Imagen: Dentro de la Fiscalía, Luis Chiriboga, esposado, es llevado por un policía ante la vista de Vinicio Luna.
Luis Chiriboga Acosta y Francisco Acosta Espinosa manejaron a su antojo al fútbol ecuatoriano. Pero también lo hicieron con la pequeña comunidad de Puerto Chojón, en la isla Puná, provincia de Guayas, lugar  en que montaron una camaronera de 185,8 hectáreas.
Una vez que se dio a conocer el escándalo de corrupción en la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), que terminó con la captura de Luis Chiribga, Francisco Acosta y Vinicio Luna, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la Fiscalía mencionó unas transferencias desde la empresa Ticketshow (que maneja las entradas de los partidos de la Selección Ecuatoriana de Fútbol) hacia varias cuentas. “En los años 2011, 2013 y 2014 la compañía TicketShow S.A. realiza transferencias a las cuentas de personas naturales y jurídicas vinculadas con el señor Chiriboga Acosta Luis Gustavo, entre ellos su cónyuge, Merino Gómez de la Torre Grace, Servitron S.A., compañía en la que es accionista y gerente general; así como también al señor Valverde García Winston Hernán, por un valor total de $ 184.551”, dice el informe de la UAF.
Precisamente, Winston Valverde García, que es contador, entra en el juego de transferencias tanto como ayudante de Chiriboga en la FEF como en la camaronera de la isla Puná. Valverde “es mi asistente en la Federación -dijo Chirboga en su declaración libre en la Fiscalía-, pero trabaja directamente conmigo y le pedía que me ayudara con algunas cosas de la camaronera, pero trabaja directamente conmigo”. La camaronera, que no tiene nombre, es un lugar por el que abundan juicios y demandas, como parece ser la tónica en los negocios de Chiriboga.
Imagen: Ubicación de la camaronera de Chiriboga y Acosta, en la isla Puná, en el Golfo de Guayaquil.
El predio de la camaronera, ubicada al norte de la isla Puná, enfrentó sendos conflictos sociales, jurídicos y ambientales, pero, al final, Chiriboga mantuvo el control de esas tierras contra manglar y marea.
La historia arranca a mediados de los años 90. Chiriboga y Acosta eran socios en las empresas Servitron (la misma que aparece en el informe de la UAF) y Prontimil que adquirieron la extensión señalada de terreno.
No se tiene claridad cómo la dupla Chiriboga-Acosta adquirió esos predios. Se sabe que el primer grupo humano que se benefició fue la comunidad de Chojón. Eso se desprende de una resolución del 22 de enero de 2001 (documentos 1⇒, 2⇒ y 3⇒) que emitió el desaparecido Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA).  En esta se cita una declaración de Marcelino Benigno González Consuegra que dijo que en esas tierras  tenían sus casas de habitación los socios de la cooperativa 24 de Septiembre, “que viven allí desde su nacimiento y que se dedican a la producción del camarón”.
Aseguró en la resolución además que contaba con permisos otorgados en 1987 por el Ministerio de Industrias Comercio e Integración, la Armada Nacional  y la Subsecretaría de Asuntos Pesqueros a favor de la cooperativa 24 de Septiembre, formada por la comunidad.
Esa resolución recoge además la palabra de Manuel Ramírez Ramírez, procurador de los habitantes del recinto “Aguas Piedras”: “Las tierras que se pretenden por parte de los mentados señores (Chiriboga y Acosta) son comunales que han servido de asiento desde tiempos inmemoriales, tanto a la comuna Chojón como a la comuna Aguas Piedras. Además que las tierras constituyen el sustento de sus vidas, que son campesinos abandonados por los sectores públicos de todo servicio que no tienen títulos pero son posesionarios desde tiempos inmemoriales”.
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Chiriboga y Acosta Espinosa aseguraron en su defensa que eran los legítimos dueños desde mediados de los años 90, que sobre ellos mantuvieron posesión regular, ininterrumpida y pacífica. Que en los lotes realizaban la cría del camarón y que su actividad brindó plazas de trabajo para los pobladores.
Pero nunca se detalló cómo adquirieron esos inmuebles, a quién lo hicieron, cuánto fue el costo real y de dónde salió el dinero.
En la resolución del INDA se asegura que Servitron y Prontimil levantaron una escuela para la comunidad y que se encontraba en buen estado, pero no le dio la razón a ninguna de las partes y ordenó que esos predios vuelvan al patrimonio estatal por considerarlas tierras baldías. El 22 de enero de 2001 ese cuerpo de tierras fue valorado  en $USD 1.053, 22 y registrado como patrimonio nacional.
Imagen: Documento del predio de la camaronera, entre Puerto El Chojón y el recinto Agua Piedra.
Pero esa resolución no significó la salida de las dos empresas, que continuaron laborando. De hecho nada cambió hasta el 8 de abril de 2005, cuando el INDA emitió dos resoluciones adjudicando (esta vez de forma legal) 48,76 hectáreas a la Compañía Servitron S.A. y 65.80 hectáreas, adyacentes, a Prontimil.  
El entonces del director del INDA, Juan Jácome Pasquel ordenó la inclusión de un plan de explotación de las tierras. Este se limitó a una simple hoja  en la que Chiriboga afirmó que cultivaría en cinco años 20 hectáreas de cucubitáceas, es decir, hortalizas.  Además dijo que sembraría 15 hectáreas de árboles de tamarindos, chirimoyas y ciruelas. Nunca se mencionó las palabras camarones, camaronera, ni nada parecido.  
Formalizada la entrega de los predios, Prontimil vendió su parte a Servitron en un valor de $USD 37.374,40 según se desprende de la escritura de compraventa celebrada el 27 de diciembre de 2006 en la notaría 25 de Guayaquil.
Se trató del traspaso de un bolsillo a otro porque las dos empresas estaban registradas en la misma dirección: piso 5, oficina 4 del edificio torre Colón, Guayaquil. Además Luis Chiriboga apareció como gerente general de Prontimil y Servicon.
En 2013 el Ministerio de Agricultura a través de la Subsecretaría de Tierras y Reforma Agraria realizó un estudio de buena parte de las adjudicaciones de tierras realizadas por el desaparecido INDA y el 15 de octubre de ese año concluyó que las tierras entregadas a Prontimil y Servicon eran nulas porque se logró determinar que esos predios formaba parte de una zona de manglar, salitral y playa. “Al tratarse de bienes nacionales, su uso pertenece a los habitantes de la nación como es el caso de calles, plazas, puentes” expresó en la resolución el subsecretario de tierras y reforma agraria, Manuel Suarez Rites.
Chiriboga solicitó a la justicia una acción de protección que recayó en el Juzgado 1ro de Tránsito de Pichincha. Aseguró que esa decisión vulneró su derecho al trabajo, a la estabilidad laboral, la seguridad jurídica, la privación de tutela efectiva e indefensión.  Dijo además que la Subsecretaría de Acuacultura, junto a la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos, otorgaron a Servitron una  concesión de playa y bahía con una extensión de 50 hectáreas. Agregó que el 25 de abril de 2013 la Capitanía del Puerto de Guayaquil  le dio matrícula de concesión de zonas de playa y Bahía. 
Pero el juez César Fernando Fabara Benalcazar negó la petición de medidas cautelares presentadas por Chiriboga.
No fue el único conflicto, el 6 de septiembre de 2012 el Ministerio del Ambiente multó a Servitron en $USD 44.636,50 por haber talado y quemado media hectárea de manglar.  Chiriboga demandó una acción de protección contra el Ministerio del Ambiente en la persona de la ministra Lorena Tapia en el juzgado 8 de lo Civil de Pichincha..

“En la causa 253-2013 impugnó el informe técnico(…). Para corroborar esa historia utilizó a su favor las declaraciones de las familias que habitan Chojón. Es decir, las mismas familias que hace 13 años reclamaron las tierras como suyas, defendían al presidente de la FEF…”

En la causa 253-2013 impugnó el informe técnico y la decisión del Ministerio del Ambiente. Dijo que se trató “mínimo podamiento, de unas pocas ramas de ciertos árboles que impedían transitar por debajo de los mismos”.
Para corroborar esa historia utilizó a su favor las declaraciones de las familias que habitan Chojón. Es decir, las mismas familias que hace 13 años reclamaron las tierras como suyas, defendían al presidente de la FEF.
Ninguna de las acciones judiciales que impulsó prosperaron y la empresa fue obligada a pagar esa suma, pero se desconoce si lo hizo.
En la actualidad la camaronera continúa en poder de Chiriboga, es decir, no se ha podido efectivizar la decisión de la Subsecretaria de Tierras. De hecho, hace  pocas semanas, cuando el asambleísta Ramiro Aguilar hizo público el informe de la Unidad de Análisis Financiero que  estableció que hubo transferencias desde las cuentas de Chiriboga en Panamá a nombre de Hernán Valderde García, contador de la FEF, que además trabajaba privadamente para Chiriboga en la camaronera.
Luego la  abogada defensora de Chiriboga, Lucía Vallecilla, especificó que $USD 120.000 fueron transferidos para el giro de negocio de la camaronera y que el dinero fue manejado por Valderde García.

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