Cómo Los Lobos, Los Choneros y sus carteles aliados transformaron la minería ilegal en un millonario negocio y un motor de violencia
Fundación Mil Hojas
La minería ilegal en Ecuador se ha convertido en el combustible de una expansión criminal que avanza con una velocidad y una violencia inéditas. El creciente dominio de los grupos delincuenciales, que administran enclaves auríferos, rutas hidrográficas y campamentos, ha dibujado un mapa de la actividad minera en el que muestra un país fracturado por intereses reñidos con la ley y que operan con lógica empresarial y respaldo transnacional.
A partir de datos que constan en informes de inteligencia militar a los que accedió Fundación Mil Hojas, y de información proporcionada por la Agencia de Control Minero, Arcom, se realizó el procesamiento, integración, correlación y análisis de información sobre los grupos delincuenciales que manejan el negocio minero y que protagonizan conflictos de seguridad y socioambientales en las zonas intervenidas por el Gobierno.
En una primera fase se procesó la información, sobre la base de los registros de operativos analizados, y que suman 221 a nivel nacional durante 2025, desagregándola en 6 categorías que contienen 25 tipos de datos. De esta forma identificamos que los despliegues militares y policiales se extendieron a lo largo de 114 sectores y 18 puntos de referencia dentro de 40 parroquias, pertenecientes a su vez a 50 cantones de 16 provincias del país.
El equipo periodístico de Mil Hojas presenta más que un inventario de las áreas mineras irregulares, donde el Estado ha intervenido mediante incautaciones, decomisos y detenciones. En una segunda fase de la investigación y procesamiento de datos, integramos la variable de los Grupos de Delincuencia Organizada GDO que operan en las provincias, cantones y/o parroquias. Esto nos permitió acceder a uno de los hallazgos más importantes.
Si bien en la información (2025) se identifican GDO únicamente en 10 de las 16 provincias, hay que anotar que este enlace entre la ubicación de los operativos y los grupos delincuenciales que operan en esas zonas no se encuentra en ninguna fuente oficial porque tales relaciones territoriales se establecen a partir de información obtenida de fuentes de inteligencia militar. Se trata no solo de datos inéditos, sino también agregados y consolidados que podrían utilizarse como base para armar un mapa de riesgo territorial enfocada en la relación GDO-minería ilegal.
El grupo de delincuencia organizada Los Lobos aparece en 28 relaciones grupo–lugar y Los Choneros en 25. Juntos representan 53 de las 90 menciones territoriales que son las relaciones entre una organización y un sitio específico.
Los Lobos se visibilizó como grupo criminal independiente en 2021, cuando lideraron una coalición disidente de bandas que declararon la guerra al grupo criminal más poderoso de Ecuador, Los Choneros. Los Lobos son un socio clave en el tráfico de drogas para el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México.
Los Choneros surgieron en la década de 1990 como una banda local en la provincia de Manabí, particularmente la ciudad de Manta. Esto les permite controlar uno de los principales corredores de narcotráfico utilizados para llegar a México y Centroamérica. A principios de 2024, Los Choneros o sus facciones de Las Águilas y Los Fatales hacían presencia en 10 de las 24 provincias de Ecuador. Los Choneros son el brazo operativo del Cartel de Sinaloa, especialmente en la zona de frontera, en San Lorenzo.
Al empezar nuestro análisis es importante enfocar la atención en un tema que ha generado un entorno de inseguridad e ilegalidad nacional: la extrema porosidad de las fronteras que actúa como el catalizador principal para el avance de la minería ilegal, gracias a la existencia de centenares de pasos clandestinos compartidos con Colombia y Perú. Estos corredores ilegales rompen el control del Estado y permiten que las organizaciones delincuenciales transnacionales abastezcan a los enclaves mineros con insumos críticos como explosivos y combustible de contrabando.
El 29 de diciembre de 2025, el presidente Daniel Noboa aprobó la delimitación de zonas de seguridad en las fronteras bajo control de las Fuerzas Armadas. La medida abarca 40 kilómetros desde los límites internacionales hacia el interior del país, diez millas náuticas en el mar y el espacio aéreo correspondiente. Sin embargo, el documento que establece esta delimitación fue clasificado como secreto, lo que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia y el alcance real de la decisión.
La minería ilegal y el narcotráfico se han establecido en las provincias fronterizas dentro de la zona de seguridad con 445 puntos georreferenciados, según reportes de inteligencia militar que tiene mapeado a las agrupaciones delincuenciales locales en alianzas con las transnacionales que usan 180 pasos ilegales dentro de la zona de seguridad con Colombia y Perú. Por estos corredores clandestinos no solo circula droga; también se mueve contrabando de combustible, explosivos para los mineros ilegales; además de trata de personas y una cadena de delitos conexos que erosionan la seguridad nacional.
A esto se suma la contradicción de que, pese a la prohibición constitucional de otorgar concesiones a extranjeros en zonas de seguridad, proyectos mineros de gran escala como Mirador, San Carlos Panantza y Cascabel se ubican dentro de la franja de 40 kilómetros de frontera.
El mapa delincuencial al norte del país
El análisis de la base de datos que Mil Hojas levantó a partir de informes de inteligencia nos permitió identificar un mapa de zonas marcadas por presencia de grupos delictivos. En el caso de Imbabura inteligencia militar ubica la presencia de Los Lobos y los Trujillanos en los sectores de El Olivo, Mina Nueva, Mina Vieja y El Dorado (parroquia de Buenos Aires). Mientras Los Choneros operan en Mina Nueva, Mina Vieja y El Dorado.
Solo en el caso de Los Lobos, el Ministerio de Defensa ha difundido públicamente información sobre la aprehensión de cuatro presuntos miembros que realizaban minería ilegal en Ibarra y registra antecedentes sobre la reactivación de la minería ilegal protagonizada por esta organización delincuencial en la parroquia de Buenos Aires.
Del registro nacional de operativos analizados por Mil Hojas, se evidencia que en 102 de ellos se identifican parroquias, siendo La Merced de Buenos Aires (del cantón Urcuquí en Imbabura) con 16, la segunda con mayor cantidad de operativos.
Uno de los corredores criminales más complejos y menos comprendidos de Sudamérica es la frontera entre Ecuador y Colombia, específicamente donde la provincia de Esmeraldas y el departamento de Nariño se interconectan configurando un territorio en el que el oro, el mercurio, la cocaína y las armas se mezclan en una economía ilegal que sostiene a carteles internacionales, grupos armados residuales (disidentes de la guerrilla colombiana), GDO y bandas locales.
En el corredor Nariño-Esmeraldas, como lo cataloga inteligencia militar, la minería ilegal no es solo un delito ambiental. Es una economía paralela que financia violencia, lava dinero y permite a organizaciones criminales expandirse sin necesidad de controlar directamente una mina.
Ambas jurisdicciones se han convertido en puntos neurálgicos de esta red porque el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa se conectan con la minería ilegal en esas zonas, un espacio donde el narcotráfico y la minería se superponen, se alimentan y se protegen mutuamente.
En Ecuador, Esmeraldas aparece de forma recurrente en reportes oficiales: campamentos destruidos, retroexcavadoras incautadas, dragas, clasificadoras, combustible, mercurio, cianuro. En Colombia, Nariño es un mosaico de cultivos ilícitos y enclaves mineros controlados por grupos armados residuales. La minería ilegal aquí no es un negocio aislado: es parte de una cadena criminal que incluye extracción aurífera, tráfico de insumos, extorsión y lavado.
El negocio y los aliados de CJNG en corredor Nariño-Esmeraldas
El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) opera con poderosos aliados regionales en ambos territorios. En Ecuador, sus socios son Los Tiguerones, Los Lobos y Los Chechenos y, en Colombia, el Frente Urías Rondón.
El grupo Los Tiguerones nació a finales de la década de 2010, liderado por un ex guardia de prisión en Guayaquil como una facción de los Choneros, pero su bastión está en Esmeraldas. Tras separarse de los Choneros, los Tiguerones, como grupo independiente, surgieron como parte de un consorcio criminal junto con los Lobos y los Chone Killers. Se llamaron a sí mismos la Nueva Generación, y se enfrentaron a los Choneros. En Esmeraldas Los Tiguerones se dividen el territorio con los Gángsters.
En el corredor Nariño-Esmeraldas la función de Los Tiguerones dentro del negocio de la minería ilegal es el control de muelles y esteros en San Lorenzo, facilitan el movimiento de combustible, mercurio, maquinaria y dinero.
Una de las características fundamentales del Cártel Jalisco Nueva Generación es su estrategia expansiva y agresiva. No aparece como dueño de minas en Ecuador o Colombia. Más bien se apoya en grupos con capacidad de violencia y control urbano y territorial. Es por ello que el grupo de Los Lobos entra en escena y de manera protagónica como los mayores aliados del cártel mexicano.
Mientras en Colombia, el Frente Urías Rondón, una de las disidencias de las FARC que actúa en municipios colombianos como Tumaco y Ricaurte, y ha tenido enlaces con bandas narcodelictivas en Esmeraldas y Carchi, combina narcotráfico, tráfico de armas, de combustible, extorsión y minería ilegal.
El cartel Jalisco Nueva Generación también está desarrollando otro vínculo más sofisticado con el negocio de la minería ilegal: el control de insumos críticos, especialmente el mercurio. Reportes internacionales indican que el CJNG habría diversificado sus economías ilícitas traficando mercurio desde México hacia Sudamérica.
El mercurio es indispensable para separar el oro del sedimento, por lo tanto, es un eslabón de alto rendimiento económico de la minería ilegal. Un reporte de Diálogo Américas (junio de 2026) señala que Ecuador se ha convertido en una puerta de entrada del mercurio ilegal destinado a las minas clandestinas peruanas de la región amazónica de ‘Madre de Dios’.
Los tentáculos del cártel de Sinaloa en corredor Nariño-Esmeraldas
El cártel del Pacífico como se lo llama también a este conglomerado delictivo opera de manera muy distinta. Su inserción en la minería ilegal es más territorial e histórica. No depende tanto del control de insumos, sino de alianzas con estructuras que ya dominan zonas mineras. Usa la minería como fuente de liquidez y retaguardia.
Sus aliados son: en Colombia, Segunda Marquetalia y Frente Oliver Sinisterra (FOS) y en Ecuador, Los Choneros y el Clan Cortez Caicedo.
La Segunda Marquetalia representa la facción que reivindica el discurso político de las antiguas FARC, pero que en la práctica se ha convertido en un gigante del narcotráfico y la minería ilegal. Su presencia en Esmeraldas es estratégica para el refugio de sus cuadros y la extracción de recursos auríferos. Combina narcotráfico, minería ilegal, tráfico de armas y presencia en zonas mineras de Esmeraldas y Nariño. Es una estructura que usa la minería como fuente de ingresos y como mecanismo de asentamiento territorial.
El Frente Oliver Sinisterra es el eslabón más importante de Sinaloa en la frontera Mataje–San Lorenzo. Controla la salida de droga por el río Mataje y en los reportes oficiales aparece vinculado a campamentos de minería ilegal en Esmeraldas. No necesariamente explotan minas, pero sí protegen campamentos, cobran por operación, controlan combustible y rutas.
Los Choneros son el brazo logístico de Sinaloa en minería ilegal en Esmeraldas y específicamente en San Lorenzo. Se encargan de la custodia armada, el transporte, el bodegaje y lavado de activos. Esto se agrega a sus tradicionales actividades de facilitadores de rutas de cocaína por los puertos de Guayaquil, Manta y Esmeraldas.
La retaguardia rural que sostiene la economía minera ilegal del corredor Nariño-Esmeraldas es el Clan Cortez Caicedo, una estructura familiar armada, encargada del control de pasos, peajes, bodegas, acopio de combustible en sectores rurales de San Lorenzo y el corredor Mataje. No explotan oro, pero permiten mover insumos, dinero y maquinaria.
Estructuras bisagra en Colombia
Además de las líneas CJNG y Sinaloa, existen estructuras bisagra en Colombia que conectan zonas auríferas con corredores hacia Ecuador: el Frente Iván Ríos/GUP y el Frente Ariel Aldana.
¿Qué son las estructuras bisagra? un grupo que sirve de nexo entre economías ilegales locales con redes internacionales de crimen organizado, en los ámbitos: operativo, logístico o financiero.
El Frente Iván Ríos opera en el triángulo del Telembí (Tumaco), con minería ilegal y extorsión a comerciantes de la zona. Opera también en el eje manejado por CJNG/Tiguerones.
El Frente Ariel Aldana controla zonas como Roberto Payán, Magüí Payán y Barbacoas, con impacto en la frontera con Esmeraldas. Se ha especializado en la extorsión sistemática a comerciantes de insumos en el llamado «triángulo de Telembí» (área ubicada en la cuenca hidrográfica de los ríos Telembí y Magüi, región de gran riqueza hídrica y biodiversidad, pero enfrenta retos con la minería de oro), afectando directamente el suministro de materiales necesarios para la minería ilegal y el narcotráfico en la zona de frontera.
Ambas agrupaciones bisagra son actores que sostienen la cadena logística: combustible, víveres, maquinaria, químicos. Sin ellos, ni los laboratorios de droga ni los frentes mineros podrían operar.
Las marcas de la delincuencia organizada en la Amazonía
Hay provincias que tienen historias muy particulares y complejas. Orellana es una de ellas. Los grupos delictivos que operan en esta, según información de inteligencia militar son 3: Comandos de la Frontera, Los Lobos y Los R7.
Los primeros son un grupo colombiano que nació en 2017 luego de la firma de los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno de ese país. Armaron una alianza compuesta por disidentes de los frentes 32 y 48 de la antigua guerrilla de las FARC y miembros de La Constru, un grupo criminal que surgió en 2006, a partir de la desmovilización de los bloques paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Los Comandos de la Frontera se dedican principalmente al traslado de cocaína desde el departamento de Putumayo, hasta el traslado de cargamentos de cocaína.
Los R7 son un grupo de delincuencia organizada y pandilla carcelaria. Nacieron como una facción disidente de Los Choneros. Se dedican al narcotráfico, sicariato, extorsión y microtráfico, y han protagonizado sangrientos enfrentamientos dentro del sistema penitenciario. Están asociados con los Chone Killers.
Al hacer la correlación entre los lugares de los operativos en contra de la minería ilegal y los GDO identificados en esas zonas, en el caso de Orellana sobresale el cantón Francisco de Orellana. Y a nivel de cuencas hídricas los mencionados GDO actúan en zonas aledañas al río Napo y en las riberas de los ríos Punino y Sardinas.
Es importante mencionar que, reportes del Ministerio de Defensa realizados en 2024, dan cuenta de la presencia de un grupo adicional en Orellana relacionado con la minería ilegal: Los Choneros, quienes mantienen disputas por territorio con Comandos de la Frontera.
Un análisis de un organismo regional especializado en temas ambientales confirma el accionar de Los Choneros en Orellana. Señala que el río Punino, situado en el límite entre Napo y Orellana, se ha convertido en el epicentro de un devastador brote de violencia a causa de la minería ilegal. Lo que comenzó en febrero de 2022 como una alerta ambiental del Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), hoy representa una catástrofe que ya ha destruido 1.500 hectáreas de bosques selváticos. La lucrativa y descontrolada economía subterránea que ya generaba la minería ilegal captó rápidamente la atención de Los Choneros, quienes desplegaron facciones en la zona para acaparar el millonario negocio detrás de la extracción del oro.
Asfixiados por la doble extorsión de las facciones de Los Choneros, los mineros ilegales de la zona buscaron el amparo de los Comandos de la Frontera CDF, quienes aceptaron brindarle protección armada a cambio de una participación directa en las minas y el control del suministro de combustible, desatando una guerra transfronteriza.
En el resto de las zonas, donde opera la minería ilegal la dinámica de los grupos de delincuencia organizada funciona con ciertos matices diferenciales.
Sucumbíos es una provincia donde está cada vez más enraizado el accionar de Comandos de la Frontera y Tiguerones, según nuestra investigación. Los reportes oficiales del Ministerio de Defensa también confirman capturas, rutas entre Putumayo y Sucumbíos y hallazgos vinculados a Comandos de la Frontera, pues se ha señalado que esta organización tiene participación en economías ilícitas fronterizas, incluida la minería.
En la provincia de Zamora Chinchipe se encuentran Los Lobos, Los Choneros y Trujillanos. Los 3 operan en las zonas de influencia del Parque Nacional Podocarpus, y en los sectores de la Herradura, Chinapintza, el Pangui, riberas del río Nangaritza, riberas del río Chaime, que pertenecen a los cantones de Zamora, Paquisha y Nangaritza.
Al existir una histórica pugna entre Los Lobos y Los Choneros, si ambos grupos operan en un mismo sector se replica ese esquema de confrontación.
En el caso de Morona Santiago la información militar identifica la presencia de Comandos de la Frontera, Los Choneros y Los Lobos en los sectores de El Tink, Tayunza y riberas de los ríos Zamora y Santiago.
En Napo son tres los GDO que operan en las riberas de los ríos Anzú, Jatunyaku, Pioculín y Talag: Comandos de la Frontera, Los Choneros y Los Lobos.
En el caso de la provincia de El Oro están identificados Los Lobos, Los Choneros y Tren de Aragua específicamente en el sector Zaruma–Portovelo.
El Tren de Aragua es un grupo criminal transnacional originario de Venezuela que opera como una red delictiva dedicada a la extorsión, el secuestro, la trata de personas, el narcotráfico y la minería ilegal. En Ecuador, el gobierno declaró oficialmente a esta estructura criminal como un grupo terrorista en enero de 2025.
En cuanto a Loja, nuestra información sitúa a la zona de influencia de la cuenca hidrográfica Catamayo-Chira, ubicada en el cantón de Macará en el límite con Perú, como la zona donde operan Los Lobos y Trujillanos.
Si bien Mil Hojas ha podido documentar la presencia de GDO en 10 de las 16 provincias donde se realizaron los operativos en contra de la minería ilegal en 2025, cabe anotar que mediante sus redes sociales el Ejército ecuatoriano señalaba, en junio de 2025, que “la minería ilegal se ha expandido a 17 provincias de nuestro país.
Al momento esta actividad se ha desplegado ya en 21 provincias, de acuerdo con inteligencia militar que menciona que hay operaciones de minería ilegal asociadas a la extracción de oro y dirigidas por grupos armados organizados que se dedican también al narcotráfico.
Las dimensiones que ha alcanzado la minería ilegal, ya sea como un vehículo para lavar el dinero proveniente del narcotráfico o como una línea de negocio por sí sola han escalado a tal nivel que al menos la mitad de las exportaciones totales de oro del Ecuador provienen de actividades mineras fuera de la ley. El Instituto Peruano de Economía IPE (2024) y el Global Initiative Against Transnational Organized Crime (2016) estiman que entre el 70% y el 77% del oro que exporta Ecuador tiene como origen la minería ilegal mientras que de acuerdo con la Cámara de Minería del Ecuador y las FFAA sitúan la cifra en el 67%.
La Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc) publicó el informe ‘Delitos relacionados con los minerales: Minería ilegal de oro’, donde se establece que, en Ecuador, desde 2023 han surgido cada vez más pruebas de que los GDO están tomando el control de yacimientos de oro y participando en otras actividades delictivas, como la extorsión a mineros mediante el cobro de cuotas, el narcotráfico y el contrabando de armas. Esto ha contribuido a un aumento de la inestabilidad en las regiones afectadas por actos delincuenciales.
La minería criminal golpea la democracia
El despliegue de las intervenciones militares y policiales por el Gobierno en contra de la minería ilegal en 2025 muestra una decisión oficial de control de esta actividad ilícita, pero contar operativos no basta para medir la eficacia. Surge la interrogante de si esas acciones redujeron la capacidad de reproducción del negocio o tan solo desmontaron instalaciones reemplazables.
La investigación de Fundación Mil Hojas permite determinar que, si bien son importantes las intervenciones contra los mineros ilegales, hay puntos débiles de la acción estatal contra este crimen. Los datos permanecen repartidos entre comunicados de prensa, partes militares y policiales, informes ambientales y mineros, noticias del delito y expedientes fiscales.
A juicio de expertos, además de difundir estimaciones millonarias de afectación a las economías criminales, el gobierno debería informar cuál es el destino de los bienes decomisados, hacer seguimiento a los procesos judiciales iniciados en contra de los aprehendidos en los operativos y aplicar estrategias y acciones en favor de las comunidades y de reparación ambiental en las zonas afectadas.
De lo contrario, la ofensiva militar y policial es masiva en el terreno, pero los resultados judiciales son escasos.
Los informes analizados por Mil Hojas señalan que durante 2025 solo tres eventos difundidos por la Fiscalía derivaron en nueve personas procesadas con prisión preventiva.
El impacto económico causado a las mafias es aún más inquietante: de 16 exportadores de oro procesados, 13 tuvieron casos archivados o desestimados antes de llegar a juicio.
La propia Fiscalía General del Estado ha reconocido un problema en el manejo de muestras de material mineralizado. El traslado, secado y análisis entre instituciones puede alterar la evidencia. Una falla en la cadena de custodia no es un detalle menor, ya que puede debilitar e incluso echar abajo un caso y fortalecer los argumentos de la defensa de los involucrados.
A esto se suma la falta de seguimiento a la reparación ambiental. Aunque un juez ordene remediar un río o una zona afectada, en los informes revisados no se evidencia un monitoreo nacional que permita comprobar cuántas órdenes fueron cumplidas, quién pagó y qué resultados produjo la intervención.
Otro vacío detectado por FMH es la ausencia de información sobre la reparación social. La minería ilegal provoca muertes, desplazamiento interno, empobrecimiento y otros graves efectos en la salud de las poblaciones que viven dentro o cerca de los territorios afectados.
El control sigue en construcción
La respuesta estatal contra la minería ilegal acumula al menos siete años de políticas, decretos y reglamentos.
El primer paso se dio en el Gobierno de Lenín Moreno. En junio de 2019, la Política Pública Minera 2019–2030 incorporó la regulación, el control y el combate a la minería ilegal. En 2020, el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero 2020–2030 reiteró esos objetivos. Ambos documentos reconocieron la debilidad institucional, pero no establecieron un sistema integral de seguimiento con responsables, plazos e indicadores verificables.
El 26 de enero de 2023, en el Gobierno de Guillermo Lasso, el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (COSEPE) aprobó la Resolución 38-02, que declaró a la minería ilegal y sus actividades conexas como amenaza a la seguridad del Estado. Esta decisión consta en una publicación del Ministerio de Defensa; sin embargo, el texto de la resolución y la estrategia asociada no fueron localizados en documentos de acceso público. El reconocimiento político fue importante, pero no sustituye una política con metas, responsables y presupuesto.
Durante el gobierno de Daniel Noboa, mediante el Decreto Ejecutivo 435 del 23 de octubre de 2024, se creó el Comité Nacional de Integridad del Sector Minero —CONIM—. Su función es evaluar riesgos, proponer políticas y coordinar acciones contra la minería ilegal, las irregularidades y la corrupción.
Desde diciembre de 2024, la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) expidió normas para controlar partes específicas de la cadena. Reguló las guías de remisión y, durante 2025, el transporte de concentrado, las exportaciones y la custodia del material decomisado. Estas medidas mejoraron el registro documental, pero su fragilidad quedó expuesta en enero de 2026, cuando una falla en la infraestructura contratada a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) interrumpió el Sistema de Gestión Minera y causó la suspensión de servicios de la ARCOM como la consulta de trámites y la aprobación de certificados de exportación de minerales.
El incidente mostró que la trazabilidad requiere no solo normas, sino sistemas tecnológicos estables que garanticen la continuidad de los controles.
El 9 de marzo de 2026, el COSEPE aprobó el Plan Nacional de Seguridad Integral 2026–2029. El 14 de julio pasado, mediante el Decreto Ejecutivo 448, Noboa dispuso que dicho plan sea elevado a política pública y que la minería ilegal sea catalogada como una amenaza para la seguridad del Estado. Ordenó, además, reforzar el control territorial y de su cadena logística.
El Ministerio del Interior elaboró también un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2026–2029 que dispone implementar un sistema de monitoreo y alerta temprana en todas las zonas críticas para 2027. También plantea desarrollar, entre 2028 y 2029, un sistema tecnológico para controlar la trazabilidad de los minerales transportados a plantas de beneficio y puertos. Se fija como meta alcanzar hasta 2029 un 88% de afectación a las estructuras de delincuencia organizada. Pero no define qué significa “afectación”, cuál es la línea base, ni cuándo se puede considerar que una organización ha sido debilitada. Tampoco precisa el presupuesto del sistema de trazabilidad.
9 viceministros de Minería en menos de 3 años
Desde el inicio del gobierno de Daniel Noboa (noviembre de 2023) se han nombrado 9 viceministros de Minería. A inicios de julio de 2026, se designó a Galo García Medina como viceministro en reemplazo de Guillermo Flores.
La designación de García genera expectativa porque es abogado y llega desde la Empresa Nacional Minera (Enami). Su perfil está relacionado con el control institucional: fue asesor de la Presidencia, delegado ante el CONIM y director en la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE. Su salida de la Enami abrió paso a María José Burgos como gerente general subrogante, también abogada y vinculada al CONIM y a organismos del Ejecutivo.
Los cambios también alcanzaron a la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM). El colombiano Francisco Cruz Prada dejó la Dirección Ejecutiva a finales de junio de 2026, apenas dos meses y medio después de su nombramiento y luego de los ataques con explosivos contra las oficinas de la entidad en Quito y Machala.
Cruz fue reemplazado por Marco Antonio Sanabria Pulido, también colombiano, quien había llegado días después de él para ocupar la Coordinación Nacional de Control Minero. Pero tampoco duró en el cargo, pues renunció en julio pasado y en su lugar fue nombrado Peña Prieto. Esa unidad articula el intercambio de información y la preparación de operativos con otras instituciones.
Los relevos confirman la inestabilidad en la conducción de un sector estratégico, precisamente cuando el país enfrenta el avance de la minería ilegal y busca atraer nuevas inversiones formales.
