Por: León Roldós Aguilera
Por años estuvo en el sector aduanero.  También vivió en el Estado de Florida,  Estados Unidos de Norte América, donde ejerció como Notario Público.
En la liga grande de la política ecuatoriana,  apareció el año 2002 como el referente en Guayaquil de Lucio Gutiérrez. El 2003 fue su Gobernador en la Provincia,  con poder real. Luego fue a Quito, fue Ministro de Bienestar Social y Secretario de la Presidencia. En esa época se vinculó con Lenín Moreno –quien ya estaba en silla de ruedas- a quien le encarga las políticas sobre discapacidades.
En la negociación de PAIS con Sociedad Patriótica, en enero del 2007, para la Contraloría el escogido fue Carlos Pólit Faggioni.
Correa,  con el argumento de facilitar los procesos de negociaciones y contratos públicos, a pretexto de superar trabas,  impuso que se excluya de la competencia de la Contraloría,  dos tareas esenciales: una, el del pronunciamiento previo sobre lo jurídico y lo técnico de los contratos –Asamblea Constituyente de Montecristi, 2007-2008- , y otra, la de la auditoría de gestión- Reforma de la Constitución, diciembre del 2015.
De hecho, esas dos exclusiones resultaron facilitadoras de la corrupción.

La Contraloría fue reducida a ser una especie de anfiteatro para autopsias y sala de velación, todo post ejecución de la corrupción; pero, además, “los protocolos de las autopsias”, léase “informes con indicios de responsabilidad penal”,  son reservados, sólo pueden ser leídos y procesados por la Fiscalía, hasta llegar al juicio penal, porque se dice que en el Ecuador se garantiza “la presunción de inocencia”.
Por eso, entiendo que de más de dos mil que se han emitido, hay más de un mil doscientos informes de la Contraloría de esa condición de indicios de responsabilidad penal, con glosas de miles de millones de dólares, por infracciones que aún no pueden hacerse públicas.
En los hechos siempre hubo una macro excepción: cuando Correa quería difamar a alguien, por más reservados que sean los informes, Correa los presentaba en las sabatinas y en otros espacios. Ahí no había la presunción de inocencia.  ¿Le enviaba los informes el Contralor Pólit o el Fiscal Chiriboga?, ¿o ambos?  Difícil saberlo.
De no haberse excluido esas dos competencias, ¿habría habido menos corrupción?, difícil suponerlo, cuando desde el Gobierno se estaría queriendo hacer de Pólit “reo  de concusión” –aprovechar la función pública para exigencias, en este caso a Odebrecht-. De cosa parecida, se le acusó meses atrás a Carlos Pareja Yannuzzelli, pero entonces el Gobierno lo defendió.
¿Pólit fue funcional al absolutismo de Correa?  Por lo expresado sobre los informes que primero los hacía públicos Correa, parecería que sí. ¿Y sobre aquello de los informes guardados bajo “siete llaves”, quién lo habrá ordenado?  También algunos informes liberatorios de responsabilidad, como que darían para pensar.
Sin embargo, esos un mil doscientos informes con indicios de responsabilidad penal ya están expedidos, aun cuando se mantengan en reserva; y, envían la señal que desagrada a Correa: existe institucionalización de la corrupción en el Ecuador, esta no está limitada a casos aislados.
Un detalle: en la Contraloría, Pólit autorizó que varios funcionarios firmen por él por delegación, con lo cual usualmente Pólit no firmaba documentos e informes. Uno de los que más firmó tales instrumentos fue Pablo Celi, quien ahora asume ser el subrogante, con apoyo del Gobierno, pero cuestionado por Pólit, que dice que lo separó el 25 de mayo del 2017. De ese modo, no siempre Pólit asumía el texto de los informes, sean incriminatorios, sean liberatorios.
Con motivo de la reciente posesión de Pólit como Contralor reelecto, la edición de El Telégrafo de 15 de marzo del 2017, lo cita diciendo  “No es justo que a lo largo de 9 o 10 meses de un trabajo muy profundo –en cada auditoría-  los informes con indicios de responsabilidad penal no tengan resultados rápidos y sobre todo contundentes” (…) “…en la campaña electoral –la de la votación de febrero del 2017-  ha habido gente involucrada que tiene deudas millonarias con el Estado y otros que fueron señalados con indicios de responsabilidad penal”. Y agregó, “…..yo me he dado cuenta que hay gente tras bastidores”.
Imputación gravísima “…gente tras bastidores”, ¿quién?, ¿quiénes?
En los mismos días, a un periodista de radio, Pólit dijo que le había dado asco ver en las papeletas para sufragar a personas que no debían estar de candidatos sino en la cárcel, pero que los informes de indicios de responsabilidad penal estaban retenidos. ¿Habrán sido elegidas?
Y le cayó a Pólit la investigación sobre concusión. ¿Será por los informes con indicios de responsabilidad penal que están en reserva?, ¿Existen evidencias de concusión que aún no se conocen?
Cuando escribo estas líneas, aun no hay formulación de cargos contra Pólit, sólo diligencias pre-procesales de investigación y medidas cautelares. Si lo encuentran deben llevarlo a rendir su versión. Está sobreentendido que en ese momento, le formularán cargos y ordenarán su prisión preventiva. Por eso, a la convocatoria a un juicio político,  no podrá concurrir.
¿Le pre-avisaron, para que salga del país?, es difícil no creerlo. Además fue práctica de Correa y su entorno.
¿El jueves 25 de mayo del 2017, firmó una acción de personal de remoción del Sub-Contralor Celi, para que sea notificada y tenga vigencia recién el viernes 2 de junio?,  es muy difícil tragárselo.
Pero, siendo el cargo del subrogante de libre decisión del Contralor titular, ¿podría éste desde el exterior, separarlo?
Cualesquiera que sean los argumentos y las respuestas, se afecta la legitimidad de un subrogante, porque quien sea incriminado por un Contralor subrogante, va a impugnar su pronunciamiento y esto será materia de recursos procesales.
Y lo gravísimo: Si toca procesar a Glas o a ministros u otros altos funcionarios –los peces gordos de la corrupción, para los críticos- por peculado y enriquecimiento ilícito, por el Art. 481 del Código Orgánico Integral Penal, sólo es posible hacerlo previa incriminación singularizada del Contralor General del Estado.
No puede investigarse delincuencia organizada (Art. 369 del COIP) sólo identificando a los “recaudadores” llámese este el tío Ricardo Rivera o cualquier otro.
¿Cuál Contralor?
Se daría lo de siempre, cuando la corrupción es una septicemia que infecta al Estado – de evidente concertación para delinquir- que sólo son procesados los actores de “reparto”, o auxiliares, porque a ellos no los protege el citado Art. 481 del COIP.  En la figura de los “peces”, sus equivalentes serían sólo “sardinitas”, y quizás alguno más grande, como el tío Rivera, porque no es funcionario público.
De seguir el proceso de juicio político y luego del concurso para designar Contralor, por lo menos se irían cuatro meses, con lo que se consagraría la impunidad; y, todo parecería un “tongo”, una supuesta “lucha libre”, pero ya concertada.
 
SUGERENCIAS:
1.   Que Carlos Pólit renuncie, lo que no implica aceptar culpabilidad alguna, y en el texto de la renuncia dé su versión de defensa o de acusación. No tiene que esperar el juicio político para que lo saquen. Si espera ese juicio, el hedor de tongo sería inconfundible.
2.   Que presente todos los casos de informes con indicios de responsabilidad penal que se mantienen en reserva.
Sería una cobardía de Pólit salir sin desnudar la corrupción que él dice aparece de los informes que se guardó la Fiscalía y el Gobierno de Correa.