Un arma hallada en el domicilio, suplantación de identidad e investigaciones por presunta comercialización de pornografía constan en las denuncias y procesos que relacionan a varios de los candidatos a asambleístas por Santo Domingo.

Catorce de los 60 postulantes a asambleístas en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas registran procesos o denuncias penales en los últimos diez años, es decir casi una cuarta parte. De estos, seis han ocupado o actualmente ocupan cargos en la función pública.

En esta boleta electoral también constan tres candidatos que ganaron su curul en noviembre de 2023, a raíz de las nuevas elecciones por la muerte cruzada, y ahora buscan la reelección. Ellos son: la actual presidente de la Asamblea, Viviana Veloz Ramírez, por la Revolución Ciudadana (RC), lista 5; Jadira Bayas Uriarte, por Acción Democrática Nacional (ADN), lista 7, y Amy Gende Córdova, de Construye, lista 25.

Una cuarta, Amada Ortiz Olaya, llegó a la Asamblea en 2021 por la Izquierda Democrática y ahora es candidata por el Movimiento Pueblo Igualdad Democracia (PID), lista 4.

Con procesos penales

Entre los candidatos a asambleísta que enfrentaron procesos penales en esta última década, Víctor Hugo Moya Atiencia, de Amigo, lista 16, registra dos casos: el uno, en 2015, por presunta extorsión, en el que fue declarado inocente; y el otro, por tenencia y porte de armas, en el que fue sentenciado como culpable.

En el primero, fue acusado por un ciudadano de supuestamente formar parte de un grupo que ofrecía préstamos y hacía llamadas extorsivas. El juez a cargo declaró la existencia del delito y halló responsable a uno de los acusados, y declaró a Moya inocente, por no existir acusación fiscal en su contra. En ese proceso, el denunciante dijo que en las llamadas extorsivas se mencionó dinero proveniente de bandas delictivas internacionales.

Al año siguiente, un juez penal le dictó sentencia condenatoria en su contra, por haberse hallado en su domicilio, durante un allanamiento policial, un revólver calibre 38, del que no poseía el permiso. El juez levantó la pena privativa de libertad, que inicialmente le había impuesto, para que cumpla la pena en libertad, realice trabajo comunitario y pague una multa. Tras hacerlo, la pena quedó extinta.

Moya, que ocupó el cargo de director del Consejo de la Judicatura de Santo Domingo de los Tsáchilas entre 2022 y 2023 también fue mencionado dentro de los casos Metástasis y Plaga, por, presuntamente, haber llegado a la dirección del Consejo de la Judicatura de Santo Domingo de los Tsáchilas gracias a un pago de 30.000 dólares financiados por Christian Romero Moya, a quien se identificaba como su primo; y por haber suspendido una sanción disciplinaria contra el exjuez Ángel Lindao, quien liberó bienes del narcotraficante Leandro Norero.

Christian Romero era uno de los abogados de Norero, y fue también parte de la defensa del exvicepresidente Jorge Glas. Moya también fue director distrital de Educación, entre mayo y agosto de 2023.

Sobre estos temas, Moya fue consultado por esta alianza periodística vía correo electrónico, que respondió vía mensaje de WhatsApp. Sobre la denuncia de 2015, Moya relató que “cuando terminaba sus estudios de abogado, un vecino del sector lo contactó para que le ayudara cobrando un dinero. Realicé la llamada y en los mejores términos solicité que paguen el dinero.. ..pero, oh sorpresa, había este ciudadano denunciado por extorsión”, afirmó.Al referirse al segundo caso, dijo que “se trató de un allanamiento injusto y erróneo” pero reconoció que sí tenía el arma en su casa “por seguridad… porque, días atrás, por tres ocasiones entraron a robar a mi domicilio… inclusive existía la llamada al 911”.

Sobre las menciones en los casos Metástasis y Plaga, señaló: “Lo que pasó es que no accedí a la pretensión de quien hizo la declaración, como tampoco le di contratos que exigía para sus familiares (…). Jamás he pedido ni me han ofrecido bien alguno” y aclaró que él no tiene vínculo familiar con Christian Romero.

Otro de los candidatos, Antonio Añasco Toral, de CREO, lista 21, quien fue candidato a concejal de Santo Domingo por el Partido Social Cristiano en 2023, fue detenido en 2019 y acusado por el supuesto delito de suplantación de identidad. Según el proceso, tras haber dictado prisión preventiva en su contra, el juez sustituyó la prisión por medidas cautelares y, posteriormente, por un acuerdo de conciliación, pidió disculpas públicas a la víctima y le pagó 650 dólares como reparación del daño.

Por otro lado, el candidato Marco Calderón Vega, de la Izquierda Democrática, lista 12, fue hallado culpable en 2016 del delito de ataque o resistencia a la autoridad, en sentencia de primera instancia. Calderón fue detenido por policías cuando circulaba a alta velocidad por la ciudad, y estos lo acusaron de haberlos atacado con insultos y amenazas, así como de agredir físicamente a uno de ellos con el vehículo que manejaba.

El juez que conoció la causa le impuso cuatro meses de cárcel y una multa, pero en la apelación se le dispuso otras medidas, entre esas, que se presente periódicamente ante el Fiscal, se someta a tratamiento psicológico, ejerza trabajo u oficio y no reincida durante el tiempo que le restaba para completar la pena.

Calderón Vega también aparece como denunciado en otros dos casos, que fueron archivados.

Otros procesos en los que varios postulantes por esta provincia constan como denunciados fueron archivados en etapa de indagación previa, debido a que los fiscales se abstuvieron de acusarlos por falta de pruebas. Algunos de estos casos fueron por supuestos delitos de tenencia de armas, comercialización de pornografía con utilización de menores, falsificación, uso doloso de documentos falsos y venta y producción de material para la falsificación de dinero.

Hasta el cierre de esta edición, los candidatos Añasco Toral y Calderón Vega no respondieron nuestra solicitud de una versión sobre el tema.

Esta es una investigación liderada por Fundamedios, con el apoyo de la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC), en la que participaron 38 periodistas. MIL HOJAS y otros 37 medios de comunicación se han unido a la alianza para difundir la información.

Sin declaraciones de impuestos

Según información del sitio web del Servicio de Rentas Internas (SRI), 24 de los 60 candidatos a la Asamblea Nacional por esta provincia registran al menos un período en el que no presentaron su declaración al impuesto a la renta, entre 2017 y 2023.

El SRI señala en su página web que están exentos de presentar declaración los contribuyentes domiciliados en el exterior y aquellos cuyos ingresos fueron demasiado bajos.

Por otro lado, hay siete aspirantes que no están registrados como contribuyentes de este impuesto en la base de datos del SRI.

En el movimiento Amigo, el incumplimiento de este requerimiento es más notorio: tres de los cuatro candidatos de esta lista, según la base de datos del SRI, no presentaron las declaraciones respectivas. Solo el candidato Víctor Moya Atiencia lo hizo, declarando un pago de cero impuesto a la renta entre los años 2017 y 2022 (en 2020 no aparece como contribuyente), mientras que en 2023 reportó el pago de 196 dólares.

En diversos partidos hay candidatos que no han declarado en ninguno de esos años. Así, en esa base de datos, la frase “La Declaración de Renta no ha sido presentada” acompaña a los nombres de candidatas como Shakira Sangoquiza Pazmiño, de RETO, y Lizardo Suárez Mogro, de Democracia Sí.

Otros, como los candidatos Andrea Kelly Robayo Zambrano, de Amigo, y Francisco Javid Saavedra García, sólo las presentaron en un período y declararon cero dólares.

El pago de cero impuesto a la renta es una constante en los candidatos de esta provincia. Así, por ejemplo, del partido Unidad Popular, los dos candidatos que cumplieron con la presentación de la declaración de su impuesto a la renta indicaron  cero en todos los períodos; otro candidato de esa lista no declaró en un período, y los otros años declaró un impuesto de cero dólares; mientras que el cuarto no está registrado como contribuyente.

En la lista de ADN constan José Vera Torres y Christopher Jaramillo Gómez con declaraciones de cero dólares en todos los años presentados.

Por otro lado, cuatro candidatos de esta provincia registran deudas en firme con el Servicio de Rentas Internas, la más alta la tiene Antonio Añasco Toral, por 2.342,36 dólares.

Patrimonios fluctuantes

De los 60 candidatos que compiten por las cuatro curules, 23 han sido funcionarios públicos, según los registros de la Contraloría General del Estado.

Tres candidatos registran patrimonios superiores a los 200 mil dólares. Una de ellas es Jadira Bayas (ADN), a quien intentaron secuestrar en Guayaquil a mediados de enero. Fue liberada por la Unase a las pocas horas.

Le siguen Édgar Benítez Calva, quien se postula por la Alianza Alternativa, lista 6-63, con un valor de 341.408 dólares, al finalizar su gestión como Prefecto de esta provincia, durante el período 2014-2018.

Édgar Benítez Calva es uno de los políticos con más amplia trayectoria de la joven provincia. Actualmente, es asambleísta de Santo Domingo por la alianza provincial del Partido Social Cristiano (PSC) y el Movimiento Positivo. De la mano de Alianza País (ahora RC) se convirtió en el primer prefecto que tuvo Santo Domingo de los Tsáchilas, en 2008. Fue reelegido en 2009 y en 2014.

Le sigue Rafael Sánchez Espinosa, del partido Avanza, lista 8, que experimentó cambios notables en su patrimonio en los últimos años. En 2019, al finalizar el cargo de Comisario Segundo de Policía, que cumplió desde enero de 2018, señaló un valor en negativo de 16.510 dólares; mientras, en julio de 2024, al dejar la delegación provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas de la Defensoría del Pueblo, que tuvo desde julio de 2023, declaró un valor patrimonial de 238.942 dólares.

Entre los postulantes que han tenido cargos públicos, tres declararon un patrimonio de cero dólares, cuando culminaron sus períodos de servicio.

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Nota de la redacción: En la información de los asambleístas de cada provincia, Mil Hojas destacará seis de aquellas donde hay un número importante de candidatos involucrados en causas penales, como son: Zamora Chinchipe, con el 36% de sus aspirantes; Pastaza, con el 28%; Santo Domingo de los Tsáchilas, con el 23%; las circunscripciones 1 y 2 de Manabí, con el 22% y el 19% en su orden. Y por supuesto las provincias con mayor peso electoral: Guayas y Pichincha.

La mayoría de postulantes tiene trayectoria en el sector público. Cuatro no han presentado todas sus declaraciones tributarias.

En Zamora Chinchipe, con un padrón de 92.069 votantes, 22 candidatos de 11 organizaciones políticas compiten por dos curules en la Asamblea Nacional.

En el análisis de procesos judiciales en los que aparecen los postulantes a la legislatura a nivel nacional, esta provincia amazónica destaca con el más alto porcentaje de candidatos con procesos penales iniciados en su contra, pues constan en quince casos tramitados en la última década. Las denuncias, que abarcan delitos como ocupación ilegal de tierras, peculado, estafa, hurto y demás, señalan a ocho postulantes. Sin embargo, ninguno fue encontrado culpable, pues todos los casos fueron archivados o declarados prescritos.

Asimismo, cuatro candidatos no han presentado todas sus declaraciones de impuesto a la renta, según los registros del Servicio de Rentas Internas (SRI); y tres constan como deudores tributarios, aunque con valores bajos.

Esta es una investigación liderada por Fundamedios, con el apoyo de la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC), en la que participaron 38 periodistas. MIL HOJAS y otros 37 medios de comunicación se han unido a la alianza para difundir la información.

Víctor Cueva Rojas, candidato de la Alianza Fuerza, Frente de Unidad por la Equidad y Renovación (listas 2-1), fue denunciado en 2013 por presunto peculado, cuando se desempeñaba como viceprefecto de Zamora Chinchipe, junto al líder indígena y entonces prefecto Salvador Quishpe (PK).

El caso avanzó con una investigación previa iniciada en marzo de 2013, y el 16 de julio de 2015 se dio inicio formal a la instrucción fiscal, que los acusaba de irregularidades en proyectos de infraestructura vial. Las denuncias, respaldadas por un informe de la Contraloría General del Estado y presentadas por la Fiscalía, señalaron supuestos incumplimientos en procedimientos administrativos y posibles sobrecostos en las obras.

El caso concluyó con la prescripción, el 21 de marzo de 2022, al determinarse que habían transcurrido más de cinco años desde el inicio de la causa sin que se dictara una sentencia. Esta decisión cerró el proceso judicial y exoneró a Cueva y Quishpe de responsabilidad penal, dejando sin resolver en juicio la determinación de culpabilidad o inocencia. Fundamedios consultó a Cueva sobre este proceso, pero no hubo respuesta.

También consta el caso de Sheny Meza Ochoa, del Partido Sociedad Unida Más Acción (SUMA), lista 23. Ella tuvo tres investigaciones archivadas. La primera, en 2023, por supuesta estafa, concluyó al no contar con la colaboración de la denunciante.

En otra denuncia también por presunta estafa, la Fiscalía concluyó que no había pruebas suficientes. Finalmente, en 2024, un caso relacionado con un supuesto uso indebido de documentos también fue archivado tras confirmar que Meza resolvió el conflicto con la denunciante. Fundamedios contactó a la candidata para tratar sobre estos procesos, pero no hubo respuesta.

Miriam Zamareño Pérez, del Partido Sociedad Patriótica (PSP), lista 3, enfrentó dos denuncias. La primera, en 2017, fue por presunto tráfico de tierras. La investigación concluyó tras dos años sin encontrar pruebas que le permitieran a la Fiscalía formular cargos. El juez determinó que el caso debía resolverse en la vía civil.

En 2024, Zamareño tuvo una segunda denuncia por presunta tentativa de asesinato. El incidente, ocurrido en el barrio El Pincho, en Yantzaza, involucró agresiones en un conflicto de tierras en el marco de un escándalo público que incluso requirió de intervención policial. La Fiscalía determinó que no había elementos para configurar un delito penal y remitió el caso a la vía civil. Fundamedios consultó a Zamareño sobre estos procesos, pero no hubo respuesta.

Otros casos incluyeron a Glenda Quezada Sarmiento, de la Revolución Ciudadana (RC), lista 5, y un socio suyo. Ambos fueron denunciados por supuestos hurto y abuso de confianza. Tras las investigaciones, la Fiscalía concluyó que no existían delitos y archivó ambos casos.

Consultada al respecto, Quezada defendió su inocencia y profirió una advertencia: “Son procesos que ya están archivados porque se demostró mi inocencia y no pasó de indagación previa. Pero me llama la atención que solo saquen los procesos que existieron y no se trate de dar a conocer a una figura como candidato en todos sus aspectos. No puedo dar más información, pero estaré atenta, para mí, al intento de acoso hacia mi persona. Estaré pendiente con mis asesores legales”.

Esperanza del Cisne Rogel, del oficialista Movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), lista 7, enfrentó dos procesos. El primero en 2019, por presunto ejercicio ilegal de la profesión, se archivó tras concluir que Rogel no actuó como abogada, como sostenía la denuncia, sino como representante de su comunidad.

En 2023, fue investigada por supuesto peculado como comisaria municipal de Yantzaza, pero la Fiscalía concluyó que no había pruebas que la vincularan al delito, archivando también este caso.

Édgar Jumbo Pineda, también de SUMA, enfrentó dos procesos, que fueron archivados. Uno, en 2021, por presunta falsificación de documentos, y otro, en 2024, por supuesta violencia psicológica, ambos cerrados por falta de pruebas y la no colaboración de los denunciantes.

Alcíbar Lupercio Sarango, del Movimiento Acción y Servicio (MAS), afrontó denuncias por presuntos violación a la intimidad y perjurio, en 2015 y 2022. En los dos casos, la Fiscalía determinó que no existían elementos para formular cargos y archivó las investigaciones. Él se ha desempeñado como asesor parlamentario y ahora busca ocupar directamente un curul.

Para contrastar sus versiones, se intentó contactar a los candidatos mencionados, pero ninguno concedió entrevistas ni respondió a las solicitudes.

Incrementos de patrimonios y obligaciones tributarias

El exasambleísta Diego Esparza Aguirre, candidato del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), incrementó su patrimonio de 7.450 dólares a USD 78.700, entre 2018 y 2021, de acuerdo con sus declaraciones juradas presentadas a la Contraloría General del Estado. En los años mencionados, pasó de trabajar como técnico territorial y analista en el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, a ser electo asambleísta. Es el único candidato que busca la reelección. Dejó su curul tras la muerte cruzada ordenada por el expresidente Guillermo Lasso.

En contraste, hay candidatos cuyo patrimonio ha disminuido. Un caso que salta a la vista es el de Wilson Uday Patiño (Nuevo Horizonte), que en 2017 declaró 1’341.380 dólares, cuando trabajaba en el Municipio de Yantzaza; y en 2024, como jefe político de Zamora Chinchipe, registró un patrimonio de 1.020 dólares. Básicamente, todos los bienes inmuebles que había señalado anteriormente ya no constan en su última declaración.

De los 22 candidatos, 14 han ocupado cargos públicos. Cada una de las once organizaciones políticas presenta a dos candidatos en esta provincia. De estas, Amigo (lista 16) y el Partido Sociedad Patriótica (PSP, lista 3) postularon candidatos sin ninguna experiencia en el sector público, contrario a ADN (lista 7), MAS (lista 63) y Nuevo Horizonte (lista 21-25), donde todos tienen ese tipo de historial laboral. En todos los demás movimientos hay un candidato con y otro sin trayectoria en la burocracia.

Además del exasambleísta Diego Esparza y del exasesor parlamentario Alcíbar Lupercio, hay otra candidata que también ha trabajado en la Asamblea Nacional. Janeth Macas Mendoza (PSE) busca pasar del servicio legislativo a la representación política.

En cuanto a las obligaciones con el Servicio de Rentas Internas (SRI), cuatro candidatos no han presentado al menos una declaración del impuesto a la renta en los últimos años: Sheny Meza (SUMA), en 2021 y 2023; Héctor Valladarez (RC), en 2022; Eldi Quiñonez (Fuerza), en 2020; y Esperanza Del Cisne Rogel, en 2018.

El SRI señala en su página web que están exentos de presentar declaración los contribuyentes domiciliados en el exterior y aquellos cuyos ingresos fueron demasiado bajos.

El candidato que más alto declaró este impuesto fue Diego Esparza (PSE), en 2022, con 6.684 dólares. Mientras que Wilson Unday y Narciza Orellana, ambos de Nuevo Horizonte, declararon en 2022 un impuesto a la renta de 1.015 y 1.076 dólares, respectivamente.

Por otro lado, tres candidatos registran deudas con el SRI, con valores por debajo de los 60 dólares.

En esta provincia, que tiene una basta región fronteriza y megadiversa, los motores del desarrollo económico, así como los principales problemas sociales, están estrechamente ligados a la actividad minera.

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Desde el caso Metástasis hasta las deudas de la madre del Presidente, pasando por moras tributarias y patrimonios fluctuantes, aparecen en esta radiografía a los candidatos.

Con el llamado a juicio por el caso Metástasis, el público se enteró de que uno de los acusados no podría ser procesado porque era aspirante a asambleísta nacional en estas elecciones de 2025. Se trata de Armando Flor Izaguirre, quien ya se había inscrito como candidato por el partido Pueblo Igualdad Democracia (PID).

Este no es el único caso. Otros candidatos de las listas nacionales también tienen procesos judiciales activos y, por mandato del Código de la Democracia, pueden acogerse a la inmunidad temporal que les otorga la ley.

Entre ellos: Álex Bósquez Cáceres (PSP) y Sergio Peña Veloz (RC-RETO), según el archivo digital de la Función Judicial, con corte a diciembre de 2024.

De acuerdo con el artículo 108 de este Código, “las candidatas y candidatos no podrán ser privados de la libertad ni procesados penalmente desde el momento de la calificación hasta la proclamación de resultados ni enjuiciados, salvo los casos de delito flagrante, delitos sexuales, violencia de género e intrafamiliar”.

Una vez proclamados los resultados, dispone la norma, los procesos penales en su contra podrán reactivarse, pero los asambleístas gozarán de fuero de corte nacional.

Además de estos tres casos hay un cuarto activo abierto por calumnia. Otros 14 candidatos tienen investigaciones previas archivadas, otros dos con condenas ejecutoriadas y uno con sobreseimiento. En total, 21 candidatos a asambleístas nacionales, de un total de 180, es decir un once por ciento, han enfrentado denuncias e investigaciones penales, ya sea en el desempeño de sus actividades públicas o en el ámbito privado.

Estos fueron inscritos para alcanzar una curul por el oficialista Acción Democrática Nacional (ADN, lista 7), Amigo (lista 16), Centro Democrático (lista 1), PID (lista 4), Izquierda Democrática (ID, lista 12), el Partido Social Cristiano (PSC, lista 6), SUMA (lista 23), Unidad Popular (UP, lista 2), Partido Sociedad Patriótica (PSP, lista 3) y la alianza Revolución Ciudadana-RETO (RC-RETO, lista 5-33).

El próximo 9 de febrero se elegirán 15 diputados nacionales.

Esta es una investigación liderada por Fundamedios, con el apoyo de la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC), en la que participaron 38 periodistas. MIL HOJAS y otros 37 medios de comunicación se han unido a la alianza para difundir la información.

Estos son los casos penales destacados:

Llamado a juicio por el caso Metástasis

Una de las postulaciones más polémicas en estas elecciones es la de Armando Flor Izaguirre (PID, lista 4). El ahora candidato fue llamado a juicio en el caso Metástasis, como supuesto testaferro del narcotraficante Leandro Norero. Flor Izaguirre solicitó a la Corte Nacional ―acogiéndose al beneficio del Código de la Democracia― que se suspenda la etapa de juicio hasta la proclamación de resultados electorales.

Según los testimonios recogidos por la Fiscalía, Flor Izaguirre habría perdido la confianza de los capos de la organización criminal porque supuestamente incluyó facturas fantasmas en las declaraciones tributarias de Norero.

El candidato fue contactado por Fundamedios para obtener su versión, pero a través de su abogado, Luigi García Cano, indicó que “no le interesa la entrevista”. García Cano, además, es compañero de lista de Izaguirre por el mismo PID, y fue asambleísta alterno del exlegislador Dalo Bucaram, entre 2017 y 2021, por el movimiento Fuerza Ecuador. El candidato presidencial del PID, el general de la policía en servicio pasivo Víctor Araus, a quien Estados Unidos le retiró la visa en 2021, cuestionó la postulación de Flor Izaguirre, pero esta ya estaba inscrita.

Desde el 2022, Sergio Peña Veloz (RC-RETO, lista 5-33) está procesado —junto con varias personas— en un caso por supuesta asociación ilícita. La Fiscalía determinó que Peña Veloz supuestamente formaba parte de un grupo que ofrecía altos cargos en el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) a cambio de dinero.

En principio, las autoridades judiciales consideraron que no había suficientes evidencias para llamarlo a juicio. La Fiscalía apeló esta decisión y el recurso le fue concedido en 2023. Actualmente, existe un llamamiento a juicio contra Peña, del cual aún no se ha fijado fecha.

En el repositorio digital de la Función Judicial no hay evidencia de que Peña haya pedido la suspensión de su procesamiento, pero, al estar vigente su inscripción a una elección popular, puede acogerse a la inmunidad temporal que prevé el Código de la Democracia. Peña fue consultado sobre este caso, pero no contestó las preguntas enviadas por este equipo periodístico.

Sentenciado por asociación ilícita

En 2019, la Policía interceptó varias llamadas telefónicas y determinó que Juan Carlos Caicedo Salazar (Centro Democrático, lista 1) habría cobrado dinero a particulares, especialmente a personas de bajos recursos, a cambio de la promesa de conseguirles acceso a viviendas del Miduvi y de la Secretaría Técnica del Plan Toda Una Vida.

Por este caso, de presunta asociación ilícita, los tribunales le impusieron una pena de cinco años de prisión y una multa de 12 salarios básicos unificados. Caicedo apeló, pero sus intenciones fueron desechadas.

En 2024 planteó un recurso de casación, que tampoco fue aceptado en la Corte Nacional. Luego, interpuso una acción extraordinaria de protección, que aún deberá ser resuelta por la Corte Constitucional. Caicedo fue consultado sobre este caso, pero no contestó las preguntas enviadas por este equipo periodístico.

Sentenciado por abuso de confianza

Una sentencia por abuso de confianza se dictó en contra del candidato por Centro Democrático, Óscar Chuquimarca Chuquimarca, en 2017. Según el expediente judicial, hubo malos manejos de dinero en una construcción en Loja, por lo que Chuquimarca fue condenado a tres años de cárcel, una multa de 16 dólares y el pago de 20 mil dólares al perjudicado.

El caso, sin embargo, concluyó con la suspensión condicional de la pena. Eso significaba que, entre otras medidas, Chuquimarca tenía la obligación de permanecer en un domicilio determinado, presentarse periódicamente ante un juez y no podía salir del país. Esta última medida contenía una excepción, debido a que el implicado estaba cursando una maestría en Lima (Perú).

Chuquimarca fue consultado sobre este caso, pero no contestó las preguntas enviadas por este equipo periodístico.

Sentenciada por estafa

La candidata del movimiento Amigo (lista 16) Gema Álava Álava fue sentenciada a tres años de prisión por estafa, en 2015. Según los documentos del caso, durante su tiempo de reclusión, cumplió más de las dos quintas partes de su condena y participó en talleres y actividades de rehabilitación, logrando una conducta óptima. Por ello, se le otorgó el beneficio de prelibertad bajo régimen semiabierto en marzo de 2017, y se le aplicaron medidas cautelares como presentarse semanalmente ante el juez, no consumir sustancias psicotrópicas ni alcohol, y no salir de Manabí.

El 10 de mayo de 2018 se declaró la extinción de la pena, pues la cumplió en su totalidad. El caso está cerrado y archivado.

Álava fue declarada inocente en otro proceso por presunto abuso de confianza. Este equipo periodístico intentó contactar a la candidata a través de sus coidearios, pero no fue posible.

Denunciado por calumnia

Raúl Chávez Nuñez del Arco (RC-RETO, lista 5-33) —exdirectivo de Barcelona, exconcejal y mano derecha del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez— tiene un caso por calumnia en el sistema de la Función Judicial. Este expediente se abrió en 2024 y está pendiente de resolución, aunque a lo largo del año las autoridades han intentado notificar a Chávez sin suerte. Según el expediente no se le ha podido entregar la citación.

Denunciado por simular ser juez

La postulación como candidato a la Asamblea Nacional por el PSP le permitió a Álex Bósquez Cáceres pedir la suspensión del juicio que se le sigue por presunta usurpación y simulación de funciones públicas.

Bósquez fue procesado debido a que supuestamente suscribió documentos como juez de Paz de la Corte Nacional de Justicia Indígena y Consejos de Gobiernos de los Pueblos y Nacionalidades. La denuncia fue presentada por Francisco Jácome Marín, en su calidad de Director Provincial del Consejo de la Judicatura del Guayas. El caso continúa activo.

En otro proceso que se le seguía por este mismo delito, Bósquez obtuvo un sobreseimiento, y en otro más por presunta concusión.

El candidato fue consultado sobre su participación en estas causas, pero no contestó las preguntas para este reportaje.

Tres investigaciones archivadas

Yaku Pérez Guartambel (Amigo, lista 16) registra tres investigaciones archivadas, en las que se lo ha indagado por los presuntos delitos de peculado y tráfico de influencias, de acuerdo con el archivo de la Función Judicial.

Los tres casos estuvieron relacionados con su actividad política. Mientras fue prefecto de Azuay, fue acusado por el arrendamiento de un inmueble y la contratación de personal. También fue acusado de atentar contra las instalaciones de la Asamblea en el paro nacional de octubre de 2019, durante las manifestaciones contra la eliminación del subsidio de los combustibles.

No obstante, todas las investigaciones fueron archivadas por falta de pruebas.

Pérez dijo a esta alianza periodística que “las denuncias fueron archivadas por no tener ningún sustento jurídico. Tampoco hubo ningún daño económico… Antes fui procesado por defender el agua y la naturaleza, lo que para nosotros es una condecoración”.

En total, 14 de los 180 candidatos a asambleístas nacionales han registrado investigaciones archivadas en el sistema de la Función Judicial. También hay el caso de un postulante que fue sobreseído, Édison Alexis Cantuña Cañaveral, del partido Unidad Popular (UP, lista 2).

Debiendo al SRI

De los 180 candidatos a asambleístas nacionales, trece registran valores pendientes de pago con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

Los valores más altos de deudas en firme corresponden a Dimitri Rojas Fedorow (ID), quien hasta mediados de enero registraba una obligación pendiente de 3.273 dólares y Luigi García Cano (PID), de 635 dólares. El resto son deudas menores.

En tanto que los valores más altos de facilidades de pago son los que deberán cancelar el exconcejal de Guayaquil Raúl Chávez Núñez del Arco (RC-RETO) con 27.179 dólares y el exlegislador Juan Fernando Flores Arroyo (CREO) con 1.077 dólares.

El Impuesto a la Renta no es de todos

Según la base de datos del SRI, 64 candidatos a asambleístas nacionales no han presentado todas sus declaraciones anuales de Impuesto a la Renta (IR), en el periodo analizado, entre 2017 y 2023. Esto significa que un poco más de un tercio de los aspirantes ha incumplido con este requerimiento tributario.

El SRI dispone que la declaración anual del IR es obligatoria para todos los contribuyentes, salvo para aquellos domiciliados en el exterior y aquellos cuyos ingresos fueron menores que la base tributaria.

La candidata y madre del presidente

La lista de los candidatos con más declaraciones de impuesto a la renta pendientes está encabezada por Annabella Azín Arce, madre del presidente y candidato Daniel Noboa, y postulante para la Asamblea Nacional por ADN.

El archivo público muestra que todavía no ha presentado las declaraciones de renta correspondientes a los últimos siete años. Además, el nombre de Azín consta con obligaciones pendientes del Anexo patrimonial de 2018 y 2019.

La candidata abrió un RUC el 30 de enero de 2002 como persona natural, el cual aparece como suspendido el 7 de agosto de 2012 en la base de datos del SRI.

Por otro lado, la base de datos revela que 20 aspirantes a asambleístas nacionales no constan en el sistema del SRI: “El ciudadano / contribuyente no tiene información registrada en la base de datos del SRI o reportada por terceros”.

Un total de 76 candidatos cumplieron con la obligación de reportar sus actividades productivas al SRI, ya sea con declaración en cero o con el pago de diferentes montos.

Un expresidente que no paga IR

El expresidente y asambleísta desde noviembre de 2023, Lucio Gutiérrez (PSP), tiene sus declaraciones de Renta en cero en los últimos tres años, entre 2021 y 2023. Y la de 2019 aún está pendiente de presentar.

Consultado sobre el tema, Gutiérrez aseguró que como empresario aporta al SRI con impuestos que paga su emprendimiento de té de guayusa embotellada. El candidato recibe dos pensiones, una como coronel retirado del Ejército y otra como exmandatario, pero estas no son consideradas como renta para la declaración de IR.

Funcionarios públicos

El ejercicio del servicio público no es una novedad para 80 de los 180 candidatos a asambleístas nacionales (un 44 por ciento). Ellos ya han desempeñado funciones como asambleístas, profesores, mandos medios de organismos locales o en ministerios.

La información se desprende de las declaraciones patrimoniales juradas que todos los funcionarios públicos deben presentar al asumir y al finalizar un cargo en el Estado, así como durante su gestión. Estos datos constan en el archivo digital de acceso público de la Contraloría General del Estado.

El sistema arroja 17 nombres de quienes han ocupado más de 5 diferentes cargos públicos.

La candidata con más cargos registrados es Diana Jácome Silva (ADN), quien colaboró con los gobiernos de Rafael Correa, Lenín Moreno y Daniel Noboa, de quien fue asesora. Su rostro es conocido, pues fue reportera de los medios públicos. Ella ha pasado, además, por la Corte Constitucional, el CPCCS, el Consejo de Regulación de la Comunicación, el Consejo de la Judicatura y el Ministerio del Trabajo. En este último, tuvo varias funciones, entre ellas la de subsecretaria, en dos ocasiones.

Le sigue Eddy Rubio Iza (ID), quien ha pasado por diez puestos. Laboró en empresas públicas como las extintas Enfarma y Tame; también en el Ministerio de Defensa y el Servicio de Contratación Pública (Sercop), entre otras instituciones. En los últimos años estuvo vinculado a la Empresa Eléctrica Quito.

Jaime García Bonilla (ID) ha desempeñado varias funciones dentro de la Asamblea Nacional, ocupando en total ocho cargos. Ha sido servidor, analista, asesor y defensor público, en diferentes periodos.

Los “saltos” de patrimonio

En la Contraloría General del Estado están las declaraciones juradas de los funcionarios públicos con la información de su patrimonio, que es el resultado de la diferencia entre sus activos (lo que poseen en bienes, maquinaria o cuentas bancarias) y sus pasivos (deudas). En este caso, 80 de los candidatos han presentado este formulario en la última década.

De ellos, al menos 19 tuvieron patrimonios superiores a 100 mil dólares.

Los que suben…

La exasambleísta María Antonieta Guarderas Celi, ahora candidata por el PID, sextuplicó su patrimonio entre 2023 y 2024. Cuando dejó la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) en octubre de 2023 declaró un patrimonio de 642.100 dólares. Luego ganó una curul en la Asamblea Nacional y en su declaración periódica señaló poseer un patrimonio de 4,17 millones de dólares, especialmente por bienes inmuebles.

Asimismo, el patrimonio de la candidata Olguita Yance Coloma (PSP) pasó de 817 dólares a 160.030 entre febrero de 2019 y julio de 2021, cuando trabajó como brigadista y supervisora de la Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida. No obstante, en diciembre de 2020 y enero de 2021 presentó dos declaraciones con un valor de cero dólares de patrimonio.

El profesor Edgardo Véliz Llaguno, que según la documentación que reposa en la Contraloría firmó un contrato “ocasional y medio tiempo” con la Universidad de Guayaquil, reportó 5.000 dólares en 2021. Tres años después, en 2024, su patrimonio declarado fue de 208.000, lo que equivale a un aumento del 4.060 por ciento.

Lucy Coronel Goyes (CREO) tenía un patrimonio de 4.000 dólares en 2018 que aumentó a 266.997 dólares en 2023. Su primer cargo registrado fue el de analista de relaciones internacionales del Ministerio de Salud. Luego pasó a ser asistente y asesora en la Asamblea Nacional, y analista en el Ministerio de Gobierno.

El patrimonio del exasambleísta y exjefe de Talento Humano de la Gobernación del Carchi, Juan Carlos Yar Araujo (Amigo), se triplicó entre 2016 y 2021, al pasar de 45.000 a 143.524 dólares, entre 2016 y 2021, cuando fue legislador.

Los sube y baja…

El exarquero Jacinto Espinoza Castillo (PSC), conocido como “El Chinto”, ha sido asambleísta, asesor del GAD de Pedro Moncayo y director en la Prefectura de Pichincha. Según sus declaraciones juradas, pasó de 930.010 dólares en 2019 a 1,11 millones en 2023. No obstante, sufrió una caída abrupta en 2022, cuando reportó un saldo negativo de 269.975 dólares.

El abogado Ricardo Xavier Vanegas Cortázar (Centro Democrático), quien se desempeñó como asambleísta y profesor en la Universidad de Guayaquil partió con un patrimonio de 3,21 millones de dólares en 2021, el cual se redujo a 1,34 millones en 2024, una disminución 58 por ciento.

Un total de 18 aspirantes ya han sido asambleístas y buscan regresar al Legislativo, muchos de ellos cobijados por otra tienda política. No todos ganaron una curul en noviembre de 2023 después de la muerte cruzada.

Los partidos con más candidatos a la reelección en la lista nacional son el PSC (4) con Alfredo Serrano Valladares, Jacinto Espinoza Castillo, Pedro Zapata Rumipamba y Simón Remache Moreno; el PID (3) con Arturo Moreno Encalada (fundador del PID y primo del expresidente Lenín Moreno), María Antonieta Guarderas Celi y Luigi García Cano. El mismo número tiene la alianza RC-RETO (3): Paola Cabezas Castillo, Franklin Samaniego Maigua y Liliana Durán Aguilar.

Les sigue SUMA con dos aspirantes: Guillermo Celi Santos (excandidato presidencial) y Geraldine Weber Moreno (exPSC).

Los seis restantes son: por Centro Democrático, Ricardo Vanegas Cortázar (exPK); por PSP, el expresidente Lucio Gutiérrez Borbúa; por ADN, Luis Esteban Torres Cobo (exPSC); por Amigo, Juan Carlos Yar Araujo; por el PSE, Xavier Santos Sabando (exID), y por CREO, Juan Fernando Flores Arroyo.

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NOTA METODOLÓGICA

El trabajo partió de las listas proporcionadas por el CNE, que se limpiaron para evitar homónimos. Se creó una redacción virtual de 38 periodistas con reporteros y editores. El sábado 14 de diciembre los grupos se reunieron en distintos horarios para recibir la capacitación e instrucciones sobre los datos que se debían obtener de los registros públicos.

Para la información de los procesos penales se consultó el sistema e-Satje-2020 de la Función Judicial, disponible en este enlace (https://bit.ly/4gBHmch) . Solo se tomaron en cuenta los procesos judiciales filtrados por materia Penal COIP. Las consultas de cada candidato se hicieron entre el 14 y el 27 de diciembre de 2024. Casi inmediatamente comenzaron las contrastaciones sobre esta información con los candidatos.

La información sobre las declaraciones de impuesto a la renta se obtuvo del sitio web del Servicio de Rentas Internas (SRI), en este enlace (https://bit.ly/3WeVEYX), que solicita registro de usuario. Se tomaron en cuenta las declaraciones entre 2017 y 2023, pues ya no es pública la información de años anteriores y porque aún no termina el plazo para presentar las declaraciones de 2024. Las consultas de cada candidato se hicieron entre el 14 y el 27 de diciembre de 2024.

La información sobre las deudas tributarias se obtuvo del sitio web del SRI, en este enlace (https://bit.ly/CandidatosImpuestos). Las consultas de cada candidato se hicieron entre el 14 y el 27 de diciembre de 2024. El resultado arrojó que 153 candidatos registraban obligaciones. El 17 de enero de 2025, se actualizó la información de los candidatos que registraban deudas mayores a 300 dólares, con una nueva consulta.

Con respecto a los cargos públicos y patrimonios declarados, se consultó el sitio web de la Contraloría General del Estado, en este enlace (https://bit.ly/4gmvnPF). Para este trabajo, solo se tomaron en cuenta las declaraciones patrimoniales presentadas al final de gestión de cada cargo. Solo en caso de no existir esta declaración, se tomaron en cuenta las declaraciones periódicas, en caso de que las hubiere, o las de inicio de gestión, en este orden de prioridad. Las consultas de los candidatos se realizaron entre el 14 y el 27 de diciembre de 2024.

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La explosión de candidaturas a la Asamblea Nacional va de la mano de un rejuvenecimiento de los aspirantes a legisladores. La edad promedio es de 39 años.

La pirámide poblacional del Ecuador ha evolucionado deformándose un poco por el envejecimiento de los habitantes en un extremo y el aumento de los jóvenes entre 15 y 30 años. Las listas de los aspirantes a la Asamblea se han remozado con miras a captar el voto de este último sector: una juventud numerosa, menos ideologizada, aspiracional y consumidora de redes sociales.

El próximo 9 de febrero competirán un total de 2.089 candidatos para ocupar 145 curules de la Asamblea en 32 jurisdicciones (una lista nacional y 31 de provincias y circunscripciones). A estas se sumarán seis de los migrantes empadronados en el exterior, para dar un total de 151 puestos en el hemiciclo.

De la votación del domingo dependerá si ese relevo generacional se inscribirá profundamente en la historia política del país o no.

Esta es una investigación liderada por Fundamedios, con el apoyo de la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC), en la que participaron 38 periodistas. MIL HOJAS y otros 37 medios de comunicación se han unido a la alianza para difundir la información.

Ser joven está de moda. Casi a imagen y semejanza, la organización política nacional con mayor número de candidatos jóvenes es Acción Democrática Nacional (ADN), cuyo máximo representante es el presidente de la República, Daniel Noboa Azín, que tiene 37 años.

Presente en casi todas las jurisdicciones, ADN (lista 7) compite con 142 candidatos (de un total de 145 sin contar los del exterior), cuya edad promedio llega a los 35 años.

Siguiendo la tendencia, los otros partidos también se han remozado. CREO (lista 21) ha postulado 145 candidatos cuya edad promedio es de 37 años.

Es clara una renovación generacional entre los que participan como candidatos y se lo ve con claridad en las dos organizaciones políticas que han llegado a la Presidencia de la República en las últimas dos elecciones: ADN y CREO, explicó Paolo Moncagatta, decano de Ciencias Sociales de la Universidad San Francisco de Quito.

La Revolución Ciudadana (RC, lista 5) no ha eliminado todas sus arrugas. El promedio de edad de sus candidatos llega a 41 años. Lo mismo sucede con Unidad Popular (el antiguo Movimiento Popular Democrático, lista 2) y Democracia Sí, que se sitúan en el mismo número.

Las organizaciones políticas buscan ese rejuvenecimiento porque piensan que probablemente así atraerán el voto de segmentos más jóvenes del electorado, pues más del 30 por ciento del electorado tiene entre 16 y 30 años, recordó Moncagatta.

El 40 por ciento son Millennials

Por grupos etarios, en la distribución de los 2.089 candidatos predominan los millennials, con 829 aspirantes, que constituyen el 40 por ciento de los candidatos. Conocidos también como generación Y o nativos digitales, los millennials oscilan entre los 29 y 44 años.

A ellos les siguen los llamados la generación X con 542 postulantes, con edades entre 44 y 60 años.

Pisándole los talones a la generación X, están los centennials, también conocidos como la generación Z o menores de 29 años, con 519 candidatos.

Al final están los los boomers, entre 61 y 78 años, con 194 candidatos y los mayores de 78 años, y los silents, generación silenciosa, con cinco personas.

Los millennials son el mayor grupo etario en todas las organizaciones nacionales, menos en tres. En estas tres, Democracia Sí, Avanza y el Partido Social Cristiano, la mayoría de candidatos pertenece a la generación X.

La organización con más presencia de centennials es la Izquierda Democrática (ID, lista 12), donde el 30 por ciento de los candidatos es de este grupo etario. Le siguen el PSC y Avanza, con el 29 por ciento; y ADN, el PSP, CREO y UP, con el 28 por ciento.

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Una alianza periodística liderada por Fundamedios analizó los registros públicos de 2.089 candidatos a asambleístas. 733 tienen declaraciones tributarias pendientes con el SRI en los últimos siete años, en tanto que 153 aspirantes mantienen deudas con el fisco.

Desde estafa, concusión, venta de cargos públicos, usurpación y simulación de funciones públicas, abuso de confianza, calumnia, paralización de servicios públicos, robo de combustible hasta violencia intrafamiliar, delincuencia organizada y asesinato. Estos son algunos de los supuestos delitos por los que han sido procesados 236 de los 2.089 candidatos a la Asamblea Nacional.

Es decir, el once por ciento de los aspirantes a asambleístas registran denuncias penales desde el 2014, cuando entró en vigor el nuevo Código Integral Penal (COIP), y que es el periodo analizado por esta alianza periodística con miras a las elecciones generales del 9 de febrero próximo.

En su mayoría, estos procesos han sido archivados por distintos motivos y son muy pocos los que han culminado con sentencia condenatoria. Sin embargo, en algunos casos activos los ahora candidatos hicieron constar ante los jueces que ya habían sido calificados como tales para suspender los procesos en su contra.

De acuerdo con lo que dispone el Código de la Democracia, el proceso penal sólo podrá retomarse una vez que se proclamen los resultados; y de ser ganadores, los asambleístas gozarán de fuero de corte nacional.

El artículo 108 indica: “las candidatas y candidatos no podrán ser privados de la libertad ni procesados penalmente desde el momento de la calificación hasta la proclamación de resultados ni enjuiciados, salvo los casos de delito flagrante, delitos sexuales, violencia de género e intrafamiliar”.

De estos 2.089 candidatos que compiten para asambleístas nacionales y provinciales (sin contar las curules del exterior), 733 candidatos no han presentado sus declaraciones de impuesto a la renta al menos una vez, entre el 2017 y 2023, y 153 han registrado deudas con el fisco, según el Servicio de Rentas Internas.

Una radiografía gris de la clase política ecuatoriana que aspira a ocupar una curul en la Asamblea Nacional, que este año estará compuesta por 15 diputados nacionales, 130 provinciales (con Guayas, Manabí y Pichincha divididas en circunscripciones) y seis de las circunscripciones del exterior.

Los comicios legislativos junto con las seccionales, son el pulso democrático en el que partidos y movimientos políticos nacionales y locales miden sus fuerzas y donde se supone que presentan a sus mejores competidores.

El proceso electoral de 2025 marcará un récord histórico desde el retorno a la democracia en Ecuador por el alto número de candidatos a asambleístas para ocupar las 151 curules del Legislativo.

Esta es una investigación liderada por Fundamedios, con el apoyo de la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC), en la que participaron 38 periodistas. Fundación Mil Hojas y otros 37 medios de comunicación se han unido a la alianza para difundir la información.

Denuncias y procesos penales

De acuerdo con los archivos de la Función Judicial, 236 candidatos han enfrentado procesos penales desde la vigencia del Código Orgánico Integral Penal en 2014. En al menos seis casos, según las consultas realizadas en la página web, los candidatos han detenido el avance del proceso por su postulación electoral. 

El primero en hacerse público fue el del caso conocido como Metástasis, pues Armando Flor Izaguirre (PID) fue llamado a juicio pero no pudo ser juzgado por ser candidato en la lista nacional de asambleístas. El ahora aspirante a legislador estaba acusado de ser el supuesto testaferro del narcotraficante Leandro Norero.

Otro proceso es el de Laura Guato Yupanqui (PSC), aspirante a asambleísta en Chimborazo, quien fue detenida en flagrancia en diciembre de 2024 por supuesta perforación del poliducto de Petroecuador en el sector de Las Lajas, cantón Mocha (Tungurahua). La Fiscalía solicitó una audiencia para formular cargos en su contra, pero no pudo hacerlo por su condición de candidata. El caso quedó suspendido, en investigación previa.

En Manabí se registra el caso del exalcalde de Montecristi, Wilver Arteaga Palacios, de la alianza Camino Manabita (PSC y Cambio), que enfrenta un proceso por presunto peculado. La Fiscalía ha asegurado que el perjuicio fue de 687.726 dólares. Ya se le levantó la medida cautelar de presentación periódica ante la autoridad debido a su participación en el actual proceso electoral.

También se cuentan dos candidatos procesados del caso conocido como Depuración I, en el que se realizaron allanamientos a mediados de 2022 contra una supuesta red que operaba en Latacunga, La Maná, Salcedo y Pujilí, cometiendo delitos de peculado y enriquecimiento ilícito. Ambos se han postulado por el PID para asambleístas de Cotopaxi: Pablo Naranjo Cruz como principal, y Pablo Albán Roura como suplente.

En Morona Santiago se suspendió la audiencia de formulación de cargos prevista para el 27 de enero en un proceso por presunto asesinato debido a que el sospechoso, Elvis Nantip Kajekai, es candidato provincial por la Izquierda Democrática (ID).

El aspirante que más procesos acumula es Dick Borja Quiñónez, candidato en Esmeraldas por RETO. En el historial de la Función Judicial aparecen 29 denuncias en los últimos diez años, la mayoría por supuesta estafa relacionada con el proyecto habitacional Tecnipetrol. Aunque ha sido concejal de Esmeraldas y representante del sindicato de trabajadores de Petroecuador, en la Contraloría General del Estado sólo consta su declaración de bienes como funcionario técnico de Petroecuador desde diciembre de 2023 y otra periódica en 2024.

Esta alianza periodística buscó la versión de estos candidatos, pero no respondieron.

Otros que acumulan varios procesos son el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Otto Vera Palacios, de la Alianza Únete Santa Elena, con 19 procesos; el exalcalde de Loja José Bolívar Castillo Vivanco, del Movimiento Acción Regional por la Equidad (ARE), con siete casos; y el exalcalde de Flavio Alfaro y asambleísta Jaminton Intriago Alcívar, de Unidos por el Desarrollo (Manabí), también con siete.

De acuerdo con la información de la Función Judicial, la mayoría de los procesos ha sido archivado. La organización política nacional con mayor número de candidatos que han enfrentado procesos penales es la Revolución Ciudadana (RC), con 24 aspirantes, entre candidatos propios y en alianza. Le siguen Sociedad Unida Más Acción (SUMA), con 23; Acción Democrática Nacional (ADN), con 20; Amigo, con 19; y Renovación Total (RETO) y el Partido Social Cristiano (PSC), con 17 cada una.

Existen provincias donde el número de candidatos con procesos penales es importante. En  Zamora Chinchipe, el 36% de los aspirantes ha enfrentado ese tipo de causas; en Pastaza, el 28%; en Santo Domingo de los Tsáchilas, el 23%; en la circunscripción 1 de  Manabí, el 22%;  y en Morona Santiago, 21%.

Entre el 19% y 15% están la circunscripción 2 de Manabí, la  circunscripción 4 de Guayas, así como las provincias de Imbabura y Chimborazo.

En la otra orilla, con el 5 por ciento de los candidatos con procesos penales, están las circunscripciones 2 y 3 de Guayas, Sucumbíos, Napo y Azuay.

Bajo pago de impuestos

Sin mucha sorpresa, la investigación realizada por esta alianza periodística también constató que muchos candidatos a asambleístas no han presentado su declaración de impuesto a la renta al menos una vez en el período analizado, que va entre 2017 y 2023. Son 733 del total de 2.089 analizados, es decir el 35 por ciento.

La organización política nacional con mayor número de aspirantes con declaraciones tributarias pendientes es Amigo, con 57 candidatos, entre propios y en alianza. Le siguen CREO y el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), con 56; ADN, con 53; y el Partido Sociedad Patriótica (PSP), con 51. 

Los aspirantes con más declaraciones de impuesto a la renta pendientes son: la madre del actual presidente de la República, Daniel Noboa, Annabella Azín Arce (lista nacional de ADN), Ignacio Alfonso Crespo (PSP, Cañar),  Doménica Vásconez Miranda (Avanza, Tungurahua). Ellos no han presentado ninguna declaración en el periodo analizado, que va del 2017 al 2023.

El SRI explica en su sitio web que no están obligados a declarar el impuesto a la renta quienes estén domiciliados en el exterior o tengan ingresos bajos.

Por otro lado, 320 aspirantes no están registrados en la base de datos de declaraciones de impuesto a la renta del SRI, es decir que no han tributado nunca. De estos, 175 personas, el 54 por ciento, son mayores de 25 años.

Con respecto a las deudas tributarias, 153 candidatos mantienen saldos pendientes con el fisco. De ellos, 27 superan los 300 dólares de deuda, según una consulta realizada el 17 de enero pasado.

La organización política nacional con más candidatos que han registrado deudas tributarias es la RC, con 16 aspirantes, entre candidatos propios y en alianza. Le siguen el PSC, con catorce; Centro Democrático y Pueblo Igualdad y Democracia (PID), con doce cada una; y CREO, SUMA y PSE, con once cada una.

Los candidatos con mayores deudas tributarias hasta el 17 de enero son: el exjugador de fútbol Frickson Erazo Vivero (Construye, Esmeraldas) por 42.092 dólares, pero el monto está en impugnación. 

En cambio, ya constan con facilidades de pago las deudas tributarias del exconcejal de Guayaquil Raúl Chávez Núñez del Arco (lista nacional de RC-RETO) por 19.775 dólares y del exministro de Lenín Moreno, Gabriel Martínez Castro (SUMA, Guayas circunscripción 2) por 7.209 dólares.

El pago de impuestos no siempre se relaciona con el ejercicio de un cargo público ni con el patrimonio declarado ante la Contraloría. De los 2.089 aspirantes a asambleístas en las listas nacionales y provinciales, 955 ya tienen experiencia en el sector público.

Ellos deben declarar su patrimonio al iniciar y al finalizar su gestión, y en ocasiones también a medio periodo. Existen casos en los que a pesar de tener un patrimonio considerable, la declaración de impuesto ha sido baja.

Así, la candidata Margarita Pico Meléndez (Centro Democrático, Tungurahua) registró un patrimonio de 2,9 millones en su última declaración presentada como directora médica del Hospital de Píllaro en marzo del 2019. Tres años antes, como vocal de la Junta Parroquial de Picaihua, había señalado bienes por 15,6 millones. No obstante, en su declaración de IR, Pico Meléndez reportó 227 dólares en el año 2023, 51 dólares en 2022 y cero dólares entre 2021 y 2020.

Otro caso es el de María Dolores Aray Yanzaguano (Pachakutik, Azuay) cuyo patrimonio creció en más de 8 millones de dólares en apenas dos años. Cuando Aray culminó su gestión de asesora legal del Municipio  de Cuenca, en junio de 2022, declaró 18.144 dólares de patrimonio. En julio del siguiente año entró a trabajar en la delegación azuaya del Consejo Nacional Electoral, funciones que terminó en abril de 2024. En su declaración registró 8,4 millones de dólares.

“Así es y así consta, ya que trabajé, no con relación de dependencia, sino como abogada en libre ejercicio”, confirmó Aray a esta alianza periodística. A su vez, declaró 213 dólares de impuesto a la renta entre 2017 y 2023.

La organización política nacional con más candidatos con experiencia en el sector público es la RC, con 98 aspirantes, entre candidatos propios y en alianza. Le siguen ADN, con 79; CREO, con 78; SUMA, con 77 y PSC, con 75.

Un nuevo reacomodo

Es indudable que el oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) ha logrado ampliar su presencia a casi todo el país para estas elecciones de 2025, tal como en su época lo hizo, también desde el Palacio de Carondelet, Alianza PAIS, ahora reconvertido en Revolución Ciudadana (RC).

ADN presentó listas en 31 de las 32 jurisdicciones del país, en la única provincia que no postuló fue en Morona Santiago y va en alianza solamente en Pastaza.

La RC sigue manteniendo presencia en las 32 jurisdicciones pero con nueve alianzas concretadas en la lista de asambleístas nacionales así como en Cañar, Carchi, Cotopaxi, Galápagos, Morona Santiago, Napo, Pastaza y la circunscripción 1 de Manabí.

Para el analista Javier Rodríguez Sandoval, estaríamos viviendo el inicio de un nuevo ciclo en el que un partido político acumula presencia desde el poder porque funciona como una maquinaria con operadores políticos profesionales que tienen los contactos y canales para llegar, y que no necesariamente son los candidatos. Lo vivimos en el 2014, por ejemplo, acotó.

Las encuestas anuncian una polarización entre ADN y RC para la elección presidencial, por lo que seguramente estos serán los mayores bloques de la Asamblea Nacional.

Al igual que la RC, el movimiento Creando Oportunidades (CREO), del expresidente Guillemo Lasso, presentó candidatos en 32 jurisdicciones, ya sea con candidatos propios o en alianza. Después de la muerte cruzada, CREO no participó en las elecciones generales de agosto de 2023.

El movimiento Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades, Amigo (lista 16), estará presente en 31 jurisdicciones, sea solo o en alianza. Le siguen SUMA, el Partido Social Cristiano (PSC) y Unidad Popular (UP), con listas en 30 jurisdicciones. En cambio, los menos presentes son Avanza con 19 jurisdicciones y Democracia Sí, con 20.

De estas organizaciones, SUMA es el que más alianzas ha establecido para competir en catorce de las 30 jurisdicciones donde se ha postulado. En cambio, la Izquierda Democrática (ID) es la única organización nacional que no concretó ninguna alianza.

En muchos de los casos, estas alianzas son entre una organización nacional y otra local.

¿Qué queda de los partidos considerados tradicionales desde el retorno democrático de 1979? En realidad solo cuatro se mantienen como jugadores importantes: el PSC y la UP (ex Movimiento Popular Democrático) con participación en 30 jurisdicciones; el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) con 27 y la ID con 22.

En el cambio de siglo, entre 1995 y 2006, irrumpieron Pachakutik (PK), el Partido Sociedad Patriótica (PSP) y Alianza PAIS. Desde entonces, el panorama se ha atomizado con partidos y movimientos de distintas tendencias ideológicas y donde predominan los personalismos: ADN, Democracia Sí, SUMA, Avanza, Pueblo Igualdad y Democracia (PID), Amigo; sin contar con otros movimientos locales que hacen valer su presencia en provincias.

El desborde de participantes para esta elección se ha dado en Tungurahua, Santa Elena y Loja, donde se medirán 19 listas. En Azuay y El Oro competirán 18 listas y en Chimborazo y en la circunscripción 1 de Pichincha, 17.

En contraste, en Galápagos y Morona Santiago se han inscrito seis listas, y en Pastaza, nueve.

Llama la atención el caso de Manabí, dividida en dos circunscripciones con cinco curules cada una. En la circunscripción 1, el norte de la provincia, competirán diez listas; mientras que en la circunscripción 2, el sur, se han inscrito 15.

La suerte de estos 2.089 aspirantes se jugará el domingo 9 de febrero próximo.

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