Caso Metástasis: 20 personas son condenadas por delincuencia organizada
Javier Jordán y Ronny Aleaga, operadores del asesinado Leandro Norero, tienen pendiente la lectura de sentencia al encontrarse prófugos.
El juicio del Caso Metástasis llegó a su fin. La tarde de este 25 de noviembre el Tribunal de Garantías Penales de la Corte Nacional de Justicia dictó sentencia condenatoria contra 21 personas –de las 30 que fueron llamadas a juicio– por su participación en el delito de delincuencia organizada dentro de la estructura criminal, liderada por el narcotraficante Leandro Norero, asesinado en octubre de 2022, en la cárcel de Latacunga.
La jueza ponente, Mercedes Caicedo, señaló que existió una estructura criminal en la que los sentenciados concertaron y planearon de forma “consciente, voluntaria y reiterada”, acciones coordinadas, donde cada uno cumplía un rol específico, en beneficio del líder del grupo; a cambio de dinero y bienes materiales.
El propósito, según la jueza Caicedo, era lograr una suerte de “paraíso judicial”, para lo cual se montó una red de sobornos integrada por policías, abogados, fiscales, jueces, agentes penitenciarios y funcionarios, con el objetivo de comprar fallos judiciales y gestionar comodidades en las cárceles donde se encontraban Norero y otros miembros del grupo criminal.
La derrota de las mafias es posible. La sentencia del caso Metástasis abre una vía de esperanza para recobrar la institucionalidad judicial, la independencia de la influencia de la narcopolítica pero sobre todo saber que es posible recuperar nuestro país. La sentencia es un triunfo de la justicia
Para los demás acusados el juicio se encuentra suspendido, 8 por encontrarse prófugos (Cristian Romero, Fabián Campozano, Xavier Jordán, Marcel Loaiza, Ronny Aleaga, Carlos Mendoza, Ángel Lino y Jairo Vargas) y, en el caso de Armando Flor, por su candidatura a la Asamblea por el partido Pueblo, Igualdad y Democracia (PID)).
El Tribunal de Garantías Penales ordenó el comiso de acciones, participaciones y demás derechos de las empresas LIONFF REALTY INC. y CEINPRO CIA. LTDA., que habrían para la comisión del delito de delincuencia organizada. Además, se ordenó a todos los condenados el pago de una indemnización, cuyo monto será notificado por escrito.
La gigante Power China, matriz de Sinohydro, propone al gobierno «solucionar» los graves problemas de la hidroléctrica Coca Codo Sinclair, obra que su propia filial construyó con miles de fallas, entre ellas más de 17.000 fisuras, por las que Ecuador reclama US$ 580 millones.
Mientras el conflicto aún se dirime en arbitraje internacional, Power China pretende comprar o recibir en concesión la mayor hidroeléctrica del país para reparar y optimizarla, proyecto que costó US$ 3.300 millones -tres veces lo estimado por el gobierno de Rafael Correa- y que hoy enfrenta al Estado ecuatoriano y a Sinohydro.
Así lo revela en diálogo con Mil Hojas Carlos Pérez García, exministro de Energía y experto petrolero. Aunque admite que suena descabellada la propuesta, considera que podría ser la única opción para evitar una catástrofe ambiental y económica en la mega hidroeléctrica con la que el correato prometió sin éxito ahuyentar al fantasma de los apagones, que ahora está de regreso.
Pérez detalla cómo la relación bilateral con China, bautizada por Correa y su par Xi Jinping como Asociación Estratégica Integral, está marcada por una trama de corrupción, secretismo y sumisión al dragón asiático en la que dejó atrapado a Ecuador y sorprende ahora con un plan para rescatarlo del abismo al que él mismo lo empujó.
También cuenta detalles sobre la influencia de lobistas que, en conexión con ciertas autoridades y mandos medios en la burocracia, han tejido una red de relaciones que, según advierte, aún sigue operando.
La propuesta de Power China ya está en el Ministerio de Energía. Al presidente Daniel Noboa le corresponde decidir si toma acción ya, o patea el problema para después de las presidenciales que se realizarán a inicios de 2025.
Pese al secretismo en la política de endeudamiento con China, establecido bajo el gobierno de Rafael Correa, las limitaciones que ello ha significado para los gobiernos posteriores, y los problemas de funcionamiento de varios proyectos financiados por China, el régimen de Daniel Noboa ha anunciado un nuevo crédito para construir una cárcel en Santa Elena. ¿Cómo percibe esta situación?
El país quedó comprometido con grandes sumas de dinero, a tasas de interés bastante altas con el Gobierno chino. Esa decisión la tomó el presidente Correa en vista de que el presupuesto quedó desfinanciado principalmente por la baja del precio del petróleo. Los años de bonanza se acabaron y tenía que buscar fondos. Una buena parte se hizo con preventas de petróleo a China hasta 2024… Cuando pasé por el Ministerio de Energía se logró un desembolso adicional de US$500 millones en la renegociación de los contratos con el CDB (China Development Bank). En el Gobierno del presidente Moreno se consiguió renegociar ciertas tarifas, pero no había mucho espacio porque los contratos con China tenían una cantidad de candados. El secretismo era complicado. Inclusive a mí, el Ministerio de Finanzas se negaba a entregarme copia de los contratos, lo cual era absurdo porque era parte del Gobierno. La Contraloría tuvo que intervenir. Eso le costó el puesto al ministro (Carlos) De La Torre y tuvo que entregar la información.
Rafael Correa y Xi Jinping
¿Fue el ministro De la Torre quien le impidió acceder al contenido de los contratos? Él decía que son confidenciales y le dijo lo mismo a la Contraloría.
¿Tras su salida, pudieron acceder a esa información? Sí, el contralor de ese entonces, Pablo Celi, exigió que se me entreguen los contratos, pero solo podía leer, no podía sacar copias. Había un control extremadamente fuerte por el miedo de que el Gobierno chino demande al Ecuador por haber hecho públicos los contratos.
De La Torre venía del correato ¿estaba cuidando las espaldas? Claro y había bastante gente del correísmo todavía en el Ministerio de Finanzas.
¿Aún siguen? Todavía hay gente ahí. No querían entregar los contratos. El Gobierno chino había incluido cláusulas de confidencialidad absurdas. Está bien que haya esa confidencialidad mientras se está negociando pero, una vez que se firma un contrato, debe ser público y no fue así. Tuvimos que pelear duro.
¿Fue un error haber permitido cláusulas de confidencialidad y de soberanía en los contratos? Se renunció absolutamente a todo. Mire lo absurdo, se creó un fideicomiso en Panamá para pagar el dinero de esos contratos, cuando era prohibido tener fideicomisos en paraísos fiscales. Todo el dinero de la venta del crudo entró a ese fideicomiso. De ahí, China dice tanto es mío y coge el dinero.
¿Quién constituyó el fideicomiso? El Ecuador lo constituyó junto con el CDB (Banco de Desarrollo de China).
¿Es decir que los ingresos por las preventas iban directamente al fideicomiso, no se registraban en las cuentas de Petroecuador? En las cuentas de Petroecuador se registraba en la venta, pero el dinero iba al fideicomiso, el CDB tomaba la parte que le corresponde y el saldo regresaba al Ecuador, a la Cuenta Única.
¿Además de violar la ley contra los paraísos fiscales, era entregarles el manejo contable de ese dinero? Claro, era una especie de garantía que tenía el Gobierno chino para cobrar sus haberes.
¿Usted ni nadie pudo hacer nada por la vía legal para anular ese tipo de operaciones? No, porque estaba previsto en el contrato.
¿Cómo constató que ese fideicomiso fue creado en Panamá? Por la información que me dio el Ministerio de Finanzas, pero no tengo esos documentos.
¿Hizo algo sobre esos fideicomisos? No había cómo porque era parte del acuerdo con China. Deben estar vigentes hasta que se acabe de pagar las deudas y las preventas petroleras
Carlos Pérez García, exministro de Energía. Foto: Diario El Universo
¿Nos pusieron de rodillas por el financiamiento fácil, pero caro? Fácil entre comillas, y caro. Como el Gobierno del presidente Correa cerró las puertas de los multilaterales, tuvieron que recurrir a gobiernos como el chino. Algo hubo con Rusia con un par de proyectos, pero principalmente fue dinero chino. En ese entonces, la política china era endeudar a los países para tener el control. Hoy lo están haciendo con África.
¿Es una cuestión geopolítica? Es geopolítica. Cuando llegamos a China, le dije al presidente Moreno que hay que negociar de gobierno a gobierno, que debe reunirse con el presidente de China. Se consiguió algo, pero no muy importante.
¿Eso se debe en parte a que hay una muralla tejida por los lobistas chinos? Hay mucho lobista ecuatoriano en China y, chino en Ecuador, que manejan las gestiones entre los gobiernos. De ellos, unos han desaparecido, otros están presos. Recuerdo a un señor Sánchez, que salió en uno de los casos con problemas, como del ex contralor (Carlos Pólit), que está preso en Estados Unidos, los negociados de las preventas con el exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador (Nielsen Arias, alias El gordo) … los proyectos hidroeléctricos, escuelas, hospitales. Recuerdo una de las épocas en las que estuvimos cortos de crudo y se le dijo al gobierno chino que no podíamos entregar el crudo, nos dijeron que si no se entrega el crudo no entregan el préstamo para el hospital de Bahía. Un chantaje.
¿Qué hizo usted? Logramos argumentar una fuerza mayor en el contrato, había esa cláusula y logramos desenredarnos por un tiempo corto hasta poder entregar el crudo y conseguir el préstamo. Mientras tanto, había muchos problemas porque no se exigió que las empresas chinas hagan el due diligence de sus proyectos (investigación previa a la firma de un contrato). Tomaron como carta abierta lo que decían CELEC o CNEL, estén bien o mal. Ahora tenemos la erosión regresiva en Coca Codo, el túnel de Toachi-Pilatón que no aguantó, el túnel en Quijos que no se pudo terminar porque se venía derrumbando…
No hubo control de calidad ni entes de control vigilando los procesos Claro. Lamentablemente esas negociaciones fueron hechas de gobierno a gobierno. La situación actual es diferente, el Gobierno chino se ha hecho a un lado. He tenido conversaciones con empresas como China Power que quería comprar Coca Codo Sinclair, devolvernos el dinero y hacerse responsable como está. Pero hay el sentimiento de que estamos entregando algo que es nuestro. Si algo no está funcionando, prefiero entregar a alguien que se haga cargo, responda por eso y devuelva el dinero.
Coca Codo Sinclair
Suena extraño que una empresa china quiera hacerse cargo de algo que no sirve
No es que no sirva, la central funciona, pero hay el riesgo de problemas serios y nadie sabe cuándo, puede ser en 10 o 20 años, porque hay incertidumbre sobre la calidad de los equipos, las condiciones geológicas y cantidad de cosas.
¿Sería bueno abrir las puertas a una negociación? Sería bueno, entiendo que China Power, que es la matriz, la mamá de Sinohydro, ha presentado una propuesta, pero como la política se mete, dicen ‘no vamos a vender el proyecto’. Por eso han presentado una propuesta de concesión que, entiendo, reposa en el Ministerio de Energía.
¿Eso sería bueno para el país? Sería bueno porque la responsabilidad de lo que pase en esa hidroeléctrica pasa a ser de la concesionaria, no del Estado.
¿Y todo lo que se ha perdido y todo el daño causado? Esos dineros serían reembolsados al Estado.
¿Los más de US$3.000 millones? Cerca de US$3.000 millones. Habrá que discutir una tarifa de generación atractiva
¿Esa es la única salida para resolver el problema de Coca Codo? Eso es algo que el Gobierno tiene que sentarse a negociar. No sé si hoy, por efecto de las elecciones, las cosas se estén dando un poco lento.
Pero, concesionar Coca Codo a China, nuevamente, suena hasta descabellado Suena descabellado, pero es la única solución para que el país salga bien librado.
¿Nadie más se haría cargo? Esa es una espada de Damocles que está encima del Estado. Si pasa algo con la hidroeléctrica, volveremos al problema de la falta de energía. Y se debería poner una cláusula en la que se determine cómo la empresa va a compensar al país si por ‘x’ o ‘y’ razón no puede generar.
¿Eso significaría echar tierra sobre las denuncias de corrupción, los informes de Contraloría con responsabilidades?
No sé cómo serían las negociaciones, pero el daño está hecho. No creo que al entregar la obra en concesión se borre los pecados de antes. Ahora, conociendo a China, no sería raro que proponga eso y diga: me libran de toda responsabilidad, mi embajador que estuvo involucrado ya no va a tener problemas, etcétera.
Sería bueno, entiendo que China Power, que es la matriz, la mamá de Sinohydro, ha presentado una propuesta, pero como la política se mete, dicen ‘no vamos a vender el proyecto’. Por eso han presentado una propuesta de concesión que, entiendo, reposa en el Ministerio de Energía.
¿Tendrán que hacer un balance sobre el costo-beneficio, incluido el costo político?
Claro, habrá que ver qué proponen. Solo sé que hay una propuesta económica y comercial. Que yo conozca no hay ningún planteamiento en cuanto a dejar sin efecto acusaciones anteriores a esta negociación. Ha habido una cantidad de abusos. Creo que el Gobierno chino ya se dio cuenta y por eso ya no interviene en las negociaciones. Gente con la que he hablado de empresas chinas, que aún tienen interés de invertir en el país, comenta que les están diciendo ‘usted va como empresa privada a invertir en Ecuador, no con respaldo del Gobierno chino’.
¿Será que no pensó que las cosas iban a llegar tan lejos? La filosofía de esos países es totalmente diferente a la nuestra. Cuando me reunía con ellos me decían: usted es ministro, puede decidir lo que sea. Yo les decía no, tengo que seguir lo que dice la ley, no importa que sea ministro, no tengo la palabra final sino la ley y la Constitución… Cuando había un dominio por parte de la Presidencia de la República, se forzaba… y los resultados hoy en día son que todo el mundo anda preso o con acusaciones.
¿Cómo operan los lobistas, son equipos grandes dentro y fuera del país? Los lobistas son gente que tiene contactos en China y se acostumbraron a estar incrustados en el Gobierno ecuatoriano. Mi primera sorpresa fue cuando fui a China y los lobistas estaban en el mismo hotel. ¿Cómo sabían que yo había ido a China, en qué hotel estaba y qué reuniones iba a tener con el Gobierno chino? Tenían toda mi agenda.
¿Quiénes son? ¿Puede citarlos? Uno que a mí me sorprendió fue ese señor Sánchez, que venía y proponía ciertas cosas. Mi respuesta fue: ‘yo no camino por esos caminos’
¿Se refiere a Bolívar Sánchez, considerado uno de los principales lobistas petroleros y que, junto con Rafael Correa y Jorge Glas, es uno de los 20 sentenciados en el Caso Sobornos-Odebrecht?
Sí, hablo de Bolívar Sánchez
¿Qué le proponía?
Comisiones y comisiones… Les dije que no trabajo así, que mi vida ha sido transparente y que mi labor es pelear por las mejores condiciones para el país. Que yo hago las cosas de gobierno a gobierno y que no voy a lidiar con ellos.
¿Le informó al presidente Moreno sobre eso?
Claro.
¿Qué dijo él?
El presidente Moreno en estas cosas no se involucraba mucho. Le gustaba meterse más en los programas sociales. Al ministro de Finanzas (Richard Martínez) y a mí nos dejaba manejar los sectores.
¿Qué reputación tienen los lobistas chinos?
Son complicados. En el mundo de los negocios se dice que con los chinos se empieza a negociar luego de que se ha firmado los contratos porque no respetan las cláusulas y siempre exigen más. A pesar de que el Gobierno chino lo niega, hay bastante corrupción. Frené bastante a los benditos lobistas que querían meterse por todos lados para influenciar. Me decían que puedo hacer lo que me dé la gana, que no importa la ley ni los jueces. Yo les respondía que eso podrán hacer en su país, pero acá deben cumplir la ley.
¿Ítalo Cedeño es uno de esos lobistas?
El era uno de los mayores lobistas de las empresas chinas y muy amigo del exvicepresidente Jorge Glas. Se reunían a cada rato. Lo conozco muchísimos años, no concuerdo con su forma de trabajar, ni de comportarse, peor aún con el escándalo de la esposa. Los chinos se mueven a todo nivel y este señor Cedeño, que trabajó tanto tiempo en Andes Petroleum, tiene con ellos un cordón umbilical. Era terrible, ofertaban cualquier cosa. Lo importante es mantenerse firme y no aceptar nada de nada.
En una jornada extensa y clave dentro del caso Plaga, Michael Hernández Sánchez, exdirector de la Escuela de la Función Judicial y uno de los procesados en este entramado de corrupción en la administración de justicia ecuatoriana, compareció a las 8:30 de este 5 de septiembre de 2024 ante el conjuez Marco Rodríguez para rendir su testimonio anticipado.
Entre las confesiones más impactantes de este testigo procesado por presunta delincuencia organizada están los detalles de cómo se habrían perpetrado sobornos para obtener determinadas resoluciones judiciales en la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
Un caso en el que el estado se enfrentaba con una poderosa compañía china hace parte de estas revelaciones y Hernández involucra a Iván Saquicela, expresidente del máximo organismo de justicia y en la actualidad precandidato a la Presidencia de la República por el movimiento Democracia Sí, cuya máxima figura es Gustavo Larrea, político de larga trayectoria y exministro de los exmandatarios Abdalá Bucaram y Rafael Correa.
Hernández relató que Iván Saquicela habría cobrado aproximadamente US$30.000 por fijar la audiencia de fundamentación en un caso que el Estado disputaba con la empresa china Railway
Iván Saquicela quiere participar en la contienda electoral de 2025. Foto: Diario La Hora
Hernández mencionó una reunión en la que se discutió sobre un caso de más de US$59 millones entre la empresa China Railway Rolling Stock Corp (CRRC) y el Ministerio de Educación. Según su declaración, se habría pagado alrededor de US$30,000 para asegurar que el proceso se resolviera a favor de la empresa.
En la audiencia Hernández relató que, en un evento social, en el que se encontraba Juan Pablo Álava Loor (un abogado de confianza de Saquicela), se enteró de un proceso que tenía la empresa China Railway 9 contra el Ministerio de Educación.
Eso habría ocurrido hace dos años en un restaurante, en una reunión con Iván Saquicela, el juez nacional Felipe Córdova, un empresario chino, un traductor y Hernández, en la que comentaron que el caso no se resolvía.
El testigo añadió que, en el Consejo de la Judicatura (CJ), uno de los funcionarios indicaba que él habló con el juez nacional Milton Velásquez para fijar la audiencia de fundamentación de ese caso. “En una reunión con Andrés Valencia (exvicepresidente del Colegio de Abogados del Azuay) le indicó que este caso había superado la fase de admisión parcial y se había resuelto a favor de la empresa china y que no se fijaba audiencia para que se dicte la resolución, y que a Iván S. le habían pagado aproximadamente US$30.000 por fijar la audiencia y por acordar con Milton Velásquez.
El funcionario que indicó la fijación de la audiencia fue Álex Palacios (sentenciado en caso Metástasis), exdirector jurídico del CJ, quien tenía una amistad con Milton Velásquez”, detalló.
El testigo aseguró también que otra empresa que recibió favores judiciales pagó US$20.000 por viaje de Saquicela a México y otros hechos y vínculos oscuros
¿Qué proyectos estaban a cargo de la empresa china Railway?
En el 2015, durante el Gobierno de Rafael Correa, el Ministerio de Educación, cuyo titular era Agusto Espinosa, se firmó un contrato por US$196 millones con la empresa China Railway Rolling Stock Corp (CRRC), para la instalación de 200 escuelas del siglo 21, que eran edificaciones prefabricadas. También se anunció la construcción de una planta de materiales escolares en Manabí.
En el gobierno de Rafael Correa se lanzó el proyecto de las 200 escuelas del siglo 21 con “un modelo de construcción rápido y eficiente”
Era la nueva versión del pregonado y fracasado proyecto escuelas del milenio, de las que Correa había prometido entregar 500 en todo el país.
Un año después de la firma del contrato, durante la sabatina del 24 de septiembre de 2016, Correa dijo: “Vimos que nos íbamos a demorar muchísimo para completar la infraestructura educativa que se requiere. Vamos a construir lo que hemos llamado las Escuelas Siglo XXI, prefabricadas, de un gran material antisísmico, térmico, anti-ruidos, pero que cuestan menos de US$1 millón y, con el material en el sitio, se hacen en tres meses”.
Las Escuelas Siglo XXI fueron financiadas con un crédito de US$167 millones del Bank of China Limited y la contratación de la empresa se hizo, como todos los proyectos con el gigante asiático, bajo la figura de Régimen Especial, es decir mediante invitación directa y sin concurso.
En 2022, la Contraloría realizó un examen especial y determinó que la CRRC no cumplía ni siquiera con el perfil requerido. En conclusión, nunca construyó la fábrica y de las 200 escuelas, apenas entregó 50, de las cuales solo 20 estarían en funcionamiento. El contrato fue terminado de forma unilateral por el Gobierno de Lenin Moreno, pero la empresa asiática presentó una demanda y busca una millonaria indemnización. El litigio sigue abierto.
Otros pagos para viajes de lujo
Las declaraciones de Michael Hernández, el séptimo procesado en acogerse al mecanismo de testimonio anticipado en el caso de delincuencia organizada, evidencarían que la red de corrupción involucraba no solo presiones para manipular decisiones judiciales, sino incluso viajes lujosos financiados por empresarios.
El testigo mencionó que Andrés Valencia, exvicepresidente del Colegio de Abogados del Azuay, le habría propuesto reunirse con Saquicela en la CNJ para promover actividades académicas en la Corte.
“Apoyé a la Corte (Nacional de Justicia) para un fortalecimiento académico y así se fortaleció la amistad con el doctor Iván Saquicela Rodas”, comentó el testigo y enseguida contó que, en agosto de 2021, gestionó con la Universidad del Golfo de México la entrega de un Doctorado Honoris Causa para Saquicela.
Hernández dijo que le había advertido a Saquicela que él debía cubrir todos los costos del viaje, y que también los acompañaría el juez Felipe Córdova. Fue entonces cuando, a decir del testigo, Córdova, por orden de Saquicela, tomó contacto con una empresa para que financie el viaje, luego de lo cual se habría acordado una reunión, en un restaurante en el norte de Quito.
Agregó que dicha reunión fue con el empresario José R. C., accionista de una fábrica de tubos y de plásticos, de unos 65 años, quien financió los US$20.000 que habría costado el viaje de los tres a México y de Hernández por coordinar el mismo. A cambio de este financiamiento, a la empresa dijo, le ofrecieron resolver unos temas judiciales pendientes, aunque no precisó más detalles.
El viaje, según Hernández, se realizó del 10 al 17 de septiembre de 2021 y se hospedaron en hoteles de cinco estrellas. El testigo afirmó que Wilman Terán también quiso integrarse al viaje, pero que Saquicela no lo permitió porque su relación con él no era buena. Sin embargo, Terán habría viajado por separado y por su cuenta.
Contó también que el 11 de septiembre de 2021, Terán llegó a México y solicitó reunirse con Saquicela para solucionar sus diferencias. De acuerdo con el relato de Michael Hernández, tomaron licor desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana siguiente, primero en el lobby del hotel y luego en la habitación de Saquicela, en donde tuvo que quedarse por pedido de este último quien le habría confesado que tenía temor, porque la conversación se puso tensa.
Esto debido a que Iván Saquicela reclamó supuestamente a Terán por no apoyarlo para que sea titular de la CNJ, a pesar de que él había intercedido en el Consejo de la Judicatura en el año 2019 para que Terán apruebe la evaluación, aunque no completó el puntaje necesario. Luego, Terán llegó a presidir este organismo.
La información proporcionada por este testigo podría abrir nuevas líneas de investigación para la Fiscalía y exponer más detalles sobre la forma en la que operan muchos jueces y fiscales y sus presuntos vínculos con ciertos grupos políticos, empresariales e incluso con los carteles del narcotráfico y del crimen organizado que operan en el país.
Dentro de este entramado de corrupción, se presume que un grupo de abogados habría tenido la misión de reclutar a presos, algunos de los cuales eran reconocidos como líderes de grupos de narcotráfico, como Leandro alias el patrón Norero, y conectarlos con jueces corruptos para gestionar su libertad de forma irregular, a cambio de jugosos sobornos.
Hernández, forma parte del grupo de abogados liderado por Christian Romero, quien era el abogado personal del narcotraficante Leandro Norero, asesinado en octubre de 2022.
El Servicio Nacional de Atención a Privados de la Libertad (SNAI) y China National Electronics Import & Export Corporation (CEIEC) mantienen una disputa por la millonaria liquidación que la empresa asiática reclama para poder finiquitar el contrato mediante el cual vendió al Estado ecuatoriano 5.497 dispositivos electrónicos, entre ellos 4.000 grilletes o tobilleras.
Luego de casi 7 años de iniciadas las operaciones y funcionamiento de este sistema de monitoreo y vigilancia, los reflectores vuelven a enfocarse en este proceso contractual.
La controversia no ha podido zanjarse porque el SNAI reclama varios incumplimientos contractuales a CEIEC, como el no haber entregado el código fuente, que es el conjunto de archivos y bases de datos inicial de la plataforma tecnológica del sistema de vigilancia electrónica. La empresa china no dio mantenimiento a uno de los soportes del software que es el Google Maps y pese a que no dio ese servicio cobró US$ 80 mil adicionales al costo real de ese rubro. Es decir, la empresa china quiere cobrar más de lo que constan en las actas del proceso. CEIEC también incumplió plazos de entrega de productos y servicios.
El remanente reclamado por CEIEC suma US$ 2 millones, pero el SNAI sostiene que solo deben cancelarse US$ 800 mil.
El 31 de enero de 2024, el SNAI solicitó a la Contraloría General del Estado un examen especial sobre las actuaciones del equipo auditor por eliminar irregularidades cometidas por una exministra de Justicia, dos exadministradores de contrato y la empresa CEIEC que sirvieron para desvanecer una glosa de US$ 9,5 millones.
El SNAI recuperó documentación sobre el contrato con CEIEC, en diez cajas con información que no fue entregada formalmente por administraciones anteriores.
La polémica no es solo un desacuerdo en las cifras. Lo que coloca más cuesta arriba la situación del SNAI es una decisión que tomó la Contraloría General del Estado hace más de cuatro años al desvanecer una glosa en contra de la empresa china y varios funcionarios del extinto ministerio de Justicia, argumento que ahora es usado por la excontratista china para desconocer los incumplimientos contractuales identificados por el SNAI.
En octubre de 2018, la Contraloría estableció una glosa por US$ 9,5 millones en contra de la contratista CEIEC, la ministra de Justicia del régimen correista, Ledy Zúñiga (quien firmó el contrato), Fabián Rosas Espinoza, entonces subsecretario de Rehabilitación Social, Reinserción y Medidas Cautelares, y Roberto Vaca Mejía, a la fecha coordinador General de Gestión Estratégica (estos dos últimos administradores del contrato).
Pero en diciembre del 2019, los mismos auditores, que elaboraron el examen especial y establecieron responsabilidades civiles, desvanecieron la glosa y liberaron de responsabilidades a los funcionarios y a la empresa china. Quien firmó la resolución fue el contralor subrogante Luis Miño, el mismo que, junto con Pablo Celi, firmaron otros desvanecimientos de glosas a favor de las empresas asiáticas Petrochina y Sinohydro.
El SNAI busca ahora que los administradores del contrato sean “responsables por sus acciones y omisiones” y que los auditores del organismo de control sean investigados. Por ello el 31 de enero de 2024 solicitó formalmente a la Contraloría un examen especial a las “actuaciones del equipo auditor”.
La Contraloría respondió “favorablemente” a este pedido, el pasado 21 de febrero.
“Los auditores que dijeron que no hay nada de novedad (al desvanecer la glosa) pueden responder por el derecho de repetición porque son evidenciables todas las anomalías porque ni siquiera hicieron un análisis profundo al contrato de la empresa china. El análisis que hicieron los auditores fue un análisis rápido y somero”, dijo a Mil Hojas, el director del SNAI, Luis Zaldumbide.
La autoridad del organismo encargado de las cárceles del país explica que no se puede realizar otro examen especial sobre un tema que ya fue cerrado por la Contraloría. Pero sí se puede pedir que se investigue la actuación de los auditores que analizaron este proceso contractual.
Por lo tanto, el SNAI quiere que se investigue también a los responsables de decisiones como la firma de actas que señalaban que se entregó el código fuente sin que ello se haya realizado, el no haber cobrado las multas correspondientes a las demoras en las entregas de productos y servicios, el haber suscrito documentos que decían que la contratista entregó productos y servicios, pese a que no lo hizo.
En la glosa que determinó la Contraloría constan multas no impuestas a CEIEC debido a prórrogas injustificadas por un total de US$ 95.987,20.
El SNAI no descarta que estas y otras irregularidades que siguen recopilando formen parte de denuncias judiciales en contra exfuncionarios, que serán presentadas posteriormente.
¿Por qué y para qué se compraron dispositivos de vigilancia electrónica?
El contexto legal y político en el que las autoridades ecuatorianas se ampararon para llevar adelante el proyecto de vigilancia electrónica fue el Código Orgánico Integral Penal (COIP) que establece el uso de dispositivos de vigilancia electrónica como parte de las medidas cautelares y sustitutivas de la prisión preventiva y ordena que el ministerio de Justicia con el Consejo de la Judicatura pongan en funcionamiento tales dispositivos con su respectiva plataforma; también estaba el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, que establece entre sus objetivos el consolidar la transformación de la justicia y la seguridad integral.
A su vez el sustento de estas normas y del plan de desarrollo era que la compra de dispositivos electrónicos se debía a la necesidad de reducir los gastos provocados por el sistema penitenciario. El extinto Ministerio de Justicia señaló que, por cada caso de arresto domiciliario, se necesitaba de tres policías para la custodia, lo que generaba un costo de US$ 90 diarios, mientras que con el uso del grillete o tobillera ese valor se reduciría a US$ 5.
El mencionado proyecto fue diseñado con tres componentes: implementar una plataforma de gestión ajustada a la normativa ecuatoriana, implementar un modelo de gestión del sistema de vigilancia electrónica; y monitorear el funcionamiento y cumplimiento del modelo de gestión del sistema de vigilancia electrónica, de acuerdo con la documentación precontractual y contractual revisada por Mil Hojas.
La Subsecretaría de Gobierno Electrónico de la Secretaría Nacional de la Administración Pública fue la encargada de entregar el aval técnico del proyecto al Ministerio de Justicia, en marzo de 2015.
Al mes siguiente la ex Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES emitió el dictamen de prioridad y para entonces ya estaba definido un presupuesto de US$ 18’ 014,369.98 (período 2015-2017), para el proyecto. El valor incluía un préstamo de China Development Bank (CDB) por USD 4’226.494,05, financiamiento pagado con petróleo ecuatoriano a precios descontados.
Entre los hitos precontractuales a destacar está el convenio Cooperación Interinstitucional para coordinar el Sistema de Vigilancia Electrónica firmado el 23 de febrero de 2016 entre la entonces ministra de Justicia Ledy Zúñiga y un representante del Ecu 911.
Para julio de 2016 ya estaba autorizado el inicio de la contratación bajo régimen especial e invitación directa a CEIEC para que participe en el proceso. La decisión la tomó Karla Benítez, ministra de Justicia (s).
El 3 de agosto de ese año la ministra Zúñiga dictó la resolución de adjudicación a CEIEC. Y el 18 de agosto, junto con Wag Fei, apoderado de CEIEC, la titular del ministerio de Justicia suscribió el contrato por US$ 13,712.456,45, a un plazo de 480 días desde la fecha de efectivización del anticipo.
La empresa China National Electronics Import & Export Corporation (CEIEC) exige el pago de un remanente de US$ 2 millones, pero el SNAI sostiene que solo deben cancelarse US$ 800 mil, tras confirmar una serie de irregularidades cometidas por la contratista asiática en la ejecución del contrato por el cual se adquirieron 5497 dispositivos electrónicos.
Los compromisos que asumió CEIEC
En el objeto del contrato se establece que CEIEC tiene que “suministrar, instalar, entregar debidamente funcionando los bienes y servicios que comprenden la adquisición e implementación de la plataforma informática y dispositivos de geoposicionamiento electrónico, según las condiciones, especificaciones técnicas y características de los servicios, pliegos precontractuales y la oferta presentada.
La contratista también debía proveer los dispositivos de vigilancia electrónica, con el siguiente detalle:
► 3000 dispositivos de vigilancia electrónica para libre circulación, 600 dispositivos para protección y 400 para arresto domiciliario.
► Un software de monitoreo basado en desarrollo web y motores de mapeo para la ubicación de los monitoreados utilizando un nivel de detalle a full color, con detalles en imágenes vía satélite y mapas tipo callejero, satelital e híbrido.
El sistema de Vigilancia y Monitoreo debía contar con tres tipos de monitoreo:
Domiciliario
Libre circulación
Para protección (víctima – agresor, testigo)
El software de monitoreo tenía que soportar el monitoreo simultáneo de al menos 10.000 dispositivos de vigilancia electrónica.
► Infraestructura de hardware: que incluye servidores, equipos de red, almacenamiento, cableado y demás elementos que se estimen necesarios, considerando que deben soportar la Plataforma en su totalidad.
► El software base (sistemas operativos, bases de datos) y todos los componentes que requiera su plataforma.
►La contratista implementará la interoperabilidad con el sistema del ECU 911. Los parámetros técnicos para el intercambio de la información serán definidos entre el Ministerio de Justicia, la contratista y el sistema ECU 911.
► A solicitud del Ministerio de Justicia, CEIEC debía realizar la verificación técnica al domicilio de la persona privada de la libertad PPL (en caso de vigilancia electrónica de arresto domiciliario) o lugares autorizados por el Juez (en caso de libre circulación), debiendo informar el nivel de riesgo en los accesos y el cumplimiento de las condiciones técnicas mínimas requeridas para la adecuada implementación de la vigilancia, en un informe de viabilidad técnica, en un plazo no mayor a 48 horas.
CEIEC debía verificar que las áreas de tránsito restringido o el perímetro del domicilio, sean accesibles físicamente, que exista disponibilidad del servicio de telefonía móvil tanto de voz como de datos, que cuente con señal satelital de suficiente intensidad y que cuente con servicio de energía eléctrica para recargar las baterías del dispositivo de vigilancia electrónica.
► El código fuente de la versión implementada será entregado al Ministerio de Justicia para su uso exclusivo, sin restricciones y de manera perpetua.
► CEIEC debe implementar centros de monitoreo. Luego la operación de los Centros de Monitoreo Principal y de Respaldo será de responsabilidad del Ministerio de Justicia.
► Si los dispositivos de vigilancia sufren algún daño que no esté relacionado con la cobertura de la garantía técnica, la contratista reemplazará el dispositivo por otro nuevo de las mismas características, en un plazo no mayor a 48 horas, hasta un máximo del 15% de la totalidad de los dispositivos adquiridos durante la vigencia del contrato.
► CEIEC realizará un programa de capacitación orientada a jueces y fiscales, funcionarios del SIS ECU911, policía nacional, funcionarios del Ministerio de Justicia y Proyecto de dispositivos de vigilancia electrónica.
Sobreprecios, sobrecompras e incumplimientos caracterizaron al contrato
El contrato entre el ex Ministerio de Justicia y CEIEC para implementar la vigilancia electrónica estuvo plagado de irregularidades, desde sobreprecios en los dispositivos y sobrecompra de equipos hasta el incumplimiento de cronogramas. Además de la descoordinación de datos y otras falencias en su funcionamiento.
CEIEC tiene su oficina principal en Quito
En 2017, es decir al año siguiente de firmado el contrato, nuestro equipo periodístico ya reveló irregularidades en este proceso: la empresa china adquirió los grilletes a la empresa Megasteky con un posible sobreprecio de 800%.
En el desglose del valor del contrato constan los valores de los dispositivos de vigilancia electrónica (DVE) que están divididos en: 4.000 grilletes o dispositivos de libre circulación, 600 denominados dispositivos víctimas, 400 dispositivos de arresto domiciliario y 500 dispositivos de reconocimiento facial, que con el costo de sus respectivas licencias suman un valor de US$ 6.483.000.
En el item correspondiente a los grilletes consta un valor unitario de US$ 1.058: US$ 960 por cada dispositivo, más el costo de la licencia permanente de US$ 98 por cada unidad. El contrato no especifica qué características y valores se incluyeron dentro de los US$ 960.
El equipo ofertado por CEIEC fue el modelo MT200, del año 2016, con tecnología y comunicación GSM, GPRS/UMTS, Quad-band 850/900/1800/1900Mhz, 3G, GPS, Bluetooth, micrófono y parlante incorporado. Para precisión de ubicación: 15 metros, puerto para cable de carga; resistentes a humedad y temperaturas hasta 250 grados y batería de 15 horas de duración.
En la investigación realizada por nuestro equipo de investigación en 2017, se descubrió que, al comparar a nivel internacional, su valor de mercado oscilaba entre los US$130 y US$135. Quiere decir que a cada brazalete de ese modelo (MT200) se le aumentó US$825, es decir, que cada dispositivo tuvo más del 800% de incremento.
Al poco tiempo de estos hallazgos, la Contraloría General del Estado examinó este contrato y en octubre de 2018 emitió el informe DNA1-0049-2018 que concluyó con la GLOSA-DNPR-01463-80.
Si bien en párrafos anteriores, ya se mencionó a esta glosa, es importante destacar que las irregularidades encontradas por el órgano de control fueron más allá de la no entrega del código fuente o de incumplimientos de plazos por parte de CEIEC.
Entre los graves reparos a la empresa china y a las autoridades consta que “la interoperabilidad de los sistemas del Ministerio de Justicia y del Sistema ECU 911 no contó con la definición de parámetros técnicos, ni cumplió con los requisitos mínimos establecidos en los Términos de Referencia; solo el 18% de los grilletes electrónicos estaba en uso efectivo, por lo que se concluyó que se compraron equipos en demasía.
Además, ya se evidenciaron discrepancias en los datos sobre la localización de personas privadas de libertad entre el Ministerio de Justicia y el ECU-911, lo que ocasionó “que no se ubique en tiempo real a los PPL; y por tanto la plataforma informática y dispositivos de geoposicionamiento electrónico no cumplan con el objeto del contrato para el cual se adquirió, ocasionando un perjuicio a la entidad por US$9 598 719,52 correspondiente al valor del anticipo”.
En cuanto a los argumentos para glosar a cada funcionario, sobre la exministra de Justicia, Ledy Zúñiga y los administradores del contrato, el ex subsecretario de Rehabilitación Social, Fabián Rosas Espinoza, y el excoordinador General de Gestión Estratégica, Roberto Vaca Mejía, la Contraloría les responsabilizó por no coordinar acciones para el intercambio de datos entre los sistemas del Ministerio de Justicia y del ECU 911. Tampoco verificaron que CEIC suministre, instale y entregue los módulos de integración con ECU-911 y el complementario para el Software ECU-911 según las especificaciones técnicas previstas en el contrato.
A Zúñiga se le cuestionó también por firmar el contrato “sin contar con los estudios y diseños completos, definitivos y actualizados, ni especificaciones técnicas para verificar la real necesidad del objeto a contratar, y por no solicitar reportes de avances, ni verificar el cumplimiento de las etapas del contrato”.
Por recomendar y autorizar una prórroga de 7 días a CEIEC para que entregue 1.500 dispositivos sin que existiera una situación de fuerza mayor, ocasionando que no se imponga la multa respectiva a la contratista se glosó a Fabián Rosas y Karla Benítez con US$ 95.987,20.
Por haber suscrito el acta de entrega de recepción parcial, señalando que CEIEC cumplió con las obligaciones establecidas, “sin observar que existieron 8 días de retraso en la entrega de los productos se glosó a Roberto Vaca con US$617.060,54. Así mismo autorizó la modificación del cronograma de entrega del producto lo que representó una demora de 44 días, retraso por el que tampoco se le impuso multa a la contratista.
Estas glosas civiles sumaron US$ 713.047,74.
Pese a las pruebas recopiladas por el organismo de control, en septiembre de 2019, a través de resolución 17886, Contraloría desvaneció la responsabilidad civil de US$ 603.348,08 “en favor” de Roberto Vaca, administrador del contrato y la empresa CEIEC, por cuanto la contratista demostró “documentadamente” que no incumplió los plazos de entrega. Y en diciembre de 2019, Luis Miño, subcontralor General del Estado, con resolución 17923, decidió que los sistemas de interoperabilidad “se encuentran funcionando”, por lo tanto, resolvió desvanecer la glosa en contra de Zúñiga, Rosas y Vaca.
El documento confirmó la responsabilidad civil por US$ 109.699,66 en contra de Fabián Rosas y Karla Benítez.
La Contraloría no hizo el seguimiento a la compra que hizo CEIEC de los grilletes a la empresa Megasteky y, de lo que conocemos hasta el momento, esa denuncia no prosperó a instancias judiciales.
Las fallas de este sistema de grilletes electrónicos, al que el correato también denominó emblemático (así bautizaba a muchas de sus obras), fueron ampliamente denunciadas por políticos y periodistas. Por ejemplo, en abril de 2020 se conoció que la plataforma que controla el funcionamiento de los grilletes electrónicos se cayó y los operadores del sistema temían que PPL sentenciados puedan escapar.
“Para que funcione un grillete se destruían cinco”
Con los altos niveles de inseguridad de Ecuador, que ha alcanzado un récord en la tasa de homicidios de alrededor de 45 por cada 100.000 habitantes, no todo sospechoso de haber cometido un delito va preso. Muchos son juzgados en libertad por la opción que da el Código Orgánico Integral Penal (COIP art 522) del uso de grilletes o tobilleras electrónicas como una medida sustitutiva a la prisión preventiva.
Sin embargo, los recurrentes problemas técnicos que han impedido que estos dispositivos rastreen en tiempo real a los procesados han abonado a la impunidad en el sistema de justicia del país.
Pese a las deficiencias en estos equipos, los problemas solo se han agravado. Cuando Mario Carrillo, llegó a la subdirección del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) en septiembre de 2023, funcionaban dijo, alrededor de 800 dispositivos electrónicos y unos de 4.200 “eran solo piezas porque dentro de esta institución se hacía canibalismo técnico, es decir, para que funcione un dispositivo, destruían a cinco”.
Carrillo asegura que la justificación que se le explicó en ese entonces para adoptar tal procedimiento fue que debían cumplir órdenes judiciales y no contaban con grilletes en buenas condiciones. Sino habilitaban un grillete se cometía el delito de desacato.
“Me dijeron que como siguen dando órdenes judiciales no se puede dejar de cumplir; entonces trataron de recuperar piezas, destruyendo otros (grilletes), cambiando partes, lo que se convierte en una bola de nieve que se va agrandando”,
Carrillo confirma que a estos problemas se sumaba la poca o casi nula vigilancia que dio el sistema ECU 911, encargado de hacer el seguimiento de cada grillete colocado.
Citó como ejemplo, el caso de Fernando Alvarado, ex secretario de comunicación de la Presidencia del correísmo. “El 911 tenía que haber detectado ese aparato que estaba en tal quebrada y no fue así. Uno tiene que enterarse el momento que están desactivándolo y, en tiempo real, (saber) dónde está esa persona con el dispositivo”.
Este es el grillete que usó el exsecretario de Comunicación del correato, Fernando Alvarado.
El ex subdirector del SNAI se refiere a uno de los mayores escándalos que pusieron al descubierto las graves falencias del funcionamiento de los grilletes electrónicos. El 20 de octubre de 2018, se dio la orden de que todos los pasos fronterizos estuvieran alertas. Fernando Alvarado, que tenía medidas cautelares por un caso de corrupción, se había quitado el dispositivo y escapó.
Alvarado había logrado que un juez le sustituyera la prisión preventiva en el caso de un supuesto peculado para la producción de los enlaces ciudadanos (las llamadas sabatinas), que eran utilizados para atacar a los oponentes políticos del correísmo.
Tras su huida, se inició otro juicio en contra de Alvarado por incumplir orden legítima de autoridad al haberse retirado el grillete electrónico, uno de los 4.000 entregados por la empresa china CEIEC.
Precisamente fue la fuga de este alto funcionario del correato uno de los hechos más simbólicos que confirmó las falencias de este sistema de vigilancia, concebido cuatro años antes, al amparo del entonces naciente COIP, (vigente desde febrero de 2014) que ordenaba que el ex Ministerio de Justicia con el Consejo de la Judicatura pongan en funcionamiento tales dispositivos con su respectiva plataforma.
El 86,5% de los grilletes están dañados, perdidos o en revisión
El contrato con CEIEC estableció que debían entregar a su contraparte ecuatoriana un total de 5.497 dispositivos electrónicos desglosados en 4000 grilletes o tobilleras; 600 Beeper, 400 radios, 500 tablet, pero según la constatación física realizada por el SNAI, al momento, no existen todos estos dispositivos.
En cuanto a los grilletes, 2.615 están dañados, 495 están en proceso de repotenciación, 286 están perdidos y ya se han presentado 80 denuncias formales ante la justicia reportando estas pérdidas. Además 36 están en cadena de custodia y 25 están en proceso de verificación de daños. Solo 540 están en uso y controlados desde el centro de monitoreo.
De los 600 Beeper MT70, solo 14 están en uso y monitoreados; de las 400 radios bases S921, 32 están instaladas y funcionando en la plataforma; y de las 500 Tablet Aaron-5, apenas 8 están en uso.
El director del organismo de control de las cárceles del país, Luis Zaldumbide, asegura que está optimizando los equipos que tiene. Anunció que repotenciará los dispositivos que están en la plataforma con accesorios nuevos para aumentar la disponibilidad de estos aparatos. También hay que remplazar baterías dañadas.
Además, se repotenciará la plataforma con el apoyo de la Unión Europea que también entregará las licencias por un valor de US$13.000, por seis meses. Para ello, dijo Zaldumbide ya se hicieron las pruebas de una de las plataformas de control que es Google Maps.
“Estábamos ciegos. Esto se vuelve hacer después de casi tres años, una nueva inversión en dispositivos y no solo para repotenciar los que tenemos en plataforma”, puntualizó Zaldumbide, quien aseguró que ya no se recurrirá a la práctica que se había generalizado en los últimos años del “canibalismo técnico” mediante el cual se usaban partes de otros dispositivos para completar otros con el fin de que sean funcionales.
Pese a la mala experiencia que dejó al estado ecuatoriano este contrato con CEIEC, el SNAI apostó por una subsidiaria china, la empresa Puentes y Calzadas Infraestructuras SL, para la construcción de la cárcel de Santa Elena por US$ 52 millones y se lo hizo mediante un proceso publicado en compras públicas y declarado bajo reserva para los próximos diez años.
La contratista para el nuevo centro de privación de libertad es controlada por la estatal «China Road And Bridge Corporation» (CRBC).
El Gobierno del presidente Daniel Noboa optó por esta empresa a través de una carta directa y sin concurso público. Esta subsidiaria de CRBC ha dejado sentado en los documentos oficiales, que está dispuesta a recibir todo el pago por construir la cárcel, en bonos del Estado.
Por un contrato de US$ 55,5 millones, firmado en 2012 con la exministra de Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte, la Contraloría cuestionó a CRBC por subcontratar la totalidad de las siete obras que debía entregar. Esto, pese a que solo podía contratar con terceros un máximo del 30% del monto del contrato. Además, obtuvo una ganancia adicional a la establecida en los costos indirectos y utilidades de su oferta.
La empresa asiática formaba parte de la lista de empresas inhabilitadas por el Banco Mundial desde 2009, pues fue acusada de actos de corrupción en Filipinas.
Al momento CRBC está envuelta en la polémica compra del hotel Quito.
Mil Hojas levanta el velo de opacidad que cubre buena parte de la información sobre la venta del Hotel Quito (HQ), que va más allá del debate patrimonial. De acuerdo con documentos a los que tuvo acceso, a denuncias ciudadanas y a un informe con indicios de responsabilidad penal de la Contraloría, lo que más llama la atención es que, entre el 20 y el 21 de abril de 2016, el BIESS hizo la convocatoria a la subasta, el gerente general del banco bajó el precio base de venta de US$ 37,43 a US$30,8 millones, y la gigante constructora estatal China Road and Bridge Corporation, la única oferente, no pagó en la fecha que ordena la norma y se escudó en acuerdos directos con el BIESS para postergar las transferencias.
La subasta bursátil del Hotel Quito (HQ), majestuoso y emblemático edificio de la capital de los ecuatorianos, que domina la cumbre del residencial sector de Guápulo, ha sido desde hace más de 10 años el centro de una trama de decisiones controvertidas que benefició a la constructora de puentes y carreteras China Road and Bridge Corporation (CRBC) y afectó a sus dueños originales: más de ocho millones de afiliados y pensionistas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Corría el último año del segundo mandato del expresidente Rafael Correa cuando, el 21 de abril de 2016, la estatal asiática, sin experiencia en el manejo hotelero, ganó una inusual y agilísima subasta, aprobada y convocada un día antes por el Directorio del Banco del (BIESS), en la que fue la única interesada, según consta en documentación a la que tuvimos acceso y de acuerdo con varias denuncias de colectivos ciudadanos que cuestionan la venta del Hotel Quito. Esa y otras anomalías constan en el Informe con Indicios de Responsabilidad Penal (IRP) que determinó la Contraloría General del Estado (CGE) como resultado de un examen especial realizado en 2019.
Según el ente de control, la empresa china se adjudicó el hotel por US$ 30,8 millones, cifra US$ 6,6 millones menor al precio base aprobado por el mismo Directorio en US$ 37,43 millones, a pesar de que el pago lo concretó después de incumplimientos y cambios de reglas y de la modalidad de la negociación en la subasta bursátil.
Ese activo adquirido por la CRBC, incluye un terreno de tres hectáreas, en el centro de las cuales, hace 66 años (en 1958), el arquitecto estadounidense Charles Mac Hirahan, reconocido por su estilo art-déco, creó el diseño del hotel, catalogado como un ícono del Quito moderno, por lo que la Unesco lo declaró patrimonio arquitectónico y cultural de la ciudad, razón por la cual no podía ser vendido. Pero en los terrenos aledaños, era donde la empresa asiática planeaba invertir alrededor de US$ 200 millones para levantar un ambicioso proyecto inmobiliario.
Por ello, la referida subasta desató una larga disputa que concluyó el 3 de junio de este 2024, luego que el Ministerio de Cultura y Patrimonio dispuso que el Municipio de Quito ratifique el carácter patrimonial absoluto del inmueble y emita una nueva ficha en la que se garantice la protección integral del terreno y del edificio. En términos comprensibles, esto quiere decir que la empresa china no podrá poner ni un ladrillo en esa propiedad.
Este resultado fue posible por la persistente lucha en defensa del HQ, liderada principalmente por Rocío Bastidas, Coordinadora General del Cabildo Cívico de Quito, con el apoyo de varias organizaciones sociales y el acompañamiento de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), dirigida por Germán Rodas Chaves.
En diálogo con este Portal, los dos advierten que estarán vigilantes de que el alcalde de Quito Pabel Muñoz, muy cercano a Rafael Correa y alto colaborador de su gobierno, cumpla a raja tabla con lo dispuesto para rectificar la ficha patrimonial. Admiten cierto temor, pues recuerdan que el burgomaestre es hijo de Washington Muñoz quien, como gerente de la empresa Quito Lindo, ex titular del 100% de acciones del hotel, estuvo al frente de la polémica negociación bursátil.
Entre otros temas, Rocío Bastidas denunció la manipulación de la ficha patrimonial durante la gestión del también correista Paco Velasco como titular del Ministerio de Cultura, para dar vía libre a la venta del hotel; la difusión de publicidad engañosa sobre el proyecto inmobiliario sin contar con los permisos necesarios y recordó que, en 2009, la CRBC fue incluida en la lista de empresas inhabilitadas por el Banco Mundial (BM), debido a prácticas corruptas en Filipinas. La sanción fue por ocho años, es decir que estuvo vigente cuando el correato subastó el HQ.
Desde la subasta bursátil del Hotel Quito, el 21 de abril de 2016, se evidencia una falta de transparencia en la entrega de información por parte del BIESS, IESS, entidades responsables de esa negociación, incluso del Depósito Centralizado de Valores del Banco Central, encargado de la compensación y liquidación de la venta del bien.
Pese a que la sanción del BM fue difundida por el organismo y la prensa local e internacional, la gigante asiática acusó a esta ciudadana de la tercera edad de afectar su imagen y su honra y presentó una denuncia sobre la cual fue notificada el 24 de febrero de 2024. Tras cuatro meses de audiencias y desgastantes trámites judiciales, el pasado 20 de junio, las partes llegaron a una conciliación: ella se resignó a pedir disculpas, pero no públicas sino únicamente en la sala de la audiencia, y la empresa desistió de esa acción.
El paso a paso de la subasta relámpago, convocada y cerrada en 24 horas
El proceso de desinversión del Hotel Quito (HQ) empezó el 6 de junio de 2013 con la aprobación de una resolución del Directorio del BIESS, entonces presidido por el correísta Fernando Cordero Cueva. Para la venta, el BIESS optó por el mecanismo de subasta pública (entrega de ofertas en sobre cerrado), pero antes se debía realizar un aumento del capital de Quito Lindo, titular de todo el paquete accionario del hotel. Esta operación no se hizo con recursos en efectivo sino con los terrenos que el BIESS había comprado al Municipio de la ciudad y que correspondían a los parqueaderos del hotel.
Casi un año después, el 6 de agosto de 2014, el Comité Técnico de Subastas del BIESS realizó la primera convocatoria a subasta pública y ese mismo día el Directorio del banco aprobó una resolución para el aumento de capital “en especies” por US$ 9 millones, además dispuso que esa operación se inscriba en el Registro Mercantil y una vez que se emitan las acciones a favor del Seguro Social, se transfieran al BIESS.
Por esa resolución se cambiaron las fechas de entrega de ofertas y nunca se conoció si el precio referencial mínimo fijado de US$ 35 millones incluía ese aumento de capital. Este proceso organizado por el Comité Técnico de Subastas del BIESS se declaró desierto porque la única ofertante, CDC Internacional (empresa de Costa Rica), presentó una propuesta de US$15 millones.
Rocío Bastidas, activista y defensora del patrimonio del Hotel Quito, pidió a las autoridades actuales del Banco del IESS, identificar y sancionar a los administradores de esta entidad que permitieron la venta del hotel con una reducción de US$6,6 millones del precio base. Junto con la Comisión Nacional Anticorrupción solicitaron se declare la nulidad de la subasta y se recupere el bien.
En el 2015, el BIESS intentó vender el Hotel Quito nuevamente, pero en las Bolsas de Valores (mecanismo de subasta bursátil), pero debido a que las acciones de su dueño, la empresa Quito Lindo S.A. no habían sido registradas en el mercado bursátil, la opción fue encargar a una banca de inversión la contratación de un estudio jurídico, de una compañía que actualice el valor patrimonial del hotel y de otra firma especializada para que haga el avalúo comercial e inmobiliario de los terrenos donde se ubica el hotel. Para ello, Christian Marcelo Bucheli Albán Mestanza, a esa fecha gerente general del BIESS, designó al analista senior Ives Emerson Cadena Rodríguez como gerente de la Banca de Inversión y le encargó agilizar las referidas contrataciones.
Cadena Rodríguez contrató al estudio jurídico Profilegal y a la consultora Price Waterhouse Cooper (PwC Ecuador) para que realice la valoración patrimonial del Hotel Quito, además de un perito comercial. En este contexto, es pertinente anotar que esa firma especializada presentó un informe con tres escenarios de precio base: el pesimista de US$ 26,62 millones, el moderado de US$ 33,91 millones y el optimista y recomendado de US$ 37,43 millones, como consta en un extracto del Informe con Indicios de Responsabilidad Penal que elaboró la Contraloría General del Estado como resultado de un examen especial efectuado sobre esa operación.
El 3 de diciembre de 2015, a través del memorando 585, el gerente general del BIESS informó al entonces presidente del Directorio, Richard Gonzalo Espinosa Guzmán, que había solicitado establecer un precio base de US$ 37.43 millones para iniciar el proceso de puja y repuja.
Esta cifra se basó en los informes jurídicos emitidos por los departamentos de Banca de Inversión y Riesgos de la entidad y en los resultados del análisis de PWC Ecuador. Luego, el Directorio del BIESS aprobó el mecanismo de desinversión mediante el Acta Resolutiva #03910215. Entre otros puntos, también se resolvió respetar la competencia del gerente general para fijar el precio base y continuar con la subasta bursátil, considerando criterios de rentabilidad acordes con el giro del negocio del Banco de los Afiliados.
Bucheli Albán Mestanza asumió la gerencia del BIESS el 16 de septiembre de 2015 y fue quien realizó todos los preparativos para la negociación bursátil; su última gestión la cumplió el 26 de enero de 2016 y consistió en dejar lista la convocatoria para subasta, a ser realizada el 31 de marzo de ese año. Dejó el cargo un día después.
El 28 de enero de 2016, Danilo Bernardo Ortega Salazar asumió la Gerencia General. Una de sus primeras decisiones fue postergar la subasta por 21 días y comunicar a las Bolsas de Valores de Quito (BVQ) y de Guayaquil (BVG) sobre el inicio del proceso de desinversión. Sin embargo, esperó hasta el 20 de abril para realizar la convocatoria a subasta, que se efectuó al día siguiente.
Ese 21 de abril, apenas dos horas antes de la apertura del mercado bursátil, Ortega Salazar informó, a través del Memorando BIESS M-GGEN-0099-2016, que el precio base será de US$ 30,82 millones, es decir, US$ 6,6 millones menos que el valor recomendado por la PWC. Una ganga sobre la que solo tuvo conocimiento la empresa china, la única registrada para la subasta.
“En beneficio de los intereses del BIESS y acogiendo las recomendaciones en los informes de gerencias de Banca de Inversión y de Riesgos y Coordinación Jurídica, el valor base que se tomará para la subasta bursátil es de US$ 30’827.333, que corresponden al valor del capital social de QUITOLINDO Quito Lindo S. A. acorde a los estados financieros en el 2015… por favor proceder con las operaciones necesarias para continuar con este proceso de desinversión y perfeccionar la venta de las acciones de Quito Lindo, a través de la subasta en el mercado bursátil nacional, según lo aprobado por el Directorio”, reza el documento, que también consta en el Informe del Examen Especial realizado por la Contraloría. Allanado así el camino para la privatización del hotel, la subasta serializada de acciones de Quito Lindo arrancó el 21 de abril a las 11:30. Según los registros bursátiles a los que tuvo acceso Mil Hojas, a las 12:20 fue cerrada la transacción con la proclamación del resultado y la adjudicación del patrimonial Hotel Quito a la china CRBC.
Cumplido esto, la Bolsa de Valores de Quito (BVQ) generó la liquidación N° 2581 por US$ 30’827.333, valor que debió ser transferido el 26 de abril de 2016 al Depósito Centralizado de Valores (DCV) del Banco Central y de ahí a las cuentas del IESS.
Sin embargo, llama la atención que esas transferencias no fueron realizadas y, más aún que el mismo 21 de abril, Ortega Salazar, gerente del BIESS y Víctor Chiriboga, gerente de la Casa de Valores Portafolio, que actuó como operador bursátil de la CRBC, hayan firmado un acta-compromiso para que dicho pago se efectúe el 17 de mayo.
Este compromiso tampoco se cumplió y ese 17 de mayo firmaron una segunda acta-compromiso, en la que se amplió el plazo a 120 días laborables.
CRBC dijo a Mil Hojas que no han analizado la posibilidad de devolver el Hotel Quito. «La pregunta se la debería hacer al BIESS: tiene esta institución los fondos para devolver el valor pagado (US$ 31.71 millones, más intereses, más inversiones realizadas por CRBC después de la compraventa, más multa por revertir la compraventa y dañar el acuerdo contractual».
Eso no es todo. Ortega también suscribió con la CRBC un contrato de compraventa con nuevas cláusulas: pactó un abono inicial de US$ 1 millón, que debía ser transferido al DCV y los restantes US$ 29’827.333 con pagos graduales durante los 120 días laborables, esto es hasta el 14 de septiembre de 2016. En el contrato se estipuló el pago de un interés del 8,89% anual por parte de la firma asiática.
En opinión de Ramiro Crespo, analista bursátil y presidente de Analytica Securities Casa de Valores, a todas luces, los cambios en las condiciones de pago configuran una flagrante violación de la Ley del Mercado de Valores que, para este tipo de operaciones, fija en tres días laborables (3T) el plazo de pago en la compra de acciones de renta variable.
“La negociación de las acciones del Hotel Quito tiene una serie de incongruencias por las modificaciones de los plazos para el pago del total y por el secretismo de las autoridades para difundir detalles de la venta a la empresa china”, enfatizó.
Además, para el experto, la subasta del Hotel Quito fue direccionada para favorecer a la gigante asiática y recuerda que, en 2016, al frente de la Superintendencia de Compañías, entidad responsable de controlar este tipo de transacciones, estaba Suad Mansur, otra cercana y fiel servidora del expresidente Rafael Correa.
El experto espera que el gobierno de Daniel Noboa investigue y actúe con agilidad para anular esa venta que jamás debió realizarse, no solo por ser un bien patrimonial sino porque fue hecha en el tiempo récord de un día, con lo que se discriminó a otros posibles inversionistas interesados, cuya participación pudo haber alentado la puja y, así, obtener el mejor precio posible.
Mil Hojas conversó también con una exfuncionaria bursátil, quien pidió la reserva de su nombre. “Llama la atención que se haya permitido el pago después de cuatro meses de la subasta en la Bolsa de Quito. Esa permisividad puede ser una ilegalidad y el DCV del Banco Central permitió que se la cometa, porque esta entidad es la que realiza las compensaciones y liquidaciones de las operaciones de las bolsas en plazos establecidos por la ley”, señaló.
Rocío Bastidas
Coordinadora General del Cabildo Cívico de Quito
Eduardo Peña
Presidente del Consejo Directivo del IESS y del Directorio del BIESS.
Germán Rodas
Coordinador de la Comisiòn Nacional Anticorrupción (CNA)
Hace 5 años, la Contraloría remitió a la Fiscalía un informe con indicios de responsabilidad penal que apuntan, entre otros, a Richard Espinosa
La subasta en cuestión fue objeto del Examen Especial (EE) DNA3-0018-2019, realizado por un equipo de expertos de la Contraloría General del Estado (CGE), que incluyó el análisis de las acciones tomadas por las autoridades del BIESS entre el 1 de enero de 2015 y el 24 de mayo de 2016. También abarcó los procesos de valoración, negociación y venta de la compañía Quito Lindo S.A., bajo la cual el IESS mantenía registrado el 100% de las acciones del hotel capitalino.
Sobre la base de ese EE, el ente de control elaboró y remitió a la Fiscalía General del Estado (FGE) un Informe con Indicios de Responsabilidad Penal (IRP). En las conclusiones señala que, mediante el memorando 585 del 3 de diciembre de 2015, Cristian Marcelo Bucheli Albán Mestanza, a esa fecha gerente general del BIESS, informó al entonces presidente del Directorio, Richard Gonzalo Espinosa Guzmán, que se había solicitado establecer un precio base de US$ 37.43 millones para iniciar el proceso de puja y repuja.
Por ello, el informe de la Contraloría concluye que Ortega tomó esa decisión “sin los sustentos económicos, técnicos ni legales que justifiquen la disminución de US$ 6.6 millones del precio base”, lo que perjudicó los intereses institucionales en lugar de buscar el mejor resultado. Además, el ente de control advierte que Ortega, de forma unilateral, sin contar con la autorización del BIESS, extendió de 3 a 120 días el plazo para que la empresa china cancele los US$ 30,8 millones, sin contar con la autorización del Directorio del BIESS y “beneficiando al comprador y cambiando la modalidad de la negociación con la cual se liquidó la venta de las acciones”.
Es importante destacar que, si bien la Contraloría señala a Ortega, en el informe no exime de responsabilidad a Richard Espinosa, representante de Correa ante el Consejo Directivo del IESS y presidente del Directorio Banco del IESS, dueño del HQ.
El IRP de la Contraloría concluye con un señalamiento contundente: “…El señor Richard Espinosa no se pronunció sobre el pedido de autorizar como precio base de la subasta el valor de $37,4 millones, ni realizó la supervisión y el seguimiento del proceso de venta, permitiendo que se disminuyera el precio base en US$6.6 millones, perjudicando los intereses institucionales…”.
El ente de control detectó indicios de responsabilidad penal en las acciones y en los hechos descritos y remitió el informe con los resultados del Examen Especial con IRP a la Fiscalía General para que investigue el caso y, de encontrar mérito, ejerza la respectiva acción penal.
Hasta la fecha, la Fiscalía no ha informado sobre el seguimiento dado a este caso.
A Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción le sorprende que el actual gobierno de Daniel Noboa, haya adjudicado el contrato, mediante régimen especial, para la construcción de una nueva cárcel en Santa Elena, Guayas, a la compañía Puentes y Calzadas, subsidiaria de la china CRBC.
El mashi Correa y el corcho Cordero, los “socialistas” actores clave para la privatización del Hotel Quito
Con esta investigación, el equipo de Mil Hojas intenta levantar el velo de opacidad que ha cubierto la privatización del HQ, paradójicamente, a manos del autodenominado gobierno de la revolución ciudadana o socialismo del siglo 21.
La línea de tiempo elaborada sobre la base del análisis de la documentación recabada por este Portal y facilitada por las fuentes consultadas, permite poner en evidencia una cadena de decisiones adoptadas desde 2013 por los miembros del Directorio y por la Gerencia del BIESS o Banco de los Afiliados, que habrían ahuyentado a otros posibles inversionistas y beneficiado directamente a la CRBC.
La privatización del HQ fue promovida durante el Gobierno de Rafael Correa y concretada, por orden expresa del exmandatario, un año antes de que termine sus 10 años en el poder. Sí, la disposición de vender el emblemático HQ la dio Correa en 2007, en cuanto asumió por primera vez la Presidencia de la República. Esto se colige del jalón de orejas dado en el llamado enlace ciudadano, mejor conocido como sabatina, #426, el 30 de mayo de 2015: https://www.youtube.com/watch?v=junl4xnKH8w&t=2905s
En ese espacio, Correa se quejó por la demora en esa venta: “Ocho años y no hemos podido vender el Hotel Quito, pese a que la Constitución lo ordena. Son expertos para boicotear desde adentro, ahí el comité de empresa, incluso con los gerentes, porque es su espacio de trabajo, su espacio de poder, no piensan en la ciudad”.
Llama la atención que Correa -cuyo estatus desde 2018 es el de prófugo de la justicia, tras ser sentenciado a ocho años de cárcel en el Caso Sobornos- y cuyo discurso estatista fue uno de sus sellos de campaña, en este caso haya asegurado que si el Hotel Quito pasa a manos privadas se podrá hacer una importantísima inversión.
“Están los terrenos del Hotel Quito; de hecho, la propuesta es así, que se mantenga el nombre de Quito, pero con un respaldo de una cadena internacional, todo un desarrollo inmobiliario que va a ser muy beneficioso… Ocho años llevamos tratando de vender ese hotel, entregaré el gobierno en el 2017 y no lograré vender. Rendimos tributo al arte de cierta burocracia para impedir que se hagan las cosas, ahí sí son unos artistas” vociferó en ex jefe del Ejecutivo.
La furia de Correa se debía a que, pese a sus órdenes, no habían podido concretar la venta, a pesar de que el 6 de junio de 2013, mediante la Resolución BIESS-011-2013, el Directorio del Banco del IESS (BIESS), presidido por Fernando Cordero, uno de sus fieles colaboradores y alfil en el movimiento oficialista Alianza País -hoy Revolución Ciudadana (RC5)- autorizó la desinversión de las acciones del hotel, que estaban registradas a nombre de la compañía Quito Lindo S.A., que pertenecía al BIESS.
Con esa misma resolución se encargó al Gerente General de ese banco que presente el cronograma y el plan de venta del inmueble, sin importar que, por su carácter patrimonial, no podía ser privatizado. Este llamado de atención, que a Correa le tomó menos de un minuto de la sabatina que duraba al menos cuatro horas, rindió fruto: once meses después, el 21 de abril del 2016, el BIESS, mediante una ágil subasta bursátil, convocada un día antes, vendió el hotel a la única interesada en participar en la operación: la CRBC, que ofertó y se llevó el Hotel Quito en US$ 30.8 millones, cuyo destino aún se desconoce.
Eduardo Peña: aunque es complicado, haré lo posible para recuperar el hotel
Sobre la posibilidad de declarar nula la venta y recuperar el hotel, en entrevista con Mil Hojas, Eduardo Peña, presidente del Consejo Directivo del IESS y del Directorio del BIESS, admite que es complicado hacerlo, pero dice que hará lo que esté a su alcance para lograrlo, en caso de que un juez pruebe que la empresa fue parte de actos ilegales para comprar el hotel.
Lo que Peña considera es que pudo haber peculado por la rebaja de US$ 6,6 millones del precio base de US$ 37,43 millones para la subasta. Por ello dispuso a Jorge Andrade, procurador jurídico del IESS y funcionario de su confianza, que se ponga al tanto de las acciones realizadas por la Contraloría y de las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía, para sumarse a ellas e iniciar las acciones que correspondan para resarcir ese perjuicio por el que, según él, debe responder el gerente general que dispuso la rebaja el precio base para la subasta. «Yo no sé ni quién fue ese gerente, pero vamos a investigarlo», afirmó.
La CRBC afirma que canceló los US$ 30,82 millones más intereses y remite respaldo de los documentos de pago
Mil Hojas esperó varias semanas que el ciudadano chino Xing Zhang, gerente general y representante en Ecuador de la constructora CRBC, atienda un pedido de entrevista para que exponga la posición de la compañía sobre esta controversia.
El 20 de junio, por medio de la agencia que maneja sus relaciones públicas, se solicitó el envío de una lista de temas a tratar. Cinco días después, la empresa envió por correo electrónico copias de los tres pagos y el día 28, el cuestionario con las respuestas.
En lo medular, la empresa afirma que todo el proceso se realizó dentro del marco legal y que en ninguna parte del contrato se menciona un término de tres días para el pago. Y agrega que el requisito contractual establecido para la cancelación fue el siguiente:
• Un abono inicial de US$1 millón, que el comprador deposita en la presente fecha (de la subasta) en el DCV-BCE, para su inmediata entrega al vendedor. • El Saldo de US$ 29,82 millones, pagaderos en un plazo de 120 días calendario, contados a partir de la fecha de cierre (fecha de pago). • Sobre el saldo se aplicó un interés anual fijo calculado a la tasa activa referencial de 8,89% publicada por el BCE a la fecha de cierre. El interés fue calculado desde la fecha de cierre hasta el día de pago efectivo.
Daniel Noboa defendió el proceso que lleva adelante el SNAI con la china CRBC para la construcción de una nueva cárcel. Dijo que es un acuerdo de gobierno a gobierno y que quienes están detrás de las críticas, son los narcotraficantes.
Defensores del HQ exigen evidencia de que la CRBC pagó los US$ 30,8 millones y del ingreso de ese dinero a las cuentas del BIESS
Al problema de la irregular subasta del Hotel Quito se suma la falta de transparencia en la entrega de información por parte de las entidades estatales responsables de esa negociación. Hasta la fecha, ni el BIESS, ni el IESS ni el Banco Central han dado una respuesta favorable a los pedidos de acceso a la información efectuados desde hace al menos 4 años por el Cabildo de Quito y la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA).
El 27 de junio pasado, este Portal de investigación periodística remitió a Jonathan Robles, director nacional del DCV un pedido de información en el que se le solicitó las fechas y los documentos de respaldo de los pagos que debía realizar la CRBC.
Con el argumento de que los términos de negociación de las operaciones bursátiles están bajo reserva, la Dirección de Comunicación del Banco Central negó la entrega de esa información. También se intentó hablar con Bernardo Ortega, gerente del BIESS, y con Víctor Chiriboga, gerente de la casa de valores Portafolio y quien actuó como operador bursátil en representación de CRBC en la subasta de abril, pero no respondieron llamadas ni mensajes. Portafolio cerró sus puertas en septiembre de 2021 tras su cancelación del Catastro Público del Mercado de Valores, por denuncias de estafa, defraudación bursátil y tributaria en contra de Chiriboga y de quien fue su presidente ejecutivo, Álvaro de Guzmán. Este último, en abril de 2021, también fue involucrado en el proceso judicial penal por delincuencia organizada en Petroecuador, denominado por la Fiscalía General como “Caso Las Torres”, en el que fueron sentenciados en primera instancia 11 funcionarios, entre ellos el excontralor Pablo Celi.
El 28 de junio de 2024, Mil Hojas también remitió solicitudes de información a esas entidades y a la Fiscalía General, con el propósito de conocer los avances de la indagación previa abierta en 2020, en respuesta a la denuncia presentada por la CNA.
En el caso del IESS, el pedido fue remitido a la Dirección General. Se solicitó copia del balance que refleje los pagos realizados por la empresa china, copia de la disposición que amplió de 3 a 120 días el plazo para que la CRBC cancele los US$30,8 millones y un detalle de las inversiones que se dijo realizarían con esos recursos.
La solicitud fue asignada a la Subdirección Nacional de Infraestructura y Equipamiento, la que el 10 de julio de 2024, envió como respuesta un memorando en el que ignora lo requerido y se limita a detallar los antecedentes del traspaso del HQ al BIESS, efectuado en 2009, y la transferencia del 100% del paquete accionario a Quito Lindo, realizada en 2011.
Alex Silva Arias, titular de esa Subdirección, indica que el pedido debe ser canalizado al BIESS, gestión que Mil Hojas la realizó el mismo día 28 y que, hasta el cierre de esta edición, tampoco fue atendida.
En este punto, es preciso anotar que, desde octubre de 2023 hasta el 1 de febrero de este año, se solicitó sin éxito una entrevista con Jorge Muñoz Torres, quien fue el último de los cuatro gerentes del BIESS nombrados en el gobierno de Guillermo Lasso y el primero en el de Daniel Noboa. Tras su renuncia, el 2 de febrero último asumió ese cargo Luis Cabezas-Klaere a quién, por medio de la Dirección de Comunicación, también se le solicitó un espacio el 7 de junio pasado, sin que hasta ahora se haya agendado una entrevista, a pesar de múltiples ofrecimientos. Solo Jorge Luis Andrade, procurador general del IESS, dijo a este portal que CRBC sí pagó en las fechas comprometidas, “lo digo yo, pero no tengo porqué entregarles esa información… tiene sigilo”, respondió.
Estas evasivas ponen en evidencia que la opacidad es otra característica cuando de negociaciones con China se trata. La activista Rocío Bastidas fue una de las primeras en levantar la voz de alerta sobre la falta de información sobre el pago de los US$30,8 millones. Ella dijo a Mil Hojas lo siguiente:
…“Esa situación la hemos venido investigando y ha sido categórica la afirmación de que no hay una evidencia concreta en una transferencia, algo que diga la empresa china pagó en tal fecha y quedó liquidado el negocio…”
En ese sentido, Bastidas destaca la urgencia de que las nuevas autoridades, que no tienen responsabilidad en el proceso de subasta, informen con transparencia todo lo referente a la venta del Hotel Quito. También insta a que emprendan las acciones legales que correspondan para identificar y sancionar a todos los funcionarios de administraciones anteriores como autores intelectuales y materiales del que llama “el atraco del Hotel Quito”, para dar un mensaje de tranquilidad a los afiliados, pensionistas y ciudadanos que dependen del IESS.
La líder barrial advierte que, si no actúan con celeridad, en mayo de 2026 se cumplirán 10 años de la firma del contrato de venta con la CRBC y se corre el riesgo de que prescriba la causa.
Consultado por Mil Hojas sobre esta alerta, Germán Rodas, de la Comisión Anticorrupción, calificó a la venta del Hotel Quito como “una serie de sucesos delincuenciales”.
Por lo anotado, Bastidas y Rodas exigen que las autoridades del Gobierno de Daniel Noboa, del BIESS y del IESS declaren la nulidad de la subasta y recuperen ese bien que pertenece a los pensionistas y afiliados que, mes a mes, pagan sus aportaciones.
Germán Rodas también expresó su indignación por la reciente adjudicación del contrato, mediante régimen especial, para la construcción de la cárcel en Santa Elena (Guayas) a la compañía Puentes y Calzadas, subsidiaria de la china CRBC. El proceso fue aprobado por el Gobierno, a través de la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNAI) y defendido por el presidente Daniel Noboa, quien desestimó un comunicado de la CNA y dijo que quienes están detrás de las críticas a ese contrato son los narcotraficantes.
Línea de tiempo
6 de junio de 2013
Directorio BIESS
Autorizan la desinversión de las acciones de propiedad del BIESS en Quito Lindo (propietaria del Hotel Quito) y encargan al gerente general que presente el cronograma y el plan de venta.
Fernando Cordero Presidente del Directorio Leonardo Vicuña Miembro del Directorio Bolívar Cruz Miembro del Directorio Omar Serrrano Miembro del Directorio
Se acuerda que la subasta pública es la mejor opción y se pide al Consejo Directivo del BIESS para la legalización del aumento de capital correspondiente a los terrenos de su propiedad que no forman parte del capital accionario de Quito Lindo (que fueron adquiridos al Municipio de Quito).
Acta de sesión de la Junta General de Accionistas para la aprobación de aumento de capital por $9’026.533 (acciones de $1) en especies, es decir, con terrenos.
1 de septiembre de 2014
BIESS
Richard Espinosa Guzmán Presidente del Directorio
Del 1 de septiembre al 11 de noviembre se debía presentar las ofertas y adjudicar la venta, pero el 21 de noviembre se declaró desierta.
20 de julio de 2015
BIESS
Santiago Garcés Burbano Coordinador jurídico
Informa al gerente de la Banca de Inversión que la negociación de las acciones de Quito Lindo, por no haberlas registrado en el mercado de valores, puede ser realizada en el mercado privado.
BIESS-E-CJUR-456-2015
24 de julio de 2015
BIESS
Santiago Garcés Burbano Coordinador jurídico
Informa que es un requisto obligatorio el registro de las acciones en el mercado de valores para realizar la subasta pública.
BIESS-E-CJUR-482-2015
22 de septiembre de 2015
Quito Lindo
Washington Leonidas Muñoz Lara gerente Junta general de accionistas
Delega al Directorio de Quito Lindo que ejecute el proceso de desinversión con la contratación de una banca de inversión, estudio jurídico y una compañía especializada en valoración de empresas, a fin de que actualice el valor patrimonial y para que contrate un avalúo comercial e inmobiliario de los terrenos de la compañía.
24 de septiembre de 2015
Quito Lindo
Directorio
Designa al BIESS como Banca de Inversión para que ejecute el proceso de desinversión y para que contrate a personas naturales y jurídicas para lo señalado.
Acta 43 de la sesión extraordinaria, Anexo 8
2 de octubre de 2015
BIESS
Christian Marcelo Bucheli Albán Mestanza Gerente general
Designa a Ives Emerson Cadena Rodríguez como gerente de la Banca de Inversión quien contrata a Price WC para la valoración. A Profilegal como estudio jurídico y a un perito especializado.
BIESS-E-GGEN-0491-2015
27 de noviembre de 2015
BIESS
Galo García Cárdenas Gerente de Banca de Inversiones Milton Lucero Yépez Gerente de riesgos Santiago Garcés Burbano Coordinador jurídico
Mediante memorando recomiendan vender el Hotel Quito en el precio base de $37,4 millones.
BIESS-E-GINv-1457-2015
3 de diciembre de 2015
BIESS
Milton Lucero Yépez Gerente de riesgos Santiago Garcés Burbano Coordinador jurídico
Mediante memorando recomiendan vender en el precio base de $37,4 millones.
BIESS-E-GGEN-585-2015
7 Y 8 de diciembre de 2015
BIESS
Directorio
En sesión extraordinaria se resuelve el proceso de desinversión de Quito Lindo y deciden respetar la competencia del gerente general del BIESS, para fijar el precio base.
Acta extraordinaria virtual 039-BIESS-2015
21 de diciembre de 2015
BIESS
Christian Marcelo Bucheli Albán Mestanza Gerente general
Indica que se tomará el valor de $37.4, escenario optimista, para la realización de la subasta.
BIESS-E-GGEN-603-2015
26 de enero de 2016
BIESS
Christian Marcelo Bucheli Albán Mestanza Gerente general
Convocatoria para subasra publicada por la prensa, para el 31 de marzo de 2016. No fue publicada en la web del BIESS.
30 y 31 de enero de 2016
Dos casas de valores: Portafolio y Vector Global
Solicitud de postergación de 21 días para realizar la subasta.
26 de febrero de 2016
BIESS
Bernardo Ortega Salazar Gerente general
Comunica a las casas de valores que se inicia el proceso de desinversión.
BIESS-OF-GINV-216-2016
11 al 20 de abril de 2016
BIESS
Galo García Cárdenas Gerente Banca de Inversión Milton Lucero Yépez Gerente de Riesgos Galo Luis García Calderón Coordinador Jurídico
Comunican al gerente del BIESS que las condiciones macroeconómicas del país y el entorno mundial no son favorables y «el valor aprobado para la subasta bursátil, deberá observar el valor mínimo del capital social de $30.8 millones».
Se publica la convocatoria a subasta por la BBQ y la BVG para el 21 de abril de 2016.
21 de abril de 2016
BIESS
Bernardo Ortega Salazar Gerente general entre el 28 de enero y el 24 de mayo de 2016
Ortega indicó que, en beneficio de los intereses del BIESS y acogiendo las recomendaciones de las gerencias de Banca de Inversión y de Riesgos y Coordinación Jurídica, el valor base para la subasta bursátil es de $30’827.333, que corresponden al valor del capital social de QUITOLINDO Quito Lindo S. A. y dispuso proceder con el proceso de desinversión y perfeccionar la venta.
BIESS-MM-GGEN-0099-2016
21 de abril de 2016
Bolsa de Valores de Quito
En la Bolsa de Valores de Quito se cierra operación adjudicando las acciones a la Casa de Valores Portafolio (representante de empresa china CRBC) y genera la liquidación de bolsa 2581 por $ 30,8 millones para que, según resolución vigente, luego de tres días hábiles se pague la totalidad de la transacción. Pero ese mismo día se cambiaron las reglas para el pago.
21 de abril de 2016
BIESS y Portafolio Casa de Valores (representante de empresa CRBC)
Bernardo Ortega Salazar y Víctor Chiriboga Barona
Suscriben una carta compromiso, mediante la cual CRBC debía pagar la operación hasta el 17 de mayo de 2016.
13 de mayo de 2016
Quito Lindo
Se constituye el fideicomiso irrevocable, llamado Acciones Quito Lindo, para garantizar el pago estipulado en la carta compromiso.
17 de mayo de 2016
BIESS y Portafolio Casa de Valores (representante de empresa CRBC)
Bernardo Ortega Salazar y Víctor Chiriboga Barona
Los gerentes de ambas entidades, remiten al Depósito Centralizado de Valores (DCV) del BCE y a la Bolsa de Valores de Quito una nueva comunicación sobre un nuevo acuerdo para liquidar y compensar la operación con pagos graduales y firman una nueva carta-compromiso para que el pago se haga en 120 días laborables, en un plazo que va desde el 26 de abril al 14 de septiembre de 2016.
17 de mayo de 2016
BIESS y CRBC
Bernardo Ortega Salazar
Para cumplir la segunda carta-compromiso se sucribe un contrato de compra-venta de acciones con nuevas cláusulas: abono inicial de $1 millón al DCV del Banco Central y el saldo de $29’827.333 con pagos graduales dentro de un plazo de 120 días laborables pagaderos hasta el 14 de septiembre de 2016, con un interés del 8,89% anual, cambiando así la modalidad de la negociación bursátil.
17 de mayo de 2016
BIESS
Mediante registro contable, Contabilidad de la Gerencia de Inversiones habría registrado la transferencia de $1 millón. El documento de esta transferencia y la cuenta del IESS en la que consta estos recursos no fue entregado a Mil Hojas
15 de junio de 2016
Contraloría
Solicita al presidente del Directorio del BIESS el documento que autorizó la subasta con el precio base de $30,8 millones.
El 20 de octubre de 2023, la jueza de la Unidad Judicial Penal Norte 2 de Guayaquil, Nelly Parrales Córdova, resolvió el archivo de la investigación previa por lavado de activos, seguida en contra del empresario Tomislav Topic y Ricardo Rivera (+), tío del exvicepresidente Jorge Glas.
En su resolución, la magistrada dispuso, además, la revocatoria de la medida cautelar, impuesta en febrero de 2019, que ordenó a Telconet –la compañía de Topic– a consignar al Estado USD 13.5 millones de dólares, a través de Inmobiliar. Es decir, dispuso que el dinero sea restituido a Telconet.
La jueza Parrales señaló que se excedieron los plazos señalados para la investigación y que no se obtuvieron elementos suficientes para la formulación de cargos. “No se observa que los ciudadanos Jan Tomislav Topic Feraud, Marion Tomislav Topic Granados y Ricardo Genaro Rivera Arauz, hayan ingresado al sistema financiero nacional dinero cuyo origen sea ilícito”, señaló la jueza.
La investigación por lavado de activos en contra de Topic y Rivera inició en septiembre de 2017 y se derivó de la trama de corrupción del Caso Odebrecht. Inmobiliar señala que USD 13’190.492,82 fueron consignados a sus cuentas para custodia temporal. “Actualmente la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria se encuentra realizando el proceso legal para el cumplimiento de la disposición judicial de restitución”, indicó la titular de esa entidad Shirley Muñoz, en respuesta a una solicitud de información enviada desde la Asamblea.
Odebrecht, Rivera, Glas, Glory y los Topic
Según la Fiscalía General del Estado el ex vicepresidente Jorge Glas y su tío Ricardo Rivera recibieron el dinero de Odebrecht a través de tres empresas off shore: Columbia Management, Glory International Industry Co. Limited y Cosmac. Ese dinero pasó por las cuentas de Telconet de Tomislav y Jan Topic y por ello derivó en investigación adicional por lavado de activos en contra de Topic y Rivera. En enero de 2019, el secretario Particular de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, el subsecretario General de Acción Política, Iván Granda, y la directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), Diana Salazar, anunciaron que Telconet S.A., la empresa de Tomislav Topic, se había comprometido a devolver al Estado ecuatoriano USD 13, 5 millones “producto de la trama de corrupción que involucró a las empresas Odebrecht y Glory International Industry Corp.”
Los funcionarios, citando información de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), revelaron que Odebrecht hizo varias transferencias a Glory International Industry Co. Ltd., domiciliada en Hong Kong, por un total de USD 13,5 millones; compañía que utilizada por Ricardo Rivera para recibir los sobornos entre los años 2012 y 2013 de la constructora brasileña. “Los fondos eran posteriormente depositados en una cuenta en un banco estadounidense a nombre de Jan Topic (el ex candidato a la Presidencia), hijo de Tomislav Topic, gerente de Telconet S.A.”, dijeron las autoridades. Dijeron que ese valor sería invertido en el proyecto Pacific Caribbean Cable System, un cable submarino de fibra óptica que conectaría Ecuador con el Caribe y EE.UU. utilizando a Telconet de propiedad de Tomislav y Jan Topic para esconder estos fondos”, afirmaron.
Esa no fue la primera vez que Topic entregó dinero al Estado, ya lo había hecho en 2017, durante la investigación del Caso Odebrecht, Topic entregó a la Fiscalía General del Estado USD 2,5 millones. “Ofrecí consignar dineros que había recibido un acreedor nuestro de remitentes no reconocidos en el 2010”, dijo.
Tomislav Topic reconoció que su empresa, Telconet, recibió los USD 13,5 millones en 2012 de la offshore Glory, aunque, afirmó no conocer que parte de esos recursos provenían del pago de sobornos de Odebrecht a Ricardo Rivera; y “como prueba de buena fe” se comprometió a entregar la millonaria suma al Estado. En marzo de 2019, cumplió con la entrega de los USD 13,5 millones.
Esa no fue la primera vez que Topic entregó dinero al Estado, ya lo había hecho en 2017, durante la investigación del Caso Odebrecht, Topic entregó a la Fiscalía General del Estado USD 2,5 millones. “Ofrecí consignar dineros que había recibido un acreedor nuestro de remitentes no reconocidos en el 2010”, dijo.
En las versiones rendidas dentro del caso por lavado de activos derivado del caso Odebrecht, tanto Tomislav Topic como su hijo Jan, reconocieron “haber tenido relaciones con inversionistas chinos, entre ellos Michael Ying, y relaciones comerciales con la empresa Glory International Industry, siendo el contacto el señor Ricardo Rivera con la finalidad de realizar un proyecto millonario en el país de cable submarino”.
Sobre esto, Ricardo Rivera señaló en su versión libre y voluntaria que conoció a Michael Ying y al delator de Odebrecht, José Conceição Santos, a través del empresario (+) José Alvear, identificado como el cajero de Glas.
Rivera dijo además que él puso en contacto a Ying con Topic para tratar temas de la inversión del cable submarino, gestión por la cual debía recibir una comisión de USD 4,7 millones. También relató que luego fue contactado por Conceição Santos para gestionar posibles inversiones por parte de Odebrecht en el cable submarino de Telconet, por esa gestión iba a recibir USD 1 millón de dólares. En total USD 5,7 millones.
En julio de 2017, en su versión libre y voluntaria, dentro del Caso Odebrecht, Tomislav Topic señaló, que entregó USD 5,7 millones en servicios a TV Satelital, la compañía de Ricardo Rivera, como “cortesía” por las gestiones de Rivera para que Odebrecht y un grupo chino invirtieran en Telconet.
Línea de Tiempo
29 de septiembre del 2017
Inicia investigación por lavado de activos
La Fiscalía consideró que existía un presunto hecho punible de acción pública, que estaba relacionado con los hechos que se investigaron en el Caso Odebrecht.
28 de enero de 2019
Petición
Como parte de las investigaciones, el fiscal de la Unidad de Antilavado de Activos No.5, Richard Alvarado, realizó una primera petición de acto urgente a fin de que un juez Penal del Guayas: “…se sirva autorizar del depósito en calidad de evidencia, el monto de USD 13.500.000 millones”.
12 de febrero de 2019
Segunda petición de acto urgente
La Fiscalía realizó, por segunda ocasión, la petición de acto urgente. Misma que fue aceptada. El juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales con Competencia en Delitos Flagrantes de Guayaquil, Ricardo Barrera, resolvió: “…como medida cautelar de prohibición temporal de transferir o mover los fondos consistente en trece millones quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América, que tiene en su poder la empresa Telconet, representada por el señor Tomislav Topic Granados, y cuyo accionista es Jan Topic Feraud, dinero que debe ser depositado por los ciudadanos antes mencionados en la cuenta bancaria a nombre de INMOBILIAR – Lavado de Activos”.
14 de febrero de 2023
Solicitud de archivo
El fiscal Carlos Alarcón solicitó el archivo de la causa, alegando que se excedieron los plazos señalados para la investigación. “Se puede establecer que han transcurrido en exceso aproximadamente 5 años 4 meses hasta la presente fecha que se dio inicio la indagación previa la misma que ha sido de conocimiento de diferentes agentes fiscales, sin que exista un pronunciamiento que nos ordena el Código Orgánico Integral Penal. De este modo y en esta investigación en particular una vez que se han observado todos estos elementos, solicito a usted señor/a Juez/a de Garantías Penales, en aplicación a los artículos 586 y 587 del COIP, se digne disponer el archivo de la causa. (…)”, dice la solicitud de archivo.
20 de octubre de 2023
Archivo de la causa
La jueza de la Unidad Judicial Penal Norte 2 de Guayaquil, Nelly Parrales Córdova, resolvió el archivo de la investigación previa por lavado de activos que se seguía en contra del empresario Tomislav Topic y Ricardo Rivera (+) y dispuso la restitución de los USD 13,5 millones a Telconet.
La resolución señala que se excedieron los plazos señalados para la investigación, “y no se ha obtenido elementos suficientes para la formulación de cargos”, además de que “no se observa que los ciudadanos Jan Tomislav Topic Feraud, Marion Tomislav Topic Granados y Ricardo Genaro Rivera Arauz, hayan ingresado al sistema financiero nacional dinero cuyo origen sea ilícito”, (…) no consta versión alguna que los incrimine, ni pericia alguna que lo haga presumir, ni se haya indicado si quiera el origen ilícito del dinero y activos perteneciente a las personas investigadas”.
Parrales agregó que “en los informes de movimientos financieros ampliados, y el Reporte de operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas remitidos por la Unidad de Análisis Financiero y Económico, en la cual no se establece ninguna inconsistencia ni anomalía registra a las personas naturales (Ricardo Genaro Rivera Arauz, Topic Granados Marion Tomislav, Topic Feraud Jan Tomislav) y personas jurídicas (Telconet S.A).”
Joya de los Sachas, provincia de Orellana, territorio colindante con Sucumbíos, en la frontera norte. Es miércoles 3 de abril de 2024: Dos minutos antes del mediodía, cinco sujetos, hábiles en el manejo de armas y explosivos, luciendo chalecos con alimentadores, atacan a un grupo que departía en un bar. Intentan abrir la puerta, no pueden. Disparan a mansalva con fusiles de guerra de alto poder, similares a los que usan las Fuerzas Armadas del Ecuador (FFAA). Saldo fatal: 4 víctimas mortales, un herido y el local destruido por la activación de una granada.
Además de pistolas 9 mm y revólveres calibre 38, los fusiles de asalto son las armas que más están usando los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO), según evidencias recogidas por la Policía Nacional luego de brutales ataques, como el ocurrido en Orellana. Así concluye la investigación técnico- científica realizada por el área de balística. Entre 2023 y enero del 2024 la Dirección de Criminalística recopiló 69.468 proyectiles 9 mm, además de 16.000 de 5.56 mm, que se utilizan en armas de largo alcance o alto poder.
País
Cantidad (enero/2024)
ESTADOS UNIDOS
194
AUSTRIA
79
BRASIL
32
TURQUÍA
23
NN
79 (entraron sin origen)
REPÚBLICA CHECA
11
ITALIA
10
ESPAÑA
9
BÉLGICA
6
ARGENTINA
4
SERBIA Y MONTENEGRO
4
TOTAL
451
Procedencia de armas
En cuanto a la procedencia de las armas, Patricio Carrillo, exministro de Gobierno de Ecuador, indica que hasta antes del 2015, la mayoría de GDO, criminales y/o delincuentes comunes, utilizaban armas caseras para ejecutar sus acciones violentas, las que en su mayoría se elaboraban en la provincia de Bolívar, de manera semindustrial y artesanal. En 2012, el Ejecutivo emite una resolución que dispone el cierre de esas fábricas. A partir de entonces empiezan a proliferar las armas de fuego industrializadas, que ahora manejan en su mayoría las organizaciones criminales.
No obstante, es recién desde junio del 2023 que, con apoyo de la Agencia Federal de los Estados Unidos, por sus siglas en inglés ATF (Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos) y de la Interpol, Ecuador comienza a profundizar el análisis de las armas incautadas, con la creación del Área de Rastreo de Criminalística de la Policía Nacional, indica el mayor Nelson Solís, integrante de la Dirección Nacional de Investigación Técnico Científica de la Policía Nacional.
Tipos de armas
Cantidad (2023 / enero 2024)
REVÓLVERES
2.295
PISTOLAS
2.243
ESCOPETAS
627
PISTOLONES CAZA
200
FUSILES DE ASALTO
179
CARABINAS
188
TOTAL
5.732
Armas por tipo
Con esta nueva dependencia es posible identificar la línea de distribución, es decir el recorrido de un arma de fuego desde su fabricación en el país de origen hasta el último tenedor legal.
“En Ecuador no se hacía ese análisis y tampoco la Ley de Armas lo contemplaba; sin embargo, con la gestión institucional y la aplicación integral de análisis forense, que se está implementando, se incorpora el rastreo de las armas”, dice Solís, y explica que, con el acuerdo con Estados Unidos, Ecuador tiene acceso a las bases de datos o a las herramientas de rastreo que han proporcionado. “Lo único que hacemos es acceder a esas búsquedas y generamos la información. A enero del 2024 tenemos información de 451 armas”, refiere, y estima que a mediados de año estén -además de periciadas- rastreadas el total de armas incautadas en 2023: 5.732.
Además recalca que en el área de balística de la Policía Nacional, todas las armas incautadas se exponen a una pericia, estén o no inmersas en una actividad delictual o criminal. Ahí son sometidas al proceso establecido por la ley, que se llama gestión integral, durante el cual se realiza: el análisis forense, la obtención de elementos balísticos, se obtiene muestras, se ejecuta el rastreo del arma y se coteja con la información existente en el sistema. Así es como se determina si es que el objeto analizado ha sido utilizado en algún hecho violento.
Estados Unidos, el principal origen
En esos análisis, hasta el momento se ha rastreado 451 armas que llegaron a Criminalística entre junio de 2023 y enero de 2024 y se ha determinado que 194 procedieron de los Estados Unidos; 79 fueron fabricadas en Austria; 32 en Brasil; 23 en Turquía; 11 en Checoslovaquia; 10 en Italia; 9 en España; 6 en Bélgica; 4 en Argentina, 4 en Serbia y Montenegro. En 79 equipos no se pudo determinar la procedencia, por distintas adulteraciones.
De entre todas esas armas, hay una incautada en Guayaquil que, según las pericias efectuadas, ha sido usada en al menos veinte hechos criminales, que son investigados por la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional. No se precisó en poder de qué GDO fue hallada, ni las circunstancias, pero se trata de una pistola calibre 9 milímetros. En la Zona 8, que además conforman Durán y Samborondón, se incautó 9.560 armas de fuego, entre 2020 y enero de 2024.
Todas las armas, indiscriminadamente, estén o no inmersas en una actividad delictual, permanecen en los centros de acopio de la Policía Nacional, bajo cadena de custodia, hasta que el juez que lleva el proceso penal disponga el destino final, que puede ser la destrucción o la declaración de interés público. Un total de 23.224 armas fueron destruidas entre 2020 y 2023, según las Fuerzas Armadas.
La Unidad de Criminalística busca aplicar estándares internacionales para el análisis de armas de fuego, que exigen que los laboratorios de balística tengan repositorios de armas de fuego y archivos físicos de municiones para garantizar un análisis profundo de todo el armamento incautado por las fuerzas del orden.
Para las autoridades es fundamental contar con esos repositorios, porque a Criminalística llegan armas de todo tipo y de distintos calibres, así como municiones variadas. De esa forma, durante las pericias se puede hacer análisis mucho más amplios y detallados de las armas que son incautadas en los eventos delincuenciales.
“Al Estado le cuesta mucho dinero invertir en la compra de armas y municiones solo para pericias. Por eso, los organismos internacionales recomiendan tener repositorios, que se van incrementando con las armas y las municiones incautadas. De lo contrario, las armas no pueden ser periciadas de manera inmediata. Igual, si tenemos la munición, pero no el arma”, explica el experto en balística Nelson Solís.
El 12 de julio de 2023 la Corte Nacional de Justicia (CNJ) resolvió que las Fuerzas Armadas y la Policía puedan usar armas, municiones, explosivos y accesorios incautados tras operativos en contra de la delincuencia y el crimen organizado a nivel nacional. El pleno del organismo aprobó que un juez puede declarar lo decomisado como de beneficio social o de interés público y puede determinar que instituciones como la Policía o las Fuerzas Armadas sean los destinos de aquellas armas.
Pero para que no se requiera un pronunciamiento judicial que viabilice la decisión de la Corte, este 21 de abril en la consulta popular el gobierno busca validar la resolución del máximo organismo de justicia mediante una reforma al COIP, donde quede explícito que las armas confiscadas puedan ser usadas por las fuerzas del orden. Si gana el SI en este tema, el Ejecutivo deberá remitir a la Asamblea Nacional la respectiva reforma al COIP. Al momento suman 42.166 armas de fuego y 494.300 municiones las que se encuentran en los Centros de Acopio de Evidencia.
Más droga incautada, más violencia
Al analizar la forma cómo los grupos narcodelictivos y terroristas han repotenciado su armamento, el General Freddy Sarzosa, Director de Investigaciones de la Policía Nacional, sostiene que, desde 2017 se ha registrado una transición de la violencia interpersonal a violencia criminal, situación que va a la par con el incremento de las incautaciones de droga. “Hay una relación directa entre tráfico de armas, de drogas y homicidios intencionales, tomando en consideración que el 90% de la violencia criminal está asociado al tráfico de droga”, asegura.
De cada 10 muertes, 8 o 9 han sido por impacto de armas de fuego que, en su mayoría, ingresaron por la frontera sur ecuatoriana. Según el rastreo oficial, se trata de armas que primero fueron importadas por Perú, en donde también fueron utilizadas por grupos ilegales. El siguiente destino de la mayoría de esas armas fue Ecuador, vía contrabando, para ser utilizadas por grupos narcodelictivos o terroristas, como los denomina el Gobierno de Daniel Noboa Azín, desde que declaró el conflicto armado interno, en enero de 2024.
Debido a esa situación, según Sarzosa, hace poco, desde la Interpol se planeó la necesidad de repotenciar los análisis, a fin de establecer la trazabilidad de las armas y las municiones, lo que permitirá bloquear el ingreso de ese tipo de armamento a territorio ecuatoriano. Además, el experto es partidario de ejecutar ese tipo de control en coordinación con los países productores de armas, lo que facilitaría mejorar el combate del contrabando.
También sostiene que hay indicios de que los enfrentamientos son parte de las disputas de poder y territorio entre los grupos que controlan la economía ilegal que genera sus actividades criminales. “Además, con más violencia, pretenden sembrar terror para que otros grupos no busquen apropiarse de sus zonas. Quieren alcanzar su hegemonía siendo más crueles, tal como sucedió en el ataque de Joya de los Sachas”, enfatiza.
Dieciséis meses y siete días pasaron antes de que Jorge Glas retorne a prisión para cumplir los casi tres años que le faltan para completar su sentencia por los delitos de asociación ilícita y cohecho y afrontar una nueva investigación fiscal por peculado y una demanda por acoso e intimidación.
Desde el 6 de abril de 2024, el dos veces vicepresidente de la República, ocupa una celda de máxima seguridad en la cárcel La Roca en Guayaquil, a donde llegó tras la irrupción de fuerzas especiales en la Embajada de México en Quito, que lo detuvieron para evitar que huyera en un avión militar mexicano para reencontrarse con sus compañeros de partido y de ideología que están asilados y exiliados en ese territorio y que también han sido procesados unos y sentenciados otros en el Ecuador.
Glas llegó a esta delegación diplomática el 17 de diciembre de 2023 bajo la figura de ‘huésped’. El Gobierno del presidente Daniel Noboa declaró persona no grata y expulsó a la embajadora mexicana Raquel Serur, en respuesta a los comentarios del presidente de ese país Andrés Manuel López Obrador sobre el magnicidio del excandidato presidencial Fernando Villavicencio. La reacción de México fue conceder asilo a Glas y exigir la entrega de un salvoconducto que fue negado.
El 6 de abril, fuerzas especiales de la Policía ingresaron a la embajada de México para detener a Jorge Glas. – El Universo
Con la convicción de que faltaba casi nada para concretar su huida a tierras mexicanas, horas antes de su detención en la sede diplomática, Glas publicaba triunfante en sus redes sociales: “No se puede vencer al que nunca se rinde”.
En sus últimas entrevistas, durante su periodo de libertad provisional, el exvicepresidente repetía desafiante que “la justicia debe ser sagrada y la libertad mucho más”, en alusión a su pelea por lograr la libertad, pues se autocalificaba como “un perseguido político y víctima del ‘lawfare judicial’ (persecución judicial)”. Ese era el discurso que intentaba posicionar en las intervenciones que pactó con medios locales y extranjeros, así como desde su espacio radial al que llamó ‘Glas en línea’. Sin embargo, en la práctica, para Glas, la justicia no fue sagrada. Cuando entró a prisión se rodeó de abogados que mientras recurrían a polémicos recursos legales y estrategias para ponerlo en libertad, como la compra de votos y conciencias de operadores de justicia, policías y fiscales, litigaban con estas mismas prácticas para liberar a los narcotraficantes y cabecillas de bandas narcodelictivas como Jorge Zambrano, alias Rasquiña de los Choneros y Leandro Norero Tigua de Los Tiguerones.
CASO ODEBRECHT
El 13 de diciembre de 2017, el exvicepresidente fue sentenciado por asociación ilícita a seis años de prisión, por recibir sobornos de la empresa brasileña Odebrecht mientras fue ministro de Sectores Estratégicos del gobierno de Rafael Correa. El mismo dictamen fue para su tío Ricardo Rivera, quien estaba relacionado con el sector de telecomunicaciones y dos exfuncionarios más del mismo régimen. Según la Fiscalía, los sobornos llegaron a estos personajes a través de empresas intermediarias.
Y así lo corroboró el pasado 10 de abril, el exejecutivo de Odebrecht José Conceicao Santos, en la Corte del Distrito Sur de la Florida donde señaló que él sobornó a Jorge Glas y le entregó entre “USD $ 17 y USD $ 18 millones tanto en efectivo como a través de transferencias bancarias”.
En la investigación de la trama de Odebrecht realizada en Ecuador, Tomislav Topic, propietario de la empresa Telconet, apareció en la ruta del dinero de sobornos. En 2019, en una de sus intervenciones públicas, Harrison Salcedo, entonces abogado defensor del exvicepresidente Glas, aseguraba que Tomislav Topic, nunca entregó aportes económicos para Alianza País, movimiento político del correísmo que auspició al binomio Lenin Moreno y Jorge Glas para llegar a la presidencia en el 2017.
En ese entonces el Tribunal de la Corte Nacional dispuso que, Glas y su tío, restituyan al Estado $16,1 millones, pero se restaron dos millones porque Topic dijo haber entregado a la justicia esos recursos, asegurando que “alguien” depositó en las cuentas de esta compañía los dos millones y los tenía inmovilizados desde el 2010.
CASO SOBORNOS
El 7 de abril de 2020 Glas recibió su segunda sentencia por corrupción, pero esta vez junto con su líder y expresidente de la República Rafael Correa. El Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) compuesto por Iván León, Iván Saquicela y Marco Rodríguez, dictó ocho años de prisión para estos dos políticos como autores del delito de cohecho pasivo en el caso que la Fiscalía lo tituló como Sobornos 2012-2016, donde se revelaron los aportes de compañías multinacionales, entre ellas, Odebrecht, Sinohydro y Telconet, al movimiento político de Rafael Correa y también para lograr contratos con el Estado.
Como coautores sentenciaron a otros funcionarios del correismo: Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia; los ministros María de los Ángeles Duarte y Walter Solís, Vinicio Alvarado, Viviana Bonilla, Christian Viteri y Pamela Martínez. En total fueron sentenciadas 19 personas.Harrison Salcedo intentó nuevamente en mayo, con una acción constitucional de habeas corpus la liberación de Glas, argumentando problemas de salud y para cuidar su integridad física. El recurso fue negado.
Jorge Glas y Rafael Correa fueron sentenciados a 8 años de prisión como autores del delito de cohecho en el caso Sobornos 2012-2016. – El Universo
En agosto, Glas contrató al estudio jurídico FandeT Law Firm para que lo represente en su recurso extraordinario de casación y que en una codefensa con su abogado Harrison Salcedo lograr su libertad. El director principal de este bufete Cristian Romero Moya se encargó de la estrategia de defensa que no fue efectiva, porque el 8 de septiembre, la Corte Nacional de Justicia ratificó la sentencia de ocho años de prisión para Glas y los 18 involucrados en diferentes grados del delito de cohecho.Dos meses antes, Salcedo había logrado la prelibertad de Jorge Zambrano, Alias Rasquiña, cabecilla en ese entonces del grupo narcodelictivo Los Choneros. Pero para acceder a este recurso, antes el juez Luis Tamayo Arana, le redujo la pena que cumplía por asesinato de 20 a 8 años de cárcel. Este juez es tío de Xavier Novillo, mano derecha de otro de los líderes narcos, Leandro Norero.
CASO SINGUE
El 25 de enero de 2021, Glas fue sentenciado a 8 años de prisión junto con el ex ministro de Energía Carlos Pareja Yannuzzelli y otros cinco exfuncionarios por el delito de peculado en la contratación irregular de servicios de exploración y explotación del campo petrolero Singue que se adjudicó al consorcio Dygoil Consultora y Servicios Petroleros Cía. Ltda y la firma Gente Development LLC, durante el gobierno de Rafael Correa. “Como máximas autoridades del sector petrolero, dispusieron arbitrariamente de recursos del Estado en beneficio propio y de terceros”, sentenció el tribunal de la CNJ.
Con tres sentencias a cuestas, en abril de 2022, Diego Moscoso, juez de Manglaralto, ordenó la liberación inmediata de Glas mediante el recurso de habeas corpus, lo que le permitió dejar la cárcel de Latacunga. Pero la decisión fue anulada por una apelación del gobierno de Guillermo Lasso.
Antes de ingresar nuevamente a prisión Glas estaba seguro de que recobraría su libertad: “no voy a huir, yo me quedo, me he entregado por dos veces a la cárcel y aquí sigo, porque tengo que limpiar mi nombre… pero volveré a salir”,
En mayo de 2022 el exvicepresidente volvió a entregarse a la justicia y esta vez logró quedarse en la cárcel 4, en Quito, donde enseguida recibió una demanda de alimentos para que junto con sus dos hermanos (Heriberto y Silvia) se hagan cargo de la pensión alimenticia del hijo de su padre, Jorge Glas Viejó, quien murió en febrero de ese año. Glas Viejó, fue declarado culpable del delito de violación a una niña de 12 años, quien tuvo a su bebé. La justicia ordenó que el padre del exvicepresidente debía pagar una pensión alimenticia de $ 300. En noviembre de 2021, fue la última vez, que el niño que hoy tiene 13 años recibió pensión.
Pasó poco tiempo para que se activara una agresiva acción de la defensa de Glas con la presentación de acciones constitucionales. En agosto de 2022, el estudio jurídico FandeT Law Firm actuó para Glas y paralelamente con habeas corpus para su otro cliente, Leandro Norero. El abogado Jonathan Aguinda Shiguango, experto en derecho penal y constitucional presentó en audiencia del 5 de ese mes, el recurso de habeas corpus para la libertad de Glas. El juez Banny Rubén Molina, de Manabí, lo aceptó y ordenó la liberación de Glas y de paso de Daniel Salcedo, sentenciado por corrupción hospitalaria que hoy es procesado en el caso Metástasis.
Este tema fue de interés del capo Norero, procesado por lavado de activos e investigado por narcotráfico, que llegó a la cárcel de Latacunga en mayo de 2022 y fue asesinado en octubre de ese año por otros internos. Según los chats que se extrajeron de sus cinco teléfonos celulares y que constan en el caso Metástasis, Norero estaba interesado en entregar dinero para la libertad de Glas y se propuso un monto de $ 250.000 que no se concretó, según Hélive Angulo, testigo protegido y administrador de los bienes del narco.
El 9 de agosto, según esos chats, Norero conversó con Xavier Jordán, otro de los procesados en Metástasis por delincuencia organizada y vinculaciones con el narcotraficante, sobre la posible salida de Glas de la cárcel de Latacunga.
Jordán: El habeas corpus de Glas ya está en el registro judicial.
Norero: Si ya tienen las boletas mañana salen.
Jordán: 50 lucas me costó esto porque es una jugada maestra. Jg sale hoy.
Norero: Ese loco que salga y se vaya de una del país.
Las boletas a las que se refiere el narco Norero en este diálogo periciado fueron alteradas. Según el Consejo de la Judicatura, los abogados Edison Loaiza, Hugo Lara Olmos y Jonathan Aguinda (estos dos últimos procesados en el caso Plaga) presentaron las boletas de excarcelación de Glas y de Daniel Salcedo en la cárcel 4 de Quito sin formato, sin código QR y la de Jorge Glas tenía error en uno de los diez números de su cédula de identidad. En el sistema de la Judicatura, nunca encontraron las boletas. Además, se acusó a Banny Molina de emitir esos documentos cuando se le suspendió en sus funciones de juez.
Si bien Glas y Daniel Salcedo no salieron de la cárcel en ese entonces, hace pocos días (el pasado 26 de marzo) se conocieron detalles inéditos de cómo se habría coordinado los planes, entre un poderoso personaje político y narco delincuentes, para liberar a Glas. En su testimonio anticipado, Marcelo Lasso Saavedra, compañero de celda de Norero, relató que fue testigo de varias conversaciones entre el expresidente Rafael Correa y Norero sobre “la libertad de Jorge Glas”.
“Leandro y Salcedo, estaban invirtiendo en la libertad del señor Glas con fines políticos, sabían que eventualmente algún día les iba a servir. Yo ví las video llamadas, yo escuché, vi su cara (de Correa), yo pasaba en la celda con Norero. Le decía Mashi”, según el testigo Lasso Saavedra.
Meses después, los esfuerzos por liberar a Glas volvieron al terreno de sus abogados. El 10 de noviembre de 2022, un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, nulitó el caso Singue y dejó sin efecto la sentencia por la “caducidad del caso” y el exvicepresidente y quienes llevaban su defensa legal: Cristian Romero, Jonathan Aguinda y Hugo Lara, reactivaron el pedido para que la sentencia de ocho años (caso Sobornos) absorba a la de seis años (caso Odebrecht) y pueda acceder a la prelibertad. Se presentó un nuevo habeas corpus y medidas cautelares que fueron negadas.
El 26 de noviembre, según Álex Palacios, director nacional de asesoría jurídica de la Judicatura, acompañó al presidente de ese entonces Wilman Terán a Santo Domingo de los Tsáchilas y se hizo la entrega de la medida cautelar a favor de Jorge Glas a la abogada Anabel Torres para que el juez Emerson Curipallo falle a favor de Glas. “La medida cautelar fue elaborada por Wilman Terán en su computadora y le entregó en un pendrive”, relató Palacios investigado en el caso Metástasis y que hoy forma parte del programa de Víctimas y Testigos dirigido por la Fiscalía.
Y así pasó, el 28 de noviembre de 2022 el juez Emerson Curipallo, ordenó la liberación provisional de Jorge Glas. Al momento Curipallo, quien perdió condición de juez, está procesado en el caso Metástasis por liberar a sicarios alias ‘Madrid’ y alias ‘Cuyuyuy’, que estaban al servicio del narcotraficante Leandro Norero.
En enero de 2023, la justicia decidió que Jorge Glas cumpla solo 8 de los 14 años que sumaba en condenas de corrupción y la Fiscalía anunció que lo procesará por el presunto delito de peculado por el mal uso de recursos recaudados para la reconstrucción de Manabí tras el terremoto de abril de 2016 que devastó extensas zonas de la provincia.
Los abogados volvieron a actuar y presentaron recursos para dilatar la instalación de la audiencia de formulación de cargos y el 18 de diciembre de 2023 Glas se refugió en la Embajada de México. Ese mismo día, recibió la noticia de la negativa a su pedido de prelibertad y se ordenó que el exsegundo mandatario vuelva a prisión para cumplir los casi tres años que faltan por sus sentencias de corrupción.
CASO RECONSTRUCCIÓN DE MANABÍ
El 1 de junio de 2023, la Fiscalía General del Estado anunció la investigación del caso Reconstrucción de Manabí y por tres ocasiones intentó formular cargos contra Jorge Glas, Carlos Bernal, el exsecretario del Comité para la Reconstrucción y Pablo Ortiz, el exgerente de la Empresa Pública Ecuador Estratégico, hasta que el 5 de enero de 2024 se logró la instalación de la audiencia y el juez dictó prisión preventiva para el exvicepresidente Jorge Glas.
La Fiscalía solicitó la vinculación de otras seis personas al proceso y este 12 de abril, pidió prisión preventiva para Walter Solís, exministro de Transporte. Él está refugiado en México desde 2021 por su sentencia en el caso Sobornos. Para otros cinco involucrados en la investigación se solicitaron medidas cautelares.
El sustento del caso es por un supuesto desvío de $ 367 millones que se recaudaron con la vigencia de la Ley de Solidaridad para beneficio de terceras personas naturales, contratistas y fiscalizadores que ejecutaron otro tipo de proyectos que no cumplían los requisitos de la emergencia por el terremoto del 2016. Jorge Glas era el presidente del Comité de Reconstrucción.
Entre el 2019 y 2020, la Fiscalía recibió de la Contraloría General del Estado los resultados de un examen especial a los contratos suscritos para la construcción del parque Las Vegas ubicado en Portoviejo y la construcción del proyecto tramo Acceso al Puerto de Manta, redondel del Imperio Colisa, cuyo financiamiento, $68 millones, salió de los fondos de la Ley de Solidaridad que eran recursos para enfrentar las consecuencias del terremoto.
Además, recibió una denuncia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sobre 584 proyectos que el Comité para la Reconstrucción priorizó “sin sustento técnico que evidenciara la finalidad emergente de reconstrucción”.
CASO SOLEDAD PADILLA
La ex funcionaria demandó a Jorge Glas por acoso. La Fiscalía inició la investigación previa hace seis meses – El Universo
El exvicepresidente Jorge Glas enfrenta desde octubre de 2023, una denuncia por acoso e intimidación presentada por su excolaboradora Soledad Padilla. Desde 2008, Padilla, trabajó con Glas, en el Ministerio de Sectores Estratégicos, Ministerio de Telecomunicaciones, el desaparecido Fondo de Solidaridad y finalmente en la Vicepresidencia de la República con Rafael Correa (2006 a 2016) y con Lenin Moreno (2017).
Esta denuncia en la que Padilla acusa a Glas de “hostigamiento, amedrentamiento y amenazas”, se encuentra en investigación previa. La Fiscalía ha practicado diligencias para reunir elementos antes de la formulación de cargos. Esta fase se encuentra en reserva.
Glas hizo lo mismo y presentó una denuncia en contra de Padilla por extorsión.
ÚLTIMO INTENTO PARA SALIR EN LIBERTAD
A pesar de que el 29 de febrero de 2024 la Corte Constitucional revocó las medidas cautelares a Glas y otras dos decenas de personas con sentencias ejecutoriadas por salir en libertad de manera irregular, el exvicepresidente a través de sus defensores presentó nuevamente un habeas corpus que le fue negado este 12 de abril de 2024.
Última audiencia de habeas corpus solicitada por la defensa de Jorge Glas para buscar su libertad. Sala especializada de la Corte Nacional de Justicia, negó este pedido. – Diario Expreso
Aunque la Sala Especializada de la Niñez y Adolescentes Infractores de la Corte Nacional de Justicia, en su resolución final dijo que la “detención (de Jorge Glas) en una misión diplomática fue ilegal y una arbitrariedad, no dio paso al mencionado recurso constitucional.
“…Correspondería disponer la libertad, no obstante, como se ha justificado en la audiencia, existen sentencias condenatorias y causas juzgadas, cuyas penas están unificadas y este Tribunal no puede modificar las condenas, por ello no es procedente conceder la libertad”, concluyó la Sala que se negó a pronunciarse sobre la legalidad del asilo diplomático entregado por México al sentenciado Glas, porque “eso es cuestión de competencia diplomática y autoridades de cada país”.
En tan solo cuatro meses, las investigaciones fiscales de los casos Metástasis, Purga y Plaga han develado una amplia red de corrupción de un sistema judicial que arrastra a fiscales, políticos, empresarios, policías y hasta abogados en libre ejercicio que se protegieron con el dinero del narcotráfico para alcanzar impunidad.
Estas tres causas están ligadas por finas pero fuertes conexiones para el cometimiento de delitos de tráfico de influencias, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito no justificado, lavado de activos y delincuencia organizada, la mayoría de estos, diluidos en dictámenes con votos comprados por millonarios sobornos que salieron del bolsillo del cabecilla de una banda narcodelictiva ‘Los Tiguerones’, Leandro Norero Tigua.
Alrededor de Norero se tejió una mega red de abogados con diferentes especialidades que desplegaban casi cualquier tipo de estratagemas y prácticas irregulares con el fin de convencer a sus “contactos judiciales” para fallar a favor del narco en cuatro provincias del país. Aún no se conocen los nombres de todos, pero sí de los principales letrados que se convirtieron en los “hombres de confianza” de Leandro Norero y de los “peones” que se dedicaron a entorpecer las audiencias y llevar y traer escritos a las unidades judiciales.
Solo entre los meses de mayo a octubre de 2022, cuando el capo de la droga estuvo en prisión tras un allanamiento en su mansión en la zona exclusiva de La Ribera del Batán, en Guayaquil, esta estructura de defensa legal movió más de 4,8 millones de dólares en compras de resoluciones judiciales, regalos a fiscales y policías, en conocer información reservada y alterar evidencia en sus procesos por lavado de activos y tenencia ilegal de armas.
Leandro Norero fue asesinado en la cárcel de Latacunga, el 22 de octubre de 2022.
Desde el 14 de diciembre de 2023 en que la Fiscalía General del Estado hizo público el caso Metástasis y hasta el 3 de abril de 2024 en que presentó el caso Plaga, la lista de abogados en libre ejercicio que sirvieron al narco Norero y de los que se prestaron para defender y liberar a delincuentes sentenciados bajo “argucias legales”, sigue extendiéndose.
Cristian Geovanny Romero Moya
Romero es uno de los principales operadores judiciales de la red criminal del narcotraficante Leandro ‘El Patrón’ Norero, según las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, que lo ubica en el caso Metástasis con el alias GlobalPax. Este abogado nació en Santo Domingo de los Tsáchilas, pero vivió en Riobamba. Personas que lo conocieron en aquella época cuentan que una de sus primeras actividades fue la de juez de línea en partidos de fútbol barrial.
Se dio a conocer a nivel nacional por asumir la defensa del exvicepresidente Jorge Glas, sentenciado en el #CasoSobornos y #CasoSingue, a través de su estudio jurídico FandeT Law Firm. Defendió y promocionó su defensa para el expresidente Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo, además de Daniel Salcedo, procesados por presunta delincuencia organizada en la venta de insumos médicos y pruebas de COVID durante la pandemia.
Hélive Angulo, alias Estimado o Larry, como figura en los chats de #Metástasis, relató que después de que Leandro Norero fuera capturado la madrugada del 25 de mayo de 2022, Romero Moya le llamó para “ofrecerse como la defensa técnica” del capo y su familia por $500.000. Debido a que, tras la captura, nadie quiso asumir la defensa, Norero aprobó la contratación, según contó su hombre de confianza en su testimonio anticipado.
Esa fecha inició la relación de Romero con Norero a quien le llamaba “mi jefe”. Hoy se mantiene “escondido” tras una negativa a su pedido para que la Fiscalía acepte un procedimiento abreviado para pasar solo 20 meses en la cárcel 4 de El Inca, en Quito.
Romero tramitó empresa fantasma de Leandro El Patrón Norero en Panamá
El 14 de diciembre de 2023, como parte de las acciones en el #CasoMetástasis, la Fiscalía General del Estado (FGE) allanó las oficinas de FandeT Law Firm en Riobamba, en donde, además de una laptop, documentos y registro de pagos, se encontró la escritura de constitución de una compañía en Panamá: Lionff Capital Invetment Group
Los directivos y accionistas de esta empresa han sido vinculados al juicio por lavado de activos, en el que se estima que el narco Leandro Norero Tigua y su red lograron blanquear alrededor de $ 15 millones.
Los socios de esta firma panameña: Lina Paola Romero Vargas, esposa de Norero, está enjuiciada como coautora de ese delito, con la suma de $ 672.608; Lisseth Carolina Ennisch Paredes, fue llamada a juicio por $ 1,39 millones. Carlos Alberto Párraga López está enjuiciado como cómplice. La Fiscalía también vinculó a esa compañía fantasma a través de la cual se habría lavado $ 380.895, pero este juicio está suspendido, al igual que su estatus en el Registro Oficial de Panamá, a pesar de que la compañía fue creada para que existiera a perpetuidad.
Mil Hojas siguió la pista de Lionff Capital Investment Group, constituida en Panamá el 5 de julio de 2021, con un capital de $10.000, según el Registro Público de compañías de ese país: https://www.rp.gob.pa/LoginUsuario
La escritura 7541 fue suscrita por la colombiana Lina Romero Vargas, pareja de Norero, y la ecuatoriana Lisseth Carolina Ennisch Paredes. Ellas figuran también como presidenta/directora y secretaria/directora, en ese orden.
Lionff Capital Investment Group tiene un tercer director: el ecuatoriano Carlos Alberto Párraga López. Los tres socios constan en la escritura con la misma dirección en Manta-Ecuador: Ciudadela Maratea, fila C. El agente residente es el abogado panameño Manuel Alberto Carballo Vega.
Como es usual, cuando de crear empresas fantasmas se trata, el objetivo es tan abierto que, en este caso, va desde la compra, venta o arrendamiento de bienes raíces, pasa por préstamo de dinero a cualquier persona natural o jurídica, inversiones en todo tipo de actividad, hasta celebrar, hacer cumplir y llevar a cabo contratos de toda clase con cualquier gobierno local, municipal o de otra índole. En suma, la empresa puede hacer lo que quiera, porque así se lo permite en el literal K de la escritura de constitución: “…puede llevar a cabo cualquier negocio lícito, en cualquier parte del mundo”…
Cinco días después de su constitución, el 10 de julio de 2021, se realiza una asamblea extraordinaria de accionistas, cuya acta es registrada al día siguiente. Solo se trató un asunto: la propuesta de Lina Paola Romero de que, en su lugar como presidenta/directora sea designado el ecuatoriano Marco Antonio Demera Vera, con cédula número 1312047374, moción que fue aprobada, como consta en el acta, que fue registrada al día siguiente.
Pero el nuevo presidente de Lionff Capital Investment Group tiene un interesante prontuariado en Ecuador. En diciembre de 2018, marzo y mayo de 2019 y en abril de 2023, Demera Vera fue procesado penalmente por asalto, robo, tenencia y porte de armas, según consta en la base de datos del Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (SATJE), https://consultas.funcionjudicial.gob.ec/informacionjudicialindividual/pages/index.jsf#!/.
Su historial delictivo continúa. En el año 2008, cuando este personaje apenas tenía 22 años, fue arrestado y llevado a juicio por delitos similares. Al parecer, esa sería una de sus primeras incursiones en el mundo de la delincuencia o, al menos, la primera vez que fue incluido en los registros judiciales de Portoviejo, provincia de Manabí.
Y de ese mundo no salió. El 6 de febrero de 2023, mientras figuraba como alto ejecutivo de la empresa fachada de Norero, la Fiscalía de Manta realizó una audiencia de juicio contra tres sujetos -él era uno de ellos-. En esa ocasión, la Policía les incautó un revólver, una pistola automática, 21 municiones de diferente calibre y un chaleco antibalas. Según las pocas noticias publicadas sobre ese hecho, se presume que preparaban un atentado.
Al revisar su información tributaria, encontramos que el 12 de noviembre de 2015 obtuvo en el Servicio de Rentas Internas (SRI) un Registro Único de Contribuyentes (RUC), bajo esta actividad principal: “Venta al por menor de comisionistas (no dependientes de comercios); incluye actividades de casas de subastas (al por menor)”.
Hasta el momento, Marco Antonio Demera Vera no está en el radar de la Fiscalía General.
OTROS ABOGADOS AL SERVICIO DEL NARCO
1- Alex Francisco Palacios Shinin
A Álex Palacios se lo señala en el caso Metástasis como el subcoordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que asesoró a Hélive Ángulo, hombre de confianza de Leandro Norero para comprar decisiones de jueces a cambio de gestionar resoluciones de hábeas corpus a favor de Israel Norero y Maribel Zambrano Tigua, hermanos del narcotraficante.
Palacios llegó a la CNJ en 2017. En los años 2020 y 2021 fue director y socio del bufete de abogados ‘FandeT Law Firm’ que pertenece a Cristian Romero Moya y participó en procesos de defensa de la familia Bucaram Ortiz y Bucaram Pulley y de Daniel Salcedo, según aparece en varias fotografías en las cuentas de Facebook e Instagram de FandeT del mes de julio de 2020. En el 2022, fue contratado por el Consejo de la Judicatura (CJ) como director nacional de Asesoría Jurídica bajo la presidencia de Wilman Terán, de quien según la Fiscalía “era muy cercano”. En septiembre de 2023, fue designado por la Judicatura como director provincial de Chimborazo.
Según los chats de Metástasis, una de las estrategias para sacar de la cárcel a los hermanos de Norero era presentar habeas corpus en distintas unidades del país para lo cual sobornaron a los jueces Santiago Zumba y José Luis Segovia de la unidad de Cotopaxi. Esta estrategia fracasó y se enfocaron en la Corte Nacional para que apruebe un habeas corpus mediante un recurso extraordinario. Ahí Angulo recurrió a Alex Palacios quien era subcoordinador jurídico de la Corte.
“¿Cómo sería el ejercicio? ¿Cómo se dividen los 450 abdominales?” Preguntaba Hélive Angulo a Palacios quien respondió: “150 para cada juez”. Lo que significaba $ 150.000 según la Fiscalía.
El 24 de febrero de 2024, Palacios en una versión libre y voluntaria sin juramento negó que el contenido de los chats que están en la Fiscalía sea de su “autoría” y los calificó de “forjados”. Pero reconoció que sí habló por videollamada con Leandro Norero cuando almorzaba con Hélive Angulo en Quito, pero no fue por su voluntad, sino por engaño de Angulo, dijo.
También aceptó que trabajó con Cristian Romero, abogado del narco Leandro Norero, pero según él, se alejaron por discrepancias económicas antes del 2017.
Angulo en su testimonio anticipado del 27 de marzo de 2024, corroboró los contenidos de los chats de la Fiscalía y agregó detalles de cómo recibió a Palacios en el aeropuerto de Quito y lo trasladó a la Corte Nacional donde subieron a la oficina de Wilman Terán. Ahí, dijo, tomó una fotografía de unos libros de Terán y le envió a Norero para demostrar que se encontraban con Palacios en la Corte buscando apoyo para los habeas corpus del narco. Además, Angulo dijo que le entregó $ 10.000.
Palacios amplió su versión el 30 de marzo de 2024, y pidió colaborar con la Fiscalía, pero antes solicitó ingresar al Programa de Víctimas y Testigos. Como muestra de su interés de contar todo lo que sabe, entregó su computadora personal en la que estarían según él, los números de sus cuentas bancarias, fotografías, pedidos de vocales de la Judicatura y contraseñas de Wilman Terán. También entregó la clave para acceder a su teléfono celular personal.
2- Xavier Alexander Novillo Arana
Según los chats de la Fiscalía, a Xavier Novillo Arana, el narcotraficante Leandro Norero lo tenía registrado en su teléfono celular como alias “novita” y fue uno de sus abogados de confianza y “el artífice principal de la coordinación de la red de influencias con el sistema de justicia”. Él está vinculado al caso Metástasis y bajo prisión preventiva desde el 15 de diciembre de 2023.
Novita se destaca en estos chats por mostrar su estrecha relación con la entonces fiscal provincial del Guayas Yanina Villagómez, quien le permitió acceder a información privilegiada sobre todas las investigaciones que se llevaban adelante en contra de Norero. Incluso enviaba fotos y videos a Norero desde el piso donde se encontraba el despacho de la fiscal. Además, recibía recomendaciones de Villagómez sobre como lidiar con los procesos legales del capo.
“Siempre se supo que eran amigos con Yanina Villagómez, que él (Novillo) tenía potestad para presionarla y pactar reuniones a cualquier hora”, dijo en su testimonio anticipado Hélive Angulo.
El 15 de marzo pasado se incluyó a la instrucción fiscal del caso Metástasis a Villagómez, luego de que el 12 de marzo fuera removida del cargo por el Consejo de la Judicatura.
Pero Novillo Arana aparece también en el caso Purga. En el testimonio anticipado de la comunicadora Mayra Salazar el 28 de marzo de 2024, esta hizo una descripción de “su amigo” y como lo conoció. “Samara (Rivera Saltos, esposa de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, excabecilla de Los Choneros), me presenta al abogado de su esposo, Xavier Novillo Arana, con quien mantengo amistad. Novillo me contó algunas cosas. Primero que José Tamayo Arana, tío de Xavier Novillo era el juez que dio libertad a Rasquiña; segundo, Javier Novillo me contó que era abogado de Javier Gilmar Campuzano Bustamante, procesado por tema de drogas; y, tercero, Xavier Novillo mantiene una amistad con la fiscal provincial del Guayas Yanina Villagómez Oñate, que era como su madre y a la que le decía mamá”.
Salazar, además relató que antes de su ingreso a trabajar en la Corte de Justicia del Guayas, Novillo le comentó que tenía un operador en la Corte que era alias ‘Barbón chiquito’. Su nombre es Eduardo Lascano Holmes y “trabajaba en la Sala Penal llevado por Fabiola Gallardo Ramia, expresidenta de la Corte, para que maneje el agendamiento de casos de dicha Sala. El sueldo de este operador salía de las gestiones de agendar diligencias”. Gallardo está procesada en el Caso Purga.
Además, Salazar relató que en 2021 Novillo fue quien le presentó al narcotraficante Leandro Norero en una reunión donde contrataron sus servicios de comunicadora para la empresa NLTecnicentro. En esta cita “estuvieron con el colombiano Juan Pablo Jaramillo (quien era chofer de Norero) e Israel Norero.
Salazar fue relacionista pública de NLT desde octubre de 2021 hasta la fecha en que Norero fue detenido.
3- Hélive Paúl Angulo Bravo
Considerado como uno de los hombres de confianza de Leandro Norero Tigua, Angulo de 33 años no tiene título de abogado, pero actuaba como tal. Vivía en Manta y trabajaba en asesoría legal de “temas básicos” con el alcalde de esa ciudad, Agustín Intriago desde el 2019. Conoció al narcotraficante Norero a mediados de 2021 y desde entonces se encargó de trámites tributarios y del manejo de los negocios, bienes y del dinero de su “Patrón”, dejando de lado a su anterior administrador: Armando Flor Izaguirre.
En los chats de Metástasis, Norero lo llamaba alias “estimado” y “Larry” y fue a él a quien delegó y con quien planificó desde la cárcel, millonarios sobornos a funcionarios judiciales en la Corte Nacional y en las provincias de Manabí, Cotopaxi, Guayas y de Santo Domingo de los Tsáchilas. Además de promover fraudes procesales y pagar a policías, fiscales y empresarios.
En su testimonio anticipado del 28 de marzo de 2024 reconoció como verdaderos los chats materializados de los teléfonos del narcotraficante Norero e hizo algunas puntualizaciones y confirmaciones del dinero “pagado” y “donado”.
Angulo fue el nexo político entre Intriago y Norero que tuvieron una relación de “negocios” para que el narcotraficante introduzca su dinero en obras estatales y contratos. Entregó al alcalde un préstamo de $ 500.000 para que lo invierta en obra pública y también compró a Intriago un departamento por $ 178.000 el cual había sido obtenido por el arreglo de un trámite de propiedad horizontal.
Alias estimado relató que canalizó más de $ 350.000 al abogado Cristian Romero para que este a su vez soborne a jueces responsables de procesos legales de Leandro Norero y su familia; otros $ 50.000 para que el mismo abogado recupere una propiedad en la urbanización La Ribera de El Batán; entregó $ 20.000 a Ronny Aleaga para que realice la campaña por el NO en la consulta popular que anunció el gobierno de Guillermo Lasso para extraditar a narcotraficantes.
El hombre de confianza de Norero dijo que fue él quien puso $ 200.000 en las manos del general Pablo Ramírez, en ese entonces director del SNAI. Fue en efectivo y en la ciudad de Guayaquil, según Angulo. Ramírez lo ha negado.
También aseguró que canalizó recursos al juez Walter Macías Fernández, a policías responsables de la Unidad de Lavado de Activos para estar informado sobre el proceso legal de lavado de activos en contra de Norero. Además, $ 150.000 a los mismos policías de la Unidad de Lavado para que se borren fotos íntimas de él con su pareja, que estaban en su dispositivo móvil. Este dinero fue un préstamo solicitado a su jefe, Leandro Norero.
PAGOS EFECTUADOS POR LEANDRO NORERO A SU RED DE ABOGADOS, JUECES, AUTORIDADES, POLICÍAS…
ABOGADOS DE NORERO
MONTO ENTREGADO EN DÓLARES O BIENES
SOBORNOS
María Dolores Coloma, ex fiscal del Guayas quien, en 2019 luego de jubilarse pasó a ser parte de su pool de abogados.
$1,400,000.00
Norero le solicitó ayuda para detener o archivar la investigación por lavado de activos, para lo cual le dio una casa en Ballenita, avaluada en $1,2 millones, dos autos de alta gama y equipó una oficina en el edificio Plaza Sambo, en Samborondón, para que tenga todas las comodidades.
Abogado Xavier Alexander Novillo Arana
$1,000,000.00
Entregó este dinero en dos partes ($700.000 y $300.000) al juez Ronald Guerrero para que en la audiencia de revisión de medidas a favor de la mamá, esposa y hermanos de Norero se levante la prisión preventiva y que todos salgan con grilletes o medidas sustitutivas con presentaciones periódicas.
$5,000.00
Este abogado entregó al juez de la Sala Penal de la Corte del Guayas Adolfo Richard Gaibor Gaibor, quien conoció el recurso de apelación a la prisión preventiva de Israel Norero Tigua.
$8,000.00
Pago a la fiscal María José Aguirre para que el proceso de tráfico de armas sea reformulado por tenencia ilegal.
$3,000.00
Pago a la jueza Glenda Ortega para anulación de prisión preventiva contra Leandro Norero por tenencia ilegal de armas, pero no pudo salir porque tenía prisión por el caso de lavado de activos.
Cristian Geovanny Romero Moya, alias GlobalPax, abogado patrocinador de la defensa técnica de Leandro Norero Tigua
$500,000.00
El Ab. Cristian Romero solicitó este monto por asumir la defensa técnica de Leandro Norero, su esposa, su madre y dos hermanos,
$400,000.00
Norero envió esa suma para que Santiago Torres, del equipo de Cristian Romero y quien se hizo cargo de la contabilidad del capo tras su detención, introdujera un contrato de un credito de $15 millones dado por la compañía Alessmart S.A. y suscrito en Panamá con fecha anterior, a fin de justificar la tenencia del efectivo hallado en su mansión. Esta gestión se habría hecho luego del allanamiento. El contrato fue entregado al policía Catota, de la Unidad de Lavado de Activos, para que lo ingrese en el proceso a cargo de esa dependencia.
$50,000.00
Romero solicita ese monto para el juez de La Concordia Ángel Harry Lindao Vera para que califique la acción de protección a fin de recuperar la mansión incautada de Norero, ubicada en la urbanización La Ribera del Batán (Samborondón).
$10,000.00
Dinero entregado a Cristian Romero para depositar a Manuel Ácaro por gestiones con jueces de Cotopaxi conducentes a la aprobación de habeas corpus que permitan a Norero y a sus dos hermanos recuperar la libertad. Se devolvió el dinero porque Ácaro desistió.
Hélive Paúl Angulo Bravo, alias Estimado mano derecha y administrador de los bienes de Leandro Norero
$300,000.00
Policía Catota de la Unidad de Lavado de Activos, recibió este dinero para eliminar información sobre la relación de Norero con Landy Párraga Goyburo.
$200,000.00
Policía de apellido Catota de la Unidad de Lavado de Activos recibió dinero para no incluir en informe datos de la relación de Norero con Landy Párraga Goyburo.
$150,000.00
Alias estimado pidió préstamo a Leandro Norero para sobornar a policía Catota y pueda eliminar sus fotos íntimas con su pareja de su teléfono en custodia.
$76,000.00
Dinero entregado a Cristian Romero para canalizarlo a Juez David Tamayo con el fin de obtener la libertad de Johanna Maribel Zambrano Tigua y el arresto domiciliario de Israel Norero.
$280,000.00
Dinero solicitado para los jueces Jhoan Marfetan y Adolfo Richard Gaibor, de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial del Guayas para tratar la apelación a la prisión preventiva de Israel Norero. Hay evidencia, según la Fiscalía del pago de 70.000 por cada miembro de la familia Norero (cuatro).
$60,000.00
Entrega de dinero destinado al juez Walter Macías Fernández para que frene la destitución del alcalde de Manta, Agustín Intriago.
$50,000.00
Adelanto de recursos para abogado Cristian Romero para la revisión del proceso de lavado de activos.
$20,000.00
Entrega de dinero a Ronny Aleaga, asambleísta de la Revolución Ciudadana y según Metástasis, alias El Ruso, para que inicie campaña por el NO de la consulta popular del expresidente Guillermo Lasso.
$150,000.00
Leandro Norero le entrega un Land Cruiser blindada, de color negro a Ronny Aleaga por ese valor estimado, modelo 2023 para que supuestamente le done a la fiscal general.
$8,000.00
Soborno a juez, Walter Macías Fernández para el resorteo de la causa del alcalde Agustín Intriago.
$1,000.00
Dinero para policía de apellido Chauca para que pase información sobre el proceso legal de lavado de activos.
$200,000.00
Pablo Ramírez, ex director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), recibió ese valor para garantizar privilegios en la cárcel a Norero, como traslados, ingreso de comida, etc.
SUBTOTAL EN DÓLARES
$4,891,000.00
Devolución por parte de juez Manuel Acaro
$10,000.00
TOTAL EN DÓLARES
$4,881,000.00
FUENTE: Chat de los casos Metástasis, Purga y Plaga difundidos por la Fiscalía General del Estado y los testimonios anticipados de los procesados Hélive Angulo, Mayra Salazar.
4- Armando Vicente Flor Izaguirre
De contratista de la Dirección Distrital de Salud de Playas y asesor legal, tributario y empresarial, pasó a ser el administrador de bienes de Leandro Norero antes del 2021. No registra ningún título o profesión, pero en el caso Metástasis consta como el abogado en libre ejercicio que se dedicó al cometimiento de fraudes procesales en la justificación de los bienes incautados al narcotraficante Norero dentro del proceso por el delito de lavado de activos.
5- María Dolores Coloma
Fue fiscal del Guayas y estuvo al frente de la Unidad de Lucha Contra el Crimen Organizado antes de pasar a ser una de las abogadas de “confianza en temas penales” de Norero junto con alias “Novita”. En agradecimiento, el capo le entregó una casa valorada en $ 1,2 millones, dos vehículos y una oficina para que monte su estudio jurídico en Samborondón en Guayaquil valorada en $ 140.000.
Coloma, según el testimonio anticipado de Hélive Angulo, daba asesoramiento legal y “seguido” a Norero y le entregaba información privilegiada sobre operativos y allanamientos que se planificaban en su contra. Ella fue una de las abogadas que se dedicó a buscar defensores cuando en mayo del 2022, el capo fue detenido en el allanamiento de su vivienda ubicada en La Ribera del Batán.
Por la confianza que el capo tenía en Coloma, nombró al hijo de esta como administrador de su negocio NL Tecnicentro.
6- Kevin Prendes Vivar
Este abogado en libre ejercicio respondía a las disposiciones de Cristian Romero Moya. Por ello fue el responsable de “poner a buen recaudo” la mayoría de obras de arte, esculturas y el wiski de la casa de Leandro Norero en La Ribera del Batán y que fue allanada por la Fiscalía en mayo de 2022. La mayoría de las obras de arte y esculturas se quedaron en una bodega de Guayaquil de propiedad de Pablo Corozo, también procesado por el delito de lavado de activos.
El licor fue trasladado a Manta a cargo de Hélive Angulo y luego fue de vuelta a Guayaquil a la misma bodega de Corozo.
Prendes también fue un abogado que facilitaba la compra de jueces y fraudes procesales para obtener la libertad e impunidad de familiares de Leandro Norero.
7- Sofía Nataly García Masías
Una abogada en libre ejercicio que según las investigaciones de la Fiscalía, colaboraba con la organización delictiva del capo Norero, por su cercanía con la comunicadora Mayra Salazar quien la contrató para que entregue sobornos ($ 140.000) a los jueces Santiago Zumba y José Luis Segovia, encargados de resolver un habeas corpus a favor de Johana Zambrano Tigua, media hermana de Leandro Norero.
“Señor juez, yo procedo a contratar a la señora Sofía García en primera instancia para que haga el habeas corpus de la señora Johanna Zambrano Tigua. Luego, cuando conversé con el señor Leandro Norero Tigua, él me indica que sus abogados, el señor Cristian Romero Moya, sería quien haga dicha diligencia, dicha audiencia y que también me contó que ellos ya habrían tenido un acercamiento con los jueces en los cuales les habrían entregado 140.000 dólares. Por lo que constan los mensajes, señor juez, procedo a pedirle a la abogada Sofía García que ya no ejerza la defensa de la señora Johanna Zambrano Tigua y que simplemente se quede en dichas diligencias siendo la persona que supervise las mismas y se me esté informando al minuto. Lo que también se puede corroborar en las capturas que constan en Fiscalía de que lo que ella me iba informando, yo se le iba pasando en capturas al señor Leandro Norero Tigua”, relató Salazar, testigo clave en los casos Metástasis y Purga durante su testimonio anticipado.
Salazar señaló que los $ 6.000 que se depositó a Sofía García debían ser devueltos parcialmente “en vista de que no había ejercido la defensa total”. Esto se cumplió, dijo.
9- Rommel David Tamayo Hinojosa y César Manuel Ácaro
Estos abogados en libre ejercicio eran parte del grupo legal de Cristian Romero Moya con quienes se realizó el acercamiento con los jueces de Cotopaxi encargados de conocer el hábeas corpus de la hermana de Leandro Norero. Fueron contratados además para presentar escritos en juzgados y litigar en audiencias menores.
10-Cristian Peña
Un abogado y también expolicía que según el relato de la comunicadora procesada Mayra Salazar, tenía conexiones con el hijo del capo mexicano “El Chapo” Guzmán y fue el defensor de la actual alcaldesa del cantón Simón Bolívar, María Fernanda Vargas en un caso de asesinato que habría ocurrido en Salinas. La Fiscalía la convocó a rendir su versión de este caso durante la campaña electoral que la llevó a ese cargo.
Mayra Salazar solicitó a Peña que pida el diferimiento de esta comparecencia para que no afecte su imagen “porque si se hacía público este caso y la investigación por asesinato, afectaría su campaña política”.
María Fernanda Vargas habría sido propuesta como candidata por el prófugo de la justicia y también vinculado al caso Metástasis, Javier Jordán.
Peña era pareja de Johanna Franco ex privada de la libertad, amiga de Salazar quien le contó que su expareja tenía el contacto de un piloto y una avioneta “para transportar droga a cualquier parte porque él trabajó en el Gobierno de Rafael Correa”.
11- Bibian Hernández
Es una abogada cercana al expresidente Rafael Correa que aparece en los chats del caso Metástasis por dos ocasiones. Además, Hélive Angulo alias “estimado”, en su testimonio anticipado relató que “sabe que Bibian Hernández es cercana a Wilman Terán”, a quien le decían ‘El Diablo’ y se refería al expresidente del Consejo de la Judicatura (CJ) que también está procesado por la Fiscalía General del Estado.
En un chat de julio de 2022, del expediente de Metástasis, Angulo escribe al capo Norero y opina que es “bueno que su caso pase a la Corte Nacional de Justicia porque el abogado Cristian Romero tiene amigos, Byron Guillén, Walter Macías y Vibian Hernández”. Y en otro chat de agosto de 2022, el mismo Angulo vuelve a señalar a Hernández como la persona que “maneja a Saquicela”, sin detallar su nombre.
La abogada, que según la Fiscalía respondería al alias “la primera dama”, como lo dijo también Angulo en su testimonio anticipado, también está procesada en caso Amistad por el posible delito de lavado de activos.
ABOGADOS VINCULADOS AL CASO PLAGA
12- Hugo Alexander Lara Olmos
Según la investigación de la Fiscalía General, este abogado en libre ejercicio, encabezaría la estructura del caso Plaga que salió a la luz el 3 de abril. Se dedicaba a la captación de personas privadas de la libertad, “coordinaba acciones con otro abogado Lenin Vimos y era el encargado de recibir y entregar dinero a los demás miembros de la organización”.
Lara fue detenido el 3 de abril de 2024 en la ciudad de Riobamba.
Este abogado fue quien defendió e intentó la liberación de Johanna Zambrano Tigua, media hermana de Leandro Norero Tigua bajo presiones y sobornos a funcionarios judiciales. Además fue abogado del procesado en caso Metástasis, Daniel Salcedo.
13- Lenin Vimos
Según la Fiscalía, Lenin Vimos, abogado en libre ejercicio que trabajaba desde la Cárcel 4 de Quito y asesoraba a un grupo de delincuencia organizada que opera en Azuay y que tiene su centro de operación en el Centro de Rehabilitación Social de Turi. Vimos fue detenido el 15 de enero de 2024 en un operativo de rutina y se lo investigaba por el delito de lavado de activos.
Según la Fiscalía, es uno de los líderes de la estructura del caso Plaga y habría recibido $ 168.000 en una decena de transferencias realizadas por Elio Arboleda, Armando Ruiz y Jonathan Aguinda, tres operadores relacionados con el narcotraficante Leandro Norero. Aguinda se lo identifica en el caso Metástasis como abogado cercano a Cristian Romero.
Vimos recibió desde México $ 25.000 para liberar a un narcotraficante de esa nacionalidad que se encontraba en Turi, según las pericias de su teléfono celular en donde se analizaron alrededor de 5.000 chats.
Aguinda y Hugo Lara trabajaron en conjunto en el habeas corpus con el que se ordenó la liberación fallida de Jorge Glas. Vimos, además, fue abogado de Colón Pico, acusado de liderar un plan para matar a la fiscal Diana Salazar.
Desde que se originó el proyecto hidroeléctrico Toachi Pilatón, en 2007, parece inacabable su historia de aplazamientos, incumplimientos de las contratistas y multas impagas.
Con el plazo vencido de su contrato y sin haber terminado la obra, la empresa rusa Tyazhmash reclama el pago de USD$ 53,4 millones adicionales al costo original de su contrato y pretende otra prórroga de 600 días que se sumarían a los 1.715 días que ha demorado el montaje electromecánico de los equipos del proyecto.
Este 28 de marzo termina el período contractual para la instalación de los equipos electromecánicos indispensables en el funcionamiento del Toachi Pilatón por parte de Thyasmash. Sin embargo, hay disputas entre el Estado y la contratista, por las pretensiones de esta última. La empresa rusa ha advertido que ha sido imposible terminar su trabajo en el plazo contractual. Y la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP quiere llevar el caso a arbitraje internacional. Mientras la Contraloría General del Estado ha identificado incumplimientos de Tyazhmash por los que debería pagar multas.
El proyecto Toachi Pilatón se ubica en los cantones de Mejía, Sigchos y Alluriquín, de las provincias de Pichincha, Cotopaxi, y Santo Domingo de los Tsáchilas. Fue diseñado para aprovechar las cuencas hidrográficas de los ríos Pilatón y Toachi, y contar con una capacidad de generación de 254,4 MW. Consiste en la construcción de tres centrales hidroeléctricas: Sarapullo, con una capacidad de 48,9 megavatios (MW), Alluriquín, con 204 MW, y la minicentral Toachi, con 1,4 MW.
El complejo hidroeléctrico Toachi Pilatón se ubica en tres provincias: Pichincha, Cotopaxi, y Santo Domingo de los Tsáchilas
Luego de 16 años de iniciadas las obras civiles preliminares y de 14 años de comenzados los trabajos de equipamiento electromecánico, solo una de las centrales hidroeléctricas que integran el complejo Toachi Pilatón está en operación comercial desde marzo de 2023. Es Sarapullo, que desde entonces ha generado casi 169 MWh para el Sistema Nacional Interconectado. Pero el costo de todo el proyecto (obra civil y equipamiento) bordea ya los USD$900 millones, cuando el costo referencial al inicio fue de $370 millones.
Desde su origen, se concibió a la ejecución de este proyecto dividida en dos contratos: uno para la construcción de la obra civil; y otro para suministro y montaje electro e hidromecánico. Pero este esquema se ha convertido en uno de los mayores problemas para el avance de la obra.
La segunda parte del proyecto, es decir el equipamiento de la obra estuvo siempre en manos rusas. El 25 de octubre de 2010, ante el encargado de asuntos consulares del Ecuador en Moscú con funciones de Notario Público, Edy Montalván Carrión, firmaron el contrato para las obras de suministro y montaje electro e hidromecánicas: la extinta empresa pública HIDROTOAPI y la Sociedad Anónima Abierta INTER RAO UES, compañía rusa que se constituyó en el país para ejecutar el mencionado trabajo. El valor del contrato fue de USD$ 144´998.830, con un plazo de 44 meses, que concluía el 21 de mayo de 2015.
Pero la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP terminó el contrato de forma anticipada y unilateral (con Resolución CELEC-EP-GGE-0021-17) el 22 de marzo de 2017, argumentando que hubo incumplimientos en los plazos.
Con un avance físico del 85% se le pagó a esta contratista USD$123´751.924,92.
La Contraloría General del Estado destacó que tras este pago quedó un margen económico de USD$ 21´246.905,08 para finalizar el montaje electromecánico, que correspondía al 14,80% restante del proyecto.
Pero a lo largo de casi dos años, el presupuesto para completar los trabajos aumentó en USD$ 54´553.085,29. Es decir, pese a que lo pendiente representa solo la sexta parte del proyecto, el presupuesto tuvo un incremento del 78%, luego de las modificaciones de las ofertas planteadas por la empresa rusa Tyazhmash y de las demoras de las autoridades que subieron el presupuesto referencial por dos ocasiones.
El subgerente de proyecto de Hidrotoapi remitió al gerente de esta Unidad de Negocio, 2 informes técnicos para el reinicio del contrato electromecánico e hidromecánico del proyecto Toachi Pilatón. El primero (de 27 de julio de 2017) fijó el monto referencial de USD $ 69´885 726, mientras el segundo (de 20 de noviembre de 2017) pasó a USD $ 75´373.174. El argumento para esta variación fue que se incluyeron el suministro y montaje de telecomunicaciones y video vigilancia.
Pero meses antes (27de abril de 2017), la compañía Tyazhmash S.A. señaló al ministro de Electricidad y Energía Renovable, que el valor de la contratación para ejecutar el equipamiento electro e hidromecánico sería de USD $ 83´330.000 en el que se consideraron rubros de suministro, montaje y la recuperación de la turbina generador y demás equipos en las bodegas de Alluriquín. Como se puede ver Tyazhmash emitió su oferta de forma previa a que Hidrotoapi fije el presupuesto referencial. Es que ya el 5 de abril de 2017 CELEC había notificado a la compañía rusa su interés de concluir la obra con esta.
No obstante, las cosas siguieron dilatándose hasta que el 26 de enero del 2018 Tyazhmash comunicó al gerente general de CELEC EP, que su oferta incrementó a USD $112´080.000. Los argumentos de Tyazhmash para esa subida fueron: el tiempo transcurrido y los gastos incurridos por esta empresa rusa, como: «suministro e implementación de sistema de telecomunicaciones, prórroga de plazo de vigencia de garantías técnicas por el período adicional de 1 a 5 años, mantenimiento preliminar de los equipos electromecánicos entregados anteriormente y gastos adicionales desde mayo de 2017.
Lo extraño es que esta compañía aún no tenía un contrato firmado con CELEC EP y ya mencionaba gastos incurridos. La contratación con Tyazhmash recién se concreta en 2019.
Para finiquitar este tema, Hidrotoapi requirió a una consultora privada que establezca un presupuesto referencial, elabore las especificaciones técnicas y el cronograma de ejecución. La empresa DUEROING fue contratada para ello y en diciembre de 2018 emitió un informe en el que fijó el presupuesto referencial en USD $124.6 millones, más IVA.
Luego de más de dos años de paralización de los trabajos, el 20 de junio 2019, el gerente general de CELEC EP, el apoderado de Tyazhmash S.A. matriz y el apoderado de Tyazhmash S.A. sucursal en Ecuador, suscribieron el contrato para la conclusión del proyecto electromecánico e hidromecánico, incluyendo la ingeniería y montaje de sistemas de telecomunicaciones y videovigilancia, entre otros, por un valor de USD$124´438.811,29 más IVA. Los trabajos iniciaron el19 de julio de 2019.
Este aumento significativo en el presupuesto para la finalización del proyecto refleja la falencia en la estimación precisa de costos en proyectos de infraestructura a gran escala.
Tyazhmash accedió a un valor contractual importante, pese a que su trabajo consistía en complementar lo que su antecesora también rusa, Inter Rao, dejó inconcluso.
El gerente de CELEC, Robert Simpson (izq) y el representante de la firma Tyazhmash, Sergei Trifonov
Tyazhmash es la empresa fabricante de los principales equipos del proyecto, de acuerdo con información del Ministerio de Energía y elaboró además los diseños básicos, de detalle, de taller y de montaje de todo el equipamiento.
Pero en la ejecución de este contrato también aparecieron dificultades, sobre todo retrasos, que llevaron a la contratista a pedir prórrogas. El argumento de Tyazhmash ha sido que, al no haber concluido las obras civiles, que estuvieron a cargo de China International Water & Electric Corp. (CWE), no podían instalarse los equipos electromecánicos.
El plazo del contrato de la compañía rusa era de 880 días, que concluían en julio de 2021, pero el 28 de ese mes y año se suscribió el primer contrato modificatorio que amplió el plazo por 371 días. Luego, el 20 de diciembre de 2022 se firmó el segundo contrato modificatorio por 464 días adicionales, plazo que concluye este 28 de marzo de 2024, que nuevamente resulta insuficiente para la empresa rusa.
Los cuestionamientos de Contraloría
En un informe aprobado por la Contraloría General del Estado en 2022 (DNA4-0019-2022) se hizo observaciones a las etapas precontractual y contractual del equipamiento del complejo hidroeléctrico Toachi Pilatón.
En cuanto a la primera fase, el organismo de control objetó que luego de la terminación anticipada del contrato con Inter Rao, los gerentes de Hidrotoapi y los subgerentes de proyecto de esta unidad de negocio que estuvieron en funciones durante seis períodos, entre el 1 de enero de 2017 y el 9 de diciembre de 2019, no solo que no determinaron el presupuesto referencial oportunamente, sino que no administraron los bienes ingresados a Hidrotoapi hasta el reinicio de los trabajos electro e hidromecánicos porque no ordenaron que se realicen los mantenimientos a los equipos entregados por la excontratista Inter Rao.
Además, los subgerentes de proyecto y el jefe de equipamiento tampoco coordinaron, controlaron, ni planificaron las actividades de mantenimiento para los suministros entregados por Inter Rao.
Todo esto ocasionó que aumente el riesgo del deterioro de los equipos y se incremente el valor contratado al incluir otros rubros para la culminación de los trabajos electro e hidromecánicos.
En relación con la etapa contractual, la Contraloría identificó un monto total de USD$ 866.000 en multas que Tyazhmash S.A. debería pagar por infringir el contrato.
Entre los principales incumplimientos de la empresa rusa el organismo de control destaca que no implementó los sistemas de gestión ambiental, y, de seguridad y salud en el trabajo, según lo determinado por la Comunidad Andina de Naciones. A la contratista no se le exigió el desarrollo de estos sistemas y en los informes mensuales de su desempeño no constó este incumplimiento. Las consecuencias fueron: carecer de un marco referencial para gestionar los posibles riesgos y no haber multado la contratista con USD$433.000 por no aplicar los estándares internacionales en esa materia.
Pero las observaciones de la Contraloría también incluían otros aspectos. Se objetó, por ejemplo, que, para justificar la contratación directa con la empresa rusa, las autoridades de Hidrotoapi y CELEC utilizaron el acuerdo comercial Multipartes que Ecuador mantiene con la Unión Europea. De acuerdo con el organismo de control esa figura no era aplicable y ocasionó que no se de paso a otros procesos de contratación.
Los informes del departamento jurídico de Hidrotoapi, elaborados en marzo y abril de 2019, recomendaron la firma para el contrato de equipamiento del proyecto con Tyazhmash, asegurando que, tras analizar la cobertura del mencionado acuerdo comercial, el procedimiento de contratación directa era el adecuado “desde el ámbito constitucional, legal y reglamentario. (…)”. Concluyeron también que Hidrotoapi contaba con todos los requerimientos establecidos en el Acuerdo comercial Multipartes, Ley de Contratación Pública, Ley de Compras Públicas y Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, por lo que se recomendó que continúen los trámites respectivos.
Tampoco hubo objeciones por parte de la directora jurídica (e) de CELEC, en su pronunciamiento del 27 de marzo de 2019, dirigido a la gerencia de esta empresa pública.
Por lo que el gerente de CELEC EP, Robert Simpson, autorizó el inicio del procedimiento de contratación directa y, el 20 de junio de 2019 firmó, junto con el apoderado de Tyazhmash S.A. Sergei Trifonov, y el apoderado de Tyazhmash S.A. sucursal Ecuador, el contrato CELEC EP-MAT-CON-0019-19 para la conclusión del proyecto electromecánico e hidromecánico del complejo Toachi Pilatón.
Sin embargo, Tyazhmash S.A. siendo de nacionalidad rusa, no era parte de los estados miembros de la Unión Europea y menos aún del acuerdo comercial multipartes, según certificación del Ministerio de la Producción y Comercio Exterior.
Tampoco existía de por medio un acuerdo comercial entre Ecuador y la Federación de Rusia ni otro instrumento que permita a ese país acogerse a las disposiciones que rigen el convenio comercial con la Unión Europea.
La Contraloría concluyó que la aplicación de figuras de contratación pública generadas en el Acuerdo Comercial con el bloque europeo no puede extenderse a terceros países no adherentes o que no forman parte de este instrumento internacional. Y que este proceso no se ajustó a los parámetros de contratación pública, afectando el principio de legalidad.
Tyashmash no contó con el personal técnico que propuso en su oferta. Contraloría determinó que participaron 3 técnicos para los cargos de superintendente montaje y para encargado del frente turbina generador y sistemas propios de turbina, sin cumplir con los requisitos del personal técnico mínimo requerido. Esto ocurrió porque los administradores del contrato aprobaron los cambios solicitados por la contratista sin verificar el título profesional y su experiencia según lo exigido en los pliegos; “ocasionando que, no se demuestre documentadamente la competencia profesional de los técnicos para la ejecución del contrato y no se imponga la multa de USD$ 433.000 a la contratista”.
Según el contrato, si la empresa “no dispone del personal técnico principal, conforme lo establecido en su oferta, se sancionará con una multa diaria por evento, de mil dólares de los Estados unidos de América»; por lo que, TYAZHMASH S.A. no contó con el personal técnico requerido conforme los pliegos en 433 días, contados desde el inicio de la ejecución (19 de julio de 2019) hasta el corte del examen especial (31 de diciembre de 2020).
Un pago no justificado de USD$ 108.568,80 por trabajos extraordinarios fue otro hallazgo del equipo auditor. La observación es que se hicieron adecuaciones de obra civil menor sin determinar la cantidad de horas y las categorías de la mano de obra y se pagaron planillas con valores superiores a las tablas publicadas por la Contraloría. Además, se aprobaron trabajos luego de iniciada su ejecución. Por lo tanto, los costos de mano de obra para «trabajos extraordinarios” no fueron verificados ni justificados, ocasionando que, se generen pagos adicionales sin respaldo documental.
La Contraloría objeta la forma en que se aplicó el rubro de ‘Recuperación de Garantías Técnicas’ en el contrato con Tyazhmash, pues este ítem abarca a los equipos y bienes que se encuentran almacenados o instalados en el sitio donde se ejecutará el contrato. El problema es que existieron equipos que fueron fabricados, pero no pagados a la excontratista Inter Rao, por lo que no fueron propiedad del proyecto Hidroeléctrico Toachi Pilatón y aun así se les incluyó en la garantía técnica del fabricante. Es decir, se pagó tal garantía a Tyazhmash sobre equipos que no estaban instalados en la obra. A criterio de la Contraloría, esta situación ocasionó un incremento en el valor del rubro por USD$ 1´644.966,73; cifra de la cual hasta el corte del examen especial se canceló USD$ 7.753,58.
Pese a los cuestionamientos de la Contraloría a la ejecución del contrato de equipamiento electro e hidromecánico, Tyazhmash S.A. no ha terminado la instalación de los equipos y además de pedir más plazo, también pide la entrega de pagos pendientes por parte del estado.
Embajador ruso y exasambleista del correato en el lobby por Tyazhmash
La estrategia de presión para favorecer a los intereses de la compañía rusa Tyazhmash se ha desplegado al más alto nivel político y diplomático.
Uno de los lobistas de la contratista sería el exembajador de Ecuador en Rusia, y asambleísta por la Revolución Ciudadana, Patricio Chávez Zavala.
La contratista rusa reclama un total de USD$53,4 millones a CELEC EP por concepto de: costos operacionales, extensión de garantías técnicas para la central Sarapullo y extensión de garantías técnicas de la central Alluriquín. El desglose de estos costos diarios y anuales fue expuesto en una presentación que Tyazhmash hizo para las autoridades de CELEC a inicios de este año.
Componente
Costo diario
Costo total
Costos operacionales
USD $ 38,500
USD$ 32.4 millones
Extensión de garantías técnicas Sarapullo
USD$ 8,400
USD$ 7.5 millones
Extensión de garantías técnicas Alluriquín
USD$ 16,000
USD$ 13.5 millones
TOTAL GENERAL
USD$ 53.4 MILLONES
También, mediante comunicación No. PHTP-TME-218 de 23 de enero de 2024, dirigida a la ministra de Energía y Minas y al gerente de CELEC EP, Tyazhmash S.A. pidió: “Una pronta atención a este tema y se formulen soluciones urgentes para evitar un escenario negativo; y lograr un acuerdo con CELEC EP en la etapa de mediación sobre el restablecimiento del equilibrio económico del contrato (…)”.
Expertos sobre el tema señalan que es clave que se realice un estudio técnico del cronograma de ejecución contractual y del cumplimiento por parte de la contratista. A ello se agrega que debe tomarse en cuenta la renuncia expresa que la contratista realizó en la cláusula sexta numeral 6.2 del contrato, que señala: “Los precios acordados en el Contrato, constituirán la única compensación al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasas que tuviese que pagar, en cuya razón no podrá reclamar monto adicional bajo ningún concepto y a ningún título, a excepción de los trabajos y bienes extraordinarios debidamente autorizados por el Administrador del Contrato, y salvo lo previsto en el presente Contrato.”.
Además, están los incumplimientos de la contratista, identificados por la Contraloría, como pagos no justificados, multas no cobradas, etc que, según los expertos, constituyen un factor de ruptura del equilibrio económico del contrato.
Por su parte, el embajador de Rusia en Ecuador, Vladimir Sprinchan, ha señalado que se reunió con el mandatario Daniel Noboa, el 16 de febrero pasado, donde habría recibido “un pleno apoyo del presidente para que ese proyecto sea finalizado. Es importante tener que resolver esos problemas, hay voluntad política”.
En declaraciones públicas, el diplomático ha dicho que “aparecieron dificultades con CELEC, respecto a la postergación en la finalización del trabajo civil y por eso la empresa rusa no tuvo posibilidades de instalar el equipamiento, porque Tyazhmash es responsable y cumple los trabajos hidromecánicos, no construcciones civiles; por eso el 28 de marzo termina el tiempo del contrato y hay que arreglar esos temas y pendientes económicos con CELEC, quienes no quieren negociar y quieren ir al arbitraje internacional”.
Dijo que cuando se presentaron las discrepancias con la empresa rusa Inter Rao, que fue la primera contratista para el equipamiento del proyecto, la Procuraduría General del Estado ofreció negociar para no ir al arbitraje internacional, pero ello no se concretó y CELEC perdió un gran monto de dinero en ese proceso. Por lo que cuestionó que, pese a que CELEC ya tuvo esa derrota, no quiera negociar con Tyazhmash y advirtió que, si no se soluciona ese tema antes de este 28 de marzo, es imposible terminar el trabajo de la segunda parte, que implica la estación eléctrica Alluriquín, de 204 MW.
El embajador indicó estar a la espera de que CELEC y el Ministerio de Energía propongan una opción a la contratista que, si bien es privada, en Rusia todos los proyectos internacionales están asegurados por el Gobierno.
Las intervenciones públicas del embajador sobre este tema se han dado, pese a que el artículo 307 de la Constitución determina: “Los contratos celebrados por el Estado con personas naturales o jurídicas extranjeras llevarán implícita la renuncia de éstas a toda reclamación diplomática, salvo contrataciones que correspondan al servicio diplomático”, situación que es recogida en la cláusula 27.3.7 del contrato.
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