto Dongo, un apuesto ejecutivo peruano que se encarga de conquistar mujeres y calentar los bolsillos de los funcionarios. Quién intenta tomar distancia y hacer lo correcto dentro de Flopec es amenazado.  

CÓMO GUNVOR SE APODERÓ DE FLOPEC

Ahora es el correísmo junto a sus socios social cristianos quienes aseguran que estos contratos son la muestra del peculado de Lasso. Quieren enjuiciar al presidente endosando sus propias responsabilidades. Es cierto que el presidente no tuvo la voluntad de acabar con esta estructura, su discurso de romper las cadenas de la corrupción en el sector petrolero fueron puro cuento y su falta de acción hoy se convierte en su mayor debilidad. 

Aunque es muy posible que el presidente sea destituido, al periodismo le corresponde decir la verdad: que será acusado por un delito que cometió Rafael Correa, lo consagró Lenín Moreno y que él se allanó al pasado corrupto de sus sucesores.

El arbitrario juego de los seguros estatales

El pastel de grandes contratos se ha repartido sobre todo a Hispana de Seguros, en los dos últimos años ha incrementado sus primas en casi el 200%. Todos quienes pensamos que el nuevo escenario -con la llegada del presidente Lasso- abriría la transparencia y los concursos públicos de diversas compañías privadas que propongan mejores ofertas para asegurar los bienes del Estado, fue una quimera.

La salida y liquidación de Seguros Sucre puede resumirse en la frase “quítate tú para ponerme yo”.

Todos quienes pensamos que el nuevo escenario -con la llegada del presidente Lasso- abriría la transparencia y los concursos públicos de diversas compañías privadas que propongan mejores ofertas para asegurar los bienes del Estado, fue un espejismo. La realidad es que solo tres empresas se disputan y reparten un mercado que ha sido marcado por las preferencias y la arbitrariedad.

El pastel de grandes contratos se ha repartido sobre todo a Hispana de Seguros, en los dos últimos años ha incrementado sus primas en casi el 200% (primas netas al 2022 de 169 millones). Le sigue Aseguradora del Sur que aumentó el 77% (primas netas al 2022 de 131 millones). Luego está Latina de Seguros con un incremento de primas netas al 2022 de 115 millones.

Hispana mantiene pólizas de Petroecuador, las empresas termoeléctricas, la Empresa Eléctrica Quito, la Empresa Pública de Agua, el Municipio de Guayaquil, BIESS. Aseguradora del Sur tiene los contratos con las unidades de negocios de generación hidroeléctricas y el casco marítimo del Ministerio de Defensa. Latina Seguros emitió la póliza por los bienes generales de CELEC, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, el Consejo de la Judicatura y el casco aéreo del Ministerio de Defensa, este último contrato dado de baja por pedido del presidente Guillermo Lasso, ¿Las razones para haber declarado desierto ese concurso? Aquí la historia.

La caída del casco aéreo

El Ministerio de Defensa Nacional sin explicación alguna ordenó descalificar el concurso de ofertas Nro. LICSG-MDN-003-2022, Contratación de Seguro de Casco Aéreo y Responsabilidad Civil para aeronaves del Ministerio de Defensa Nacional. Fue impulsado el último trimestre de 2022 con un presupuesto referencial de $18,045,982.08.

La única oferta que conoció la Comisión de Contratación fue de Latina de Seguros por $17.670.537,22. Entre el 20 y 27 de octubre Latina Seguros respondió preguntas de la Comisión de selección y convalidó su propuesta. El informe técnico de dicha comisión fue favorable con 100 puntos y recomendó al ministro de defensa contratar la propuesta de Latina el 28 de octubre del año pasado.

Firmaron el vicealmirante Rafael Poveda, la capitán de Fragata Fanny Lagla, el teniente coronel Nel Vaca mas otro grupo de oficiales y abogados de la comisión técnica. Pero el 2 de noviembre de 2022, cuatro días antes de que la póliza venciera, se emitió la resolución No.116 que echó abajo la contratación.

Las razones expuestas en la resolución ministerial 116 para declarar desierto el concurso son inexistentes. Así consta en el documento: “En virtud de haber revisado y verificado la documentación sustentatoria del informe de la comisión tecnica (sic) del proceso, no se acoge la recomendación de adjudicación…”

Las razones no son claras, pero los audios evidencian que la decisión era evitar la contratación de Latina Seguros y  buscar una forma de impedirles ganar nuevamente en caso de presentarse a licitar. Se trata de una paradoja porque esa aseguradora era la que mantenía el contrato de seguro del casco aéreo del Ministerio de Defensa, quiere decir que tumbaron el contrato para evitar una nueva contratación de Latina pero debieron extender la cobertura de la póliza con esa misma empresa ¡Brillante forma de quitar contratos para perjudicar a una empresa y sin embargo extender pólizas con la misma! No existe fórmula de entendimiento.

Informe MIDENA 28 octubre 2022
Informe MIDENA 2 nov 2022 firmado por el ministro Luis Lara
Transcripción del audio

Caso Sinohidro, el camino que lleva a Correa

El caso Sinohidro que la Fiscalía General del Estado sigue por el delito de cohecho a 37 personas tiene un posible camino para incluir en una nueva investigación al ex presidente Rafael Correa y depende  sobremanera de la declaración que brinde en el juicio el principal acusado, el también expresidente Lenín Moreno Garcés. Moreno ha sido firme en señalar desde 2019 que su labor como vicepresidente se limitó hacer lo que el presidente le dispuso por decreto, que fue emprender el plan Manuela Espejo -un programa de incerción a la vida social y económica de la población con discapacidades- y ha negado su participación en el proceso que permitió concretar el contrato de Coca Codo Sinclair con Sinohidro.

Pero fue el entonces vicepresidente que por encargo del mandatario intervino para destrabar el acuerdo del crédito con el Eximbank de China, estos son los principales hitos que marcan el caso y la responsabilidad superior del entonces presidente Correa.

Reunión de Lenín Moreno y embajador chino

El 26 de enero de 2010 se reunió el embajador Cai Runguo y el vicepresidente Lenin Moreno. Así se publicó en las páginas oficiales:

El embajador Cai Runguo aprovechó la oportunidad para expresar al Segundo Mandatario la satisfacción de su país por los avances registrados tras los recientes acercamientos entre China y Ecuador para construir la central hidroeléctrica Coca–Codo Sinclair con financiamiento del Eximbank, del país oriental. En este sentido, precisó que tras los acercamientos con la Ministra de Economía, María Elsa Viteri, faltan pequeños detalles por pulirse para conseguir un acuerdo definitivo que garantice el acuerdo crediticio.

El Segundo Mandatario expresó que una vez se superen los problemas generados por la crisis mundial habrá “vientos más gratos” para salir adelante con acuerdos entre los dos países, e hizo votos porque pronto se limen asperezas y se concrete  la construcción del Coca – Codo Sinclair, la central hidroeléctrica más grande del Ecuador.

Rafael Correa y Cai Runguo en la firma del convenio con Sinohydro

En marzo de 2010 las exigencias del gobierno chino para otorgar el crédito se estancaron; Correa decidió terminar el acuerdo. El 29 de marzo en una entrevista con Radio Democracia Moreno dijo:

“Ante la llamada del señor embajador de China -Cai Runguo-, un buen amigo, fui a donde el señor presidente de la República y le insistí en que existía alguna inconsistencia e imprecisiones en la información que le habían dado y que el señor embajador manifiesta que el Eximbank podía hacer una propuesta acorde a la constitucionalidad ecuatoriana, y estamos a la expectativa de que esto ocurra”

 

Se firma el contrato

Los abogados de la firma internacional Hogan Lovells participaron activa y reservadamente en la elaboración de los acuerdos

Fue Lenín Moreno, que por aceptación del presidente, destrabó el proceso de crédito; el 19 de mayo el ministro de Sectores Estratégicos Jorge Glas ordenó al Ministerio de Electricidad que instrumente todos los documentos para la firma del contrato. Al día siguiente, el 20 de mayo, el Procurador del Estado autorizó al Ministerio de Finanzas pactar el arbitraje internacional en el contrato que suscribirían con el Eximbank y el 21 de mayo la Secretaría Nacional de Planificación autorizó aumentar la capacidad instalada de generación de 487 a 1500 megavatios.

Documento oficial que marca la hoja de ruta de la negociación del crédito

El 27 de mayo de 2010 el ministro de Finanzas Patricio Rivera Yánez resolvió aprobar las condiciones del crédito.

Los agradecimientos

El 1 de diciembre de 2010, el homenaje de reconocimiento para el embajador Cai Runguo, en el palacio de Carondelet. Estuvieron presentes el presidente Rafael Correa y el vicepresidente Lenin Moreno. Así lo reseñó la prensa oficial:

El Vicepresidente de la República, Lenín Moreno, participó en la ceremonia de condecoración, con la Orden Honorato Vásquez, al embajador de China en Ecuador, Cai Runguo, como un reconocimiento a su gestión para la consecución de importantes proyectos de desarrollo  en beneficio de los sectores sociales.

La condecoración fue impuesta por parte del Primer Mandatario, Rafael Correa, en el salón Amarillo de la Presidencia de la República. En la ceremonia, el presidente destacó que la inversión china en el Ecuador alcanzará, el próximo año, los 5 mil millones de dólares.

El Jefe de Estado resaltó además la complementariedad de la economía china con la del Ecuador y la inversión en el proyecto hidroeléctrico más grande de la historia, Coca – Codo Sinclair. “Siempre lo hemos dicho Ecuador es la puerta de entrada a la cuenca asiática del Pacífico hacia América Latina y viceversa”, dijo.

Constitucionalmente el vicepresidente solo puede ejecutar lo que el presidente le pide por decreto y si bien no existió un pedido explícito de Correa a Moreno para destrabar el crédito, éste se valió del lobby de Conto Patiño y del embajador Runguo para llegar acuerdos mientras que todas instituciones dependientes del ejecutivo levantaban toda la información para la firma del contrato. Fue un camino por doble carril.

Luego de la intervención de Lenín, el 22 de abril de 2010, Jorge Glas solicitó, a través del oficio No. MICSE-DM-2010-369, a Cai Runguo que gestione que una delegación del Eximbank “con poder suficiente de decisión” visite el país y “poder concluir con las negociaciones”:

14 de mayo de 2010: La asesoría jurídica internacional de Ecuador en esta negociación, que estuvo a cargo de la firma estadounidense-británica Hogan Lovells. En un correo electrónico del 14 de mayo de 2010, Miguel Zaldívar de Hogan Lovells informa a William Vásconez, subsecretario jurídico del Ministerio de Finanzas, que se debe crear y proporcionar inmediatamente el número de la cuenta creada en el Banco Central para administrar los recursos del contrato de préstamo con el Eximbank. También indica que él está elaborando el Anexo A del contrato y que la siguiente semana deben presentar la opinión jurídica de Vásconez, a la vez que recomienda confirmar la reunión con el Eximbank el 1 de junio de 2010 y no bajar la “presión” hasta lograr la firma del contrato.

17 de mayo de 2010:  La comunicación sin nombre del 17 de mayo de 2010, suscrita por Dai Chunning, gerente general del Departamento de Banca Corporativa del Eximbank, dirigida a Jorge Glas Espinel, ministro Coordinador de los Sectores Estratégicos y Patricio Rivera, ministro de Finanzas, anunciando que estaban “listos para firmar el acuerdo de préstamo”, al tiempo que le agradeció los esfuerzos “fructíferos” en las negociaciones.

El oficio MICSE-10-448 del 18 de mayo de 2010, suscrito por Jorge Glas, ministro Coordinador de los Sectores Estratégicos, como respuesta a Dai Chonning, señalando que una comisión encabezada por él y conformada por Patricio Rivera, ministro de Finanzas; Rafael Poveda Bonilla, viceministro Coordinador de los Sectores Estratégicos; William Vásconez, subsecretario jurídico del Ministerio de Finanzas; Madeleine Abarca, secretaria de Crédito Público del Ministerio de Finanzas; Henry Galarza, gerente general de Cocasinclair S.A.; Jorge Cevallos Carrera, abogado externo del proyecto Coca Codo Sinclair y Miguel Zaldívar, abogado internacional del proyecto CCS; viajarían a Beijing del 28 al 31 de mayo de 2010. El 1 y 2 de junio se reunirían con los equipos de negociación para los acuerdos y 3 de junio sería la firma oficial del acuerdo de préstamo. Tal como ocurrió.

El gobierno de Correa nunca molestó ni llamó la atención del vicepresidente por sus acciones de desbloquear los acuerdos, de hecho el 1 de diciembre de 2010 se hizo un homenaje de reconocimiento para el embajador Cai Runguo, en el palacio de Carondelet. Estuvieron presentes el presidente Rafael Correa y el vicepresidente Lenin Moreno. Así lo reseñó la prensa oficial:

El Vicepresidente de la República, Lenín Moreno, participó en la ceremonia de condecoración, con la Orden Honorato Vásquez, al embajador de China en Ecuador, Cai Runguo, como un reconocimiento a su gestión para la consecución  de importantes proyectos de desarrollo  en beneficio de los sectores sociales.

La condecoración fue impuesta por parte del Primer Mandatario, Rafael Correa, en el salón Amarillo de las Presidencia de la República. En la ceremonia, el Presidente destacó que la inversión china en el Ecuador alcanzará, el próximo año, los 5 mil millones de dólares.

Miles de cocinas chinas embodegadas y decenas de millones en perdidas

55,35 millones de dólares es el valor de los tres contratos que el Estado ecuatoriano firmó en 2015 con las empresas chinas Haier y Guandong para dotar a la población de 342 mil cocinas de inducción.

Siete años después no existe claridad en el número de cocinas de este tipo que realmente se entregaron; informes estatales establecen que apenas 62,570 llegaron a beneficiarios desde el inicio del plan y el resto debemos suponer que se encuentran al cuidado de empresas privadas que le cobran al Estado por sus bodegas en algún lugar de Guayaquil. Quiere decir que cientos de miles cocinas de inducción no han podido ser vendidas ni canalizadas a los programas sociales en tres gobiernos, mientras permanecen  guardadas a la espera de su destrucción por el olvido.

El 28 de febrero de 2015 el Ministerio de Electricidad ordenó a la Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP la contratación agresiva de un millón de cocinas de inducción para entregarlas a consumidores del sector residencial en todo el país. En marzo de ese año el Subsecretario de Financiamiento Público del Ministerio de Finanzas, manifiestó que que el “Programa de Cocción Eficiente», se financiaría con $250 millones provenientes del Expor-Import Bank of China.

Con las aprobaciones de Finanzas y la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades) iniciaron  las contrataciones: el 27 de mayo de 2015, la Unidad de Negocio de Eficiencia energética de CNEL EP y la empresa china HAIER Global Business Corporation Limited, suscribieron el contrato RE-CNELEFE-002-15 para la adquisición de 20.000 cocinas de inducción encimeras, por el monto de $2.920.000.

El 22 de julio de 2015, la Unidad de Negocio de Eficiencia Energética y Guangdong Midea Kitchen Appliances Manufacturing CO. LTDA., suscribieron el contrato RE-CNELEFE-0003-15 por 10.000 cocinas de inducción encimeras, valorado en $1.460.000.

Inauguración de Ecuacyclo y Midea, En ese momento Ministro Richard Espinosa
El Ministro Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad, en la inauguración de la planta de producción de cocinas ‪#‎Midea‬

El 06 de agosto de 2015, la misma Unidad de Negocio de Eficiencia Energética sucribió con  Guangdong Midea Kitchen Appliances Manufacturing CO. LTDA., el contrato RE-CNELEFE-004-15 para la adquisición de 186.000 cocinas de inducción tipo encimeras y 126.000 cocinas de inducción con horno, más el servicio técnico post venta, por el monto de USD 50.970.000,00.

Del millón de cocinas que el gobierno de entonces propuso adquirir llegaron a Ecuador 342.000; de ese número algunas fueron chatarrizadas, otras vendidas, unas pocas donadas y el resto están en una bodega rentada en Guayaquil.

Feria de socialización Cocinas de Inducción Tulcán

Al año siguiente continuaron las compra de utencillos: el 12 de abril de 2016, la Unidad de Negocio de Eficiencia Energética y la empresa Corpmunab S. A. suscribieron el convenio de pago Nro. 003-2016-CP, por la adquisición de 10.000 juegos de ollas para cocinas de inducción, por el monto de $293.600,00.  El 09 de mayo suscribieron un convenio adicional (004-2016-CP), por 16.000 juegos de ollas para cocinas de inducción, por $469.760,00. El 16 de junio CNEL EP y Corpmunab S. A suscribieron el contrato de 20.000 juegos de ollas para cocinas de inducción, por  640.000,00.

Finalmente el 1 de septiembre de 2016 la Unidad de Negocio de Eficiencia Energética y la misma empresa suscribieron el contrato (RE-CNELEFE-001-16) para adquirir 50.000 juegos de ollas para cocinas de inducción, por $ 1.468.000,00.

En la actualidad el programa se encuentra en fase de cierre desde julio de 2021 sin un horizonte sobre el destino que tendrán los equipos de inducción almacenados y con cuestionamientos desde la Contraloría General del Estado sobre los procesos contractuales celebrados para la importación de las cocinas y las ollas de inducción.

Cómo empezó todo

Como todos los programas emblemáticos impulsados por la revolución ciudadana, el primer hito para viabilizar el financiamiento, las contrataciones, las adquisiciones y otros procesos que debía cumplir el gobierno para ejecutar dichos programas es la venia de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades). El 31 de diciembre de 2013 se emitió el dictamen de prioridad al Programa de Cocción Eficiente con oficio No. SENPLADES-SGPBV-2013-1408-OF. Se definió como objetivo del programa: sustituir cocinas de gas y calefones de calentamiento de agua por cocinas de inducción y sistemas eléctricos de calentamiento en los hogares de los clientes residenciales del sistema eléctrico.

El diseño de la normativa y la preparación de la estrategia de lanzamiento tomaron su tiempo. Todos los ministerios, empresas públicas y otras dependencias del gobierno central se alinearon a la propaganda que promovía las bondades del supuesto cambio de la matriz energética. Por el lado de la oferta se ponderaban los ahorros y los aportes que significarían para la economía la construcción y puesta en marcha de ocho megaproyectos hidroeléctricos. Mientras por el lado de la demanda se publicitaban otros proyectos que apuntaban a eliminar el uso de gas licuado de petróleo (GLP) en el sector residencial para reemplazarlo con la electricidad generada por las hidroeléctricas y como consecuencia terminar con el subsidio al gas de uso doméstico.

Respecto al consumo de electricidad, en esa época se distribuía en 39,6% para el sector industrial, 29,6% para el residencial, 22,3% para el comercial y de alumbrado público y 8,4% para la construcción.

La tendencia de la demanda de gas y electricidad era de crecimiento continuo y los programas que según el gobierno permitirían alcanzar la eficiencia energética eran el de cocción eficiente; autos híbridos y eléctricos; calentamiento de agua con electricidad, entre otros.

En este contexto el 9 de septiembre de 2014, la cartera de Electricidad estableció y reguló el Programa de Eficiencia Energética para Cocción por Inducción y Calentamiento de Agua con Electricidad en sustitución del gas licuado de petróleo en el sector residencial (PEC).

Fabrica cuencana fibroacero durante la producción de las cocinas de inducción.
Fotos: Andrés Reinoso/El CIudadano.

A partir de las potestades que se establecieron en dicho acuerdo ministerial como son las de asignar, calificar y controlar todos los procesos operativos, Esteban Albornoz, titular de la mencionada cartera de Electricidad dispuso a CNEL EP, el 28 de febrero de 2015, la contratación de un millón de cocinas de inducción, con financiamiento del Estado. Pocos días después y con el fin de operativizar las actividades que demandaba el PEC, el 5 de marzo de 2015, la gerencia de la CNEL EP resolvió crear la Unidad de Negocio de Eficiencia Energética (UN-EFE).

Esteban Albornoz en campaña de socialización de las cocinas de inducción.

El siguiente paso fue la suscripción de convenios entre el Ministerio de Electricidad y la UN-EFE con las Empresas Eléctricas de Distribución, Unidades de Negocio de CNEL y casas comerciales, para la venta a clientes finales o entrega gratuita de los equipos de inducción a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano (BDH).

Luego de haberles remitido invitaciones directas a seis empresas chinas para que provean cocinas de inducción al Estado, la CNEL, amparada en el mecanismo de giro específico del negocio, adjudicó contratos para la importación a HAIER Global Business Corporation Lted., Guangdong Midea Kitchen y Suzhou Kenmec Electric.

Los contratos de mayor valor y que sumaban 322 mil cocinas de inducción fueron suscritos con Guangdong Midea Kitchen Appliances Manufacturing Co. Ltda.  El otro contrato RE-CNELEFE-002-15, del 27 de mayo del 2015, fue para Haier que debía entregar 20.000 cocinas de inducción encimeras por un valor de $2.920.000.

En la importación de ollas de inducción participó la empresa ecuatoriana CORPMUNAB S.A., mediante varios contratos y convenios de pago por un total de 76 mil juegos de ollas cuyo valor fue de $2,23 millones. El primer contrato que la Unidad de Negocio de Eficiencia Energética de CNEL firmó el 16 de junio de 2015 con esta casa comercial para la adquisición de 20 mil juegos de ollas de inducción tuvo un valor de $US 640 mil. Al año siguiente firmó tres convenios de pago por 10 mil, 16 mil y 50 mil juegos de ollas adicionales, por $US 293.600, $US 469.760 y $US 1´468.000 respectivamente.

Como parte del Plan Nacional de Desarrollo y de la Programación Presupuestaria Cuatrienal vino también la actualización del dictamen de prioridad del PEC por parte de Senplades el 17 de agosto de 2015 (Oficio nro. SENPLADES-SGPBV-2015-0690-OF). El organismo de planificación también aprobó el perfil de quienes debían beneficiarse del programa PEC con la entrega de equipos de inducción gratis. Como producto de esto el 15 de septiembre de 2015 la cartera de Electricidad (Acuerdo Ministerial No. 264)  determinó que los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano (BDH) que se encuentren en la base del Registro Social del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social recibirán en forma gratuita kits de inducción compuestos por: una cocina, un juego de ollas y la instalación del circuito interno a 220 voltios.

El programa PEC nació con el objetivo de aumentar la participación de la energía eléctrica en otros usos, como el de la cocción de alimentos, y para ello el gobierno de ese entonces estableció que en un período de 10 años (es decir hasta el 2023) se incorporen 3´035.128 cocinas de inducción. En ese entonces significaban más del 90% de todos los abonados a nivel nacional. Hoy en día, si este proyecto hubiera tenido el impacto esperado, esos 3 millones de beneficiarios serían el 55% de todos quienes tienen acceso al servicio de energía eléctrica, que según estadísticas del Ministerio de Energía suman 5´505.000 abonados.

Tal objetivo no se cumplió. En un documento elaborado por el Ministerio del ramo a septiembre de 2020, al que PI. tuvo acceso, se reporta que “en aproximadamente 3 años de ejecución del programa PEC (2015 – 2018), las ventas y canjes registrados representan un total de 62.570 cocinas de inducción”. Y aún si estos procesos se reactivaran “se requeriría al menos cuatro años para despachar el inventario total de cocinas de inducción que custodia CNEL EP, con los subsecuentes costos por operación logística, servicio posventa y otros costos asociados a la comercialización”.

Es decir, en el mejor de los escenarios se podría dejar en cero ese inventario en el último trimestre del 2024, con los costos que eso significaría para el fisco, pues en este documento el ministerio advierte que hay una alta probabilidad de que en el caso de las cocinas y ollas de inducción que se logren vender los precios de venta pueden ser menores a los inicialmente establecidos por la reducción de precios de mercado, la devaluación tecnológica por año de fabricación y la pérdida de garantía del fabricante.

Tampoco los programas sociales gubernamentales han tenido un alto potencial de recepción de estos equipos de inducción, pues según la cartera de Energía, los canjes o entregas gratuitas a los beneficiarios del BDH entre los años 2015 y 2018 totalizaron solo 7.173 cocinas de inducción y juegos de ollas.

A lo dispuesto en septiembre de 2015 por el Ministerio de Electricidad que incorporó a los beneficiarios del BDH como destinatarios de los kits de inducción se agregó otra disposición cinco años después: mediante Acuerdo Ministerial Nro. MERNNR-VEER-2020-0005-AM, el Ministerio de Energía decidió “ampliar el segmento de los beneficiarios del Programa de Cocción Eficiente para la entrega gratuita de cocinas importadas por el Estado a otros programas sociales que impulsa el Gobierno Nacional.”

Pese a existir este marco legal para aumentar los destinos de los equipos de inducción hacia más programas sociales, los directivos del Ministerio de Energía siguen encontrando trabas para despachar los stocks de cocinas y ollas que aún permanecen embodegados, pues observan que “en reunión mantenida el 16 de junio de 2020, el gerente del programa PEC informó a la UN EFE que el plan de entrega al programa Casa Para Todos, prevé únicamente la donación de 15.000 kits de inducción”.

Otro medio de verificación del fracaso del PEC son las propias cifras oficiales que no concuerdan con la información que tiene este portal. En la última ficha informativa del programa, publicada por el Ministerio de Energía y Minas, la cantidad total de cocinas de inducción vendidas a través de SIPEC[1] suman 595.146, al 30 de noviembre de 2022, un número oficial de cocinas superior a los establecidos en contratos que hemos accedido y detallado en los anteriores párrafos. Quiere decir que existe información que no se ha logrado consolidar con claridad.

Además, algunas de las empresas distribuidoras de energía eléctrica en sus reportes desde 2016 resaltan: “se observa un bajo interés de los usuarios por solicitar la instalación de los circuitos expresos en el SIPEC”. Este reporte es de la Empresa Eléctrica Quito y las instalaciones a las que se refiere corresponden a las demandadas para las cocinas de inducción.

Publicaciones de prensa también reportan que a partir de 2017 se evidencia una reducción significativa en la cantidad de solicitudes de usuarios para instalar medidores de 220 voltios, que son los requeridos por las cocinas de inducción, pues el número de solicitudes pasó de 120.267 durante el 2015, a 20.138 en el 2018 y durante los siguientes años en CNEL los valores son mínimos. La empresa pública CNEL provee de energía eléctrica a 2.5 millones de clientes residenciales, un poco más de la mitad de todos los usuarios del servicio a nivel nacional.

15 cuestionamientos de Contraloría para el PEC

El examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación, distribución y uso de los bienes y servicios adquiridos y relacionados con el Programa PEC, se realizó al Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, a la Empresa Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP), sus unidades de negocio, empresas eléctricas y entidades relacionadas (período del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2018).

En este informe, aprobado el 19 de diciembre de 2019, los auditores encontraron que en tres de los procesos de contratación para la compra de cocinas de inducción (RE-CNELEFE-002, 003 y 004-15) a las empresas chinas Haier Global Business y Guangdong Midea Kitchen, no se cumplieron los principios de legalidad, trato justo, igualdad, transparencia y participación nacional para precautelar los recursos públicos.

La comisión técnica de CNEL no verificó que la empresa Haier Global Business cumpla con uno de los requisitos exigidos en los pliegos de contratación, pues se le adjudicó el proceso RE-CNEL-EFE-002-15 a través del cual se adquirieron 20 mil cocinas de inducción encimeras, sin que la compañía china acredite que tiene las certificaciones vigentes ISO 9001 e ISO 14001 para las plantas de producción de cocinas de inducción encimeras. Además, no se encontraba inscrita en el Registro Único de Proveedores. Por lo tanto, no contaba con la documentación mínima requerida en el proceso.

El administrador de la Unidad de Eficiencia Energética de CNEL y los apoderados de las empresas Guangdong Midea Kitchen y Haier Global Business, el 5 y 11 de agosto de 2015, respectivamente, suscribieron los contratos para la adquisición de cocinas de inducción, incluido el servicio el servicio técnico post – venta, por $US 50´970.000 y $US 19´990.000 respectivamente. Ambos contratos suman $US 70,96 millones. No obstante, el administrador de la UN EFE no estaba autorizado a firmar contratos de estos valores. El poder especial que recibió el 8 de junio de 2015 le facultaba a contratar, sin la autorización del gerente general de CNEL, la ejecución de obras y prestación de servicios que no superen los $US 7 millones por proceso.

La Contraloría también identificó que CNEL incurrió en gastos que no se justifican por nacionalización de las cocinas de inducción importadas, pues asumió el pago de $US 401.357,96 por gastos de almacenaje, bodegaje, licencias y honorarios de agente de aduanas.La contratista demoró en entregar la documentación indispensable para el proceso de nacionalización de 25 embarques, especialmente el Certificado de Conformidad del Producto (CQC), mientras los técnicos que participaron en la revisión, verificación y aprobación de las liquidaciones económicas no tuvieron un criterio unificado y una metodología para establecer qué gastos de nacionalización de cada embarque debían ser asumidos por la UN EFE y por la contratista, según sus responsabilidades en el contrato.

Otro de los cuestionamientos de la Contraloría fue que desde la suspensión de las ventas y canje de las cocinas de inducción importadas para las empresas eléctricas de distribución y Unidades de Negocio, los funcionarios de la UN EFE no hicieron un control permanente de la administración de inventario, ni realizaron procesos de baja y chatarrización de los bienes entregados en canje. En consecuencia, “se encuentran embodegadas y sin rotación de inventario 3.014 cocinas encimeras y 81.634 cocinas con horno, además de 4.136 cocinas a gas, 2.283 cocinetas, 5.624 bombonas, 257 cocinas industriales y 476 válvulas recibidas como canje de los beneficiarios de los bonos de desarrollo humano”.

Cartera vencida de las empresas eléctricas

En marzo de 2017 el Ministerio de Electricidad identificó que en 11 Unidades de Negocio de CNEL la mora de los usuarios del PEC se ubicó en $US 6’011.480. La mayor cantidad de esa cartera vencida se concentró en las empresas eléctricas de: Guayaquil con 84.000 cocinas vendidas que significaron un monto impago de $US 1’145.000; Manabí con 34.000 cocinas que representaron una mora de $US 1’015.000; Los Ríos con 17.230 cocinas y un monto impago $US 826.000.

Frente a esto se impulsó una agresiva política de comercialización que prácticamente obligaba a los usuarios a adquirir las cocinas a inducción, provocando denuncias ante la Defensoría del Pueblo y sentencias judiciales por vulneración de los derechos de los abonados, pues muchos de ellos terminaron pagando elevadas planillas eléctricas por el costo de las estufas. Algunos incluso firmaban un documento pensando que era el recibido de las cocinas y realmente era un pagaré. En otras ocasiones las empresas eléctricas ni siquiera les había instalado la acometida de 220 voltios y los abonados no tenían a quién devolver las cocinas.

Ante este panorama las autoridades de energía decidieron empezar el desmontaje del programa PEC, aunque con pocos avances en el camino.

Con memorando Nro. MERNNR-MERNNR-2019-0119-ME, de 25 de junio de 2019, el ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables solicitó a la gerencia del Programa PEC: «(…) ejecute las acciones operativas y administrativas necesarias para terminar de manera ordenada las obligaciones contraídas por este Ministerio en el marco del Programa de Cocción Eficiente”.

El estado en que inició este proceso daba cuenta de que se efectuaron ventas y canjes de cocinas de inducción por un total de 62.570 items.

Además, la Unidad de Eficiencia Energética UN EFE custodia un stock aproximado de 82 mil cocinas de inducción y 37 mil juegos de ollas para inducción, distribuidos en dos partes.

La mayoría de estos bienes se encuentran en las bodegas de la compañía de transporte LOGISTCS S.A., ubicadas en Guayaquil, lo que representa a CNEL EP un gasto mensual por operación logística (administración de inventario y bodega) de $US79.147 (incluido IVA).

La otra parte de los bienes permanece almacenada en las empresas eléctricas de distribución, unidades de negocio de CNEL EP y casas comerciales, como resultado de los convenios suscritos para este propósito. Son 771 cocinas con horno y 1.914 cocinas encimeras.

Estas últimas cantidades son referenciales y siguen siendo verificadas conforme la UN-EFE avanza en el proceso de conciliación de inventarios para dar cumplimiento a las recomendaciones de la Contraloría General del Estado.

La UN EFE se encuentra realizando la conciliación de ventas, canjes, devoluciones y transferencias de los kits de inducción de 11 Unidades de Negocio, 8 Empresas Eléctricas de Distribución y 11 Casas Comerciales. Pero persiste la demora en la revisión de los registros en los sistemas facturación y de inventarios. A criterio de la UN EFE, entre las razones de tal demora están sus “problemas de gestión documental de los expedientes físicos y digitales, correspondientes a los más de cinco años de operación de la Unidad”.

Además de la falta de expedientes organizados, la Unidad de Eficiencia Energética sostiene que la falta de personal ha imposibilitado la liquidación de obligaciones y cierre de 30 convenios tripartitos que ya han finalizado su plazo. Estos convenios fueron suscritos entre el Ministerio de Electricidad, la Unidad de Eficiencia Energética de CNEL y las empresas de distribución eléctrica para la importación de los kits de inducción. Otro efecto de la limitación de recursos humanos serían las dificultades para realizar acercamientos con entidades del sector público como la Asociación de Municipalidades del Ecuador, Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador y Juntas Parroquiales del Ecuador con el fin de conocer los proyectos habitacionales que tienen en ejecución o en planeación, alcanzar un convenio interinstitucional y así concretar la entrega de los kits de inducción.

Lo cierto es que tras las importaciones de cocinas y ollas de inducción realizadas entre 2015 y 2016, no se cuenta con datos actualizados sobre cuántas están embodegadas, cuántas ya no sirven y han sido chatarrizadas o cuántas han sido entregadas en canje mediante programas sociales.

La última ficha informativa del PEC (actualizada a noviembre de 2022) este programa permaneció literalmente congelado desde julio de 2019 mientras se resolvían temas presupuestarios y las dificultades ocasionadas por falta de personal.

[1] El SIPEC es un sistema de registro alojado en el portal web “Ecuador Cambia” en donde los usuarios ingresan sus solicitudes para cambios de acometidas y medidores, instalación de circuitos expresos (para el programa PEC), acceso a incentivo tarifario para cocción o calentamiento de agua.

Administradores de la Unidad de Negocio de Eficiencia Energética
  1. Andrés Fernando Tapia Faggioni
  2. Pablo Arturo Falconi Ayora
  3. Christian David Parra Pombosa
  4. Ana Lucía Játiva Yánez
  5. Rommel Patricio Aguilar Chiriboga
  6. Xavier Renán Zambrano Aragundi

Cocinas chatarra y el robo de cilindros de gas

En el mes de diciembre del 2020, la UN EFE dispuso el traslado de 5624 cilindros para gas licuado de petróleo, desde el Parque Industrial Sur de Quito, a la Terminal El Chorrillo EP PetroEcuador, Guayaquil, producto del convenio de cooperación interinstitucional entre la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR y la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP.

En el mes de enero del 2021, de acuerdo al informe presentado por el Técnico de Administración Técnica de la UN EFE, uno de los vehículos que transportaba 1125 cilindros para gas licuado de petróleo, fue abordado en el cantón El Empalme, el mismo que fue encontrado más tarde sin los 1125 cilindros.

En el mes de enero del 2021, la UN EFE ejecutó la disposición final de 4428 cocinas de inducción en mal estado. En el mes de mayo del 2021, se dispuso la chatarrización de 614 cocinas de inducción y 14 juegos de ollas para cocinas de inducción en mal estado.

Ley alemana pone en jaque a los productores de banano ecuatoriano 

Los pequeños y grandes productores bananeros piensan que serán afectados por la denominada Ley de la Cadena de Suministros, la tercera de su tipo en Europa que entró en vigencia este primero de enero de 2023 en Alemania, un mercado que representó exportaciones de la fruta por $71 millones el año pasado. Esta norma obliga a las grandes cadenas de supermercados de ese país a que antes de comprar el banano ecuatoriano tomen en cuenta las condiciones de trabajo para su producción. Los centros de expendio y el consumidor alemán han ignorado que detrás de la producción y la comercialización del banano ecuatoriano hay precarias realidades laborales. Aquí la historia.

A 27 metros sobre el nivel del mar, con la temperatura y la humedad propicias y en un suelo prodigioso se extienden centenares de hectáreas de bananales, sembrados en largas filas paralelas. De los troncos de estas plantas espigadas y de anchas hojas cuelgan miles de racimos que pintan el fuerte verdor de la zona. Es la Isla de Bejucal, una parroquia rural del cantón Baba, provincia de Los Ríos, que ha sido históricamente un centro agrícola importante por sus cultivos de ciclo corto y sobre todo por la plantación permanente de banano que es la que mueve la economía del sector. Este producto ocupa 7.562 hectáreas sembradas, seguido por el cacao con 3.012 hectáreas.

Los Ríos encabeza las provincias con mayor producción bananera con el 37,14%. Le sigue la provincia del Guayas con 32,25% y El Oro con 24,12%, según el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGAP).

Si bien entre enero y octubre de 2022 las exportaciones de banano tuvieron una caída del 7,5% en cuanto al volumen de cajas, respecto a igual período de 2021 (según la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador, AEBE), las ventas externas de este producto siguen entre los mayores rubros de las exportaciones tradicionales, pues le significaron al país ingresos por $2.609 millones, de acuerdo con las estadísticas del Banco Central del Ecuador.

Pero en las zonas de cultivo de banano el tiempo parece haberse detenido en materia de derechos. Este portal recogió testimonios de trabajadores de haciendas de la ruralidad de Baba que se evidencia que los beneficios de la producción del oro verde se opacan con la precariedad de las condiciones laborales.  

Leoncio Montes Ronquillo ha laborado en plantaciones desde hace tres décadas. Ha hecho de todo: destalle, que es el corte del tallo del racimo que queda luego de la cosecha, deshoje y limpieza de los desechos de la planta, corte y colocación de la fruta en cable vías para trasladarla hasta la empacadora. La mayor parte de sus actividades transcurrió en la hacienda María del Pilar. Sus jornadas empezaban a las 6 de la mañana sin hora fija de conclusión. 

Leoncio Montes, agricultor de 51 años nunca tuvo vacaciones ni recibió el pago de los décimos tercer y cuarto sueldos. Se conformaba con percibir su salario básico hasta que su salud sufrió un revés que cambió su rutina de vida y de trabajo para siempre.

Una afección a su riñón derivó en el sometimiento a sesiones de diálisis por 8 años, el tratamiento no funcionó y debió hacerse un trasplante. “Desde hace tres años ya no estoy trabajando porque caí enfermo, tengo que hacerme las diálisis por 10 años más. Entonces no puedo hacer ninguna labor porque todo en cuanto a banano es puro químico”, lamenta Leoncio. 

A partir de 2019 empezaron los atrasos de su patrono en los pagos de sueldos a los trabajadores de la hacienda al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, Leoncio estaba convencido que sí contaba con los beneficios como asegurado debido a que le descontaban sus aportes mes a mes. Su discapacidad por enfermedad le condujo a pedir su jubilación en 2021, pero su sorpresa fue una negativa por parte del IESS debido a que sus cánones constaban como impagos. “Resulta que ahora no puedo jubilarme, tengo solo 58 aportaciones pagadas y 60 impagas. Y ya no me querían ni atender en los hospitales porque el dueño está en mora”, enfatiza. Leoncio tampoco tiene acceso a sus fondos de reserva.

Al momento su patrono le paga $220 mensuales, Leoncio es el único sustento de su familia, tiene 2 hijos, uno de ellos aún en la escuela y para su tratamiento médico gasta mensualmente alrededor de $100. Unos pocos dólares que obtiene por unos sembríos de arroz ayudan a palear en algo sus necesidades. 

Otra de las importantes tareas que demanda el cultivo del banano es el amarre, que consiste en la sujeción y anclaje de las plantas para prevenir que se doblen o se caigan por el peso o los fuertes vientos. Durante 11 años René Contreras, trabajador de la hacienda Danica, ubicada en el recinto Versalle, del cantón Baba, ha estado encargado del amarre de las plantas de banano. 

Su horario es de 7:00 a 15:00 y percibe $360 mensuales, no alcanza al Salario Básico Unificado (SBU). El argumento de la empresa para no pagarle lo que manda la ley es que Contreras está a cargo de apenas 20 hectáreas y si aspira a obtener el SBU debería cubrir hasta 30 hectáreas. “Humanamente no se puede cumplir con esa extensión”, asegura Contreras, quien se queja también porque desde hace cinco años el dueño de la hacienda le ha descontado de su sueldo los aportes al IESS, pero ninguna de esas deducciones están registradas en el ente de seguridad social. 

René Contreras, trabajador bananero tiene tres hijos, dos con discapacidades auditivas, por lo que usan retroauriculares. Esta condición le ha significado mayores gastos a Contreras. Por ejemplo, solo las baterías de los aparatos valen $10 cada una y debe comprar 3 paquetes al mes, lo que suma $30 más $50 de mantenimiento.

La hacienda bananera donde han laborado Leoncio Montes y René Contreras, pertenece ahora a la empresa Danicafruits S.A. donde las paralizaciones de actividades han sido noticia debido a los retrasos en los pagos de sueldos y al incumplimiento de sus derechos laborales. (https://www.aldia.com.ec/trabajadores-paralizaron-el-embarque-por-falta-de-pago/

En los registros de la Superintendencia de Compañías Danicafruits aparece constituida el 21 de marzo de 2019, sus accionistas originales fueron: Randy Ramírez Ruiz (presidente) y Danilda Zambrano Marte (gerente). Hernán Zambrano compró el 50% de las acciones en julio de 2019 a Randy Ramírez y se convirtió, junto a su esposa Danilda Zambrano, en dueño de esta compañía.

Según varios trabajadores consultados, a partir del cambio de dueño han sido despedidas al menos 25 personas de la hacienda Danica (como la denominan ahora), a quienes todavía les adeudan sus liquidaciones. Al momento 45 personas se mantienen trabajando en esa plantación, de los cuales 40 no están afiliadas al seguro social. 

Danica no solo está en mora con el IESS, a nivel societario tampoco ha cumplido con la presentación de las contribuciones de 2022 a la Superintendencia de Compañías y según el informe de gerencia de la empresa las utilidades fueron de apenas $77,54 en 2021.

Los trabajadores refieren que en varias ocasiones Zambrano ha prometido actualizar sus aportaciones al IESS. El último ofrecimiento fue que hasta diciembre de 2022 pagaría todos sus pasivos laborales. René Contreras asegura que las deudas con los trabajadores suman ya $280.000. 

Mujeres enfrentan mayor carga laboral y menor pago

Paulina es el nombre protegido que usaremos para una trabajadora del sector bananero a quien despidieron en septiembre del 2022 de la hacienda La Emperatriz, sin ninguna explicación, luego de casi 10 años de desempeñar las más variadas tareas. “Lo que me ponían a hacer yo me desenvolvía”, cuenta resignada.

Desde las 6:00 que empezaba sus labores Paulina se dedicaba, unas semanas a desflorar, otras a sellar y otras a lavar los protectores que se sacan de la fruta. Este lavado es para evitar la presencia de insectos como la cochinilla, una plaga que succiona la savia de las plantas y transmite el BSV (Banana Streak Virus), según el Magap y Agrocalidad. “Su presencia en la fruta de exportación es causa de rechazo en países importadores”.

Las jornadas de Paulina, muchas veces, se extendían de lunes a sábado y sin hora fija de salida. En promedio 12 horas diarias. “A veces nos pagaban $10 a las mujeres si hacíamos 1.000 cajas al día. Si llegábamos a las 2.000 cajas podíamos ganar unos $13 hasta $16”.

Es decir, en el mejor de los escenarios podía obtener $384 mensuales, pero en la práctica su ingreso mensual promedio no sobrepasaba los $280. Todo dependía de la decisión de los directivos de la hacienda, pues nadie le explicó nunca los parámetros que se usaban para calcular el monto que le pagaban.

En esta hacienda La Emperatriz, ubicada en la parroquia Ricaurte del cantón Urdaneta (Los Ríos), Paulina no solo no percibió el salario básico, sino que tampoco accedió a ningún otro beneficio de ley y cuando fue despedida no recibió liquidación. “No tengo ningún papel que diga que yo he trabajado en esa hacienda. Nunca nos dieron un rol de pagos. El capitán coge los nombres y solo él firma”.

Al no tener contratos la desprotección es el común denominador de muchas de las trabajadoras. “Por eso a uno solo le avisan hasta hoy trabajaste y si se dice algo ellos salen más bravos. Uno siempre tiene que agachar la cabeza”, se lamenta. Hay temor de exponerse, en cierta ocasión una de sus compañeras exigió que le paguen, pero el dueño la echó de la hacienda con un revólver en mano. 

La desigualdad de condiciones de trabajo respecto a los hombres es evidente para las trabajadoras de las plantaciones bananeras. Paulina asegura que una mujer puede recibir en promedio unos $15 diarios, pero los hombres ganan entre $25 y $30. El argumento de los directivos de la hacienda es que los hombres tienen mayor fuerza y producen más. Pero las mujeres no solo realizan labores similares sino incluso tienen una mayor carga de trabajo en el mismo período.

Marisela Guzmán, coordinadora de la Asociación Sindical de Trabajadores Bananeros, Agrícolas y Campesinos (ASTAC) dice que el 80% de las mujeres que trabajan en las plantaciones están sometidas a esta forma precaria de trabajo. Las mujeres son una gran minoría en el sector, pues representan entre el 12% y el 15% de un aproximado de 200.000 trabajadores bananeros a nivel nacional, pero esta minoría está prácticamente a la deriva, a criterio de Guzmán porque está expuestas además al acoso y hostigamiento cuando están embarazadas y una vez que dan a luz las madres no pueden hacer uso del horario de lactancia.

Por si todo esto fuera poco Paulina explica que cuando apareció la pandemia de Covid 19 la hacienda La Emperatriz retuvo a los trabajadores casi la mitad del sueldo argumentando que por esta coyuntura no les pagaban completo y los demás ingresos quedaría guardados en la empresa, como una especie de ahorro hasta que todo vuelva a la normalidad. “Esa plata se quedó con ellos, nunca nos devolvieron”. 

En otras palabras, durante más de 2 años no les pagaron todo el sueldo y si los trabajadores reclamaban los despedían.

Paulina tiene tres hijas que mantener. Está sobreviviendo con la cosecha de cacao un día a la semana. No concibe más opciones que volver sus ojos al campo porque dice que no hay otras actividades que pueda hacer, por eso su mayor esperanza es conseguir trabajo en alguna otra plantación bananera, en enero de 2023 en que comienzan a contratar gente.

Despedir a madres gestantes también es otra cara del drama que viven las mujeres que trabajan en las bananeras. Las historias de Isabel Oquendo Cárdenas y Yanina Vera Zambrano se conectan no solo por haber trabajado en el mismo lugar, la hacienda Marianela del grupo Banasoft (recinto Guare, vía Baba), sino porque ambas fueron despedidas casi al mismo tiempo cuando estaban embarazadas.

Isabel estuvo 8 años en la compañía Banasoft. Trabajaba desflorando, pero el pasado primero de octubre, mientras cumplía los 6 meses de gestación, la despidieron sin darle ninguna razón. Sus patronos le convencieron de que al ser una trabajadora eventual no tenía derecho al salario básico, a la afiliación, ni a los demás beneficios de ley. No obstante, ella inició en su trabajo cumpliendo jornadas a tiempo completo. No era una trabajadora eventual. 

Jorge Acosta, presidente de la Asociación Sindical de Trabajadores Bananeros, Agrícolas y Campesinos (ASTAC) explica que si luego la empresa le asignó otras tareas con otros horarios más bien ya se configuraba un despido intempestivo y que aun siendo eventual la empresa no estaba exenta de pagarle todos los beneficios de ley.

Isabel Oquendo Cárdenas fue despedida de la plantación en octubre de 2022 por estar embarazada

Isabel narra que había semanas en las que trabajaba todos los días desde las 07:00 hasta las 17:00 o 18:00. Su nivel de ingresos dependía del número de días trabajados y de la cantidad de cajas alcanzada. Variaba de $220 hasta $400. Esta trabajadora de 32 años no solo tiene dos hijos, también un nieto que está bajo su responsabilidad. Recibió una liquidación de apenas $2.450. 

Yanina de 36 años trabajó en la hacienda como desfloradora y medidora, por 15 años, de los cuales 12 estuvo afiliada al IESS, no obstante, nunca percibió el salario básico. Alcanzaba un promedio de $300 mensuales. A inicios de octubre pasado, cuando tenía 3 meses de embarazo, le dijeron que ya no había trabajo para ella y luego de un mes junto a otros despedidos, le entregaron una liquidación de $5.500. “Nosotros firmamos que habíamos recibido el pago, pero ellos nos pusieron descuentos tras descuentos, sin ninguna razón”. 

Es una modalidad de varias empresas bananeras dar liquidaciones de las que deducen supuestos créditos entregados a los trabajadores, bajo el nombre de sobregiro. Pero esta estrategia -afirma Jorge Acosta, presidente de ASTAC – solo sirve para reducirles el sueldo a los campesinos, quienes nunca reciben los supuestos préstamos.

Cuando Yanina aún trabajaba en la plantación le descontaban un rubro por vacaciones, pese a que nunca accedió a ese descanso en 12 años de trabajo y menos aún recibió el equivalente en dólares por tales vacaciones. Es decir, esta trabajadora firmaba roles de pago por ingresos que no correspondían a la realidad.

Isabel y Yanina presentaron demandas por despido ineficaz lo que implica un pedido de indemnización por despido intempestivo y un año más de sueldo por haberles separado de sus trabajos mientas estaban embarazadas. Están solicitando una indemnización de alrededor de $20 mil cada una. 

En total, 64 personas fueron despedidas de la hacienda Marianela, de las cuales 14 son mujeres. 

Yanina Vera Zambrano

El estigma de ser parte de un sindicato

El respeto a los derechos de los trabajadores a organizarse y protestar aún es un mito en el campo y las plantaciones bananeras no son la excepción.

En la publicación realizada por varias organizaciones sindicales del país como CEOSL, UNE y FETRAPEL, titulada `Observaciones Sindicales a la Implementación de los Convenios 87 y 98´ se concluye que Ecuador tiene una de las tasas de sindicalización más bajas, la cual se estima entre el 2% y el 3,8% de la fuerza laboral.

Desde su conformación en febrero de 2014, hasta mayo de 2021 en que fue reconocida como organización sindical, han pasado 6 años y medio en que ASTAC ha enfrentado varios embates desde el empresariado bananero y del mismo Estado. Los obstáculos para actuar en representación de los trabajadores no han terminado. Y para informar sobre ellos ASTAC hizo un encuentro en noviembre pasado con sus afiliados. 

Junto a uno de los caseríos que se levantan a un lado de la carretera en el sector de la Isla de Bejucal (cantón Baba-Los Ríos), se congregó un grupo de trabajadores bananeros a quienes Jorge Acosta y Marisela Guzmán, presidente y coordinadora de ASTAC respectivamente, expusieron un nuevo capítulo de los últimos escollos jurídicos impuestos a la organización: el Ministerio del Trabajo negó el registro de su nueva directiva. 

La negativa provocó la reacción de ASTAC y presentó una apelación a lo resuelto por el Ministerio del Trabajo con el argumento de que el Ministerio de Trabajo no puede solicitar requisitos que no están establecidos en la ley, pues restringe derechos, como el de libertad sindical y libertad de organización de los trabajadores. El Ministerio del Trabajo aún no ha resuelto ni contestado la apelación de ASTAC.

No solo comercio justo, también pago justo con respeto a los DD.HH.

Con este panorama de explotación laboral, el sector bananero ecuatoriano deberá encarar nuevas reglas de juego en el mercado alemán, al que se exportaron 148.866 toneladas de fruta entre enero y octubre de 2022, por $71,5 millones, siendo el cuarto destino más importante de venta de banano a la Unión Europea, de acuerdo con las estadísticas del BCE.

Desde el primero de enero de 2023 entrará en vigencia una ley en Alemania que obliga a las grandes cadenas de supermercados a que antes de comprar el banano ecuatoriano tomen en cuenta las condiciones de trabajo con las que se lo produce. Tanto estos centros de expendio como el consumidor alemán han ignorado que detrás de la producción y la comercialización del banano hay precarias realidades laborales de esta cadena productiva.

Con el objetivo de prevenir las violaciones de derechos humanos en las cadenas de suministro de productos que se comercialicen en Alemania el parlamento de ese país, aprobó en junio de 2021 la ´Ley sobre los deberes de diligencia debida de las empresas en las cadenas de suministro´ (Lieferkettengesetzes). 

Esta norma se aplicará a todas las empresas que mantengan operaciones en Alemania o que tengan una filial en cualquier parte del territorio alemán. En consecuencia, la ley también alcanza a sectores como banca, servicios financieros o servicios de auditoría.

Solo Francia y Países Bajos antecedieron a Alemania con este tipo de normativa que regirá para empresas de más de 3.000 trabajadores y para sus proveedores directos e indirectos. En este universo de empresas también están los supermercados que compran el banano ecuatoriano. Uno de cada tres bananos que se consume en Alemania viene de Ecuador.

Según constan en esta Ley, la cadena de suministro a la que las empresas alemanas deberán analizar incluye todas las etapas necesarias para la fabricación de productos y la prestación de servicios, desde la extracción de materias primas hasta la entrega al cliente final.

Para efectos de esta norma se consideran riesgos para los derechos humanos cuando las empresas violan 12 tipos de prohibiciones. Algunas de ellas son: la esclavitud, servidumbre y otras formas de opresión en el lugar de trabajo. Implica además la prohibición de ignorar las obligaciones en materia de salud y seguridad, la falta de medidas de protección adecuadas para evitar los efectos de las sustancias químicas, físicas o biológicas, entre otras. 

Considera además la prohibición de no respetar la libertad de asociación, la desigualdad de trato en el empleo o privar al trabajador de un salario adecuado que es al menos el salario mínimo.

Las sanciones económicas para las empresas alemanas que incumplan pagarán entre los 100 mil y los 800 mil euros dependiendo del tipo de infracción. En una entrevista concedida en junio de 2021 por el economista profesor Achim Truger al portal alemán Deutschland, dijo que las empresas hicieron un compromiso voluntario de cumplir este tipo de normas desde 2011. Sin embargo el 80 % de esas compañías aún no han aplicado su promesa y por eso se ha tenido que tomar medidas políticas.

En Ecuador no han sido ampliamente difundidos y debatidos los alcances de esta norma pero en foros específicos del sector bananero sí ha despertado la preocupación. En junio de 2021 el Clúster Bananero del Ecuador (representa a productores y exportadores de banano) organizó el evento online “Hacia un Banano Justo – Responsabilidad compartida entre productores y comercializadores”, donde varios de los actores involucrados directa e indirectamente en el tema expusieron sus posiciones.

El punto de mayor preocupación de todos los sectores se resume en los costos que implicará cumplir con la normativa de ´Diligencia Debida´ de la ley alemana.

José Antonio Hidalgo, director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador, resaltó que la responsabilidad debe ser compartida para distribuir los costos de manera equitativa entre todos los agentes de la cadena de valor, desde los productores, hasta los consumidores. 

Las iniciativas para exponer las condiciones del sector laboral de la industria bananera se han originado en organizaciones internacionales de defensa de derechos humanos. En noviembre de 2022, una delegación de la ONG internacional Oxfam mantuvo reuniones con decenas de trabajadores bananeros y líderes sindicales en varios sitios de las provincias de Los Ríos y Guayas para conocer de primera mano las circunstancias en las que se desenvuelve su actividad laboral. 

El objetivo fue recoger y procesar testimonios, información y documentos para presentarlos a los grandes supermercados y autoridades alemanas como pruebas de la precariedad de las labores agrícolas en las plantaciones desde la perspectiva de los derechos humanos de los trabajadores. 

Se le “perdió” el control al Ministerio del Trabajo

El centro de derechos humanos ABA, Asociación Americana de Abogados tras su visita al Ecuador en julio de 2022 identificó al menos una decena de violaciones a los derechos laborales de quienes trabajan en el sector bananero. Entre los principales hallazgos destaca el pago irregular de salarios, muchas veces por debajo del mínimo que para el 2022 fue de $425 mensuales. Se puntualiza que, si bien a los trabajadores bananeros se les paga según una escala basada en el tipo de actividad, tienen derecho por ley al salario básico. 

Según ABA, la mayoría de los trabajadores señalaron que no han recibido los decimotercer y decimocuarto sueldos. Todos los trabajadores, con excepción de quienes trabajaban para Reybanpac, se quejaron no solo de no acceder a vacaciones sino también a la falta de licencias por enfermedad. “Al menos dos indicaron que se les exigió enviar a un familiar para que les sustituyera los días que estuvieron enfermos”. 

En cuanto al derecho a organización sindical, tres trabajadores denunciaron que fueron despedidos en Reybanpac tras unirse a ASTAC y para darles una baja indemnización les pidieron firmar una renuncia.

Una de los mecanismos utilizados por las empresas como represalia a la afiliación sindical es el uso de las denominadas listas negras y ABA lo corroboró. Trabajadores, representantes de sindicatos y abogados “hablaron de bases de datos informales compartidas entre empleadores que enumeran a los trabajadores que pueden haber causado «problemas» en el pasado, por ejemplo, estar involucrados en actividades sindicales o participar en quejas contra sus empleadores”.

Otro factor que aumenta la vulnerabilidad de los trabajadores es el Sistema Informático de Trámite Judicial (SATJE) donde se consulta el estado de los procesos judiciales, éste proporciona información sobre los trabajadores que han demandado a sus empleadores y estos datos son usados para negarles acceso al trabajo.

El informe también señala también retrasos significativos en el registro de sindicatos. El Código del Trabajo fija 30 días para revisar la solicitud de registro, pero las organizaciones citaron varios ejemplos en los que el registro demoró meses e incluso años después de la presentación de la solicitud. También señalaron que el Gobierno tiende a solicitar documentación excesiva y que está fuera de los requisitos del Código del Trabajo. 

El acceso a representación legal es otro obstáculo importante para los sindicatos que están sobre todo fuera de Quito y un desafío mayor para los trabajadores individuales. El Centro habló con 11 abogados laboralistas que señalaron que faltaban abogados especializados en esta rama, especialmente fuera de Quito. Los casos laborales tardan años en resolverse y los abogados no pueden asumir los costos por honorarios, especialmente en áreas remotas. “Algunos abogados expresaron su preocupación por su seguridad y señalaron que conocen de colegas asesinados por representar casos de derechos laborales particularmente polémicos”.

Periodismo de Investigación solicitó una entrevista al ministro del Trabajo, Patricio Donoso para conocer su posición sobre las condiciones laborales en la industria bananera, los desafíos de la ley de Debida Diligencia y el contenido del informe del Centro de DD.HH. de ABA, sin embargo, hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

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Utilidades impagas, uno de los pasivos de Repsol

El Servicio de Rentas Internas estableció determinaciones de Impuesto a la Renta que se encuentran en firme y ejecutoriadas, pese a ello no existe constancia de la entrega de la participación laboral por parte de Repsol S.A. y Consorcios, a los trabajadores, el siguiente pasivo laboral es millonario

La salida de la petrolera Repsol de Ecuador a fines de este mes de diciembre de 2022 puede provocar una serie de pasivos que la empresa parece querer enterrar, uno de esos problemas son los costos laborales no reconocidos a cientos de empleados activos y que ya están fuera de la empresa.

La Constitución reconoce como derecho la participación de los trabajadores en las utilidades de una empresa y esto no puede ser modificado por ninguna norma legal.

Las utilidades no pueden ser consideradas un impuesto, en realidad son una deducción y su valor se calcula restando el 15% de las ganancias, el siguiente paso -luego de esta deducción- es calcular el impuesto a la renta, que representa el 25% de gravamen.

Puede decirse que el monto determinado por impuesto a la renta, identifica con claridad el valor de las utilidades y si las determinaciones (resoluciones) de estos valores han sido ejecutoriadas en las instancias judiciales, no queda mas que pagar, ¿Por qué Repsol no lo ha hecho?

La empresa, junto a entidades estatales como el SRI, el Ministerio de Recursos Naturales, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Finanzas mas la Procuraduría General del Estado suscribieron un acuerdo transaccional en el que vulneraron los derechos de trabajadores a participar de utilidades.

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La justicia ecuatoriana en última y definitiva instancia resolvió inaceptar las impugnaciones de Repsol respecto al pago de impuesto a la renta establecidas en las determinaciones del SRI que contemplan la deducción de utilidades de los trabajadores y el impuesto a la renta. Al quedar vigente las determinaciones o resoluciones le corresponde al SRI cobrar los impuestos y al Ministerio del Trabajo ejecutar el cobro de las utilidades en favor de los trabajadores.

El valor que los extrabajadores reclaman es alto y puede bordear decenas de millones

La salida de Repsol Ecuador puede dejar paralizados todos estos reclamos laborales. Este portal hace público el acuerdo transaccional que dejan entrever con claridad cómo el Estado acordó la ejecución del pago de impuestos pero la autoridad laboral (entiéndase el Ministerio del Trabajo) no hizo nada para el pago de utilidades. En un acto colusorio el Estado y Repsol dejaron en indefención a los trabajadores.

Justicia americana destapa los sobornos en la compra de asfalto

2014 fue el año mejor aceitado de la corrupción, mientras llevaban en grandes contratos como Coca Codo, Petrochina o Refinería Esmeraldas también lo hacían en menores como la importación de derivados de Petróleo. La justicia norteamericana ha vuelto encontrar las pruebas y un nuevo juicio contra los mismos de siempre evidencia el pago de sobornos

La Fiscalía del Distrito de Nueva York y la sección de Fraude y División Penal del Departamento de Justicia han descubierto nuevos hechos de corrupción que se originaron en la Gerencia de Comercio Internacional de Petroecuador. El año: 2014 y tiene como protagonistas de los sobornos a los mismos que se llevaron hasta la esperanza.

El juicio, ya radicado en una Corte Federal el Estado de Nueva York, ha puesto en evidencia el pago de sobornos en un contrato que Petroecuador firmó con la empresa Sargeant Marine Inc. (SMI) para la compra de asfalto por un valor de $23,5 millones.

Según la acusación de Estados Unidos entre 2010 y 2021 Nilsen Arias Sandoval – que fue gerente de Comercio Internacional de la estatal petrolera y que además ya se declaró culpable de recibir sobornos en los contratos de deuda externa con Petrochina- participó en un esquema internacional de sobornos con la empresa Sargeant Marine Inc. (SMI). Añade la acusación que Arias, a cambio de utilizar su cargo oficial e influencia, con el fin de ayudar a dicha empresas a obtener ventajas indebidas, fue beneficiado junto a otros con una comisión de dos dólares por barril.

https://medstonesa.files.wordpress.com/2015/12/press-release-sargeant-vitol-final.pdf

Coincidencias

La denunciada Sargeant Marine tiene acuerdos con la también investigada Vitol, acusada de haber entregado sobornos a funcionarios de Petroecuador. Tomado de https://medstonesa.wordpress.com/2015/12/07/vitol-and-sargeant-marine-to-form-a-global-leader-in-asphalt-logistics-and-trading/

Petroecuador registra en agosto de 2014 una adjudicación internacional a la compañía Global Asphalt Logistics and Trading Sagl, para el suministro de asfalto AC-20, con un volumen de 225.000 barriles a ser entregados en un solo cargamento.

Global Asphalt Logistics and Trading Sagl es el brazo comercial de Sargeant Marine Inc. En Petroecuador los encargados de presentar la oferta a nombre de Global Asphalt fueron el británico Paul John Blundell, el estadounidense Daniel Sargean y el venezolano José Tomás Meneses Petrocelli, este último coincide con las características mencionadas en la acusación de Estados Unidos, sobre un “empleado de SMI”, que junto con otros, participó en un esquema de soborno y lavado de dinero que involucraba el pago de sobornos a Arias”.

Para justificar el pago de sobornos el 1 de julio de 2014, una filial de SMI celebró un acuerdo de consultoría simulado con una empresa ficticia, controlada por el Intermediario #1 y el Intermediario #2. De conformidad con el acuerdo simulado, el Intermediario #1 posteriormente presentó facturas simuladas a la afiliada de SMI para el pago de aproximadamente $471,881. Después de que el Intermediario #1 recibió el pago de las facturas falsas de la afiliada de SMI, transfirió una parte del dinero a una o más cuentas bancarias controladas por Nilsen Arias Sandoval.

La notificación sobre la adjudicación del suministro de asfalto a Roberto Finocchi y José Meneses de Global Asphalt fue firmada por Marco Calvopiña, entonces gerente general de Petroecuador. En la negociación también intervinieron Santiago Palacios de la Gerencia de Comercio Internacional (Comercialización de Productos Derivados), Nilsen Arias, Celsa Rojas, Zonnia Martínez, Paola Coba y Andrés Racines, todos de Comercio Internacional.

La Gerencia de Comercio Internacional adujo que era necesario importar asfalto debido al paro obligado de la refinería Esmeraldas en 2014, que entonces se encontraba en los millonarios procesos de corrupción debido a la supuesta repotenciación. De las empresas invitadas por Petroecuador, 13 presentaron excusas y solo Global Asphalt Logistics and Trading Sagl presentó su oferta.

Por la importación de asfalto Petroecuador pagó $ 23.555.250,00 a Global Asphalt Logistics.

La acusación de Estados Unidos en contra de SMI señala que “en 2014, SMI, a través de algunos de sus empleados y agentes, para asegurar una ventaja indebida para obtener y mantener negocios con Petroecuador y a sabiendas y deliberadamente conspiró y acordó con otros para ofrecer y pagar sobornos de manera corrupta a, y en beneficio de funcionarios de Petroecuador para obtener ventajas indebidas en la obtención de lucrativos contratos con la estatal ecuatoriana”.

Para facilitar el esquema de soborno y ocultar la verdadera naturaleza de los pagos de sobornos, SMI y sus cómplices simularon contratos de consultorías, crearon facturas falsas e hicieron pagos a cuentas bancarias en los Estados Unidos.

SMI acordó pagar una “comisión” de $2 a funcionarios de Petroecuador si ganaba el contrato.

El Yasuní en manos de petroleros sin experiencia y solvencia financiera 

La esperanza del país de duplicar su producción petrolera que ahora es de casi $500 mil barriles diarios puede esfumarse si uno de sus mayores pozos pasa a manos de una compañía que nunca ha producido un solo barril de crudo y que presenta, como sus credenciales, un proceso de exploración en curso en Colombia, varios otros proyectos en etapa de investigación y menos de 6 meses de operaciones en Ecuador.

Se trata de la empresa canadiense New Stratus Energy Inc., que el 5 de junio pasado firmó con Petroecuador EP un Memorando de Entendimiento “con el propósito de optimizar y acelerar el desarrollo y producción de los campos petroleros en los bloques 43 (ITT) y 31”, actualmente operados por la estatal ecuatoriana.

El acuerdo se suscribió bajo el ofrecimiento de New Stratus Energy (NES) de aumentar la producción de petróleo de estos bloques que hoy bordea los 60,000 barriles por día, hasta alrededor de 250.000 barriles diarios, durante los próximos 5 años.

En el bloque 43, ubicado en la provincia de Orellana, se encuentran los yacimientos Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT), con las mayores reservas petroleras del país: 1.670 millones de barriles y una producción diaria que ha oscilado entre los 50.000 y los 60.000 barriles en los últimos tres años. En el potencial de los campos de este bloque se basa buena parte de los planes oficiales para duplicar el total de producción nacional de petróleo y así alcanzar 1’200.000 de barriles diarios. Para ello Petroecuador anunció el año pasado el aumento de torres de perforación que permitan incrementar la producción de los 168 pozos productores, inyectores de agua de formación e inyectores de cortes de ripios. A ello se suma toda la infraestructura que existe en el bloque 43, incluida la Central Tiputini que procesa 650.000 barriles de fluidos.

El bloque 31, ubicado en el lado occidental del Bloque 43, tiene reservas estimadas por 45,5 millones de barriles en los campos Apaika y Nenke. Es operado por Petroamazonas desde 2009 y su producción actual bordea los 3.500 barriles diarios.

Al momento New Stratus Energy ya tiene acceso a parte de los derechos de la compañía Repsol en otros bloques petroleros de la Amazonía ecuatoriana. De acuerdo con la información financiera presentada en la Superintendencia de Compañías, el 14 de enero del 2022 se produjo la venta de las acciones de Repsol Ecuador S.A (Casa Matriz) constituida y domiciliada en España a la empresa New Stratus Energy constituida y domiciliada en la provincia de Alberta, Canadá, cotizante en la Bolsa de Valores de Toronto, bajo el símbolo TSXV:NSE.

La oficina central de New Stratus Energy en Calgary, Canadá; Como piratas no constan en el directorio, la oficina solo tiene un letrero de papel en la puerta de vidrio en el piso 24. Posiblemente les alquilan una oficina para el Presidente del Directorio.
En el directorio del Dome Tower, 333 7 Ave SW, Calgary, AB T2P 2Z1, Canadá el nombre de New Stratus ni aparece

A partir de dicha venta, Repsol Ecuador S.A. (Subsidiaria de New Stratus Energy) solicitó al Ministerio de Recursos Naturales No Renovables el inicio de negociaciones con miras a una extensión y cambio de modalidad contractual de los contratos de los Bloques 16 y 67.

Repsol Ecuador S.A. inició sus actividades en el país desde 1995 al adquirir los derechos de participación, junto a otras compañías petroleras, para la operación de los bloques 14, 16 y Área Tivacuno.

Tomado de https://slideplayer.es/slide/3215407/

Luego de varias cesiones de derechos y obligaciones Repsol Ecuador S.A. y otras 3 empresas suscribieron el contrato de prestación de servicios (con varios contratos modificatorios) y constituyeron el Consorcio Petrolero Bloque 16 y el Consorcio Petrolero Bloque Tivacuno o Bloque 67.

La participación de las empresas en estos consorcios se estableció así:

La compra de acciones incluyó también el cambio de nombre de Repsol Ecuador S.A. por Petrolia Ecuador S.A., empresa que es la que aparece como una de las operadoras de los bloques 16 y 67 que en conjunto producen un promedio de 15.500 barriles diarios de crudo, de los cuales el 35% que equivale a 5.425 barriles diarios corresponde a Petrolia.

Hasta junio pasado el ofrecimiento de New Stratus al gobierno ecuatoriano era una inversión de $1.200 millones atada a que se les permita operar también los bloques 43 y 31 mediante la perforación y finalización de más de 200 pozos ya planificados por Petroecuador, junto con la construcción de conductos enterrados para oleoductos y tuberías de agua, cableado de transmisión de energía y cable óptico para datos. El objetivo sería conectar estos bloques con las instalaciones del Bloque 16, así como la prestación de todos los servicios de apoyo, incluidos los estudios de yacimientos.

Todo esto condicionado, además, a que se concrete una extensión, hasta por 15 y 20 años, de los contratos actuales para los Bloques 16 y 67, que vencen el 31 de diciembre de 2022.  La terminación del plazo de este contrato implica la reversión automática de la infraestructura y la operación de los bloques a favor del Estado, lo que es considerado por expertos como positivo para el país porque estos activos todavía tienen reservas remanentes.

En el último reporte del “Potencial Hidrocarburífero del Ecuador” (31-12-2019) Repsol registró en el Bloque 16 reservas totales por 14 millones de barriles y recursos contingentes por 22 millones de barriles. En el bloque 67, reporta reservas totales de 1.8 millones de barriles y recursos contingentes de 2.3 millones de barriles.

New Stratus ha solicitado también la migración del contrato de prestación de servicios a contrato de participación. En esta modalidad la compañía privada recibe parte de la producción de petróleo para compensar sus inversiones y el resto del petróleo queda en manos del Estado.

Este plan de New Stratus de conversión de contratos, extensión de plazos e inversiones está supeditado a que se logren acuerdos definitivos con Petroecuador y que las autoridades reguladoras aprueben los términos y condiciones.

Pero mientras la petrolera canadiense espera la respuesta final del gobierno ecuatoriano a sus propuestas, ha continuado con sus planes de fortalecer su participación en los bloques 16 y 67, pues el 8 de septiembre pasado, anunció que ha celebrado un acuerdo de compra de activos con uno de sus socios en la operación de los mencionados bloques. Adquirirá un paquete del 31% “por una contraprestación total de aproximadamente $ 1.2 millones en efectivo”.

Una vez completada la transacción NES tendrá una participación operativa del 66% en los contratos de servicio para los bloques 16 y 67.

New Stratus aclaró que la finalización de la transacción está sujeta a la autorización previa del Ministerio de Energía y Minas de Ecuador y las autoridades antimonopolio. Una vez obtenidas estas aprobaciones consolidará una participación operativa en ambos bloques del 66% que significa alrededor de 10 mil barriles diarios de crudo.

Los intentos de New Stratus por ingresar al negocio petrolero en Ecuador iniciaron en 2020, pero su debilidad financiera fue la causa para que el Gobierno de Lenín Moreno frenara la operación.

Sin embargo, ahora las autoridades de energía han abierto la puerta de las negociaciones. El ministro del ramo, Xavier Vera-Grunauer, en conversación con pi. hace algunas semanas dijo que era mejor llamar a un concurso internacional, luego su discurso fue variando y ha dicho que el gobierno hará esfuerzos para llegar a un acuerdo con NSE y renovar sus contratos. Esto, a pesar de -no solo de las limitaciones financieras-  la poca experiencia técnica de la canadiense, sino también de que la vía legal para entregar esos campos al sector privado es una licitación.

Piratas

Antes de operar en Ecuador, mediante su participación en los bloques 16 y 67, New Stratus Energy (NES) solo registra operaciones de exploración en Colombia, en el bloque VMM-18.

NSE es una empresa de apenas dos años, según lo admitió su presidente y director general, José Francisco Arata, en una entrevista para Forbes Ecuador: “en 2018, a raíz de la solicitud de grandes fondos de inversión, nos incentivaron a juntarnos en un equipo técnico con amplia capacidad de generación de proyectos y creamos NSE… detrás hay ejecutivos que tenemos años de experiencia.”.

Arata afirmó que en 2019 fueron invitados por JP Morgan para la selección del reemplazo de la operadora de Repsol en Ecuador y que fueron elegidos porque Repsol y Pacific Rubiales trabajaron juntos en Colombia y Guayana. Arata es un empresario y geólogo venezolano que trabajó en Maraven S.A., filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y luego fue cofundador de la petrolera Pacific Rubiales que operó en campos petroleros de Colombia y Venezuela.

Según el último reporte fiscal publicado por la misma NSE, en 2021 tuvo una pérdida neta de $1,1 millones, con un capital de trabajo de apenas $53.758 y activos por $2.055,703. Recién en enero de 2022 en que New Stratus accede a los campos petroleros ecuatorianos, los ingresos de la empresa pasan de $0 a $25,7 millones (hasta primer semestre del año) y hay buenas perspectivas de contar con utilidades al final del ejercicio. Quién tiene padrinos se bautiza.

Si bien los indicadores de New Stratus empiezan a mejorar en 2022, eso es impulsado exclusivamente por la adquisición de las operaciones de los bloques 16 y 67, es una empresa con un capital de trabajo de apenas $29,14 millones hasta primer semestre de 2022. No está apalancada en otros respaldos financieros o  capitales fuertes. Por lo que hay preocupación sobre su capacidad futura no solo para enfrentar problemas de liquidez coyunturales, sino contingencias o pasivos que pudiera heredar de Repsol en un área por demás sensible para el planeta como es el Yasuní.

De hecho, en los informes y balances financieros presentados por Petrolia (antes Repsol Ecuador S.A.) a la Superintendencia de Compañías constan cinco contingencias que aún no han podido ser resueltas por la empresa.

La primera tiene que ver con un juicio coactivo en contra de Repsol que no se ha resuelto. Por recomendación de la Contraloría General del Estado, dentro del examen especial al convenio de cooperación entre Petroproducción y Repsol para incrementar la producción y reservas de crudo en el campo Shushufindi; Petroecuador emitió facturas por $3,013,240, inició la coactiva y embargó el valor facturado.

La entonces Repsol Ecuador inició un proceso de excepciones a la coactiva y la Corte Constitucional expidió una sentencia (No. 60-11-CN/20) el 6 de febrero de 2020, declarando la inconstitucionalidad de algunas normas que afectaban el proceso.

Tras esta resolución, en noviembre de 2021, la Corte Provincial (a donde regresó el caso) resolvió que debe continuar el juicio de excepciones a la coactiva, a partir del estado en que se encontraba hasta antes de la declaratoria de nulidad. El proceso está en la Unidad Judicial Civil en Quito desde el 14 de diciembre de 2021 pero todavía no avoca conocimiento.

Petroecuador reclama también el pago de US$1.022,033 por información entregada a Repsol YPF Ecuador S.A. dentro de un fallido proceso de licitación convocado por la estatal.

Repsol YPF Ecuador S.A. asegura que pagó el valor de las bases de licitación, que incluía el acceso al “data room” y a toda la información disponible para el efecto. Sobre este proceso se han pronunciado la Corte Superior y la Corte Nacional de Justicia y debe ser remitido, para su resolución al Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito. Esta contingencia ha sido provisionada en los estados financieros. Adicionalmente, existen embargos ejecutados por $1,845,723.

El 31 de mayo del 2005, la Contraloría emitió una glosa en contra del contratista del bloque 16 por $2.578,612, de los cuales $902.514 le corresponden a Repsol, por la compra y utilización de químicos reductores de fricción. El 23 de noviembre del 2006, Repsol presentó una demanda de impugnación ante el Tribunal Contencioso Administrativo. El proceso se mantiene abierto en la fase de presentación de pruebas.

Otra glosa de Contraloría fue en torno al contrato de participación del Bloque 16 por $2,788,408, de los cuales $975,943 le corresponden a Repsol por supuestos perjuicios ocasionados por el deterioro de la calidad del crudo del bloque. El 6 de junio del 2005, se presentó una demanda de impugnación ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Pero su sentencia confirmó la legalidad de la glosa y se desechó la demanda. Se interpuso recurso de casación y el proceso aún no ha sido admitido a trámite en la Corte Nacional de Justicia. Repsol no ha registrado provisiones por estos conceptos porque considera que tiene posibilidades de éxito en su defensa legal.

La administración tributaria determinó que los consorcios petroleros Bloque 16 y Tivacuno le debían $3,8 millones por la contribución solidaria sobre las utilidades creada por la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana. Luego de establecer un acta de determinación por Impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2015 del Consorcio Petrolero Bloque 16 así como de la declaración sustitutiva presentada por el Consorcio Petrolero Bloque Tivacuno, el 7 de octubre del 2019, el Servicio de Rentas Internas (SRI) emitió 2 liquidaciones de pago, una por la diferencia  por concepto de contribución solidaria de $2.073,583 más $414,715 por concepto de  recargo y US$1.022,703 por intereses para el Consorcio Petrolero Bloque 16 mientras que para el Consorcio  Petrolero Bloque Tivacuno el valor es de $184,706, más $36,941 por concepto de recargo y $115,180  por intereses. A Repsol le corresponde el 35% del total de esos conceptos, es decir $1,3 millones.

Los Consorcios presentaron reclamos administrativos ante el SRI que fueron negados en agosto de 2020. El 11 de noviembre de ese año, ambos Consorcios plantearon demandas ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario que el 25 de agosto de 2021 dejó sin efecto la Resolución concerniente al consorcio Tivacuno. El 5 de noviembre de 2021, este tribunal calificó un recurso de casación presentado por el SRI, ordenando remitir el proceso a la Corte Nacional de Justicia, que aun analiza la admisibilidad del recurso. Repsol no registró provisiones para este tema.

Contingencias Laborales

El Servicio de Rentas Internas estableció determinaciones de Impuesto a la Renta que se encuentran en Firme y Ejecutoriadas -habiéndose agotado todos los recursos administrativos, judiciales y constitucionales- No existe constancia de la entrega de la participación laboral por parte de Repsol S.A. y Consorcios, a los trabajadores, por lo tanto, se establece el siguiente pasivo laboral:

New Stratus asegura tener respaldo financiero

Para cubrir la inversión requerida en el plan de desarrollo de los bloques 16 y 67 New Stratus ha presentado a las autoridades un compromiso de financiamiento de Baker Hugues Capital Solutions con New Stratus. Su participación abarcaría también los servicios de perforación, reacondicionamientos, sistemas de levantamiento artificial, generación eléctrica y soporte técnico de yacimientos.

Carta de NSE en el que informa al Ministro Xavier Vera el acuerdo de alianza con Baker Hughes

En una carta enviada al ministro de Energía Xavier Vera, el 19 de agosto pasado, José Francisco Arata como representante Legal de la empresa canadiense; Vladimir Coello Carrillo, presidente de Baker Hughes; y Ramiro Páez Rivera, apoderado de Petrolia, pidieron al titular de esa cartera de Estado que emita el Acuerdo Ministerial, mediante el cual ratifique la autorización concedida por el ministro de Energía y Minas el 8 de noviembre de 2021, para la transferencia de las acciones que Repsol Exploración S.A. y Repsol Petróleo S.A. tenían en la compañía constituida en España, Repsol Ecuador S.A., actualmente denominada Petrolia Ecuador S.A., en favor de New Stratus Energy Inc. También le pidieron que apruebe la participación de la empresa Baker Hughes, como aliado estratégico de Petrolia, y que designe una comisión de negociación para la migración y ampliación de plazo de los contratos.

El contenido de este documento es un elemento más que refuerza los cuestionamientos a la capacidad técnica de New Stratus Energy, pues el rol que Baker Hughes tendrá en esta alianza estratégica evidencia que se encargará de todo el trabajo operativo. Entonces la interrogante aquí es ¿de qué se encargará Petrolia?

También se generan dudas sobre la autorización ya dada por el Ministerio de Energía para que NSE compre el 35% de participación en los bloques 16 y 67 a Repsol, pues se está pidiendo que el actual ministro ratifique tal aprobación.

A ello se agrega que el artículo 313 de la Constitución, así como los artículos 16 y 26 del Reglamento de Aplicación de Hidrocarburos, señalan que de manera excepcional se puede delegar la Exploración y Explotación de Hidrocarburos a empresas privadas nacionales o internacionales de probada experiencia y capacidad técnica y económica, a través de un proceso licitatorio. Y el artículo 96 del Reglamento de Aplicación de la ley de Hidrocarburos dispone que “la empresa cesionaria deberá cumplir con requisitos de solvencia económica, financiera y técnica similares o mayores de la empresa cedente.”

Por lo tanto, no existe fundamento legal para que EP Petroecuador, operadora de los Bloques 31 y 43 en la Región Amazónica y la empresa privada New Stratus Energy, que opera los Bloques 16 y 67, bajo la modalidad de contratos de Prestación de Servicios Específicos, hayan suscrito el Memorando de Entendimiento de junio pasado, para el desarrollo de los campos 31 y 43.