En 2018 la empresa brasileña había constituido un sólido grupo de abogados que buscaba pelear por una indemnización de más de US$ 183 millones en las cortes ecuatorianas. Con el tiempo el escenario cambió y todo parece indicar que los buenos tiempos de Odebrecht terminaron. De los tres procesos que tiene pendientes en torno a la construcción del poliducto Pascuales Cuenca, en los que se disputan cientos de millones de dólares, uno de ellos ya tiene fecha de audiencia. En las próximas semanas la justicia podría confirmarle multas por US$ 107 millones que hasta ahora se niega a pagar. Esta es una nueva entrega del especial ‘El costo de la corrupción’, que forma parte del proyecto periodístico Investiga Lava Jato.

Odebrecht juega sus últimas cartas en Ecuador y busca evitar que un tribunal civil confirme la legalidad de un informe técnico que establece multas por más de 107 millones 164 mil dólares contra la empresa por los daños identificados en la ejecución del proyecto Pascuales-Cuenca, el poliducto de 200 kilómetros que transporta productos refinados de petróleo desde el puerto de Guayaquil hasta la ciudad de Cuenca, al sur del país. La construcción de la infraestructura fue encargada a Odebrecht por la petrolera estatal PetroEcuador. 

El caso llegó a la justicia en el 2020, en plena pandemia y es vital para el desarrollo de otros procesos judiciales que enfrenta a la constructora brasileña con el Estado ecuatoriano. De la resolución de este proceso depende el futuro de otros dos juicios adicionales que están pendientes sobre el mismo proyecto. En uno, que data de 2018, la brasileña reclama pagos a la estatal por más de 183 millones de dólares. En el segundo, también de 2020, PetroEcuador le exige una reparación por daños y perjuicios por 281 millones.

Desde entonces poco se avanzó en los tres casos, pero al fin los jueces han señalado la fecha de la audiencia que definirá si pagará o no las multas. Será desde el 15 de diciembre de este año. La constructora Odebrecht, que cambió su razón social a Compañía CNO SA, perdió en el pasado otros procesos de tipo tributario y con ello se va cerrando la posibilidad de recibir dinero del Estado a su favor. 

El caso del poliducto Pascuales-Cuenca es uno de los más pedagógicos para explicar la corrupción que relaciona a la constructora brasileña con las autoridades del gobierno del expresidente Rafael Correa, que gobernó entre 2007 y 2016. Los errores y daños estructurales de las obras civiles son evidentes: decenas de vídeos, infografías e imágenes detallan cómo los taludes y muros construidos, tanto para permitir la apertura de terraplenes y el paso de la tubería, se han desestabilizado y están por colapsar. Esta condición podría provocar la destrucción de las grandes esferas de almacenamiento de Gas Licuado de Petróleo. Dado el peligro, las instalaciones se encuentran sin uso y la paralización genera millonarias pérdidas al día.  

CNO sabe que en estos cuantiosos juicios tiene todo en contra. Por ello, busca señalar a otros y evadir sus presuntas responsabilidades. 

Por ejemplo, para la demanda que PetroEcuador le inició por los daños y perjuicios en esta obra en desuso, Odebrecht pidió a los jueces incluir además a las empresas que realizaron los estudios de ingeniería, Caminosca, y a la firma internacional que realizó la fiscalización de la obra, Engil International. Además solicitó que las autoridades de Petroecuador que dieron luz verde al proyecto, en septiembre de 2013, también sean parte del caso.

La abogada de CNO, Verónica Isabel Loján Avellán, ha dicho durante dicho proceso judicial que Caminosca fue la responsable de los errores de construcción de Odebrecht, una declaración que al mismo tiempo implica un reconocimiento sobre las malas condiciones en que se encuentra la obra ejecutada. 

Asimismo, CNO argumentó que el artículo 80 de la Ley de Contratación Pública dice que el fiscalizador del contrato es responsable de tomar todas las medidas necesarias para su ejecución. “Si la acción planteada en contra de mi representada (CNO) pretende el cobro de una indemnización ocasionada por la construcción del poliducto Pascuales-Cuenca, quien era el encargado de hacer la fiscalización, revisión de toda la ejecución del contratos, era Elgin International”, dijo la abogada Loján.

De hecho, CNO ha manifestado de manera expresa que, como Elgin International ha sostenido que todas las instalaciones del proyecto Pascuales-Cuenca cumplieron con la figura contemplada en el contrato de construcción, la demandada (CNO) debe dirigirse también contra esta fiscalizadora que estaba obligada a controlar la ejecución del contrato.

El origen

Desde el 17 de enero de 2020 José Agusto Briones, entonces ministro de Energía, anunciaba que el Estado iba a demandar a Odebrecht por las fallas estructurales en la construcción del poliducto Pascuales-Cuenca. Se decía que solo faltaba afinar el monto económico a reclamar. 

Hasta ese momento la reacción del gobierno era nula ante la arremetida iniciada por Odebrecht el 9 de marzo de 2018, cuando le entabló el primer juicio a PetroEcuador por USD 183 millones 701 mil reclamando supuestas planillas no pagadas.

Agusto Briones prometió que el gobierno también golpearía. Aunque el primer movimiento se había concretado casi tres años atrás, avanzó con cierto letargo. El 27 de octubre de 2017, el gerente de Petroecuador, Byron Ojeda, dispuso la terminación unilateral del contrato y anunció el inicio de las acciones judiciales por daños y perjuicios en contra de Odebrecht. Pero esto último no fue acatado inmediatamente por la oficina de procuraduría de la petrolera estatal. 

La presencia de un actor clave explicaba las demoras. Se trataba del procurador Marco Prado, quien desempeñó cargos muy importantes durante el gobierno de Rafael Correa. Fue viceministro de Justicia en 2013. Y en ese mismo 2013, Prado también desarrolló una consultoría para Petroecuador con el fin de viabilizar el proyecto del poliducto Pascuales-Cuenca, que finalmente construyó Odebrecht. Cinco años después, en 2018, este funcionario escaló al puesto de procurador de Petroecuador. Y para 2020, paradójicamente,  lideró la defensa de la estatal cuando la constructora le reclamó en los tribunales los mencionados pagos por USD 184 millones referidos a la obra que Prado antes asesoró.

En diálogo con periodistas en 2018, el ex ministro de Energía Augusto Briones advirtió que poderosos intereses impedían avanzar en la demanda que debía interponer el Estado.

¿Se trataba de alguien dentro del propio gobierno? Odebrecht contó con algunas circunstancias que levantan sospechas.

Una fue haber estado cerca de personajes influyentes que en el pasado tuvieron contratos relacionados con sus obras cuestionadas. Es el caso del ex procurador del Estado Íñigo Salvador Crespo, reemplazado en el cargo hace pocos días, quien en 2011 tuvo dos contratos de asesoría legal con la compañía estatal Refinería del Pacífico, por US$ 250 mil. Ambos servicios estuvieron relacionados con la construcción de esta nueva refinería, cuya obra fue ejecutada por la brasileña. 

Salvador incluso participó de la reunión del cierre del contrato entre Refinería del Pacífico con la compañía internacional Worley Parsons, que fue la encargada de fiscalizar y administrar el proyecto, el 21 de noviembre de 2011, para la realización de los estudios del acueducto La Esperanza, que también desarrolló Odebrecht y que era parte de la nueva refinería.

El 13 de febrero de 2019, Íñigo Salvador, ya como Procurador General del Estado, emitió un informe sobre Odebrecht y el poliducto Pascuales-Cuenca, sin determinar responsabilidad alguna pese a estos hallazgos: el presupuesto adjudicado en el contrato fue de US$ 369 millones, que era US$ 97 millones más de lo que Petroecuador fijó en su presupuesto referencial. Pero al 9 de agosto de 2017, el pago de Petroecuador a Odebrecht fue aún mayor: alcanzó los US$ 489 millones.

En el desarrollo de la obra, hubo aumentos de precios aprobados por Petroecuador y la fiscalizadora Elgin International, que también fue cliente de Odebrecht en una obra ejecutada en Colombia.

¿Qué hizo el ex procurador Salvador, quien el 9 de marzo de 2020 se quejó públicamente de que Odebrecht no se sentaba a negociar la reparación económica por toda la corrupción admitida por ella misma? “Al ser un aspecto de orden económico, y por estar fuera de las competencias de la Procuraduría del Estado, no se emite criterio al respecto”, dijo oficialmente el alto funcionario encargado de defender los intereses de Ecuador. 

Contactos al más alto nivel

Odebrecht contrató a un bufete de abogados con los mejores contactos. Es el estudio jurídico PBP, Pérez Bustamante y Ponce, que de 2010 a 2016 recibió pagos de US$ 800.000 desde la constructora brasileña y tiene como uno de sus socios a Francisco Roldán Cobo, abogado de enorme influencia en los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno.

Roldán Cobo es tío de Juan Sebastián Roldán, quien fue secretario particular y miembro de la mesa estratégica de decisiones (llamada mesa chica) del entonces presidente Moreno. 

Luego de perder en todas las instancias, el estudio Pérez Bustamante y Ponce logró un fallo de la Corte Constitucional que hizo ganar US$ 45 millones a Odebrecht, dejando como saldo para el Servicio de Rentas Internas (la administración tributaria ecuatoriana) solo US$ 10 millones, gracias a la comunicación directa con la entonces vicepresidenta de la Corte Constitucional, Pamela Martínez, que años después, tras la publicación del caso Arroz Verde en 2019, se descubrió la estrecha relación de Odebrecht y otras empresas con ella. 

Luego de quedar en evidencia, Martínez fue capturada y apresada. No tuvo otra salida que colaborar con la Fiscalía General del Estado y entregó las pruebas de cómo influenció en las decisiones de la Corte Constitucional, proporcionó la ruta de los sobornos de Odebrecht y los pagos por US$ 7 millones a la campaña de reelección presidencial de Rafael Correa en 2013. El caso Arroz Verde logró probar la participación de Rafael Correa, el vicepresidente Jorge Glas, el secretario Jurídico de la Presidencia Alexis Mera y seis exministros. De ellos, solo Glas y Mera mantienen prisión domiciliaria.