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Autor: Periodismo de Investigación

UN NUEVO AVANCE EN EL CASO DE LOS JUBILADOS DE HOLCIM

Un nuevo capítulo de este largo caso se escribió el día de hoy 12 de junio. Vía notificación electrónica,  se les hizo llegar a las partes involucradas la versión actualizada del informe pericial económico realizado por Jimmy Óscar Ricardo Franco. Esta versión que es la definitiva ha sido corregida tomando en consideración las observaciones técnicas hechas por ambas partes.

El cambio sustancial que trajo este nuevo informe consigo es un considerable aumento en el monto total de la deuda que la empresa cementera deberá pagar en caso de que el fallo final fuese a favor de los ex trabajadores. En la versión anterior del informe el monto era de US$ 101.980.923.14. Con las correcciones técnicas en cambio pasó a ser 109,899,616.13.

La Asociación de Jubilados y Veteranos de “La Cemento Nacional”, actualmente HOLCIM ECUADOR S.A., manifestó que aprueba el informe y que felicita la labor del perito, según se indicó en un comunicado oficial.

Arturo Campodónico, abogado procurador de la Asociación, declaró que, para ellos, este es un triunfo histórico que los llena de emoción, pero que sin embargo se mantendrán muy atentos al desarrollo final del caso y en especial a las acciones futuras de la Jueza Wolf.

En una nota de Diario El Universo, Eduardo Carmigniani, el abogado de Holcim, aseguró que el peritaje de Jimmy Ricardo Franco incumple algunas normativas dictadas por la Corte Constitucional, y que la empresa impugnará el fallo. Incluso manifestó que se tomarán acciones legales contra el perito Ricardo Franco.

El caso llama la atención por larga duración (más de 20 años). Incluso en noviembre del 2019, la Corte Constitucional ordenó al Consejo de la Judicatura abrir procedimientos sumarios administrativos disciplinarios contra los responsables del incumplimiento de una sentencia constitucional de 2010 que determinaba el pago de 89 millones en favor de los jubilados.

Hasta ahora no se han conocido informes sobre el estado de dichos procedimientos. Este portal seguirá investigando para ampliar y actualizar este tema.

Los jubilados esperan que este proceso no se prolongue más y que después de tanto tiempo se sentencie y se cumpla el pago.

EL SENDERO QUE UNE A ÁLEX SAAB CON CORREA Y CHÁVEZ

La próxima extradición de Álex Saab Morán, señalado como el testaferro de Nicolás Maduro, desde Cabo Verde a los Estados Unidos, abre caminos de nuevos procesos judiciales en ese país y Ecuador puede jugar un papel preponderante, no solo desde el sector estatal, que permitió usar al Banco Central del Ecuador para realizar transferencias de dinero de la corrupción venezolana, también por las huellas que dejó la liberación de 60 millones de dólares a favor de Saab desde bancos ecuatorianos y que significó una celebración de quienes eran parte de Fondo Global de Construcciones, Foglocons. Reconstruimos esta trama de exportaciones ficticias, lavado y blanqueo de dinero que bordea los $2000 millones.

Cuando Álex Saab abordó en Caracas el jet privado Bombardier Global 5000, matrícula T7-JIS, rumbo a Irán, no imaginó que una parada de abastecimiento de combustible en Cabo Verde, cambiaría su vida y pondría al régimen de Nicolás Maduro al filo del abismo.

Saab no solo es un cofre de evidencias en contra del chavismo, su captura e inminente extradición a USA, también permitirá transparentar el mecanismo de exportaciones ficticias entre Ecuador y Venezuela y las relaciones de Rafael Correa con Hugo Chávez, intermediadas por Jaime Sánchez Yánez, quien fuera asesor personal del ex mandatario ecuatoriano y hermano del tercer socio de Foglocons-Ecuador, Luis Eduardo Sánchez Yánez.

¿Correa debe temer? Aunque la acusación en contra Álex Saab y su socio Álvaro Pulido, no hace referencia a Ecuador, las evidencias que condujeron a imputar a ambos por el delito de lavado, se encuentran en las operaciones realizadas desde Quito, a través de Foglocons. El negocio de Álex Saab perfeccionó en 2011 la adquisición de materiales de construcción desde Ecuador y Colombia, utilizando el sistema de compensación Sucre.

El negocio de Saab y Pulido creció rápidamente entre 2011 y 2013. Las cifras de exportaciones de Ecuador a Venezuela presentaban números jamás imaginados. Pero, las viviendas en el país llanero no aparecían. En realidad, se trataba de un mecanismo ficticio de exportaciones que hacía parte de un sistema regional de lavado.

En noviembre de 2011, Hugo Chávez y Juan Manuel Santos, suscribieron un convenio para la construcción de viviendas populares en Venezuela. Justamente Fonglocons sería la encargada de proveer los materiales.

Aunque los gobiernos de los dos países hicieron lo imposible por ocultar el escándalo, la verdad empezó a revelarse.

Informes oficiales hablan de una cifra que bordea los $ 2000 millones por exportaciones ficticias y subvaloradas, realizadas entre Ecuador y Venezuela, sin embargo, la justicia abrió expedientes por apenas $ 156 millones, que fueron archivados y sus responsables sobreseídos, en procesos en los que, se cuestionó la actuación del Fiscal General del Estado, Galo Chiriboga Zambrano, pariente de Rafael Correa.

Entre los años 2013 y 2014, luego de varias denuncias públicas, la fiscalía ecuatoriana se vio obligada a abrir investigaciones penales en contra de Fonglocons. En los procesos fueron vinculados Luis Zúñiga Burneo, Álvaro Pulido Vargas, Amir Nassar Tayupe y Luis Sánchez Yánez.

Dentro del proceso judicial se ejecutó la incautación de $60 millones de Foglocons, de ese monto $56.3 millones estaban depositados en los bancos Amazonas y Austro. A raíz de la incautación este medio conoció que el abogado de Rafael Correa, Caupolicán Ochoa, intentó presionar al banco Amazonas para la liberación de los recursos, algo que escapaba del control de la entidad bancaria.

La jueza María Jaramillo Hidalgo en 2016, tras una larga disputa, ordenó el desbloqueo y la entrega de esos recursos, a través de empresas offshore, del presidente de la LigaPro, Miguel Ángel Loor Centeno y de Víctor Silva Sosa.

Como apoderado judicial de Foglocons y Álvaro Pulido Vargas, actuó Jorge Zavala Egas, quien recibió honorarios por $3.8 millones, de los propios recursos liberados.

La felicidad de Pulido y Saab, alcanzada por la impunidad judicial en Ecuador, les duraría poco. En 2019, ambos eran investigados por la DEA, mientras la fiscalía de Florida-EEUU los acusaba de lavado en las operaciones de Fondo Global de Construcciones.

Algo que la justicia ecuatoriana nunca consideró fue que el verdadero nombre de (Álvaro Pulido Vargas), era Germán Enrique Rubio Salas, líder del denominado cartel de Bogotá, que en 1999 había coordinado el envío de cocaína a Europa. Fue justamente a Álvaro Pulido Vargas, a quien la justicia de Ecuador sobreseyó y devolvió los $60 millones requeridos por él y su amigo Álex Saab, ahora detenido en Cabo Verde.

De igual forma, la justicia de Ecuador no investigó los posibles vínculos de Luis Sánchez Yánez con el narcotráfico, pese a que la misma fiscalía reportó ese antecedente.

La lupa de USA sobre Saab y Pulido

Según la investigación de la justicia norteamericana, entre 2011 y 2015, Álex Saab Morán, su socio Álvaro Pulido Vargas y funcionarios del régimen chavista se aprovecharon del sistema de cambio de divisas controlado por el gobierno de Venezuela “bajo el cual se podían obtener dólares estadounidenses a una tasa favorable, presentando documentos de importación falsos y fraudulentos de bienes y materiales que nunca fueron importados a Venezuela”. Saab y Pulido transfirieron más de $ 350 millones fuera de Venezuela, a través de Estados Unidos.

Además, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dice que Saab Morán dirige una red de corrupción que “ha permitido al expresidente Nicolás Maduro y a su régimen beneficiarse significativamente de la importación y distribución de alimentos en Venezuela”. “Se ha beneficiado personalmente de contratos sobrevalorados, incluido el programa de subsidios alimentarios”.

Para obtener contratos, mover sus negocios, desviar, ocultar y lavar el dinero obtenido de la corrupción Saab creó una compleja estructura global de empresas fantasmas que fueron fachadas para dificultar el rastro de sus actividades. Entre 2017 y 2018, Saab logró contratos por $1.500 millones para entregar a Venezuela alimentos, juguetes y medicinas.

Por las manos de Saab y Pulido pasaron desde el manejo de divisas preferenciales, obras públicas, negocios petroleros, importación de gasolina iraní hasta el comercio del oro y carbón venezolano. Su fortuna, que no se conoce a cuánto asciende, está repartida en millonarias cuentas bancarias y lujosos bienes alrededor del mundo. La justicia de USA ordenó la incautación de $700 millones en cuentas de Saab en el paraíso fiscal de Liechtenstein.

En Italia y Reino Unido Álex Saab y su esposa, la modelo italiana Camilla Fabri, son investigados por lavado de activos. En Suiza y Bulgaria sus cuentas también están en la mira por tener dinero de origen ilícito. La Fiscalía colombiana también anunció que sería llamado a juicio por lavado de activos y otros delitos.

Según informaron fuentes venezolanas, a finales de agosto de 2019, el expresidente Rafael Correa, habría aprovechado una visita realizada a Venezuela para reunirse con Álex Saab y altas autoridades del gobierno chavista. La visita de Correa fue aprovechada también para grabar una entrevista con Nicolás Maduro para la cadena Rusia Today.

El dinero lavado en Ecuador llega a EEUU

Tal y como está planteada la denuncia criminal contra los llamados testaferros de Maduro en una corte federal de Miami, lo que ocurrió en Ecuador con el Fondo Global de Construcción podría ser el eje central de un eventual juicio a los empresarios ecuatorianos, esta vez en Estados Unidos.

Eso significa que sería altamente probable que en la corte salgan a relucir acciones, omisiones y favores en efectivo alrededor del fallido proceso penal de la justicia ecuatoriana contra uno de los empresarios y sus socios por lavado de activos.

La clave está en el punto tres de la acusación de Estados Unidos contra Alex Saab y Alvaro Pulido, los empresarios colombianos que actuaron durante años como operadores del régimen venezolano con presuntos cómplices en Ecuador, México, Perú y Chile.

Como se ha dicho, Saab y Pulido están acusados de hacer transacciones financieras con dinero producto de la corrupción. Los fiscales de EEUU aseguran que desde marzo de 2012 hasta final de 2014 los empresarios hicieron transferencias por más de 350 millones de dólares desde bancos de su propiedad o controlados por ellos en Venezuela a bancos corresponsales en Estados Unidos e instituciones financieras en otros países.

El punto tres explica el propósito de la confabulación de los acusados que era enriquecerse ilícitamente a través del pago de sobornos a funcionarios venezolanos para obtener beneficios, “incluyendo la aprobación de documento falsos y fraudulentos relacionados con la importación de bienes y materiales de construcción’’. Y a eso se suma el acceso al sistema de cambio de Venezuela (Cadivi) para “asegurarse que los pagos fueran hechos en dólares’’ basándose, de nuevo en facturas falsas.

Aunque Ecuador no se menciona en el documento acusatorio, se sabe que las supuestas importaciones citadas por el punto tres tuvieron como origen envíos de ese país a  Venezuela de implementos para la construcción de vivienda popular , la mayoría ficticios.

Hay un capítulo también ecuatoriano que no figura en la acusación pero que podría llamar la atención a los fiscales del caso en Miami: el destino de los dineros del Fondo Global de Construcción que fueron descongelados en febrero de 2016 por órdenes de la jueza de garantías penales de Guayas, María Jaramillo Hidalgo, como lo reveló Periodismo de Investigación.

Se sabe que una buena parte de los 56.3 millones liberados llegaron a Miami ¿La pregunta es si a los ojos de la justicia de Estados Unidos ese dinero fue producto de transacciones ilícitas, deben responder quienes lo recibieron en este país?

La defensa formal para los intermediarios del rescate de los fondos descongelados es que el fallo de la juez Jaramillo dejó libre de culpa esos dineros. En una polémica decisión la jueza Jaramillo argumentó que la fiscalía ecuatoriana no había demostrado el origen ilícito de los dineros, condición para hablar de lavado de activos y que en cambio existía una certificación del Banco Central de Venezuela de que se trataba de fondos oficiales enviados como adelanto para la compra del material. De acuerdo con el fiscal que manejó el caso en Ecuador, la decisión fue apresurada por cuanto la juez debería haber llevado el tema a juicio para definir en presencia de los acusados y con testigos, si existieron operaciones ilícitas previas al envío de semejante fortuna a Ecuador.

La lista de invitados a sacar del Ecuador los fondos descongelados es larga, pero hay un personaje muy emblemático de la operación por lo que se mueve entre Ecuador y Estados Unidos. Se trata de Miguel Angel Loor Centeno, el presidente de la Liga Profesional que dirige las divisiones superiores del fútbol de Ecuador. Es además abogado de la universidad de Especialidades Espíritu Santo. Loor aparece relacionado con el exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, (preso por corrupción) en un informe del organismo de inteligencia gubernamental CIES.

Loor figura asociado a empresas escogidas por Víctor Silva Sosa, representante de Fondo Global, para que reciban transferencias millonarias de los depósitos que habían sido descongelados en Ecuador. Una de esas empresas es Prymera Asesores SA de Panamá de la cual Loor es director. Silva ordenó que se le entregara a esta firma 24 millones de dólares. La primera fue incorporada en julio de 2016 poco antes de que empezara la feria de las transferencias.

En otra carta de instrucciones de Silva del 29 de agosto de 2016, Loor aparece como el destinatario de $ 2.58 millones. De acuerdo con las instrucciones la transferencia de los $ 2.5 millones debía hacerse a la cuenta corriente de Loor en el Biscayne Bank de Miami. (cuenta que empieza con el número 811007). En ese punto se pierde el rastro del dinero.

Los contratos entre las empresas de Saab y Neme

Una de las rutas menos conocidas de esta trama es la protagonizada por  Electrocables C.A. y sus accionistas Jorge y Nassib Neme Antón, este último dirigente del Club Sport Emelec y amigo cercano del expresidente Rafael Correa.

La relación de Nassib Neme con la empresa de Álex Saab y Álvaro Pulido se basa en dos contratos suscritos en febrero y mayo de 2013, entre los representantes de Electrocables y Foglocons. En el marco de esa operación, se realizaron pagos a favor de Luis Eduardo Sánchez Yánez (socio de Foglocons-Ecuador), desde la cuenta bancaria de la empresa de Neme.

Luis Sánchez Yánez, es hermano del asesor de seguridad de Rafael Correa, Jaime Sánchez Yánez (el Chamo), persona de confianza de Hugo Chávez.

Tan cercana era la relación que Correa nombró a Abisaab Neme Kalaban, primo de Nasib, como embajador en Qatar.

Neme había negociado cerca de $95 millones con Fondo Global para la venta de material eléctrico a través de dos contratos suscritos en febrero y mayo de 2013, por $25 millones y $69.5 millones respectivamente. La venta de este material no estaba en el radar de la Fiscalía General del Estado y por tanto no era parte de las investigaciones por lavado de dinero que impulsaba esa entidad. Los contratos aparecen firmados por Jorge Neme Antón de Electrocables y Luis Zúñiga Burneo por Fonglocons. Saab personalmente hacía seguimiento a estos contratos.

Pero las alarmas sonaron el 15 de septiembre de 2016 cuando Guadalupe Neme Antón de Concha y Jacqueline Neme Antón de Pernigotti solicitaron sendos informes sobre la situación financiera de Electrocables de los años 2011 a 2014, debido a ciertos abusos que el accionista mayoritario realizó.

La Superintendencia de Compañías, se vio obligada abrir un expediente (No.09691) y ordenar un peritaje contable que al final evidenció los negocios con Fondo Global.

En un extracto de esos informes se dijo: “Dejo constancia que la existencia de inconsistencias y anomalías relacionadas con las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar con transacciones comerciales realizadas antes de la fecha de la firma del contrato por valores significativos, como la contabilización afectando cuentas contables de manera incorrecta por aproximadamente USD 9 millones  de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con Fondo Global de Construcciones S.A., así como diferencias con los valores declarados en el formulario 101, se comprueban también en el peritaje 2011, 2012 y 2013, lo que revela que las labores de control de la Superintendencia, que se ha negado intervenir la compañía no están sirviendo en el propósito previsto en la ley”.

Las conclusiones del peritaje contable se incluyeron en la investigación fiscal que se inició en noviembre de 2013 y se sumó un informe de la Unidad de Análisis Financiero.

La Dirección Nacional de Prevención y Lavado de Activos determinó que el 25 de enero de 2013 Electrocables y Fondo Global firmaron un contrato por $25 millones. Electrocables, entre el 1 y 26 de febrero, recibió cheques del Banco Territorial ($9,9 millones), Pacífico ($8 millones) y Pichincha ($5,8 millones), es decir 23,7 millones.

Pero de ese monto Electrocables solo facturó $13,1 millones (incluido el IVA) a favor de Fondo Global, es decir quedó un remanente por $9,1 millones pendiente de entrega y que nunca se conoció el destino final de ese material pagado por adelantado.

La justicia de Ecuador miró para otro lado

Los contratos entre las dos empresas, dice la Superintendencia de Compañías, debieron cancelarse contra entrega recepción de los productos, pero la realidad es que se pagó por adelantado. La muestra son los cheques entregados en febrero frente a las 18 facturas que se emitieron entre el 1 de febrero y el 6 de junio de 2013.

Según informes fiscales, todas esas facturas se emitieron a nombre de Red de Abastos Bicentenario, la red que hasta el momento Nicolás Maduro usa en Venezuela. Los productos tenían como supuesto destino también a dos empresas venezolanas relacionadas a los negocios de Álex Saab y Álvaro Pulido, ELM Import S.A y Thermo Group, relacionadas con Fonglocons-Venezuela.

Los miembros de la junta directiva de Fondo Global de Construcción de Venezuela, son Miguel Ángel Medida Acosta y Menahem Michel Edery, quien es, a su vez, propietario del 25% de las acciones de Thermo Group, compañía intermediaria entre Fonglocons de Ecuador y su similar de Venezuela. Thermo Group C.A y ELM Import S.A, obtuvieron contratos del chavismo para la construcción de viviendas por un valor de $ 654 millones, el gran negocio alcanzado en 2011 por Álex Saab, en el célebre encuentro entre Chávez y Santos.

En el juicio por lavado de activos que la Fiscalía impulsó en 2015 contra Gabriel Andrés Peñaherrera Romero, Alvaro Pulido, Enrique Nassar Tayupe, Luis Zúñiga Burneo y Eduardo Sánchez Yánez se señaló que Electrocables en el primer semestre del 2013, contaba con comprobantes de ventas por $ 46,9 cancelados a Fondo Global.

Se reconoció además la entrega de $ 23,7 en cheques. Se dijo que en 2013 fue el cliente más importante de Fondo Global de Construcción S. A. Ni la Superintendencia de Compañías y ni la Fiscalía investigaron a Neme y mucho menos la relación de Neme con Saab y Pulido.

Desde julio de 2013 en que se inició la investigación con el allanamiento de las oficinas de Fondo Global, cinco fiscales conocieron el caso y ninguno pudo concretar la formulación de cargos contra Neme Antón pero desde esa fecha pasaron cinco fiscales y ninguno de ellos pudo formular cargos contra los Neme Antón. El caso se cerró en junio de 2016 con el sobreseimiento de todos los implicados.

La ruta bolivariana de lavado

Una las estrategias de Hugo Chávez y Rafael Correa, en el marco de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), era la de crear una moneda virtual que reemplace al dólar en las operaciones comerciales y financieras entre los países de la subregión. La idea de los dos mandatarios encontró claridad en septiembre de 2008, durante la tercera cumbre del ALBA, evento en el que se firmó un Acuerdo Marco para la creación del sistema de compensación Sucre.

Según el mecanismo de compensación Sucre, el banco pagador de Venezuela entregaba bolívares al Banco Central de Venezuela, con una orden de pago, que vía Banco Central del Ecuador, recibía la acreditación en «Sucres» -cotización a la par en dólares, liquidables en la compensación, en dólares- nominando un banco destinatario en Ecuador, que debía notificar al destinatario final -el exportador- la acreditación. El total de transacciones en «Sucres» fueron miles de millones de dólares, intermediando casi todo el sistema financiero ecuatoriano.

Aunque el sistema de compensación tardó algún tiempo en perfeccionarse, los gobiernos de Venezuela y Ecuador ensayaron previamente otros mecanismos. Uno de ellos se pactó el 26 de agosto del 2009 en Quito. Con la firma de documentos y varios apretones de manos se creó Empreven Ecuador, plataforma de intercambio comercial apoyada por Correa y Chávez. Entre los invitados al nacimiento estaban: Alejandro Uzcátegui, presidente de Empreven Venezuela; Gabriela Uzcátegui, delegada por PDVSA; y Luis Zúñiga Burneo, representante de los empresarios ecuatorianos, quien tres años después aparecerá como representante de la empresa de Álex Saab y  Álvaro Pulido.

En diciembre del 2009, Alejandro Uzcátegui, fue señalado por el cierre y posterior intervención del Banco Real, entidad financiera venezolana, sospechosa de estar inmersa en actividades irregulares, lo que mereció una difusión roja de Interpol.

Gabriela Uzcátegui, es hija de Diego Uzcátegui Matheus, exdirector de la Oficina de Presidencia de PDVSA y expresidente de PDVSA Argentina. Gabriela fungía como representante de la petrolera venezolana, pero su nombre fue relacionado durante el “escándalo del maletín”, en agosto del 2007, suceso protagonizado por su entonces pareja sentimental, Guido Antonini Wilson, empresario venezolano cercano al gobierno de Hugo Chávez, detenido en Buenos Aires con una maleta con $790 mil, la cual quiso ingresar sin declarar.

Otro de los asistentes a la cita de lanzamiento de Empreven Ecuador, fue Luis Zúñiga Burneo, que se convirtió en uno de los más entusiastas impulsadores del comercio con Venezuela. Zúñiga creó la Corporación Andina de Comercio, con la cual tocó muchas puertas y ofreció servir de puente entre empresas de los dos países. Luis Zúñiga era el representante legal de Fonglocons al momento de cometerse los actos ilícitos.

ARROZ VERDE: HAN TRIUNFADO EL PERIODISMO Y LA JUSTICIA

Luego de una larga deliberación, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador finalmente negó el recurso de apelación presentado por la defensa del expresidente Rafael Correa y el resto de procesados en el caso Sobornos 2012-2016,  ratificando la condena por el delito de cohecho con la pena de 8 años en prisión.

El antecedente de esta sentencia es la investigación periodística denominada “Arroz Verde”, publicada el 3 de mayo de 2019 en el portal de la Fundación Mil Hojas y realizada por los periodistas Fernando Villavicencio, Christian Zurita y Cristina Solórzano. 

Por este trabajo de investigación, los periodistas fueron reconocidos nacional e internacionalmente con el Premio al Periodismo Ecuatoriano «Jorge Mantilla Ortega» – UDLA 2019 y galardonada con la mención honorífica en la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación – COLPIN 2018, México.

La Fiscal encargada del proceso, Diana Salazar, fundamentó su investigación penal sobre la base del reportaje “Arroz Verde” y el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia emitió el 7 de septiembre de 2020 la sentencia de casación en el Caso Sobornos 2012-2016.

Durante la investigación, la fiscal llegó a determinar que durante esos cuatro años del gobierno de Rafael Correa se montó una estructura criminal de corrupción para recibir aportes ilegales para su partido Alianza País, por parte de empresas como SK, Odebrecht, CONSERMIN, entre otras compañías, a cambio de la adjudicación de millonarios contratos.

Luego de la ratificación de la sentencia, la fiscal general escribió en su cuenta de Twitter que fueron desvirtuadas cada una de las apelaciones y que por tanto el Tribunal ratificó la sentencia en contra de 18 sentenciados, además de modificar parcialmente la condena de otros dos.

El coautor de la investigación, Fernando Villavicencio, reaccionó en redes sociales expresando: 

Es un día trascendental para el periodismo de investigación, para la justicia liderada por Diana Salazar y los jueces que actuaron en derecho. Es un día de esperanza para millones de ecuatorianos. Es el fin del tipo de la democracia de sobornos que hemos vivido, y sin duda alguna este nuevo proceso electoral será una señal de cambio, donde la honestidad será la credencial ética de los nuevos candidatos.

LA GUERRA POR LLURIMAGUA

El roce de dos ejecutivos de una empresa minera desató un conflicto de proporciones épicas que tiene como centro de esta batalla al gigantesco yacimiento de cobre denominado Llurimagua, en el occidente de la provincia de Imbabura.

Existen estudios preliminares que estiman al menos 30 mil millones de dólares en riqueza y como proyecto podría venderse en la bolsa de valores internacional en 5 mil millones de dólares.

Es toda una fortuna que ha desatado tensas relaciones entre dos multinacionales: la chilena Codelco y la austrialana Hancock Prospecting Pty Ltd, representada en Ecuador por Hanrine Ecuadorian Exploration. 

El conflicto se desató el pasado 27 de julio con el anuncio de la detención de Carlos de Miguel, gerente Hanrine, por una denuncia anónima que acusó al empresario de tenencia ilegal de armas y municiones.

Fue llevado a la fiscalía para ser juzgado por flagrancia pero la jueza Geovanna Palacios determinó su libertad. La ministra de gobierno María Paula Romo fue quien informó de su detención en su cuenta de twitter bajo la etiqueta #CombateAlDelito.

Para la ministra Romo y para el secretario Juan Sebastián Roldán no era desconocido que Haancock, junto a De Miguel buscaban revertir desde 2017 la concesión de Codelco en el yacimiento Llurimagua y pagar al Estado $400 millones de dólares por esa área. De hecho Codelco pagó $0 dólares por la riqueza bajo el suelo de Intag: un regalo de Rafael Correa a la estatal chilena, con apoyo de operadores como el entonces ministro de minas, Javier Córdova.

Hanrine emitió decenas de cartas a todas las instancias estatales, incluso al presidente Lenín Moreno, buscando ese cometido. El resto de empresas mineras también esperan que esa área pueda ser subastada.

El pasado 5 de junio la procuradora general de Codelco, Lorena Ferreiro, desde Santiago de Chile, envió una carta a Garry Korte, gerente ejecutivo de Hancock Prospecting Pty Ltd en la ciudad de Perth, Australia, con copias al viceministro de Minería Fernando Benalcázar y Danilo Enrique Icaza Ortiz, Gerente General Empresa Nacional Minera (ENAMI) en la que pide dejar de interferir en sus negocios.

La carta, redactada en inglés en su parte medular dice. “ Dada la fase en que se encuentra el Proyecto Llurimagua y teniendo en cuenta las inversiones realizadas por Codelco, cualquier acción ulterior de Hancock constituirá sin duda una interferencia consciente e intencionada que podría ser extremadamente perjudicial para los derechos contractuales de Codelco”. 

Agrega finalmente: “A la luz de lo anterior, Codelco solicita que Hancock y cualquiera de sus subsidiarias y/o entidades afiliadas desistan inmediatamente de cualquier conducta que pueda interferir, directa o indirectamente, con las relaciones contractuales de Codelco relacionadas con el Proyecto Llurimagua. Además, Codelco se reserva todos sus derechos contra Hancock con respecto a cualquier conducta pasada o continua que interfiera con sus relaciones contractuales como se ha establecido anteriormente, incluido su derecho a solicitar medidas cautelares, daños y cualquier otra orden que se considere apropiada a la luz de las circunstancias”.

Codelco ha gozado de relaciones poderosas en el gobierno de Lenín Moreno, tal como lo demostró este portal en su informe que desnuda el lobby ejercido por Juan Sebastián Roldán y su tío Francisco Roldán, que presionaron por firmar un acuerdo lesivo para el Ecuador al intentar aprobar cláusulas por demás abusivas en el acuerdo de accionistas entre la Empresa Nacional Minera y Codelco que deben desarrollar el yacimiento Llurimagua.

Tampoco era secreto que Hanrine se había adjudicado importantes áreas mineras en el noroccidente de Imbabura, una de ellas, Imba 02 en la zona de Buenos Aires, donde se desarrolló un enorme engranaje de minería ilegal en cantón Pimampiro.

También posee otras áreas como IMBA 01, IMBA 03, 05, 06 y Amadores. Conseguir Llurimagua, al sur de las concesiones que posee, la convertiría en poseedora de los yacimientos de cobre mas grandes de la región. 

Es en ese escenario, en el momento de mayor conflicto entre mineras, que sucede la detención de De Miguel, un ex marine de los Estados Unidos, que además es un viejo conocido en el sistema de inteligencia ecuatoriano, porque a través de la empresa BlueCell, brindó seguridad a funcionarios de la embajada del Ecuador en Londres y del asilado Julian Assange.  

LOS AMIGOS DE CARLOS DE MIGUEL

La cercanía y confianza construida entre las autoridades del gobierno de Rafael Correa, adecentaron el camino para la concesión de varios títulos mineros en la zona de Buenos Aires, a través de su representada Hanrine. Es inocultable la amistad entre el entonces ministro de Minas, Javier Córdova y De Miguel, y no menos importante la relación con el entonces gerente de la empresa minera pública ENAMI, Stivie Gamboa, que estampó su firma en las adjudicaciones y que se convirtió en una relación comercial más profunda. Gamboa dejó la vereda pública y se convirtió en asesor jurídico de Hanrine.

UN AUTÉNTICO JAMES BOND

La hoja de vida que exhibió Carlos de Miguel al gobierno de Rafael Correa el año 2010, sin duda impresionó al círculo íntimo, en especial a Rommy Vallejo. Con estudios en gestión de operaciones en la Universidad de Harvard y una licenciatura en administración de finanzas multinacionales en la Wharton School de la Universidad de Pennsylvania, De Miguel se ganó un puesto de confianza en la estructura revolucionaria, aunque sus supuestas credenciales no exhibían empatía ideológica, en realidad eso a nadie importaba.

Su curriculum, decorado con experiencia en Goldman Sachs y el Eximbank, le concedía un singular valor agregado. Qué decir de sus habilidades en el plano militar y de inteligencia: entrenado con miembros de la SEAL, Delta Force, SWAT del FBI, DEA, Fuerzas Especiales de EEUU., y de las IDF. Con ese cartel, Carlos de Miguel pasó la puerta grande de la Secretaría de Inteligencia SENAIN, donde se aseguró varios contratos reservados, cuyas cifras y resultados jamás se sabrán. No solo lideró investigaciones especiales de inteligencia, también levantó informes sobre áreas estratégicas como electricidad, petróleo, minería, telecomunicaciones, así ganó una ventaja única y el acceso a información para objetivos futuros.

La relación directa con Pablo Romero el año 2012 le permitió dirigir la operación Hotel dirigida a brindar protección a Julian Assange en Londres y de paso informar directamente a Rafael Correa, sobre las actividades del hacker australiano. Los primeros sistemas de comunicación instalados por Blue Cell en la embajada de Ecuador en Londres, le aseguraban a Correa acceso directo a los movimientos de Assange.

La célula azul (Blue cell) código que aparece en una serie de documentos reservados de la Senain, se combinaría luego con la célula blanca (UC Global) empresa que asumió la custodia y espía a Assange, así como la protección a las hijas de Rafael Correa y Lenín Moreno.

Las pocas imágenes que se han logrado de De Miguel son junto a Assange y miembros del partido español Podemos, uno de ellos el Xema Guijarro, que fue asesor del canciller Ricardo Patiño.

De Miguel fue denunciado por un ex colaborador de Hanrine, Ricardo L. que ocupó la subgerencia de seguridad, que además es presidente de un club de tiro al que asisten policías y aficionados. La defensa técnica de Ricardo López, tres veces campeón mundial de tiro, envió este comunicado que lo puede leer en este enlace.

¿Y la relación de De Miguel con Hancock? En esta detención se le pudo consultar y a través de unos de sus abogados se aseguró ser una relación de al menos 15 años con la multinacional australiana.   

SINGUE, EL REGALO DE PAPÁ

La trama de corrupción del bloque petrolero Singue queda al descubierto. Utilizaron el poder para beneficio particular. Se apropiaron de información pública y armaron un laberinto offshore. Retacearon el mapa petrolero y convirtieron en bloque a un pequeño campo compartido. Generaron simulación contractual y aparentaron licitación pública. No arriesgaron en exploración, el dinero salió del mismo cuero del Estado. Tampoco descubrieron un barril nuevo de petróleo, las reservas ya estaban descubiertas. Este es un nuevo episodio de la generosidad del Estado papá.

Hace ocho años, un 21 de marzo de 2012, el entonces ministro de Hidrocarburos, Wilson Pástor Morris, autorizó la suscripción de uno de los últimos contratos de su larga gestión petrolera, el de exploración y explotación del bloque Singue, con el consorcio DGC, integrado por las empresas Dygoil (60%) y Gente Oil Development LLC (40%).

Este contrato, en el que aparece vinculada su hija, Silvana Pástor Tapia, tiene a su padre y a otras personas, entre ellas al ex vicepresidente Jorge Glas, en el banquillo de los acusados por el delito de peculado.

SIGUE EL CASO SINGUE EN ESTA LÍNEA DE TIEMPO DESDE EL 2011 

Periodismo de Investigación encontró una auténtica simulación en torno a la creación de Gente Oil, la negociación, firma del contrato y operación de Singue. Un libreto en el que las fechas y los actores se suceden como puntadas de sastre, configurando un tejido de irregularidades e ilegalidades.

LICITACIÓN PARA UN SOLO OFERENTE

La décima ronda petrolera en la que fue licitado el bloque Singue, se convocó el 16 de junio del 2011, para esa fecha aún no se había creado en Ecuador el consorcio DGC, ni siquiera la empresa Gente Oil Development LLC.

La referida compañía fue registrada en el paraíso fiscal de Delaware y luego domiciliada en California – EEUU., recién en septiembre de 2011, tres meses después de abierta la licitación.

El 26 de septiembre de 2011, tres días después de su creación, el consorcio DGC presentó su oferta, la única existente. Luego de los análisis, el Comité de Licitación Hidrocarburífera – COLH, liderado por Jorge Glas, recomendó al ministro Wilson Pastor, autorizar la firma del contrato.

La autorización la suscribió Pastor, apenas dos días después de que la empresa Gente Oil Development LLC., se había registrado en la Superintendencia de compañías (19 de enero de 2012) aunque todavía no estaba inscrita en el registro de Hidrocarburos, algo que sucedió recien el 19 de marzo de 2012. El contrato fue suscrito el 30 de abril de ese año.

LA SOMBRA DE IVANHOE Y EL LABERINTO SOCIETARIO

Gente Oil Development LLC, es propiedad de Gente Oil Exploration LLC, otra empresa creada en Delaware y cuyos socios son David Martin, Giacomo Pecorari y Mathew Martin. En calidad de representante figura David Martin, accionista de Ivanhoe, transnacional que abandonó Ecuador el 2014, luego del fracaso del contrato del campo Pungarayacu, considerado por Rafael Correa como el mejor contrato de la historia.

Giacomo Pecorari ostenta en la actualidad el cargo de Director de Gente Oil Ecuador PTE, operadora del bloque Singue.

La creación de Gente Oil en EEUU por parte de Martin, coincidió con el colapso anticipado de Pungarayacu. Es decir, la máxima autoridad petrolera (Wilson Pastor) pese a saber del engaño de Ivanhoe, le preparaba un nuevo banquete geológico, esta vez sin riesgo alguno.

El gerente de operaciones de Ivanhoe, a esa fecha, era nada menos que Santiago Pastor Morris, hermano del entonces ministro.

El 18 de septiembre de 2012, antes siquiera de que DGC inicie las actividades operativas en Singue, los representantes del consorcio solicitaron a Wilson Pastor, autorice la transferencia del 60% de participaciones de Dygoil y el 40% de Gente Oil Development LLC., a una nueva empresa, inexistente a esa fecha en Ecuador y creada apenas 24 horas antes en Singapur: Gente Oil Ecuador PTE LTD.

Dygoil ya había cumplido su papel y el siguiente paso era que Gente Oil tome el control total del proyecto. En esa dirección, el 5 de octubre de 2012, Wilson Pastor dispuso se elabore un informe orientado a autorizar las transferencias.

La retirada inmediata de Dygoil  -la empresa que aseguró la solvencia técnica, económica y legal para la firma del contrato-, dejaba en evidencia que la empresa de César Guerra, fue el comodín hasta conformar el consorcio y adjudicarse el bloque. La flamante Gente Oil no tenía experiencia ni en clavar un alfiler.

Documentos revisados por nuestro portal identifican que Gente Oil Ecuador PTE LTD, fue constituida en Singapur el 17 de septiembre de 2012 y domiciliada en Ecuador en enero de 2013. Es decir, una persona nacida en Singapur a la que le pusieron de nombre Ecuador. Esta empresa, de acuerdo con documentos de la Superintendencia de Compañías, es de propiedad de Gente Oil Global PTE LTD, creada también en Singapur en las mismas fechas.

Gente Oil Global Pte., registra nuevamente como directores a los mismos accionistas de la primera Gente Oil, creada en EEUU: David Martin y Giacomo Pecorari. Además incluye a Izeldin D. Sultan El-Saigh, Abdullah SA. Araj, Baey Cheng Song, y Yeo Poh Noi Caroline. En términos sencillos, la familia Gente Oil, tiene un mismo progenitor: Ivanhoe.

Una vez consumado todo el proceso, Wilson Pastor Morris, abandonó el ministerio. Viajó a Austria, designado por Rafael Correa como su embajador. Desde ahí manejaría hasta el final del correato, la representación en la OPEP y continuaría asesorando al régimen en materia petrolera.

El cambio de ministro en nada afectó los intereses de Gente Oil. Con acuerdo ministerial 504, de 15 agosto de 2013, suscrito por Pedro Merizalde, se autorizó la esperada transferencia de participaciones de Dygoil y Gente Oil Development a Gente Oil Ecuador PTE.

En uno de los considerandos del acuerdo ministerial, se señala que la garantía solidaria emite la empresa Gente Holdings PTE en calidad de casa matriz. Esta garantía de solvencia financiera y operativa la tenía que asegurar la propia contratista, pero Gente Oil Ecuador era solo un membrete.

Esta es la única mención que se hace a Gente Holdings en toda la información revisada. No hemos podido encontrar documentos que justifiquen la relación entre Gente Oil Ecuador PTE con Gente Holdings y Gente Oil Group, otra empresa que aparece apadrinando el proceso, pese a que el referido acuerdo ministerial sostiene que la supuesta casa matriz tiene el 70% de acciones de Gente Oil Ecuador.

El epílogo de este laberinto de simulación se escribió el 2 de septiembre de 2014. Silvana Pastor Tapia, apoderada de Gente Oil Ecuador PTE e Yvonne Fabara Arias, secretaria de Hidrocarburos, suscribieron el contrato modificatorio a través del cual, la compañía singapurense asumió el 100% de los derechos y obligaciones del contrato y se convirtió en operadora del bloque, sin cumplir los requisitos de capacidad operativa exigidos en los pliegos licitatorios.

De esta forma, la empresa manejada por la hija del ex ministro de Hidrocarburos, se aseguraba el control total de Singue. Dos años después de firmado el contrato original, los verdaderos actores de esta historia presentaban sus rostros.

La firma del contrato modificatorio incluyó exclusivamente la transferencia de participaciones de Digoil y Gente Oil a la nueva empresa creada en Singapur, pero no mejoró la participación del Estado en el negocio como dispone el artículo 16 de la Ley de Hidrocarburos, pese a que a que a esa fecha, era evidente que tanto la producción como las reservas de Singue, superaban diez veces las cifras establecidas en el contrato original.

Yvonne Fabara fue excluida del proceso penal pese a que la Contraloría determinó responsabilidades en su contra.

TIGRES DE PAPEL

El sinuoso sendero recorrido por la familia Gente Oil, representada en Ecuador desde 2013 por Silvana Pastor Tapia, es digno de incorporarse al guión de una película inspirada en los Panamá Papers.

Al ingresar al registro de identidad de Gente Oil nos encontramos con un auténtico holding petrolero: siete empresas aparentemente distintas pero con un mismo origen.

Dos creadas y domiciliadas en Estados Unidos, en la dirección de Ivanhoe, y las cinco restantes, concebidas casi en la misma fecha (2012) aparecen acomodadas en la oficina 32-01 de Land Tower de Singapur.

Al buscar los proyectos hidrocarburíferos de este gigante, representado por rimbombantes nombres americanos y árabes, nos encontramos con un solo proyecto perdido en una esquina de la depredada Amazonía ecuatoriana: el pequeño campo Singue. Así como leen, un enjambre de empresas, miles de fojas, escritura sobre escritura… puro papel.

Y un nombre que no puede escaparse de nuestro recuerdo: David Martin, el dueño de Ivanhoe, el mismo encantador de serpientes que en 2008 le regaló a Rafael Correa un barrilito de plástico en señal del “mejor contrato de la historia”, aquel contrato que con la ayuda de la tecnología Heavy to Light (HTL) haría de Pungarayacu, el nuevo boom petrolero. Seis años después hasta el barrilito de plástico se llevó Rafael.

DE CAMPO MARGINAL A PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Meses antes de que se convoque a la décima ronda, Dygoil había rescindido un contrato anterior (campo marginal) suscrito en 2008 para la explotación del mismo campo Singue.

Hasta aquí Singue seguía siendo campo, no bloque. En ese contrato la firma ecuatoriana actuó asociada a la empresa venezolana Suelo Petrol, en el Consorcio Petrolero Amazónico (CPA). Un informe de la Contraloría de 2012, estableció que CPA no realizó inversiones para desarrollar el campo, además observó a las autoridades de hidrocarburos por no precautelar los intereses nacionales.

La tarifa pactada en este contrato, no superaba los 8 dólares por barril incremental, una tarifa radicalmente baja comparada con la definida en el nuevo contrato de prestación de servicios (33,50 U$/BL). ¿Por qué Dygoil y el consorcio CPA no desarrollaron el proyecto durante casi tres años?

Una tarifa de 8 dólares por barril, no era un negocio apetecido, dicen los expertos; además, estaban confiados que el ministerio de Hidrocarburos adelantaba el nuevo modelo contractual de prestación de servicios, con una tarifa muy generosa.

Así las cosas, había que dar sepultura al contrato de campo marginal para resucitarlo con el contrato de servicios, maquillado por Wilson Pastor Morris.

LA AMISTAD DE RAFAEL CORREA CON DYGOIL 

Con el cambio de la modalidad contractual resuelta en la reforma a la ley de Hidrocarburos de 2010, las compañías debieron migrar a los nuevos contratos de prestación de servicios o revertir las áreas al Estado.

Los acercamientos para negociar el contrato de Singue se dieron al más alto nivel. En una misiva suscrita por el gerente de Dygoil, César Guerra, remitida al presidente de la República, Rafael Correa, en enero de 2011, informa que mantuvo reuniones con el entonces ministro Wilson Pastor, con quien negoció las posibles inversiones que llegaban a 26.7 millones de dólares y una tarifa de 29,3 dólares/barril.

El 3 de febrero de 2011, Guerra informó a su socio de SueloPetrol, que ha comunicado a su amigo Rafael Correa su predisposición a firmar los contratos de prestación de servicios para los campos Pucuna y Singue.

En la misiva, el gerente de Dygoil señala que ha presentado la oferta en consideración a las buenas relaciones personales que mantiene con el señor Presidente.

En la carta agrega que el nuevo contrato en principio sería suscrito por el Consorcio Petrolero Amazónico, pero que luego solo quedaría Dygoil como la única accionista y operadora. Por ello, solicita la transferencia de las participaciones de SueloPetrol a favor de Dygoil.

Las razones por las que no prosperó la negociación con CPA, es algo que algún día se sabrá; lo cierto es que, una vez rescindido el contrato del campo marginal, Suelo Petrol quedó fuera e inmediatamente surgió la idea de constituir una nueva empresa. Así nació Gente Oil.

La relación documentada entre Rafael Correa y César Guerra, no fue suficiente para Fiscalía, que acabó desvinculando del proceso al expresidente, pese a que Contraloría determinó su  responsabilidad penal.

CONTRALORÍA DETERMINÓ PECULADO

Tras la denuncia publicada en 2015 por el portal Focus Ecuador, la Contraloría abrió un examen especial. Luego de dos años de investigación, en agosto del 2017, el organismo de control presentó a la Fiscalía General del Estado, un primer informe con responsabilidad penal y en febrero de 2018, un informe complementario en el que involucró al expresidente Rafael Correa, varios ex funcionarios públicos y ejecutivos privados, por el delito de peculado.

El consorcio DGC no cumplió con lo requerido en las bases de licitación, que exigían la presentación de información sobre la capacidad operativa de la oferente correspondiente a los años 2006 a 2010.

Los miembros del equipo negociador recomendaron al COLH que se apruebe la negociación con DGC a pesar de que no se contaba con el análisis de los informes y certificaciones referentes a las fuentes de financiamiento para el proyecto, conforme a las inversiones comprometidas.

Los miembros del equipo negociador recomendaron al COLH que se apruebe la negociación con DGC a pesar de que no se contaba con el informe de la capacidad o fuentes de inversión del oferente.

En la corrida matemática contenida en el sobre 2, no existe evidencia de que la tarifa de $33,50 por barril, responda a la aplicación de las variables establecidas en el modelo de contrato.

El equipo negociador, sin argumento técnico, consideró un total de 3.015.446 barriles a recuperar en 20 años y como lineamientos el 19,2% de tasa interna de retorno (TIR) para establecer el riesgo incurrido por amortización de la inversión, costos y gastos y una utilidad razonable.

En 2011 Dygoil ofertó una tarifa de $29,3 por barril, sin embargo, la misma empresa ofertó meses después de $34,5, la que se negoció y adjudicó por el monto final de $33,5 por barril; esto es, $4,2 sobre la tarifa original. Ese incremento, según Contraloría, implicó un perjuicio de $5.2 millones para el Estado.

SINGUE, UN BLOQUE CREADO EN LA ERA PASTOR 

Singue fue descubierto por Petroecuador en 1990 con la perforación del pozo exploratorio Singue 1 y con la realización de 102 Km de sísmica 2D.

Posteriormente, durante los años 2005-2006, la estatal impulsó el proyecto de sísmica 3D denominado Lilian-VHR, con la empresa china Sinopec.

Un reporte de 30 de mayo del 2011, emitido por el Subsecretario de Estudios y Patrimonio Hidrocarburifero, señaló que Geotech Group Limited (2006) estimó reservas de 4.522.196 barriles.

En 2009, Petroecuador contrató un estudio de interpretación Sísmico 3D Cuyabeno-Sansahuari, con Geotech Groups Ltd. (China), donde se determinó que la estructura Cuyabeno-Sansahuari y Singue forman una sola y que las reservas probadas del área de Singue superan los 20 millones de barriles.

Según el reporte final presentado por Geotech, el 30 de noviembre del 2009: “No hay una separación acusada entre la estructura Cuyabeno-Sansahuari y Singue. Estas dos estructuras forman una sola”.

Esta información que ahora está en manos de la Fiscalía, no fue considerada en la elaboración de los términos de referencia de la décima ronda, tampoco en la negociación del contrato con el consorcio DGC.

Documentos en poder de Periodismo de Investigación dejan al descubierto que el consorcio DGC y los funcionarios del Ministerio de Hidrocarburos, conocieron plenamente esta información que les fue entregada por la Secretaría de Hidrocarburos con el Data Room de la  Ronda Intracampos para el Campo Sahino Norte.

Este mismo reporte que incluía los estudios de Sinopec 2005, Geotech 2006 y Geotech 2009 -ocultados en el informe oficial de reservas de 2010- fue utilizado en septiembre de 2013 por la compañia GEOTRACE COMPANY – DENVER, contratada por el consorcio DGC para realizar una nueva interpretación sísmica.

En un informe de 2013, Gente Oil informa que la empresa contratada por ellos (Geotrace) solo utilizó la información de Sinopec – Geotech: “El Consorcio DGC no obtuvo nuevos datos sísmicos; la empresa simplemente reprocesó los datos en 3D existentes, adquiridos por Sinopec, para el Bloque Singue”, dice.

Con esta información, la misma contratista confirmó, un año después de firmado el contrato, lo que se sabía desde el año 2009: que las reservas no eran los 3.1 millones de barriles remanentes y posibles, volumen con el que se negoció la tarifa de 33.5 US$/BL, sino mucho más.

Esto ponía en evidencia que el consorcio DGC conoció esa información antes de presentar la oferta.

Pese a contar con los dos estudios (Sinopec-Geotech 2005-2006 y Geotecht 2009), el 9 de agosto de 2011, la Secretaría de Hidrocarburos, emitió la resolución 0755, aprobando el nuevo mapa de bloques petroleros del Ecuador, en el que se creaba de forma oficial el bloque Singue con el número 53, dentro del bloque 58, Cuyabeno-Tipishca.

Esta resolución fue aprobada cincuenta y cuatro días después de convocada la licitación internacional a la Décima Ronda Petrolera, realizada el 16 de junio del 2011. Es decir, la licitación se realizó sin que exista oficialmente el bloque Singue.

Hasta el 2010, Singue era un pequeño campo integrado a la estructura Cuyabeno – Sansahuari, ¿qué pasó para que le convirtieran en bloque? Geológicamente nada.

Singue debía convertirse en bloque pues de lo contrario no podía ser licitado. La reforma legal creada por Pastor habla de bloques, no de campos, un bloque puede tener varios campos. Todo estaba calculado.

En la oferta, acuerdos de negociación y en el contrato, el consorcio DGC se comprometió a perforar un pozo exploratorio para confirmar reservas adicionales por 1.1 millones de barriles o más.

El costo del pozo era de $7.9 millones. Si el resultado era exitoso se debía definir una tarifa adicional para la explotación de las nuevas reservas.

¿Por qué incluyeron un pozo exploratorio si de antemano sabían que existían más reservas? El objetivo era que la figura de riesgo exploratorio mejoraba la tarifa para la contratista, como se verá más adelante.

Cuando todo estuvo consumado, en 2015, la SH reconoció que las reservas remanentes de Singue eran al menos 15.6 millones de barriles y no los 3.1 millones con los que negoció la tarifa y el contrato.

Para esa fecha, Gente Oil ya había explotado casi la mitad de las reservas en momentos en que los precios del crudo eran inmejorables. Así las cosas, el propio Estado reconocía que había sido parte de un delito aunque este tipo de delitos siempre quedan en la impunidad. Un Estado delincuente.

Sin duda el objetivo de la creación falsa del bloque 53 estaba orientado a que, hacia el futuro, Gente Oil, reclame la aplicación de la cláusula décima tercera del contrato, relativa a campos o yacimientos unificados y se haga con la explotación de la enorme reserva contenida en Cuyabeno–Tipishca, como ocurrió con el cuestionado caso Palo Azul y la transnacional Petrobras, un proceso en el que los hermanos Pastor Morris también tienen que responder.

EL FRAUDE DE LAS RESERVAS PROBADAS 

Como se ha referido, el informe oficial de reservas de diciembre de 2010, estableció 2 millones 040 mil 556 barriles. Ese documento ocultó la información de noviembre del 2009, presentada por Geotech, que estableció 20 millones 630 mil 294 barriles. La diferencia de 18.1 millones, no fue considerada para el análisis económico financiero del bloque 53, lo que generó un perjuicio económico al país.

En el análisis económico y financiero, el grupo negociador consideró, a más de las reservas remanentes (2 millones), una producción adicional de 1 millón 113 mil 759 barriles, que se obtendría con la perforación del pozo exploratorio. En total, las reservas con las que se definió el modelo económico fueron de 3 millones 015 mil 446 barriles.

Pero, no había razón para perforar un pozo exploratorio porque el estudio de 2009 elaborado por Geotech, ya había determinado la existencia de reservas de 20 millones de barriles. La figura del pozo exploratorio solo fue otro comodín utilizado para introducir un supuesto riesgo y mejorar la tarifa para la compañía, como en efecto sucedió.

Las autoridades y la compañía sabían que, si el pozo exploratorio resultaba exitoso y se confirmaba la existencia de nuevas reservas, debía suscribirse un contrato modificatorio incluyendo una tarifa adicional, que con seguridad iba a ser inferior a la establecida en el contrato original. En esas condiciones perforar el pozo era pegarse un tiro en el pie.

Pocos meses después de asumir la operación y tras realizar mínimas inversiones con el reacondicionamiento del pozo Singue 1 ($900 mil), y la perforación de dos pozos de desarrollo, se alcanzó una producción de 2000 barriles diarios en 2013, para 2014 subió a 5000 barriles y el año 2015 se disparó a 7000.

El alto volumen de extracción cuestionaba los parámetros técnicos y económicos establecidos anteriormente. Milagrosamente, aumentaron las reservas en cerca de 18 millones de barriles adicionales, sin que la contratista haya invertido un centavo en exploración.

Ese milagro, léase eficiencia de Gente Oil, se explica con una expresión: ocultamiento de información.

MANIPULACIÓN DE TIR PERJUDICÓ EN $61 MILLONES 

Para justificar la firma de un aparente contrato de exploración y explotación, el consorcio DGC incluyó la perforación del pozo exploratorio por un costo de $7,9 millones. Era justamente la exploración, es decir el supuesto riesgo que asumía la contratista, el elemento que presionó por una tarifa más alta. Las inversiones propuestas a esa fecha fueron de $27.849.000, este rubro incluyó la inversión del citado pozo.

Para la definición de la tarifa de 33,5 US$/Bl, se reconoció una rentabilidad del 19,2%, la cual estaba condicionada justamente al éxito del pozo exploratorio. Al no haberse perforado ese pozo, la rentabilidad del 19,2% debió ser revisada, algo que nunca se hizo, sin embargo el cálculo económico se realizó contando con 1.1 millones de barriles adicionales estimadas del pozo exploratorio.

Queda claro que al definir la tarifa se mezclaron los conceptos de Tasa Interna de Retorno (TIR) para el desarrollo de actividades sin riesgo exploratorio (15%), con las actividades con riesgo exploratorio (25%), con el único objeto de beneficiar a la contratista con un TIR del 19,2%.

De no haberse incluido la presunta inversión de $7.9 millones en exploración, el monto total de las inversiones debió ser de $19.922.000, una reducción del 28% del monto comprometido en el contrato.

Sin embargo, la comisión negociadora aceptó la inclusión de la producción adicional falsa de 1.113.759 barriles, de un pozo que nunca se perforó, lo que dio un total de 3.015.446 barriles a recuperarse en 20 años.

En el análisis económico y financiero realizado por el grupo negociador, se estableció que: “el mayor beneficio para el Estado se obtiene al realizarse el pozo exploratorio y ser este exitoso. El beneficio en este caso sería de 61 millones de dólares, cumpliéndose el objetivo de esta licitación”.

En consecuencia y al no haberse perforado el pozo exploratorio no se cumplió con el objeto del contrato y se causó un perjuicio económico para el Estado de 61 millones de dólares, solo en este componente.

Si la información contenida en los estudios de 2005 y 2009, hubiese sido considerada en la licitación y en la negociación contractual, los resultados serían radicalmente distintos. Al tratarse de 20 millones de barriles y no 2, se hubiesen presentado varias ofertas, no solo DGC, y la tarifa hubiese sido más conveniente para el Estado.

TARIFA ÚNICA Y ACUMULACIÓN

Según la cláusula 14.3 del contrato, la tarifa acordada para Singue fue de $33,50 por cada barril neto, producido y entregado al Estado. Estos valores serán los únicos pagos que efectuará la SH a la Contratista…”.

Se considera tarifa, al valor que el Estado paga a la contratista por cada barril de petróleo extraído. De acuerdo con el contrato, el país se reserva como “margen de soberanía” el 25% del ingreso bruto antes de cualquier distribución.

Del valor remanente después de descontar del ingreso bruto el 25%, se cubrirán los costos de transporte y comercialización. Una vez realizadas estas deducciones y cubiertos los tributos establecidos en la Ley, con el “ingreso disponible”, se pagará cada mes la tarifa.

De no alcanzarse a cubrir toda la tarifa cuando bajen los precios del petróleo, el contrato incluye una cláusula de “Acumulación”, la cual determina que, “el saldo faltante mensual se acumulará durante el mes o año Fiscal pertinente…”, es decir, la compañía no ha perdido esos recursos, deberá esperar que el precio del crudo se incremente para recuperarlos.

El modelo económico consideró un precio internacional del petróleo de 80 U$/BL (WTI). Si el precio del crudo llegaba a $50  o menos, el saldo faltante mensual se acumulará durante el mes o año fiscal pertinente.

En ningún caso el contrato establece que si el precio del crudo cae por debajo de los $50 el barril, el Estado no pagará a la contratista. El contrato de Singue no tiene tarifa variable, como afirman los representantes de Gente Oil, mantiene durante todo el período una sola tarifa de $33,50 por barril.

El único caso en que la contratista pierde el valor acumulado es si al término del contrato (20 años) el precio del barril de petróleo se mantiene por debajo del valor considerado para el cálculo de la tarifa.

Algunos contratos terminaban en el 2018 y el Estado ecuatoriano tenía la oportunidad de aplicar la cláusula de soberanía, es decir no pagar los valores acumulados (carry forward),  pero el gobierno anterior benefició a las contratistas extendiendo los plazos. Lo propio hizo el gobierno actual que extendió plazos de varios contratos que estaban por vencer. En el caso de Singue el contrato vence en 2032.

Entre 2013 y 2016, se extrajeron de Singue 6 millones de barriles. Gente Oil registró ingresos por $179,2 millones ($149.5 millones por pago efectivo de tarifa y $29,7 por acumulación, tarifa adeudada). Durante el mismo período, el Estado recibió $86.7 millones por concepto de margen de soberanía (25%), impuesto a la renta, leyes 10 – 40, costos de comercialización y transporte.

La compañía empezó a recibir ingresos inmediatos, semanas después de firmado el contrato (2013). Tras realizar un pequeño gasto de 900 mil dólares en el reacondicionamiento del pozo Sigue 1, cobró su primera factura. Desde entonces los ingresos de la Gente Oil fueron creciendo exponencialmente.

Entre los citados años, la empresa dirigida por Silvana Pastor ha cobrado facturas mensuales de entre 3 y 5.5 millones de dólares, lo que confirma un negocio sin riesgo, contrario a lo señalado por la compañía. Esta realidad cuestiona también las supuestas inversiones externas provenientes de los socios qataríes. Del mismo cuero salieron las correas.

Durante el mismo período, la contratista declaró inversiones por $120 millones. Revisados los rubros centrales se advierten costos inflados principalmente en perforación de pozos y otros servicios. Gente Oil contrata todo, desde catering hasta torres de perforación.

Gente Oil tiene un horizonte pintado de prosperidad, con más del 50% de reservas por explotar en 12 años adicionales de vida del contrato y con mínimas inversiones que realizar.

ABOGADO DE ODEBRECHT DEMANDA PENALMENTE A FERNANDO VILLAVICENCIO

El uso del sistema penal para acosar a la actividad periodística vuelve a cobrar vigencia. El blanco de un nuevo episodio de persecución, al estilo del correismo, es el periodista y fundador de este portal, Fernando Villavicencio, quien deberá presentarse a una audiencia de juzgamiento el 21 de julio de 2020, dentro de un proceso penal en el que no fue notificado en el plazo que establece la ley y que por lo tanto es nulo.

Es el abogado de la multinacional Odebrecht, Juan Falconí Puig, quien lo demanda por supuesta difamación y la jueza que ha seguido tramitando la causa, a pesar de que esta ha caducado, es Yadira Proaño, de la Unidad Judicial Penal de Quito.

Lo que motivó la demanda de Falconí Puig fue un reportaje, publicado el primero de agosto de 2019 en el portal Periodismo de Investigación, de coautoría de Fernando Villavicencio y Christian Zurita, titulado “EL RETORNO DE ODEBRECHT: CÓMO, QUIÉNES Y POR CUÁNTO NEGOCIARON”, y varios mensajes publicados por Villavicencio en la red social twitter.

En este trabajo se detalla cómo se pactó y construyó el acuerdo con el Gobierno de Rafael Correa para permitir el retorno de Odebrecht, dejándola exenta de sus responsabilidades civiles y penales, derivadas de varios incumplimientos contractuales.

Para ello se archivaron glosas por $80 millones y una demanda internacional de $250 millones por el crédito otorgado por el BNDES. La contrapartida para el Estado fue una indemnización de apenas $20 millones.

En la investigación periodística se revela que gran parte del lobby político, previo a la firma del Convenio, se habría manejado desde Odebrecht y desde el estudio jurídico de Juan Falconí Puig, abogado contratado por el conglomerado brasilero.

Esto se confirma con la serie de correos electrónicos intercambiados entre Falconí Puig; el ex vicepresidente, Jorge Glas; el ex secretario jurídico de la presidencia durante el correísmo, Alexis Mera; el ex procurador del Estado, Diego García; y el ejecutivo del Odebrecht, José C. Santos Filho.

Por sus servicios Falconí Puig, habría recibido $1,3 millones.

La reacción del abogado de Odebrecht a esta publicación fue una acción penal en contra de Villavicencio por supuesta difamación, figura que consta en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) como una contravención de 4ta clase.

Según esta norma, a partir del supuesto cometimiento del delito (1 de agosto de 2019 día de la publicación) el demandante tenía 3 meses para notificar a Villavicencio. El 2 de septiembre de 2019 Falconí Puig presentó la demanda (designada con el número 17294201901337) ante la jueza Yadira Proaño, de la Unidad Judicial Penal de Quito; el 25 de ese mismo mes la jueza convocó a audiencia de juzgamiento para el 21 de noviembre, pero Villavicencio no había sido notificado.

Al no concretarse este trámite al demandado, el 8 de enero de 2020 la jueza señala que si la causa prescribe no será responsabilidad de los operadores de justicia, pues debe tomarse en cuenta el plazo que existe para la sustanciación de la causa.

A partir de esa observación Falconí pidió que se notifique a Villavicencio mediante su cuenta de twitter y una cuenta de correo electrónico.

En un video difundido por redes sociales Falconí Puig ha destacado que el 23 de enero pasado se notificó a Villavicencio, es decir cuando ya pasó el plazo previsto en el COIP.

No es sino hasta este 9 de julio en que Fernando Villavicencio conoció que tiene un juicio en su contra. Tras publicar en su cuenta de twitter que Juan Falconí Puig tiene carné de discapacidad este respondió que se enfrentarán en los tribunales. Y a día seguido el ex presidente Rafael Correa hizo mención al juicio, respaldando a Falconí Puig.

Al verificar en la página web de la función judicial que la audiencia de juzgamiento de la demanda interpuesta por Falconí Puig ha sido fijada para este 13 de julio, Villavicencio solicitó a la jueza Proaño su diferimiento para preparar su defensa, así una copia de la demanda para conocer los detalles del proceso. La nueva fecha para la audiencia es el 21 de julio.

“Soy el más interesado en defenderme”, dijo el periodista, quien observó también que “luego de que Correa calificara de mafiosa a Odebrecht y cuestionara por qué la Fiscalía no demanda a esta empresa, ahora salga a respaldar al abogado de esa empresa mafiosa por haberme demandado”.

Hay que recordar que Falconí Puig, asesoró al gobierno de Correa en la incautación de los bienes del grupo Isaías y fue embajador en Reino Unido, durante el correato.

En un escrito presentado por Villavicencio ante la jueza Proaño anunció que presentará una serie de pruebas que requerirán de varias pericias, las cuales dejarán en evidencia lo que se expone en la investigación periodística titulada “EL RETORNO DE ODEBRECHT: CÓMO, QUIÉNES Y POR CUÁNTO NEGOCIARON”.

Para ello pidió que comparezcan a la audiencia: Jorge Glas Espinel, Alexis Mera Giler, Ciro Moran Maridueña, Sergio Ruiz Giraldo, José Conceicao Dos Santos Filho, y el periodista y coautor del reportaje mencionado, Christian Zurita Ron, con el fin de receptar sus testimonios.

El experto penalista, Ramiro García, considera que este accionar de la justicia constituye una forma de criminalización de la actividad periodística, “es volver a lo que se vivió en 10 años de persecución correísta, pues se está utilizando el sistema penal para aspectos que están expresamente proscritos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos mediante varias resoluciones”.

Lo de fondo es que los operadores judiciales están actuando en contravía a lo resuelto por el organismo internacional de derechos humanos en materia de respeto a la libertad de expresión, opinó García.

Villavicencio agrega que es impresentable y vergonzoso para la justicia ecuatoriana que Odebrecht no tenga un solo juicio por parte del Estado ecuatoriano por una serie de delitos de sobreprecios y sobornos y sea más bien esta empresa, a través de su abogado, la que demanda a uno de los periodistas que ha develado los mayores escándalos de corrupción de Odebrecht, siendo el principal el caso ‘Arroz verde’ donde se confirma por parte de la propia versión del cooperador eficaz, José Santos Filho, que Odebrecht entregó $5,5 millones para la campaña electoral de Rafael Correa.  

“Aquí hay una suerte de confabulación de la justicia con Odebrecht y sus abogados para atacar al periodismo”, cuestionó.

El periodista anunció que elevará una denuncia ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la Relatoría de Libertad de Expresión de las Naciones Unidas para que se observe el comportamiento de la justicia de Ecuador en este caso, pues se está vulnerando el derecho del periodismo a investigar hechos de corrupción.

REPORTES DE CAMPAÑA RATIFICAN IRREGULARIDADES EN ARROZ MORENO

El informe Lucas Majano que este portal publicó hace un año y que detalló el financiamiento ilegal de la campaña electoral que llevó a la presidencia a Lenín Moreno y Jorge Glas en 2017, tiene una extensión llamada “Arroz Moreno”, denunciada por La Posta, que corresponde al financiamiento irregular de la consulta popular que el actual presidente promovió en 2018. Periodismo de Investigación accedió a los gastos auditados de la campaña por el SI que el Movimiento Alianza PAIS presentó al Consejo Nacional Electoral y descubrió irregularidades que no investigó el organismo electoral.

El 21 de mayo de 2018 el Movimiento Alianza PAIS presentó al CNE las cuentas consolidadas de la campaña electoral de la Consulta Popular de febrero de 2018. El informe de cuentas fue entregado por Patricio Beltrán Vinueza y Verónica Castro Maya que fueron protagonistas del irregular financiamiento de la campaña presidencial de 2017.

Patricio Beltrán figuró como uno de los coordinadores que recaudaron dinero para la campaña del binomio Moreno-Glas y Verónica Castro, que era funcionaria de la prefectura de Pichincha, fue supervisora de ese proceso.

El reporte dice que que PAIS financió $194,071.93 en efectivo y otros $413,000.00 adicionales en donaciones de bienes y servicios, un total de $607,071.93.

Al hacer una revisión de los 64 contribuyentes a la campaña se desprende que 29 de ellos no contaban con capacidad económica para respaldar sus aportes. Se identificó además que siete aportantes, luego de los comicios, recibieron cargos públicos y contratos con el Estado.

Al igual que en el Informe Majano (que identificó aportes del Gobierno provincial de Los Ríos a la campaña de Lenín por $350.000) la prefectura de esa provincia, con Marco Troya a la cabeza, fue determinante en la campaña por el SI: 12 aportantes trabajaron en esa prefectura y contribuyeron, cada uno, con montos de $10.000 en promedio.

Los sueldos recibidos por esos funcionarios no guardan relación con los aportes de campaña.

Por ejemplo: Karem Jassenia Varas Mora asistente en la prefectura de Los Ríos con sueldo de $700,00 ($8.400,00 al año) aportó $10.000,00.

Del número total de aportantes sobresalen siete que recibieron retribuciones como contratos y cargos públicos.

Por ejemplo:  José Napoleón Pasquel Pasquel, luego de aportar electoral por un total de USD 30.000,00 es nombrado en marzo del año 2018 gerente financiero de la empresa Fabrec EP. El gerente financiero es la máxima autoridad dentro de un proceso de compras públicas.

César Alexis Recalde Pasquel realizó una contribución de $28.000,00, es accionista de la compañía Herands C.L.; otro de los accionistas de esa compañía es Herley Andrés Sánchez Valencia.

Sánchez Valencia es además accionista de otra compañía denominada Constructora Sierra Centro Construsierra S.A.  A esta constructora también pertenece Segundo Mauricio Valverde López, que realizó una aportación a la campaña electoral por un monto de $15.000,00 es decir totalizaron dos aportaciones de $43.000,00.

Carlos Miguel Vaca Viteri contribuyó con $22.000,00 es accionista de la compañía Biolegal Consultores Cia.Ltda. Otro accionista de esa compañía es Rodrigo Francisco Borja Román quién también realizó una aportación por $18.000,00.

Borja Román fue proveedor del estado, el 26 de octubre de 2017 se le adjudicó un contrato que debió cumplir hasta el 3 de febrero de 2018. Seis días más tarde el 9 de febrero de 2018 se registró su primera aportación a la campaña por $10.000,00.

En noviembre del año 2019 fue nombrado director de Planificación de la Secretaría Técnica Planifica Ecuador.

Marx Engels Alarcón Coello que aportó $10.000 fue nombrado Director Ejecutivo del Consejo de Seguridad Ciudadana del Cantón Baba. Algo similar sucedió con Pedro Eduardo Lino Solórzano que aportó el mismo valor y en 2019 fue nombrado coordinador de fiscalización y administrador de Obras del Municipio de Baba.

En los documentos reportados al CNE por Alianza PAIS aparecen además cuatro facturas del Raúl Lionel Ernst Edwards que según el Servicio de Rentas Internas no eran válidas para su emisión.

Ernst es un viejo conocido del estado de propaganda correísta. Gerenció la empresa Medaglia que recibió cuantiosos contratos, entre ellos los que implementaron los troll center que hostigaron a opositores en redes sociales.

De igual manera se encontraron otras cuatro facturas del proveedor Enrique Xavier Reina Benítez que no cuentan con los datos que permitan visualizar la validez de los documentos. El uso de esos instrumentos hacen pensar se intentó justificar las aportaciones con facturas irreales o compra de facturas que conllevan a una alteración de la documentación, tal como sucedió en Arroz Verde y el Informe Majano.

La liquidación de fondos de campaña electoral, los comprobantes de recepción de contribuciones y aportes, comprobantes de ingreso y los comprobantes de egreso, reportados por la organización política no se encuentran en el formato establecido por el Consejo Nacional Electoral.

VACIARON LA CUENTA DEL HOSPITAL DE PEDERNALES

Al mejor estilo de Arroz Verde, en menos de 20 días, vaciaron la cuenta de la empresa contratista del hospital de Pedernales, Manabí. El 3 de marzo de 2020, el Gobierno entregó $8.2 millones de adelanto al Consorcio Pedernales, pero a la fecha solo queda un saldo de $892.221,30 dólares en la cuenta de BanEcuador. Una avalancha de retiros de dinero dejó prácticamente vacía la cuenta. Se llevaron un equivalente a medio hospital, mientras afuera solo queda un terreno con alguna maquinaria.

Nuestro medio tuvo acceso al movimiento bancario de la cuenta No 30014XXXX del Consorcio Pedernales Manabí, en BanEcuador. Entre marzo y abril de 2020, se realizaron débitos y retiros por $7 millones 645 mil 193 dólares. A la presente fecha el saldo en la referida cuenta es de $892.221,30.

La adjudicación del contrato se dio el pasado 21 de febrero, entonces se había protocolizado el contrato para la construcción del Hospital de Pedernales, con capacidad de 30 camas entre el Consorcio Pedernales Manabí con el  Servicio de Contratación de Obras (Secob) por $16.429.512,51 por un plazo de 360 días.

Lo firmaron el subdirector general del Secob José Eduardo Jalil Ponce con el representante de los constructores, José Leonardo Veliz Santos.

Hasta el momento ninguna autoridad del Servicio de Contratación de Obras (Secob) ha explicado públicamente cómo ese consorcio utilizó el dinero y si existen pagos a proveedores y subcontratistas para que continúen los trabajos.  El noticiario Televistazo emitió la noche del 22 de mayo un informe sobre los avances en la obra del hospital y evidenció que apenas se encuentra en movimiento de tierras.

Lo único cierto es que debía ser terminada en 360 días, hasta el momento solo ha transcurrido el 21% del tiempo total de trabajos, pero ya se han gastado casi el 50% del anticipo que fue $8,214,756.26.

El 14 de mayo de 2020, la Fiscalía General del Estado allanó varias propiedades en Pedernales, Calceta, Portoviejo y otras ciudades de la provincia de Manabí. En los operativos se incautaron armas de fuego, sellos de varias instituciones públicas, maletas con dinero en efectivo y cheques por una cifra superior a $1.6 millones de dólares.

Además fueron apresados 9 ciudadanos entre los que figuran Jean Carlos Benavides, asesor del asambleísta oficialista por Manabí, Daniel Mendoza, uno de los representantes del Consorcio Pedernales, entre otros implicados. Desde entonces se desconoce el paradero de Daniel Mendoza.

Una investigación periodística realizada por Periodismo de Investigación y La Historia, hace varios meses reveló la entrega de los hospitales del país, es particular de Manabí a varios asambleístas, entre ellos Mendoza, como parte de acuerdos políticos con el gobierno.

Nuestro medio conoce que uno de los facilitadores de esos pactos fue el exconsejero presidencial, Santiago Cuesta Caputi, quien salió del gobierno hace poco, pero sigue con poder en la llamada mesa chica.

Cuatro años de espera y un hospital que no llega

En mayo del 2016, días después del terremoto que devastó la provincia de Manabí, el Ministerio de Salud Pública, notificó la construcción del hospital de Pedernales. El anunció quedó en eso hasta catorce meses después (septiembre de 2017), cuando se emitió el permiso para la construcción de un hospital de 30 camas. Pero, se tuvo que esperar otros diecisiete meses (febrero de 2019) para que se entreguen los estudios definitivos.

Finalmente, con informes INF_ESP_2019-STE-DNCP-218219 y 222, de 16 y 17 de octubre de 2019,  luego de ocho meses de retraso, se emitió el presupuesto referencial y el estudio de mercado para la construcción del referido hospital por un monto referencial de $ 16.450.302.93, con un plazo de 360 días.

El 24 de octubre se designó a los miembros de la comisión técnica y la licitación fue publicada el día 28 de octubre de 2019, en el portal de compras públicas.

El 25 de noviembre de 2019, se recibieron 22 ofertas y para el 11 de diciembre del mismo año, Jenniffer Cobeña Moreira, presidenta de la comisión de licitación recomendó “la  adjudicación del proceso Nro. LICO-SECOB-004-2019 “CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL BÁSICO DE PEDERNALES 30 CAMAS”, al  CONSORCIO PEDERNALES MANABI con RUC Nro. 1308531274001, por un valor ofertado de USD 16’429.512,519…”. El 16 de diciembre de 2019 se adjudicó la obra y el 13 de febrero de 2020 se firmó el contrato.

El consorcio constructor y el Servicio de Contratación de Obras firmaron el 3 de marzo el contrato para la construcción el Hospital y recibieron $8,214,756.26, es decir el 50% del anticipo de la obra, sin ninguna retención impositiva. Para ese día la cuenta bancaria del consorcio contaba con un sado de $8,215,723.50. Al 31 de marzo el saldo en la cuenta bancaria del consorcio Pedernales Manabí era de $6.620.590,65. Al 30 de abril la cuenta de ese mismo consorcio era de apenas $1.024.602,76. Al 19 de mayo ese corte era $892.221,30.

En el expediente fiscal se incorporan versiones de los detenidos y conversaciones encontradas en varios dispositivos electrónicos, en las que se señalan que el dinero y cheques encontrados tenían como destino Daniel Mendoza. Además, se describen posibles rutas del dinero en prósperos negocios de camarón, entre otros.

Interceptaciones telefónicas, realizadas por las autoridades de justicia, y relatadas en informes policiales, dan cuenta que el chofer José Santos y Victoria Banquero mantuvieron una conversación el 23 de abril en la que se dijo: “…esos cheques son del contrato que está en Pedernales pero hay que pasar viendo por Portoviejo y luego tiene que pasar dejando en un sobre manila a Daniel Mendoza en Bahía”.

SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN DE LA PRESIDENCIA EN LA PICOTA

En un duro comunicado al presidente Lenín Moreno la Fiscal General de la Nación le ha dicho que la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia no tiene ninguna utilidad, que entorpece las investigaciones fiscales, que puede alertar a los investigados por actos de corrupción y que esa dependencia presidencial representa un gasto innecesario para las arcas del Estado.

La carta, que posee la firma electrónica de la fiscal Diana Salazar, se entregó este 6 de mayo en el despacho del presidente y evidencia lo que todo el país sabía: la Secretaría Anticorrupción es una instancia de ineficiencia y gasto excesivo que aúpa la corrupción.

El comunicado expresa que las actividades investigativas de la fiscalía “se han visto afectadas en varias ocasiones por la información o requerimientos que se efectúan desde la Secretaría Nacional Anticorrupción a los diferentes fiscales que se encuentran a cargo de las investigaciones, así como también por la información que se publica diariamente en redes sociales, sin ser sujetos procesales”.

Dice que ese “accionar causa preocupación, por cuanto, lejos de coadyuvar con la investigación penal alerta a los sospechosos o investigados y eleva el riesgo de fuga con la evidente destrucción de evidencia, siendo necesario salvaguardar la investigación, tanto más, que el propio Código Orgánico Integral Penal en el artículo 584, determina la reserva de la investigación a excepción de los sujetos procesales”.

Le dice además al presidente Moreno que es la Constitución la que establece qué órganos son los que poseen la atribución o la potestad de administrar justicia, en clara alusión de que las acciones de esa entidad de la Presidencia está fuera de la ley.

La carta describe los principios legales que amparan a la FGE en su trabajo: “Como se evidencia en las normas citadas, el marco constitucional y legal que rige la convivencia social en el Ecuador otorga, de forma extremadamente clara, las atribuciones de perseguir delitos mediante el ejercicio de la acción pública penal a la Fiscalía General del Estado, como organismo autónomo de la Función Judicial”.

Aclara que las competencias de la FGE son indelegables y que no puede mediar injerencias de ningún otro ente público estatal.

Agrega que la presencia de esa secretaría puede provocar una relación de dependencia de los fiscales respecto de otros órganos. “Puede tener un impacto sobre su actuación independiente, tanto en la efectividad e impulso de la investigación, así como en las implicaciones que tenga en el debido proceso”.

LA MÁS GOLPEADA DEL MUNDO: ¿POR QUÉ GUAYAQUIL?

El coronavirus agarró a la ciudad con las defensas bajas y fue la víctima más fácil de la enfermedad en todo el mundo, de acuerdo al incremento porcentual de sus muertos. Por delante de Nueva York, Madrid, Milan y Wuhan. Fue un coctel explosivo de factores: migración, dengue, corrupción, política… todo lo que tenía que pasar, pasó en Guayaquil y los efectos fueron devastadores. Entre marzo y abril son más de 10.000 fallecidos. Esta verdad terrible y brutal que nosotros la sentíamos, la sabíamos, para el poder era fake news.

El 4 de abril cayó sábado. Era el día 19 de la cuarentena declarada en Ecuador y esa semana en particular tenía señales claras de que la tragedia estaba golpeando con fuerza los hogares de los guayaquileños. Eran los días en que, al hacer las filas para entrar a los supermercados, la conversación que se escuchaba entre amigos era respecto a los fallecidos conocidos que cayeron por el Covid19 en las últimas horas.

-Anoche murió José. Era un hombre joven, no tenía más de 45.

-Y también el suegro de mi hija. Fue fulminante.

¿Te enteraste lo de la pobre Esther? Con voz alta ponía al tanto de otra desgracia, una mujer por teléfono ubicada más adelante.

En torno a eso giraban los diálogos en Guayaquil. En enterarse de quien había fallecido. Las causas nadie preguntaba, porque ya se suponían. El coronavirus estaba dando sus golpes más fuertes. Y eso se sentía por esos días en las calles, en donde las personas no contestaban preguntas de extraños y muchos ya preferían el silencio. Cosa bastante rara en una ciudad acostumbrada a los gritos, al hablar fuerte y claro casi como un signo de la raza guayaca.

La mayor tragedia en 500 años.

Ese 4 de abril ha quedado marcado como el día récord de la muerte en toda la historia de Guayaquil y la provincia del Guayas, porque 677 personas no pudieron más con la enfermedad. De estos, más de 600 únicamente en Guayaquil.

No existen registros de una tragedia de igual magnitud en los casi 500 años que lleva la ciudad llamándose Guayaquil. Ni los incendios, ni los piratas, ni las epidemias del siglo XVII y XVIII, trajeron tanta muerte junta en apenas 24 horas.

Pero la fecha solo es un detalle para el registro porque la realidad en conjunto se multiplicó hasta llegar al 30 de abril a una cifra que suena irreal: más de 10.000 padres, madres, hijos, hermanos, ricos y pobres, gerentes y obreros, trabajadores y desempleados, o sencillamente hombres y mujeres que todavía tenían una vida por delante, 10.000 de ellos murieron en los meses de marzo y abril de este año 2020 como el efecto mortal de la pandemia del coronavirus en esta zona bautizada sin acta como el Gran Guayaquil y que incluye a Durán, Daule y Samborondón, eternos vecinos y ahora hermanos en el dolor.

La cifra es la más alta que se pueda encontrar en los archivos, pero es estrictamente apegada a la realidad de las inscripciones de defunciones que trae el Registro Civil del Ecuador. Y estremece más cuando se compara con Wuhan, la cuna de la epidemia en China, que registra 3869 fallecimientos por Covid-19 hasta la fecha.

O con Brasil, que, con 210 millones de habitantes, hasta fines de abril contó 5901 muertos, siendo Sao Paulo la ciudad más afectada. Inclusive con Nueva York, que teniendo más muertos, su incremento de mortalidad es del 341% frente al 485% que registra Guayas, incluida Guayaquil, ubicándose con esa cifra como la urbe más golpeada por el coronavirus en el mundo. Hasta ahora y tomando como base las estadísticas de marzo y abril.

La pregunta es: ¿Por qué Guayaquil? Y la respuesta es por una serie de factores.

Los retornados

La migración nos jugó en contra. Y la casualidad hizo que justo en un mes de vacaciones para toda la Costa, febrero, el virus aterrizó en el país adentro de los cuerpos de algunos de los miles de viajeros que arribaron por el aeropuerto José Joaquín de Olmedo. Y no fue precisamente el 14 de febrero, con la tantas veces mencionada y publicada en redes Paciente Cero, la señora migrante de Babahoyo que llegó de España y tuvo las típicas recepciones sociales de bienvenida, como es la costumbre. Pero la Paciente Cero no fue la responsable de la expansión del virus en Guayaquil.

Luis Sarrazín, ex ministro de Salud y parte del equipo de expertos conformado por el municipio de Guayaquil tiene una certeza: el brote de coronavirus en Guayaquil se originó en Samborondón.

Y lo explica en que muchos de sus habitantes de clase alta y media alta, habían regresado de sus vacaciones en Europa y Estados Unidos. Algunos de ellos, contagiados. Luego participaron en eventos sociales y otras actividades en donde diseminaron el virus, tanto entre invitados como entre empleados. “Debido al desorden completo de sus habitantes se diseminó la pandemia de una forma rápida”, dijo Sarrazín.

Esto lo confirma el gobernador del Guayas, Pedro Duart, quien indicó que muchos ciudadanos de Samborondón “continuaron haciendo lo que les daba la gana y no acataron las medidas cuando ya fue decretada la pandemia”.

Y es que la entrada del coronavirus por el aeropuerto Olmedo fue libre. Tanto, que los infaltables bromistas de las redes hicieron un meme del solitario empleado sanitario a quien el Ministerio de Salud le puso una escuálida mesa de control a la salida del aeropuerto.

“Nos fallaste flaco”, decía el chiste. Gracioso y todo, la imagen era un reflejo de la precariedad del cerco epidemiológico que se intentaba aplicar esos días con un flujo intenso de viajeros retornados. Casi nada.

El dichoso control epidemiológico resultó un espejismo, dice el periodista Cristian Zurita. “Mientras funcionarios armaban un discurso técnico sobre el cerco que rodeaba a la paciente cero, a Guayaquil entraban centenas de personas de todas las latitudes del mundo”.

En realidad, miles, según el matemático Fernando Sandoya quien maneja la cifra de 24.249 personas que arribaron al país desde España, Italia y de Estados Unidos solo en la primera quincena de febrero. La mayoría, 18.135, desde Estados Unidos. “Los viajeros diseminaron el mal, mientras las autoridades vigilaban su propia burbuja”, resume Zurita.

Algo que complementa el médico salubrista Esteban Ortiz. “Con la llegada de los migrantes, eso implicaba una reunión social, la bienvenida. Eso es una tradición”, lo que propagó a una velocidad inusitada el virus y determinó que en apenas quince días o tres semanas el nivel de contagio haya llegado a picos no calculados por nadie.

Y eso explicaría, por ejemplo, el bajísimo nivel de la enfermedad que sufre Venezuela, para sorpresa de todos. “Venezuela ya estaba bloqueado, con sus vuelos reducidos, líneas aéreas que ya no llegaban y un turismo casi en cero. Les benefició que el flujo migratorio estaba prácticamente detenido”, explica el matemático Fernando Sandoya.

El dengue. Un virus nuevo cayó en tierra con un virus viejo

La primera noticia al respecto al dengue nos llegó desde Londres, en una publicación de la BBC: «La pandemia de covid-19 llega a América Latina cuando otras epidemias y brotes que han azotado a la región por generaciones siguen estando allí», dijo a BBC Mundo la doctora Josefina Coloma, investigadora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de California, Berkeley, y miembro del comité asesor de la OPS.

«Este es el problema de la llamada ‘doble carga’ de dos enfermedades, como dengue y covid-19, que se pueden dar al mismo tiempo, en las mismas personas y en los mismos lugares». Y eso es lo que podría estar ocurriendo en Guayaquil, dice la investigadora.

«No tenemos datos específicos, pero pensamos que tiene que ver con esta doble carga», analiza. «Si ves las tablas epidemiológicas que publica Ecuador, la curva de dengue era muy alta (a principios de año) y de pronto en marzo, cuando empezó el covid-19, (el dengue) bajó a cero. Y no es que haya bajado a cero, sino que el sistema de salud se satura y nadie está realmente siguiendo específicamente los casos de dengue”.

La hipotésis del dengue no es respaldada por no encontrar bases que la sustenten por parte del salubrista Esteban Ortiz, pero sí por el epidemiológo Marco Fornasisi, que encuentra en la suma del dengue y el Covid una “posibilidad muy alta” que explique el alto nivel de mortalidad que explotó en Guayaquil. “Es difícil establecerlo a ciencia cierta, porque no se están haciendo los análisis a los cuerpos de los fallecidos, pero tiene sentido”, nos dice Fornasini.

El 19 de marzo, diario Expreso publicaba que en comparación al 2019, los primeros meses del 2020 trajeron un incremento de casos de dengue del 1000%. Y un año atrás, en marzo de 2019, en La Historia reportábamos la protesta por su despido de 300 trabajadores del Ministerio de Salud que precisamente realizaban fumigaciones para evitar los criaderos de mosquitos. Toda acción trae una consecuencia.

La política y la corrupción

Para el 22 de marzo, los hospitales y las clínicas privadas de Guayaquil ya estaban colapsadas y sin posibilidad alguna de recibir ni un paciente más. Todo estaba lleno y las Emergencias se repletaban con personas que no podían respirar. Habían pasado apenas seis días desde que en la noche del 16 de marzo, el presidente Lenin Moreno anunció el Estado de Excepción, el cierre de fronteras y la suspensión de las jornadas laborales, comenzando oficialmente la cuarentena.

¿Por qué en menos de una semana el sistema de Salud de Guayaquil ya no pudo más? ¿Pudo haber estado mejor preparado el sistema hospitalario? ¿Se pudieron evitar muchas de las muertes que se dieron dentro de las casas de los enfermos, porque no fueron recibidos en ninguna casa de Salud?

Las respuestas que tenemos es que sí era posible hacer mucho mejor las cosas. Y estaba en las manos de las autoridades del gobierno realizarlo.

El coronavirus golpeó más en Guayaquil porque la ciudad ya era víctima, desde años atrás, de otro virus invisible: la corrupción. Tanto era así que apenas un mes antes que ataque la pandemia, el 19 de febrero, el Contralor Pablo Celi declaraba que los hospitales Teodoro Maldonado, Los Ceibos y Guasmo Sur entraban a una vigilancia especial por las irregularidades y malversación de recursos que se cometían en sus contrataciones. Justamente estos tres hospitales fueron los designados por el gobierno para recibir a los enfermos de Covid-19 en esta emergencia y son estos tres hospitales en donde más han fallecido las víctimas del Coronavirus en Guayaquil.

Fue en el Teodoro Maldonado en donde se grabaron videos macabros con cadáveres en fundas negras amontonados en el piso; fue en el hospital del Guasmo en donde se denunció que para encontrar el cuerpo de un fallecido, sus familiares tenían que pagar hasta USD 100 a un “gestor”; fue en el hospital de Los Ceibos en donde a un periodista que agonizaba le robaron su billetera, celular y reloj y hasta después de haber muerto, seguían sacando dinero de su cuenta con la tarjeta de débito que le habían sustraído.

Con los antecedentes que traían estos hospitales, lo que ha pasado durante la pandemia parece una secuela del modus operandi de la corrupción que ya mandaba en su interior.

¿Por qué los hospitales cayeron en administraciones corruptas? Sobre el tema hubo varias denuncias que publicamos en sendos reportajes en La Historia y Periodismo de Investigación.

El primero fue “El hospital desahuciado por la corrupción”, refiriéndonos justamente al hospital del IESS Teodoro Maldonado, publicado el 30 de octubre de 2019:

Después siguió, el 19 de diciembre de 2019, el reportaje “Arroz Verde en la Salud: El reparto de hospitales”, en donde aparecían los nombres de Asambleístas de Manabí y Santo Domingo involucrados en el manejo político de las casas de Salud.

La última parte se subió este año, el 20 de enero, https://periodismodeinvestigacion.com/2020/01/20/la-tragedia-de-los-rios/

Y las publicaciones se quedaron cortas. Luego llegó información de que el mismo sistema de reparto se ejecutó en Guayas, El Oro, Chimborazo y otras provincias.

El gobierno de Lenin Moreno no acepta haber ejecutado ningún reparto. La ministra María Paula Romo nos dijo que “el gobierno no ha repartido ni hospitales ni ninguna otra instancia de gestión. No es la manera en que funcionamos”. Por esos días también se hizo pública una grabación de audio en la que el tío de Romo, Andrés Romo, habla con la gerente del hospital de Tulcán, sobre la adjudicación de contratos. Luego, la misma Gerente llamó a la ministra Romo para informarle de la novedad de la injerencia de su tío.

“El señor Romo no tiene ninguna responsabilidad ni cargo en el gobierno, por lo que no tiene injerencia alguna en las designaciones. Si tiene alguna relación con la señora con la que habla al teléfono, habría que preguntárselo a él”, dijo la ministra a La Historia y Periodismo de Investigación.

El 15 de enero habló Paúl Granda, entonces presidente del directorio del IESS:

“No vamos a permitir que los hospitales sean cuota política de nadie”, declaró.

“Si es que existe un manejo político o un manejo interesado para beneficiarse de uno de nuestros hospitales para adquirir medicamentos a la voz del Carnaval, no lo vamos a permitir. Vamos a proteger hasta el último centavo de los afiliados”, dijo en ese momento Granda, quien tres meses después dejó el cargo en medio de un escándalo por la compra en el IESS con sobreprecios de hasta el 300% de mascarillas N95 en medio de la emergencia por el Coronavirus.

El jefe de Gabinete, Juan Sebastián Roldán, también se refirió al tema del reparto de hospitales el pasado 18 de febrero. Ni lo confirmó ni lo desmintió. “Que yo conozca, no hay reparto. Y si se demuestra, las personas tendrán que responder dentro y fuera del gobierno”.

Pero ese mismo día dijo algo determinante: “Sí hay dinero para medicinas. El problema es que o se va en corrupción o en mala administración”.

Una de las dificultades y freno para el desarrollo que sufre el país es la impunidad que sigue siendo la marca principal del sistema de justicia. Roldán dijo que “si se demuestra” el reparto, alguien tendrá que responder.

El problema es que nadie ha investigado el hecho o se ha tomado el trabajo de tratar de demostrarlo, ni siquiera la Fiscalía a la que han llegado denuncias por parte de la Comisión Anticorrupción. Esa es una queja del ex Coordinador de dicha Comisión, Jorge Rodríguez.

“Lo malo es que hasta la presente fecha, la Fiscalía sigue con la denuncia guardada que hizo la Comisión Anticorrupción en junio del año pasado y no hay un solo proceso que avance para meter presos a los que están metidos en esto y son políticos que desde la Asamblea y desde afuera apoyan a este gobierno”, dijo Rodríguez.

La Fiscal General Diana Salazar, implacable y diligente en el caso #ArrozVerde/Sobornos, en el que ya existe sentencia, no tiene hasta ahora ningún resultado concreto para enseñar del reparto político de hospitales.

Tampoco aceptó hablar con La Historia y Periodismo de Investigación al respecto. Quien sí habló fue una autoridad del gobierno que, a cambio de mantener su nombre en reserva, confirmó que lo del reparto era un hecho cierto, dando detalles y más nombres de involucrados.

Tanta notoriedad ganó el tema que hasta Rafael Correa tuiteó el pasado 23 de abril: “Ahora prioridad es salvar vidas, pero jamás olvidar: Convirtieron sistema de salud en BOTÍN POLÍTICO. Manabí ha tenido en último semestre 5 coordinadores de Salud, respondiendo a cuotas políticas”.

Un público lavado de manos que es rechazado por Julio Villacreses, de la Comisión Anticorrupción de Manabí: “Este es el campeón de los cínicos porque el sistema del reparto como un botín comenzó en su gobierno, él lo instauró y lo continuó Moreno.

Todos los asambleístas a los que se repartieron hospitales, fueron correístas, luego morenistas y ahora ya ni se sabe”.

¿Qué tanto daño ha hecho la corrupción en las circunstancias actuales de emergencia? Jorge Rodríguez lo pone sencillo: “El IESS invierte al año USD 500 millones en medicinas y de eso se roban por lo menos USD 200 millones en sobreprecios. ¿Usted sabe cuántos respiradores pudieron comprarse con ese dinero? ¿Tenemos una idea de cuántas camas más para Cuidados Intensivos pudieron sumarse con esa cifra? La corrupción también mata porque con toda seguridad si no se hubiesen robado esa plata, mucha gente que falleció sin ser atendida estaría hoy viva”.

El problema es que todo nace desde las cabezas del poder, advierte el legislador no querido de CREO, Roberto Gómez, una voz solitaria que denuncia el reparto de la Salud como botín político entre sus colegas.

“¿Quién pone a la ministra Romo? ¿Quién designa a la ministra Andramuño? El presidente Moreno, el mismo que termina felicitando a Paúl Granda por su trabajo en el IESS, cuando este se va en medio de un escándalo de corrupción por la compra de mascarillas”.

No solo actores de la política apuntan a la corrupción como un factor determinante para lo mal que lo hemos pasado. El epidemiólogo Marco Fornasini también tiene una “muy mala impresión del Ministerio de Salud. Creo que es un nido de corrupción tremendo”.

Cómo se manejarían las cosas en ese Ministerio, que el ex asesor presidencial Santiago Cuesta reconoció muy suelto de huesos que él había puesto a la ministra de Salud  Catalina Andramuño y que Jhony (Juan Rodríguez Malo), yerno del presidente Lenín Moreno, incidía en el sistema de salud.

La primera cabeza que rodó por el desastre en el manejo de la crisis, fue justamente la de Andramuño. De los trasfondos de la designación de Andramuño no dio detalles Cuesta. Eso no impide que personas entiendan la situación.

La directora de Televisión Catrina Tala lo observa así: “Ningún país estuvo preparado para enfrentar esta pandemia. Ninguno. Pero eso no justifica la precariedad de nuestro sistema de salud, que hace años fue entregado a mafias y sigue en manos de ellas. Se han rifado los hospitales y los responsables siguen fuera. Impunidad total”.

Exceso de confianza

Quien lo declaró a un noticiero internacional a manera de confesión de un pecado venial fue el prefecto del Guayas, Carlos Morales: “Nos confiamos”. A principios de marzo, a nadie se le cruzaba por la mente que Guayaquil sería dos semanas después un protagonista mundial de noticias decadentes. Y es que febrero fue un mes especial, lleno de regresos de viajeros, vacaciones y fiestas de los graduados de los colegios, en grandes salones de 500 o hasta más invitados.

Tan normal era todo que las fiestas de Carnaval de este año, que empezaron el 22 de febrero y continuaron el 23 y 24, tuvieron un gasto elevado -más de USD 3 millones- por parte de municipios en todo el país, para la contratación de artistas que se presentaron al aire libre en grandes espacios, escogidos especialmente para que acudan la mayor cantidad posible de personas. Nadie reparó que para esas mismas fechas, Italia encendió la alerta roja por la llegada del Coronavirus y tomó la medida extrema de suspender el Carnaval de Venecia cuando estaba en pleno desarrollo, una medida que resultó tardía para ellos también si tomamos en cuenta sus números fatales.

La primera alerta con impacto en Ecuador se dio el 29 de febrero cuando la entonces Ministra Catalina Andramuño confirmó el primer caso de contagio de Coronavirus en Ecuador, la denominada Paciente Cero. Fue entonces que las farmacias ese día se abarrotaron de gente que buscaba comprar mascarillas y el Ministerio de Gobierno prohibió los eventos masivos. Pero fue un susto que duró pocas horas.

Las autoridades comenzaron a dar discursos llamando a la tranquilidad y así comenzó marzo, intentando llevar las actividades de la manera más normal posible, como si ningún virus hubiese llegado a la ciudad.

Con esa lógica se autorizó la presencia del público para el partido del 4 de marzo de Copa Libertadores Barcelona-Independiente, al que acudieron casi 20 mil personas.

Fue una medida polémica porque el 29 de febrero el Ministerio de Gobierno había dispuesto lo contrario y se dejó sin efecto la prohibición para Guayaquil.

“El peor virus es el miedo”, sentenció entonces el gobernador del Guayas Pedro Duart. En Italia, los especialistas han dicho que la realización del partido de la Champions Atalanta-Valencia, que se jugó el 19 de febrero en Milán, tuvo los efectos de una “bomba biológica”, al ser señalado como el gran detonante de la pandemia en Italia y España, considerando que los equipos eran de esos países al igual que los hinchas que acudieron al estadio milanés San Siro. En Guayaquil hasta ahora nadie ha dicho lo mismo del partido de Copa Libertadores, pues todos los comentarios se han centrado en el desastroso juego que presentó Barcelona esa noche. Pero la frase del gobernador Duart quedó marcada, aunque ahora él sostiene que “no creo que el partido sea el motivo para que se desprestigie mi trabajo en la Gobernación. Epidemiólogos están trabajando para conocer las verdaderas causas”.

Marzo seguía avanzando y los eventos no se detenían en Guayaquil. El 12 de ese mes se desarrolló uno con casi mil personas en el Teatro Centro de Arte, para escuchar y ver juntos a Jaime Nebot y el jefe del gabinete Juan Sebastián Roldán. El encuentro político tuvo éxito, considerando la asistencia. Y al día siguiente el gobierno decidió finalmente suspender todo acto masivo.

Pero la prohibición quiso ser burlada por mucha gente, reconoce el gobernador Duart, quien el 14 de marzo tuvo que personalmente acudir a cinco matrimonios con cientos de invitados en Samborondón, para terminarles la fiesta. Duart conoce que muchos de los invitados se contagiaron en esas recepciones y algunos murieron.

Para el 18 de marzo, cuando la alcaldesa Cynthia Viteri tomó la decisión radical de invadir con camionetas la pista del aeropuerto de Guayaquil, para impedir el aterrizaje de un avión de Iberia que venía solo con su tripulación, la acción desesperada ya lucía tarde y sin mucho sentido.

La desunión

Justamente la acción arrebatada de la alcaldesa de Guayaquil al cerrar a la fuerza la pista del aeropuerto, fue la primera señal inequívoca de que esta tragedia no serviría para nada al objetivo sensato en estas circunstancias, de que las autoridades de la ciudad, las del gobierno y los políticos nacidos aquí que quieren llegar a la Presidencia -los tres mencionados en encuestas-, se unan con el mismo objetivo: intentar que el fuerte golpe que recibiría Guayaquil, duela lo menos posible. Pues no. Y no fue posible porque ninguno de los que estuvieron llamados a liderar la causa, dio el primer paso en ese sentido.

Las miles de muertes duelen y seguirán doliendo por un largo tiempo, pero las escenas de los políticos, cada uno por su lado, intentando con sus acciones aisladas paliar los estragos de la pandemia y quedar bien al mismo tiempo, molestan, porque esos egoísmos finalmente sí causan daño, al desparramar esfuerzos que unidos podrían ser realmente efectivos y no lo que terminaron siendo, campañas débiles que no estuvieron listas con sus resultados en los momentos más cruentos de la tragedia.

Esa deuda queda pendiente y se une a tantas otras que tienen los políticos con Guayaquil. Y con el país. Nuestros muertos son parte de esta historia, podrán ser expulsados de los registros oficiales, pero no de la memoria y del recuerdo colectivo.