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Autor: Redacción La Fuente

LOS PODEROSOS AMIGOS DE LENIN MORENO

Tres días antes de remitida la petición (7 de junio de 2016), el delegado de la ONU y entonces pre candidato presidencial por el movimiento Alianza PAIS, Lenín Moreno, recibió en su residencia de Ginebra, al intermediario de Petrochina.

El tema de la reunión no solo fue el apoyo a los damnificados del terremoto, también se incluyó el impulso a la campaña electoral del binomio presidencial Moreno-Glas. Cadena llegó a Suiza de la mano de su “compadre” Santiago Cuesta Caputi, actual consejero presidencial de Moreno.

El encuentro con Cadena Marín fue confirmado por el Presidente de la República en diálogo con el periodista Fernando Villavicencio.

Para esa fecha ya había estallado el escándalo Panama Papers, la mayor filtración de información de la historia, y en Ecuador, diario El Universo había publicado en grandes titulares que Enrique Cadena recibía comisiones de al menos 1 dólar por cada barril de petróleo que el gobierno de Rafael Correa entregaba sin licitación a Petrochina, como mecanismo de pago de los créditos concedidos por la banca asiática. Desde 2009 a 2024, el gobierno de Alianza PAIS comprometió 1204 millones de barriles como cobertura de pago de $18.170 millones de deuda china y tailandesa.

Los acercamientos entre Lenín Moreno y Enrique Cadena -de acuerdo con documentos revisados, empiezan a inicios de 2016, cuando Lenín ya se perfilaba como candidato a la Presidencia de la República y parte de la pre campaña era impulsar un plan de vivienda popular para los damnificados del terremoto de abril de 2016. El contacto fue Santiago Cuesta Caputi.

Según la información, Cuesta insistió a Moreno reciba en Ginebra a tres visitantes, “fanáticos suyos que quieren apoyar la causa”.  En abril de 2016, Cuesta le dijo a Moreno que los donantes eran Mauro Toscanini, Enrique Cadena Marín y Fernando Zambrano.

A Toscanini lo presentó como rector de la Universidad Católica, a Cadena como el que desarrolló «el sistema de envío de filmaciones al x mayor incluidos celulares no inteligentes» y de Zambrano dijo que era un «constructor de vivienda «, «todos somos amigos», aseguró.

Casi un mes después, el 9 de mayo de 2016, Santiago Cuesta envió a Lenín Moreno un listado preliminar de donantes para la construcción de casas en Manabí.  La lista incluyó a Santiago Salem, Fernando Zambrano, Peter Graetzer, Xavier Gómez, Mauro Tosca3nini, Jorge Vallejo, Otto Sonnenholzner, Patricio Coello, Napoleón Santamaría y Kepler Verduga. “Te ruego les hagas llegar tu carta de solicitud, tan pronto ellos hagan sus depósitos te informaré para que los llames por teléfono”, dice Cuesta. “Todos estos donarán como mínimo $5.000″ e insiste que tiene “tres donantes que quieren ser anónimos y un donante grande en USA, con el que después acordará cómo y cuándo donará. Consultamos con altos ex funcionarios del morenismo y todos coinciden que el donante grande de USA, fue Enrique Cadena.

Para junio de 2016 la cita presencial entre Moreno y Cadena estaba asegurada. Las ilustres visitas llegaron el 7 de junio a Ginebra. En un mensaje, Santiago Cuesta le dice a Lenín: “salimos 9:35 am ya en aeropuerto tipo 12 a 12 15 estaremos en tu casa con Mauro. Luego a la 1 va Enrique y después tú decides”.

Luego del encuentro en Ginebra, la relación entre Moreno y Cadena quedó encaminada, tanto así que tres dìas después, el 10 de junio de 2016, Moreno, en calidad de enviado especial del Secretario General de la Naciones Unidas sobre discapacidad y accesibilidad, envió la solicitud a Cadena para la construcción de 185 viviendas, «deseamos someter a su consideración la primera fase del proyecto de construcción de emergencia de viviendas accesibles para personas con discapacidad, víctimas del terremoto del Ecuador», dice el documento. Pedirle a Cadena dinero para financiar viviendas para las víctimas del terremoto es como pedirle a Satanás que construya una iglesia.

Conversaciones filtradas por el portal inapapers.org, no desmentidas por el gobierno, indican que para finales de junio de 2016, Cadena, a través de Cuesta, invitó a Moreno a un concierto de Plácido Domingo, en España. “Que ponga para las casas luego hablamos, es posible que quiera Carina, veamos (…) convéncele que sean veinte casas, utiliza tu facilidad de palabra (…) faltan 98 casas”, fueron las respuestas de Lenín.

Luego de la invitación a escuchar al tenor, el 15 de julio de 2016, Enrique Cadena envió un correo electrónico a Lenín Moreno, felicitándolo por liderar la intención de voto en las elecciones «Estimado Lenín, adjunto a la presente encontrará una encuesta elaborada por nuestro común amigo Santiago. Veo que su popularidad en intención de voto garantiza que el Ecuador estará en buenas manos. Felicitaciones». Cadena se refiere a una encuesta hecha por la empresa de Santiago Cuesta, CMS Encuestadora.

APORTES A LA CAMPAÑA MORENO – GLAS

Para septiembre de 2016, las facciones de Alianza PAIS ya habían curado pequeñas heridas y acordado el binomio presidencial Moreno – Glas, entonces era hora de aceitar la maquinaria electoral. El 8 de septiembre, Santiago Cuesta envió una comunicación a Lenín para indicarle quiénes eran los empresarios que querían conocerlo y apoyar económicamente su campaña. El compadre de Enrique Cadena había preparado un gran almuerzo en Ginebra para sumar ceros a la derecha.

«Este es el listado de los empresarios confirmados que irán al almuerzo, la principal característica de este grupo es que no son contratistas del Estado y quieren conocerte y apoyar enla campaña”, dice Cuesta.

En la lista de 19 posibles aportantes constan, entre otros, Santiago Salem, dueño de Santa Priscila, Otto Sonnenholzner, a la fecha gerente General de TV Cable; Pablo Ortiz, dueño de INPROEL y Agustín Albán, rector y dueño de una Universidad en México con más de 30.000 estudiantes, «vive en México y desea contribuir en tu campaña», le dice Cuesta a Lenín.

Algunos de los nombres que figuran como posibles contribuyentes a la campaña de Moreno – Glas, terminaron siendo propuestos para  cargos importantes en el gobierno: Mauro Toscanini fue designado ministro del Interior, Otto Sonenholzner, elegido Vicepresidente de una terna propuesta por Moreno, en la que se incluyó a Agustín Albán. La mano de Santiago Cuesta, fue clave en el armaje del tablero gubernamental.

EL DÍA QUE CUESTA SE DISPARÓ EN LA CABEZA

En la misma comunicación del 8 de septiembre de 2016, Cuesta indica a Lenín que el reconocido consultor Jordi Segarra también estará presente en el almuerzo en Ginebra, «por último en este viaje me acompañará JORDI SEGARRA, español, quien es uno de los mejores asesores de campaña del mundo con quien quiero que converses unos minutos y si estás de acuerdo puede ser tu Jefe de Campaña o formar parte del equipo. Sus honorarios están pagados por un donador anónimo por ahora, si decides aceptarlo. Mira su currículum en Internet y es uno de los 5 grandes del mundo. Viaja con su socio que manejó la campaña de Peña Nieto en México. Pídele a Eduardo Mangas que reserve un lugar para unas 25 a 26 personas yo asumo los gastos del almuerzo «, dice el correo electrónico.

En una entrevista del 13 de marzo de 2019, en el medio digital La Posta, Santiago Cuesta aseguró que fue él quien pagó la asesoría de Jordi Segarra y que efectivamente no constaba como gasto electoral. Cuesta se contradice: en un inicio dijo que los honorarios de Segarra fueron pagados por un donante anónimo, ahora que los pagó él.

UN MAGNATE HECHO EN REVOLUCIÓN

Enrique Cadena Marín, es un empresario ecuatoriano que antes de la revolución ciudadana experimentaba graves penurias económicas y un juicio por estafa seguido por su cuñado Arnoldo Brigman, por manejos dolosos de Qüin Cola, empresa que hasta la fecha mantiene una deuda con el Estado de $1.2 millones. Súbitamente, con el ascenso al poder de Alianza PAIS, tras consolidarse como intermediario petrolero, ingresó al registro de los hombres más ricos del Ecuador y también a formar parte de los grandes expedientes judiciales.

Cadena es investigado en Ecuador por la operación fraudulenta y los negociados en las difuntas telefónicas Telecsa y Pacifictel, a cargo de ViaAdvisors Ecuador (Viadvi), empresa de papel vinculada a una red de compañías en las cuales figuraba Cadena Marín, sus hijos y Darwin Romero, actual gerente de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones – CNT.

Desde 2007, Cadena está vinculado al negocio de la intermediación petrolera, a través de traders relacionados con Petrochina, Unipec y Petrotailandia. La Contraloría General del Estado en su informe (DA3-0015-2012) identificó a Taurus Petroleum como empresa intermediaria del crudo adjudicado a China. Además de Taurus existen otras compañías relacionadas al cartel intermediario: Castor Petroleum, Ursa Shipping, Core Petroleum, Waterway, Gunvor S.A.

A raíz de la filtración de los Papeles de Panamá, la justicia global inició procesos penales en contra de los responsables de múltiples escándalos de corrupción. Hasta la fecha se han recuperado 1.200 millones de dólares en varios países del mundo, como efecto de esas operaciones judiciales, según reportes oficiales.

Richard Gaffey, fue el primer norteamericano procesado por evasión de impuestos, a raíz de las filtraciones, junto a Gaffey también es procesado el abogado panameño Ramses Owens, quien manejaba los negocios de fideicomisos en Mosack Fonseca y trabajó con Enrique Cadena Marín y Jaime Baquerizo Escobar. Según El Universo, Owens intervino en el caso de la comisión de $1 dólar por barril en la preventa de crudo a Petrochina, en la que Cadena y Baquerizo fueron intermediarios.

Castor Petroleum Ltd. fue la empresa que pagó, a través de Waterway Petroleum Ltd., una subsidiaria de Gunvor, la comisión de USD 1,00 por cada barril de petróleo a las empresas Eston Trading Limited (Nevada, EE. UU) y Livinstong Financial Corp (Dubai) de propiedad de Cadena y Baquerizo.

La filtración confirmó lo publicado por el portal Focus Ecuador en 2015, que reveló que Cadena estaba vinculado a varias empresas privadas intermediarias que revenden el crudo ecuatoriano adjudicado por Petroecuador a Petrochina, Unipec y Petrotailandia. La intermediación benefició a los traders en 2 y 4 dólares por barril, parte de ese dinero llegó directamente a las cuentas personales de Cadena, así lo indican las transferencias bancarias por varios millones de dólares a Naparina Corp, Breiton Capital & Shipping y Denarii Systems, realizadas por las intermediarias Taurus Petroleum, Ursa Shipping, Waterway, entre otras.

Cifras preliminares hablan de pérdidas para el Estado ecuatoriano del orden de $2000 millones hasta el año 2017, solo por intermediación; los perjuicios por intereses excesivos sumarían otro tanto.

En 2017, la Fiscalía abrió una indagación previa por el delito de peculado en contra del ex presidente Rafael Correa, Enrique Cadena y más de una veintena de ex funcionarios y ejecutivos de petroleras privadas. Han pasado cuatro fiscales generales y el caso aún no pasa a instrucción penal pese a exitir abundante evidencia. Una mano “poderosa” protege a Enrique Cadena y Jaime Baquerizo, actualmente prófugo en Perú, pues sólo así se explica que, a pesar de los datos de información bancaria, transferencias y los documentos de Panamá Papers, que en otros casos ha servido a la justicia ecuatroriana y norte americana para procesar a funcionarios y empresarios que cometieron actos de corrupción, en este caso la investigación no avance.

En 2017 tras recibir información de las perdidas ocasionadas por el pago de la deuda pública con petróleo descontado, el presidente Moreno se comprometió a disponer una investigación del caso y poner fin a la cadena de perdidas generadas por este modelo heredado de Correa. La mejor opción era suspender algunos contratos suscritos al margen de la ley e impulsar la recompra de la deuda a China y Tailandia para liberar el petróleo. El régimen recibió varias ofertas de recompra de la deuda, con interés del 3%, incluso la administración de Byron Ojeda alcanzó un acuerdo con Petrotailandia, pero el día del anuncio del pacto, fue derrocado por disposición de Lenín Moreno.

Las ventas spot llevadas a cabo por este gobierno, como un esfuerzo de aparentar transparencia, confirmaron la pérdida gigantezca que representa la venta del crudo sin licitación a Petrochina y Petrotailandia. A pesar de esa evidencia, el gobierno no ha realizado esfuerzo alguno para mitigar el daño y ajustar los precios de dichos contratos, actitud que acrecienta la sospecha ciudadana de intereses ocultos que permiten que los intermediarios se sigan enriqueciendo a costa del país.

SANTIAGO CUESTA ASUME EL CONTROL

El triunfo de Lenín Moreno alentaba el espíritu empresarial de Enrique Cadena, además de cuidarse de los procesos penales que se alzaban en su contra. El zar petrolero no solo requería amigos políticos en la periferia, sino en el corazón del poder. Tras la caída de Eduardo Mangas, había llegado el momento para que su “compadre” Santiago Cuesta, asuma el mando de los grandes negocios estratégicos del gobierno. En mayo de 2018, Lenín Moreno, nombró a Cuesta como su consejero con rango de ministro. Así, el “compadre” de Cadena Marín, asumía el control del petróleo, electricidad, telecomunicaciones, minería y otras áreas de la economía.

Una de las actividades que inició Cuesta con mucho empeño fue preparar los procesos de concesión y privatización de los sectores estratégicos, principalmente la Corporación Nacional de Telecomunicaciones – CNT, el sector eléctrico y mantener el modelo de comercialización internacional de petróleo con China y Tailandia, un mega negocio que había engordado las chequeras de los intermediarios durante la revolución ciudadana. En el aire se dejaba escuchar el mensaje: con la fortuna de la corrupción a privatizar las empresas públicas a precio de gallina enferma.

La oferta de privatización a la que este medio tuvo acceso, fue enviada por Santiago Cuesta a Lenín Moreno, en tiempos de campaña. Eduardo Mangas, exsecretario de la Presidencia de Moreno, confirmó que el plan de privatizaciones ya lo esgrimía Cuesta durante la campaña electoral. La oferta final fue remitida desde México en 2017, por Agustín Albán Maldonado, rector de Univer Milenium, a Santiago Cuesta y este la reenvió a Lenín Moreno. El documento se refiere a la recompra de 30 mil millones de dólares de deuda externa ecuatoriana a cambio de la privatización de empresas públicas.

En diciembre de 2018, Albán integró la terna vicepresidencial, de la que se eligió a Otto Sonneholzner. Agustín Albán Maldonado es hermano de Teodoro Albán, ejecutivo de Denarii Systems, empresa domiciliada en Miami – USA, de propiedad de Enrique Cadena Marín. 

Después de la victoria electoral de Lenín Moreno, las negociaciones de la privatización y concesión de las empresas comenzaron. La primera delegación de “inversionistas” que trajo Cuesta a Ecuador, estuvo integrada por Paul Manafort, Benjamin Ng, Héctor Hoyos y Agustín Albán, la cual se reunió con el presidente Lenín Moreno y funcionarios del ministerio de Finanzas, en mayo y junio de 2017. La invitación a los inversionistas chinos fue remitida por Eduardo Mangas en junio de 2017 por disposición de Lenín Moreno.

Un reporte de la consultora Hogan Lovells, contratada por el ministerio de Finanzas para perfilar a los mega inversores, señala que las empresas que negociaban la compra de la deuda externa ecuatoriana eran empresas de papel creadas la víspera. El mismo esquema de negocio y con los mismos oferentes que pretendió implementarse en Puerto Rico, el cual fue observado por autoridades de los Estados Unidos, al tratarse de un sistema de posible blanqueo de dinero.

De acuerdo con las personas consultadas, queda claro que Santiago Cuesta es el nexo con empresarios e intermediarios de negocios con el Estado; por lo que resulta preocupante y sospechoso que Lenin Moreno le haya encargado el manejo de las privatizaciones y la injerencia directa en las empresas estatales, delegándole un rol similiar al que tenía Jorge Glas en el gobierno de Rafael Correa, incluso con una vinculación aún más directa con los personajes oscuros de las negociaciones petrolera y de telecomunicaciones.

Parientes de Santiago Cuesta en lista de Odebrecht

En el sistema interno de búsqueda de casos de la unidad antilavado de activos de la fiscalía en Quito no aparece el expediente que investigaba a Carlos Andrés Bernal Alvarado.

El caso fue identificado con el número 170101818063517, fue además calificado con fuero de corte y se le asignó a la Fiscalía Antilavado de Activos, específicamente a la doctora Paola Gallardo, pero en esa unidad no conocen a Gallardo y tampoco identifican el caso.

Al hacer una búsqueda en el sistema de consultas de noticias del delito que posee la web de la Fiscalía General, aparece ese número de caso pero es identificado por el delito de financiamiento al terrorismo y el sospechoso tiene el nombre de Chen He Li.

Al solicitar una búsqueda más particularizada en la secretaría de la fiscalía antilavado, uno de los funcionarios revisó con detenimiento en los archivos de Excel, que es el sistema índice interno que usan los fiscales, pero sin ningún resultado. “No hay ese número de caso”.

En ese expediente se encuentra el informe de la Unidad de Análisis Financiero que identifica a Carlos Bernal Alvarado, su esposa Denise Vélez Rupertti y las empresas Construhidrocab y Disquesa, en posible lavado de dinero. El informe establece que los esposos Bernal-Vélez, más las dos compañías citadas recibieron ingresos brutos en 2010 que sumaron $33,711 pero a 2018 el monto total de ingresos fue $31.800.893.

Socios y accionistas de Construhidrocab

En términos pedagógicos en el año 2010 el porcentaje de ingresos fue apenas del 0.1% y ocho años mas tarde los ingresos crecieron en casi el 1000%.

Bernal Alvarado fue funcionario de la Secretaría del Agua y en 2012 estuvo al frente del proyecto de trasvase Daule Vinces (Dauvin). Tres años antes ya se había desempeñado como coordinador de los megaproyectos que impulsó el vicepresidente Jorge Glas y como secretario del agua, Senagua. Los ingresos de Carlos Bernal en el servicio público, entre 2011 y 2017, entre sueldos y sobre sueldos sumaron $377.431.

Como ejemplo, en el año 2017 recibió ingresos, por concepto de sueldos del Estado, por $ 64.000 pero los depósitos en sus cuentas bancarias fueron de $92.500. Es decir 28 mil dólares adicionales se transfirieron o depositaron en sus cuentas ese año.

En la lista de transferencias realizadas a las cuentas de Bernal, la UAFE identificó una en particular, en el año 2011, por un monto de $4910, realizada por Raúl Enrique Andrade Galarza, que a su vez era el representante de la empresa Belvedear Worldwide Company, una de las tantas compañías off shore que Odebrecht usó para pagar coimas en la región a través de su departamento de operaciones estructuradas.

Raúl Andrade Galarza retuitea la cuenta de Carlos Bernal


Viviana Bonilla, Carlos Bernal, Walter Solís, Jorge Glas y Alexis Mera

Raúl Enrique Andrade Galarza, según información de la Superintendencia de Compañías era gerente y accionista de Bosques Tropicales Manabí, Botsman S.A. compañía creada en 2012 para alquiler de maquinaria de construcción donde laboró en relación de dependencia la madre de Carlos Bernal, Carolina Alvarado Daza.

Feria de transferencias

La esposa de Carlos Bernal Alvarado, Denise María Vélez Ruperti, declaró al SRI, entre 2013 y 2017, ingresos totales por $210.301, pero la Unidad de Análisis Financiero identificó ingresos adicionales por $431.678. Denise Vélez Ruperti realizó además transferencias menores a $10.000 a una cuenta personal en el BBP Bank de Panamá. Ella también registró depósitos por $12500 provenientes de Raúl  Enrique Andrade Galarza.

La empresa Construhidrocab Cia Ltda (constituida en diciembre de 2009) dedicada a actividades de ingeniería civil tuvo a Denise Vélez Ruperti como propietaria del 50% de las participaciones y su hermano Xavier Andrés Vélez Ruperti, con el 50% restante. Esta firma recibió hasta 2018 acreditaciones por $18.825.242.

Información societaria de Construhidrocab

Entre los principales nombres que realizaron depósitos y transferencias a dicha empresa constan Leonardo José Jama Falcones, que entre 2014 y 2018, efectuó depósitos por $1.270.625.
Jorge Adrian Bermeo Ayora también realizó depósitos en Construhidrocab Cia Ltda por $416.490. En 2014 por ejemplo realizó decenas de depósitos pero su nombre en el sistema de la UAFE no registraba ningún tipo de ingreso.

La información de la empresa Construhidrocab, según el expediente de la FGE declaró ingresos entre 2013 y 2017, por $9.777.258 pero en ese mismo período los ingresos fueron de $17.614.263. Es decir $7.8 millones más.

Construhidrocab registró como cliente principal a Sinohydro en 2015 y en ese año recibió $503.116.En 2016 esta compañía registró entre sus clientes a la Empresa Pública de Construcción Manabí Construye, a la que se le encarga participar en la reconstrucción de la provincia a causa del terremoto de abril de 2016.
Entre 2014 y 2018 la misma Construhidrocab registró como cliente a la empresa Disquesa S.A. y recibió $306.600. En Disquesa S.A. Denise Vélez y su hermano Xavier Vélez, también son accionistas.

Disquesa también recibió depósitos por $11.933.034. De ese monto el 80% de depósitos fueron realizados por José Leonardo Jama Falcones. El mismo se encargó de depositar en efectivo, en un período de seis meses un aproximado de un millón de dólares. Solo en 2016 realizó 150 depósitos por $346.627.

Información societaria de Disquesa S.A.

Entre los años 2011 y 2013 el principal ordenante de transferencias de Disquesa fue la compañía panamaña Sevenseas Holding Corp., que registra como director a Marcelo Vélez Velasco, tío de Denise Vélez Ruperti. Durante el año 2017, Disquesa registraba como uno de sus importantes clientes a la empresa Semeg.

Construhidrocab recibió además $4.028.726 de la empresa Servicios Misceláneos E.González,  Semeg Cia Ltda. Esta última se constituyó en 2009, el mismo año que Construhidrocab.

Semeg Cia Ltda., entre 2016 y 2018, giró cheques a Construhidrocab por $1.265.485. Semeg es proveedora de Petroamazonas y Petroecuador, y facturó $19.444.000. La empresa fue cliente de Karina Emperatriz Sigüenza, que entre 2013 y 2015 figuró como funcionaria de Petroecuador. Karina Siguenza, es la esposa del ex secretario de inteligencia Senain, Rommy Vallejo, actualmente domiciliado en Chicago-EEUU.

Semeg tiene entre sus accionistas a una empresa panameña denominada Cossey S.A. Según el portal Código Vidrio, los esposos Vallejo-Siguenza manejaron importantes contratos en la provincia de Manabí.

La parentela de Santiago Cuesta

Xavier Vélez Ruperti, está casado con Claudia Vinueza, hija de Jaime Vinueza Vallarino, cuñado de Eduardo Jurado Bejar, exsecretario de la presidencia en el gobierno de Lenín Moreno, quien abandonó el cargo a raíz de denuncias sobre cobros indebidos de seguros bancarios realizados por la empresa GEA, de su propiedad.

Xavier Vélez Ruperti y Claudia Vinueza Benedetti

Mientras, Claudia Vinueza, concuñada de Carlos Bernal, es también sobrina de Gloria Vinueza Urgelles, cónyuge de Santiago Cuesta Caputi, consejero del presidente Lenín Moreno.

Nuestro equipo de investigación tiene información de gestiones realizadas por el consejero presidencial Santiago Cuesta para intentar favorecer a sus parientes relacionados con el caso. Consultamos vía watsap al exfiscal Paúl Pérez Reina, respecto al silencio de la fiscalía durante su gestión y nos dijo: “Hasta donde recuerdo en todos los casos se dispuso su investigación, ninguno se guardó en el escritorio. Es totalmente falso que el señor Cuesta haya ido a presionarme por caso alguno”, respondió.

Diana Salazar, directora de la UAFE confirmó la existencia del informe pero se negó a comentar los términos del mismo por su carácter reservado.

Al cierre de este informe se pudo conocer que el caso, aparentemente traspapelado en la fiscalía antilavado, está en manos de la fiscal Ximena Mena, cercana al ex fiscal Galo Chiriboga.

Un impuesto verde contaminante

En diciembre de 2018, el gobierno ejecutó el incremento del precio de las gasolinas Eco, Extra y Súper. Las autoridades anunciaron que la medida fue adoptada por la situación económica del país y prometió mejorar la calidad de la gasolina Súper de 90 a 92 octanos.

El cuestionamiento de la opinión pública a la calidad de los combustibles ha sido constante porque de sus características depende el grado de contaminación ambiental y por ende del aire que se respira.
Para enfrentar este grave problema Petroecuador implementó desde 2011 el Plan de Mejoramiento de la Calidad de los Combustibles, para incrementar el número de octanos en la gasolina y reducir el contenido de azufre en los combustibles.

Este plan era parte de los proyectos de rehabilitación de la refinería de Esmeraldas y de construcción de la refinería del Pacífico, orientados a alcanzar la soberanía energética.

El Plan de Mejoramiento fue financiado con los impuestos verdes, el tributo ambiental que se paga por contaminación vehicular. Entre 2012 y 2018, el Servicio de Rentas Internas (SRI) recaudó USD 843 millones por impuestos ambientales.

Pero ese tributo en nada mejoró la calidad de los combustibles y al revisar los reportes de calidad de los derivados, que se almacenan en el terminal de Pascuales, en Guayaquil, queda la sensación irremplazable de que el gobierno le mintió al país.

Los principales objetivos del cambio de la matriz productiva y la soberanía energética, eran producir combustibles para el mercado interno bajo norma Euro 5, con un nivel máximo de 10 partes por millón de azufre (ppm).

Luego de inversiones cercanas a los $ 3800 millones de dólares en las dos refinerías, el resultado es un terraplén en el Aromo-Manabí y una repotenciada refinería de Esmeraldas que sigue generando 40% de resíduo y gasolinas con un promedio de 1400 partes por millón de azufre (ppm) y altos contenidos de benceno.

Para comercializar las gasolinas nacionales, Petroecuador importa altos volúmenes de naftas de alto octanaje y bajo nivel de azufre y aromáticos, las cuales son mezcladas con los derivados generados en Esmeraldas, obteniendo un producto de 650 ppm de azufre. Para legalizar su comercialización en el mercado interno, el Estado autorizó a través de norma INEN la venta de esa gasolina con 650 ppm de azufre.

Informe de resultados de análisis de contaminación en la Refinería de Esmeraldas, No.1.


Informe de resultados de análisis de contaminación en la Refinería Esmeraldas, No.2.

En 2010, Petroecuador contrató con la universidad de Huelva-España, un estudio de calidad de los combustibles e impactos en la salud de los trabajadores de las refinerías. El documento mantenido en reserva, es un grito de alerta sobre alarmantes signos de exposición a químicos letales en los trabajadores y habitantes de las áreas de influencia.

“En esta refinería se reportan 31 casos, de los cuales 12 con diagnóstico de leucemia o leucopenias, 5 con diabetes e hipertensión arterial, 3 con cáncer de próstata y seminoma, 2 con insuficiencia renal y 11 más con distintas patologías graves, algunas de naturaleza carcinogénica. Estas patologías preocupan especialmente, considerando que los diagnósticos de leucemia son compatibles con la exposición crónica al Benceno”, señala el informe.

Los informes revelan que, entre 2011 y 2013, el terminal recibió combustibles con alto contenido de productos aromáticos (benceno, tolueno y xileno) y que gasolinas, diésel y otros derivados estaban fuera de especificación.

Es decir, Petroecuador compró y produjo combustibles con índices de calidad muy por debajo a lo permitido. Por ejemplo, en mayo de 2012, recibió nafta, proveniente de la Refinería Esmeraldas, con un 42% de aromáticos, cuando la norma INEN permite un máximo de 35%. También recibió gasolina Súper importada con 39,2% de aromáticos.

Este medio, tuvo acceso a 12 reportes de calidad sobre los cargamentos con combustibles fuera de especificaciones, recibidos en el terminal Pascuales.

Los aromáticos son compuestos químicos que elevan el octanaje de un combustible.  El octanaje es la capacidad antidetonante de la gasolina cuando se comprime dentro del cilindro de un motor. Las gasolinas de bajo octanaje, como la extra, es procesada en la Unidad de Hidrotratamiento de la Refinería Esmeraldas. En esta se produce el cambio de la estructura molecular de los componentes de la nafta y se producen los compuestos aromáticos, principalmente con Benceno, Tolueno y Xileno, que mejoran el octanaje, pero a un costo muy alto para la salud de todos, el ambiente y la vida útil de motores.
La exposición permanente a estas sustancias constituye un factor de riesgo porque están asociados con efectos mutagénicos (alteración del ADN), cancerígenos y otros trastornos neurológicos.

Estudios que marcan estándares en la calidad de vida de las personas han probado hasta la saciedad que una población expuesta a vapores de gasolina durante largos períodos tiene mayor incidencia de cáncer de esófago, ovario, testículos, colon y riñón.

La norma INEN, que controla la calidad de gasolinas en Ecuador, establece que el contenido de aromáticos no debe superar el 30% en la gasolina Extra y el 35% en la gasolina Súper. Un informe (2012-2158), del 20 de abril de 2012, detalla que Petroecuador importó, en un primer cargamento, gasolina Súper con 39,2% de aromáticos, cuando la norma internacional (ASTM D-6730 de manejo de calidad) y la norma INEN, permiten un máximo de 35%. Dos días después (22 abril de 2012), en el segundo y tercer cargamento, recibió gasolina Súper con 39.2% de aromáticos.

El 4 de junio de 2012, el terminal Pascuales recibió nafta de alto octano importada, que no cumplía con el parámetro de “presión de vapor DVPE”. Es decir, con la especificación que regula la cantidad específica de vapor, esto es la volatilidad o tendencia a evaporarse de la gasolina.

Reportes de la calidad de los combustibles No.2. Ver PDF

El reporte de calidad (2012-1557) del terminal Pascuales, del 21 de marzo de 2012, revela que en ese año se recibió diésel Premium fuera de especificaciones (incumplía la norma INEN 1493) de seguridad porque incumplía las condiciones de presión, temperatura y mezcla de gases que debe tener el diésel. Es decir, los ciudadanos y los transportes públicos parece que cargaron una bomba más que un combustible.
La calidad de los combustibles nacionales tampoco cumplió las normas de calidad. El reporte de calidad del 28 de febrero de 2012, sobre el combustible de turbina de aviación Jet A1 procedente de la Refinería Esmeraldas, entregado al terminal Pascuales, señala que el combustible no cumplió con la norma internacional ASTM D3948 (que determina las características de separación de agua de los combustibles de turbina y detecta los residuos).

La especificación está fijada en un mínimo de 85, mientras que el resultado de Jet A1 arrojó 61. Tampoco cumplió el parámetro ASTM D156, que determina la coloración correcta del producto.

Esta novedad fue confirmada el 7 de junio de 2012, por Fernando Llerena, a la fecha coordinador senior de gestión y control de calidad encargado de Petroecuador, que en memorando (00215-TGC-2012) reseñó que el buque María del Carmen V procedente de la Refinería Esmeraldas transportó diésel Oil (D2) de color negro que por no existir posibilidades de recuperarlo y sin que afectara los despachos no se lo tomó en consideración, el resto era Jet Fuel contaminado”,indica el documento.

Otro reporte de mayo de 2012, reveló que la nafta, proveniente de la Refinería Esmeraldas tenía aromáticos del 42%. Cantidad mayor al límite máximo tolerable para mezclas que es del 35%.
El 14 de noviembre de 2013, recibió gasolina de 92 octanos, que tenía el 35.7% de aromáticos. Dos días después, el 16 de noviembre, recibió la misma gasolina con un 35.4% de aromáticos. Ese día, también recibió diésel Premium que incumplía la norma INEN 1493, relacionada con el punto de inflamación, fijado en un mínimo de 51, el combustible local alcanzó 49.

Estas irregularidades fueron denunciadas por Luis Calero y Francisco Flores, extrabajadores del terminal Pascuales a las autoridades de Petroecuador, al expresidente Rafael Correa y a la Fiscalía General del Estado. De Correa no recibieron respuestas y de Petroecuador recibieron “hostigamiento laboral”, aseguran.

Calero, que se desempeñó como técnico líder de GLP, señala que la exposición permanente a los contaminantes químicos afectó su salud y la de varios compañeros.  Él asegura que “estaba sano antes de entrar a Petroecuador”.


“El médico del terminal me llamó a consulta y me dijo que tenía más de 300, que me tranquilizara, que problema de cáncer sería con 500 en adelante. Me dijo que vaya a seguir trabajando. Me sentí burlado”, relata.


En enero de 2014 el exoperador se realizó un examen médico de BTX.

Flores, por su parte, indica que ha solicitado, en dos ocasiones, los resultados de sus exámenes a Petroecuador. Hasta el momento la estatal no se los entrega.

“Como trabajador, yo sentía que cada vez que venían los productos, en buques tanques que algunos son de la compañía de Mariano Zambrano exprefecto de Manabí, tantos los buques grandes como los buques de alije, traían estos productos de mala calidad, lo primero que percibía el trabajador era irritación en los ojos, te llamaba muy rápidamente al baño, te dañaba el estómago, había una sensación de que algo andaba mal. Empecé a investigar y me di cuenta, dentro de los documentos que llegaban a la empresa que todos estos parámetros estaban siendo violados”, dice Calero.

En agosto de 2016, en la gerencia general de Pedro Merizalde, Luis Calero y Francisco Flores fueron despedidos. Ellos aseguran que fue en represalia por sus denuncias.

Reporte de combustible contaminado en avionetas. Ver PDF

Calero denunció a la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión otras irregularidades relacionadas con el sistema contra incendios del terminal y con la contratación de personal en Petroecuador.
La Secretaría de Transparencia investigó las denuncias y en un informe de 2013. Ante el hermetismo total del terminal de Pascuales esa secretaría preguntó por el combustible contaminado para avión al grupo Wong, cliente de Petroecuador, sobre las “novedades relacionadas al combustible contaminado y entregado por Petrocomercial desde el 28 de febrero hasta mayo del 2012”.

La Secretaría hizo referencia a un percance ocurrido, en mayo de 2012, con una de las avionetas de fumigación del grupo WONG causado por combustible JET A1 que compró a Petroecuador.
En un correo electrónico, el grupo Wong informó a la Secretaría sobre los problemas que tuvo por el “mal carburante”: el “14 de junio de 2012 por la presencia turbia y muy oscura del combustible se dispuso a todos los mecánicos limpiar el filtro de combustibles de la pared corta fuego cada 25 horas y cambiar el filtro de combustible de la turbina cada 50 horas. En esta semana el mecánico de pista Fumisa (provincia de Los Ríos) informa que el avión HC-CLK comenzó a encender la turbina, casi terminando el arranque se apagó. Fue a inspeccionar el filtro de combustible y estaba demasiado contaminado de color negro. Esto es un alto riesgo para las operaciones de las aeronaves…”.

Recuadro de contratación de personal no calificado. Ver PDF

Por esa razón el Cuerpo de Bomberos inspeccionó, en 2012, el terminal y descubrió que el sistema hidráulico automático contra incendios no operaba en su totalidad, así como el sistema de rociadores de agua para enfriamiento de los tanques y el anillo de rociadores en varios tanques estaba incompleto. “Debemos informar que las fallas de este sistema representan un grave riesgo para la operación en la terminal al no contar con Sistema de protección contra incendios que funcione de manera óptima y que pueda prevenir o controlar de manera inmediata algún posible siniestro”, dijeron los bomberos.

En 2015, la Secretaría Técnica de Transparencia, confirmó otra denuncia de Calero, al concluir que en 2010 hubo irregularidades en la contratación de personal en el terminal Pascuales, al contratar personas que no cumplían con los requisitos para acceder a las vacantes, “en Petroecuador EP se habrían omitido las formalidades legales necesarias para cubrir vacantes en sus diferentes cargos, sin considerar estudios previos y perfiles requeridos (…) generando en ambos casos un gasto alto para pago de nómina que contiene en gran medida un personal poco apto en el desempeño de las funciones”. “Se ha podido corroborar varios casos de contrataciones irregulares, lo que, a su vez, haría presumir un deficiente proceso de reclutamiento y selección personal; y un posible encubrimiento o negligencia manifiesta de hechos no transparentes en la administración de talento humano de EP Petroecuador, susceptible de responsabilidad administrativa y de ser el caso, penal por un delito contra la administración pública”, señala el informe.

En 2012, Luis Calero y Francisco Flores pusieron la denuncia en la Fiscalía General del Estado, el caso recayó en manos del fiscal de delitos contra la administración pública, Enry Bazurto. El denunciante indica que, en su momento, el fiscal le dijo que “no ve ningún delito”, dos años después, la fiscal Ana Ramos asumió el caso; ella encontró tres delitos (asociación ilícita, enriquecimiento privado injustificado y tráfico de influencias), e identificó a seis sospechosos, “todos obreros, pero a ninguna autoridad de cargos altos”, dice Calero.

Bazurto volvió al caso, en diciembre de 2017 y solicitó el archivo definitivo de la denuncia en agosto de 2018, alegando que no existe un informe con indicios de responsabilidad penal de la Contraloría General del Estado en contra de los acusados.

Calero asegura que Bazurto lo amenazó, me dijo que “nosotros somos unos hombres que le estamos haciendo daño a Petroecuador porque, según él, no ve ningún delito, que ellos son inocentes, que me vaya buscando dinero para pagarle los daños y perjuicios porque yo estoy atentando contra la honra de ellos, que me va a calificar de maliciosa y temeraria la denuncia”.  El pide archivo definitivo sobre dos temas en particular, cuando el tema de mi denuncia abarca alrededor de 10 ítems, de los otros ocho ítems él no dice nada, por ejemplo, él, hace dos años y medio, debió haber sabido que Marzán (empresa de Mariano Zambrano, destituido del cargo de prefecto de Manabí por irregularidades durante su gestión) no podía contratar con Petroecuador, sin embargo, yo le demuestro que el buque Farallón y Amazonas son de Zambrano y han traído productos para Petroecuador”.

En septiembre de 2018, Calero y Flores presentaron un impulso procesal para evitar el archivo de la denuncia y pedir el cambio de fiscal. El caso recayó en manos de la jueza Ruth Quevedo.
*Este medio hizo un pedido formal de información a Petroecuador sobre la calidad de los combustibles en los últimos 10 años. Hasta el momento no hemos recibido respuesta.