De los 281 postulantes, 31 han enfrentado procesos penales. Mientras 106 aspirantes (39%) son rostros familiares en la función pública: exasambleístas, exministros, exautoridades de empresas estatales y de gobiernos seccionales.

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN 1

34 candidatos a la Asamblea por la circunscripción 1 de Pichincha tienen declaraciones pendientes con el SRI

Un tercio de los postulantes ha sido funcionario público y hay 10 candidatos que han enfrentado procesos penales.

La situación tributaria es opaca en 34 de los 85 candidatos a asambleístas de la circunscripción 1 de Pichincha, pues no han presentado todas sus declaraciones de impuesto a la renta. Sin embargo, ninguno registra deudas con el Servicio de Rentas Internas (SRI). Por otro lado, diez aspirantes han enfrentado denuncias penales. 

Existen partidos en los que la mayoría de sus candidatos tiene declaraciones tributarias pendientes. Esta es la situación de cuatro de los cinco candidatos presentados por el Partido Sociedad Patriótica (PSP, lista 3), Pueblo, Igualdad y Democracia (PID, lista 4), Acción Democrática Nacional (ADN, lista 7), Izquierda Democrática (ID, lista 12), Creando Oportunidades (CREO, lista 21) y Renovación Total (RETO, lista 33).

El candidato que más declaraciones de impuesto a la renta pendientes es Paúl Sampedro Cedeño de Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (Amigo, lista 16), con seis años. Le siguen Rafael Cueva Egüez (CREO), Rodrigo Jarrín Davila (Amigo), Michael Castillo Terán (ADN) y Andrés Castillo Maldonado (ADN), con cuatro años cada uno.

Luego están la exministra de Justicia Ledy Zúñiga Rocha (RC), Inés Alarcón Bueno (ADN), Ana Jácome Vivas (ID) y Andrea Arévalo Bravo (CREO), con tres años, cada una.

El SRI señala en su página web que están exentos de presentar declaración los contribuyentes domiciliados en el exterior y aquellos cuyos ingresos fueron demasiado bajos.

La circunscripción 1 de Pichincha está compuesta por las parroquias del centro y norte de Quito. Son 16 organizaciones políticas y una alianza las que se disputan cinco curules parlamentarias.

Esta es una investigación liderada por Fundamedios, con el apoyo de la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC), en la que participaron 38 periodistas. MIL HOJAS y otros 39 medios de comunicación se han unido a la alianza para difundir la información.

Declaraciones patrimoniales de los candidatos

De los 85 candidatos calificados, 28 tienen experiencia en el sector público y han laborado en 39 instituciones estatales. La mayoría en la Asamblea Nacional (9) y en el Municipio de Quito (6).

Entre ellos destacan la exministra Ledy Zúñiga y el exgerente de Yachay, Héctor Rodríguez Chávez, por la Revolución Ciudadana (RC); el exfuncionario de la Agencia Metropolitana de Control, Mauro Andino Espinoza, por Pachakutik (PK, lista 18), y el exjefe de negocios de Celec, Christian Albuja Terán, por Amigo (lista 16).

Además, la asambleísta Inés Alarcón Bueno (ADN, lista 7) busca la reelección así como la exlegisladora y exsecretaria de la Política, Ana Belén Cordero (CREO, lista 21).

Cuatro exfuncionarios han declarado en al menos una ocasión tener cero dólares de patrimonio. Es decir, ningún tipo de bien, ni dinero en cuentas bancarias ni inversiones, pero tampoco deudas. Es el caso de Xavier Veloz Vallejo (PSE, lista 17), Nickol Dávila Garnica (ID), Jean Larenas Duque (Avanza, lista 8) y María José Santos Calderón (Centro Democrático, lista 1).

Otros tres registraron alguna vez patrimonio negativo: Andrea Villagómez Cabrera (PSP) y Ana Belén Cordero y Andrea Arévalo Bravo (CREO).

En el análisis de los patrimonios declarados existen algunos incrementos considerables. Por ejemplo, el de Ana Jácome Vivas (ID), que pasó de 160 mil dólares en 2017 a más 600 mil dólares en 2024; Michel Briones Montesdeoca (CREO) que en 2010 declaró cien dólares y en 2024, 54 mil dólares; así como Vanessa Velásquez Rivera (Construye) que en 2017 declaró 10 mil dólares y en 2023 casi 190 mil dólares.

Denuncias penales contra los candidatos

Una decena de participantes, de siete listas, ha enfrentado denuncias penales por estafa, falsificación, daño a bien ajeno, defraudación tributaria.

En el sitio web de la Función Judicial están registrados 14 procesos penales relacionados con los candidatos de la circunscripción 1 de Pichincha. De estos, doce fueron archivados, principalmente porque la Fiscalía no encontró los elementos necesarios para mantener la acusación. En otro caso hubo una sentencia ratificatoria de inocencia.

Solamente uno, abierto en julio de 2024, está en curso. Se trata del presunto delito de usurpación del que se acusa al candidato Paúl Sampedro Cedeño (Amigo). Sin embargo, aún no hay formulación de cargos y el denunciante no ha reconocido la firma en el proceso desde octubre.

La candidata con más procesos es Inés Alarcón Bueno (ADN), que tuvo tres casos en su contra. Todos fueron abiertos por acusaciones de presuntas estafas y engaños, en la venta de productos, y ya fueron archivados.

Esta alianza periodística contactó a Alarcón para pedirle su versión sobre estas denuncias, pero hasta la publicación de este reportaje no hubo respuesta.

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCION 2

Nueve de los candidatos a asambleístas por la circunscripción 2 de Pichincha han tenido procesos penales en su contra

Otros 35 candidatos tienen declaraciones pendientes con el SRI y cinco más suman deudas con la entidad.

Nueve de los aspirantes a legisladores de la circunscripción 2 de Pichincha han tenido procesos penales abiertos en su contra, por presuntos delitos como asociación ilícita, falsificación y cohecho. Pero, ahora, solamente dos están en curso. Los demás fueron archivados, sobreseídos, prescribieron o hubo sentencia ratificatoria de inocencia.

En esta circunscripción, que agrupa a las parroquias del centro sur de Quito, hay catorce listas con un total de 70 candidatos que buscan ocupar cinco curules de la Asamblea Nacional.

Y el único caso penal públicamente conocido es el de Christian Hernández Yunda, de la Revolución Ciudadana (RC, lista 5) y primo del exalcalde capitalino, Jorge Yunda. En 2021, fue acusado del presunto delito de asociación ilícita, junto a Sebastián Yunda, hijo del entonces alcalde, que huyó del país en su momento.

Sin embargo, Hernández fue declarado inocente, por no haber tenido participación en el presunto delito. El ahora candidato consta como testigo en el caso que aún sigue abierto y espera la audiencia de juzgamiento contra dos procesados.

Esta alianza contactó a Hernández para pedirle su comentario sobre su importancia como testigo del caso, pero hasta la publicación de este reportaje no hubo respuesta.

Esta es una investigación liderada por Fundamedios, con el apoyo de la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC), en la que participaron 38 periodistas. MIL HOJAS y otros 39 medios de comunicación se han unido a la alianza para difundir la información.

Por otro lado, Juan Trujillo Soto, de Amigo (lista 16), es el que más procesos penales tiene registrados. Entre 2022 y 2024, registra dos casos por presunta falsificación y otro por supuesto cohecho. Todos fueron archivados, porque la Fiscalía no encontró elementos suficientes.

Esta alianza contactó a Trujillo, quien reiteró que dichas denuncias no tuvieron fundamento, por lo que fueron archivadas, y que la Fiscalía cumplió con su rol de investigar cada caso.

Actividad tributaria de los candidatos

El Servicio de Rentas Internas (SRI) registra que 35 candidatos que buscan una curul legislativa por la circunscripción 2 de Pichincha tienen declaraciones tributarias pendientes. La lista la encabeza Julio Troya Pantoja, candidato del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE, lista 17), que tiene seis años pendientes.

En la misma línea, con cinco años de declaraciones pendientes, le siguen siete candidatos: Alexandra Guaytara Almache, del Partido Sociedad Patriótica (PSP, lista 3); Daniel Vaca Barahona, de Renovación Total (RETO, lista 33); Jenny Méndez Quelal (Amigo); José Guallichico Araujo (PSE); Myriam Hinojosa Barahona (alianza Súmate a la Transformación lista 23-65); Silvana Pillajo Lazo, de Revolución Ciudadana (RC, lista 5) y Yolanda Durán Sáenz, del Partido Unidad Popular (UP, lista 2).

En su página web, el SRI señala que están exentos de presentar declaración los contribuyentes domiciliados en el exterior o aquellos cuyos ingresos fueron demasiado bajos.

Además, hay otros cinco candidatos que tienen deudas tributarias. La más alta, de 6.766 dólares, pertenece a Juan Freire Díaz, del movimiento Creando Oportunidades (CREO, lista 21). Le sigue Carlos Fernando Mantilla Pérez (PSC, lista 6) con 945 dólares. El resto es por valores menores.

Y cinco candidatos a asambleísta no tienen ninguna información registrada en el SRI. Ellos son: Michelle Pilamunga Quishpe (PID), Brayan Iza Quingatuña (RC), Dominique Serrano Molina (ADN), Leslye Vallejo Armas (ID), Karellys Campoverde Bedón (Construye) y María Bueno Mera (Súmate a la Transformación, lista 23-65).

Declaraciones patrimoniales de los candidatos

De los 70 candidatos, el 39 por ciento ha ejercido cargos en la función pública. Pero solo dos perfiles han ocupado más de una decena de puestos: Édison Cando Rocha (PID) y Nataly Morillo Solorzano (ADN).

Ambos, además, coinciden en nunca haber declarado pasivos ante la Contraloría, es decir deudas contraídas. Sin embargo, Cando ha declarado en cuatro ocasiones tampoco poseer ningún activo.

Mientras que Morillo declaró un cambio de patrimonio de 4.000 dólares a 124.900 dólares entre julio de 2019, cuando dejó el puesto de Analista de Comunicación en el Ministerio del Interior, y abril de 2022, cuando terminó su gestión como Directora de Comunicación del Ministerio de Gobierno.

Morillo ya fue asambleísta entre 2023 y 2025, cuando llegó al Parlamento como suplente de Patricio Carrillo, por Construye, pero él no logró posesionarse. Además de ella, hay otros tres candidatos que buscan la reelección: Jhajaira Urresta Guzmán (RC), Eckenner Recalde Alava (ADN) y Marcelo Achi Sibri (PSC).

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCION 3

En la circunscripción 3 de Pichincha hay 47 candidatos a la Asamblea que declaran sus impuestos en 0 dólares

Además, hay 30 candidatos que no han declarado impuesto a la renta en algún año entre 2017 y 2023. Y otros cuatro aspirantes a legisladores tuvieron procesos penales.

Cuatro candidatos buscan la reelección a la Asamblea Nacional en la circunscripción 3 de Pichincha, donde 14 organizaciones políticas se disputan cinco curules parlamentarias.

De los 70 candidatos a asambleístas, los cuatro que llegaron a la Asamblea tras la muerte cruzada, en 2023, y ahora buscan regresar son: Jahiren Elizabeth Noriega Donoso y Patricio Chávez Zavala por la Revolución Ciudadana (RC, lista 5), Manuel Bohórquez Tapia, por el Partido Social Cristiano (PSC, lista 6) y Nathaly Farinango Delgado, del oficialista Acción Democrática Nacional (ADN, lista 7).

Treinta de los 70 candidatos no han presentado su declaración de impuestos ante el Servicio de Rentas Internas (SRI) en alguno de los últimos siete años (2017-2023). Aunque este no es un requisito para la inscripción de la candidatura, demuestra un pendiente con la administración del Estado. En su página web, el SRI señala que están exentos de presentar declaración los contribuyentes domiciliados en el exterior o aquellos cuyos ingresos fueron demasiado bajos.

Quien encabeza esta lista es el candidato José Armendaris Sáenz, de CREO (lista 21), que tiene cinco declaraciones pendientes. Le siguen, con cuatro años, su coideario Erik Trejo Maldonado; Fausto Rodríguez Martínez, del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE, lista 17); Germania Jiménez Torres, de la alianza Súmate a la Transformación (lista 23-65) y Perla Lalaleo Valencia, del Partido Sociedad Patriótica (PSP, lista 3).

Luego de publicada esta información, Camila Lalaleo presentó sus declaraciones de impuesto a la renta correspondientes a los años 2022 y 2023, con un valor de cero dólares. En una carta enviada a Fundamedios este 6 de febrero, la candidata manifestó que también solicitó al SRI que corrija su sistema, donde aún consta que tiene declaraciones pendientes por los años 2020 y 2021, argumentando que ella no debía realizar estas declaraciones ya que inició sus actividades económicas recién en 2022, cuando abrió su RUC.

Más de la mitad de los postulantes para esta circunscripción, es decir 47 candidatos han declarado cero dólares en alguno de los años del periodo analizado. De entre ellos, dos lo han hecho durante siete años, es decir que han reportado en este tiempo no tener ingresos o al menos no los suficientes para pagar impuestos. Ellos son: Juan Bayas Verduga, Pueblo, Igualdad y Democracia (PID, lista 4) y Ronal Toala Reyes, de Centro Democrático (CD, lista 1).

Además, una docena de candidatos no tienen ningún tipo de información registrada en el SRI. Pertenecen a varias tiendas políticas: Unidad Popular (UP), PID, RC, ADN, Izquierda Democrática (ID), PSE, CREO y Súmate a la Transformación.

Y otros cuatro postulantes por la circunscripción 3 tienen deudas pendientes con el SRI. La mayor de ellas de 3.285 dólares, de la candidata Mayra Brito Cuzco (CD), que fue presidenta de la Junta Parroquial de Tumbaco. Las otras tres varían entre un centavo y 3,25 dólares.

Esta es una investigación liderada por Fundamedios, con el apoyo de la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC), en la que participaron 38 periodistas. MIL HOJAS y otros 39 medios de comunicación se han unido a la alianza para difundir la información. 

Experiencia en el sector público

De los 70 candidatos de la circunscripción 3 de Pichincha, un 42 por ciento tiene experiencia en el sector público y registran declaraciones juradas en la Contraloría General del Estado. El Consejo Nacional Electoral, la Asamblea Nacional y el Municipio de Quito son algunas de las instituciones en las que se han desempeñado los postulantes.

No todos han presentado declaración de fin de gestión ante la Contraloría. Laura Coello Fernández (Centro Democrático) es la que más ha repetido este incumplimiento, al salir de tres cargos zonales en el Municipio capitalino sin declaración final.

Por otro lado, en esta información pública hay un patrimonio que destaca por sobre los demás: el de Patricio Chávez Zavala (RC), asambleísta que busca la reelección. En su declaración de marzo de 2017, al finalizar su cargo como Gerente de la empresa pública en liquidación TAME, dijo superar los 14,3 millones de dólares. Pero al iniciar como asambleísta, en noviembre de 2023, declaró un patrimonio de 464.817 dólares. La principal variación fue en sus bienes inmuebles que disminuyeron en poco menos de un millón de dólares.

En 2017 apenas pagó 312 dólares de impuestos en el SRI y fue bajando anualmente hasta llegar a cero dólares en 2020. Desde entonces comenzó a declarar altos valores, por sobre los 8.000 dólares anuales.

Así como hay legisladores que aspiran a la reelección, también hay extenientes políticos que buscan llegar a la Asamblea: Cristian Romero Morocho (ADN), Fredy Espinoza Granda (Construye) y Paola Paillacho Coro (PSC).

Procesos judiciales sobreseídos o archivados

En cuatro de las listas aparecen candidatos que han tenido procesos penales en su contra. Los supuestos delitos que se investigaron fueron uno por estafa, dos por violencia psicológica de género y uno por asociación ilícita en instituciones públicas. Pero los casos fueron archivados, sobreseídos o prescribieron.

El caso de presunta asociación ilícita se trata de José Armendaris Sáenz (CREO), por una supuesta venta de cargos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Pero el juez dictó sobreseimiento a su favor.

Mientras que en el proceso por supuesta violencia psicológica de género estuvo vinculado Manuel Bohórquez Tapia (PSC). Pero, tras pasar el tiempo equivalente a la pena máxima, de cinco años, el caso prescribió.

Esta alianza periodística contactó a ambos candidatos para conocer sus versiones, pero hasta la fecha de esta publicación no hubo respuesta.

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCION 4

El 41 por ciento de los candidatos de la circunscripción 4 de Pichincha ha tenido experiencia en el sector público

Una tercera parte presenta declaraciones de impuesto a la renta con valor de cero dólares.

Entre los 56 candidatos que compiten en la circunscripción 4 de Pichincha, hay varias cosas en común que llaman la atención. El 41 por ciento de ellos ha sido funcionario público, en tanto que casi una tercera parte ha presentado declaraciones de impuesto a la renta con cero dólares en los últimos años.

En esta circunscripción hay también dos candidatos que apuestan por la reelección como asambleístas: Alexandra Andrea Castillo Campoverde, del PSC (lista 6), y Hernán Zapata Rojas, de ADN (lista 7).

Por otro lado, hay ocho aspirantes que han estado relacionados con 17 procesos penales, con distinto resultado.

En la circunscripción 4 de Pichincha hay catorce organizaciones políticas que inscribieron 56 candidatos a la Asamblea Nacional, que buscan quedarse con una de las cuatro curules parlamentarias.

Esta es una investigación liderada por Fundamedios, con el apoyo de la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC), en la que participaron 38 periodistas. MIL HOJAS y otros 39 medios de comunicación se han unido a la alianza para difundir la información.

Con respecto al pago de impuestos, en esta circunscripción hay 21 aspirantes que tienen declaraciones anuales pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI) durante los últimos siete años (2017-2023).

Dos de los 21 son los que más han fallado en este requerimiento de la administración tributaria. Ellos son Galo Duque Calero, de Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (Amigo, lista 16) y José Cadena Yánez (ADN).

El SRI señala en su página web que están exentos de presentar declaración los contribuyentes domiciliados en el exterior y aquellos cuyos ingresos fueron demasiado bajos.

Mientras que casi una tercera parte de los candidatos ha presentado una o varias veces declaraciones de IR en cero dólares. Es decir que no tuvieron ingresos o que los ingresos recibidos estaban por debajo de la base imponible.

Los que lo han hecho durante el periodo más largo, de siete años, son Alejandra Alvear Nieto, del Partido Sociedad Patriótica (PSP, lista 3); Alexandra Castillo Campoverde, del Partido Social Cristiano (PSC, lista 6), y Elvia Inca Enríquez, del Partido Unidad Popular (UP, lista 2).

Pero también hay siete candidatos que no aparecen en los registros del SRI: Paola Albuja Estrella, Angélica Bernal Guasgua y Jorge Cevallos Velasteguí (Amigo); Daniela Dávila Cisneros, (Centro Democrático); Pedro Gualoto Ramírez (PID); Adamari Quiroz Cabezas (ADN) y Stephany Velasteguí Nicolalde (RETO).

Los casos penales de los candidatos

Entre los aspirantes a legisladores hay ocho que han tenido procesos penales abiertos en su contra y que suman un total de 17 casos. De estos, 13 fueron archivados, otros sobreseídos, declarados inocentes o aún están en proceso de juzgamiento.

Por ejemplo, Andrés Durán Montenegro, candidato por Renovación Total (RETO), fue acusado de presunta calumnia en agosto de 2024, pero el proceso no puede avanzar porque no han podido encontrarlo para notificarlo. Durán es conocido en redes sociales por hacer denuncias de presunta corrupción, y se presenta como periodista con su sobrenombre de “El Chochólogo”.

Esta alianza periodística contactó a Durán para pedirle su versión sobre esta denuncia, pero hasta la publicación de este reportaje no hubo respuesta.

Mientras que José Garzón Jácome (PSP, lista 3) fue acusado de una presunta estafa, en un caso de un migrante que pagó dinero para intentar llegar a Estados Unidos de manera irregular. Sin embargo, según consta en las actas del proceso, el denunciante desistió de la acusación después de haber llegado a un acuerdo para la devolución del dinero con los dos procesados, por lo que la Fiscalía se abstuvo de formular cargos. Y el juez dictó el sobreseimiento en 2022.

Esta alianza contactó a Garzón para pedirle su versión sobre esta denuncia. En su primera respuesta afirmó que su participación fue “haberle facilitado mi cuenta para que le depositen 2.000 que fueron entregados al denunciado Marco C.”.

Pero, en su segunda respuesta, el candidato cambió de versión y dijo que “el falso denunciante nunca depositó en mi cuenta el valor indicado” (sic.).

Otro caso es el de Patricia Maigua Suntaxi, candidata del movimiento Pachakutik (PK, lista 18), que suma cuatro procesos judiciales, tres sin detalles de las acusaciones y uno por supuesta intimidación. Todos fueron archivados.

Esta alianza periodística contactó a Maigua para pedirle su versión sobre estas denuncias, pero hasta la publicación de este reportaje no hubo respuesta.

Asimismo, Paola Albuja Estrella (Amigo) registra cuatro procesos. Tres investigaciones fueron archivadas y en una causa fue declarada inocente. La candidata manifestó que ella planteó una denuncia por presunta usura en 2013 y que el expediente se extravió por cuatro años, tiempo en el cual el denunciado emprendió varios procesos penales en contra de ella.

“Todas las denuncias en mi contra fueron interpuestas por la misma persona, ya sea de forma directa o a través de sus empresas, repitiendo los mismos argumentos infundados”, apuntó Albuja. Añadió que, por error del sistema informático de la Función Judicial, una denuncia aparece como si se tratara de diferentes procesos y que en un caso fue declarada inocente tanto en la Corte Provincial como en la Nacional.

La experiencia en el sector público

El 41 por ciento de los candidatos de la circunscripción 4 han tenido experiencia en el sector público, en 26 instituciones, principalmente en entidades municipales y ministerios. Los que más cargos han ocupado son Andrés Durán Montenegro (RETO), con siete cargos, y Alejandra Alvear Nieto (PSP), con seis puestos.

En el caso de Andrés Durán, no consta en la Contraloría su declaración final de gestión como asesor nivel 2 de la legisladora Mónica Palacios, en la misma Asamblea Nacional, cargo al que debía renunciar para postularse como candidato.

Durán es el único de los 23 postulantes que presentó declaraciones en cero dólares, en 2018 y 2023, es decir que no poseía ningún activo ni pasivo en ese momento. En cambio, en su última declaración periódica de 2024 registró 41.184 dólares de patrimonio.

Además de él, una docena de candidatos también ha incumplido con la Ley de la Contraloría pues no han presentado sus declaraciones patrimoniales de fin de gestión de alguno de sus cargos.

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