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Era el 23 de noviembre de 2015, a esa fecha el departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos desarrollaba una investigación de tráfico de oro y lavado de dinero en Latinoamérica y Ecuador era uno de los protagonistas. Conocían que importantes volúmenes de oro peruano eran contrabandeados al Ecuador para ser exportados a los Estados Unidos en condiciones supuestamente legales. Los responsables de esas operaciones eran Gustavo Jurado Tejada y de los hermanos Alberto, Xavier y Jordi March Game, hombres respetables de la sociedad guayaquileña y que habían contratado los servicios de Caupolican Ochoa.
Para entonces el abogado del presidente no sabía que el departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos trabajaba con un agente encubierto llamado Juan Granda. Él se encargó de enganchar las piezas del sistema de contrabando de oro -desde el departamento peruano de Madre de Dios hasta el Ecuador- y la supuesta compra venta del metal por las empresas de los March, usando documentos falsificados para su posterior exportación a Florida, Estados Unidos.

Cesar Ochoa no perdió tiempo y solicitó a sus clientes (Jurado y los hermanos March) $50 000 para evitar posibles detenciones. Caupolican y Cesar Ochoa no sabían que la policía había interceptado sus teléfonos como parte de la investigación del tráfico de oro internacional. Hoy MilHojas.is publica por primera vez el peritaje policial a los diálogos telefónicos de los abogados con sus clientes entre el 18 de noviembre y el 28 de enero de 2016. En estos se nombra a varios funcionarios del anterior gobierno: Fernando Cordero (ministro de defensa), Xavier Ponce (ministro de agricultura), David Norero (Ministerio del Interior), general Luis Garzón (Jefe del Comando Conjunto) y Gustavo Jalkh presidente del Consejo de la Judicatura.
Sobre este último funcionario el peritaje de voces dice textual: “C recibe una llamada de MD, MD le dice que está preocupado por lo de Guayaquil, C le dice que ya han hablado con el Consejo de la Judicatura para que se paralize un mes por que en eso corrió mucho dinero la idea es que rectifique, MD le dice que están acando a los 3ps (gente), C le dice que 4p (Gustavo JALK) cambio de juez por que el había recibido dinero, y que el hablo con 5p (Pepe) del ministerio y que ya tenían conocimiento que las cosas se habían complicado porque había mucho dinero de por medio”.
El peritaje ya fue mencionado por el portal Vértice News en junio de 2016, en un informe llamado “La ruta criminal del oro ecuatoriano” que narró los pinchazos al teléfono del abogado. Ochoa era escuchado día y noche por la relación profesional que prestaba a los March. El tema no era desconocido los Ochoa porque meses antes, en julio de 2015, el portal planv.com.ec publicó un amplio informe sobre el oro ilegal que salió desde Guayaquil hacia el estado de Florida nombrando a la empresa de los March Game como parte de los ilícitos.

Departamento amazónico de Madre de Dios al sur de Perú, de esta zona se extrae el oro que fue transportado a Ecuador y luego exportado ilegalmente a los Estados Unidos
El 24 de noviembre Cesar Ochoa llegaría a Quito a tratar de detener el proceso de fiscalía hacia Gustavo Jurado y sus socios en Clearprocess y Spartan.  En la audiencia de formulación de cargos por este caso de lavado (09281-2016-03513) se identificó que Spartan realizó transferencias por valor de US$850.000 a favor de NAPARINA CORP S.A., empresa de Enrique Cadena Marín, involucrado en los procesos de intermediación de crudo ecuatoriano. El nombre de Cadena Marín saltó internacionalmente cuando se conoció la base de datos de Panamá Papers, en esta aparece su relación con Gunvor y Castor Petroleum en la que recibieron 1 dólar por cada barril de petróleo que Ecuador entrega a Petrochina.
¿Es Naparina una empresa de lavado de oro y petróleo?
Un día después Fernando (el corcho) Cordero es mencionado en las charlas telefónicas, pero no especifica si jugó algún papel en el caso.  El 25 de noviembre Cesar Ochoa conoce que la información fue filtrada a los involucrados por un fiscal de Machala. Dos días después se conoce del primer allanamiento a la propiedad de Gustavo Jurado, en la intervención encontraron armas de fuego sin permisos y por esa razón fue detenido.
Ochoa de inmediato pidió el nombre del juez para hablar con él.  El peritaje evidenció que a Gustavo Jurado le incautaron dos carabinas antiguas y tres armas. Ochoa le dijo a Jurado que “ha mandado a David Norero, asesor del ministro del interior (José Serrano) que y va hacer muy útil. Ese mismo 27 de noviembre se intercepta una llamada de Ochoa que dice haber hablado con el juez y que “limpiamente no va a poder salir”, calcula que necesita $ 10000 para sacarlo.
Ochoa consideraba que contaría con la ayuda de David Norero pero este le dijo que por orden del ministro no se meta en el caso porque estaban cosas por salir. En el peritaje se transcribe así: “el ministro no quiere que intervengan ninguno de los dos (padre e hijo)…le ha dicho que hay un grave error y que le ha dicho ve CAPOLICAN yo tengo toda la información Dirección Nacional de Lucha Contra el Crimen Organizado…”.
Esas declaraciones no detuvieron a Ochoa, una llamada el mismo 27 de noviembre dice: “Karina llama a Capolican, le dice que se encuentra en el cuartel modelo esperando la audiencia le comenta además que la hija de Gustavo tiene un novio que trabaja con jueces y este a llamado a un abogado para que hable con el juez y este a aceptado arreglar por menos dinero”. Diez minutos después Ochoa hizo otra llamada que registró este mensaje: Capolican llama a Karina, le pregunta como va todo, le dice que ya salió libre Gustavo Jurado que el juez le aceptado por ocho mil dólares y el 9 de diciembre 2015 empieza el juicio”.

Caupolican Ochoa y su hijo César manejaron casos importantes para miembros cercanos de la Revolución Ciudadana, pero no tenían idea que la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos invesigaba a sus clientes 
En la página de consultas del Consejo de la Judicatura se corrobora que Jurado fue encausado ese día (27 de noviembre) por tenencia de armas, que se emitió su boleta de excarcelación y que fue llamado a juicio el 9 de diciembre.
El 30 de noviembre Caupolican Ochoa recibe la llamada del general Luis Garzón y le pregunta si ya está en Quito porque ya le tiene el informe que le pidió. Ochoa le dijo que no podía hablar sobre ese tema y que se reunirá personalmente con él. Los investigadores consideraron que Caupolican posiblemente sospechaba que estaba interceptado.
El 9 de diciembre Ochoa recibió por primera vez una llamada de Javier March. Le dijo que le gustaría hacer una reunión el martes 15 de diciembre y que buscaba información para fortalecer su tema.
Dias después Ochoa presentó información de las empresas de los March en la Agencia de regulación y control minero, Arcom. La última información filtrada fue una llamada desde Guayaquil en que le manifestaron preocupación “por lo de Guayaquil”. Lo mas trascendente fue el Consejo de la Judicatura y el cambio de juez que supuestamente ejecutó Gustavo Jalkh porque llegó a conocer los hechos que se narran en este imforme, en este último pinchazo se habla de entrega de dinero pero no contextualiza a quiénes fueron los emisores y receptores.