Centro político y productivo del país, en Pichincha ninguna de sus nueve autoridades se salva de denuncias, aunque algunas ya están archivadas. A su vez, cuenta con dos alcaldes empresarios que siguen como representantes legales de sus compañías.

Denuncias que van desde delito de odio hasta delitos contra el agua, pasando por estafa, peculado o abuso sexual; las nueve autoridades seccionales de Pichincha acumulan causas penales, muchas de las cuales ya fueron archivadas. Con excepción de la prefecta Paola Pabón, todos podrían ser candidatos a la reelección en los próximos comicios.

Dos alcaldes empresarios no solo son accionistas de sus empresas, sino que también las representan legalmente. Uno de ellos pagaba cero de impuesto a la renta hasta que asumió la alcaldía.

Además, existen cuatro casos de cambios patrimoniales importantes: los alcaldes de Puerto Quito, Cayambe, San Miguel de los Bancos, así como de la prefecta provincial.

Esta serie Alcaldes y prefectos bajo la lupa fue posible gracias al auspicio del Pulitzer Center y en alianza con Fundamedios. Mil Hojas y otros 36 medios de comunicación se han unido a la alianza periodística de Spondylus Info Lab para difundir la información.

Altos y bajos

En lo que respecta a los aumentos de patrimonio, uno de los casos más importantes es el del alcalde de Puerto Quito, Víctor Mieles Paladines, que llegó por el Partido Socialista Ecuatoriano. En 2023 declaró un patrimonio de USD 51.535, que se incrementó en 92% en 2024, llegando a USD 98.981, para situarse en 2025 en USD 144.788 (un aumento de 46%).

De larga trayectoria en el sector público, Mieles fue consejero provincial y concejal de Puerto Quito antes de ser alcalde.

Su crecimiento patrimonial registra un incremento del 517,07% desde que inició su gestión como concejal. En 2019, al asumir dicho cargo en el Municipio, Mieles reportó un patrimonio total de USD 23.463, compuesto por bienes muebles valorados en USD 1.809 y bienes inmuebles por USD 25.564, manteniendo deudas por USD 4.000. Años más tarde, ya en funciones como alcalde, su patrimonio se elevó a USD 144.788.

Por su parte, el alcalde de Cayambe, Alberto Masapanta Cobacango, evidenció un salto del 112% en apenas tres años. En su declaración de inicio de gestión de 2023, Masapanta reportó un patrimonio de USD 90.000, compuesto íntegramente por bienes inmuebles y sin registrar deudas ni bienes muebles.

Sin embargo, en su declaración periódica de 2025, su patrimonio ascendió a USD 190.744,32, desglosado en USD 35.000 en bienes muebles y USD 125.744,32 en bienes inmuebles, manteniéndose sin deudas contraídas. Llegó a la alcaldía por la alianza Unión Popular, PSE y Avanza.

La prefecta de Pichincha, Paola Pabón Caranqui, también experimentó variaciones al alza en su patrimonio. En funciones desde 2019, el patrimonio de la prefecta de la Revolución Ciudadana se situaba en USD 92.745 ese año y no tuvo fluctuaciones importantes, reportando USD 98.720 en 2023 y 107.237 en su declaración periódica de 2024.

En cambio, para su declaración de 2025, el patrimonio aumentó, registrando un salto del 53,19% frente a lo declarado en 2023, pasando a USD 151.232. Este incremento se explica en el crecimiento de sus bienes muebles a USD 35.000 (que incluyen USD 20.000 en obras de arte y joyas), la aparición de cuentas por cobrar por USD 11.250, el ligero reavalúo de sus bienes inmuebles a USD 178.958 (conformados por un terreno y una casa en la provincia de Pichincha) y, fundamentalmente, por una sistemática reducción de sus pasivos, logrando disminuir sus deudas contraídas de USD 100.295 en 2023 a USD 75.505 en 2025.

Un caso curioso es el del alcalde de San Miguel de los Bancos, Luis Suqui Morocho (Avanza), cuyo patrimonio ha decrecido bastante. En 2023 declaró USD 854.456, al año siguiente USD 748.992 y finalmente en 2025 USD 216.380. El alcalde tampoco presentó su declaración de impuesto a la renta en el 2021.

Tras ser consultado por este equipo periodístico, el alcalde Suqui justificó por escrito la omisión de su declaración de 2021, argumentando que durante ese ejercicio fiscal no se encontraba prestando servicios en ninguna institución pública ni privada, ni desarrollaba actividades económicas que generaran ingresos sujetos a la declaración del impuesto a la renta. Por tal motivo, aseguró el funcionario, no existía una base imponible que lo obligara a presentar dicho documento tributario.

Spondylus Info Lab contactó a los demás funcionarios a través de sus correos electrónicos registrados en el Portal de Transparencia para consultar su postura al respecto; sin embargo, hasta el cierre de este artículo no hubo respuesta.

Negocios paralelos: Autoridades en el mundo empresarial

El cruce de información con los registros de la Superintendencia de Compañías (Supercias) reveló que varios alcaldes de la provincia mantienen nexos societarios y administrativos vigentes con empresas privadas.

Los casos que llaman la atención porque, siendo autoridades, también representan a sus empresas son el del alcalde de Mejía, Wilson Rodríguez Vergara (del Movimiento Fuerza Mejiense), quien consta como administrador actual de la firma Rodriguezcompany S.A.S., dedicada al alquiler de grúas y equipos de construcción.

Y la alcaldesa de Pedro Moncayo, Verónica Sánchez Cárdenas, quien aparece registrada simultáneamente como accionista y administradora actual de la Compañía de Importaciones y Exportaciones Veronica Sanchez Verisan Cia. Ltda., empresa enfocada en la venta al por mayor de productos diversos. Llegó a la Alcaldía por la alianza SUMA-Pachakutik-AIRE.

Además, no presentó su declaración de impuesto a la renta en 2019, según el portal del SRI.

Ninguno dio su versión sobre si esta situación les generaba algún conflicto de interés, aunque sus empresas no tuvieran contratos con el Estado.

De su lado, el alcalde de Pedro Vicente Maldonado, Freddy Arrobo Arrobo (ID), es accionista de la Compañía de Camionetas Pedro Vicente Maldonado S.A. y de Transportes Samiban S.A., esta última con registros de haber mantenido un contrato de subasta inversa electrónica con el Municipio de San Miguel de los Bancos en el año 2015, mucho antes de la posesión de Arrobo.

Tras ser consultado por este equipo periodístico, el funcionario remitió una carta oficial fechada el 5 de junio de 2026, en la cual respondió textualmente: “Me permito poner en su conocimiento que actualmente me encuentro ‘inactivo’ como accionista de las compañías que hace mención». Esa inactividad no se refleja en la Superintendencia de Compañías, según constató Spondylus Info Lab.

Finalmente, el alcalde de Rumiñahui, Fabián Eduardo Iza Marcillo, se encuentra registrado como accionista actual de Galileo Galilei Cia. Ltda., una entidad dedicada a la educación primaria, pero no es su representante legal.

Expedientes acumulados: El historial judicial de las autoridades

El Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (Satje) alberga múltiples expedientes penales que involucran a las autoridades pichinchanas en investigaciones por delitos que van desde peculado y estafa hasta abuso sexual y daño a bienes ajenos.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz López, fue investigado por el presunto delito de peculado con una indagación previa que data de 2024, pero al final la Fiscalía pidió el archivo en octubre de 2025. Además, el alcalde Muñoz es investigado de manera reservada por la compra de 60 trolebuses, proceso en el cual ha sido llamado a rendir versión.

En su historial también consta una causa penal originada por presuntos hechos ocurridos el 30 de septiembre de 2010, cuando se desempeñaba como viceministro del Ministerio de Inclusión Económica y Social, en el Gobierno de Rafael Correa. La prescripción se dictó en febrero de 2025, al haber transcurrido más de 14 años.

En respuesta a una solicitud de información enviada por Spondylus Info Lab, el alcalde Muñoz señaló que, en el caso de peculado, la denuncia se originó por una escritura no registrada en 1991, fecha en la que él no ejercía funciones municipales, por lo que la Fiscalía ya dispuso el archivo. Sobre la indagación del caso trolebuses, enfatizó que su participación se limitó a la firma de un memorando de entendimiento técnico con la UNOPS (Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos), mientras que la decisión de compra, especificaciones y ejecución del contrato fueron competencia exclusiva de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros, la cual cuenta con autonomía administrativa. Finalmente, respecto a la causa prescrita por hechos de 2010, aseguró que durante las diligencias de la Fiscalía no se hallaron elementos que sustentaran responsabilidad alguna en su contra.

El alcalde de San Miguel de los Bancos concentra tres expedientes. En 2024 enfrentó una denuncia por el presunto delito de abuso sexual. En noviembre de ese mismo año, el fiscal provincial solicitó el archivo de la investigación al considerar que la conducta no configuraba dicho delito, pedido que finalmente fue aceptado por la Corte Provincial. A esto se suma una causa por presuntos delitos contra el agua, cuya solicitud de archivo fue remitida por la Fiscalía en agosto de 2025.

Frente a estas indagaciones, Suqui respondió mediante una carta oficial que siempre ha colaborado con las autoridades. Recalcó que tanto en la denuncia por abuso sexual como en la de delitos contra el agua, la propia Fiscalía solicitó los respectivos archivos tras concluir que los hechos no configuraban una infracción penal y al no existir elementos de convicción suficientes que sustenten una imputación, por lo que no existió formulación de cargos. Adicionalmente, el funcionario aclaró que el tercer expediente que figura en su contra por daño a un bien ajeno no guarda relación con su administración actual como alcalde, sino que se trató de decisiones institucionales ejecutadas en el pasado cuando ejercía funciones de procurador síndico en el cantón Pedro Vicente Maldonado.

La prefecta Pabón registra una causa por el presunto delito de ocupación, uso ilegal de suelo o tráfico de tierras, en la cual la fiscal provincial Mayra Soria solicitó el archivo el 7 de octubre de 2025. Asimismo, enfrentó una investigación por los presuntos delitos de homicidio y estafa vinculados a bienes incautados que reposaban en las bodegas de la Prefectura, proceso que fue archivado por falta de elementos de convicción. Como antecedente consta que en 2019 fue procesada por el delito de rebelión, caso que no figura activo en el sistema judicial debido a que recibió amnistía.

El alcalde de Cayambe, Segundo Masapanta, acumula procesos por falsificación, estafa y actos de odio. Todos archivados.

Seis alcaldes de Guayas han tenido cambios patrimoniales importantes, uno de ellos lo aumentó en USD 800 mil, en tanto que otros enfrentan juicios o han obtenido millonarios contratos.

Los patrimonios de 15 de los 25 alcaldes de la provincia de Guayas crecieron tras asumir sus funciones en 2023, seis de ellos con aumentos inusuales, siendo el máximo USD 800 mil. Las autoridades seccionales de esta provincia, que cuenta con 4,3 millones de habitantes, también registraron procesos penales, en nueve casos, tres de ellos vigentes, según los registros del Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (e-Satje).

Además, diez alcaldes mantienen relación activa con empresas inscritas en la Superintendencia de Compañías. En el caso del flamante prefecto Carlos Encalada Villacís, aún consta vinculado a seis empresas. Encalada reemplaza desde el 14 de mayo a Marcela Aguiñaga (exRC), tras su renuncia un año antes de terminar el periodo para el que fue elegida.

En esta provincia, dos cantones tienen autoridades subrogantes y designadas ante la falta de sus alcaldes titulares. Se trata de Guayaquil, donde Tatiana Coronel asumió la función porque Aquiles Álvarez se encuentra detenido desde el 11 de febrero pasado; y en Nobol, donde María Belén Candado Veliz reemplazó a Marvin Salas, fallecido en septiembre de 2025.

En Guayas, tres dignidades no han presentado su declaración de impuesto a la renta, al menos una vez, en los últimos siete años, según el Servicio de Rentas Internas (SRI), mientras que las compañías de dos funcionarios han mantenido contratos con el Estado.

Esta serie Alcaldes y prefectos bajo la lupa fue posible gracias al auspicio del Pulitzer Center y en alianza con Fundamedios. Mil Hojas y otros 36 medios de comunicación se han unido a la alianza periodística de Spondylus Lab para difundir la información.

Los incrementos patrimoniales

Entre los alcaldes con marcados crecimientos en sus patrimonios constan los de Naranjito, Naranjal, Marcelino Maridueña, Guayaquil, El Triunfo y Simón Bolívar. Los valores que reportaron en sus declaraciones de inicio de gestión contrastan con las de años posteriores, según los registros de la Contraloría General del Estado.

Por ejemplo, el formulario patrimonial del alcalde de Naranjito, Cristian Suárez Peñafiel, tenía todos los casilleros con valores en cero dólares en 2023. Dos años después, en 2025, reportó USD 637.076 e incluyó entre sus bienes cuatro carros por USD 120.000, dos de ellos comprados en USD 45.000 cada uno, el mismo día, el 23 de octubre del 2023.

Entre sus bienes inmuebles, registró tres casas valoradas en USD 258.362, dos en Guayas y una en Santa Elena. Como única deuda constan USD 12.150 de la tarjeta de crédito a nombre de Suárez Peñafiel.

Electo por el Partido Social Cristiano (PSC), Cristian Suárez, médico de 48 años, no registra compañías y no tiene Registro Único de Contribuyente (RUC) en el SRI. En su formulario del 2024 declaró haber recibido USD 250.000 por concepto de “derechos fiduciarios, de propiedad intelectual o por herencias”. Spondylus Lab le preguntó una versión al respecto, pero no obtuvimos respuesta.

De su lado, el alcalde de Naranjal, Juan Carlos Rivera Gutiérrez, comerciante de 46 años, también registra un incremento patrimonial desde que llegó a esa dignidad en 2023 auspiciado por el movimiento Creando Oportunidades (CREO). El cantón es uno de los más violentos del país con una tasa de muertes violentas de 152,71 por cada cien mil habitantes en 2025.

En 2023, Rivera declaró un patrimonio por USD 1.027.026 y que en 2025 se incrementó a USD 1.871.650, según la Contraloría. Entre sus bienes incluyó 27 propiedades, diez de las cuales fueron adquiridas en 2024.

Mientras que sus deudas, por USD 370.157, comprenden un préstamo hipotecario por USD 332.072, un préstamo personal y su tarjeta de crédito. En 2024 el alcalde compró tres fincas, dos terrenos, tres lotes, un solar y una propiedad, valoradas en USD 452.384. Todas adquiridas el 3 de junio del 2024, de acuerdo con el formulario de Contraloría.

En los registros de la Superintendencia de Compañías no consta que el alcalde tenga empresas y en el SRI tampoco consta inscrita alguna actividad comercial, solo el pago de impuesto de USD 8.178 en 2025. Aunque se le envió un mail con preguntas, no fueron respondidas hasta el cierre de esta publicación.

En Guayaquil, también registra un aumento patrimonial la alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel, economista de 34 años. A la Contraloría le reportó bienes por USD 986 el 16 de mayo de 2023 cuando asumió como concejala, en tanto que en octubre de 2024 su declaración registró el valor negativo de USD 1.842.

No obstante, en el formulario periódico de 2025 reportó un patrimonio de USD 53.591 que comprendía un departamento valorado en USD 54.991. Entre sus deudas solo constan valores por su tarjeta de crédito. El inmueble fue adquirido el 1 de mayo del 2025. Para esta investigación se le consultó al respecto, pero no respondió.

Del Movimiento Renovación Total (RETO), Tatiana Coronel reemplazó desde el 11 de febrero de este año a su coideario, el alcalde Aquiles Álvarez, investigado por varios delitos y actualmente detenido en la Cárcel del Encuentro. La Fiscalía acusa a Aquiles Álvarez de lavado de activos, por introducir en el sistema financiero las ganancias por la venta ilegal de combustibles.

A diferencia de Coronel, el patrimonio de Álvarez retrocedió durante su periodo de alcalde. Pasó de USD 7,7 millones en 2023 a USD 7,4 millones en 2025, una disminución de alrededor de USD 300 mil. Álvarez declaró no tener bienes inmuebles. Sin embargo, informes de la UAFE del caso llamado Goleada, señalan que habría adquirido USD 6,2 millones en bienes, terrenos en Santa Elena y departamentos en Samborondón.

En su declaración de bienes del 2023, cuando asumió el cargo, Álvarez incluyó tres carros, por USD 5.259, USD 63.996 y USD 120.000. No obstante, no mencionó un vehículo Mercedes Benz G 500 del año 2023 valorado en USD 325.000 que aún sigue a su nombre. Ninguno de los carros fue registrado en los formularios patrimoniales de los años siguientes.

El capital del reelecto alcalde del cantón Marcelino Maridueña también aumentó en su gestión. El patrimonio de Pedro Orellana Ortiz, abogado de 54 años electo por la coalición Partido Social Cristiano (PSC)-Movimiento Madera de Guerrero, pasó de USD 168.077 en 2023 a USD 225.125 el año pasado. Su patrimonio en 2019, en su primera administración, se ubicó en USD 134.226.

De su lado, la alcaldesa de El Triunfo, Mabel Tenezaca López, electa por la Revolución Ciudadana, pasó de tener USD 61.105 cuando se posesionó en el cargo a USD 111.320 dos años después. Entre sus bienes consta una casa en Guayas valorada en USD 25.000 y adquirida el 1 de marzo del 2025, lo que fue confirmado por la alcaldesa.

“Dicho incremento corresponde principalmente a la adquisición de una vivienda durante el año 2025, que fue incorporada de manera legal, registrada y oportunamente declarada ante los organismos competentes”, señaló Tenezaca en un escrito para este reportaje.

La alcaldesa agregó que sus declaraciones patrimoniales incluyen “tanto los activos como las obligaciones financieras vigentes relacionadas con dichos bienes”.

También electa por la RC, la alcaldesa del cantón Simón Bolívar, María Fernanda Vargas, presentó su formulario de bienes con el valor negativo de USD 3.390 en el 2023, monto que en 2025 se convirtió en positivo y alcanzó los USD 139.014. En su declaración de 2023 consta el valor de USD 110 de un inmueble, cifra que atribuye a “errores de digitación que fueron posteriormente corregidos y reportados ante la Contraloría”.

“Una vivienda adquirida en 2018 fue registrada por USD 110 cuando su valor correcto es USD 110.000. Asimismo, la deuda hipotecaria asociada a ese inmueble ya constaba en la declaración inicial y continúa vigente, con un saldo menor, debido al pago normal del crédito”, argumentó en su respuesta enviada a Spondylus Lab, María Fernanda Vargas, una de las pocas autoridades seccionales que respondió a los pedidos de contrastación enviados.

Intimidación, entre procesos judiciales

Dos de los 25 alcaldes de Guayas son objeto de investigación por parte de la Fiscalía, en casos que son de conocimiento público. El alcalde de Guayaquil acumula cuatro causas, dos de ellas en la etapa de instrucción fiscal, uno en juicio y otro en solicitud de archivo.

Alvarez fue llamado a juicio en el caso Triple A, por el presunto delito de comercialización ilegal de combustibles en la frontera sur, un proceso iniciado en julio del 2024 y que involucra a 16 personas y seis empresas. Según la Fiscalía, las empresas del alcalde habrían desviado el diésel subsidiado vendiéndolo a otros a precio de mercado, lo que habría provocado un perjuicio al Estado de USD 100 millones. Luego, la Fiscalía abrió la investigación conocida como Goleada, ahora en etapa de instrucción fiscal, por el presunto delito de lavado de activos y que se deriva del caso inicial de la venta ilegal de diésel.

A raíz del caso Goleada, en el allanamiento a su vivienda en una urbanización de Samborondón, el 10 de febrero de 2026, la Policía declaró que el alcalde no portaba el grillete, por lo que ahora se lo lo investiga por presunto incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, proceso que está en etapa de instrucción fiscal.

La justicia también lo investigaba por una denuncia de peculado presentada en septiembre del 2024 por el dirigente de la Federación de Transportistas Urbanos del Guayas, Christian Sarmiento, y que tenía como sustento un informe de Contraloría sobre el contrato firmado en 2022 entre la ATM y la empresa STG encargada de recaudar los ingresos del sistema de la Metrovía. El caso se encuentra en proceso de archivo, pues Sarmiento y otros denunciantes de la Fetug presentaron escritos con su “desistimiento voluntario”.

Otro caso es el de la alcaldesa de Yaguachi, Viviana Olivares Coll, electa por el movimiento Revolución Ciudadana, cuyo proceso está en trámite de archivo. Se trata de una denuncia cuando se desempeñaba como presidenta del GAD parroquial Virgen de Fátima, presentada por Lorena Benalcázar, una exjueza que el 27 de abril del 2022 la acusó de una supuesta intimidación y amenazas.

La Fiscalía pidió el archivo del caso, que está pendiente, por no haberse obtenido “elementos suficientes para formular cargos”.

Empresario con contratos públicos

Entre los alcaldes del Guayas, dos han recibido contratos públicos. Se trata de Luis Chonillo Breilh, de Durán, quien administra desde el extranjero la sexta ciudad más poblada del Ecuador. Chonillo ha estado vinculado a ocho empresas, en cuatro como accionista actual, entre ellas Poligráfica C.A., una compañía que ha recibido 14 contratos desde 2023 hasta la fecha.

Poligráfica C.A., una empresa tradicional guayaquileña y que es de la familia de Chonillo, obtuvo contratos por USD 19,4 millones con el Ministerio de Educación, según los datos del Servicio Nacional de Contratación Pública, Sercop. La mayoría de las adjudicaciones se dio para la impresión de libros, adhesivos vehiculares y otros documentos.

Las empresas del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, también figuran como contratistas del Estado. La compañía Gasgrupco S.A. obtuvo dos adjudicaciones por un total de USD 453.600 en diciembre de 2023, de parte de las municipalidades de Salinas y de Durán. Ninguno de los alcaldes respondió el cuestionario sobre sus contratos, enviado por el equipo de Spondylus Lab.

Un nuevo remezón a nivel seccional ocurrió a inicios de junio: al alcalde de Cuenca se le suspendieron los derechos de participación y ya no puede ejercer su cargo. Ahora Marisol Peñaloza dirige los destinos de la tercera ciudad más grande del país.

Azuay es una de las provincias más prósperas y estables. Con más de 900.000 habitantes y una economía que combina industria, comercio, minería y servicios, alberga a Cuenca, la tercera ciudad más poblada del Ecuador. Sus cifras de violencia contrastan con el resto del país: en el primer semestre de 2025 fue la única zona de planificación policial que registró una reducción de homicidios, con un descenso del 54% frente al mismo período de 2024. Pero esa calma no se refleja en todo el territorio provincial.

El cantón Camilo Ponce Enríquez, en el extremo occidental de la provincia, se convirtió en 2024 en el cantón más violento de Ecuador por tasa anual de homicidios: 258,56 muertes por cada 100.000 habitantes, doce veces más alta que el promedio latinoamericano. La violencia sucede en medio de disputas por el control de la minería ilegal por parte de la delincuencia organizada. Ese año el cantón registró secuestros masivos de personal minero, masacres con víctimas encontradas descuartizadas en campamentos clandestinos y el asesinato del propio alcalde, José Sánchez, en abril de 2024.

Desde entonces, la abogada Magali Sánchez Guerrero ejerce como alcaldesa designada para completar el período 2023–2027. Llegó a la concejalía por la alianza Cambio Histórico Ponceño (DSI-UP-APP). Pese a los operativos militares sostenidos, la minería ilegal persiste: casi cada semana el Ejército clausura bocaminas y destruye campamentos, pero siguen apareciendo nuevos.

Esta investigación cubre a las 14 autoridades municipales actualmente en funciones y al prefecto de la provincia, sustentada en consultas de registros públicos de varias instituciones. Uno de los casos más curiosos es el de dos alcaldes de cantones distintos que son accionistas de una misma empresa constituida en 2026 que declara operar como restaurante en una dirección del Centro Histórico de Quito donde no existe ningún establecimiento verificable.

Mientras se desarrollaba esta investigación, se produjo un cambio inesperado en la conducción de la capital provincial: el 11 de junio de 2026, el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, perdió sus derechos políticos de participación por seis meses tras una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral por violencia política de género, y la vicealcaldesa Marisol Peñaloza Bacuilima asumirá como subrogante.

Además, cuatro alcaldes azuayos registran incrementos patrimoniales de entre el 35% y el 134% entre una declaración y otra; cuatro mantienen vínculos con empresas privadas activas; solo uno mantiene una deuda tributaria en firme y una sola autoridad aparece vinculada a una investigación penal que no derivó en formulación de cargos.

Esta serie Alcaldes y prefectos bajo la lupa fue posible gracias al auspicio del Pulitzer Center y en alianza con Fundamedios. Mil Hojas y otros 36 medios de comunicación se han unido a la alianza periodística de Spondylus Info Lab para difundir la información.

Aumentos en patrimonio

Cuatro de los 15 alcaldes de la provincia de Azuay registran incrementos patrimoniales significativos de entre el 35% y el 134% entre una declaración y otra, según los registros de la Contraloría General del Estado. El caso con mayor recorrido a lo largo del tiempo es el del alcalde reelecto de Paute, Raúl Delgado Orellana, ingeniero civil de 55 años, que ganó por la alianza Paute Bonito. Acumula cuatro períodos consecutivos al frente de municipios azuayos: dos en Guachapala y dos en Paute. Incluso fue presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador en el año 2019.

Sus registros ante la Contraloría muestran un crecimiento sostenido desde el inicio de su primera gestión en Paute: USD 84.205 en 2019 y USD 126.079 en 2020, equivalente a un 50% más, impulsado por inversiones en bienes muebles e inmuebles. Para 2022, el incremento fue de 61%, principalmente por bienes inmuebles, su patrimonio total entonces era de USD 202.641.

Al cierre de su primer período en 2023, Delgado Orellana declaró USD 304.772. Pero hay un detalle que los registros no explican: al día siguiente de esa declaración, al iniciar su segundo mandato, presentó una nueva declaración por USD 292.778. En cuestión de horas, la diferencia entre ambos registros es de casi USD 12.000.

Otro de los incrementos corresponde al alcalde de Gualaceo, Marco Tapia Jara, cuyo patrimonio pasó de USD 19.139 en 2024 a USD 44.730 en 2025, esto es un aumento del 134% en apenas un año. El salto se explica, según la información declarada ante la Contraloría, por la incorporación de bienes muebles: USD 5.000 en menaje de casa, USD 5.000 en semovientes (ganado) y una motocicleta valorada en USD 2.109.

El alcalde de Chordeleg reelecto, Deifilio Arévalo Vásquez (que ganó por la alianza SUMA-Construye), tiene una de las trayectorias más particulares con incrementos y caídas drásticas. En 2020 declaró USD 579.510. En 2022 reportó USD 165.840, lo que indica una caída del 71% en dos años. En su declaración de inicio de gestión de 2023 registró USD 223.913, es decir un incremento del 35% y ese mismo año, en su declaración periódica, reportó USD 308.830, lo que significa un aumento adicional del 38% asociado principalmente a bienes inmuebles.

William Patricio Maldonado Jiménez, al frente de la alcaldía de Nabón, registra el patrimonio absoluto más alto entre los cuatro casos analizados. En 2020 declaró USD 498.517, cifra que ascendió a USD 711.906 en 2023, un incremento del 43% explicado principalmente por aumentos en inversiones y bienes muebles e inmuebles.

El panorama patrimonial de las autoridades subnacionales de Azuay tiene un capítulo adicional que se definió durante los primeros días de junio. El 11 de junio de 2026, el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora (que ganó por la ID) perdió sus derechos políticos de participación por seis meses tras una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral por violencia política de género, a raíz de una denuncia presentada por la concejala Diana González Arteaga.

Zamora deberá pagar una multa de USD 12.050 y tomar un curso de 40 horas sobre violencia de género; además, enfrenta una investigación de la Fiscalía por presunto enriquecimiento ilícito. En su ausencia, asumirá como alcaldesa subrogante la vicealcaldesa Marisol Peñaloza Bacuilima, concejala de Cuenca desde 2019 y reelecta en 2023 con la lista Democracia Sí-Pachakutik.

Las declaraciones patrimoniales de Peñaloza ante la Contraloría muestran una trayectoria estable. Sus activos incluyen tres terrenos en Azuay valorados en conjunto en USD 130.571,78, además de bienes muebles: menaje de casa, maquinaria y equipo, inventarios por alrededor de USD 50.000. Su patrimonio total se ha mantenido entre USD 117.805 y USD 127.735 en sus declaraciones más recientes, con pasivos de alrededor de USD 38.000 a USD 59.500 en préstamos personales y tarjeta de crédito. A diferencia de otras autoridades de la provincia, Peñaloza no registra empresas activas en la Superintendencia de Compañías, no tiene procesos en el E-SATJE, no registra deudas en firme con el SRI y mantiene al día sus declaraciones de impuesto a la renta.

Dos alcaldes accionistas de la misma empresa

Entre los registros de la Superintendencia de Compañías aparece un dato que conecta a dos alcaldes de cantones distintos: Raúl Delgado Orellana, de Paute, como Adrián Berrezueta Barreto, de Pucará, figuran como accionistas activos de Terrauio S.A.S., empresa en la que el primero tiene invertidos 300 y el segundo 700 dólares de capital. La compañía fue constituida el 12 de enero de 2026, tres años después de que ambos asumieran sus alcaldías. Su actividad declarada ante el Servicio de Rentas Internas es la de restaurante, con establecimiento matriz registrado en la calle García Moreno del Centro Histórico de Quito, en el edificio Amador. Como la compañía fue creada en enero de este año, aún no reporta balances.

Sin embargo, tras una revisión in situ de este equipo, en la dirección y edificio señalados no se identificó ningún restaurante. Además, tras una búsqueda en la web, el número telefónico fijo de la empresa, registrado ante la Superintendencia de Compañías, coincide con un registro antiguo de los teléfonos institucionales del Banco Central del Ecuador (BCE) que data de 2016. Al llamar, el mensaje de la operadora indica que el número “no es el correcto”.

Ni Delgado Orellana ni Berrezueta Barreto respondieron las solicitudes de información de este equipo periodístico.

El segundo vínculo de Berrezueta Barreto añade otra capa. El alcalde de Pucará figura también como accionista de la Compañía Minera Espinoza & Asociados Commine S.A., una empresa activa creada en 2019 por ocho socios. El alcalde tiene USD 200 de acciones y maneja el 14% del capital.

Según la información de la Superintendencia, la compañía minera de Berrezueta Barreto se dedica a la extracción de minerales metalíferos como oro, plata, platino y a la extracción y preparación de minerales por su contenido de metales no ferrosos, como aluminio (bauxita), cobre, plomo, zinc, estaño, manganeso, cromo, níquel, cobalto, molibdeno, tántalo, vanadio, etcétera.

El último balance financiero registrado ante la Superintendencia es del 2019, cuando la compañía declaró un patrimonio total de USD 1.400 y cero dólares en ingresos.

Las otras dos empresas de Delgado Orellana son Animalpaute S.A.S. que opera Animal Paute, un parque temático en el propio cantón donde interactúan más de 40 especies de animales, desde conejos y cobayas hasta aves exóticas, orientado al turismo familiar. También tiene a Jurassicpaute S.A.S., que está detrás de Jurassic Paute, un parque de réplicas de dinosaurios animatrónicos de hasta diez metros que se promociona activamente en redes sociales como uno de los atractivos turísticos del cantón.

De su lado, el alcalde de Sevilla de Oro, Byron Rubio Heras, figura como accionista de Asoturi S.A.S., una operadora turística constituida el 7 de febrero de 2022 en la parroquia Palmas, aproximadamente un año antes de que Rubio Heras asumiera la alcaldía en 2023. La empresa está dedicada a la planificación y organización de paquetes de viajes y tours en un cantón que el Ministerio de Turismo identifica como uno de los destinos con mayor potencial turístico del Azuay.

La revisión de los registros del sistema judicial Satje, también muestra que Azuay presenta el menor número de autoridades seccionales vinculadas a investigaciones penales entre las provincias examinadas. Durante el período analizado se identificó un solo caso.

Se trata de la alcaldesa de San Fernando, María Aurelia Sarmiento Gavilanes, quien aparece vinculada a una causa por presunto daño a bien ajeno ingresada en diciembre de 2020. Según los registros judiciales, el proceso no avanzó a etapa de juicio ni derivó en una sentencia condenatoria o absolutoria. El expediente atravesó conflictos de competencia y tampoco llegó a la fase de formulación de cargos.

Las organizaciones políticas nacionales no ganan solas en las provincias, apenas un 35% de autoridades seccionales responde sólo a esas agrupaciones, el resto ha ganado sus cargos por alianzas entre ellas o con movimientos locales y muchas veces son los mismos personajes, caciques locales, los que se imponen.

Nombres simples que pretenden atraer a electores con conceptos de unión, de cambio, de belleza, de renovación, de progreso son las alianzas más comunes para las elecciones seccionales en Ecuador, donde los partidos o movimientos políticos nacionales no logran imponerse solos frente al poder local. Para muestra un botón: “Por ti Urdaneta mi tierra amada”.

Solo el 35% de alcaldes y prefectos del país proviene de un solo partido o movimiento político nacional, es decir 89, de los cuales 78 son alcaldes y once prefectos. El resto proviene de alianzas entre tiendas nacionales o entre estas y movimientos locales.

El caso más extremo registrado en 2023 es la alianza “Unidos por Los Ríos”, listas 1-3-4-17-20-21-23-25, en la que confluyeron ocho partidos o movimientos: Centro Democrático; Partido Sociedad Patriótica; Pueblo, Igualdad y Democracia; Democracia Sí; CREO; SUMA y Construye. Juntos ganaron dos puestos de los 14 que estaban en juego en esa provincia. Se llevaron las alcaldías de Baba y Vinces.

Manabí es otro caso particular donde la identidad local se impone. Así, la Alianza por la Unidad Manabita, que agrupa a los movimientos locales Caminantes y Movimiento Unidad Primero (MUP) se unió con el Partido Social Cristiano y con SUMA para las elecciones seccionales. De las seis alcaldías que ganó (de un total de 23 cargos en competición), cuatro fueron con autoridades reelectas. Además, para obtener otros dos cantones, esta alianza se amplió e incluyó a los movimientos cantonales transformándose en Alianza por la Unidad Bolivarense y Alianza por la Unidad Rocafortense.

La Revolución Ciudadana, que es potente en Manabí, también tuvo que competir bajo la alianza RC-Sí Podemos, listas 5-72, para obtener siete alcaldías, de las cuales tres fueron reelección.

En El Oro, el Movimiento Sur Unido Regional, liderado por el prefecto reelecto Clemente Bravo, ganó también las alcaldías de El Guabo, Pasaje, Santa Rosa y Zaruma.

Los movimientos locales no son monopolio de la Costa. En Chimborazo, el Movimiento Político Provincial Cambio (MPPC) se impuso en Alausí, Chambo y Chunchi. Integración Cívica Tungurahua, en alianza con Centro Democrático (CD-MCAT), obtuvo las alcaldías de Baños, Mocha y Patate en esa provincia.
Mientras que en Carchi existe el Movimiento Social Conservador del Carchi (MSC) que obtuvo la prefectura y las alcaldías de Montúfar, Bolívar y Mira, estas dos últimas con organizaciones nacionales distintas. Tres de los cuatro son autoridades reelectas.

En los comicios seccionales de 2023, las organizaciones nacionales con mayores puestos fueron la RC y el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, ambos con 23 dignidades cada uno.

De acuerdo con el Mapa de organizaciones políticas de Ecuador (2025), en el país existen 17 partidos y movimientos políticos nacionales, 62 movimientos provinciales, 139 cantonales y 15 parroquiales.

Para Simón Pachano, politólogo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), hay dos factores que explican la débil presencia local de los movimientos y partidos nacionales.

Por un lado, aseguró, en Ecuador no existen partidos políticos con ideario, militantes, escuelas de formación o foros de discusión sobre políticas públicas; lo que existe son membretes políticos, maquinarias que necesitan ganar para mantenerse. Por otro lado, añadió, el país es bastante fragmentado, con identidades cantonales y regionales fuertes, cuya realidad no depende de la política nacional, incluso puede ser más prestigioso seguir manteniendo presencia local en lugar de ir a la Asamblea Nacional, por ejemplo.

Esta situación no es única de Ecuador, sino que es muy normal en América Latina, con excepción posiblemente de Uruguay, explicó el politólogo.

“Me parece que impera una lógica de tipo empresarial, si quiero entrar en un territorio es más fácil aliarme con el líder de ese territorio, me consigo un vendedor local, en lugar de desarrollar mi infraestructura desde cero”, comentó Pablo Medina, politólogo de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ).

Aunque no hay estudios sobre cómo funcionan las dinámicas de alianzas entre organizaciones políticas, Pachano señaló que generalmente son circunstanciales, ganen o pierdan la elección, se acaban; de ahí la importancia de quién realmente es la persona que se convertirá en alcalde o prefecto.

Spondylyus Info Lab presenta esta serie Alcaldes y prefectos bajo la lupa, elaborada gracias a una beca de producción periodística del Pulitzer Center y en alianza con Fundamedios. Treinta y siete medios de comunicación se han unido para difundir esta información.

Alrededor de la mitad de los alcaldes y prefectos del país ha estado inmerso en procesos penales, muchos de ellos archivados. Tres alcaldes están detenidos y un cuarto tiene un auto de llamamiento de juicio.

Presuntos delitos que van desde el robo o la estafa hasta asociación ilícita o el peculado pasando por el incumplimiento de decisión de autoridad competente, conforman el grueso de 264 procesos penales que atañen a 118 alcaldes y prefectos, más de la mitad de las autoridades subnacionales del Ecuador.

De estos procesos, 217 son archivados de la investigación previa por pedido de la Fiscalía. Además, hay dos archivados por prescripción y dos archivados por principio de oportunidad. En total son 221 procesos archivados sin formulación de cargos, es decir la mayoría.

Veinte de las 245 autoridades al frente de alcaldías y prefecturas, alrededor de un ocho por ciento, han sido procesadas por más de un delito, en algunos casos antes de que asumieran su cargo. Estas son las cifras que arroja el sistema público de consulta de procesos judiciales electrónicos del Consejo Nacional de la Judicatura, llamado e-Satje.

Spondylyus Info Lab presenta esta serie Alcaldes y prefectos bajo la lupa, elaborada gracias a una beca de producción periodística del Pulitzer Center y en alianza con Fundamedios. Para difundir esta información, se han unido 37 medios de comunicación.

Autoridades acumulan varios procesos

Entre los casos que no han sido archivados y que no se relacionan con cuestiones administrativas, esta alianza periodística encontró 28 procesos penales que atañen a 20 autoridades subnacionales. La que ha enfrentado más procesos es la alcaldesa de Carlos Julio Arosemena Tola, Ligia Caiza, que ganó esa dignidad en 2023 por la alianza Partido Sociedad Patriótica, Avanza y CREO con el movimiento local Antisuyo Ushito (3-8-21-61). Este cantón, junto con Tena, concentra la mayoría de las concesiones mineras de la provincia de Napo.

La ingeniera ambiental registra cuatro causas: tres son por presunta asociación ilícita ligada al tráfico de combustible y otro por presunta minería ilegal. En los tres primeros, Ligia Caiza fue declarada inocente en primera instancia y la sentencia ya se encuentra ejecutoriada, mientras que, en el cuarto, la Fiscalía no formuló cargos en su contra.
Este caso comenzó con un operativo de la Policía Nacional para desarticular una presunta banda de tráfico de combustibles usados para minería ilegal. Para la Fiscalía, Caiza y su esposo, Jofre Coronel (quien tiene a su nombre una concesión minera artesanal), habrían sido los líderes de esta organización. La investigación se abrió el 31 de marzo de 2023, mes y medio antes de que Ligia Caiza fuese posesionada como alcaldesa, y la sentencia se dictó en enero de 2026.

Después de Caiza, el alcalde de Guayaquil enfrenta tres procesos. Aquiles Álvarez, que llegó por la alianza RETO-RC y dirige la ciudad más poblada del país, fue llamado a juicio en el caso Triple A, por el presunto delito de comercialización ilegal de combustibles en la frontera sur, un proceso iniciado en julio del 2024 y que involucra a 16 personas y seis empresas.

Según la Fiscalía, las empresas habrían desviado el diésel subsidiado vendiéndolo a precio de mercado, lo que habría provocado un perjuicio al Estado de USD 100 millones. Luego, la Fiscalía abrió la investigación conocida como Goleada, ahora en etapa de instrucción fiscal, por el presunto delito de lavado de activos, derivado del caso inicial.

Cuando fue detenido en su casa en Samborondón, el 10 de febrero pasado, Álvarez no portaba el grillete, por lo que ahora es investigado por el presunto incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Empresario y dirigente deportivo, Álvarez ha mantenido relación con una treintena de compañías y el análisis de su patrimonio demostró cambios inusuales, así como la no inclusión de todos sus bienes. Entre 20023 y 2024 tuvo un retroceso en su patrimonio de USD 1,8 millones. Al inicio de su gestión había declarado USD 7.730.592 y en 2024 USD 5.870.330. Para 2025 lo aumentó a USD 7.431.403. Ahora lo reemplaza su coidearia Tatiana Coronel al frente de la Alcaldía de Guayaquil.

Otro caso es el del prefecto de Sucumbíos, Yofre Poma Martín, que llegó a ese cargo por la RC en 2023. El proceso en su contra se originó por las violentas protestas de octubre de 2019. En aquel entonces, siendo asambleísta, participó en la toma de la estación de bombeo del Sistema del Oleoducto Transecuatoriano, obligando a suspender las operaciones petroleras. Fue sentenciado como cómplice de paralización de servicios públicos a un año y cuatro meses de prisión y permaneció recluido varios meses hasta beneficiarse de la suspensión condicional de la pena en 2020. Dos años después, en 2022, la Asamblea Nacional le otorgó la amnistía.

Poma ha sido gobernador, alcalde, asambleísta y, ahora, prefecto. Cuando era alcalde de Lago Agrio, entre 2009 y 2014, también fue enjuiciado por el presunto delito de peculado por la venta de un terreno municipal. Fue sobreseído por la falta de elementos probatorios.

Las autoridades que más procesos archivados tienen son los de La Libertad, Francisco Tamariz Guerrero (electo por CD-AVANZA-DSI-Unete), por presuntos delitos de intimidación y tráfico de influencias; la alcaldesa de San Fernando, María Aurelia Sarmiento, por presunto delito de daño a bien ajeno, y el prefecto de Chimborazo, Hermel Tayupanda, por los presuntos delitos de concusión y falsificación de documentos.

Existen otras autoridades con un solo proceso y cuyos casos han sido de mayor connotación pública: los alcaldes de Pujilí, José Arroyo Cabrera; el de Riobamba, John Vinueza Salinas; de Aguarico, Juan Carlos Orellana, y el de Esmeraldas, Vicko Villacís Tenorio.
Arroyo Cabrera cumple prisión preventiva dentro del caso Ornato Municipal por presunto peculado. La Fiscalía lo acusa de presuntamente haber ideado y dirigido un esquema de simulación contractual relacionado con compra de plantas y la construcción de un parque, cuyo monto total supera los USD 300 mil. Arroyo incluso ha impulsado una querella por calumnia en contra del vicealcalde y actual reemplazo, Raúl Arroyo Zambrano. Ambos fueron electos por la alianza RC-ID-PSE.
El alcalde de Riobamba, John Vinueza, y dos concejales fueron llamados a juicio en abril pasado porque habrían conformado una estructura para cometer delitos, como tráfico de influencias y cohecho relacionado con asignaciones irregulares de 255 cupos de taxis, entre otros. Electo por la alianza Vecinos en Acción, conformada por Centro Democrático y RETO, Vinueza fue asambleísta antes de llegar a la Alcaldía.
Hace pocas semanas, el alcalde reelecto de Aguarico, Juan Carlos Orellana Ganchozo, fue sentenciado en primera instancia por registrar un título falso de abogado por la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Él se acogió al silencio, pero su defensa anunció que apelará. Orellana, que ganó su reelección por la alianza Pachakutik-CREO, también ha registrado saltos patrimoniales importantes desde 2019 que ocupa ese cargo. En 2019 registró un patrimonio de USD 6.000 y para 2025, en la declaración periódica de su segundo mandato, el valor subió a USD 199.320. Es decir, un incremento del 3.222%.

Finalmente, el alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís Tenorio, que llegó a ese cargo por la Unión por la Revolución Ciudadana, fue detenido la madrugada del 3 de junio de 2026 señalado por presunto lavado de activos. El abogado y empresario ha pedido quedarse en la cárcel de Latacunga para preparar su defensa. La Fiscalía indicó que el caso llamado Blindaje nació a partir de un reporte de operaciones inusuales e injustificadas emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

Procesos archivados

Con respecto a los 221 procesos que fueron archivados sin formulación de cargos, 44 tuvieron un origen administrativo por incumplimiento de decisión de autoridad competente y retención ilegal de aportaciones al IESS. Este incumplimiento por parte de los alcaldes generalmente está relacionado con órdenes de pago a contratistas o trabajadores, y a veces provienen de administraciones anteriores.

Por el delito de incumplimiento de decisión de autoridad competente, el caso más conocido es contra la alcaldesa de Manta, Marciana Valdiviezo, por el pago de USD 3,6 millones al Consorcio Tránsito Segura (CTS) de Manta, integrado por las empresas Telconet y Transcorp Ecuador S.A. Por este contrato, el Tribunal Contencioso Electoral descalificó a Jan Topic, quien no pudo inscribir su candidatura para las elecciones presidenciales del año 2025. El Consorcio fue contratado para el manejo de los ingresos por multas de tránsito, pero provocó críticas porque recibía más de la mitad de lo recaudado. El proceso no está archivado.

Los saltos abruptos podrían darse por varias razones, explica el politólogo Pablo Medina, de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ). La más benigna es un error de tipeo al momento de llenar el formulario, pero también podría suceder que inicialmente subvaloraron bienes por lo que se corrigió el error y otras hipótesis podrían ser porque recibió una herencia o porque posee acciones en compañías rentables.

En efecto, en esta investigación algunos alcaldes respondieron al pedido de contrastación de esta alianza periodística señalando que se trataba de un error de digitación, que se había corregido al siguiente año, por lo que su patrimonio había disminuido considerablemente.

Sin embargo, advirtió Medina, la declaración patrimonial de los funcionarios públicos es un factor importante para fiscalizar a quienes nos gobiernan y, en todo el mundo, se la toma como un índice contra la corrupción. “Un alcalde que solo vive de su sueldo de funcionario público difícilmente podría triplicar su patrimonio, las matemáticas son las matemáticas”, anotó.

La Contraloría debería tener un sistema informático de alerta temprana, para detectar si hay un movimiento inusual, algo así como lo que sucede en el sistema financiero; luego hacer la contrastación con las declaraciones anteriores para determinar las razones, señaló el abogado Mario Herrera. Resaltó que ahora que el formulario es digital es mucho más fácil poder extraer la información y hacer comparaciones entre una declaración y otra. Cuando se registre una situación anómala, las alertas deberían saltar enseguida, acotó.

Posibles razones

Esta cantidad de procesos que en su mayoría resultan archivados le plantea dos hipótesis al politólogo de la Universidad San Francisco de Quito, Pablo Medina: “O existe un abuso del sistema judicial o existe una manipulación del sistema judicial. Por un lado, se puede haber naturalizado el demandar a un alcalde, a un prefecto, sin los argumentos de peso necesarios, y por otro, habría que analizar las causas del por qué la Fiscalía se abstiene de no proseguir”.

Medina hace una comparación con el sistema anglosajón, en el que muchos casos se resuelven porque los jueces consideran que no hay lugar a la demanda y no se continúa el proceso; e incluso a veces el demandante tiene que cubrir con los costos procesales. “¿Cuánto dinero habrá perdido el Estado por todo ese trabajo de investigación de la Fiscalía pero que no llegó a una acusación?, se preguntó.

Por eso, señaló, el alcalde se convierte en una especie de primer ministro del concejo. Lo mismo sucede con el prefecto, cuya competencia atañe las áreas rurales del país. Sus jueces políticos no son los asambleístas. Sin embargo, más allá de la organización institucional, los principales fiscalizadores son los ciudadanos.

Los saltos abruptos podrían darse por varias razones, explica el politólogo Pablo Medina, de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ). La más benigna es un error de tipeo al momento de llenar el formulario, pero también podría suceder que inicialmente subvaloraron bienes por lo que se corrigió el error y otras hipótesis podrían ser porque recibió una herencia o porque posee acciones en compañías rentables.

En efecto, en esta investigación algunos alcaldes respondieron al pedido de contrastación de esta alianza periodística señalando que se trataba de un error de digitación, que se había corregido al siguiente año, por lo que su patrimonio había disminuido considerablemente.

Sin embargo, advirtió Medina, la declaración patrimonial de los funcionarios públicos es un factor importante para fiscalizar a quienes nos gobiernan y, en todo el mundo, se la toma como un índice contra la corrupción. “Un alcalde que solo vive de su sueldo de funcionario público difícilmente podría triplicar su patrimonio, las matemáticas son las matemáticas”, anotó.

La Contraloría debería tener un sistema informático de alerta temprana, para detectar si hay un movimiento inusual, algo así como lo que sucede en el sistema financiero; luego hacer la contrastación con las declaraciones anteriores para determinar las razones, señaló el abogado Mario Herrera. Resaltó que ahora que el formulario es digital es mucho más fácil poder extraer la información y hacer comparaciones entre una declaración y otra. Cuando se registre una situación anómala, las alertas deberían saltar enseguida, acotó.

Un tercio de las autoridades seccionales registran saltos patrimoniales inusuales

Un análisis detallado de los patrimonios de alcaldes y prefectos del país revela que un tercio de las autoridades subnacionales registró saltos inusuales en sus declaraciones patrimoniales que constan en la Contraloría General del Estado y son públicas.

Incrementos patrimoniales millonarios, aumentos importantes en términos de porcentajes, montos con variaciones inexplicables y autoridades que continúan al frente de sus empresas son algunos de los trazos más destacables de quienes gobiernan provincias y ciudades.

Autoridades que en apenas un año compraron varios lotes de terreno y casas, vehículos de alta gama, ganado y hasta equipo caminero conforman el detalle de estos incrementos a lo largo del mapa de los alcaldes y prefectos del país que ya cumplieron tres años de gestión en mayo pasado.

Un lienzo permeado por la violencia impuesta por los grupos de delincuencia organizada (GDOs) para controlar el territorio y expandir su economía ilegal. Cinco alcaldes han sido asesinados en ataques estilo sicariato o en situaciones aún no esclarecidas, en tanto que otros cinco han sufrido atentados.

También por indicios de corrupción han sido investigados por la Fiscalía. Tres alcaldes están en prisión procesados por peculado, delincuencia organizada o lavado de activos, ellos presiden los cantones de Pujilí, Esmeraldas y Guayaquil. Por el momento los reemplazan alcaldes subrogantes. Otro, el de Riobamba, sigue en funciones, en espera de su audiencia de juicio.

Además, una prefecta renunció antes de culminar su periodo, la de Guayas.

Una mirada en detalle a los registros públicos de estas autoridades —en total 225 alcaldes (222 más tres subrogantes) y 23 prefectos (Galápagos no lo tiene)— encontró 79 casos de saltos patrimoniales inusuales, registrados en sus declaraciones juradas realizadas ante la Contraloría General del Estado.

De las 248 autoridades analizadas, 68 tienen acciones o participaciones en compañías activas, según los registros de la Superintendencia de Compañías. Además, 29 de los 248 son administradores de empresas, combinando su función pública con su actividad privada.

Alrededor de la mitad de los alcaldes y prefectos del país ha estado inmerso en procesos judiciales, muchos de ellos archivados. Tres alcaldes están detenidos y un cuarto tiene un auto de llamamiento de juicio.

Spondylyus Info Lab presenta esta serie Alcaldes y prefectos bajo la lupa, elaborada gracias a una beca de producción periodística del Pulitzer Center y en alianza con Fundamedios. Treinta y siete medios de comunicación se han unido para difundir esta información. En la nota metodológica se explican las fuentes utilizadas y el procedimiento.

Millonarios saltos

El caso más llamativo es el del alcalde de Esmeraldas, el empresario y abogado Vicko Villacís Tenorio, que llegó a ese cargo por Unión por la Revolución Ciudadana. En 2023, cuando hizo su primera declaración patrimonial jurada tasó su fortuna en USD 1.442.301. Al año siguiente, el alcalde fijó su patrimonio en USD 4.314.426, es decir un incremento de casi el triple. Para 2025, declaró un valor un poco menor: USD 4.209.579, de los cuales más de USD 2 millones correspondían a maquinaria y equipo y USD 713.543, a cuentas bancarias. Es accionista de dos empresas activas y en una de ellas es también administrador.

El lunes primero de junio, esta alianza periodística pidió su versión al alcalde a través de un correo electrónico, pero al día siguiente la Fiscalía lideró un operativo y lo arrestó el miércoles. Es investigado por presunto lavado de activos. La semana pasada la concejala Laura Yagual Salazar asumió como alcaldesa subrogante.

Otros dos alcaldes que cumplen su primer periodo presentan variaciones patrimoniales importantes, ambos son de Manabí. El de Rocafuerte, Norberto Vélez Bazurto (Rocafuerte Nueva Visión), declaró USD 3.408.400 al inicio de su gestión y al año siguiente indicó USD 3.740.900, lo que representa un aumento de USD 332.500 en un año. En 2025, en cambio, el empresario mantuvo ese valor sin variaciones.

El doctor Vélez señaló vía telefónica que el incremento en su patrimonio se debe a que el terreno de su propiedad donde funciona el Hospital de Sanación Energía y Vida que dirige se ha revalorizado por ampliaciones realizadas. Al momento la clínica cuenta con 20 camas y trata varias especialidades con medicina oriental y occidental, tiene un centro para la tercera edad, destacó. Además de ese negocio, Vélez vende productos farmacéuticos y posee una radio.

A su vez, Ledy Laura Muñoz (Alianza por la Unidad Bolivarense), de Bolívar (Calceta), se posesionó con un patrimonio de USD 1.592.838, que aumentó a USD 1.867.080 en 2024 (USD 274.242 de incremento) y al año siguiente retrocedió a USD 1.708.006. Muñoz no tiene relación con compañías.

Junto con estos tres alcaldes millonarios, está el de Naranjito, el médico Cristian Suárez Peñafiel (PSC), cuyo patrimonio fue cero dólares en 2023, pero siguió en constante aumento: USD 454.775 en 2024 y USD 637.076 en 2025. Posee tres casas, una en Santa Elena, y cuatro vehículos valorados en USD 120.000.

En ocasiones, estos saltos patrimoniales no se dan en el primer año de gestión, sino en el segundo. Es el caso del alcalde de Naranjal y de la prefecta de Cotopaxi.

Juan Carlos Rivera, comerciante de 46 años que llegó a la alcaldía por CREO, no aumentó significativamente su patrimonio entre 2023 y 2024, cuando declaró USD 1.179.321. En cambio, al año siguiente registró USD 1.871.650 (un incremento de USD 692.328); entre sus bienes incluyó 27 propiedades, entre casas, solares, fincas y terrenos. Lourdes Tibán (Pachakutik), en cambio, pasó de un patrimonio de USD 677.729 en 2024 a USD 940.656 en 2025 (un aumento de USD 262.927,21). Sus activos se concentran en inversiones por USD 495.373 y un total de 21 bienes inmuebles. Ni Rivera ni Tibán tienen acciones en compañías.

A su vez, existen otras autoridades que ya van por su segundo periodo y que también registran cambios importantes de patrimonio. Son los prefectos de El Oro, Santo Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos.

El ingeniero civil y abogado Clemente Bravo Riofrío (56 años) ganó la prefectura de El Oro en 2019 y tiene su propio partido político SUR. Comenzó con un patrimonio de USD 490.691 que se situó en un pico de USD 5.768.451 en 2023 y después retrocedió a USD 1.312.049 según su última declaración de 2025. Camaronero, acumula más de dos décadas en cargos públicos, primero como alcalde de Santa Rosa por 18 años.

La prefecta de Santo Domingo, Johana Núñez García, registra cambios grandes. En 2019 declaró un patrimonio de USD 1.267.150, que al año siguiente se duplicó con creces llegando a USD 3.091.856 y en 2021 subió a USD 4.970.058. Sin embargo, cuando asumió su segundo periodo su patrimonio había disminuido a USD 2.524.657 y en 2025 declaró casi lo mismo. Llegó por la alianza Somos Todos (RC- Construir). Entre sus bienes detalló una casa y un terreno en Santo Domingo, un departamento y un galpón en Guayas, y un vehículo valorado en USD 100.000. Entre 2021 y 2025 mantuvo un RUC asociado a ventas por televisión y servicios de comunicación visual, pero no ha tenido acciones en compañías.

El tercer prefecto es Jhonny Terán Salcedo (PSC), de Los Ríos, que a diferencia de sus colegas mantiene un crecimiento sostenido desde 2019. Al inicio de su gestión declaró USD 1.067.896 y en 2025, USD 2.993.323 (un incremento de USD 1.925.427). Empresario de 65 años, Terán posee acciones en cuatro compañías, dos agrícolas (arroz y banano), una fábrica de puertas y ventanas, y una gasolinera.

En el otro extremo hay quienes perdieron patrimonio al culminar su primer año de gestión, según sus declaraciones de bienes. Así, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez (RETO-RC), tuvo un retroceso en su patrimonio de USD 1,8 millones. Al inicio de su gestión, Álvarez declaró USD 7.730.592, al año siguiente USD 5.870.330 y en 2025 sí lo aumentó a USD 7.431.403. Álvarez fue llamado a juicio en el caso Triple A, junto con 15 personas y seis empresas por presunta comercialización ilegal de combustible a través de comercializadoras y gasolineras, y tiene una instrucción fiscal, caso Goleada, por el presunto delito de lavado de activos.

Según informes de la UAFE, Álvarez habría adquirido USD 6,2 millones en bienes en Santa Elena y departamentos en Samborondón, que no constan en sus declaraciones patrimoniales. Tampoco un Mercedes Benz G 500 del año 2023 valorado en USD 325.000, a pesar de que está a su nombre. Como subrogante, al frente del cantón Guayaquil, ejerce su coidearia Tatiana Coronel.

El alcalde de Echeandía, Carlos Viscarra Vega, en cambio, perdió USD 1,3 millones en el primer año de gestión y no se ha recuperado. Al iniciar su periodo indicó que su patrimonio llegaba a USD 4.233.254, en 2024 lo tasó en USD 2.863.504 y en 2025 declaró USD 2.607.715.

Spondylus Info Lab trató de obtener la versión de estas autoridades sin resultados.

¿Qué hay detrás de las cifras?

La Contraloría pone a disposición de los funcionarios públicos formularios para que detallen sus activos y deudas, la diferencia es el patrimonio que deben declarar antes de asumir sus cargos. Además, existe la obligación de presentar declaraciones periódicas, generalmente cada dos años. Estos archivos son registros públicos.

Los saltos abruptos podrían darse por varias razones, explica el politólogo Pablo Medina, de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ). La más benigna es un error de tipeo al momento de llenar el formulario, pero también podría suceder que inicialmente subvaloraron bienes por lo que se corrigió el error y otras hipótesis podrían ser porque recibió una herencia o porque posee acciones en compañías rentables.

En efecto, en esta investigación algunos alcaldes respondieron al pedido de contrastación de esta alianza periodística señalando que se trataba de un error de digitación, que se había corregido al siguiente año, por lo que su patrimonio había disminuido considerablemente.

Sin embargo, advirtió Medina, la declaración patrimonial de los funcionarios públicos es un factor importante para fiscalizar a quienes nos gobiernan y, en todo el mundo, se la toma como un índice contra la corrupción. “Un alcalde que solo vive de su sueldo de funcionario público difícilmente podría triplicar su patrimonio, las matemáticas son las matemáticas”, anotó.

La Contraloría debería tener un sistema informático de alerta temprana, para detectar si hay un movimiento inusual, algo así como lo que sucede en el sistema financiero; luego hacer la contrastación con las declaraciones anteriores para determinar las razones, señaló el abogado Mario Herrera. Resaltó que ahora que el formulario es digital es mucho más fácil poder extraer la información y hacer comparaciones entre una declaración y otra. Cuando se registre una situación anómala, las alertas deberían saltar enseguida, acotó.

¿Quién controla a los que nos gobiernan?

Quien le debe pedir cuentas al alcalde es el Concejo Cantonal y al prefecto, el Consejo Provincial. Estos son los órganos legislativos del territorio, respondió Medina. El politólogo advierte que, a diferencia del presidente de la República, que tiene a su cargo la política pública nacional, en el caso de los cantones, es el concejo cantonal, el cuerpo colegiado, y no el alcalde.

Por eso, señaló, el alcalde se convierte en una especie de primer ministro del concejo. Lo mismo sucede con el prefecto, cuya competencia atañe las áreas rurales del país. Sus jueces políticos no son los asambleístas. Sin embargo, más allá de la organización institucional, los principales fiscalizadores son los ciudadanos.

Aclaraciones de prefectos Tibán y Bravo

En una carta, la prefecta Lourdes Tibán aseguró que en su declaración patrimonial hizo constar “una nota aclaratoria: que la variación patrimonial tiene origen en procesos sucesorios derivados del fallecimiento de mi esposo, el doctor Raúl Ilaquiche, así como en la consolidación de bienes que formaban parte del patrimonio familiar. Estos hechos constan en documentos públicos y pueden ser verificados por los organismos de control competentes”.

Lamentablemente esta nota aclaratoria a la que se refiere la prefecta no consta en el formulario de 2025 subido al portal de la Contraloría General del Estado y que es público. Esta alianza periodística le envió el primero de junio de 2026 un correo electrónico a su dirección de la Prefectura, pero no obtuvimos respuesta hasta el inicio de la publicación de la serie el pasado miércoles 17 de junio. Posteriormente, el jueves 18 de junio, hemos recibido una copia de la página donde la prefecta incluyó esta aclaración en su formulario y es por eso que se incluye esta nota aclaratoria posterior.

Tras la publicación de este reportaje, el prefecto de El Oro, Clemente Bravo Riofrío, respondió a las preguntas enviadas por este equipo periodístico. En su respuesta, sostiene que las variaciones detectadas entre sus declaraciones patrimoniales no corresponden a una variación injustificada, sino a la corrección y mayor individualización de bienes inmuebles que, según afirma, ya formaban parte de su patrimonio antes de asumir la Prefectura —con fechas de adquisición que ubica entre 1993 y 2008— y a la incorporación posterior de pasivos, créditos e hipotecas que, según indica, no habían sido registrados en declaraciones anteriores. Bravo atribuye las omisiones iniciales a errores en el proceso de levantamiento y carga de información realizado por la persona encargada de asistirlo en esa tarea. Según su declaración patrimonial de septiembre de 2025, su patrimonio neto —descontando pasivos por USD 3.713.916,63— asciende a USD 1.312.049,79.

Veintinueve alcaldes y prefectos del país se mantienen al frente de empresas en calidad de administradores, es decir que combinan sus actividades de funcionarios públicos con las empresariales. Además, de todas las autoridades subnacionales analizadas en esta serie Alcaldes y prefectos bajo la lupa, 68 tienen acciones o participaciones en compañías activas, según los registros de la Superintendencia de Compañías.

El marco legal tiene un resquicio y si bien muchas autoridades analizadas en este reportaje han renunciado a la administración de sus empresas poco antes o después de asumir su cargo público, otros no. Ellos siguen usando los dos sombreros: son autoridades y empresarios.

La Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) contempla varias prohibiciones para los funcionarios públicos, pero ninguna impide explícitamente ser administrador de una compañía. En el artículo 24, literal b), la Losep señala que los funcionarios públicos no pueden “desempeñar actividades extrañas a sus funciones durante el tiempo fijado como horario de trabajo para el desempeño de sus labores”. La norma cita excepciones como realizar estudios o ejercer la docencia.

Además, en el literal i) del mismo artículo se indica que los funcionarios públicos no pueden “mantener relaciones comerciales, societarias o financieras, directa o indirectamente, con contribuyentes o contratistas de cualquier institución del Estado, en los casos en que el servidor público, en razón de sus funciones, deba atender personalmente dichos asuntos”.

Del análisis realizado por Spondylyus Info Lab, cuatro autoridades subnacionales son los que más relaciones con compañías activas mantienen por ser accionistas o administradores.

La lista la encabeza el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, que según la Superintendencia de Compañías, mantiene relaciones como accionista con 13 empresas. Si se tomara en cuenta aquellas en la que ha sido exaccionista o exadministrador, el número sube a 30 compañías.

Álvarez, que llegó a la Alcaldía en 2023 por la alianza RETO-RC, no aparece como administrador en ninguna de ellas, que en su mayoría se dedican a la venta de combustible al por mayor y menor. Precisamente es investigado por una presunta venta ilegal de combustible y por presunto lavado de activos.

Le sigue Víctor Hugo Largo Machuca, alcalde de Chaguarpamba (electo por SUMA/APLA), con cuatro empresas, tres de ellas dedicadas al servicio de transporte de carga por carretera y la última a proveer servicios de internet, Sofnet Cía Ltda.

Largo Machuca respondió que el ser socio o administrador de las empresas no interfiere en sus funciones porque “las compañías al momento no están funcionando». Sin embargo, según la Superintendencia de Compañías sí están activas.

Las otras dos autoridades son el prefecto de Los Ríos, Johnny Terán Salcedo, y el alcalde de Durán, Luis Chonillo Breilh. Ambos constan como accionistas pero no como administradores.

Otro grupo de autoridades tiene menos cantidad de empresas, entre una o dos, pero sí constan como administradores, incluso si no son accionistas.

Esta es una investigación de Spondylus Info Lab, gracias a una beca de producción periodística del Pulitzer Center y en alianza con Fundamedios.

Este trabajo presenta la información pública de 248 autoridades seccionales: 178 alcaldes y prefectos electos por primera vez en 2023; 56 alcaldes y prefectos reelectos; 11 alcaldes y prefectos designados tras la suspensión o muerte del titular; y tres alcaldes subrogantes que están al frente del Municipio pues los titulares están encarcelados.

Para esta investigación se revisaron siete sitios web de instituciones públicas. Todas las consultas se realizaron entre el 24 de abril y el 15 de mayo de 2026.

La información de los patrimonios declarados se consultó en el sitio web de la Contraloría General del Estado, en este enlace, el cual exige los datos personales de los usuarios para poder descargar los documentos. Para este trabajo, se tomó en cuenta una declaración patrimonial por año. En el caso de las autoridades que presentaron dos o más formularios en un año, solo se tomó en cuenta el último. Para aquellas que se encuentran en funciones desde 2019, se analizaron las declaraciones presentadas desde ese año. Para el resto, se tomaron las presentadas desde 2023.

La información de las relaciones con empresas se consultó en el sitio web de la Superintendencia de Compañías, en este enlace. Para la actividad de cada compañía, se tomó el dato del Registro Único de Contribuyentes, disponible en el sitio web del Servicio de Rentas Internas (SRI), en este enlace.

La información de los procesos penales se consultó en el sistema e-Satje-2020 de la Función Judicial, disponible en este enlace. Solo se tomaron en cuenta los procesos judiciales filtrados por materia Penal COIP. Se revisaron los expedientes públicos electrónicos para determinar la situación legal de cada proceso.

La información de las declaraciones tributarias, tanto del impuesto a la renta como del impuesto a la salida de divisas, se obtuvo del sitio web del SRI, en este enlace, el cual solicita registro de usuario. Se tomaron en cuenta las declaraciones desde 2019, pues la autoridad tributaria no publica la información de años anteriores.

La información sobre las deudas tributarias se obtuvo del sitio web del SRI, en este enlace.