Tráfico de influencias, cohecho y prevaricato para acceder a USD 4 millones
Apropiarse de activos que no les pertenece, utilizando para ello figuras constitucionales que fueron hechas para proteger derechos, fue una de las estrategias reveladas por la Fiscalía General del Estado (FGE) en el #CasoPurga. Los protagonistas de estas prácticas son el exasambleísta del PSC, Pablo Muentes Alarcón y su esposa Mónica Alvarado Bardi.
Entre 1988 y 1999 el Banco del Pacífico otorgó varios préstamos a la pareja por $314.800. La falta de cancelación de estos valores provocó que la entidad financiera inicie procesos de cobro.
En 2020, Alvarado y Muentes interpusieron una acción de habeas data en contra del banco, aseverando que habían pagado la deuda. Según los abogados de la institución financiera, los esposos alegaban que el Pacífico vulneró sus derechos mediante la incorrecta gestión de sus datos personales y financieros, lo que les causó daño físico, moral y psicológico.
Por lo que, en julio del mencionado año, mediante aquel recurso constitucional, exigieron que se corrijan los registros que, de acuerdo con ellos, contienen información errónea sobre pagos y deudas que ya habrían sido saldadas. Los demandantes solicitaban, entre otras cosas, que el banco actualice sus reportes ante la central de riesgos y elimine sus nombres de la lista de deudores.
Exasambleísta del PSC, Pablo Muentes Alarcón
Pero según las investigaciones de la Fiscalía, los cónyuges pretendieron justificar el pago con el uso de notas de crédito falsas. El propósito era que el banco reconozca la cancelación de la deuda y pague a los esposos USD 3,9 millones por daños causados.
En noviembre de 2020, el juez de la Unidad Judicial Penal Norte 2 de Guayaquil, Reinaldo Cevallos Cercado, acogió el recurso y dispuso al Banco del Pacífico, registrar los documentos de pago falsos en sus asientos contables, así como el resarcimiento económico a los supuestos afectados.
A criterio de la Fiscalía la recompensa del juez por su fallo fue su designación como Juez Provincial del Guayas. Esto pese a que no cumplía los requisitos para ejercer el cargo por haber sido destituido de su función como juez y tener sumarios administrativos abiertos.
Al momento Cevallos también está procesado en el caso Purga. Se encuentra con arresto domiciliario y debe portar grillete electrónico.
El recurso de apelación a la decisión de Cevallos, presentado por el Banco del Pacífico, recayó en la Sala provincial del Guayas integrada por los jueces, Johan Marfetan; Guillermo Valarezo; y, Víctor Vaca, quienes ratificaron la sentencia anterior.
Habeas data está en la cancha de la Corte Constitucional
El Banco del Pacífico argumenta que la sentencia en su contra a través del hábeas data es inejecutable porque es una garantía jurisdiccional que ampara el derecho al acceso y protección de datos personales, a corregir algún error sobre esta información y a aumentar o suprimir datos personales e inclusive mantenerlos en reserva.
Pero en este caso se ha desnaturalizado su uso pues, la sentencia obtenida de manera irregular por Pablo Muentes y su esposa, ha pretendido aplicar ese recurso para obtener la extinción de una obligación crediticia y el pago de daños y perjuicios.
En este caso se aplicó un hábeas data correctivo, pues los cónyuges reclamaban que la información que reposa en el Banco del Pacífico en dos juicios coactivos era incorrecta debido a que ya no existían las deudas que se les imputaba.
Pero el habeas data solo procedía si ya hubiera existido una sentencia previa de la justicia ordinaria que determine que las obligaciones de crédito ya fueron pagadas. Es decir, la extinción o no de la deuda debió resolverse mediante un juicio civil. La defensa del Pacífico cuestiona que tal principio fue inobservado en este caso y aseguran que “los distintos jueces que conocieron de la acción de hábeas data desnaturalizaron dicha garantía jurisdiccional y determinaron -cuan jueces civiles- que la deuda fue extinta y que los juicios coactivos debían ser archivados, cuando aquello no corresponde al objeto del hábeas data”.
“Pretenden meterle la mano al bolsillo de los ecuatorianos”
El Banco del Pacífico ha presentado una acción de inejecución del habeas data, ante las maniobras que, según el abogado de la institución financiera, Germánico Maya, se han ejecutado para intentar meter la mano al bolsillo de los ecuatorianos.
Durante una entrevista con Mil Hojas, Maya explicó que este 5 de marzo, el Banco solicitó al juez Ubaldo Eladio Macías Quinton, de la Unidad Judicial Penal Norte en Guayaquil, que en el término de cinco días envíe el expediente del caso (No. 09286-2020-01635) a la Corte Constitucional para que esta declare que no es factible el cumplimiento del habeas data y el Pacífico consiga dos objetivos: “quedar liberado de la obligación de pagar la millonaria indemnización, en la que deben haber sido partícipes todos quienes ahora están presos, y pueda continuar con la ejecución del proceso coactiva en contra de Muentes y su esposa”.
La defensa legal del Pacífico ha pedido además que se declare la desnaturalización de la acción de hábeas data y el error inexcusable de los jueces que conocieron del caso.
Maya aseguró que con el abuso del derecho que hacían los imputados en el caso Purga en Guayaquil y en Quito, a quienes calificó como una gavilla de pícaros, se pretendía maniobrar cortes, y poner y quitar jueces en víspera de las audiencias. En el caso del Pacífico se intentaba perjudicar al Estado ecuatoriano porque el capital de esta institución le pertenece a la Corporación Financiera Nacional. Entonces el no pagar créditos y convertirse en beneficiarios de USD 4 millones, era básicamente “meter la mano al bolsillo a los ecuatorianos, lo que es criticable y ahí nos damos cuenta que los ciudadanos estamos en la indefensión”.
Maya recuerda que la Corte Constitucional en reiterados fallos ya ha proclamado que aquel afectado con un recurso como el habeas data puede solicitar la inejecución de un fallo como el dictado en este caso. La expectativa es que este juez a quien le tocó tramitar la causa, ahora en ausencia del juez Cevallos, responda dentro del período establecido.
El abogado del Pacífico enfatiza que, si en cinco días Macías no despacha el caso, la defensa legal de la institución financiera puede acudir directamente a la Corte Constitucional pidiéndole que avoque conocimiento ante la eventual rebeldía del juez.
Ubaldo Macías ordenó el embargo de varias propiedades del Banco por USD 40 millones como una medida para forzar el pago de la indemnización que ordenó el juez Cevallos. El Banco se ha opuesto, solicitando la revocatoria de tales medidas.
Maya estima que ante esta situación en la que se ha intentado atracar fondos que le pertenecen al Estado ecuatoriano, la Corte Constitucional actuará de manera expedita.
Pese al complejo momento que atraviesa la justicia ecuatoriana debido a la escasez de jueces que despachen las causas represadas, a lo que se suma la crisis en la Corte Provincial de Guayas, producto del caso Purga, Maya confía en que el tema del Banco del Pacífico tenga la atención correspondiente.
El abogado dijo también que el banco no tiene intención de plantear una demanda penal, ya que la Fiscalía General está al tanto del caso y ha tomado cartas en el asunto.
Otros alfiles de Muentes en los juzgados
El Banco del Pacífico también interpuso un juicio de falsedad de instrumento privado por las notas de crédito irregulares presentadas por Mónica Alvarado y Pablo Muentes Alarcón. La demanda recayó en la jueza Silvia Orozco, quien decidió rechazarla.
La institución financiera apeló tal resolución, pero la influencia de Muentes reapareció en esta instancia. El tribunal provincial, conformado por Alfonso Ordeñana; Nelson Mecías Ponce Murillo; y Lino Tumbaco Ramos Alberto, rechazó el recurso presentado por el Pacífico y ratificó la decisión de la jueza, con el voto de los dos últimos jueces.
La Fiscalía señala que, en primera instancia, el juez ponente fue Ulises Torres, “quien no habría aceptado colaborar en las pretensiones del miembro de la cúpula criminal.” Es por ello por lo que Muentes solicitó a la expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo, y a Mercedes Villarreal Vera, entonces directora provincial del Consejo de la Judicatura de Guayas, que el juez Torres sea cambiado de sala de la Corte Provincial de Guayas. Se hizo la voluntad de Muentes y se designó como reemplazo a Lino Ramos.
En sus alegatos, la Fiscalía General afirma que, de esa forma, Muentes, a quien califica como “líder del grupo criminal”, cometió los delitos de tráfico de influencias, cohecho y prevaricato para obtener un beneficio económico de alrededor de $3.9 millones, “manipulando a su antojo la justicia con la colaboración de funcionarios judiciales de la provincia del Guayas”.
Apropiación ilegal de tierras
El caso del Banco del Pacífico no es el único, a decir de la Fiscalía, pues la misma modalidad se replicó en otros escenarios, como en la apropiación ilegítima de tierras, donde el factor común, a más de su “modalidad delictiva” es la familia Muentes Alarcón.
En esta ocasión, fue Fausto Alarcón Gómez, primo de Pablo Muentes, quien acudió a la figura de un habeas data con el objetivo de apropiarse de varias hectáreas de terrenos que no le pertenecían de forma legal.
El terreno en disputa, ubicado en el cantón Durán de la provincia del Guayas, le perteneció originalmente a la familia Ramírez Nieto. El último propietario registrado es la compañía ROYAL TECNOLOGY.
Sin mayores explicaciones, apareció una nueva ficha registral (N° 31) con el mismo código catastral del predio antes mencionado. Este documento se encontraba a nombre del primo de Pablo Muentes, sin que éste conste en el historial de compraventa del código catastral, es decir, no había el soporte documental que legitime la transacción. Aun así, la jueza de la Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Durán, Andrea Patiño, ordenó la anulación de la ficha registral N° 401 que sí contaba con el historial de transacciones del terreno y en su lugar decidió legitimar la ficha N° 31 y eliminar toda la información catastral generada dentro de la ficha legítima (401), señala la Fiscalía.
De esta forma, Fausto Alarcón Gómez obtuvo una propiedad cuyo avalúo catastral oscila entre los USD 200 mil, pese a que su actividad laboral se centra en la venta de sánduches de cerdo, en “El Sanduchón”, en Guayaquil cuyas ganancias no le permitirían adquirir un inmueble de estas características, según la Fiscalía.
Esto “evidencia que no solo las famosas desnaturalizaciones de los habeas corpus han servido como herramienta para la delincuencia organizada, sino que también se valían de habeas datas para apropiarse de bienes que legítimamente no les pertenecían”, indicó la fiscal Diana Salazar. “Todo ello, gracias al control que el grupo criminal mantenía en la administración de justicia de la provincia del Guayas”, acotó.
Narcotráfico
En agosto de 2023, el narcotraficante Adolfo Macías, alias “Fito”, fue trasladado desde la cárcel regional de Guayaquil a la de máxima seguridad “La Roca”. Fito presentó un recurso de apelación por este cambio ante el juez de garantías penitenciarias, Diego Poma, el mismo que aceptó la pretensión y dispuso que el narco regrese a la cárcel regional. El SNAI apeló la decisión. El conocimiento de ese recurso recayó en la Sala de lo Penal de la Corte Provincial del Guayas, integrada por los jueces Fabiola Gallardo, Henry Moran Morán y Reinaldo Cevallos Cercado. Este último resolvió el habeas data del Banco del Pacífico para beneficiar a Muentes con casi USD 4 millones.
“Al tener bajo su control la decisión de retornar a un máximo líder de un grupo narco delictivo al centro de rehabilitación social que controlaba, la jueza Fabiola Gallardo habría emprendido gestiones para contactar a Fito, a través de su abogado Ronald Cantos Sacón, con obvias razones de procurar un beneficio a cambio de su decisión”, ha señaló la fiscal general.
La audiencia de apelación para resolver la situación penitenciaria de Fito fue convocada para el 20 de diciembre de 2023. En esos días la Fiscalía hizo público el #CasoMetástasis, donde Mayra Salazar, relacionada también con el narcotraficante Leandro Norero, fue detenida. La Fiscalía señala que por este motivo la diligencia no se instaló y que Gallardo intentó excusarse con la finalidad de “deslindarse de estos hechos y buscar su impunidad”.
La Fiscalía también destaca los nexos de Mayra Salazar con el sentenciado Daniel Salcedo, a quien daba cuenta de los arreglos en los sorteos de las causas judiciales por medio del exvocal del Consejo de la Judicatura, Xavier Muñoz.
El Cuerpo de Ingenieros del Ejército
En 2022, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército presentó una demanda de acción de protección con medida cautelar en contra de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas de Quito; de por medio estaban alrededor de USD 30 millones provenientes de un contrato de repavimentación, suscrito por ambas entidades.
En primera instancia, la jueza Larissa Ibarra, de la Unidad Judicial Multicompetente de Samborondón, declara sin lugar la acción constitucional presentada por el Cuerpo de Ingenieros, que enseguida fue apelada.
Posteriormente, los jueces provinciales Fabiola Gallardo, Guillermo Valarezo y Henry Robert Taylor Terán, revocaron la sentencia de primera instancia y aceptaron la acción de protección.
“Decisión que se emitió a cambio de un beneficio material para el Grupo de Delincuencia Organizada: la remodelación del piso del Salón de la Presidencia de la Corte Provincial del Guayas”, asegura la Fiscalía.
Mayra Salazar fue la encargada de seleccionar el piso para la remodelación, cuya compra e instalación fue pagada por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército.
De esto hay fotos y transferencia, señaló la fiscal Diana Salazar, quien explicó que Ruth Solano, procuradora Judicial del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, hizo una transferencia por USD 1.400 que serían destinados al pago de la mano de obra.
“Una entidad pública favoreciendo a un grupo de delincuencia organizada dentro de la administración de justicia del Guayas”, enfatizó Salazar.
Control de la Función Judicial
La Fiscalía en sus alegatos señala que el control del “grupo criminal”, con Pablo Muentes a la cabeza, no se limitaba a manipular decisiones judiciales, sino que también se extendía al ámbito administrativo de la justicia del Guayas.
“El poder político representado a través de Pablo Muentes procuraba mantener a los miembros del Grupo de Delincuencia Organizada inmunes a sanciones administrativas garantizando de esta forma el control de la función judicial”, detalla la fiscal general.
Así sucedió con la propia presidenta de la Corte Provincial de Justicia, Fabiola Gallardo. Con la colaboración de la directora Provincial del Consejo de la Judicatura del Guayas, Mercedes Villareal Vera, y su asesor, Saúl Mero, se habrían archivado dos de los cuatro sumarios administrativos activos en 2023, para no afectar a Gallardo en el desempeño de sus funciones.
Las evidencias de Fiscalía señalan que el grupo incluso buscaba controlar la siguiente administración de la Corte Provincial del Guayas, a través del apoyo a uno de los posibles sucesores de Fabiola Gallardo: el juez Hugo González Alarcón, a quien Pablo Muentes, Mercedes Villareal y Saúl Mero, ayudaron a gestionar la implementación del timbre electrónico para todos los jueces de la Corte Provincial del Guayas; todo esto como cumplimiento de una oferta de campaña del mencionado juez.
“Contribución que desembocó en la elección del juez Hugo González Alarcón como nuevo presidente de la Corte Provincial del Guayas”, dice la Fiscalía.
“Esta estructura organizada continúa utilizando a la justicia como una herramienta de beneficio privado y no solo para sus intereses, sino también para los del narcotráfico”, ha dicho Diana Salazar.
Con estos elementos, la fiscal general pidió al juez Javier de la Cadena, prisión preventiva para 12 personas. El magistrado dictó prisión preventiva contra nueve, medidas alternativas para otras dos y arresto domiciliario para el juez Reinaldo Cevallos.
La fiscal de Violencia de Género que arrancó con el caso, Mariana Huilcapi, solicitó la segunda autopsia, pero fue removida abruptamente a otra Unidad Fiscal antes de recibir los resultados del examen.
Mayra Tirira, del Colectivo Vivas Nos Queremos, considera que en el caso Carolina y otros que se han hecho públicos, existen muchas deficiencias partiendo desde los agentes de la Dinased que carecen de conocimientos, protocolos y metodologías específicas para realizar los levantamientos de cadáveres con enfoques de género; hasta los operadores de justicia que no tienen una clara comprensión del tipo penal de femicidio.
En su testimonio, Jonathan dijo que el 26 de agosto acudió a casa de Giler, pero nunca ingresó a la vivienda y se fue con su amigo a comer encebollados. Pero Milton Castillo, ex abogado de la madre de Carolina A., sostuvo que según uno de los relatos de Giler -registrado en audio y que consta en el expediente- “Jonathan alias ‘Dedos’ sí ingresó a casa de Giler, pero a este personaje se lo protege, impidiendo desde la Fiscalía que cuente todo lo que sabe”.
La indignación de los tuiteros surgió por la difusión de informaciones originadas por la Fiscalía que confirmaban que tres menores de edad habían sido vinculados al proceso de investigación sobre el delito de Trata de Personas; jóvenes que reclutaban a menores de edad para embriagarlas, drogarlas y grabarlas en videos de contenido sexual, dentro de la vivienda de Royce Phillips alias ‘El Abuelo’, y que sin embargo recibieron medidas cautelares mientras dure la investigación. Ahora, se presentan periódicamente ante un juez y tienen prohibición de salida del país; mientras a otros dos implicados en la investigación del caso de violación con muerte de Carolina A. se los liberó de toda culpa.
“La Fiscalía rechaza categóricamente que se utilicen cuentas falsas para causar conmoción social y desvirtuar las actuaciones de la institución, cuya prioridad es velar por los derechos de las niñas, niños y adolescentes y por todos los casos que se investigan y que ninguno quede en la impunidad”, detalló el boletín que también se difundió en la misma red social.