Aunque fue la constructora china Sinohydro la responsable de levantar la principal obra energética del correísmo —con más de 20.000 fisuras estructurales y un impacto ambiental devastador—, a casi una década de su entrega y en un giro inesperado, las actuales autoridades ecuatorianas barajan como la única salida negociar su concesión o venta al mismo país que estuvo detrás de su cuestionada ejecución.
La trama alrededor de la obra de generación hídrica más costosa del país, Coca Codo Sinclair, vuelve a adquirir relevancia tras la visita, desde el domingo pasado, del presidente Daniel Noboa a Beijín y el próximo encuentro con su par Xi-Jinping , programado para este viernes 27 de junio de 2025.
Según la ministra de Relaciones Exteriores Gabriela Sommerfeld, uno de los temas centrales de la agenda de los mandatarios será definir el destino de Coca Codo, construida en 2016 por Sinohydro y promovida como la obra estrella del régimen de Rafael Correa, con el que prometió conjurar al fantasma de los apagones, que aún persigue al país.
Aunque el gobierno no ha mencionado a qué empresa china se podría transferir la operación y el mantenimiento de la central hidroeléctrica, el exministro de Energía Carlos Pérez García ya advirtió en noviembre de 2024 en entrevista con Mil Hojas que China Power (casa matriz de Sinohydro) habría presentado al gobierno de Daniel Noboa una oferta para comprar Coca Codo Sinclair.
Es decir, esta gran corporación propuso “salvar” la obra, construida por una de sus subsidiarias y cuestionada por su elevado costo de más de US$3.300 millones y sus fallas de construcción que motivaron un arbitraje internacional en el que Ecuador reclama el pago de US$ 580 millones por los daños causados al país.
China, 23 de junio de 2025.- El presidente Daniel Noboa arribó a la República Popular China para cumplir con una importante agenda oficial. Mantendrá reuniones de alto nivel y participará en el Foro de Davos de Verano 2025, que reúne a líderes mundiales para abordar desafíos de la economía global. Foto: Isaac Castillo/Presidencia del Ecuador.
El exministro de Energía Carlos Pérez, en diálogo exclusivo con Mil Hojas, hace siete meses reveló que China Power, matriz de Sinohydro, quiere lavar su imagen y “rescatar” la hidroeléctrica que su filial dejó plagada de anomalías.
A criterio de Pérez, debido a que la opción de venta tendría un alto costo político, la opción más viable sería concesionar su administración. El argumento principal: trasladar la responsabilidad a una concesionaria y proteger al Estado de posibles consecuencias técnicas o legales.
Para el exministro, aunque esta negociación puede sonar descabellada, podría ser la única alternativa realista para evitar una catástrofe económica y ambiental. El Estado podría recuperar lo invertido, siempre que se negocie una tarifa de generación atractiva.
Además de sus limitaciones operativas, Coca Codo Sinclair ha estado envuelta en una telaraña de irregularidades. La Fiscalía abrió una investigación que destapó una presunta red de corrupción que operaba entre 2009 y 2018. Se habrían pagado alrededor de US$76 millones en coimas entregadas por Sinohydro, utilizando a terceras personas, a cambio de falsos servicios de consultorías y representaciones, y canceladas a través de dádivas, cheques y transferencias.
Entre los 37 procesados figuran el expresidente de la República Lenín Moreno y varios de sus familiares por el presunto delito de cohecho durante la contratación de Sinohydro para la construcción de la hidroeléctrica.
También son investigados 5 ejecutivos de Sinohydro y Cai Rungo, exembajador de China en Ecuador, señalado por la Fiscalía como actor clave para la concesión del crédito que el Eximbank otorgó para este proyecto.
La Fiscalía abrió una investigación según la cual, entre 2009 y 2018, Sinohydro habría pagado US$76 millones en coimas para asegurar la adjudicación del contrato. Entre los 37 procesados figuran el expresidente Lenín Moreno y Cai Rungo, exembajador de China en Ecuador.
Pablo Sempértegui, presidente de la Fundación Lucha Anticorrupción, en un encuentro en Quito organizado por el Instituto Republicano Internacional (IRI) aseguró que, desde su planificación, Coca Codo Sinclair estuvo marcada por errores técnicos y omisiones ambientales que provocaron una crisis ecológica sin precedentes, como la desaparición de la cascada San Rafael, la más alta del país
Con ello se inició una cadena de desastres como la deforestación de 500 hectáreas en la zona de influencia del río Coca, lo que ha desplazado a las comunidades cercanas que se quedaron sin acceso a agua potable y fuentes de sustento como la pesca.
Pero, la mayor amenaza es la erosión regresiva del río Coca, que avanza sin control y pone en peligro a la infraestructura de la central y a los oleoductos que transportan el petróleo, cuya reubicación demandaría un costo de US$ 200 millones.
Si no se toman medidas urgentes, Sempértegui advierte que Coca Codo Sinclair podría colapsar mucho antes de cumplir su vida útil de 50 años. “Las soluciones implementadas hasta ahora han sido parches costosos que no han logrado detener el avance del desastre”, enfatizó.
Este es el complejo panorama alrededor de la “emblemática” obra. La gran pregunta ahora es: ¿podrá Daniel Noboa marcar la diferencia con el correato y negociar en condiciones transparentes y beneficiosas para Ecuador o estamos en la antesala de un nuevo capítulo de sumisión y endeudamiento con el dragón asiático?
En un contexto geopolítico internacional, desafiante y cada vez más tenso, marcado por la incertidumbre y la confrontación Estados Unidos-China, Ecuador está dejando pasar grandes oportunidades de inversión en energías limpias y en el comercio. Así lo advierte Augusto Hung-Ta Liao, Representante de la Oficina Comercial de Taiwán en Ecuador.
En entrevista con MIL HOJAS, el diplomático insta al presidente Daniel Noboa a vencer el miedo ante el poder de China y a considerar propuestas estratégicas para impulsar la economía ecuatoriana. Subraya que empresarios taiwaneses están dispuestos a inyectar al menos US$120 millones para construir una planta de energía solar y otra de vehículos eléctricos en el país.
Trabas burocráticas -como la exigencia de visa a taiwaneses y la ausencia de una oficina comercial en Taipéi- frenan el intercambio que, pese a los obstáculos, sigue creciendo. En 2024, la exportación desde Ecuador hacia Taiwán alcanzó los US$161 millones (superior a la exportación hacia Brasil, por ejemplo), ubicando a la isla como el socio comercial número 27 del país andino. ¿En su segundo mandato, Daniel Noboa dará el paso hacia una relación más fuerte con Taiwán? Aquí la perspectiva de Augusto Liao.
Hay lazos que unen a Taiwán y Ecuador desde hace años ¿cuáles son sus expectativas con el gobierno de Daniel Noboa que acaba de posesionarse?
Taiwán y Ecuador siempre han tenido una muy buena amistad. En este momento aún no tenemos relación diplomática, pero teníamos muy buena relación de cooperación con el gobierno de Ecuador. Desde 1983 hasta 2021 tuvimos cooperación técnica, apoyamos el desarrollo de proyectos de camarón, de banano, de trucha, de chancho, de arroz, bambú, hasta el último proyecto de ostras en Santa Elena. Son más de 20 proyectos de desarrollo. Ustedes son hoy número uno en exportación de camarón y banano. Tienen que agradecer a Taiwán porque tenemos muy buena tecnología sobre agricultura para ayudarles. Tuvimos relación de cooperación muy buena hasta 2021. Antes de este año, el gobierno de izquierda forzó para terminar esos proyectos… Taiwán siempre puede y queremos mantener esa buena relación con Ecuador y estamos trabajando en dos sentidos: primero seguir mejorando el comercio entre los dos países; el año pasado la exportación desde Ecuador hacia Taiwán ha crecido a US$161 millones. Somos el socio 27 en comercio con ustedes. Esa cifra es más grande de lo que ustedes venden a Corea del Sur o Brasil.
Augusto Liao lamenta que el expresidente Rafael Correa inclinara la política exterior hacia China al no renovar el Convenio de Cooperación Técnica con Taiwán, poniendo fin a más de 20 proyectos.
US$161 millones es una cifra importante
Sí, pero el gobierno de Ecuador no hizo mucho esfuerzo en este mercado de Taiwán y tenemos tanto logro. Tu presidente está viajando a Medio Oriente y realmente Taiwán compra muchas cosas más que ellos. Aunque ha terminado en 2021 ese tipo de cooperación técnica, yo siento que es muy importante para ustedes… Hace 30 o 40 años nosotros les apoyamos en cómo cultivar para desarrollar la industria del camarón, del banano. Ahorita podemos ayudar con tecnología AIoT o ‘Internet de las cosas para la agricultura’, para tener una mejor calidad y más producción por el mismo costo o a menor costo.
¿Han tenido algún acercamiento con el presidente Noboa, con alguno de sus ministros?
Siempre estamos llamando, pero todavía no logramos con este gobierno una comunicación muy directa. Hemos presentado nuestra idea, nuestra voluntad…Pero, si su gobierno sigue como el gobierno pasado, al que China dice que tú tienes que ser conejo (sumiso), tú no puedes comunicarte con Taiwán, pues estás perdiendo uno de los mercados más grandes del mundo. Taiwán es el número 22 en la economía (mundial), el número 16 en exportación, el número 21 en importación. Es el número 7 entre los socios de comercio de Estados Unidos, es el número 4 de comercio de Japón. Hablemos más cerca, Taiwán es el número 6 de socios de México… Si (Ecuador) quisiera trabajar, tener negocios con Taiwán, tiene que hacer más esfuerzo. El año pasado la exportación hacia Taiwán ha aumentado 60% en comparación con el año 2023 y, como te dije, el gobierno de Ecuador no hace mucho esfuerzo porque no tiene una oficina en Taiwán para promover los productos.
¿Puede ser por la influencia que China ejerce sobre países a los que ha prestado mucho dinero y en los que tiene mucha inversión? ¿Es como un chantaje: los países que quieren mantener una relación con China, no pueden ser amigos y peor tener negocios o inversiones con Taiwán?
Esta idea es lo que justo tu gobierno pasado está recibiendo y está ejecutando.
Pese a no tener relación diplomática, la oficina de representación de Taiwán en Quito sigue apuntalando el comercio que, en 2024 creció 60% y superó los US$160 millones.
¿Se refiere a cuál gobierno?
…Tu idea de chantaje siempre está. Desde Lenín Moreno y Correa están parando proyectos con nosotros. El último proyecto trabajamos con la provincia de Santa Elena, ya no con el Ministerio de Agricultura.
¿Hasta cuándo trabajaron con el Ministerio de Agricultura?
Hasta 2015
¿Es decir que, desde el segundo mandato de Rafael Correa empezó a frenar toda la relación con Taiwán?
Todavía estamos aquí, pero se inclinó más hacia China, eso es claro y ya no quiso iniciar nuevos proyectos desde el 2014 con Taiwán… No quiso renovar el convenio de cooperación técnica, pero seguimos trabajando hasta 2021.
Después de 2021 ¿qué pasó?
Hemos retirado la misión técnica, pero como oficina comercial seguimos promoviendo el comercio. Estamos trabajando mucho, solo que no tenemos mucho contacto directo con el Gobierno.
¿La misión técnica puede volver?
Sí. Si el gobierno está abierto para hablar con nosotros y pedir nuestro apoyo… Seguro que otros países tienen este tipo de chantajes, pero si tú quieres recibes o no…En Taiwán no tiene (oficina comercial) ProEcuador. Es el único país que, entre sus primeros 30 o 40 socios de comercio, no tiene ninguna oficina.
¿Hay oportunidades para ingresar con otro tipo de productos, que se está desaprovechando?
Sí, porque si quisiera exportar más cosas a Taiwán, hay muchos procesos. Por ejemplo, si es producto de agricultura tiene un proceso fitosanitario y si no tiene ninguna persona allá, ¿cómo va a hacer? Es complicado.
El presidente Noboa inicia un nuevo mandato que le da un plazo mediano para apoyar al sector productivo que, con esfuerzos está llegando a Taiwán ¿Lo ideal sería que tenga una embajada en Taiwán?
Como no tenemos relación diplomática, no van a tener una embajada. Eso es normal…Tampoco queremos pedir que rompan relación con China, porque esa es una decisión política de ustedes. Lo que queremos es una estrategia de ganar y ganar. El primer paso es mejorar la situación de inversión o comercio para los taiwaneses.
¿Cómo hacerlo?
Primero tiene que eliminar las visas a los taiwaneses. Ustedes piden las visas a muy pocos países de África, de Medio Asia y a China porque tienen una gran migración ilegal desde Asia hasta Ecuador para ir a Estados Unidos. En ese momento no sé por qué la política de una sola China que tu gobierno afecta a la política de migración a los taiwaneses, pues Taiwán no es el mismo Estado. Para ir a Estados Unidos no necesitamos visa, está súper abierto para los taiwaneses.
¿Nosotros (los ecuatorianos) necesitamos visa para ir a Taiwán?
Sí, pero es una visa muy fácil. Nosotros podemos entregarte en unas dos horas, pero un taiwanés, si quiere aplicar una visa a Ecuador tarda como dos meses. Tiene que enviar todos sus documentos hacia aquí porque usted no tiene oficina en Taiwán. El proceso total de aplicación de visa cuesta US$ 600.
Liao advierte que Ecuador no tiene representación comercial en Taiwán. Insta al gobierno de Noboa a aprovechar las oportunidades de comercio e inversión que ofrece su país.
Si el gobierno de Daniel Noboa hace un acercamiento con Taiwán ¿tienen una cartera de inversiones o de proyectos que ofrezcan a Ecuador? ¿Cuáles son? ¿Por qué montos?
Estamos quitando el bloqueo o dificultad para la inversión, como la visa, pero usted solo siente el chantaje de China y tiene mucho miedo, pero México, Argentina, Brasil, Chile, Perú tienen oficina en Taiwán. Y ellos no temen el chantaje.
Claro, China acaba de poner el Puerto de Chancay en Perú
Ellos son muy cercanos, pero son más inteligentes, más prácticos para conocer Taiwán. Ese mercado no pueden perder, tienen que aprovechar, tienen que invertir. Solo Estados Unidos tiene 23 oficinas en Taiwán, somos socios muy fuertes.
¿Qué inversión puede traer Taiwán?
Ustedes tienen problemas de energía. Estamos invitando a la inversión en una planta de energía solar. Están evaluando el precio de la energía, que un grado (kilovatio) para su gobierno ahorita es 0,8 centavos. Si quisiera instalar una planta, con el riesgo de su país, el préstamo internacional sería con un interés muy alto. Para tener un balance de costo-beneficio e interés, el precio tiene que llegar hasta 10 centavos de dólar. Este es un problema general para todos inversionistas internacionales, el precio está negociando internamente el Ministerio de Energía. Estamos esperando para ver.
El año pasado hemos anunciado la inversión para una planta de bus eléctrico. Hay varias empresas de Taiwán que están interesadas, están evaluando. Pero, en estos días, dos compradores de camarón más importantes me dijeron que, en su viaje a Latinoamérica no van a entrar aquí porque no tienen suficiente tiempo para lograr una visa, porque tarda dos meses. Quizá US$600 para ellos no es nada, pero dos meses de proceso no es posible. No van a venir. Esto es un bloqueo de la inversión, del comercio, del turismo provenientes de Taiwán. Nosotros vamos a México, a Chile, a Perú y compramos a ellos. Chile vende 10 veces más cosas que Ecuador a Taiwán, Perú vende tres veces más…
¿Están esperando todavía una respuesta del Gobierno de Daniel Noboa?
Las empresas están estudiando. Eso depende de la política del Ministerio de Energía sobre el nuevo precio de la energía que afecta a los inversionistas para invertir o no.
¿Cuánto dinero podría recibir Ecuador en inversiones para las plantas de energía solar y de buses eléctricos?
Para una planta de energía solar, la inversión es de un poco más de US$100 millones para una planta de 100 megavatios. Esa es una primera etapa que se está evaluando.
¿Y para la planta de buses eléctricos cuál sería la inversión?
El año pasado hablaron de una inversión de US$20 millones en una primera etapa. Se va acumulando.
¿Si Ecuador abre las puertas a nueva inversión de Taiwán, estamos hablando de una primera etapa de US$120 millones?
El mercado de Ecuador está abierto, solo que los taiwaneses están evaluando, porque tienen mucha dificultad. Por ejemplo, la gente no puede venir por el problema de la visa, es muy complicado. Realmente, es incómodo para Taiwán, pero siempre está llegando.
¿Por temor a China el Gobierno de Ecuador está perdiendo la oportunidad de recibir inversiones de Taiwán y más bien bloquea el turismo, el comercio y la inversión?
Sí, por supuesto, porque Taiwán, por el problema de ellos (China) ya no puede entrar a Ecuador sin visa. Ese es un ambiente no amigable ¿quién va a visitar o a invertir en un ambiente no amigable?
¿Ecuador es el país más complicado de América Latina por esta tramitología?
Correcto, porque tú no tienes oficina allá. Y realmente lo que vende Perú a Taiwán es muy parecido a ustedes… y la calidad de ustedes es mucho más alta que ellos. Pero ellos venden más.
¿Ellos saben negociar mejor?
Ellos tienen una oficina allá para promover su producto. Eso es lo que tienen que hacer. Si quieren atraer inversiones, tienen que ser más cómodo para nuestro inversionista que es el que tiene dinero… En nuestra alianza en Paraguay con Santiago Peña (actual presidente), que es becario de Taiwán y muy amigo de Noboa, Taiwán está ayudándolo para convertir una zona franca en un parque de tecnología y hemos invitado a empresas taiwanesas. Hemos instalado una empresa de bus eléctrico y tenemos la Universidad Politécnica de Taiwán, donde ayudamos a entrenar a los estudiantes, son técnicos que estudian dos años allá y dos años en Taiwán y tienen doble diploma. Como Taiwán es famoso por los semiconductores y Paraguay tiene calidad de agua y precio muy bajo de electricidad, tienen un buen ambiente para desarrollar esta industria. Ustedes son camarón, ellos son carne de res, 40% va a Taiwán. Compramos más del doble de cosas que a Ecuador que es una economía más grande que Paraguay. Ustedes no tienen buena calidad de agua, tampoco tienen una energía eléctrica estable… En este momento podemos ayudar. Siempre podemos ofrecer becas o entrenamiento de sus técnicos para el diseño de chips, pues Taiwán es número uno en producción y número dos de diseño de chip.
¿Podrían ayudarnos a arreglar Coca Codo Sinclair?
No tenemos relación diplomática para ayudar, para convertir o establecer una estructura de economía más fuerte, más sólida… Si tu país quiere ser más avanzado, tiene que ser más industrializado. No puede ser sólo para la venta de materia prima. Con eso no va a ganar mucho dinero.
Eso es lo que China hace: llevar los productos primarios, por eso no se desarrolla la industria local.
Así es. En Centroamérica estamos diciendo que produce mucha azúcar, China compra muy barato, produce una bolsita y te vende 10 veces más que ese precio, igual que el camarón de ustedes, se está desarrollando, pero muy lento, no solamente debe vender camarón congelado y el precio más barato del mundo es hacia China. Tiene que hacer un valor agregado; por ejemplo, (sobre) el camarón de sushi tienen que conocer cómo procesar aquí.
Y dar más empleo y ganar más por el valor agregado de cada producto.
Correcto, porque en su economía muchos son informales en el sector de la agricultura. Si tiene industrializado puede tener más contratos, más empleo. Ese es el modelo de China desde el año 2000. Ustedes tienen que conocer en qué tipo de industria el gobierno tiene que invertir. En Taiwán, en el año 70 empezamos a desarrollar la industria del chip y ahorita, después de 40 años, ya somos el número uno del mundo. Ustedes tienen que tener una visión de invertir y dar protección como Brasil, que tiene mucha industria de su agricultura. Eso es lo que tienen que hacer.
Mientras la política arancelaria de Donald Trump debilita a Estados Unidos, China gana más terreno, según Liao, quien asegura que Taiwán no será “la nueva Ucrania”
¿Cómo mira Taiwán las últimas decisiones de política arancelaria de Estados Unidos con el presidente Donald Trump y la política de China con Rusia?
Con incertidumbre. Hace poco (Trump), en el anuncio de los cien días de su mandato, dijo que la idea central de su gobierno es mejorar su economía y con eso mejorar la situación comercial para volver a hacer de Estados Unidos la nación más importante del mundo. Por ello se lanzó con esta guerra de aranceles para todo el mundo, especialmente con China y Asia en general.
China salió para visitar a sus amigos del sureste de Asia, Japón también habló con ellos para mejorar (relaciones). En ese mundo, la mayoría de los países sino es socio de Estados Unidos, es socio de China. Por eso, en el caso de Japón, ya está pensando cómo mejorar su situación comercial.
¿Una cooperación trilateral Corea del Sur, Japón y China?
Ellos no tienen este tipo de marco de cooperación. Por política nueva de Trump, todo el mundo está hablando no solamente con China o Japón, también con India, Taiwán. Todos hablamos de que debemos abrir nuestros mercados a todo el mundo y no depender de uno solo.
¿Una reconfiguración?
Sí, eso es lo que todos los países están haciendo. Yo creo que Estados Unidos ya está ajustando su política arancelaria para que el efecto no sea tan directo para las economías mundiales porque también les afecta a ellos; pero ya hizo el daño, la gente (los países) ya empezaron a buscar otras opciones y alternativas porque no podemos depender de ese país. Por supuesto Estados Unidos es el mercado más importante del mundo, pero su política ha afectado incluso a su estrategia Indo-Pacífico donde quería tener un bloqueo contra China.
Por ejemplo, QUAD (India, Japón, Estados Unidos y Australia) es una alianza militar donde se trabaja juntos para mantener una situación preferencial de estos cuatro países con un bloqueo a China. Estados Unidos también tiene mucha cooperación militar con Filipinas, Corea del Sur y Taiwán. Aparte del QUAD, todos tenemos cooperación militar muy fuerte. Pero por hoy se piensa en lo comercial.
¿Una reconfiguración total que está obligando a estos países, aliados de Estados Unidos en tema militar, a juntarse con otros a nivel comercial para sobrevivir?
El tema comercial ha afectado al político ¿Esta estructura de defensa conjunta se va a mover o se reconfigurará? No creo que todavía se puede hablar de eso, todavía falta. Siento que Estados Unidos va a ajustar y ceder, pero el punto es que la gente antes decía que siempre vamos a cooperar con Estados Unidos, era lo sólido, lo natural. Pero ahora creo que se ha cambiado de idea y ahora se cree que Estados Unidos puede cambiar por cualquier tipo de interés específico, por ejemplo, el comercial. Y eso afecta la confianza mutua. Pero la cooperación militar de Corea o Taiwán con Estados Unidos no va a cambiar, no van a ir con China, eso no va a ocurrir.
China sigue teniendo en la mira a Taiwán para hacer su unificación, además está ganando terreno en lo económico y militar y con (Vladimir) Putin (presidente de Rusia) muy de cerca.
Se está hablando en el mundo si Taiwán va a ser la siguiente Ucrania. Yo creo que eso todavía no es un tema para discutir, pero la gente dice que el 2027 es un año posible para tener guerra entre China y Taiwán. El 20 de mayo fue el primer aniversario de nuestro presidente y él dijo que nosotros debemos tener más independencia en defensa nacional e invertir más en nuestra industria de defensa nacional y en ese sentido creo que va a aumentar mucho la inversión en compra militar y desarrollo de nuestra industria nacional.
¿Cómo mira el gobierno de Taiwán la relación de la CELAC con China?
CELAC-China no es una nueva alianza y cada cuatro años tienen encuentros a nivel ministerial. ¿Qué es CELAC? Es una organización creada para quitar influencia de Estados Unidos y Canadá y para que piensen en los latinos y caribeños. Por ello China piensa que es una muy buena plataforma porque su enemigo principal, que es Estados Unidos, no está dentro de la CELAC.
Hace 15 años se creó la iniciativa de La Franja de Camino Continental y La Ruta de Seda Marítima. En ese tiempo hubo una burbuja económica con mucho dinero y esos recursos se destinaron como préstamos con altísimos intereses para muchos países y (para) buscar la salida de sus empresas de construcción de infraestructura y ganar influencia política que a la vez se constituyó en una trampa de deuda, por ejemplo, para Ecuador con una deuda china millonaria a través de proyectos como el de Coca Codo Sinclair, que no funciona. Esa situación es generalizada en todo el mundo.
A pesar de esa imagen de desprestigio y corrupción por obras mal hechas, que no funcionan o no terminan a tiempo y que han derivado en juicios y arbitrajes internacionales, China acaba de inaugurar el Puerto de Chancay en Perú. ¿Cómo ve Taiwán esta extensión del dominio chino, particularmente en América Latina?
Nosotros decimos que esta iniciativa de la ruta y franja está en un periodo de baja de influencia porque el problema mayor es que China ya no tiene dinero por la recesión de su economía y su burbuja inmobiliaria ya está quebrando. China está invirtiendo montón de dinero desde el gobierno central hacia el gobierno local o provincial para limpiar la deuda mala que tiene un interés muy alto. Ellos internamente ya tienen muchas necesidades de fondos y su gente ya no tiene capacidad de compra.
Aún con esta nueva reunión con la CELAC, China anunció que va a apoyar a los países amigos y que son alianza del sur y no como un país que ocupa su política de guerra de aranceles para atacarlos. Por eso China anunció un nuevo fondo de US$ 900 millones para desarrollo de la región. Este monto es menor al anunciado en las tres reuniones anteriores, pero que tampoco se ejecuta, siempre es solo palabras. Es decir, que esta declaración conjunta con la CELAC fue solo una declaración política.
Usted pregunta que ¿si la influencia de China en América Latina es cada día más fuerte? sí, es más fuerte sobre la base de que la influencia de Estados Unidos es cada día menos y por eso China tiene más espacio para crecer en presencia y afectar.
La política arancelaria del presidente Trump está beneficiando a China
A pesar de que Trump diga American first (América primero), ya no es primero, la amistad ya no es primero. Por eso quitó fondos de USAID que eran importantes para cooperar. Esto afecta la confianza de sus países amigos y beneficia a la influencia de China en la región.
En estos días últimos en Ecuador, China está hablando más fuerte. Hace un mes publicó un comunicado que decía que hay muchas autoridades que me llaman embajador. Hace una semana, China publicó un comunicado para atacar a Estados Unidos y dice que este país está haciendo trampa para influenciar y atacar la imagen de China.
En febrero de 2025, el gobierno del presidente Daniel Noboa puso en marcha la central hidroeléctrica Toachi Pilatón, la obra más cara de este tipo en la historia del país porque cada megavatio instalado tiene un costo promedio de US$3,9 millones, casi el doble del valor de generación de Coca Codo Sinclair.
El gobierno estuvo obligado a ceder en todas las diferencias técnicas y legales que provocaron los constructores del proyecto porque debía mitigar en algo los graves problemas de generación eléctrica que enfrenta la nación en los meses de estiaje, por eso no dudó en pagar costes por US$21 millones que exigía una de las empresas responsables de la obra.
La puesta en operación de esta central muestra la tragedia, técnica, legal y económica que implicó la construcción y que tiene como responsables al Consejo Provincial de Pichincha, el Ministerio de Energía, el Ministerio de Finanzas, la Corporación Eléctrica del Ecuador, más las empresas privadas Odebrecht de Brasil, las rusas JSC Inter RAO y Tyashmash, pero sobre todo la China Water and Electric, CWE, que construyó las obras civiles.
El presidente Daniel Noboa se vio obligado a pagar las pretensiones económicas de la empresa rusa Tyazhmash, fabricante de los equipos electromecánicos, de no hacerlo la central no estaría en funcionamiento. El pago se logró previo a un acuerdo entre las partes, la rusa pidió US$53,4 millones y la operación se cerró en aproximadamente US$21 millones. Foto: Eduardo Santillán/Presidencia de la República.
HISTORIA
Toachi Pilatón fue un sueño costoso que tomó impulso en el 2003, cuando la Prefectura de Pichincha invitó a la empresa argentina Industrias Metalúrgicas Pescarmona, IMPSA, para estudiar el proyecto y hacer una propuesta. Esta contempló un presupuesto total de US$300 millones. IMPSA obtuvo la concesión del entonces CONELEC para ejecutar el proyecto, pero ésta fue entregada a Hidrotoapi S.A., empresa del Consejo Provincial de Pichincha, que ya tenía un acuerdo (colusorio) previo con Odebrecht.
IMPSA evidenció fallas en el diseño de las obras, luego fue separada del proyecto.
Odebrecht contrató a otro proveedor del equipamiento. Posteriormente salió de escena y la obra civil quedó en manos de la empresa China International Water & Electric Corp, CWE.
CWE interpuso acción de protección con medida cautelar Nro. 23281-2022-01259 ante el juez de la Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Santo Domingo de los Tsáchilas. Se negó esta medida.
El plazo para el levantamiento de la medida cautelar concluyó recién el 26 de julio de 2024, fecha en la cual el Gerente de la Unidad de Negocio Hidrotoapi en conjunto con su asesora legal, debieron solicitar al juez de primera instancia el levantamiento de la medida cautelar para que el Estado ecuatoriano cobre las garantías por alrededor de US$13 millones a CWE e inscriba a la contratista fallida en el SERCOP. Además, se pida una indemnización por daños y perjuicios. Pero no se hizo esto, al contrario, con base al autobloqueo inducido por CELEC EP un juez de Samborondón se ha pronunciado extendiendo la medida cautelar a favor de la empresa fallida CWE, con lo que se consuma un perjuicio más al Ecuador.
La mano china
En el año 2009, el presidente Rafael Correa expulsó a Odebrecht de Ecuador y obligó a la empresa brasilera a dejar el proyecto; el reemplazo fue un consorcio chino-ruso conformado porChina International Water and Electric (CWE) que se encargó de realizar las obras de ingeniería física y la rusa Inter RAO, responsable de instalar los equipos de generación eléctrica.
Lo que nace mal, crece mal: el ex prefecto Gustavo Baroja (izquierda) entregó la construcción de la obra a Odebrecht con sobrecostos, el ex presidente Rafael Correa tenía acuerdos políticos con Brasil para permitir operar a Odebrecht a su gusto y el ex ministro de electricidad Alecksey Mosquera (derecha) había recibido un millón de dólares de Odebrcht para otorgar la licencia de construcción. Foto: Archivo
En marzo de 2019, CWE —única responsable del contrato de obras civiles— pidió la terminación de su relación contractual con Corporación Eléctrica del Ecuador, Celec, y la recepción de las obras ejecutadas, pero luego del análisis que hizo el equipo de fiscalización de Celec, se reconoció una serie de errores que hacían imposible recibir la central: estaba marcada por atrasos constantes, más errores técnicos y estructurales que pusieron al límite el proyecto, aunque los influyentes abogados de CWE siempre lograron acomodar los hechos como simples actos administrativos, susceptibles de ser subsanados por nuevos acuerdos.
Esta obra se compone de dos circuitos hidráulicos: Pilatón Sarapullo, que posee obras de captación, túnel de descargas de agua, casa de máquinas y chimenea de equilibrio. El segundo, llamado ‘Aprovechamiento Alluriquín’, se compone de la presa Toachi, túnel de descarga, chimenea de equilibrio, casa de máquinas y subestación.
En cientos de documentos de la Corporación Eléctrica del Ecuador se detalla el desastre constructivo de Toachi Pilatón y sobresalen las argucias que usaban los abogados de CWE para hacer ver los problemas de construcción como simples procesos administrativos. Por ejemplo: en el Oficio CELEC-EP-HTP-2021-0237-OFI de 25 de junio de 2021, que tiene que ver con la “Multa impuesta por impermeabilización de las cunetas de la viga del borde de techo falso de la casa de máquinas Alluriquín”, se daba a conocer el levantamiento de las suspensiones y sanciones contra la empresa china, pese a que se comprobó que en la “Captación Pilatón” huboun asentamiento del canal de lavado de las cámaras del desarenador; es decir, se hundió. Además, se identificaron fisuras en la cámara de transición entre el desarenador y el túnel de ingreso a Sarapullo. Estos problemas fueron perdonados.
Las conclusiones del estudio realizado por Ordóñez Farias decían que a la fecha de las inspecciones que fue en marzo de 2021 la rugosidad superficial y geometría del hormigón no cumplía especificaciones al contacto con el agua. Las imperfecciones en diferentes superficies incumplen las especificaciones de la obra. Se recomienda a la contratista CWE reparar toda la superficie en contacto con el agua.
La consultora Lombardi en enero de 2021 presentó un informe técnico detallado de los problemas constructivos que CWE dejó en las obras del túnel de carga Toachi – Alluriquín. El estudio permitió diseñar las reparaciones.
El Túnel Captación Pilatón – Casa de Máquinas Sarapullo no contabacon acero de refuerzo expuesto, debía además recuperar y brindar mantenimiento de válvulas que mostraban filtraciones. En dicha casa de máquinas debía corregirse zonas con hormigón y acero y realizarinyecciones de impermeabilización en ciertos sectores. En la Presa Toachi no se había realizado el hormigonado de los desagües del fondo de la presa y eso ya era excesivo. Los equipos técnicos de Celec demostraron además:
1.- No se encontraban realizadas las inyecciones de concreto entre los bloques de la presa.
2.- No se habían colocado pantallas de permeabilización en la fundación de la presa.
3.- No había el hormigonado adecuado en las etapas de construcción.
En octubre de 2021 Celec encargó a Gilmar Ordoñez Farías un peritaje sobre las obras civiles realizadas por CWE en toda la central. Descubrió grietas, fisuras, filtraciones en la presa.
Sobre el embalse de la presa no se restituyó el río a su cauce original porque no había compuertas de cierre en el túnel de desvío. Tampoco se había construido el tapón en el túnel de desvío. Y sobre los errores en el Túnel Presa Toachi – Casa de máquinas Alluriquín faltaba la reparación en las abscisas 6+120, 6+913 y 6+920; faltaba también la ejecución de perforación de drenes simultáneos además del mantenimiento de válvulas y filtraciones. En la Casa de máquinas Alluriquín los problemas fueron similares: falta de hormigonado, culminación del túnel de acceso, corrección de hormigones y aceros expuestos en difusores.
También se detectó que la montaña que sostiene la chimenea de equilibrio del circuito Alluriquín, que regula la presión del agua del túnel, tenía desplazamientos por la deficiencia de los drenajes y podía colapsar, provocando deslizamientos de tierra y por tanto daños irreparables al proyecto.
A 2021 el proyecto era un rosario de errores técnicos que parecían insuperables pero los abogados de CWE siempre usaron el mismo justificativo para validar cualquier error: el Estado no paga a tiempo sus planillas: “Su mora purgó y purga cualquier eventual y no consentida mora de CWE, por disposición legal expresa, contenida en el Artículo 1568 del Código Civil. Además, estos incumplimientos han ocasionado un desequilibrio económico en el Contrato de Obras Civiles, en perjuicio de CWE, lo que ha sido advertido en múltiples ocasiones”, dijeron los abogados.
Los hechos no desmintieron las narrativas forjadas por los grupos de abogados, liderados por María Rosa Fabara; ni la Contraloría General del Estado logró desmontar las justificaciones de CWE, pese a que en 2019 emitió el informe DNA4-056 que había identificado los problemas señalados.
Celec se vio impedida de iniciar los trabajos de remediación encaminados a atender las recomendaciones que la Contraloría General del Estado dio a conocer en dicho informe (DNA4-056). CWE también acumuló multas impuestas por la fiscalización o control del proyecto por valores que superaron el 12,6% en relación con el valor del contrato, montos suficientes para terminar el contrato unilateralmente.
El informe de Celec del 21 de junio de 2021 detalla las multas incurridas por la empresa china en el proceso de construcción. CWE nunca aceptó esos valores como responsabilidad suya, como respuesta inició sendos procesos judiciales que al día de hoy han neutralizado cualquier intento de cobro del Estado.
En marzo de 2022, luego de casi doce años de firmado el contrato, el Estado declaró la terminación por fallas estructurales de la obra y observaciones de Contraloría que denunciaron fisuras, grietas, deslizamientos, filtraciones de agua que comprometieron las obras.
CWE respondió mediante sendas acciones legales con tres propósitos: revertir, vía acción constitucional de protección, el cobro de garantías por US$13 millones, neutralizar las multas identificadas por la Contraloría General del Estado por US$31,1 millones y evitar la terminación unilateral del contrato.
Buscó un juez en el cantón Mejía, provincia de Pichincha, para que emita medidas cautelares a su favor e impida la ejecución de las garantías. Pero su jugada salió mal porque su petición fue negada; inmediatamente buscó otro juez, pero en Santo Domingo de los Tsáchilas, al que solicitó lo mismo. El juez Jorge Eduardo Armendáriz Zuluaga calificó la acción de protección y aceptó la medida cautelar, con ello CWE logró que el dinero de las garantías no se recupere y, por tanto, no existan los fondos para subsanar los daños que ella misma causó.
También inició una demanda contra el país por US$100 millones como respuesta a las multas identificadas por Contraloría General del Estado.
Las obras de remediación no fueron concluidas por la empresa china. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército se encargó de ponerlas a punto para que la empresa rusa, al fin, someta a prueba los equipos electromecánicos.
Los estudios realizados al interior del túnel Toachi Alluriquín determinaban filtraciones de agua a presión que generaban fisuras y destruían el revestimiento del túnel.
El túnel Toachi Alluriquín evidenciaba humedad en su revestimiento de hormigón y presencia de sales, generando desprendimientos de hormigón y deformación de la armadura en bóveda.
Los daños en el revestimiento del túnel entre los kilómetros 6,5 y 7,5 eran evidentes, con mayor cantidad de agua.
La historia rusa
Para finalizar la obra, el actual gobierno debió entrar a una mediación con la empresa fabricante de los equipos electromecánicos, la rusa Tyazhmash, que había reemplazado a otra llamada Inter RAO. El proceso se retomó el 16 de septiembre de 2024; hasta entonces, las negociaciones se encontraban detenidas por un reclamo de $54,2 millones.
Tyazhmash justificó el atraso en la instalación final de los equipos electromecánicos por los problemas provocados por CWE. Según los rusos, se requería de agua para probar los equipos, pero un informe de fiscalización (N. 084 MAYO -2018-CPT-I-084-18A) dijo que el montaje no debía representar un problema.
Las discrepancias entre Celec y la empresa rusa obligaron a establecer condiciones de confidencialidad en la mediación; esta se mantuvo en sigilo hasta el final, aunque trascendió los nombres de los negociadores del Estado: Luis Mora de la Procuraduría General del Estado junto a Carlos Jurado Bedrán, que fue parte del equipo del exvicepresidente Jorge Glas, el funcionario que entregó la obra a los chinos.
A finales de 2023 el Estado recibió la propuesta de Tyazhmash, incluyó los costos de recuperación de garantías que los equipos electromecánicos perdieron en un momento del proyecto.
La pregunta entonces era bajo qué argumentos técnicos se debe pagar esos valores. De los US$54.2 millones requeridos por Tyazhamash, se reconocieron como pronto pago US$22 millones que se desglosaron de la siguiente forma:
· US$18 millones por la recuperación de garantías técnicas de los equipos, que fue observado por la Contraloría en el informe DNA4-0019-2022, ya que hubo una prórroga de vigencia de garantías técnicas de 1 a 5 años. El contrato con Tyazhmash se firmó en 2019.
· US$5 millones por mayor permanencia en obra, pero este rubro se calcula solo en contratos de construcción de obra civil, que no es el caso de suministro y montaje de equipos. Los propios reportes de la empresa determinan además que existió retraso en la provisión de suministro, lo que significa el reconocimiento de valores dentro de los tiempos muertos de contrato, donde incluso el personal estaba parado por la misma empresa por falta de suministro.
· Los US$31 millones restantes suponían un nuevo arbitraje. En el gobierno de Guillermo Lasso fue sometido a análisis por la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE, los movimientos financieros de Tyazhmash S.A., pero “sorpresivamente” el trámite se extravió en el período de Hernán Luque Lecaro, detenido en Argentina por estar vinculado en el caso Encuentro.
Según el informe de Contraloría DNA 4-0042 – 2024, que es una auditoría de gestión entre el 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2023, en CELEC, del Proyecto Toachi Pilatón se concluye que:
· No se gestionaron los plazos para las contrataciones y ejecución de las obras civiles y eléctricas e hidromecánicas, en medio de controversias jurídicas.
· No se hizo un seguimiento de las actividades ni hubo un mecanismo para verificar el avance del proyecto, esto retrasó la puesta en marcha de Toachi Pilatón, en su conjunto, y su aporte al Sistema Nacional Interconectado para generar 254,4 MW de energía para cubrir la demanda a nivel nacional.
En su informe, la Contraloría pidió de manera urgente que los Gerentes del proyecto entreguen documentación técnica y comprueben qué seguimiento se hizo a las obras civiles y, además, que si la empresa rusa Tyazhmash no se hacía cargo de estas obras se modifiquen los términos de contratación para que el Estado ecuatoriano no pierda.
CELEC conocía que el procedimiento de mediación con Tyazhmash S.A. podía ser ilegítimo por temas legales arrastrados del pasado, previo a la firma del acuerdo existieron 6 suspensiones de trabajos, la Procuraduría reconoció 23,8 millones en la negociación, el gobierno de Daniel Noboa no ha dicho el monto exacto que recibió la empresa rusa
Cuerpo de Ingenieros salvó el proyecto.
Las últimas obras civiles para la puesta en marcha del complejo hidroeléctrico Toachi Pilatón las hizo el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, CEE, quien informó que terminó la construcción del tapón del túnel de desvío.
En un comunicado del 24 de noviembre de 2024 informaron la terminación de esta obra: “El personal militar al momento se encuentra realizando trabajos de remoción de material que permitan el llenado del embalse de la presa Toachi”. El proceso de llenado del embalse en el río Toachi empezó el pasado 8 de noviembre con la presencia de la ministra de Energía y Minas encargada, Inés Manzano; del viceministro de Electricidad, Fabián Calero, y autoridades de la CELEC.
Con eso se dio inicio a la “cuenta regresiva” para la operación de la central Alluriquín, que tiene una capacidad de 204 MW, cuya primera turbina de 68 MW (de un total de tres turbinas de la misma potencia) se planificó para el 17 de diciembre.
La presa tiene una altura de 60 metros y 170,50 metros de ancho. El embalse tiene una longitud de 3 kilómetros y una capacidad de almacenamiento de 6.770 metros cúbicos.
El viernes 22 de noviembre, CELEC junto con técnicos de la controvertida empresa rusa Tyazhmash, arrancó con las pruebas mecánicas de la turbina de la central Alluriquín. Las otras dos turbinas, de la misma arrancaron en enero y febrero del 2025.
Dentro del millonario perjuicio económico causado al Ecuador por glosas caducadas y desvanecidas, así como por expedientes desaparecidos, hay casos de empresas chinas que la Contraloría General del Estado ha remitido a la Fiscalía, que, desde 2024, tiene a su cargo las investigaciones de los responsables de estas irregularidades.
El país perdió US$ 4.488 millones solo entre 2019 y 2023, debido a graves falencias en la aplicación de sanciones y cobro de glosas.
En entrevista exclusiva con este portal, el contralor Mauricio Torres, recordó que fue una red de corrupción bajo la administración de sus predecesores Pablo Celi y Carlos Riofrío la que dio lugar a la caducidad de ese millonario volumen de sanciones.
Aunque no cuenta todavía con la cifra exacta de glosas atribuidas solo a compañías chinas, uno de los casos que más ha llamado la atención del contralor es un examen sobre un contrato del Sistema Ecu- 911 por US$750 millones con una empresa china que, en 2016, llegó al despacho del entonces contralor Carlos Pólit en donde desapareció, lo que impidió cualquier acción de control.
En este diálogo, Torres también destacó que hay procesos que involucran a firmas chinas que pasaron años sin pagar las glosas establecidas por el organismo de control a las que ya se les canceló su condición de proveedores del Estado, se ordenó el embargo de sus bienes y se les bloqueó las cuentas. Otros casos se ventilan en el Tribunal Contencioso Administrativo y unos cuantos más están con título de crédito para el cobro.
Durante esta entrevista, realizada en enero de 2025, el contralor ofreció dar “sin problema” los nombres de las empresas chinas con sanciones civiles y administrativas. Sin embargo, pese a nuestra insistencia y luego de más de tres meses de espera, la Dirección de Comunicación, vía correo eléctrico, se ha negado a remitir la información ofrecida por Torres, argumentando dos impedimentos: la Ley de Protección de Datos Personales y una resolución de la Procuraduría General del Estado.
Mil Hojas está investigando los principales contratos de empresas chinas que han operado en Ecuador desde hace más de una década… En cuanto al desvanecimiento de glosas, que usted mencionó al cierre del año anterior, ¿cuánto corresponde a empresas chinas?
No tenemos un valor total todavía, pero son varios expedientes caducados que tienen que ver con empresas chinas. El total de los expedientes caducados llegó a más de US$4.000 millones. De lo que hemos examinado, entre esos hay bastante expediente chino. Y llegó a mis manos un expediente de una empresa china de US$11 a US$12 millones, que estuvo casi por caducar. Tuvimos que apurarlo y se logró salvar, ya está con título de crédito para el cobro.
¿De qué empresa es? No recuerdo el nombre, se puede revisar, pero ya está con título de crédito. Se presentó una acción de protección, la ganamos y el Estado tiene que recuperar ese dinero.
En las empresas que son objeto de nuestra investigación, hay siete u ocho glosas de CEIEC, China Camce, China International Water & Electric, entre otras. ¿Están en el grupo de las que han caducado, ya no se puede hacer nada…?
Hay muchas glosas de estas empresas que están dentro del grupo de los US$4.000 millones que caducaron; otras glosas están en el (Tribunal) Contencioso Administrativo y otras están con título de crédito para su cobro. Estas ya pasaron todo el proceso, ya estamos para la ejecución y no tienen más que cancelar…Habían estado algunos años sin el respectivo cobro, por lo que hemos cancelado el RUP (Registro Único de Proveedores) de algunas empresas, estamos pidiendo el embargo de bienes y hemos bloqueado las cuentas de algunas empresas…
La Contraloría dispuso la retención de fondos y la prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles de una empresa china que por responsabilidad civil adeuda US$6,6 millones, más intereses de US$5,8 millones, al 31 de enero de 2025.
Hay un contrato del ex Ministerio de Justicia para la adquisición de grilletes electrónicos. La glosa que se estableció en 2017 fue desvanecida en 2019. La Secretaría Nacional de Inteligencia pidió a la Contraloría un nuevo examen a los auditores que desvanecieron esa glosa. ¿Cómo está ese proceso?
Todo lo que fue auditado no se puede volver a auditar, eso ya está sacramentado, pero sí podemos hacer un examen sobre los auditores para sancionarlos. Sí existe el pedido de lo que tiene que ver con grilletes, eso ya está ya para la revisión, tendrá que salir en unos días. Ya hemos hecho varios de esos exámenes, igualmente determinaremos, pero son exámenes donde no podemos recuperar esos recursos, pero sí sancionar a los auditores que tuvieron una responsabilidad.
¿Ahí se aplica el derecho de repetición? Esto se vuelve penal.
¿Hay esperanza de que se recupere, al menos por esa vía, algo? La Justicia es la que tendría que actuar en este caso. Nosotros mandamos el informe de responsabilidad penal a la Fiscalía y es esta la que tiene que actuar.
¿Esos US$ 4.000 millones, en qué período y con qué contralor se dejó caducar? …No hemos auditado todo. Hemos hecho una auditoría del 2019 al 2023. Estamos hablando del tiempo de Pablo Celi y de Carlos Riofrío… Todos esos expedientes con los responsables también han sido remitidos a la Fiscalía General del Estado.
¿Y de Pólit? Son antes del 2017, sobre eso no tenemos la facultad para examinar. Solo podemos determinar responsabilidades hasta siete años y ese tiempo ya feneció.
¿Podemos saber qué pasó antes de 2017, los montos de las glosas, el perjuicio al Estado? Podríamos hacer un examen, pero sin determinar ninguna responsabilidad. Por ejemplo, hicimos un barrido de algunos exámenes y determinamos que uno que tenía que ver con el Ecu 911, de US$750 millones, llegó al despacho del contralor de ese entonces Carlos Pólit y desapareció. No se supo qué pasó, nunca se determinó responsabilidades. Eso también enviamos a la Fiscalía. Y así hay un sinnúmero de exámenes que se han perdido, que dejaron caducar, desaparecieron y nunca pasaba nada.
¿Qué ha hecho para atacar este problema?
Estamos tratando de poner la casa en orden, hemos encontrado algunas falencias, estamos mejorando, tenemos sistemas de alerta para no dejar caducar los exámenes. Pero claro, por más que tengamos sistemas de alerta, cuando alguien quiere dejar caducar se los va a guardar y punto…Cambiamos a los directores nacionales que, en ciertos casos, tenían 15 años, se manejaron con los tres últimos contralores, eran un equipo en todo ese tiempo.
¿Están fuera todos? Los directores si, están todos fuera.
En el caso del Ecu-911, son cinco contratos firmados con CEIEC. ¿Esta empresa china está involucrada en el desvanecimiento u ocultamiento de glosas? Es que en este examen no sabemos, está desaparecido, se perdió.
¿No sabe ni siquiera qué responsabilidades hubo? No sabemos qué responsabilidades hubo, no tenemos el archivo, está en el sistema el examen, pero no lo encontramos. El último trámite está en el despacho del Contralor (Pólit). Hasta ahí llegó el examen y de ahí desapareció…
¿Recuerda de qué fecha es? No recuerdo, podemos hacerle llegar, pero esta denuncia fue enviada a la Fiscalía para que se investigue.
¿Cuándo se mandó a la Fiscalía? Si podríamos enviar también eso.
En el Ecu 911 logramos identificar 4 glosas, pero no llegan al monto que acaba de mencionar. …Este examen es en el año 2016, si no me equivoco
Eso es más grave porque llegó al escritorio de Polit y desapareció. Es importante determinar quién fue el contratista. Por supuesto, habría que revisar qué había ahí.
¿Cuándo va a tener resultados? Ya nosotros entregamos a la justicia y tiene que hacerse cargo de esto. Nosotros no somos parte procesal inclusive en esa situación.
¿No hay un seguimiento? Hacemos seguimientos cuando nos llaman, inclusive cuando comparecemos, pero llegamos hasta la entrega del informe con el indicio del responsable penal o la denuncia… Estamos revisando y sabemos los procesos como están.
En el desvanecimiento de glosas, ¿hay bufetes de abogados que hacen todo el trámite ante los organismos de control…? Sí, hemos detectado que antes eran bufetes de abogados los que hacían el desvanecimiento de glosas, pero ya no los necesitaban porque lo más práctico era el archivo, el guardarse y dejar caducar las glosas.
¿Quiere decir que malos funcionarios dentro de la Contraloría reemplazaron a los lobistas? Así es. Puede ser que -vamos a pensar bien- por tener mucha acumulación, podían haberse caducado, pero no puede ser que coincida que las que caducan son montos bien altos y algunos son de años… Y algo muy grave: los auditores tienen un trabajo muy grande, muchas veces se llevan trabajo a la casa, sacrifican horas del hogar, se quedan trabajando en las oficinas hasta tarde, porque hay plazos para entregar. Máximo un examen se debe aprobar en 180 días y lo logran y el que tiene que aprobar, que es el director, no lo hace. Yo digo bueno se pasó un día, pero aprueban a los 400, 500 y hasta 1.000 días. Eso no es correcto.
¿Cree que esa práctica ya no existe? Conmigo no existe. Podemos asegurarlo. Con nosotros, todos los exámenes se aprueban dentro de los 180 días. Inclusive tuvimos que hacer un plan de contingencia el año pasado porque tuvimos 1.400 expedientes que podían haber caducado y no lo permitimos.
El contralor asegura que con él terminó la práctica de dejar caducar las glosas, pues asegura que son aprobadas dentro de los 180 días que manda la ley.
¿Por qué hay mucha reserva con lo relacionado a las empresas chinas? Es que cuando son IRP (Indicios de Responsabilidad Penal), todo es reservado y entra a investigación.
¿Cuánto de los US$4.000 millones en glosas caducadas corresponde a empresas chinas? Podemos investigar en Planificación o con Auditoría Interna… Lo que mandamos a la Fiscalía se vuelve reservado, con lo administrativo y civil, no hay problema. Lo que está caducado tengo que firmar y no es que yo caduqué, pero si ya está 1.000 días ¿qué me queda a mí?
Pedido de Mil Hojas de ampliación de información: 14 de enero de 2025
Pero eso la gente no conoce, es importante que usted diga “esto recibí y me tocó firmar” Algunos malinterpretan y dicen que estoy sacando caducados… Hay bastante de empresas chinas…se puede determinar más o menos cuántas.
¿Por qué la acción de Contraloría no analiza los préstamos chinos? Eso se somete a otro examen financiero de cómo se desembolsó el préstamo, sería un alcance.
¿Eso se ha hecho? Se puede hacer, pero hay préstamos a los que no podemos entrar. Hay muchos que vienen desde afuera, donde el control lo hacen directamente las empresas que prestan. Esa condición ponen.
¿Eso no puede topar la Contraloría? La Contraloría no entra porque existe una norma internacional que está sobre la ley local y ponen como referencia que ellos serán los que auditan los recursos.
Torres admite que hay créditos de estatales chinas que no puede auditar porque hay normas internacionales que están sobre la legislación nacional
…En algunos casos los recursos ni siquiera llegaban al país, se quedaban en los bancos chinos. ¿Eso la Contraloría auditó? No podemos hacerlo porque van a decir ¿para qué firmaron entonces y aceptaron esto? Y no tengo facultad para auditar porque fue muchos años atrás. Estoy auditando todo lo que tiene que ver con el año 2020 para arriba.
¿Entonces está consagrada la impunidad. Sigue la estructura de corrupción que se tejió cuando eliminaron los informes previos de Contraloría y de Procuraduría? Así es. No puedo examinar más de siete años. Por eso hemos presentado un proyecto de Ley Anticorrupción y pedimos una reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría, para que se vuelva a tener un informe previo, no el de pertinencia que es un saludo a la bandera.
¿Restablecer el informe previo que el correísmo eliminó en la Constituyente de 2008? Sí. Decían que mucho tiempo demora y era cierto, pero si yo pongo que debe ser aprobado en 15 días, caso contrario se da por aceptado y tendrá responsabilidad el funcionario que estuvo a cargo, es diferente. Ahi sí, cualquiera va a sacarlo rápido, pero tiene que aprobarlo bien. Y que después la Procuraduría también dé el visto bueno. Con esos dos informes vamos a frenar mucho la corrupción. Ya lo enviamos a la Asamblea.
¿Cree que tendrá votos para eso? Es lo que no sé, pero debemos intentarlo.
En otro tema. El exministro de Energía Carlos Pérez nos dijo haber descubierto que en el Gobierno de Rafael Correa, Ecuador y China crearon un fideicomiso en Panamá al que mandaban los recursos de las preventas petroleras. Es decir, Ecuador no recibía nada. ¿Puede usted disponer un examen o revisión sobre este tema? Todos esos fondos chinos son de hace tiempo. No está en el período que puedo examinar.
Algunos créditos están vigentes, todavía no los terminamos de pagar. Sí, pero esos fondos ¿dónde están? ¿Hace qué tiempo se fue ese dinero allá?
Se siguen yendo, la mayoría de los contratos venció, pero algunos aún no Si se siguen yendo yo podría actuar, pero no tengo en mi radar eso. Si yo supiera que hay dineros que están yéndose a otro lado, pudiera actuar, pero no tengo una denuncia.
¿Es legal que el país venda el crudo a China y, en lugar de que ingrese el dinero a las cuentas del Tesoro Nacional, se haya creado un fideicomiso en un paraíso fiscal…? Todo depende de cómo firmaron el contrato, depende de cuál fue la condición para la firma. Si lo hicieron así, nos toca respetar.
¿Si se determina algo ilegal en la firma del contrato? Por supuesto que se puede actuar, eso le corresponde a la Procuraduría como abogado del Estado. No lo tenemos en nuestro radar ni tenemos ninguna denuncia en ese aspecto. Si tuviéramos sería bueno para poder actuar…
¿Si todavía no vencen los contratos, usted puede entrar de oficio? Siempre y cuando el contrato nos permita, pero sabiendo exactamente a qué, porque tengo que saber el alcance, a donde voy a ir.
¿Puede pedir que le entreguen todos los contratos con las empresas chinas? Puedo hacer una verificación preliminar (VP), un levantamiento de la información y, de acuerdo con eso, hago un alcance. Eso demora pocos días…
¿Lo va a hacer? Lo podría hacer, pero sabiendo de qué se trata.
Los contratos de las preventas petroleras son reservados todos Si son reservados, si no permiten que entre la Contraloría, muy difícil, no me van a dar. Depende de qué reserva tengan, tenemos que analizar eso… Pueden darme ustedes los nombres, yo puedo verificar si son contratos realmente reservados o no, porque a veces dicen que son reservados y pueden mentirnos.
El exministro Carlos Pérez dijo que ni siquiera a él le permitían acceder a los contratos. Pero no puede ser tanto porque entonces: viva la fiesta.
Él dijo que pedía una copia y no le daban Es que nada puede estar sobre un control. No creo que exista un contrato al que nadie pueda entrar. Me gusta actuar para que las cosas vayan saliendo bien. Ayúdenme. Cuando tengas denuncias, información, mándenme. Estoy en el lado de luchar contra la corrupción.
Empezamos con este listado de las empresas chinas que estamos investigando. Necesitamos saber qué glosas están caducadas, cuáles están pendientes de cobro, si se les canceló el RUP… Están bastantes
Son las principales empresas chinas que hicieron contratos con el Estado y recibieron cualquier cantidad de dinero… Es que en el tiempo que sabemos, estas eran las mimadas.
Miles de cámaras de video, dispositivos de rastreo satelital GPS, botones de auxilio, sensores de apertura y cierre de puertas, cables y piezas electrónicas que hace más de una década eran parte de los kits de seguridad del proyecto “Transporte Seguro” del gobierno de Rafael Correa, están arrumados en dos bodegas de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) en el norte de Quito, a la espera de una firma para convertirse en chatarra.
Este proyecto que le significó al Estado un gasto de US$109 millones en dos contratos con la estatal China National Electronics Import & Export Corporation (CEIEC) terminó desmoronándose por graves omisiones, irregularidades y actos de corrupción. Esta empresa abandonó el Ecuador llevándose consigo no solo el monto total de los contratos, sino también las claves para desencriptar la plataforma tecnológica imprescindible para operar los kits de seguridad que se pretendían instalar en más de 70.000 unidades de transporte público.
Kits de seguridad completos y piezas de equipos como GPS y sensores, fueron incautados en los 29 talleres de la empresa Dismundi, subcontratista de la china CEIEC. En estos talleres, según la Agencia Nacional de Tránsito se ‘deshuesaban’ los equipos buenos para arreglar los equipos dañados. Foto: ANT
Por cada kit de seguridad, los dueños de las unidades de transporte pagaban entre US$1.500 y US$2.000. A cambio, Dismundi entregaba un certificado para que el transportista pueda hacer trámites administrativos, por ejemplo, vender su vehículo. Foto: ANT
El primer contrato, correspondiente a la fase 1 del proyecto “Transporte Seguro” se firmó el 1 de noviembre del 2012 por US$ 72’994.792. CEIEC debía entregar e instalar 55.000 kits de seguridad para el transporte público a nivel nacional y una plataforma tecnológica que enlace a todas las unidades de transporte que tengan su kit y a su vez las conecte con otra plataforma en el ECU911.
El segundo contrato, suscrito el 5 de septiembre de 2014 como parte de la fase 2, ascendió a US$36’196.421,51 para la adquisición de 17.256 kits adicionales. Además, contempló la construcción de infraestructura, el soporte a la plataforma tecnológica y la expansión del Data Center del proyecto de Seguridad Integral para el Transporte Público y Comercial.
Ambos contratos fueron adjudicados vía régimen especial e invitación directa del gobierno de Correa a la estatal CEIEC. El primero, en el 2012 lo firmó Mauricio Peña, director ejecutivo de la Agencia Nacional De Regulación y Control Del Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, y Zhu Yingtao, subgerente de la división de contratación de CEIEC.
Mientras que dos años después, María Lorena Bravo, directora ejecutiva de la Agencia Nacional de Tránsito y Wang Fei, apoderado de CEIEC, pusieron sus rúbricas en el segundo contrato.
Para Alejandro Lascano, actual director de la ANT, el corazón del proyecto de “Transporte Seguro” era la plataforma porque esta tenía la capacidad de enlazar a los más de 72.000 kits de seguridad distribuidos en transportes público y comercial.
El Proyecto Transporte Seguro que empezó a ejecutarse en enero de 2013 fue diseñado por el Gobierno de Rafael Correa para dar protección a los propietarios de taxis y buses del transporte público del país, pero también para dar seguridad a los pasajeros que usan el transporte público a diario.
La plataforma china denominada SITPC (Sistema Integral de Transporte Público y Comercial), entró en funcionamiento en enero de 2014 para el monitoreo, alarmas y alertas de las unidades de transporte interprovincial, intraprovincial, buses urbanos, de turismo, carga mixta y ambulancias.
En ese mismo año la plataforma empezó su operación con la transmisión de datos del 35% de los kits, pero nunca llegó a la meta del ciento por ciento.
“Fue un proyecto que no arrancó de golpe. Se demoró más de 2 años hasta que ingresen los equipos que constaban en la primera fase, es decir 55.000 kits. Se demoraban en el enlace porque se generó un cuello de botella por ser una sola plataforma y tenían a la cola muchos usuarios que ya compraron el dispositivo. Hacer el registro, el enlace y hasta estar operativo demoraba semanas”, contó Jorge Urquizo, director de Control Técnico Sectorial de la ANT.
La empresa china CEIEC vendió al Estado más de 72.000 kits de seguridad para el proyecto Transporte Seguro, pero se descontinuaron luego de tres años, y no pudieron ser renovados. Los aparatos colocados en taxis y buses se convirtieron en adornos. Fotos: Archivo EL COMERCIO y EL UNIVERSO
El monopolio de un solo proveedor como CEIEC empezó a preocupar a los transportistas; esta empresa era la dueña de los equipos, proveedora de los kits de seguridad, la única que podía acceder al Software de la plataforma y la que, a través de su subcontratista, Dismundi S.A. instalaba y desinstalaba los equipos en 29 talleres seleccionados por ellos.
Además, le quitó la potestad a la ANT para emitir un certificado que se convirtió en requisito para trámites administrativos de los transportistas a cambio de US$1.500 y hasta US$2.000 por cada kit.
La empresa china aseguró el manejo y el mantenimiento de la plataforma instalando un “candado”, que era un sistema de encriptación en idioma chino que ningún técnico pudo desencriptar.
Urquizo, señaló a Mil Hojas, que CEIEC sí entregó el Código Fuente (conjunto de archivos y bases de datos inicial de la plataforma tecnológica), pero “nadie pudo descifrar cómo ampliar el espectro para que se incluya (en la plataforma) a otro tipo de equipos que no sea los proporcionados por esta empresa asiática”.
“Lo mismo le pasó al ECU 911 (con el Sistema Nacional de Comando y Control para la Seguridad Ciudadana firmado en el 2011) que también contrató con CEIEC; a ellos le dieron una plataforma de monitoreo, llegó a su etapa de vida útil y el ECU 911 no pudo hacer nada más y debió instalar una nueva plataforma”, contó Urquizo.
La plataforma tecnológica instalada con un software diseñado por la empresa china se saturó y apenas pudo registrar al 35% de los kits colocados en las unidades de transporte público y comercial. Tampoco pudo transmitir información a la plataforma del ECU911. Foto: X, Ecu 911
Incluso dijo, que en los archivos de la ANT existe un informe de las TICs que concluye que el Código Fuente es indescifrable. El director de esta entidad se comprometió con Mil Hojas a entregar este documento, pero hasta el cierre de este reportaje no llegó.
En el Gobierno de Rafael Correa se concretó la firma del proyecto Transporte Seguro y en dos contratos de primera y segunda fases se pagó a la empresa china CEIEC, US$109 millones.
El 11 de enero del 2014, durante su sabatina en el cantón Babahoyo, Rafael Correa promocionó el proyecto de Transporte Seguro, firmado con la empresa china CEIEC y anticipó una reducción de los índices de delitos en el transporte público y comercial “Quienes usen estos servicios estarán más seguros y tranquilos”, dijo.
La falta de mantenimiento y de actualizaciones del software por tener un Código Fuente encriptado hizo que la plataforma deje de tener capacidad para ingresar los kits en el tercer año de funcionamiento; y de cumplir la meta de registrar y operativizar el 100% de los más de 72.000 kits. Solo llegó al 35% porque la plataforma se saturó, tenía intermitencias y no almacenaba las grabaciones de las unidades de transporte.
Solo por este el Código Fuente, el Estado canceló a la contratista US$ 700.000.
Según conoció MIL HOJAS, la empresa china negociaba con el gobierno de Lenin Moreno, la firma de una tercera fase del proyecto en el 2018 para actualizar el software con nuevos servidores y equipos y una remodelación de infraestructura. Pero las largas negociaciones y la pandemia interrumpieron las negociaciones con CEIEC.
Dismundi siguió vendiendo kits cuando la plataforma dejó de funcionar
A pesar de que la ejecución de los contratos de la china CEIEC terminó en marzo de 2017 y la plataforma tecnológica dejó de funcionar por completo en el 2019, la empresa subcontratista Dismundi continuó vendiendo los kits de seguridad a los transportistas hasta el 2021.
“Tener el kit se convirtió en un requisito administrativo. Si queríamos hacer un cambio de un nuevo socio o cambio de vehículo, debía tener el certificado, eso era una obligación y debíamos comprar los kits. Esa era la trampa, porque no tuvimos un beneficio para nuestra seguridad o la seguridad de nuestros usuarios a mediano y peor a largo plazo”, señaló Washington Nuñez, presidente de la Federación Nacional de Transporte Urbano del Ecuador (Fenatu).
“El proyecto como se planteó era muy bueno y cuando empezó a ejecutarse sí disminuyó la delincuencia en las unidades de transporte, hubo buenas experiencias que reportaron los compañeros conductores. Igual el botón de pánico fue una protección, pero lamentablemente la forma como se desarrolló y los procedimientos nunca fueron claros y falló. Tampoco conocimos el contenido del proyecto y peor los contratos firmados con la empresa china”, se quejó Núñez.
Según el dirigente de la Fenatu y otros transportistas de taxis consultados, el kit de seguridad costaba UD$ 1.500 pero en ciertos talleres de Dismundi (empresa importadora de vehículos comerciales) el cobro llegaba a los US$ 2.000. Lo que fue ratificado por Urquizo.
Los 29 talleres habilitados por Dismundi eran los únicos que podían hacer el mantenimiento de los equipos y el arreglo. Según Urquizo, en esos lugares se confirmó que, para el reemplazo de una pieza, deshuesaban un nuevo y cobraban a los transportistas como un nuevo equipo, pero eran modificados. “Eran los únicos que podían hacerlo porque CEIEC se encargó de que no haya otra opción”.
“La ANT de ese entonces autorizó a estos talleres, pero CEIEC a través de Dismundi les daba los usuarios para el ingreso a la plataforma tecnológica. Nosotros fuimos parte del proceso, pero no administramos, ANT era un usuario más de esa plataforma”, aseguró Lascano.
Este Portal de Investigación envió un correo electrónico a Dismundi, solicitando una entrevista, pero no obtuvo respuesta. Tampoco respondieron a su teléfono convencional que aparece en la página web de esta empresa, ubicada en la vía Manta, Montecristi, provincia de Manabí.
El 28 de diciembre de 2022, el Directorio de la ANT en su resolución 029-DIR-2022-ANT, suspendió de manera temporal el requisito del ‘Certificado de Instalación’ como constancia documental del kit de seguridad (instalado, operativo y funcionando) en los trámites administrativos para habilitación vehicular, registro de cambio de socio y de titularidad.
La suspensión definitiva se aprobó recién el 2024, con la resolución 032-DIR-2024-ANT.
Después del fracaso del proyecto Transporte Seguro, los transportistas conformaron mesas de trabajo en el 2024 y desde fines de enero del 2025 este gremio firmó un contrato con T42 / Tracking System Tracsym Ecuador, que provee el servicio de plataforma para controlar el rastreo de unidades y monitorear la telemetría del conductor. Foto: X de Transporte Seguro / ANT
Los kits de seguridad estaban compuestos por un botón de auxilio, un GPS, dos cámaras de video con capacidad de grabación infrarroja, sensores de apertura y cierre de puertas para buses, y un UPS para la reserva de energía. La señal emitida por las unidades de transporte era receptada por el ECU911 que las monitoreaba en el caso de ocurrir cualquier emergencia. La ANT monitoreaba las rutas y unidades que recorrían el territorio el ecuatoriano para el control de la gestión del tránsito.
En el 2019, la Contraloría General del Estado emitió una serie de conclusiones y recomendaciones tras un examen especial a los procesos precontractuales, contractuales y de ejecución de la segunda fase del proyecto Transporte Seguro.
Contraloría señaló observaciones que no se pudieron corregir
Cinco años después de la firma del segundo contrato del proyecto de Transporte Seguro, la Contraloría aprobó el informe DNAS-0012-2019 (enero de 2019) tras un examen especial donde se encontraron irregularidades en la ejecución.
Equipos observados por los auditores estaban dañados, fuera de línea, sin ser rastreados por el ECU 911.
CEIEC subcontrató a Dismundi S.A. para encargarle la actualización de los equipos, es decir, la desinstalación y reinstalación de los kits de seguridad, algo que no se ejecutó por completo, y cuando se realizó la auditoría, 1.012 equipos estaban en bodega sin funcionar.
Los derechos de autor del software de la plataforma tecnológica SITPC para el Transporte Público y Comercial, adquirido por la ANT a CEIEC, no fueron registrados en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), lo que ocasionó que la entidad no cuente con los documentos que certifiquen que es titular de la propiedad intelectual del software desarrollado por la compañía china.
Los equipos no informáticos del centro de datos principal del proyecto, instalados en el edificio del ECU 911 en Samborondón, Guayaquil, no contaron con códigos únicos de identificación, lo que dificultó su ubicación, seguimiento, control y custodia.
Al equipo de auditoría se le entregó la documentación del segundo contrato: incompleta, desordenada y sin anexos.
Sobre la instalación y adecuación del Data Center en Samborondón (con un costo de US$ 1’600.000), a cargo de la subcontratista Hardsofnet Soluciones Cía. Ltda., el equipo de la Contraloría no pudo determinar que estén bajo custodia todos los equipos no informáticos del centro de datos principal del proyecto.
Se comprobó además que los kits de seguridad fueron manipulados por los conductores de las unidades de las diferentes operadoras de transporte. Hubo daños en fusibles, parlantes, panel de velocidad y GPS.
Sobre las recomendaciones emitidas por la Contraloría, todas se ejecutaron y están cerradas, dijeron tajantes Lascano y Urquizo.
Una de ellas, era que se designe a un funcionario del proyecto “Transporte Seguro” que elabore un inventario de bienes intangibles para que, a través de este registro se controlen los derechos de propiedad intelectual. Este inventario, dijo Urquizo, reposa en el ECU 911 y en la ANT está el software de la plataforma desarrollado por CEIEC “que ya no sirve porque todo está caducado”.
En referencia al pedido de la Contraloría para que CEIEC reinstale los equipos o kits de seguridad en el transporte público y se corrija el proceso para su inmediato funcionamiento, Lascano señaló que estas observaciones “se cayeron” porque la plataforma a donde se enviaba el registro para que los kits funcionen, ya no estaba operativa en 2019 y justificó que esta observación quede en el aire porque “no se puede solucionar algo que ya no existe”.
El funcionario insistió que “con CEIEC no tenemos nada pendiente y tampoco, nada por pagarle”. A la empresa china se le canceló la totalidad de los contratos de más de US$ 109 millones.
Cientos de unidades en buses urbanos y taxis tuvieron los kits instalados y registrados hasta por una década, pero no transmitían ninguna información porque no estaban conectados a ninguna plataforma, pero el transportista necesitaba el certificado de instalación y “le tocaba instalar este adorno”.
Pagos a CNT y liquidación de personal frena cierre de proyecto
Para cerrar el proyecto están pendientes pagos a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT, por mantenimientos al Data Center entre el 2018 y 2019 y por el servicio de telemetría que era un plan de datos para que cada kit de seguridad pueda transmitir información del GPS.
Recién en noviembre del 2024 se cerró ese servicio de transmisión de datos que CNT seguía proporcionando a pesar de que la plataforma dejó de funcionar en 2019.
Los rubros, hasta el cierre de este reportaje no fueron entregados. “Como dice una de las recomendaciones de la Contraloría, hay que hacer una valoración de las facturas; nosotros hemos mandado desde diciembre tres insistencias a la CNT para que nos diga el valor de las facturas que debemos cancelar porque no tienen a detalle y hasta la fecha no nos ha respondido”, afirmó Lascano
La otra cuestión sin resolver es la liquidación de 200 personas que se contrataron exclusivamente para el proyecto “Transporte Seguro”. “Hay un informe de liquidación con fechas de ingreso, rango, desvinculación y ya tenemos el rubro completo que asciende a más de US$ 50.000. Esperamos que el Ministerio de Finanzas nos asigne ese rubro y poder liquidar a todo el personal”.
Otro pendiente para cerrar el proyecto es que la ANT defina una fecha para chatarrizar los equipos que están en sus bodegas desde hace tres años. Esperan un informe que justifique contablemente el número de kits y piezas que se destruirán.
Esos equipos y piezas llegaron a las bodegas de la ANT luego de un recorrido por los 29 talleres de Dismundi. “Los talleres se negaron a entregar los kits por lo que procedimos a una incautación porque son bienes del Estado comprados a CEIEC… En estos lugares usaban los kits que desinstalaban de las unidades de transporte, para sacar sus piezas y armar nuevos equipos y seguirlos vendiendo. Esto fue una práctica que se extendió hasta el 2021”, afirmó Urquizo.
La ANT no confirmó si esta alteración en bienes del Estado que realizaban los talleres autorizados por Dismundi y CEIEC constituye un delito o si iniciarán acciones legales.
Un espacio inédito en Ecuador, promovido desde la academia, con panelistas nacionales y extranjeros de primer nivel, será el Foro Internacional «China-América Latina: Perspectivas y Debates», a realizarse el 23 y 24 de abril en Quito.
La iniciativa es del Programa de Estudios Asiáticos -antes Centro Asia-, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Ecuador) y la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) y busca impulsar un análisis crítico y un debate informado sobre la influencia y la compleja relación entre la República Popular China (RPCH) y Latinoamérica.
Richard Salazar, docente y coordinador del Programa y del Foro, en diálogo con nuestro portal, destaca que, en este ejercicio de profundizar el conocimiento sobre la región Asia-Pacífico, se busca identificar las estrategias económicas, tecnológicas y políticas de China especialmente en la Región Andina, además de las acciones para aprovechar los beneficios de esta relación, a fin de minimizar su impacto.
Las ponencias y resultados de investigaciones serán expuestas por representantes de la sociedad civil y expertos de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, México, Perú y de las fundaciones Mil Hojas, de Ecuador, y Andrés Bello, de Colombia.
China ha ralentizado su presencia en la región, de acuerdo con algunos analistas. En Ecuador ha disminuido su expansión, sobre todo en el ámbito de las inversiones. ¿Qué motiva a la academia a realizar este foro?
A nivel académico no se ha hecho un evento que trate las relaciones de China con nuestro país, con la región andina y latinoamericana, a pesar de que ha existido una muy fuerte presencia de China, especialmente desde 2010. Existen opiniones divididas sobre la importancia, la positividad o negatividad de la presencia china en Ecuador y en la región y se ha convertido en un tema más bien polémico y con un tinte bastante político. Mucha gente opina que la inversión china es buena, otros dicen que es pésima porque ha ocasionado corrupción, hay proyectos de infraestructura grandes, pero no están tan bien hechos; otros opinan que la perspectiva política de China, un país enorme, de partido único, tiene una influencia para ralentizar los procesos de democracia, etc. Es muy importante que se pueda trabajar, desde una perspectiva académica, con investigaciones y argumentos, las críticas y los debates en torno al gigante asiático, pues tenemos que ser claros: aunque tuviéramos una postura crítica con China, vamos a tener que relacionarnos, vamos a tener que lidiar con la presencia china, porque es uno de los grandes poderes en este momento. De hecho, se está disputando la hegemonía con Estados Unidos, por lo cual tenemos China para rato.
Por ello, desde hace un año y medio hemos trabajado en esta propuesta, desde una perspectiva conjunta con la Universidad de San Francisco de Quito y se unió también la Fundación Andrés Bello de Colombia, que tiene mucha experiencia en temas chinos.
El Foro contará con prestigiosos panelistas como las académicas Carol Wise, de la University of Southern California y Maricela Connelly, de México; el experto Renato Balderrama, del CIDE y los periodistas argentinos Julián Varsavsky, editor de Página 12, y Marcos González Gava, director de Reporte Asia.
¿Quiénes serán los participantes y cuáles las temáticas?
Académicos, periodistas, representantes de ONGs de Ecuador y de la región. Es una temática diversa sobre política, relaciones internacionales, gobernanza democrática, derechos humanos, economía, comercio e inversión, intercambio cultural y académico, impacto ambiental, tecnologías de la información y la comunicación y proyectos de infraestructura.
¿Cuáles son los perfiles de los ponentes de este evento?
La profesora Carol Wise, de la University of Southen de California (EEUU); Maricela Connelly, de México, que es seguramente la académica que más ha escrito en español sobre China, desde los años 80. Del CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económicas), el profesor Renato Balderrama, quién se dedicó a trabajar los temas de China y del este asiático desde hace unos 20 a 25 años. De Argentina tendremos dos periodistas: Julián Varsavsky, editor de Página 12 y uno de los mayores conocedores de Asia en su país y en Sudamérica. También estará Marcos González Gava, quien dirige Reporte Asia, el portal más importante de noticias en español.
¿Por parte de Ecuador, con quiénes contaremos?
Tenemos a Fundación Mil Hojas que, hace poco tiempo, publicó el libro “Los secretos de la deuda china”, un tema neurálgico para el Ecuador. Participarán académicos de la FLACSO, de la Universidad San Francisco de Quito, de la Universidad Católica y de Cuenca. Será una muy nutrida delegación ecuatoriana.
¿Habrá espacios de interacción, de compartir criterios, experiencias?
Sí. El día 1 será en la FLACSO-Ecuador, el día 2 en la Universidad San Francisco de Quito. Habrá espacios para diálogos de estudiantes de las dos universidades, con funcionarios y académicos. También se prevé que los estudiantes hagan sus propias ponencias.
Equipos de las fundaciones Andrés Bello de Colombia y Mil Hojas de Ecuador, serán parte del grupo de talleristas que compartirán sus experiencias respecto a las investigaciones y publicaciones que han realizado sobre los contratos y las inversiones chinas.
Un aporte adicional será un módulo de apoyo técnico ¿En qué consiste?
Habrá dos capacitaciones con la Fundación Andrés Bello. Ellos, como periodistas y además académicos, tienen experiencia en la investigación. Los periodistas ecuatorianos podrán profundizar en la temática china y saber dónde buscar información. También está abierto al público.
La incidencia de la presencia de China en la institucionalidad a través de inversiones o contratos es un tema importante. ¿Alguna autoridad está invitada?
Se ha extendido invitaciones al sector público porque este tema atañe a todos los sectores. El Ejecutivo, la Función Judicial y la Asamblea necesitan conocer esto para negociar, por ejemplo, el TLC o reformar cuestiones de contratación pública. Esperamos que haya funcionarios públicos que asistan. Queremos dar voz no solo a académicos y expertos de fundaciones que trabajan a fondo estos temas, sino también a miembros de organizaciones de la sociedad civil, de lugares donde hay proyectos chinos y se sienten afectados.
¿Cómo y hace cuánto tiempo nace el Programa de Estudios Asiáticos de la FLACSO?
El Programa de Estudios Asiáticos es un espacio de investigación, docencia y asesoramiento sobre países de la región del Asia-Pacífico, desde una perspectiva multidisciplinaria. En 2023 decidimos crear este centro porque existe mucha desinformación y desconocimiento con relación a este tema. Por ello hacemos cursos especializados, eventos académicos, congresos, foros y seminarios.
De los 281 postulantes, 31 han enfrentado procesos penales. Mientras 106 aspirantes (39%) son rostros familiares en la función pública: exasambleístas, exministros, exautoridades de empresas estatales y de gobiernos seccionales.
PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN 1
34 candidatos a la Asamblea por la circunscripción 1 de Pichincha tienen declaraciones pendientes con el SRI
Un tercio de los postulantes ha sido funcionario público y hay 10 candidatos que han enfrentado procesos penales.
La situación tributaria es opaca en 34 de los 85 candidatos a asambleístas de la circunscripción 1 de Pichincha, pues no han presentado todas sus declaraciones de impuesto a la renta. Sin embargo, ninguno registra deudas con el Servicio de Rentas Internas (SRI). Por otro lado, diez aspirantes han enfrentado denuncias penales.
Existen partidos en los que la mayoría de sus candidatos tiene declaraciones tributarias pendientes. Esta es la situación de cuatro de los cinco candidatos presentados por el Partido Sociedad Patriótica (PSP, lista 3), Pueblo, Igualdad y Democracia (PID, lista 4), Acción Democrática Nacional (ADN, lista 7), Izquierda Democrática (ID, lista 12), Creando Oportunidades (CREO, lista 21) y Renovación Total (RETO, lista 33).
Cuatro de los cinco candidatos presentados por las organizaciones políticas: PSP, PID, ADN, ID, CREO, y RETO tiene declaraciones tributarias pendientes.
El candidato que más declaraciones de impuesto a la renta pendientes es Paúl Sampedro Cedeño de Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (Amigo, lista 16), con seis años. Le siguen Rafael Cueva Egüez (CREO), Rodrigo Jarrín Davila (Amigo), Michael Castillo Terán (ADN) y Andrés Castillo Maldonado (ADN), con cuatro años cada uno.
Luego están la exministra de Justicia Ledy Zúñiga Rocha (RC), Inés Alarcón Bueno (ADN), Ana Jácome Vivas (ID) y Andrea Arévalo Bravo (CREO), con tres años, cada una.
El SRI señala en su página web que están exentos de presentar declaración los contribuyentes domiciliados en el exterior y aquellos cuyos ingresos fueron demasiado bajos.
La circunscripción 1 de Pichincha está compuesta por las parroquias del centro y norte de Quito. Son 16 organizaciones políticas y una alianza las que se disputan cinco curules parlamentarias.
Esta es una investigación liderada por Fundamedios, con el apoyo de la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC), en la que participaron 38 periodistas. MIL HOJAS y otros 39 medios de comunicación se han unido a la alianza para difundir la información.
Declaraciones patrimoniales de los candidatos
De los 85 candidatos calificados, 28 tienen experiencia en el sector público y han laborado en 39 instituciones estatales. La mayoría en la Asamblea Nacional (9) y en el Municipio de Quito (6).
Entre ellos destacan la exministra Ledy Zúñiga y el exgerente de Yachay, Héctor Rodríguez Chávez, por la Revolución Ciudadana (RC); el exfuncionario de la Agencia Metropolitana de Control, Mauro Andino Espinoza, por Pachakutik (PK, lista 18), y el exjefe de negocios de Celec, Christian Albuja Terán, por Amigo (lista 16).
Además, la asambleísta Inés Alarcón Bueno (ADN, lista 7) busca la reelección así como la exlegisladora y exsecretaria de la Política, Ana Belén Cordero (CREO, lista 21).
Entre los rostros familiares que quieren volver a la política están: la exministra Ledy Zúñiga y el exgerente de Yachay, Héctor Rodríguez Chávez, de la Revolución Ciudadana; el exjefe de negocios de Celec, Christian Albuja Terán, por Amigo y el exfuncionario de la Agencia Metropolitana de Control, Mauro Andino Espinoza, de Pachakutik. Por la reelección como legisladoras están Inés Alarcón de ADN y Ana Belén Cordero de CREO.
Cuatro exfuncionarios han declarado en al menos una ocasión tener cero dólares de patrimonio. Es decir, ningún tipo de bien, ni dinero en cuentas bancarias ni inversiones, pero tampoco deudas. Es el caso de Xavier Veloz Vallejo (PSE, lista 17), Nickol Dávila Garnica (ID), Jean Larenas Duque (Avanza, lista 8) y María José Santos Calderón (Centro Democrático, lista 1).
Otros tres registraron alguna vez patrimonio negativo: Andrea Villagómez Cabrera (PSP) y Ana Belén Cordero y Andrea Arévalo Bravo (CREO).
En el análisis de los patrimonios declarados existen algunos incrementos considerables. Por ejemplo, el de Ana Jácome Vivas (ID), que pasó de 160 mil dólares en 2017 a más 600 mil dólares en 2024; Michel Briones Montesdeoca (CREO) que en 2010 declaró cien dólares y en 2024, 54 mil dólares; así como Vanessa Velásquez Rivera (Construye) que en 2017 declaró 10 mil dólares y en 2023 casi 190 mil dólares.
Denuncias penales contra los candidatos
Una decena de participantes, de siete listas, ha enfrentado denuncias penales por estafa, falsificación, daño a bien ajeno, defraudación tributaria.
En el sitio web de la Función Judicial están registrados 14 procesos penales relacionados con los candidatos de la circunscripción 1 de Pichincha. De estos, doce fueron archivados, principalmente porque la Fiscalía no encontró los elementos necesarios para mantener la acusación. En otro caso hubo una sentencia ratificatoria de inocencia.
Solamente uno, abierto en julio de 2024, está en curso. Se trata del presunto delito de usurpación del que se acusa al candidato Paúl Sampedro Cedeño (Amigo). Sin embargo, aún no hay formulación de cargos y el denunciante no ha reconocido la firma en el proceso desde octubre.
La candidata con más procesos es Inés Alarcón Bueno (ADN), que tuvo tres casos en su contra. Todos fueron abiertos por acusaciones de presuntas estafas y engaños, en la venta de productos, y ya fueron archivados.
Esta alianza periodística contactó a Alarcón para pedirle su versión sobre estas denuncias, pero hasta la publicación de este reportaje no hubo respuesta.
PICHINCHA CIRCUNSCRIPCION 2
Nueve de los candidatos a asambleístas por la circunscripción 2 de Pichincha han tenido procesos penales en su contra
Otros 35 candidatos tienen declaraciones pendientes con el SRI y cinco más suman deudas con la entidad.
Nueve de los aspirantes a legisladores de la circunscripción 2 de Pichincha han tenido procesos penales abiertos en su contra, por presuntos delitos como asociación ilícita, falsificación y cohecho. Pero, ahora, solamente dos están en curso. Los demás fueron archivados, sobreseídos, prescribieron o hubo sentencia ratificatoria de inocencia.
En esta circunscripción, que agrupa a las parroquias del centro sur de Quito, hay catorce listas con un total de 70 candidatos que buscan ocupar cinco curules de la Asamblea Nacional.
Y el único caso penal públicamente conocido es el de Christian Hernández Yunda, de la Revolución Ciudadana (RC, lista 5) y primo del exalcalde capitalino, Jorge Yunda. En 2021, fue acusado del presunto delito de asociación ilícita, junto a Sebastián Yunda, hijo del entonces alcalde, que huyó del país en su momento.
Sin embargo, Hernández fue declarado inocente, por no haber tenido participación en el presunto delito. El ahora candidato consta como testigo en el caso que aún sigue abierto y espera la audiencia de juzgamiento contra dos procesados.
Esta alianza contactó a Hernández para pedirle su comentario sobre su importancia como testigo del caso, pero hasta la publicación de este reportaje no hubo respuesta.
De los 70 candidatos, el 50% no ha presentado sus declaraciones de impuesto a la renta. El 39% del total de aspirantes ha ejercido cargos públicos.
Esta es una investigación liderada por Fundamedios, con el apoyo de la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC), en la que participaron 38 periodistas. MIL HOJAS y otros 39 medios de comunicación se han unido a la alianza para difundir la información.
Por otro lado, Juan Trujillo Soto, de Amigo (lista 16), es el que más procesos penales tiene registrados. Entre 2022 y 2024, registra dos casos por presunta falsificación y otro por supuesto cohecho. Todos fueron archivados, porque la Fiscalía no encontró elementos suficientes.
Esta alianza contactó a Trujillo, quien reiteró que dichas denuncias no tuvieron fundamento, por lo que fueron archivadas, y que la Fiscalía cumplió con su rol de investigar cada caso.
Actividad tributaria de los candidatos
El Servicio de Rentas Internas (SRI) registra que 35 candidatos que buscan una curul legislativa por la circunscripción 2 de Pichincha tienen declaraciones tributarias pendientes. La lista la encabeza Julio Troya Pantoja, candidato del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE, lista 17), que tiene seis años pendientes.
En la misma línea, con cinco años de declaraciones pendientes, le siguen siete candidatos: Alexandra Guaytara Almache, del Partido Sociedad Patriótica (PSP, lista 3); Daniel Vaca Barahona, de Renovación Total (RETO, lista 33); Jenny Méndez Quelal (Amigo); José Guallichico Araujo (PSE); Myriam Hinojosa Barahona (alianza Súmate a la Transformación lista 23-65); Silvana Pillajo Lazo, de Revolución Ciudadana (RC, lista 5) y Yolanda Durán Sáenz, del Partido Unidad Popular (UP, lista 2).
En su página web, el SRI señala que están exentos de presentar declaración los contribuyentes domiciliados en el exterior o aquellos cuyos ingresos fueron demasiado bajos.
Además, hay otros cinco candidatos que tienen deudas tributarias. La más alta, de 6.766 dólares, pertenece a Juan Freire Díaz, del movimiento Creando Oportunidades (CREO, lista 21). Le sigue Carlos Fernando Mantilla Pérez (PSC, lista 6) con 945 dólares. El resto es por valores menores.
Y cinco candidatos a asambleísta no tienen ninguna información registrada en el SRI. Ellos son: Michelle Pilamunga Quishpe (PID), Brayan Iza Quingatuña (RC), Dominique Serrano Molina (ADN), Leslye Vallejo Armas (ID), Karellys Campoverde Bedón (Construye) y María Bueno Mera (Súmate a la Transformación, lista 23-65).
Declaraciones patrimoniales de los candidatos
De los 70 candidatos, el 39 por ciento ha ejercido cargos en la función pública. Pero solo dos perfiles han ocupado más de una decena de puestos: Édison Cando Rocha (PID) y Nataly Morillo Solorzano (ADN).
Ambos, además, coinciden en nunca haber declarado pasivos ante la Contraloría, es decir deudas contraídas. Sin embargo, Cando ha declarado en cuatro ocasiones tampoco poseer ningún activo.
De los 70 candidatos, el 39% ha trabajado en instituciones públicas. Dos postulantes han ocupado más de una decena de cargos.
Mientras que Morillo declaró un cambio de patrimonio de 4.000 dólares a 124.900 dólares entre julio de 2019, cuando dejó el puesto de Analista de Comunicación en el Ministerio del Interior, y abril de 2022, cuando terminó su gestión como Directora de Comunicación del Ministerio de Gobierno.
Morillo ya fue asambleísta entre 2023 y 2025, cuando llegó al Parlamento como suplente de Patricio Carrillo, por Construye, pero él no logró posesionarse. Además de ella, hay otros tres candidatos que buscan la reelección: Jhajaira Urresta Guzmán (RC), Eckenner Recalde Alava (ADN) y Marcelo Achi Sibri (PSC).
PICHINCHA CIRCUNSCRIPCION 3
En la circunscripción 3 de Pichincha hay 47 candidatos a la Asamblea que declaran sus impuestos en 0 dólares
Además, hay 30 candidatos que no han declarado impuesto a la renta en algún año entre 2017 y 2023. Y otros cuatro aspirantes a legisladores tuvieron procesos penales.
Cuatro candidatos buscan la reelección a la Asamblea Nacional en la circunscripción 3 de Pichincha, donde 14 organizaciones políticas se disputan cinco curules parlamentarias.
De los 70 candidatos a asambleístas, los cuatro que llegaron a la Asamblea tras la muerte cruzada, en 2023, y ahora buscan regresar son: Jahiren Elizabeth Noriega Donoso y Patricio Chávez Zavala por la Revolución Ciudadana (RC, lista 5), Manuel Bohórquez Tapia, por el Partido Social Cristiano (PSC, lista 6) y Nathaly Farinango Delgado, del oficialista Acción Democrática Nacional (ADN, lista 7).
Treinta de los 70 candidatos no han presentado su declaración de impuestos ante el Servicio de Rentas Internas (SRI) en alguno de los últimos siete años (2017-2023). Aunque este no es un requisito para la inscripción de la candidatura, demuestra un pendiente con la administración del Estado. En su página web, el SRI señala que están exentos de presentar declaración los contribuyentes domiciliados en el exterior o aquellos cuyos ingresos fueron demasiado bajos.
Quien encabeza esta lista es el candidato José Armendaris Sáenz, de CREO (lista 21), que tiene cinco declaraciones pendientes. Le siguen, con cuatro años, su coideario Erik Trejo Maldonado; Fausto Rodríguez Martínez, del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE, lista 17); Germania Jiménez Torres, de la alianza Súmate a la Transformación (lista 23-65) y Perla Lalaleo Valencia, del Partido Sociedad Patriótica (PSP, lista 3).
Luego de publicada esta información, Camila Lalaleo presentó sus declaraciones de impuesto a la renta correspondientes a los años 2022 y 2023, con un valor de cero dólares. En una carta enviada a Fundamedios este 6 de febrero, la candidata manifestó que también solicitó al SRI que corrija su sistema, donde aún consta que tiene declaraciones pendientes por los años 2020 y 2021, argumentando que ella no debía realizar estas declaraciones ya que inició sus actividades económicas recién en 2022, cuando abrió su RUC.
El 66% de los candidatos reportaron no tener ingresos o al menos no los suficientes para pagar impuestos durante el período 2017-2023
Más de la mitad de los postulantes para esta circunscripción, es decir 47 candidatos han declarado cero dólares en alguno de los años del periodo analizado. De entre ellos, dos lo han hecho durante siete años, es decir que han reportado en este tiempo no tener ingresos o al menos no los suficientes para pagar impuestos. Ellos son: Juan Bayas Verduga, Pueblo, Igualdad y Democracia (PID, lista 4) y Ronal Toala Reyes, de Centro Democrático (CD, lista 1).
Además, una docena de candidatos no tienen ningún tipo de información registrada en el SRI. Pertenecen a varias tiendas políticas: Unidad Popular (UP), PID, RC, ADN, Izquierda Democrática (ID), PSE, CREO y Súmate a la Transformación.
Y otros cuatro postulantes por la circunscripción 3 tienen deudas pendientes con el SRI. La mayor de ellas de 3.285 dólares, de la candidata Mayra Brito Cuzco (CD), que fue presidenta de la Junta Parroquial de Tumbaco. Las otras tres varían entre un centavo y 3,25 dólares.
Esta es una investigación liderada por Fundamedios, con el apoyo de la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC), en la que participaron 38 periodistas. MIL HOJAS y otros 39 medios de comunicación se han unido a la alianza para difundir la información.
Experiencia en el sector público
De los 70 candidatos de la circunscripción 3 de Pichincha, un 42 por ciento tiene experiencia en el sector público y registran declaraciones juradas en la Contraloría General del Estado. El Consejo Nacional Electoral, la Asamblea Nacional y el Municipio de Quito son algunas de las instituciones en las que se han desempeñado los postulantes.
Del total de aspirantes a las 5 curules previstas para esta circunscripción, 42% tiene experiencia en el sector público.
No todos han presentado declaración de fin de gestión ante la Contraloría. Laura Coello Fernández (Centro Democrático) es la que más ha repetido este incumplimiento, al salir de tres cargos zonales en el Municipio capitalino sin declaración final.
Por otro lado, en esta información pública hay un patrimonio que destaca por sobre los demás: el de Patricio Chávez Zavala (RC), asambleísta que busca la reelección. En su declaración de marzo de 2017, al finalizar su cargo como Gerente de la empresa pública en liquidación TAME, dijo superar los 14,3 millones de dólares. Pero al iniciar como asambleísta, en noviembre de 2023, declaró un patrimonio de 464.817 dólares. La principal variación fue en sus bienes inmuebles que disminuyeron en poco menos de un millón de dólares.
En 2017 apenas pagó 312 dólares de impuestos en el SRI y fue bajando anualmente hasta llegar a cero dólares en 2020. Desde entonces comenzó a declarar altos valores, por sobre los 8.000 dólares anuales.
Así como hay legisladores que aspiran a la reelección, también hay extenientes políticos que buscan llegar a la Asamblea: Cristian Romero Morocho (ADN), Fredy Espinoza Granda (Construye) y Paola Paillacho Coro (PSC).
Procesos judiciales sobreseídos o archivados
En cuatro de las listas aparecen candidatos que han tenido procesos penales en su contra. Los supuestos delitos que se investigaron fueron uno por estafa, dos por violencia psicológica de género y uno por asociación ilícita en instituciones públicas. Pero los casos fueron archivados, sobreseídos o prescribieron.
El caso de presunta asociación ilícita se trata de José Armendaris Sáenz (CREO), por una supuesta venta de cargos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Pero el juez dictó sobreseimiento a su favor.
Mientras que en el proceso por supuesta violencia psicológica de género estuvo vinculado Manuel Bohórquez Tapia (PSC). Pero, tras pasar el tiempo equivalente a la pena máxima, de cinco años, el caso prescribió.
Esta alianza periodística contactó a ambos candidatos para conocer sus versiones, pero hasta la fecha de esta publicación no hubo respuesta.
PICHINCHA CIRCUNSCRIPCION 4
El 41 por ciento de los candidatos de la circunscripción 4 de Pichincha ha tenido experiencia en el sector público
Una tercera parte presenta declaraciones de impuesto a la renta con valor de cero dólares.
Entre los 56 candidatos que compiten en la circunscripción 4 de Pichincha, hay varias cosas en común que llaman la atención. El 41 por ciento de ellos ha sido funcionario público, en tanto que casi una tercera parte ha presentado declaraciones de impuesto a la renta con cero dólares en los últimos años.
En esta circunscripción hay también dos candidatos que apuestan por la reelección como asambleístas: Alexandra Andrea Castillo Campoverde, del PSC (lista 6), y Hernán Zapata Rojas, de ADN (lista 7).
Por otro lado, hay ocho aspirantes que han estado relacionados con 17 procesos penales, con distinto resultado.
En la circunscripción 4 de Pichincha hay catorce organizaciones políticas que inscribieron 56 candidatos a la Asamblea Nacional, que buscan quedarse con una de las cuatro curules parlamentarias.
Esta es una investigación liderada por Fundamedios, con el apoyo de la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC), en la que participaron 38 periodistas. MIL HOJAS y otros 39 medios de comunicación se han unido a la alianza para difundir la información.
Con respecto al pago de impuestos, en esta circunscripción hay 21 aspirantes que tienen declaraciones anuales pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI) durante los últimos siete años (2017-2023).
Dos de los 21 son los que más han fallado en este requerimiento de la administración tributaria. Ellos son Galo Duque Calero, de Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (Amigo, lista 16) y José Cadena Yánez (ADN).
38% de los aspirantes a legisladores no ha presentado sus declaraciones anuales de impuesto a la renta
El SRI señala en su página web que están exentos de presentar declaración los contribuyentes domiciliados en el exterior y aquellos cuyos ingresos fueron demasiado bajos.
Mientras que casi una tercera parte de los candidatos ha presentado una o varias veces declaraciones de IR en cero dólares. Es decir que no tuvieron ingresos o que los ingresos recibidos estaban por debajo de la base imponible.
Los que lo han hecho durante el periodo más largo, de siete años, son Alejandra Alvear Nieto, del Partido Sociedad Patriótica (PSP, lista 3); Alexandra Castillo Campoverde, del Partido Social Cristiano (PSC, lista 6), y Elvia Inca Enríquez, del Partido Unidad Popular (UP, lista 2).
Pero también hay siete candidatos que no aparecen en los registros del SRI: Paola Albuja Estrella, Angélica Bernal Guasgua y Jorge Cevallos Velasteguí (Amigo); Daniela Dávila Cisneros, (Centro Democrático); Pedro Gualoto Ramírez (PID); Adamari Quiroz Cabezas (ADN) y Stephany Velasteguí Nicolalde (RETO).
Los casos penales de los candidatos
Entre los aspirantes a legisladores hay ocho que han tenido procesos penales abiertos en su contra y que suman un total de 17 casos. De estos, 13 fueron archivados, otros sobreseídos, declarados inocentes o aún están en proceso de juzgamiento.
Por ejemplo, Andrés Durán Montenegro, candidato por Renovación Total (RETO), fue acusado de presunta calumnia en agosto de 2024, pero el proceso no puede avanzar porque no han podido encontrarlo para notificarlo. Durán es conocido en redes sociales por hacer denuncias de presunta corrupción, y se presenta como periodista con su sobrenombre de “El Chochólogo”.
Esta alianza periodística contactó a Durán para pedirle su versión sobre esta denuncia, pero hasta la publicación de este reportaje no hubo respuesta.
Mientras que José Garzón Jácome (PSP, lista 3) fue acusado de una presunta estafa, en un caso de un migrante que pagó dinero para intentar llegar a Estados Unidos de manera irregular. Sin embargo, según consta en las actas del proceso, el denunciante desistió de la acusación después de haber llegado a un acuerdo para la devolución del dinero con los dos procesados, por lo que la Fiscalía se abstuvo de formular cargos. Y el juez dictó el sobreseimiento en 2022.
Esta alianza contactó a Garzón para pedirle su versión sobre esta denuncia. En su primera respuesta afirmó que su participación fue «haberle facilitado mi cuenta para que le depositen 2.000 que fueron entregados al denunciado Marco C.».
Pero, en su segunda respuesta, el candidato cambió de versión y dijo que «el falso denunciante nunca depositó en mi cuenta el valor indicado» (sic.).
Calumnia, estafa e intimidación son las figuras penales registradas en el portal de la función judicial respecto del 14% de postulantes.
Otro caso es el de Patricia Maigua Suntaxi, candidata del movimiento Pachakutik (PK, lista 18), que suma cuatro procesos judiciales, tres sin detalles de las acusaciones y uno por supuesta intimidación. Todos fueron archivados.
Esta alianza periodística contactó a Maigua para pedirle su versión sobre estas denuncias, pero hasta la publicación de este reportaje no hubo respuesta.
Asimismo, Paola Albuja Estrella (Amigo) registra cuatro procesos. Tres investigaciones fueron archivadas y en una causa fue declarada inocente. La candidata manifestó que ella planteó una denuncia por presunta usura en 2013 y que el expediente se extravió por cuatro años, tiempo en el cual el denunciado emprendió varios procesos penales en contra de ella.
“Todas las denuncias en mi contra fueron interpuestas por la misma persona, ya sea de forma directa o a través de sus empresas, repitiendo los mismos argumentos infundados”, apuntó Albuja. Añadió que, por error del sistema informático de la Función Judicial, una denuncia aparece como si se tratara de diferentes procesos y que en un caso fue declarada inocente tanto en la Corte Provincial como en la Nacional.
La experiencia en el sector público
El 41 por ciento de los candidatos de la circunscripción 4 han tenido experiencia en el sector público, en 26 instituciones, principalmente en entidades municipales y ministerios. Los que más cargos han ocupado son Andrés Durán Montenegro (RETO), con siete cargos, y Alejandra Alvear Nieto (PSP), con seis puestos.
En el caso de Andrés Durán, no consta en la Contraloría su declaración final de gestión como asesor nivel 2 de la legisladora Mónica Palacios, en la misma Asamblea Nacional, cargo al que debía renunciar para postularse como candidato.
Durán es el único de los 23 postulantes que presentó declaraciones en cero dólares, en 2018 y 2023, es decir que no poseía ningún activo ni pasivo en ese momento. En cambio, en su última declaración periódica de 2024 registró 41.184 dólares de patrimonio.
Además de él, una docena de candidatos también ha incumplido con la Ley de la Contraloría pues no han presentado sus declaraciones patrimoniales de fin de gestión de alguno de sus cargos.
Un sentenciado por tráfico de drogas, otro por presunto tráfico de influencias en contratación pública y hasta una pareja de esposos con un juicio por estafa, destacan en los casos judiciales de los postulantes. En 3 de las circunscripciones, casi la mitad de los aspirantes son caras conocidas de la política y la función pública.
GUAYAS CIRCUNSCRIPCIÓN 1
Cuentas tributarias grises en 33 candidatos a asambleístas de la circunscripción 1 de Guayas
Hay 13 candidatos con deudas al SRI. Seis han enfrentado acusaciones penales por tráfico de influencias, narcotráfico, receptación de objetos de origen dudoso, instigación y otros delitos.
Las cuentas tributarias no están claras en los candidatos de la circunscripción 1 de Guayas, donde 96 aspirantes, de 16 listas, compiten por seis curules, pues 33 no han presentado todas sus declaraciones del impuesto a la renta. Además, 13 aspirantes registran deudas con el Servicio de Rentas Internas (SRI). Mientras que seis han enfrentado denuncias penales.
Las organizaciones políticas con más candidatos incumplidos en la presentación de sus declaraciones de impuesto a la renta son Pueblo, Igualdad y Democracia (PID, lista 4), Revolución Ciudadana (RC, lista 5) y Amigo (lista 16), con cuatro cada uno.
Según los registros del SRI, el candidato con más años sin declaraciones, entre 2018 y 2023, es John Zhinin Huayamave (PID). Le siguen Ricardo Patiño Aroca (RC) y Yisley Chávez Brito (Pachakutik, lista 18), con cinco años.
El SRI señala en su página web que están exentos de presentar declaración los contribuyentes domiciliados en el exterior y aquellos cuyos ingresos fueron demasiado bajos.
Las organizaciones políticas con más candidatos incumplidos en la presentación de sus declaraciones de impuesto a la renta son: Pueblo, Igualdad y Democracia (PID, lista 4), Revolución Ciudadana (RC, lista 5) y Amigo (lista 16).
Además, trece de los candidatos, de diez listas, registran deudas en el SRI. Cinco adeudan menos de 100 dólares, siete con montos entre 120 dólares y 660 dólares y uno, Mario Cuvi Santacruz (Construye, lista 25), debe 3.179 dólares y ya tiene un convenio de pago.
De los 96 aspirantes, 22 no cuentan con información registrada en el SRI, y 23 han declarado cero dólares de impuestos en los últimos tres años.
La circunscripción 1 de Guayas está compuesta por parroquias del centro y suroeste de Guayaquil, entre ellas Ximena y Febres Cordero.
Esta es una investigación liderada por Fundamedios, con el apoyo de la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC), en la que participaron 38 periodistas. MIL HOJAS y otros 39 medios de comunicación se han unido a la alianza para difundir la información.
Casi la mitad exfuncionarios
De los 96 candidatos, casi la mitad (44) ha sido funcionarios públicos, según los registros de la Contraloría General del Estado.
En esta circunscripción los votantes decidirán si eligen asambleístas que ya han ocupado cargos en la función legislativa, como Roberto Cuero Medina (RC), Jorge Acaiturri Villa Varas (PSC), Jorge Chamba Cabanilla, Mayra Montaño, María Fernanda Jiménez y Paola Jaramillo Zurita (ADN).
En la nómina de postulantes hay 11 que han ocupado cargos en la municipalidad de Guayaquil o en sus empresas públicas, entre ellos: Óscar Estrada Tapia, Dalton Núñez Mateus, Hernán del Pozo Mosquera, María Fernanda Jiménez Vásquez, Jimmy Coronel Martínez, Romina Zeballos Avellán, Pablo Redín Vidal, Ángel Gaibort Gallegos y Mayra Montaño Guisamano.
Con respecto a las declaraciones patrimoniales juradas de los 44 funcionarios, la Contraloría indica que cuatro aspirantes reportaron cero dólares, otros quince registraron un patrimonio de hasta 10 dólares, cinco de hasta 10.000 dólares y trece de hasta 100.000. Otros seis candidatos (Unidad Popular y Revolución Ciudadana) tienen patrimonios que oscilan entre 100.000 y 500.000 dólares y un aspirante (PSC) llegó a los 900.000 dólares.
El patrimonio de Paola Jaramillo (exPSC y ahora ADN) tuvo un aumento considerable. En octubre de 2020, ella declaró un patrimonio de 4.400 dólares y en agosto de 2022, uno de 182.501 dólares.
Procesados por causas penales
En esta circunscripción hay seis candidatos que han sido procesados penalmente con distintos resultados. El caso más llamativo es un proceso activo cuya sentencia ha sido apelada: Mary Mendoza Muñoz (PSP) figura como procesada en un caso de tráfico de influencias por contrataciones irregulares durante la pandemia.
Mendoza suministró equipos de fumigación y limpieza por 143.990 dólares a la Prefectura del Guayas, durante la gestión del fallecido Carlos Luis Morales (PSC). La defensa de Mendoza argumentó en el juicio que no hubo ninguna relación, por cargo, jerarquía o amistad entre ella y la funcionaria de la prefectura que firmó los contratos. No obstante, la Fiscalía apeló la sentencia de la Corte Provincial de Guayas emitida en noviembre de 2022 confirmando la inocencia.
La audiencia de apelación fue fijada para el 31 de diciembre de 2024, pero en los registros judiciales no consta que se hubiera realizado. Mendoza no ha respondido a una solicitud de entrevista enviada sobre este tema.
Una candidata enjuiciada por presunto tráfico de influencias en contrataciones con la Prefectura del Guayas durante la pandemia, un exministro correista acusado de instigar al pueblo a la “resistencia combativa, entre los aspirantes a la legislatura.
Otro caso llamativo es el del exministro Ricardo Patiño Aroca, procesado por el delito de instigación, castigado con prisión de seis meses a un año, luego de que en un encuentro político de la RC en octubre de 2018 manifestara: “Tenemos que tomarnos las instituciones públicas, cerrar los caminos”.
Fue acusado de instigar al pueblo a la “resistencia combativa”. El juez le dispuso prisión preventiva. La defensa de Patiño apeló pero la sala de lo penal de la Corte Provincial de Cotopaxi ratificó la prisión en junio del 2019. En septiembre de ese año fue llamado a juicio, pero para entonces Patiño ya estaba en México. El 23 de abril del 2024, al cabo de cinco años, Patiño pidió que se declarase la prescripción, lo que fue aceptado por la justicia.
El candidato Lenin Duque Romero (Centro Democrático, lista 1) registró un proceso judicial por el delito de calumnia, pero el caso quedó prescrito tras dos años. Duque había acusado en 2014 a una cadena de hoteles por una “presunta doble contabilidad”.
Receptación, calumnia, tráfico
Otros dos candidatos, Michael Boni Dicado (Pachakutik), y Johnny Viracocha Cevallos (RETO), fueron procesados por los delitos de receptación (guardar o transportar objetos de origen dudoso) y calumnia, respectivamente. En un operativo policial en 2018, Boni fue hallado con tres celulares cuya propiedad no justificó, mientras que a Viracocha un abogado lo acusó en 2017 de afectar su honra al señalarlo como falsificador de documentos públicos.
En ambas causas, los procesados recibieron sentencias ratificatorias de inocencia emitidas por los tribunales. Consultados por Fundamedios para este reportaje, Boni no respondió al correo electrónico, en tanto que Viracocha reaccionó con la palabra “Excelente”, nada más.
Manuel Gómez Corozo (ID) fue detenido en abril del 2019 luego de que se hallara en la vivienda donde se encontraba varias funditas con 3,2 gramos de heroína, monedas de diferente denominación y una balanza.
El fiscal asignado emitió un dictamen abstentivo a favor de Gómez porque “las evidencias halladas no fueron encontradas en su posesión sino dentro del domicilio que no era de su propiedad, sino que éste era alquilado por terceras personas”. Gómez no respondió a las preguntas enviadas por correo electrónico desde Fundamedios.
GUAYAS CIRCUNSCRIPCION 2
Un tercio de los candidatos de la circunscripción 2 de Guayas ha trabajado en el sector público; uno registra una causa penal activa
Diez aspirantes reportaron a la Contraloría un patrimonio de cero dólares, mientras que nueve señalaron que tienen más deudas que ingresos.
Uno de cada tres candidatos en la circunscripción 2 de Guayas ha pasado por la función pública, son 33 de los 96 aspirantes a la Asamblea Nacional. Sus principales empleadores fueron las instituciones del Ejecutivo, los gobiernos autónomos descentralizados y el mismo Legislativo.
Entre los que van por la reelección figuran tres aspirantes. Juan Pablo Molina Saldaña (RC, lista 5), así como Amanda Hidalgo Astudillo (PSC-Avanza, lista 6-8), que fue asambleísta alterna. También está Victoria Desintonio Malavé (RC), que ganó la curul en 2021, después de haber sido destituida dos años antes como miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
Otros dos han sido ministros de Estado: Andrés Guschmer Tamariz, del Deporte en el actual gobierno de Daniel Noboa y que corre por el oficialista ADN (lista 7), y Gabriel Martínez Castro, de Transporte y Obras Públicas con Lenín Moreno, que se postula por SUMA (lista 23).
De los 33 candidatos que han sido funcionarios públicos, cuatro señalaron tener saldos negativos; cuatro registraron cero dólares; 19 reportaron bienes por hasta 200.000 dólares; y cinco informaron que sus bienes oscilan entre 200.000 dólares y más de un millón de dólares.
En estos últimos figuran los exministros Guschmer (ADN) y Martínez (SUMA), el asambleísta Molina Saldaña (RC), el exconcejal de Guayaquil Manuel Samaniego Zamora (PSC-Avanza) y el exfiscal Joselito Argüello Saltos (Partido Socialista Ecuatoriano).
En su declaración, Martínez reportó un patrimonio de 880.208 dólares cuando ascendió de viceministro a ministro de Transporte y Obras Públicas en 2019. Dos años más tarde, cuando dejó el ministerio, declaró un millón de dólares.
Mientras que Samaniego tuvo un incremento de más de 230.000 dólares en su patrimonio en cuatro años. En 2019, al dejar el cargo de concejal de Guayaquil, detalló activos por 336.762 dólares y cuatro años más tarde, en 2023, cuando dejó la coordinación institucional del Municipio de Guayaquil, subió a 569.776 dólares.
«Había una mejor condición de ingresos económicos en esos años», señaló Samaniego al referirse que en ese tiempo tenía tres ingresos mensuales como funcionario municipal, docente y por el alquiler de sus locales comerciales. «La mejor forma de ahorrar ha sido comprar activos, es la mejor forma de conservar el dinero, no se deprecia y gana plusvalía», indicó Samaniego, quien redujo sus deudas de 115.639 a 10.480 dólares entre 2023 y 2024. «Una parte fue pagada con la venta de unos activos y otra parte fue abonada con mis ingresos», acotó.
La circunscripciòn 2 de Guayas abarca dos populosas parroquias de Guayaquil: Tarqui y Pascuales, al noroeste de la ciudad. Quince partidos y movimientos políticos compiten por las seis curules, así como una alianza: PSC-Avanza.
Esta es una investigación liderada por Fundamedios, con el apoyo de la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC), en la que participaron 38 periodistas. MIL HOJAS y otros 39 medios de comunicación se han unido a la alianza para difundir la información.
Un exministro y exconcejal incrementaron sus patrimonios luego de dejar la función pública
Convenios de pago con SRI
De los 96 postulantes, doce tienen deudas con el Servicio de Rentas Internas (SRI). Entre ellos Ingrid Salazar, del Movimiento Construye (lista 25), que adeuda 420 dólares, y el exministro Martínez, quien registró un convenio de pago por 7.140 dólares. Otros deben menos de 80 dólares.
Por otro lado, 33 no han presentado declaraciones de renta en algunos años, mientras que 48 declararon cero dólares en su último reporte al SRI.
Los partidos o movimientos que tienen mayor número de candidatos con declaraciones en cero dólares son: Partido Unidad Popular (UP, lista 2) con cuatro aspirantes; le siguen Movimiento Centro Democrático (lista 1), Partido Sociedad Patriótica (PSP, lista 3) y Acción Democrática Nacional (ADN) con tres, y Pueblo Igualdad Democracia (PID, lista 4), la Revolución Ciudadana y la Izquierda Democrática con dos, cada uno.
El SRI señala en su página web que están exentos de presentar declaración los contribuyentes domiciliados en el exterior y aquellos cuyos ingresos fueron demasiado bajos.
De los 33 candidatos que han sido funcionarios públicos, 19 sí han tributado al SRI entre 2017 y 2023. Los tres que más han pagado impuestos son Janina Rizzo Alvear (Acción Democrática) con 142.632 dólares, Omar Sánchez Mantilla (PSP) con 135.928 dólares y Manuel Samaniego con 35.861 dólares
Otros diez, entre ellos Carlos García Neira (UP), Ulvio Cárdenas Granda (UP) y Elba Argüello Calderón (PSP) reportaron cero dólares. Tres candidatos no han presentado declaraciones desde 2017: Felipe Sánchez Pazmiño (Amigo), Mariuxi Torres Sánchez (Democracia Sí) e Ingrid Salazar Cedeño (Construye); en tanto que Patricia Villegas Rivera (RC) no tiene información registrada en el sistema del SRI.
Causas judiciales
En los registros de la función judicial constan cinco participantes con causas judiciales, cuatro de ellas archivadas. El aspirante del Partido Socialista Ecuatoriano, el exfiscal Argüello Saltos tiene un proceso activo por supuestas calumnias. “Si en algún momento me mandan preso, me iré, porque esa será una medalla para mí”, dijo el candidato sobre el proceso que el Banco del Pichincha le interpuso.
En esta causa, iniciada en enero de 2023 por unas declaraciones que Argüello realizó en sus redes sociales en noviembre del 2022, está pendiente la audiencia de juzgamiento. El 27 de diciembre de 2024 se tenía previsto realizar esa diligencia, pero fue diferida por pedido de la entidad bancaria.
En el proceso hay escritos de Argüello pidiendo que se declare la nulidad procesal por falta de citación, que se remita a la Fiscalía por haberse configurado fraude procesal y que se declare la prescripción de la pena. Argüello fue citado, sin embargo no se ha declarado el fraude procesal ni la prescripción de la causa.
Investigaciones archivadas
Otros cuatro candidatos de este distrito registran investigaciones archivadas: Luis Humberto Rivera Piza, Victoria Desintonio Malavé, Gabriel Martínez Castro y Manuel Samaniego Zamora.
En el caso de Rivera Piza, candidato por PID, su proceso fue archivado en 2017 a pedido de la denunciante quien señaló que «con la parte demandada hemos llegado a una conciliación».
No constan detalles de la denuncia. Rivera no atendió una entrevista solicitada por Fundamedios el pasado 4 de enero.
El caso en contra de Victoria Desintonio (RC) se archivó a pedido de la Fiscalía en mayo del 2024. El delito que se investigaba era el presunto incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, que se inició en 2019 cuando ella era vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
La queja surgió luego de que Desintonio y otros siete consejeros aprobaron una moción para conformar una comisión que revise el proceso de selección de los jueces de la Corte Constitucional. «No existen elementos de convicción de los que se desprenda el cometimiento de un ilícito», concluyó Diana Salazar, fiscal General del Estado, al pedir el archivo de este proceso.
En contra de Martínez (SUMA) consta un proceso penal por el presunto delito de peculado, cuya investigación fiscal se inició en septiembre de 2021 tras una “noticia criminis”, luego de la exposición de un video en redes sociales donde se acusaba que seis personas, entre ellos Martínez, serían parte de una red de corrupción hospitalaria.
La Fiscal Diana Salazar solicitó el archivo. «No se advierte la existencia de una conducta ilícita de peculado por parte de los investigados», argumentó. Martínez fue consultado para abordar este caso, pero hasta el cierre de esta publicación no respondió.
El candidato Manuel Samaniego (PSC-Avanza) reporta una causa judicial en su contra por el delito de hostigamiento que data de 2018. En octubre de ese año, un dirigente estudiantil de la Universidad de Guayaquil –donde Samaniego es docente– lo acusó de ofrecerle trabajo en el Municipio de Guayaquil, donde Samaniego era concejal, a cambio de votar por un directivo ante el Consejo Universitario.
«En la Universidad Estatal había una pugna en un proceso de intervención, me parece, y un estudiante de un grupo político universitario levantó esta denuncia falsa. Al día siguiente, el mismo estudiante hizo una declaración pública retractándose de la denuncia», comentó Samaniego. En efecto, la causa fue archivada.
GUAYAS CIRCUNSCRIPCION 3
Más caras nuevas que conocidas entre los candidatos a asambleístas de la circunscripción 3 de Guayas
Cinco candidatos han enfrentado procesos penales y seis han registrado deudas con el SRI. 16 listas compiten por los seis escaños del distrito más grande de Guayas
De los 96 postulantes a la Asamblea Nacional por la circunscripción 3 de Guayas, 59 no registran experiencia en cargos públicos, es decir el 61 por ciento. El movimiento Pueblo Igualdad Democracia (PID, lista 4) es la única de las 16 listas que presentó un bloque completo de seis aspirantes sin trayectoria en el sector público, seguido por el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE, lista 17) y la Izquierda Democrática (ID, lista 12), con cinco postulantes cada uno que comparten el mismo perfil.
Tras la revisión de bases de datos del Consejo de la Judicatura y el Servicio de Rentas Internas (SRI), se identificó que cuatro candidatos a asambleístas por esta provincia han enfrentado procesos penales. Entre ellos, un postulante de la Revolución Ciudadana (RC, lista 5) fue sentenciado como culpable. Además, 30 candidatos no han presentado al menos una declaración del impuesto a la renta entre 2017 y 2023.
Esta es una investigación liderada por Fundamedios, con el apoyo de la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC), en la que participaron 38 periodistas. MIL HOJAS y otros 39 medios de comunicación se han unido a la alianza para difundir la información.
Candidatos a la reelección y rostros nuevos en la política
La mayoría de los 96 candidatos de la Circunscripción 3 de Guayas, que compiten por seis curules, no tiene experiencia en cargos públicos. En los registros de la Contraloría General del Estado, 59 postulantes no tienen historial laboral en instituciones estatales. En el Movimiento Pueblo Igualdad Democracia (PID), fundado en 2017 para respaldar al expresidente Lenín Moreno, ninguno de sus candidatos ha desempeñado funciones en el sector público.
De los seis candidatos de la Izquierda Democrática (ID), del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) y de Democracia Sí, cinco no tienen experiencia en cargos públicos. Otros movimientos presentan una situación similar, con cuatro de sus seis candidatos carecen de experiencia en cargos públicos: los movimientos RC, Centro Democrático, Amigo, CREO y el Partido Unidad Popular (UP).
A la reelección va un grupo de cinco exasambleístas. Nuria Butiñá Martínez, vinculada históricamente a la RC, quien aspira nuevamente a una curul respaldada por este movimiento político. Lucía Jaramillo Zurita, electa en 2023 por el PSC, ahora busca su reelección con el oficialista Acción Democrática Nacional (ADN, lista 7).
Por su parte, Ferdinan Álvarez Zambrano dejó atrás la camiseta de la RC para postularse por ADN. Su desafiliación se concretó en octubre de 2023, tras un conflicto personal con el exvicepresidente Jorge Glas, que actualmente permanece en prisión.
Cinco exasambleístas buscan la reelección, tres de ellos correrán por los mismos partidos políticos. Entre los dos que cambiaron de bandera partidista está Ferdinan Álvarez (hoy ADN) quien se desafilió de la RC tras un conflicto personal con el exvicepresidente Jorge Glas
Mientras tanto, Daniel Onofa Cárdenas (ID) y Vicente Taiano Basante (PSC) buscan mantener sus posiciones legislativas bajo las mismas banderas políticas con las que construyeron sus carreras.
Quienes han sido funcionarios públicos han tenido que registrar sus patrimonios en la Contraloría General del Estado. El caso de Taiano Basante llama la atención por un aumento y disminución en poco tiempo. En julio de 2020 declaró un patrimonio de 173.929 dólares, en octubre de 2023 subió a 723.126 dólares y en noviembre del mismo año bajó a 377.154 dólares.
Ferdinan Álvarez (ADN) pasó de un déficit de 10.532 dólares en 2017 a un patrimonio de 138.242 dólares en 2023, poco antes de dejar la Asamblea tras la disolución por muerte cruzada. En la misma línea, Giovanni Fantoni (UP) triplicó su patrimonio en una década. En 2013 declaró 107.300 dólares y en 2023 reportó 373.832 dólares como asesor de gerencia en el Registro de la Propiedad de Guayaquil.
Las declaraciones de Gladys Loza Dávila (Pachakutik, lista 18) presentan inconsistencias. En 2024 afirmó ser asistente ejecutiva del CNEL desde 2008, pero tiene una declaración de 2019 como concejal alterna de Durán. En ninguno de los casos ha presentado declaración de fin de gestión. Como concejal alterna reportó un déficit de 17.170 dólares, es decir su patrimonio era negativo, en tanto que en la declaración periódica de 2024 señaló un patrimonio de 149.686 dólares.
María Gabriela García (Construye, lista 15) trabajó en ocho instituciones estatales en los últimos cuatro años, todas adscritas al Ejecutivo. En 2020 declaró un patrimonio de 23.400 dólares, que se incrementó en enero de 2024 a 218.500 dólares. En contraste, Jasmín Cedeño Mantilla (Democracia SÍ) declaró un patrimonio de 7,5 millones de dólares en 2015, principalmente por bienes inmuebles, es decir propiedades. Sin embargo, en 2024, este bajó a 158.415, según lo reportado ante la Contraloría.
Los pendientes con la Justicia
Cinco candidatos de esta circunscripción se han enfrentado a la justicia en procesos penales. Una sola de las causas llegó a sentencia de culpabilidad en primera instancia, otra prescribió y el resto fueron archivadas.
Un candidato de la RC fue sentenciado culpable. Se trata de Mario Moreno Araujo quien fue detenido en enero de 2018, durante un operativo policial en la Bahía de Guayaquil. Moreno atendía un local comercial en donde se encontraron 792 prendas de vestir valoradas en 3.970 dólares, cuya procedencia no pudo justificar, según las autoridades. La Fiscalía presentó cargos en su contra por el delito de receptación, argumentando que el acusado, como encargado del local, tenía conocimiento de que la mercancía era de origen ilícito.
Según la defensa, Moreno era empleado del dueño del local, quien no compareció durante el proceso judicial ni pudo ser localizado. La defensa presentó documentación que acreditaba la relación laboral de Moreno, incluyendo su afiliación al IESS desde 2011. A pesar de esto, las pruebas no justificaron la procedencia lícita de la totalidad de la mercadería.
El 6 de febrero de 2018, el tribunal dictó una sentencia condenatoria contra Moreno, aplicando una pena de 100 horas de trabajo comunitario, además de una multa equivalente al 25% del salario básico unificado. También se ordenó el decomiso de la mercadería.
Al ser consultado, Moreno respondió: “Las pruebas obrantes en el expediente demuestran fehacientemente que mi actuación se circunscribió al ámbito de mis funciones como empleado de un establecimiento comercial. Mi desconocimiento sobre la ilicitud de la mercancía, así como mi condición de trabajador afiliado al IESS, excluyen mi responsabilidad penal”.
Otro caso es el de Sandra Figueroa Aguilar, también candidata de la RC. De acuerdo al proceso judicial 0928720150055, en 2014 fue acusada de violación de propiedad privada por Josué Narváez Mendieta, hermano del exalcalde de Durán Dalton Narváez, ambos hijos de la exalcaldesa Mariana Mendieta.
Según la denuncia, el 24 de octubre de 2014, Figueroa, como funcionaria municipal de Durán, intervino en la expropiación de un local comercial que Josué Narváez arrendaba, sin mostrar documentación que respaldara la diligencia. Narváez afirmó en su acusación que Figueroa estaba acompañada por Julio César Arce Fajardo, padre de la entonces alcaldesa Alexandra Arce Plúas, a pesar de que este no tenía vinculación laboral con el Municipio.
El caso fue archivado, y todas las medidas cautelares contra Figueroa y Arce fueron revocadas. Fundamedios contactó a Figueroa para conocer su versión de los hechos, su relación con Julio César Arce y las razones de su acompañamiento, pero no se obtuvo respuesta.
Asimismo, Roxana Chala Quintero (RETO) fue dos veces querellada por calumnia en 2024, pero ambas causas fueron archivadas. Otro candidato denunciado por los mismos cargos fue Martha Fierro Baquero (AMIGO), pero el caso no avanzó y prescribió el 1 de julio de 2022.
Finalmente, Robert García Lecaro (PSC) fue denunciado en 2023 por estafa, según el proceso 11282202304515G, pero la Fiscalía concluyó que no se encontraron elementos suficientes para formular cargos en su contra. García enfrentó un segundo proceso (07283202401159G) cuyos detalles no constan en los archivos de la Función Judicial. Esta causa también fue archivada.
Los pendientes con el Fisco
Las deudas firmes de los candidatos con el Servicio de Rentas Internas (SRI) son limitadas, con solo seis personas registran pendientes. La mayor deuda corresponde a César Carrera (PID), por 1.124 dólares, mientras que las restantes no superan los 250 dólares.
Por otra parte, 30 de los 96 candidatos no han presentado al menos una declaración del Impuesto a la Renta entre 2017 y 2023. Entre quienes sí lo han hecho, solo dos reportaron montos superiores a los 10.000 dólares, alcanzando incluso cifras mayores a 100.000 dólares.
Alejandro Vanegas Cortazar (RC) declaró un IR de 52.903 dólares en 2018, que aumentó a 107.807 en 2019 y bajó a 10.986 dólares en 2023. En un caso similar registra Luis Ayala Aguirre (Construye), quien declaró 21.836 dólares en 2017, incrementó a 51.611 dólares en 2019 y redujo la cifra a 8.392 dólares en 2023.
El SRI señala en su página web que están exentos de presentar declaración los contribuyentes domiciliados en el exterior y aquellos cuyos ingresos fueron demasiado bajos.
En 2023, al menos ocho candidatos declararon valores entre 1.100 y 5.000 dólares, mientras que 10 reportaron montos entre 1 y 1.000 dólares. En contraste, 37 de los 96 candidatos declararon en cero su Impuesto a la Renta y otros ocho no presentaron declaraciones en ese período.
La Circunscripción 3 de Guayas es la más grande entre las cuatro circunscripciones de la provincia. Con 1’598.271 votantes empadronados, esta zona incluye cantones con profundos desafíos como Durán, donde la corrupción se ha enquistado en sus instituciones municipales afectando su capacidad de gestión, y donde la pobreza alcanza al 65,40% de sus habitantes. También comprende el cantón Playas y algunas parroquias de Guayaquil, como Posorja, Puná, Tenguel y Rocafuerte.
GUAYAS CIRCUNSCRIPCION 4
Narcotráfico, estafa, peculado… 15 candidatos por la circunscripción 4 de Guayas registran juicios penales
Un sentenciado por tráfico de drogas y otros procesados por estafa, traspaso de acciones sin consentimiento o daño de bienes patrimoniales constan entre los candidatos.
El camino hacia la Asamblea Nacional tiene claroscuros en el distrito 4 de Guayas, donde se escogerá a seis asambleístas. Un análisis detallado de los datos públicos revela que quince de los 90 candidatos de esa zona han acumulado procesos penales. Y, aunque varios casos han sido archivados y muchas inocencias ratificadas, entre los cargos más graves figuran peculado, estafa, tráfico de drogas y falsificación de firmas.
También hay vacíos en el cumplimiento tributario de los candidatos. De los 90, 24 no han presentado todas sus declaraciones de impuesto a la renta, según los registros del Servicio de Rentas Internas (SRI) y cuatro siempre han declarado este tributo en cero dólares, los últimos años. Esto también contrasta con los patrimonios abultados de varios aspirantes, que en ciertos casos han pasado de cinco a seis cifras en cuestión de pocos años.
Esta es una investigación liderada por Fundamedios, con el apoyo de la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC), en la que participaron 38 periodistas. MIL HOJAS y otros 39 medios de comunicación se han unido a la alianza para difundir la información.
Los procesos penales no son exclusivos de una tienda política. SUMA (lista 23) tiene tres candidatos con este tipo de antecedentes. Acción Democrática Nacional (ADN, lista 7), Centro Democrático (CD, lista 1), Pachakutik (lista 18), el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE, lista 17) y Unidad Popular (UP, lista 2) tienen dos cada uno.
También están Construye (lista 25), Democracia Sí (lista 20) y el Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero (PSC–MG, lista 6-75), cada uno con un candidato en esta situación, según los registros disponibles de la Función Judicial.
En el conjunto de presuntos delitos constan: tres procesos por estafa, dos por calumnia, dos por incumplimiento de decisiones legítimas de la autoridad, dos por paralización de un servicio público, uno por tráfico de drogas, uno por destrucción de bienes del patrimonio cultural, uno por peculado, uno por ataque o resistencia, uno por falsificación de firmas y uno por tenencia y porte de armas. De estos, 7 fueron archivados tras la investigación previa.
Cinco casos son los más llamativos: un sentenciado por tráfico de drogas, una pareja de esposos investigados por presunta estafa, un exalcalde que fue acusado de daño a un bien patrimonial y un postulante que ha sido señalado de falsificar firmas.
Tráfico de drogas
Willian Angulo Araujo busca un puesto en la Asamblea por el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE, lista 17). Fue condenado a tres años de cárcel, tras haber sido hallado culpable en el grado de autor directo del delito de tráfico ilícito de drogas.
Angulo fue hallado con 29 sobres de cocaína el 10 de enero de 2018. Sin embargo, fue beneficiado con una suspensión condicional de la pena por doce meses, el 2 de mayo de ese año. La medida fue concedida por el juez Ricardo Ramos, quien dispuso que Angulo se abstuviera de frecuentar centros nocturnos de concurrencia masiva, centros educativos, saliera del país sin previa autorización; además de presentarse periódicamente ante él.
Un aspirante a legislador fue sentenciado por tráfico de cocaína pero un dictamen judicial de mayo de 2024 le benefició de una suspensión condicional de la pena por un año.
El candidato tiene otra sentencia previa a un año de cárcel por no acatar sentencia judicial, porque fue hallado en la casa de su pareja, de quien tenía orden de alejamiento.
Fundamedios contactó a Angulo, pero no respondió al pedido de entrevista.
Esposos sortean acusación de estafa
Las candidaturas de los esposos Héctor Rodríguez Cabrera y Sara López Hungría son auspiciadas por el movimiento Centro Democrático (lista 1), del presidenciable Jimmy Jairala. De acuerdo con el proceso judicial —en el que se investiga una presunta estafa— estaba previsto que la audiencia de juzgamiento se realice el lunes 6 de enero, cuando los denunciados ya estaban en plena campaña. Sin embargo, el fiscal del caso, Nelson Vela, se excusó por un problema de salud.
El proceso inició el 28 de noviembre de 2018 y la audiencia de formulación de cargos fue el 26 de marzo de 2019. Ahí la jueza Gladys Perea ordenó el inicio de la instrucción fiscal por pedido del fiscal Juan Carlos Iturralde. El denunciante aseguró que los esposos le hablaron “de MY TRADER COIN, una plataforma donde se invierte dinero”; y que el 19 de junio de 2017, él les entregó 5.000 dólares, a manera de inversión, con la promesa de que recibiría ganancias diarias por 12 dólares.
Sin embargo, el denunciante dijo que, pese a que en la plataforma se veía el monto acumulado, nunca pudo sacar ni el monto entregado ni las supuestas ganancias.
Durante el proceso, Christian Cevallos, abogado de los sospechosos, aseguró que sus clientes sí cancelaron los valores. Fundamedios intentó comunicarse con los aludidos, a través de los correos electrónicos que constan en el proceso judicial, pero no hubo respuesta. Al cierre de esta nota, el Tribunal Penal no había definido una nueva fecha para el juicio. Tampoco se ha hecho mención en el expediente que los procesados son candidatos.
Enrique Guerrero, secretario general de Centro Democrático, se sorprendió al enterarse de este caso, aunque asegura que el proceso de selección de candidatos fue transparente, público y que sí revisaron los datos de los postulantes. “Para mí es nuevo. Si bien se hizo la confirmación, las sentencias no estaban ejecutoriadas. Yo puedo tener una denuncia o una investigación, pero eso no da impedimento”, dijo Guerrero.
Supuesto traspaso de acciones sin consentimiento
En otro caso está implicado Víctor Morán Andrade, de Construye, junto a otras tres personas (entre ellas una notaria). El denunciante los señala como sospechosos de traspasar acciones de una empresa sin su consentimiento, a través de una organización delictiva.
La denuncia data de 2010 y el registro judicial digital es breve, pero arroja un dato relevante: la Fiscalía pidió, el 1 de octubre de 2024, el archivo de esa causa, que se sigue por presunta asociación ilícita. Es decir, el archivo se pidió justo en la época en que Morán era inscrito como candidato.
“La víctima empezó a revisar el estado de las participaciones que la compañía Inmobiliaria Central S.A. tenía en la Hotelera El Ejecutivo C. Ltda. y se encontró con la sorpresa de que fueron transferidas sin su consentimiento”, se lee en el proceso. La Fiscalía solicitó el archivo argumentando falta de “indicios fundamentales”.
Hasta el cierre de esta nota aún no constaba algún auto relacionado con el trámite del archivo. También está pendiente una respuesta de Morán ante un pedido de entrevista de este equipo periodístico.
Denuncia contra exalcalde de Milagro
Otro de los casos relevantes es el de José Asán Wonsang, alcalde de Milagro entre 2005-2014 y 2019-2023, que hoy busca una curul por SUMA, lista 23. Sobre él pesa la denuncia de un ciudadano por destrucción de bienes del patrimonio cultural.
El expediente de la investigación previa lo conoció la Presidencia de la Corte del Guayas, cuando la titular era Fabiola Gallardo (actualmente involucrada en el caso Purga).
La entonces fiscal Provincial, Yanina Villagómez, quien también enfrenta acusaciones por el caso Purga, pidió el 2 de enero de 2024 que se convocara a la audiencia de formulación de cargos. Nueve días después dijo que, por un lapsus involuntario, no se notificaron acciones de la Fiscalía a las partes y que, para salvaguardar el debido proceso, se dejara sin efecto la convocatoria de dicha audiencia.
El 19 de febrero de 2024, el juez ponente, Hugo González, concedió el pedido de Villagómez y dejó sin efecto la audiencia de formulación de cargos.
Asán asegura que en 2014, durante su administración se decidió derrocar un edificio que estaba atrás del Municipio de Milagro, para evitar un accidente, ya que se estaba «cayendo a pedazos». Este es el origen del proceso, cuya fecha de ingreso al sistema judicial data del 3 de enero de 2024, es decir, unos 10 años después, según los datos de la plataforma digital del Consejo de la Judicatura.
«Se convirtió en un peligro para la ciudadanía. Nosotros le pedimos al Instituto de Patrimonio que viniera a desvincular algunos predios que ellos habían declarado patrimoniales en el gobierno de (Rafael) Correa», comentó Asán, quien asegura que no lo han citado por ese tema.
La función pública en el pasado de 43 candidatos
Esta investigación también identificó que 43 de los 90 aspirantes han ocupado cargos públicos. Los partidos con más funcionarios son ADN y SUMA, con cinco cada uno, seguidos por Amigo, la Revolución Ciudadana, y la alianza PSC-MG, con cuatro cada uno. Pachakutik, Sociedad Patriótica y Unidad Popular también tienen una representación significativa, mientras que CREO, RETO y otras organizaciones cuentan con menos representantes.
Y entre los cuadros que han ocupado un cargo público reciente están los cuatro asambleístas que buscan la reelección: Francisco Cevallos Macías y Marjorie Rosado Sánchez (ADN), Ana María Raffo Guevara (RC) y Nelly Plúas Arias (PSC-MG).
Hay candidatos que, tras su paso por la gestión pública, registran patrimonios de seis cifras; incluso, algunos superan el millón de dólares.
También hay quienes han amasado patrimonios de seis cifras; incluso, algunos superan el millón de dólares.
Por ejemplo, Fricson George Tenorio, quien destacó como futbolista en Barcelona Sporting Club, registraba 400.000 dólares de patrimonio en 2014, cuando ocupaba el cargo de concejal de Daule. Seis años después, en 2023, ese monto escaló a los 712.000. En ese año ostentaba la función de Subdirector de Desarrollo Recreacional en el municipio dauleño.
Francisco León Flores, quien fue alcalde de Salitre entre 2014 y 2019, tenía un patrimonio de 66.000 dólares. Dos años después fue elegido como asambleísta nacional y su periodo terminó con la muerte cruzada en mayo de 2023. Al dejar ese cargo, su patrimonio había subido a 436 mil dólares.
La exprefecta del Guayas, Susana González Rosado, también está en el grupo de candidatos con patrimonios abultados. Ella contaba con 1,2 millones de dólares cuando llegó a una de las concejalías de Guayaquil, en 2014. Luego, buscó la viceprefectura junto con Carlos Luis Morales, quien falleció. González suplió a Morales y, al final del mandato, en 2023, su patrimonio era de 1,3 millones de dólares.
Nelly Plúas Arias, quien ocupó el cargo de asambleísta provincial desde mayo 2021 hasta ahora (está con licencia por campaña), presentó un patrimonio de 2,7 millones de dólares en mayo de 2023. En septiembre pasado, cuando declaró su patrimonio por un cargo de docente ocasional en la Universidad de Guayaquil, su patrimonio se había reducido a 2,4 millones de dólares.
Cuestión de impuestos
El pago de impuestos es opaco en algunos candidatos. De acuerdo con el registro del SRI, 24 no han presentado las declaraciones de Impuesto a la Renta en todos los años. La organización política con más candidatos en esta situación es ADN, con cuatro postulantes.
El candidato que más declaraciones pendientes tiene es José Crespín Pacheco (CREO), con seis. Le siguen Ana Carrera Ramírez (ADN), Yolanda Vera Rivas (PSE), Isabel Alarcón Tello (Democracia Sí), Williams Sarzosa Narando (UP) y Jackson Ronquillo Frías (PSC-MG), con cuatro declaraciones no presentadas.
El SRI señala en su página web que están exentos de presentar declaración los contribuyentes domiciliados en el exterior y aquellos cuyos ingresos fueron demasiado bajos.
Además, hay cuatro candidatos que siempre han declarado cero dólares de Impuesto a la Renta, desde el 2017. Es el caso de Máxima Bravo Vargas (PSC–MG), quien ha sido asistente legal del Municipio de El Triunfo en los últimos tres años. También el de Lucy Yépez Goya (CREO), quien ha tenido varios cargos públicos como asistente del Municipio del El Triunfo, responsable de Logística del Cuerpo de Bomberos de ese mismo cantón y jefa política de la Gobernación del Guayas. Otra candidata es María Esmeraldas Oramas (Amigo), una docente pública con casi 40 años de experiencia. Completa esta lista Luis Arteaga Ludeña (Construye), quien no registra cargos públicos.
Por último, cuatro candidatos han registrado deudas menores al SRI, que no superan los 120 dólares.
Para este reportaje se buscó comentarios de ADN, Partido Socialista, Unidad Popular, Democracia Sí, entre otras tiendas políticas. Esta última organización, a través de su dirigente principal, Gustavo Larrea, justificó el hecho de que hagan falta declaraciones de impuestos de ciertos candidatos porque, dice, son personas “del pueblo, que no tienen muchos ingresos”. El resto de partidos o movimientos no contestaron.
Guayas elegirá 24 legisladores provinciales, repartidos en cuatro circunscripciones. En la circunscripción 4 compiten catorce partidos y movimientos, así como la alianza PSC-MDG.
Entre los postulantes prevalecen exasambleístas, sus alternos o sus exasesores, además de exfuncionarios públicos
MANABÍ CIRCUNSCRIPCIÓN 1
La mitad de los candidatos a asambleístas de la circunscripción 1 de Manabí ya han sido funcionarios públicos
Once de los 50 postulantes a la legislatura han tenido procesos penales.
En la circunscripción 1 de Manabí, que comprende quince cantones del norte de la provincia, 50 candidatos a asambleístas correrán por nueve tiendas políticas y una alianza. La mitad de ellos han sido funcionarios públicos. Por otro lado, una decena ha tenido procesos penales.
Además, tres actuales legisladores, que llegaron a la Asamblea Nacional después de la muerte cruzada, ahora buscan la reelección. Ellos son Lenin Barreto Zambrano, por la Revolución Ciudadana (RC, lista 5); Jaime Moreno Félix, por Construye (lista 25), y Jaminton Enrique Intriago Alcívar, por la alianza Unidos por el Desarrollo, que agrupa al Partido Social Cristiano (PSC), el movimiento Amigo y el local Cambio, lista 6-62-16.
Otros dos que dejaron la Asamblea por la muerte cruzada en mayo de 2023 también quieren regresar. Son Eitel Zambrano Ortiz por CREO (lista 21), y Guido Mendoza Andrade, por la RC.
Manabí es la tercera provincia más grande del Ecuador y en ella hay 1,3 millones de electores que, el próximo 9 de febrero, decidirán la suerte de una zona signada por la violencia: enero de 2025 ha sido el mes más violento de los últimos años.
Esta es una investigación liderada por Fundamedios, con el apoyo de la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC), en la que participaron 38 periodistas. MIL HOJAS y otros 38 medios de comunicación se han unido a la alianza para difundir la información.
Además de los exasambleístas que intentan regresar, entre los candidatos por la circunscripción 1 de Manabí hay tres asambleístas alternos, todos de la alianza Unidos por el Desarrollo (lista 6-62-16): Natalia Garzón León, Jorge Bravo Alcívar y Diego Sabando Párraga.
Más allá de los asambleístas, sus alternos o sus exasesores, entre los candidatos hay otros exfuncionarios públicos que han sido profesores universitarios y de colegio, un asistente de alcaldía, un agente tributario, una veterinaria y una tutora de asistencia domiciliaria, entre otros, según el registro de la Contraloría General del Estado.
En general, los municipios son los principales empleadores, aunque también aparecen el SRI y el Consejo Nacional Electoral.
Los cinco aspirantes de la alianza Unidos por el Desarrollo han sido funcionarios públicos. Luego sigue la RC con cuatro candidatos; y CREO, SUMA (lista 23) y ADN (lista 7), con tres cada uno.
De acuerdo con los registros de la Contraloría, una candidata de la RC labora para el Municipio de Quito y busca ser electa asambleísta por Manabí. Se trata de Bertha Vélez Vélez, que desde julio de 2024 aparece como “funcionario directivo 7” del municipio capitalino. Antes trabajaba para la Prefectura de Manabí. Su última declaración es una periódica de 2024 donde consta un patrimonio de 108.045 dólares, pero no ha hecho constar la de fin de gestión.
Los registros de la Contraloría reflejan muchas incongruencias. Hay funcionarios que presentan varias declaraciones para el mismo periodo con distintos valores. Una de ellas es María Mercedes García Bravo, analista de la Prefectura, que en una declaración periódica de 2024 señala un patrimonio de 623.337 dólares y en otra, también periódica de 2024, 10.833 dólares.
Los candidatos que han declarado mayor patrimonio, por encima de los 300 mil dólares son Jaime Moreno Félix, Jaminton Intriago Alcívar y Jorge Bravo Alcívar.
En cambio, el exasambleísta Eitel Zambrano Ortiz declaró un patrimonio negativo de 4.400 dólares en 2018 cuando dejó de trabajar en el Hospital Básico de Chone. Es decir que sus deudas superaban sus activos. Cuatro años y medio después, al dejar la Asamblea, declaró 138.501 dólares de patrimonio.
Hay 19 postulantes a la legislatura que no han cumplido con la obligación de declarar el impuesto a la renta.
Poca cultura tributaria
La cultura tributaria manabita no refleja la riqueza de la provincia. La excepción de la regla son los candidatos que pagan impuestos. Apenas siete de los 50 aspirantes han declarado impuesto a la renta con valores superiores a cero dólares durante tres años seguidos, en el periodo analizado por esta alianza periodística, que corre entre 2017 y 2023.
Ellos son: Jorge Cassis González, de Centro Democrático; Lenin Barreto Zambrano, de la RC; Eitel Zambrano Ortiz, de CREO; Marlon Vera Delgado, de SUMA; Jaime Moreno Félix, de Construye, y Jaminton Intriago Alcívar, de Unidos por el Desarrollo.
El resto ha registrado valores apenas uno o dos años seguidos; ha declarado cero dólares de impuesto a la renta la mayoría de las veces o no ha cumplido con el requisito de presentar su declaración. Este último grupo asciende a 19 aspirantes a asambleístas. Los partidos con la mayor cantidad de candidatos que no han presentado sus declaraciones son Unidad Popular (UP), con cuatro, y ADN, con tres.
El SRI señala en su página web que están exentos de presentar declaración los contribuyentes domiciliados en el exterior y aquellos cuyos ingresos fueron demasiado bajos.
Por otro lado, hay seis candidatos que no tienen registros en el SRI. Cuando se consulta su nombre aparece: El ciudadano / contribuyente no tiene información registrada en la base de datos del SRI o reportada por terceros.
Cuatro candidatos mantienen deudas con el SRI, pero ninguno debe más de 300 dólares.
Procesos por delincuencia organizada
Esta alianza periodística también analizó los procesos penales relacionados con los candidatos durante los últimos diez años y que constan en la página web de la Función Judicial. Once de los cincuenta postulantes de la circunscripción 1 de Manabí registran procesos penales.
El exalcalde de Flavio Alfaro y exasambleísta, Jaminton Enrique Intriago Alcívar (Unidos por el Desarrollo), es el candidato con más denuncias registradas en su contra. Su nombre está relacionado con casos por presuntos delitos de estafa, hurto, incumplimiento de decisiones de autoridad y fraude procesal.
Los casos de estafa y hurto fueron archivados, mientras que el proceso por presunto fraude procesal tiene una solicitud de archivo en curso. Los expedientes relacionados con el presunto incumplimiento de decisiones de autoridad, iniciados durante su gestión como alcalde de Flavio Alfaro, también fueron archivados. Uno de estos casos se originó por la falta de pago a una empleada municipal que trabajó durante dos años y denunció el incumplimiento de una compensación económica. El otro estaba relacionado con la falta de cancelación de la liquidación de un abogado.
Sin embargo, un proceso por supuesto incumplimiento de decisiones de autoridad aún sigue activo en la Corte Provincial, donde la fiscal general Diana Salazar solicitó información al respecto.
Para este artículo, esta alianza intentó obtener la versión de Intriago Alcívar, pero hasta el cierre de esta edición no ha respondido al requerimiento.
La circunscripción 1 de Manabí presenta el cuarto porcentaje más alto (22%) de candidatos que han enfrentado procesos penales en la última década.
El partido político con el mayor número de candidatos que han enfrentado demandas penales en la circunscripción 1 de Manabí es SUMA, con tres postulantes: Cecil Cedeño Buenaventura, Fabiola Saltos Moreira y Marlon Vera Delgado.
Cedeño Buenaventura enfrenta un proceso penal por presunto abigeato, lo que ha derivado en medidas cautelares como la retención de fondos y la prohibición de enajenar bienes. Fue llamada a juicio como cómplice. El caso se tramitará en Chone, donde debe presentarse periódicamente ante la justicia, según consta en una providencia emitida en enero de este año. Aunque esta alianza buscó obtener su versión para este artículo, Cedeño no accedió a dar declaraciones.
Por su parte, Saltos Moreira enfrentó una demanda por supuesta calumnia, cuya pena fue declarada en extinción tras llegar a una conciliación con el denunciante. En el caso de Vera Delgado, este enfrentó un proceso por presunta delincuencia organizada iniciado en 2022, pero dicho expediente fue finalmente archivado.
Otra candidata que tiene un llamamiento a juicio es Bertha Vélez Vélez, dentro de un proceso por presunta falsificación y uso de documento falso. La audiencia donde se escucharán las pruebas que permitan determinar si es culpable o inocente está prevista para el próximo 14 de febrero.
Este proceso se abrió en 2015, con la denuncia del representante legal de una compañía de transporte, quien apuntó que su empresa registraba un contrato público con la Dirección Distrital del MIES de Chone – Flavio Alfaro, pero que ese acuerdo no era verdadero. En esa época, Vélez era la directora de esta institución, según el expediente judicial. Ella también enfrentó una causa por presunto tráfico de influencias, pero esta fue archivada. Este equipo periodístico la contactó, pero no respondió.
MANABÍ CIRCUNSCRIPCIÓN 2
14 candidatos a asambleístas de la circunscripción 2 de Manabí han enfrentado procesos penales
La mitad de los postulantes a la legislatura han ejercido anteriormente cargos públicos y algunos han incrementado su patrimonio siendo funcionarios.
En las elecciones del próximo 9 de febrero, la circunscripción 2 de la provincia de Manabí elegirá a cinco asambleístas de un total de 75 postulantes. De estos, 14 han enfrentado procesos penales, entre los que se cuentan los presuntos delitos de estafa y peculado.
La circunscripción 2 de Manabí comprende siete cantones, incluyendo los dos más poblados de la provincia, la capital, Portoviejo, y el cantón Manta. Se han inscrito doce tiendas políticas y tres alianzas.
El Movimiento PID (lista 4) es la organización política que postula en esta circunscripción la mayor cantidad de aspirantes que han enfrentado procesos penales. Las hermanas Gabriela y Ana Flecher Vélez registran demandas por presuntas usurpación y estafa.
En el caso de Gabriela Flecher. La causa por presunta usurpación se abrió por pedido de una compañía inmobiliaria en el año 2021 y no fue admitida, y el caso por presunta estafa fue producto de la venta de terrenos que, supuestamente, no le pertenecían por más de 34 mil dólares en 2019.
Estos dos procesos están relacionados y en uno de ellos obtuvo una sentencia ratificatoria de inocencia emitida por el Tribunal de Garantías Penales de Manta. La defensa de Gabriela Flecher declaró que ella “no causó el perjuicio” y que tenía un contrato de corretaje a nombre de una tercera persona.
Mientras que Ana Flecher fue procesada por presunta usurpación debido a una querella de la misma compañía inmobiliaria, pero finalmente, una sala de la Corte Provincial de Justicia la declaró inocente.
Las hermanas Flecher comparten la lista con Amado Cevallos Carranza, quien tiene dos cédulas de identidad. Con una de ellas registra un proceso por presunta falsificación de documentos públicos y, con la otra, una boleta de detención vigente.
Aunque ambos casos, de 2019, aparecen archivados, se buscó la versión de Cevallos desde diciembre pasado, pero no hubo respuesta hasta el cierre de este artículo.
Por otro lado, Wilver Arteaga Palacios, de la alianza Camino Manabita, registra procesos por supuesto tráfico de influencias en 2020 y presunto peculado en 2023. Camino Manabita, lista 6-62, está integrada por el Partido Social Cristiano (PSC) y el Movimiento Cambio.
En el primer proceso contra Arteaga, el ahora aspirante fue sobreseído. En el segundo, generado durante su ejercicio como alcalde de Montecristi, la Fiscalía formuló cargos en su contra, pero le levantaron la medida cautelar de presentación periódica ante la autoridad debido al proceso electoral, aunque mantiene la prohibición de salida del país. Por su candidatura, el proceso se encuentra suspendido.
Según la Fiscalía, existiría un perjuicio económico al Estado de 687.726 dólares. Esta alianza periodística buscó la versión de Arteaga vía telefónica, pero no respondió al requerimiento.
Carlos Pazmiño Zamora, de Centro Democrático (lista 1), enfrentó un proceso por el presunto delito de paralizar un servicio público, que fue archivado en investigación previa. Y a Adriana Cañizares Falconí, del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE, lista 17), se le archivó un proceso por supuesto fraude electoral en 2023.
El Movimiento PID presenta la mayor cantidad de candidatos que han enfrentado procesos penales. Luego están: Alianza Camino Manabita (PSC y Movimiento Cambio), Centro Democrático y PSE
Esta es una investigación liderada por Fundamedios, con el apoyo de la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC), en la que participaron 38 periodistas. MIL HOJAS y otros 38 medios de comunicación se han unido a la alianza para difundir la información.
Pocas declaraciones de IR
Un tercio de los 75 candidatos a asambleístas por la circunscripción 2 de Manabí no ha cumplido con el requerimiento de presentar sus declaraciones de impuesto a la renta (IR), durante los últimos siete años (2017-2023).
El partido con mayor número de candidatos que no han presentado estas declaraciones es el movimiento Democracia Sí, lista 20. Cinco de sus postulantes no han cumplido con ese requerimiento. Entre ellos está Leonardo Alcívar Viteri (Democracia Sí), quien además es el único postulante que ha registrado una deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI), por 951 dólares.
Los postulantes que en más ocasiones han incumplido con la obligación de declarar su IR son Mery Zamora García, de Unidad Popular (UP), con cuatro años sin declaraciones y Ana Fletcher Vélez, del PID, también con cuatro.
El SRI señala en su página web que están exentos de presentar declaración los contribuyentes domiciliados en el exterior y aquellos cuyos ingresos fueron demasiado bajos.
Al igual que en la circunscripción 1 de la provincia, son muy pocos los candidatos que sí presentan declaraciones de impuesto a la renta con valores por encima de los cero dólares durante tres años seguidos. En la circunscripción 2 son diez de un total de 75 aspirantes.
Por otro lado, 16 de los candidatos no registran información en el sistema del SRI. Junto a su nombre el sistema señala: El ciudadano / contribuyente no tiene información registrada en la base de datos del SRI o reportada por terceros.
En esta circunscripción, cinco asambleístas buscan su reelección. Entre ellos, la actual asambleísta nacional Valentina Centeno Arteaga, del oficialista Acción Democrática Nacional (ADN, lista 7); Carlos Vera Mora, de Camino Manabita, y Adriana García Mejía (ex Construye), por la alianza Por la Seguridad y el Bienestar de los Manabitas, conformada por Avanza y Machete, lista 8-61.
La Revolución Ciudadana (RC), que conformó alianza con el movimiento Sí Podemos (lista 5-72), postuló a la reelección a Fernando Cedeño Rivadeneira y María Gabriela Molina Menéndez.
Además de los asambleístas que buscan la reelección, hay otros 33 postulantes que han sido funcionarios públicos, en total son 38, prácticamente la mitad, según los registros de la Contraloría General del Estado.
El partido con mayor cantidad de candidatos con experiencia como funcionarios es el Movimiento Creando Oportunidades (CREO), con cinco candidatos. El Partido Unidad Popular (UP) y la RC pusieron en la papeleta a cuatro exfuncionarios.
Entre los funcionarios públicos destacan los exalcaldes de Portoviejo Ervin Gonzalo Valdiviezo Solórzano, por Amigo, y el de Montecristi Wilver Arteaga Palacios, por Camino Manabita. Así como dos exconcejales de Manta que corren por partidos distintos: Víctor Chiriboga Erazo, por Centro Democrático, y Diego Franco Hanze, 12por ADN. También están por CREO, la expresidente del directorio de Autoridad Portuaria, Jessika Guadamud Carreño, y el exprosecretario relator de la Asamblea Nacional, Jhon Becker Argandoña Mejía.
Hay casos de candidatos con aumentos importantes en sus patrimonios luego de haber ejercido cargos públicos, como el de un exdirector de la cárcel de El Rodeo que llegó a declarar hasta 1,4 millones de dólares
En la lista también consta Jorge Aguilar Granda, por el Partido Sociedad Patriótica (PSP, lista 3), exdirector de la cárcel de El Rodeo en el año 2021. En su declaración periódica a la Contraloría, declaró ese mismo año un patrimonio de 1,4 millones de dólares. No ha presentado declaración de fin de gestión.
Otro candidato con un registro de patrimonio alto es Fernando Cedeño Rivadeneira, quien antes de ser asambleísta fue procurador general de la Universidad Técnica de Manabí y miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que llegó a presidir en 2014. En 2017, Cedeño declaró un patrimonio de 753.868 dólares. Sin embargo, en su última declaración periódica presentada en 2024, su patrimonio disminuyó a 120.066 dólares, según los registros de la Contraloría.
El exconcejal de Manta, Chiriboga Erazo declaró un patrimonio de 512.447 dólares cuando asumió en mayo de 2023, en tanto que en su última declaración periódica de 2024 registró un patrimonio de 660.426, es decir un incremento de más de 140 mil dólares.
Mientras que Guadamud Carreño declaró un patrimonio de 115.012 dólares en 2021 cuando asumió la presidencia de Autoridad Portuaria de Manta y dos años después registró 203.000 dólares.
Al contrario, hay dos aspirantes que han declarado patrimonio negativo siendo funcionarios públicos, es decir que sus deudas superaban a sus activos. Ellos son Marcela Cruz Basurto (ID), que fue directora de Tránsito del cantón Manta y declaró un patrimonio de -164.725 en 2019 y Rafael Alonzo Dumes (UP), que como docente de la Coordinación zonal de Educación registró un patrimonio de -235.792 dólares en su declaración periódica de 2024.
Seis de los postulantes han estado relacionados en procesos judiciales, la mayoría archivados por falta de pruebas.
De los 18 candidatos a asambleístas provinciales por Pastaza, trece han sido funcionarios públicos. De ellos, dos han registrado incrementos patrimoniales significativos. A pesar de que cuatro de estos aspirantes se destacan por poseer los patrimonios más altos, sus aportes al impuesto a la renta son prácticamente inexistentes.
Uno de los casos más llamativos por el incremento de patrimonio es el de Raúl Valverde Gallardo, candidato del movimiento Integración, Progreso y Cambio (MIPC, lista 62).
Valverde, de 67 años, ha ocupado cargos públicos en tres ocasiones, según los registros de la Contraloría General del Estado. En 2015, se desempeñó como médico veterinario del Municipio de Pastaza, periodo en el que su patrimonio superaba el medio millón de dólares. Tres años después, en 2018, su patrimonio aumentó en un 193%, alcanzando más de 1,5 millones de dólares.
Según su última declaración juramentada presentada a la Contraloría en 2022, cuando dejó el cargo de administrador del camal municipal, su patrimonio se ubicó en 1,4 millones de dólares.
En cambio, Marivel del Rocío Bravo, candidata por la alianza Unidos por el Progreso (listas 6-61, del PSC y Unidos por Pastaza) es la única aspirante que registra un patrimonio negativo. Lo que significa que tiene más deudas que bienes y activos.
Otro caso es el de Polo Lascano Díaz, también de la alianza Unidos por el Progreso, quien ha ocupado cargos públicos en tres ocasiones, según los registros de la Contraloría.
En el 2021 y por casi mes y medio (entre inicios de abril y finales de mayo), Lascano fue docente en la Universidad Estatal Amazónica. Posteriormente, fue designado gobernador de Pastaza por el entonces presidente Guillermo Lasso, cargo que desempeñó durante un año, hasta junio de 2022. En septiembre de 2024, ejerció como asesor en la Asamblea Nacional por un periodo de diez días.
Entre su primer y último cargo público —tres años en total—, el patrimonio de Lascano experimentó un aumento del 70%. El incremento más significativo sucedió entre 2022 y 2024, cuando su patrimonio pasó de más de 68.300 dólares a más de 118.600 dólares.
Una de las candidatas con mayor patrimonio y cargos en la administración pública es Deysy Ortiz Durán, de la alianza Revolución Ciudadana (RC-RETO, listas 5-33). Según los registros de la Contraloría, Ortiz inició su carrera en el sector público en mayo de 2019 y continuó hasta agosto de 2024. Actualmente, su patrimonio asciende a casi 250.000 dólares.
María Cristina Acuña, candidata oficialista por la alianza ADN-Semilla (listas 7-63) y esposa del actual prefecto de Pastaza, declaró un patrimonio de casi 182.000 dólares. A lo largo de su trayectoria, Acuña ha ejercido un único cargo público: el de presidenta del Patronato Provincial de Pastaza, posición que ocupó desde mayo de 2023 hasta julio de 2024.
Otros candidatos que han ejercido cargos en la función pública son: José Luis Nango y Jeimy Pozo Morillo, de Pachakutik; Karol Barona Sánchez, de Amigo; Raúl Tello, de SUMA; Rosa Valencia, del MIPC; César Andino, de ADN-Semilla; Diana Bermeo y Sebastián Ochoa, de CREO. Este último se desempeña desde el 2023 como Teniente Político de la parroquia Tarqui.
Esta es una investigación liderada por Fundamedios, con el apoyo de la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC), en la que participaron 38 periodistas. MIL HOJAS y otros 37 medios de comunicación se han unido a la alianza para difundir la información.
El 28% de los candidatos a asambleístas por Pastaza consta en los registros de la función judicial como involucrados en procesos penales
Alto patrimonio, bajo pago de impuesto a la renta
En el caso del candidato Valverde, del MIPC, que en cuatro años tuvo un significativo crecimiento patrimonial, los registros del Servicio de Rentas Internas (SRI) muestran que Valverde solo ha declarado valores de impuesto a la renta en dos ocasiones desde 2017: en ese año, registró apenas 23,92 dólares y, en 2020, señaló 130,65 dólares. Las demás declaraciones han sido en cero.
Algo similar sucede con el postulante Lascano, de la alianza Unidos por el Progreso, quien, según el SRI, entre 2017 y 2023, declaró valores solo en cuatro de los siete años. El más alto fue en 2022, con 862,54 dólares, y el más bajo en 2019, con 51,78 dólares.
La candidata de RC-RETO Ortiz Durán registra desde 2017 un promedio de declaración anual del impuesto a la renta de 1.475 dólares, aunque en 2020 declaró en cero y en 2021 su declaración fue apenas de cuatro centavos.
Todos los candidatos menores de 30 años no registran declaración del impuesto a la renta o han declarado cero dólares. Se trata de Esteban Chávez (26 años) y Jennifer Jiménez (22 años), de Unidad Popular; Karol Baraona Sánchez (29 años), de AMIGO; Jeimy Pozo Morillo (27 años), de Pachakutik; Sebastián Ochoa (24 años), de CREO; César Andino (29 años), de ADN-Semilla.
La aspirante por SUMA Sarbelia Toqueton, de 39 años, también ha declarado cero dólares de IR, según el SRI. En cambio, el candidato José Luis Jiménez, de SUMA, desde 2017 hasta 2022, no ha presentado la declaración del impuesto a la renta.
El SRI señala en su página web que están exentos de presentar declaración los contribuyentes domiciliados en el exterior y aquellos cuyos ingresos fueron demasiado bajos.
Ninguno de los 18 candidatos tiene deudas con el SRI, según la información pública de la entidad.
Procesos penales de los candidatos
Cinco de los 18 candidatos han sido investigados o constan dentro de causas por el presunto cometimiento de delitos. En casi todos los casos, los procesos han terminado en el archivo de las causas tras la etapa de investigación previa por falta de elementos probatorios.
Pastaza es la provincia con el segundo porcentaje más alto de aspirantes a asambleístas a quienes les han iniciado procesos penales en su contra. Cohecho, negligencia, abuso de confianza e intimidación figuran entre los supuestos delitos de los que se les ha acusado.
Por supuestos delitos de cohecho y negligencia en el manejo de documentos fue investigado un postulante a la Asamblea, mientras se desempeñó como funcionario de la Fiscalía y luego en el Consejo de la Judicatura.
José Luis Nango, de Pachakutik, fue procesado por el presunto delito de cohecho en el 2016, mientras se desempeñaba como secretario en la Fiscalía de Napo. El caso fue archivado en el 2017. No obstante, la más reciente acción registrada en el Satje por este proceso data de diciembre de 2024, cuando un juez de la Unidad Multicompetente de Quijos dispuso “la desactivación / ocultamiento” del proceso porque “se encuentra concluido por archivo de la indagación previa”. Esto, como respuesta a la solicitud presentada por Nango en noviembre del año pasado, amparado en el reglamento para el tratamiento de datos personales.
Nango también consta entre los investigados previamente por el presunto delito de negligencia en el manejo de documentos procesales. La causa fue ingresada en agosto de 2020, un año y siete meses después de que Nango fuera delegado provincial del Consejo de la Judicatura de Pastaza. El proceso fue archivado.
En el 2017, la candidata Diana Bermeo, de CREO, fue procesada por el presunto delito de calumnias, según el Satje. El querellante aseguraba que Bermeo habría causado daños a su honor y reputación durante una diligencia judicial relacionada con un proceso de reivindicación de tierras. El tribunal concluyó que las expresiones atribuidas a Bermeo no cumplían con los elementos necesarios para configurar el delito de calumnia: no se demostró que hubiera una imputación falsa de un delito concreto ni se estableció el dolo o intención de causar daño al honor del querellante. Además, la evidencia presentada fue considerada insuficiente. El juez de primera instancia ratificó el estado de inocencia de Bermeo.
Esta decisión fue convalidada en apelación por la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Pastaza. Bermeo tiene otra investigación archivada porque la Fiscalía concluyó que no existían pruebas suficientes para formular cargos en su contra. El juez encargado del caso aceptó la solicitud del fiscal el 5 de diciembre de 2024.
En cambio, José Luis Jiménez, candidato por Amigo, fue acusado en 2019 por el presunto delito de abuso de confianza. Los documentos disponibles en el Satje no detallan los hechos que originaron la acusación, pero en ellos consta que el proceso no avanzó a la formulación de cargos porque la Fiscalía declaró que no contaba con pruebas suficientes en ese momento para sustentar una imputación penalmente relevante.
Sarbelia Toquetón, de SUMA, y su hermano fueron denunciados en abril de 2024 por el presunto delito de intimidación. Tras la investigación previa, la Fiscalía pidió el archivo de la causa porque no hubo elementos para establecer indicios claros sobre la existencia del delito. En mayo de 2024, una magistrada aceptó el pedido de la Fiscalía y archivó el caso.
En cambio, Polo Lascano, de la alianza Unidos por el Progreso, consta en dos causas que fueron archivadas tras la investigación previa, en junio y noviembre de 2015: una por supuesto delito de robo y otra por supuesta intimidación.
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De los 18 candidatos a asambleístas provinciales por Pastaza, trece han sido funcionarios públicos. De ellos, dos han registrado incrementos patrimoniales significativos. A pesar de que cuatro de estos aspirantes se destacan por poseer los patrimonios más altos, sus aportes al impuesto a la renta son prácticamente inexistentes.