Periodismo de Investigación libera el hilo de la madeja y responde sin distracciones la pregunta de una sociedad asqueada por la corrupción: ¿Quién entregó los hospitales del IESS a estructuras criminales? Los protagonistas de decenas de reuniones clandestinas en la suite del Gran Reparto: empresarios de pantalla, intermediarios, políticos, administradores de hospitales y el representante del presidente Lenín Moreno ante el Seguro Social, reunidos en la comodidad de la suite 8-7 de la Torre Colón, en la ciudad de Guayaquil.
Una suite arrendada por Daniel Salcedo Bonilla se convirtió en el epicentro de los negocios ilegales del gobierno de todos.
En la zona de mayor desarrollo empresarial del país, junto al hotel Hilton Colón de Guayaquil, reservadamente se metió en la vecindad de reconocidos personajes del empresariado nacional, en sigilo vivió entre ellos, allí estableció acuerdos con políticos y disfrutó excesos de todo tipo junto a sus amigos y allegados.
Periodismo de Investigación pudo revisar varias bitácoras de ingresos de visitantes al edificio y descubrió sorprendentes novedades que responden la pregunta: ¿Quién entregó los hospitales del IESS?
El 7 de febrero de 2018 Daniel Salcedo Bonilla firmó un contrato con la empresa Lauria S.A., administradora de la torre Colón # 1 de Guayaquil para arrendar la suite número siete del octavo piso.
Salcedo entregó $2400 como garantía del contrato y nombró garante a Jorge Antonio San Lucas Vanegas, un empleado contable y financiero de Hdc producciones, la empresa que recibió millonarios contratos en la gobernación del Guayas y la Contraloría General del Estado.
Por un valor de $1200 mensuales de arriendo Salcedo convirtió ese lugar en la suite del gran reparto.
Información a la que Periodismo de Investigación PI pudo acceder da cuenta que buena parte de sus encuentros con políticos y empresarios relacionados a su estructura delictiva usaron ese departamento (8/7) y la suite número 6 del piso 3 (3/6), a nombre de Gonzalo Campos.
Para burlar las bitácoras de registro de visitas al edificio, sus amigos y él usaban regularmente el ingreso vehicular y un ascensor de servicio que carece de cámaras de seguridad.
La suite siete de Daniel Salcedo fue un centro de operaciones, siempre concurrido, que mantuvo estrecha relación con la suite 3/6 de Gonzalo Campos y con el lujoso departamento ubicado en la torre Colón #2, piso 14, del mismo complejo, con área de 400 metros cuadrados, valorada en cerca de $1 millón, propiedad de Luis Enrique Jairala Zunino, el gerente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, cabeza operativa de la red de sobreprecios de la que varios políticos, autoridades y empresarios formaron parte con consentimiento del gobierno de Lenín Moreno.
La suite 8/7 de la torre Colón #1 tiene semejanza a la que Odebrecht mantuvo en Quito en la torre B del Swishotel con el número 156.
Allí se transaron negocios y pagaron sendas coimas a importantes funcionarios. En esa suite el exsuperintendente de Odebrecht José Santos Filho, grabó a Ricardo Rivera, tío del exvicepresidente Jorge Glas que fue determinante para conocer los sobornos que recibió el exvicepresidente de la constructora brasilera.
En ese departamento, dijo el exfiscal general Carlos Baca Mancheno, se entregó mucho dinero en efectivo al excontralor general Carlos Pólit que además mantenía una suite en el mismo edificio.
La empresa Luria S.A., autorizó a Salcedo la compra de un sticker de ingreso vehicular y uso en los diferentes subsuelos, pero en ocasiones los estacionamientos estaban llenos por lo que los visitantes dejaban sus autos fuera del edificio.
Lo dejaba al cuidado de la seguridad que vigilaba el ingreso en la calle Naim Isaías. Entonces no tenían más remedio que registrarse y es a esa información a la que accedió este medio.
Entre los varios libros que registran el paso y salida de propietarios, arrendatarios e invitados a los diferentes pisos sobresalen dos visitas especiales fechadas en junio y julio de 2019.
El 3 de junio en la recepción del edificio se registró el ingreso de Paúl Granda a la suite 8/7 de Daniel Salcedo.
Lo propio ocurrió el jueves 11 de julio de 2019, el servicio de vigilancia anotó en la bitácora, la salida del entonces presidente del Consejo Superior del IESS, Paúl Granda, de la suite 7. Para esas fechas, el nombre de Daniel Salcedo ya aparecía en reportes de medios digitales y al menos en un informe del organismo gubernamental de inteligencia CIES.
Pocos días después de la segunda visita de Granda, el 21 de julio de 2019, se realizó otro importante encuentro en la referida suite.
Los hechos de ese día se sucedieron así: a las 16H07 sale por la piscina del Hilton Colón, Daniel Salcedo y su familia; a las 16H10, entra por el subsuelo 1, Dalo Bucaram y se dirige a la suite; a las 16H30, ingresa una señorita; y, a las 18H30, entra a la suite Xavier Jordán, el conocido proveedor del IESS sobre quien pesan acusaciones de corrupción.
Una investigación de diario El Universo señaló que Xavier Jordán y su hermano José Luis (exfuncionario del Ministerio de Salud Pública, MSP) han administrado empresas junto a José Antonio Marazita, exdirector de varios hospitales del MSP en el gobierno de Rafael Correa, cuyas compañías manejaron $24 millones en contratos con el IESS.
El domingo 8 de septiembre de 2019, pasadas las 18 horas, quedó registrada la visita de dos altos funcionarios del hospital Teodoro Maldonado Carbo.
El entonces gerente Luis Jairala Zunino y el jefe de compras Jorge Henriques Aguilera, que para esa fecha encabezaban un informe con responsabilidad penal de la Contraloría.
Vale recordar que Jairala Zunino, fue designado por Richard Espinoza, que dirigió el IESS en los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno. Henriques Aguilera, fue tesorero del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) y asambleísta alterno de Gabriela Pazmiño.
De acuerdo con el ritmo de visitas a la suite de 8/7, queda la impresión de que era un auténtico cuarto de guerra y un espacio de encuentros nocturnos.
Los amigos de Daniel Salcedo entraban y salían del lugar a cualquier hora, incluso a la madrugada, casi siempre acompañados.
La llave y la tarjeta de ingreso a los aparcaderos y a la suite estaban a disposición en la recepción del edificio.
Varias reuniones con Daniel Salcedo, se realizaban también en la suite 3/6 registrada a nombre de Gonzalo Campos, un personaje cercano a Luis Jairala.
Otros amigos de Salcedo que visitaron la suite en 2019, fueron Lenín Duque y Stefano Adum.
La mayor parte de suites de las dos torres son propiedad de particulares o están registradas a nombre de empresas.
Entre los que se repiten en las bitácoras constan importantes empresarios de vieja data y también nuevos ricos.
Es el caso de la suite 10/4 de Jorge Martin, amigo personal de Jorge Glas. Un hecho anecdótico es que frente a la suite 8/7 de Salcedo, está la 8/5, de un reconocido empresario.
Las estructuras de Daniel Salcedo y otras como las de José Antonio Marazita y Xavier Jordán, no son nuevas, han escrito su expediente delictivo desde el régimen de Rafael Correa.
«No pienso salir del país», le dijo a la prensa Dalo Bucaram Pulley, un 4 de mayo de 2018, mientras acudía a la Fiscalía del Guayas, a presentar una denuncia por presunta difamación.
Para entonces, el expresidenciable se quejaba de que en redes sociales habían difamado a su familia, acusándola de manejar la seguridad social y el sector eléctrico.
Dos días después, el 6 de mayo, la familia Bucaram alertó el hallazgo de una granada que había sido colocada en uno de los neumáticos traseros del vehículo 4×4 color negro de Dalo Bucaram, frente al ingreso de la torre #1 en la que Salcedo arrendaba la suite. Según el oficial de policía a cargo de la investigación, la granada estaba descompuesta, jamás iba a explotar.
Exactamente dos años después, 4 de mayo de 2020, la Fiscalía lideró varios allanamientos en los que eran apresadas 14 personas acusadas de corrupción en los hospitales del IESS.
En esa lista de detenidos aún no constaba Daniel Salcedo, menos todavía el exgerente del hospital Teodoro Maldonado Carbo, Luis Jairala Zunino, tampoco Jorge Henríques Aguilera, exjefe de compras de la citada casa de salud.
Y mucho menos, nombres marcados en las agendas de corrupción hospitalaria, como José Antonio Marazita, que ahora disfruta en Florida-EEUU y Xavier Jordán.
Anticipándose a los acontecimientos, Dalo y Gabriela, viajaron sin retorno a Florida-EEUU. Días después, desde la casa de Daniel Salcedo en Miami, Dalo pudo ver por televisión los allanamientos a su casa y a la de su padre, donde encontraron 2 mil pruebas de Covid-19 y 5 mil mascarillas, según reportó la Fiscalía.
Desde la mañana de este 25 de junio intentamos comunicarnos en varias ocasiones con el exdirector del IESS, Paúl Granda; sin respuesta insistimos con un mensaje escrito en su chat de Whatsapp. A las 11 am recibimos una llamada del periodista Alex Mora, excolaborador de Granda, que nos dijo que el exfuncionario se encontraba conduciendo hacia Cuenca. Le informamos que queríamos hablar con él sobre las visitas que realizó a Salcedo Bonilla en su suite y que teníamos los respaldos de su presencia en ese departamento. A la 1h15 pm Granda envió un mensaje en el que aseguró que apenas llegue a un punto con buena señal se comunicaría.
El Asambleísta Raúl Tello sostuvo en Radio Rumba el 25 de enero de 2019: “Desde cuándo recomendar es gestionar un cargo” y entonces pasó a recomendar en la provincia de Pastaza algunos puestos para sus amigos y amigas, parientes.
A su cuñada, María Cecibel Ponce, casada con Franklin Tello Benalcázar, su hermano, la recomendó para dirigir el Ministerio del Ambiente en Pastaza.
No estuvo mucho tiempo en gestión, pero de inmediato fue reemplazada por Edgardo Mena, quien tampoco negó ser muy “amigo desde la juventud con Raúl Tello”.
El asambleísta Tello reconoce que amigos suyos ocupan cargos públicos en Pastaza, porque, según él, es amigo de casi todos, o al menos del 80% de la población de esa localidad.
“Es normal que aquello ocurra porque yo vivo en una provincia pequeña y todos o casi todos los funcionarios son mis amigos”. “Si lo relacionan con el tema de la amistad es difícil…porque yo soy amigo de medio mundo aquí y además soy político”, dice. “El hecho de que mis amigos ocupen determinados cargos no significa que ellos hayan ingresado por alguna gestión de mi parte, bajo ningún punto de vista”, agrega.
Y añade: “de los que usted me nombra (…) ahí faltan en el listado algunos que son mis amigos. La propia gobernadora es mi amiga, el director del IESS es mi amigo, la directora del hospital del IESS es mi amiga”, dice Tello.
El legislador amazónico, otrora radical de izquierda, obtuvo más espacio de gestión al integrar el bloque parlamentario BADI, liderado por el también amazónico Eliseo Azuero, a quien se lo responsabiliza del acuerdo para la designación de René Tamayo, exdirector del SECOB, ahora detenido por el escándalo de corrupción del hospital de Pedernales.
Frente al escándalo del gran reparto de hospitales e instituciones públicas a asambleístas y otras autoridades, Tello destaca que como legislador siempre se mostró crítico del Gobierno y asegura que “jamás” ha tenido vínculos o compromisos con el Gobierno ni ha gestionado ningún tipo de beneficio para él o sus cercanos.
Dice que en el caso de su cuñada María Cecibel Ponce tampoco tuvo nada que ver, pues según Tello, ella obtuvo ese cargo por una “relación de amistad con un subsecretario”.
Raúl Tello es el legislador que más juicios políticos ha planteado. Al inicio de su gestión ya lo llamó al ex Superintendente de Bancos Christian Cruz, después lo hizo con Gustavo Jalkh, expresidente de la judicatura, también al ex Procurador Diego García, al Defensor Público Ernesto Pazmiño.
Ahora mismo está pidiendo juicio político al Ministro Richard Martínez. También y por dos veces consecutivas el Asambleísta Raúl Tello, pidió juicio político en contra de Diana Atamaint y las autoridades del CNE.
La primera dijo por irregularidades en las elecciones seccionales de 2019, el 12 de abril de 2019; y la segunda, el 25 de junio del mismo año, en el caso del CPCCS.
En lugar de continuar con el juicio político a Diana Atamaint y CNE, Raúl Tello prefirió continuar con su estilo de no gestionar cargos públicos sino recomendar personas.
Recomendó entonces a Martha Cox para que cumpla con la dirección del CNE en Pastaza; ella fue posesionada el 14 de agosto de 2019 .
“Me parece algo totalmente fuera de lugar, yo no he tenido ninguna decisión en el tema de alguien del Consejo Electoral que me pueda vincular con ningún compromiso, ninguna decisión, ninguna gestión trascendente como legislador que me permita tramitar una cuestión de esas”, dijo Tello cuando este medio le preguntó sobre la funcionaria Cox.
Martha Cox fue por muchos años su co-idearia; es madre de Brenda Guillén Cox, alterna de Richard Falconí, concejal del Cantón Pastaza por la lista 61-6, (de Tello) y ex asesor del asambleísta.
Desde aquel entonces, Raúl Tello no es más crítico de la gestión del CNE y Diana Atamaint sino su defensor como lo manifestó en el curso del juicio político planteado por Jeannine Cruz y legisladores de CREO a inicios de este año, cuando pasó de crítico a defensor de la gestión del órgano electoral.
En su propósito de “seguir recomendando” personas que ocupen cargos públicos, en Pastaza ubicó también a otro “amigo de toda la vida”, Juan Carlos López en la Dirección Provincial de Educación de Pastaza.
Él debía firmar “la comisión de servicios” para que Narcisa Arboleda, esposa de Jaime Guevara, Prefecto y aliado de Tello, no renuncie a su cargo de maestra pese a que la Ley no le permitía otra comisión de servicios sin sueldo, al haber agotado plazos al paso de su esposo Jaime Guevara, en su primera y segunda administración como Prefecto.
Ese tema lo resolvería el amigo de Raúl Tello, como estipendio al Prefecto por haberlo patrocinado electoralmente. Raúl Tello, desde su militancia en el MPD, ha estado cerca del sector educativo y ahora está más cerca aún con su “recomendado”.
Raúl Tello también ha recomendado a cinco amigos suyos, para colocarlos en la legislatura, más allá de la cuota normal de los legisladores. Ellos son: Constante Altamirano Jaime Eduardo, Colala Peñarreta Eduardo Efraín, Montero Mariño Segundo Manuel, Arboleda Sanabria Patricio Jovanni y Pozo Carabajo Angel Vladimir.
Todos fueron recomendados por el Asambleísta Raúl Tello, inmediatamente después de su desempeño en el juicio a José Carlos Tuarez, ex del Consejo de Participación Ciudadana.
Y, aunque el asambleísta reconoce que “hay unos nombres que pertenecen a la comisión mía”, asegura que en ningún momento propuso esos nombres.
El Contralor General del Estado, fue convocado en varias oportunidades por Raúl Tello, al seno de la Asamblea Nacional. Seguramente en cualquiera de esos momentos supo recomendar a su esposa Vilma del Rocío Espinosa Cabrera, para que le eleven su cargo a “Experta Supervisora de la Contraloría General del Estado”, delegación Pastaza.
Antes, Vilma del Rocío había trabajado con Andrés Erazo, esposo de la ex-asambleísta de Manabí por AP Anny Marllely Vásconez Arteaga. Andrés Erazo, un policía en grado de Capitán en aquel entonces, pidió licencia para trabajar en la SENAIN y es ahí donde fue jefe temporal de la esposa de Tello, hasta que ella ascendió a Directora Administrativa.
En tiempos de Pablo Romero, Vilma del Roció llevaba las cuentas de la SENAIN. Se desvinculó en 2013 y pasó a trabajar en la Contraloría en condición de Auditora General Interna de los gobiernos autónomos descentralizados, hasta hace algunos meses que por recomendación de Raúl Tello y la anuencia de Pablo Celi, pasó a ser “Experta Supervisora de la Contraloría”.
Pablo Celi solicitó en junio de 2019 que en el plazo de 6 meses, la Contraloría delegación Pastaza, entregue un informe sobre la actuación de los consejeros provinciales en relación a la legalidad de actuación de Jaime Guevara, Prefecto, cuestionado por tener una sentencia de última instancia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Estamos justo a un año y esa resolución no llega; no sale porque “el asambleísta Tello grita, amenaza, presiona y consigue”, ha dicho en una emisora local el Asambleísta Henry Moreno.
Tello, por su parte, insiste que su relación con el prefecto es exclusivamente política.
Jaime Guevara sigue ejerciendo de Prefecto Provincial de Pastaza, gracias a las omisiones de la Contraloría, también el silencio de Pablo Celi, quien delegó a funcionarios de la zonal de Ambato el tratamiento del tema cuando despedía de su despacho a Cumandá Guevara, Viceprefecta de la provincia.
“No se preocupe” le dijo “Jaime Guevara ejerce ilegalmente la Prefectura de Pastaza”. De eso ya también es un año.
Un año ya que la Contraloría camina con pies de plomo y nada dice que obrará para hacer valer las dos destituciones que perpetró contra Jaime Guevara a fines de 2013.
La Contraloría también “se ha olvidado” de darle seguimiento a la glosa por $ 130.023, 37 que en el año 2014 fue ratificada por el Ing. Paúl Noboa León, a nombre del Contralor General del Estado.
Ahora, de vuelta al Tribunal Contencioso Administrativo, a fines de 2019, dicha glosa prácticamente está desvanecida, (El Tribunal ha declarado la nulidad de la glosa), pero no porque se ha resuelto el motivo, sino porque la Contraloría no supo darle el correspondiente seguimiento.
Pese a que existe otra instancia jurídica, la casación, Tello dará por descontado que el órgano contralor mirará para otro lado…
Es tal el fracaso moral del gobierno de todos y de su matriz política Alianza PAIS, que prefirió entregar a grupos sin escrúpulos los sectores más sensibles del país. Estas no son historias de aquellos que velan por el bienestar general, no hay principio de moderación, ni entendimiento del porvenir. El soborno, llámese arroz verde, contaminó la sangre del sistema político.
El 2019 debió ser el año de reivindicación de Lenín Moreno y sus acompañantes, hoy la realidad golpea con tal soledad que sabemos que hemos perdido y que es hora de levantarnos.
Es tal el fracaso moral del gobierno de todos y de su matriz política Alianza PAIS, que prefirió entregar a grupos sin escrúpulos los sectores más sensibles del país. Estas no son historias de aquellos que velan por el bienestar general, no hay principio de moderación, ni entendimiento del porvenir. El soborno, llámese arroz verde, contaminó la sangre del sistema político.
El 2019 debió ser el año de reivindicación de Lenín Moreno y sus acompañantes, hoy la realidad golpea con tal soledad que sabemos que hemos perdido y que es hora de levantarnos.
Daniel Mendoza y César Litardo, ambos militantes correístas y líderes en sus provincias con seguridad no se imaginaron que su disputa por la presidencia de la Asamblea Nacional, tenía como telón de fondo el forcejeo de grupos que buscaban el control del poder político en la mesa chica. Para conseguir tal objetivo no importaba si tenían que regresar a las viejas prácticas del gran reparto. Correa tenía todo el pastel, Moreno estaba obligado a repartirlo.
Sí, fue en abril de 2019, semanas antes de la elección de César Litardo como presidente de la Asamblea Nacional, en el despacho de la Ministra del Interior, María Paula Romo, donde se alcanzó el acuerdo con el bloque parlamentario BADI, liderado por el legislador amazónico Eliseo Azuero.
Ese día, en presencia de varios asambleístas, como Freddy Alarcón de Sociedad Patriótica y el viceministro de Gobernabilidad Fausto Holguín, el asambleísta Azuero entregó la carpeta de su amigo personal y ex colaborador de la prefectura de Sucumbíos, René Tamayo, para que dirija el Servicio de Contratación de Obras – Secob. Junto al nombre de Tamayo, estaba también recomendado por Azuero y los legisladores del pacto, el manabita Jorge Jalil, como subdirector del Secob.
En la sesión del Directorio del Secob, realizada de forma virtual, el 21 de agosto de 2019, por convocatoria de su presidente José Agusto Briones, secretario general de la Presidencia, la ministra del Interior María Paula Romo, cumpliría uno de los acuerdos alcanzados en abril de ese año con el líder del bloque de asambleístas de la Bancada de Acción Democrática Independiente, BADI, Eliseo Azuero.
Ese día llegó a manos de Agusto Briones, las carpetas de la terna que aspiraba manejar el Secob, la institución a cargo de la construcción de hospitales y obras civiles, que desde su creación en el gobierno de Rafael Correa, había facturado cerca de $3 mil millones. Las dos hojas de vida provenían del Ministerio de Finanzas y Senplades, mientras la tercera llegó desde el Ministerio de la Política, confirmó a este medio un miembro del referido directorio.
Era la de Edmundo René Tamayo Silva, quien fue designado ese día como Director General del Secob. El gobierno se había demorado más de dos meses en cumplir lo acordado en abril de 2019.
La demora en la designación de los recomendados por Azuero, se explicaba debido a la disputa por sostener algunos contratos adjudicados. Finalmente, el 20 de agosto de 2019, Johe Jaramillo, debió abandonar el cargo en medio de escándalos de corrupción en los tres hospitales de Manabí: Pedernales, Bahía de Caráquez y Manta, entregados durante su gestión.
Pocos días después de asumida la dirección del Secob, René Tamayo, empezó a desmontar los contratos adjudicados por Jaramillo. Terminó de forma anticipada el contrato del hospital de Pedernales con la compañía Tippmann, por haber entregado garantías falsas por un valor de $8 millones. Se desconoce del inicio de acciones legales en contra de la compañía. Lo propio ocurrió con el contrato del hospital de Bahía.
Con la misma rapidez que desmontó los contratos de Bahía y Pedernales, Tamayo adjudicó esas obras a otros consorcios recomendados, acciones que ahora lo tienen en prisión bajo acusación de delincuencia organizada.
El 8 de agosto de 2019, los legisladores María de Lourdes Cuesta y Roberto Gómez, formalizaron un pedido de juicio político en contra de la ministra María Paula Romo. La Comisión de Fiscalización debía emitir un informe que recomiende el archivo del juicio o su paso al pleno donde los asambleístas podrían votar por la censura.
A partir de entonces se generó un sucesivo cabildeo para alinear los votos de los miembros de la Comisión de Fiscalización. Para el 21 de agosto, el recomendado de Eliseo Azuero, René Tamayo ya había ocupado la dirección del Secob y eso tranquilizaba al legislador amazónico.
Tanto así que en varias entrevistas en medios de comunicación, Azuero señalaba que no habían pruebas suficientes para censurar a la ministra Romo.
El 12 de diciembre de 2019, los votos de los oficialistas: Johana Cedeño, Karina Arteaga, Daniel Mendoza, Fausto Terán, Alberto Arias, Michel Doumet, el independiente Jimmy Candell, Luis Pachala, Silvia Vera de CREO y la abstención de Eliseo Azuero, salvaron a la ministra María Paula Romo de ser censurada y destituida.
El 28 de noviembre de 2019, los asambleístas Jeannine Cruz y Fernando Flores, formalizaron la petición de juicio político en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint.
Un día antes a la votación en la Comisión de Fiscalización, el CNE calificó un informe orientado a la legalización del movimiento Amigos, de Daniel Mendoza. El viernes 31 de enero de 2020, Pinuccia Colamarco, alterna del legislador Daniel Mendoza, votó en contra de que pase al pleno el pedido de juicio político a Atamaint.
Semanas antes, la gerencia del hospital de Chone fue entregada Ítalo Colamarco, hermano de la legisladora alterna. La esposa de Colamarco es concejal de Chone por el movimiento Mejor, liderado por Mendoza.
En este proceso de fiscalización, el legislador Eliseo Azuero, recurrió al mismo mecanismo de abstención, aplicado en el caso de Romo. Tras dejar en claro que él “no recibe presión de nadie, lo hace de su pueblo y de Dios y de su conciencia”.
Si bien las reuniones a nivel de la mesa chica se hacían en la sombra, los legisladores provinciales no tenían inconveniente de incluso firmar documentos en los que solicitan cuotas de poder y cargos. Un caso que ejemplifica este mecanismo es el del legislador de Orellana por Alianza País, Alberto Zambrano, que con el respaldo del gobernador y la dirigente provincial del partido, solicitó la dirección provincial del IESS para su recomendado.
El Servicio de Contratación de Obras, Secob, desde su creación el año 2011, en el gobierno de Rafael Correa, ha manejado una cifra cercana a los $3000 millones, en casi 1000 contratos a nivel nacional.
Apenas asumió la presidencia, Lenín Moreno, nombró a Fabiola Arévalo Ponce, como directora del Secob. Arevalo mantiene una larga relación de amistad con la primera dama Rocío González Navas, era la asesora de marketing en la revista Guía de Oro Ecuador, dirigida por la señora de Moreno, antes incluso de que apareciera Rafael Correa en sus vidas.
Pocos meses después, octubre de 2017, llegaría el reemplazo. Se trataba del baterista Jorge Wated, que permaneció al frente del Secob hasta noviembre de 2018. Wated contrató como su asesora a Dennise Chávez Arévalo, hija de su antesesora. La señorita Chávez, tenía militancia correísta, venía de asesorar a Walter Solis, sentenciado en el caso Arroz Verde.
En junio de 2018, Jorge Wated, adjudicó la construcción del Hospital Napoleón Dávila de Chone, por $ 50.3 millones a la empresa china CAMC, inmersa en varios escándalos de sobornos y sobreprecios en obras como la plataforma financiera de Quito, el hospital de Monte Sinai, en Guayaquil, entre otras.
Durante más de dos años la obra de Chone apenas ha avanzado un 54%, en medio de acusaciones de corrupción. Quien fiscaliza la construcción del hospital de Chone es el consorcio Meditec, formado por la EP de Bienes UCE y Beerseba. Este consorcio fiscalizador está ligado al empresario Francisco Suárez Salas, identificado en el caso Arroz verde como V18.
Francisco Suárez Salas, encontró la fórmula de constituir consorcios con empresas públicas de universidades estatales para adjudicarse sendos contratos. Lo hizo en Santo Domingo de los Tsachilas y La Concordia.
El Universo aseguró en agosto de 2019 que tres empresas relacionadas a Suárez Salas (Jacmart S.A., Clikgac S.A., Suiker) recibieron $173 millones en contratos del Secob.
Diario El Universo también afirmó que la china CAMC, subcontrató por $ 1,5 millones a Marco Cevallos Wated, su primo, en la obra de la Plataforma Financiera, en el 2016. “Recién me entero que tengo un primo Cevallos Wated…”, respondió entonces, el actual presidente del Directorio del IESS. La referida investigación agrega que, los primos de Jorge Wated y empresas relacionadas recibieron del Secob $ 4,1 millones.
Wated nombró como subdirector del Secob al socialista Johe Jaramillo. Tras la salida de su exjefe, Jaramillo asumió la dirección general en diciembre de 2018, auspiciado por Santiago Cuesta y José Agusto Briones, quien firmó su designación.
Al frente del Secob, Jaramillo adjudicó los polémicos contratos de los hospitales de Pedernales, Bahía de Caráquez y Manta, dos de los cuales fueron suspendidos. Para demostrar que la amistad es recíproca y los favores se pagan, Jorge Wated, nombró a un hermano de Jaramillo como subdirector de BanEcuador.
La empresa a la que Jaramillo le adjudicó la fiscalización del hospital de Bahía, es Joalnapi, que ahora tiene como accionistas a Vinicio Calderón Rendón y Yimy Calderón Velásquez, familiares de Franklin Calderón Cedeño, también fiscalizador del hospital de Pedernales, ahora detenido junto a su “jefe” Daniel Mendoza.
Calderón fue accionista de Joalnapi hasta el 2017. En una de las conversaciones recuperadas en los dispositivos en poder de la fiscalía, existe al menos una con Juan Sebastián Miño, accionista de la empresa Castro& Castro que integra el consorcio Bahía, el segundo adjudicatario.
La madrugada del 5 de junio de 2020, fue detenido en Quito, René Tamayo Silva, ese sería su último día en el sillón del Secob alcanzado en el pacto de abril por su amigo Eliseo Azuero.
En el mismo operativo dispuesto por la fiscal Diana Salazar, bajo acusación de delincuencia organizada, fue apresado el legislador Daniel Mendoza. Esta operación es considerada de gran importancia pues reproduce el mecanismo criminal de sobornos del caso Arroz Verde, por el que acaba de ser sentenciado el expresidente Rafael Correa y otros 17 procesados.
René Tamayo Silva, un funcionario de larga data en el correísmo, es ahora una pieza clave en el mecanismo de corrupción de obras hospitalarias adjudicadas en la provincia de Manabí.
El caso que originó su prisión es justamente el contrato del hospital de Pedernales, cuyos contratistas en un abrir y cerrar de ojos, se dispusieron $ 7.3 millones, casi el cien por ciento del adelanto de obra.
Días antes de la captura de Mendoza y Tamayo, en el operativo denominado Fortuner, se detuvo a nueve personas, entre ellas a Jean Carlos Benavides, asesor del legislador, quien tenía en su poder $1.7 millones, entre efectivo y cheques retirados de la cuenta del consorcio constructor.
En los teléfonos incautados, que corresponden a Franklin Calderón, ubicado con el alias de “Banquero”, Daniel Mendoza, Liliana Zambrano, esposa de Calderón y José Véliz, del consorcio constructor, se encontró información que permitió confirmar que Franklin Calderón, actuaba como enlace entre los empresarios constructores y el legislador Mendoza. Según los chats, Calderón se refiere al asambleísta manabita como “jefe”.
Horas después de que el Ministerio de Finanzas transfirió a la cuenta de la contratista en el BanEcuador, el antiticipo de $8,2 millones (3 de marzo de 2020), Mendoza notificó el hecho a Calderón, quien inmediatamente pasó la información al contratista José Véliz, asegurando que Jorge Jalil (Subdirector del Secob) no falla.
Calderón reveló que el dinero encontrado en su oficina le pertenece a la organización delincuencial. También, en los registros de las computadoras incautadas al Consorcio Pedernales, se encontraron pagos realizados a René Tamayo y al asambleísta Daniel Mendoza.
Los negocios de Mendoza no se limitaban a la construcción de hospitales. En un chat remitido por Véliz a Calderón, se habla de la “repartición de las empresas del Estado”, que no se trata solo de la adjudicación del contrato del Hospital de Pedernales, sino también para otras obras relacionadas con el sector eléctrico y Ecuador Estratégico.
El Examen Especial a los ingresos de gestión y gastos entre 2010 y 2015 de la Gobernación del Guayas derivó en varios informes con indicios de responsabilidades contra el gobernador Rolando Panchana y el contratista Daniel Josue Salcedo Bonilla.
Los informes con indicios de responsabilidad penal tienen el carácter de reservados y por esta razón no constan publicados en la página web de la Contraloría.
La CGE concluyó en el informe general DR1-DPGY-AE-0219-2015 que la Gobernación del Guayas autorizó el 7 de noviembre de 2014 “el proceso de contratación RE-GG-023-2014, como régimen especial (productos comunicacional) y dispuso que se curse invitación al proveedor HDC Producciones, que anteriormente el 21 de octubre de 2014 ya había suscrito un contrato de representación con Raúl di Blasio”.
Los pliegos del proceso de contratación se publicaron el mismo 7 de noviembre de 2014. Rolando Panchana, Gobernador del Guayas resolvió adjudicar a la empresa HDC producciones bajo régimen especial y no contó con estudios previos que justifique la necesidad de la contratación.
El equipo auditor de la CGE concluyó que “La Gobernación de la Provincia del Guayas pagó a la empresa HDC Producciones C.A., por concepto de charlas de motivación $1 200 875,00., presentando facturas por $1 192 912,70.,con un saldo no justificado de $327 645,89 USD.
Un día antes de la contratación de H.DC producciones aumentó su capital social de 800 dólares a 100.000 y la comisión técnica nunca remitió a rolando Panchana el análisis de referencia y requisitos mínimos.
Se determinó indicios de responsabilidad penal y como este informe se emitieron otros mas que se enviaron a la Fiscalía General del Estado pero fueron archivados, como siempre, por Galo Chiriboga.
Cuando Pablo Celi de la Torre asumió como contralor olvidó los informes enviados por Pólit a la fiscalía y con el archivo de las irregularidades contrató a la empresa de Salcedo para fines de propaganda. El rubro se denominó servicios y productos comunicacionales para difusión y análisis de la gestión de la CGE.
El 21 de diciembre de 2017 adjudicó a HDC $1,150.000 mas IVA por un año calendario, del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de ese año.
La cúpula del poder político estuvo en esa fiesta. Comenzando por el presidente de la República Lenín Moreno y su esposa, Rocío González, quienes suelen recibir numerosas invitaciones a eventos sociales, pero solo aceptan asistir a contadas de ellas.
Y que acudan significa una deferencia especial que solo les conceden a sus verdaderos amigos, en este caso el joven Mendoza, cuyo nombre para esa fecha sonaba como el más firme candidato para ocupar la presidencia de la Asamblea Nacional. Uno de los invitados que se sentó en la mesa de al lado de la del Presidente, recuerda que lo vio toda la noche cómodo, en confianza, como quien se siente rodeado solo de amigos. Disfrutó la fiesta, comió con buen apetito y bromeó con el novio con un par de esos chistes clásicos para recién casados.
En la misma mesa del presidente estaba sentado su consejero y amigo personal Santiago Cuesta Caputi, quien acudió a la fiesta con su esposa y se divirtió a más no poder con la música de las
dos bandas que amenizaron el baile esa noche. Cuesta tenía contactos dentro de la Asamblea Nacional y con algunos de ellos compartió pista ese día especial de febrero: allí estaban los legisladores Fafo Gavilánez, Marcia Arregui, los representantes de Santa Elena Jimmy Candell y Carlos Cambala, entre otros.
Ninguno tenía cara de preocupación. Ellos habían llegado hasta Manta solo para disfrutar “y como no hacerlo” con una celebración por todo lo alto que “fácil debió haber costado más de USD 50.000, lo que sí me llamó la atención”, relata el invitado infidente que llegó allí invitado por el propio Mendoza, devenido en amigo por las circunstancias políticas del momento.
Dos semanas después, el 19 de febrero de 2019, Christian Zurita y Fernando Villavicencio publicaron el reportaje “El laberinto off shore del círculo presidencial”, dejando al descubierto la empresa INA creada en un paraíso fiscal por Edwin Moreno Garcés, el hermano del presidente de la República.
Según el reportaje, INA Investment Corporation fue una empresa offshore vinculada a Xavier Macías, su esposa María Auxiliadora Patiño y la familia del presidente Lenín Moreno.
Esa compañía manejó cuentas, entre el 2012 al 2016, en el Balboa Bank de Panamá, con las que adquirieron muebles y alfombras que fueron enviadas a Lenín Moreno, en Suiza. Así mismo se habría comprado un departamento en la costa Mediterránea, en Alicante, España, en 2016, por un valor de 133.400 euros.
Entonces Daniel Mendoza tuvo que moverse dentro de la Asamblea para intentar blindar a su amigo e invitado a su boda, el presidente Lenín. Hizo todo lo que tenía que hacer, hasta presentarse a declarar personalmente en la Fiscalía para defender a Moreno, pero no resultó del todo suficiente.
La Fiscal General de ese momento, Ruth Palacios, abrió en marzo de 2019 una indagación penal previa para investigar el hecho y la Comisión de Fiscalización del parlamento aprobó un informe que luego fue al pleno, en donde por votación mayoritaria se decidió en junio de 2019 pedir a la Fiscalía que continúe la investigación al círculo presidencial.
Los meses posteriores a su boda de febrero, fueron bastante agitados e intensos para Mendoza, por lo que no aparecen registros del lugar en donde disfrutó su luna de miel.
¿Desde cuándo la Salud se convirtió en un botín político? Esa es la pregunta del millón. Y la contestó hace tres meses la presidenta de la Cámara de Comercio de Manta y del Frente Cívico constituido en esa ciudad, Lucía Fernández:
“Vea, yo he visto pasar los gobiernos de Febres Cordero, Borja, Sixto, Bucaram, Alarcón, Mahuad, Noboa, Gutiérrez…y en esos gobiernos cuando tú querías robar sabías a donde ir: a la Aduana. Tú tenías un hijo tonto o un yerno limitado, mándalo a robar a la Aduana. Esa es tu cuota política. Pero que ahora se reparta la Salud, eso es un crimen, que se repartan los hospitales y todo lo que conlleva, eso no tiene perdón”.
¿Cuándo comenzó entonces? La pregunta también le fue planteada a la asambleísta Marcela Aguiñaga, pieza importante del correísmo durante ese gobierno y también en la actualidad. Esto a propósito de que ahora las huestes de la Revolución Ciudadana quieren abanderar el tema.
¿Este reparto de la Salud como botín político no fue una continuación de algo que comenzó antes, hablando de lo que ocurrió con Ramiro González que incubó en el IESS su propio partido político, o de Iván Espinel que también estuvo en el IESS y también salió con partido propio, eso no fue reparto?, fue la pregunta para Aguiñaga:
“Usted trata de comparar peras con papas, que no es lo mismo. El reparto aquí es a cambio de la voluntad política de los legisladores. El señor González no era legislador, era funcionario del gobierno, así que no es lo mismo y no se puede comparar. Entiendo que el señor Espinel fue igual”, indicó.
Y aunque para Aguiñaga comparar los repartos de antes con los de ahora es mezclar peras con papas, el tema de fondo es que en el correísmo había mucha similitud en el direccionamiento de contratos para determinados contratistas, de los que unos pocos resultaron beneficiados con abultadas y millonarias adjudicaciones, como es el caso de la empresa de un ex asesor del asambleísta Julio César Quiñónez, que entre 2013 y 2015 tuvo USD 15 millones en contratos en el hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, tal como lo reveló hace pocas semanas una investigación de diario El Universo
Y aún así, los correístas hoy en coro preguntan: ¿Quién repartió los hospitales?
En el gobierno de Lenin Moreno esa pregunta puede tener diferentes respuestas, considerando los momentos con distintas circunstancias políticas. Y de esos momentos, hubo varios. El primero, que tuvo de protagonistas al ex presidente de la Asamblea y actual legislador José Serrano y al ex asesor presidencial Eduardo Mangas, que viajaron en un avión prestado por la familia Eljuri, antes de la posesión de Moreno, en mayo de 2017, a Panamá, para reunirse con Abdalá Bucaram.
En ese momento, los correístas que seguían unidos con los morenistas, no dijeron nada. Quien dijo algo, pero no mucho fue el propio Serrano, interrogado por el periodista Milton Pérez sobre la cita con Bucaram:
“Esos son los costos de proteger y defender a este proceso político. Y en ese proceso político, defender a nuestro vicepresidente Jorge Glas. Yo personalmente he hecho absolutamente todo lo que tenía que hacer para que este proceso triunfe y pueda generar su gobernabilidad en beneficio de los ecuatorianos”.
El periodista insistió: ¿Fueron a Panamá para defender a Jorge Glas?
“No daré pormenores de ese viaje pero sí le voy a decir que definitivamente esos son los costos”.
Cuando Serrano dijo esto era agosto de 2017 y nunca dejó en claro los detalles de su conversación ni los acuerdos a los que llegó, junto con Eduardo Mangas, con Abdalá Bucaram.
Los tres protagonistas del gobierno de este capítulo -Mangas, Serrano y el propio Glas- tuvieron sendas y abruptas salidas del poder, cada uno con distintas circunstancias. Pero el presidente Lenín Moreno ya tenía marcada en su agenda la consulta popular que permitiría desbrozar el poder correísta que seguía imperando.
Cuando el presidente Lenín Moreno lanzó el 2 de octubre de 2017 la Consulta Popular con siete preguntas que incluían la eliminación de la reelección indefinida, entendió que, para ganar, debía captar el mayor respaldo posible de aliados.
Principalmente, de su propio movimiento, de aquellos que hasta entonces todavía se declaraban admiradores del ex presidente Rafael Correa. Y, marginalmente, de todos aquellos que tengan un membrete político, un partido con vida legal y unos cuantos militantes. Todos fueron invitados.
Noviembre de 2017 fue un mes clave. Algunos funcionarios de hospitales del país nos contaron que fue como por mediados de ese mes, cuando ocurrió una “barrida” general en las jefaturas de los hospitales, por órdenes superiores que venían de Quito. La disposición, dicen las fuentes que hablaron con nosotros, fue que, a partir de entonces, las cabezas serían nuevas.
Para el 23 de noviembre de 2017, todo estaba consumado. Ese día, el presidente Lenín Moreno recibió en el parque Samanes de Guayaquil el efusivo apoyo de sesenta organizaciones políticas que se comprometieron a apoyar la campaña por el Sí en la Consulta Popular.
El prefecto del Guayas Jimmy Jairala tomó la palabra y dijo que el apoyo que darían “no sería aguado”, sino todo lo contrario, muy fuerte. Y desinteresado. Para esa fecha, su primo Luis Jairala Zunino estaba recién posesionado al frente de la gerencia del hospital del IESS Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, aunque el ex prefecto ha reiterado que nada tuvo que ver con esa designación.
Ahora Jairala Zunino está prófugo de la justicia, procesado por peculado en la adjudicación de millonarios contratos de medicinas e insumos médicos y la Policía continúa su búsqueda.
Un día antes de cumplir su primer año como presidente de la República, el 23 de mayo de 2018, Lenin Moreno creó mediante decreto la Consejería de Gobierno para el mejoramiento de la eficiencia y optimización del Estado, con énfasis en la austeridad fiscal y la reducción de trámites. Y puso al frente, con rango de ministro, al conocido encuestador Santiago Cuesta Caputi, un viejo amigo del presidente, quien incluso lo visitó en Ginebra, junto al intermediario petrolero Enrique Cadena, mientras cumplía las funciones de la ONU para las discapacidades. El poder de Cuesta se fue para arriba.
¿Qué tanto poder acumuló Cuesta?
Él mismo se jactaba de su poderío, incluso después de haber abandonado, en septiembre de 2019, el cargo oficial que le dio su “amigo personal de hace 40 años”, el presidente Lenin Moreno. Ese poder le ha permitido estar al frente de los sectores estratégicos, de la privatización de las empresas estatales e incluso de asegurar que sobre la Refinería Esmeraldas se construirá una nueva y proponer al empresario que lo hará.
Dice que no le gusta la corrupción, que la combate, y es por eso que cuando ve un acto de corrupción él no pregunta, “yo destituyo, después le cuento al presidente: presidente, me he comido a fulano, zutano… ya me he comido a varios…le digo señor presidente por esto, por esto”.
“Yo tengo el poder del presidente Moreno de volarle la cabeza a cualquiera”, dice Cuesta, y con ese poder, según él, llevó a Otto Sonnenholzner a la vicepresidencia, con ese mismo poder protegió a la exministra de Salud, Catalina Andramuño, quien fue sugerida por Paúl Granda para ese cargo, según la confesión del ex consejero.
Aunque ahora Granda, quien salió por la puerta trasera del IESS tras escándalos de corrupción, sostiene exactamente lo contrario: fue Cuesta quien impuso a Andramuño, que no tenía mayores credenciales pero era una seguidora secundaria de la línea política de la ex ministra Verónica Espinosa, por sobre el nombre sugerido por Paúl Granda, el doctor Alfredo Borrero, un reconocido neurocirujano y académico, con la suficiente experiencia para comandar un ministerio, aunque con con pequeño inconveniente, no contaba con el apoyo de Johana Pesantez.
Cuesta también fanfarronea acerca de su cercana relación con “Jhonny”, a quien ve como un hijo. Johnny es el yerno del presidente, Juan Enrique Rodríguez Malo, quien habría nombrado al director de la Arcsa, Daniel Calle.
Lo que no reconoce públicamente Cuesta es haber entregado él, personalmente, ni un solo hospital a ningún asambleísta. Y eso que pedidos tuvo. Y varios.
Lo dijo Cuesta en diciembre pasado, curiosamente, al ex prefecto del Guayas Jimmy Jairala, quien ahora ha vuelto a su faceta de periodista y mantiene un programa radial: “A mí cuando los asambleístas empiezan a decir, a mí por el voto yo quiero un hospital, yo quiero una eléctrica o quiero una gerencia de CNT, ahí hay robo. Punto. En mi gestión yo no di nada. Pero peticiones hubieron (sic)”.
Una de las cuotas de poder bien administradas por Santiago Cuesta, es Agustín Albán Maldonado. El empresario de la educación prefirió dejar su universidad en México para aceptar dirigir la Senescyt. En 2019, la influencia de Cuesta le permitió ubicar a Albán en la terna vicepresidencial junto a Otto Sonenhozlner.
La estrecha relación de Santiago Cuesta con Agustín Albán, incluye también la amistad con el intermediario petrolero Enrique Cadena, para quien trabaja Teodoro Albán, hermano del actual secretario de educación superior.
La figura de Albán recobra importancia en momentos en que su nombre se escribe en la agenda para reemplazar al actual Vicepresidente, que dejaría su cargo para participar como candidato presidencial.
“Eso es mentira. El ejecutor de #ElRepartoDeHospitales a los asambleístas fue Santiago Cuesta”, dijo a La Historia un ex asambleísta de Alianza País del periodo 2017-2021, quien dijo estar dispuesto a salir al frente para sostener su versión, si es llamado por la Fiscalía.
María Paula Romo Rodríguez acaba de cumplir 41 años y nunca antes había tenido tanto poder. De hecho, su fulgurante carrera política comenzó cuestionando precisamente al poder: ¿Quién jodió al país? Fue la irreverente pregunta que lanzaron como proclama de campaña un grupo de jovencitos, estudiantes de la elitista Universidad San Francisco de Quito, con la que se ganaron espacios en medios y la simpatía de sectores cansados de la vieja partidocracia.
Eso fue en 2004 y de aquello han pasado 16 años. En el camino han quedado su militancia correísta, su paso por la Asamblea Constituyente de Montecristi y su papel de legisladora, con la abierta ruptura con su viejo mentor, el ex presidente Rafael Correa, debido a la férrea defensa que este hizo en 2010 del Fiscal General Washington Pesántez, a quien Romo quería llevar a juicio político por su papel de encubridor de un delito del que se se acusaba a su esposa. Correa no lo permitió.
Lenín Moreno trajo de nuevo a la escena a Romo, quien había retornado a su vida de académica. Fue en agosto de 2018, cuando entró al gobierno como ministra del Interior, para reemplazar a Mauro Toscanini, todo un fiasco en la conducción de la política de Seguridad Interna del país. La figura y el peso político de Romo, acompañada de su viejo amigo de Ruptura, Juan Sebastián Roldán, no tardaron en hacerse sentir, sobretodo por la clásica pugna de bandos internos del poder que tienen periódicos forcejeos para marcar sus territorios.
En esa medición de fuerzas se vieron las caras con Santiago Cuesta, después con el novato vicepresidente Otto Sonnenholzner. Los Ruptura han conseguido continuar avante, mientras Cuesta se fue y a Otto le redujeron sus espacios. Y las fotos.
Y eso que la gestión de Romo no ha estado exenta de capítulos flojos. Como la conversación que quedó grabada con la ex presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, gracias a la cual el país pudo enterarse los términos nada comedidos con los que se referían a los asambleístas socialcristianos.
Será por eso, por la vieja animadversión con el propio Jaime Nebot -y por otros motivos no revelados- que los PSC han marcado desde hace tiempo a Romo como un objetivo casi militar, al que hay que vencer.
Aliados con ese objetivo los tienen a los correístas, que también quieren saldar antiguas cuentas derivadas de su pugna con su líder residente en Bélgica. Ante tan poderosos enemigos -más fuertes todavía si se juntan- Romo ha tenido que defenderse. Y buscar aliados en la misma Asamblea.
La pregunta es si estos aliados han aceptado sumarse a su defensa sin pedir nada a cambio. Cuesta ha dicho que los asambleístas piden hospitales a cambio de sus votos.
El mismo presidente Lenín Moreno reconoció la semana pasada a la periodista Andrea Bernal “que todo el mundo sabe que los asambleístas piden cosas”. Pero tanto el presidente, Cuesta y Romo, finalmente terminan rechazando haber entregado ni un solo hospital. Entonces no se entiende cómo los Bucaram y una larga lista de asambleístas aparecen involucrados en la nefasta gestión de los hospitales por todo el país.
Como prueba a su favor, Romo ahora quiere aparecer como la gran artífice de la investigación que terminó con la detención de su ex aliado, el asambleísta Daniel Mendoza, investigado no solo por las irregularidades en la contratación del hospital de Pedernales, sino por toda la estructura de poder que acumuló especialmente en Manabí.
Poder que le fue dado por el propio gobierno y hasta por la misma ministra Romo, quien designó a un cercano de Daniel Mendoza como gobernador de la provincia, Tito Nilton Mendoza, quien por cierto sigue en el cargo, al igual que la mayoría de recomendados por el legislador, casi todos militantes de su partido Mejor.
Romo podría exhibir como argumento, finalmente, que ella no estuvo en la boda de Daniel Mendoza. Y que por lo tanto, estuvo ausente al momento del reparto del pastel.
Espera la Parte Tres de este especial para conocer el registro de todos los nombres de #ElGranReparto
Al mejor estilo de Arroz Verde, en menos de 20 días, vaciaron la cuenta de la empresa contratista del hospital de Pedernales, Manabí. El 3 de marzo de 2020, el Gobierno entregó $8.2 millones de adelanto al Consorcio Pedernales, pero a la fecha solo queda un saldo de $892.221,30 dólares en la cuenta de BanEcuador. Una avalancha de retiros de dinero dejó prácticamente vacía la cuenta. Se llevaron un equivalente a medio hospital, mientras afuera solo queda un terreno con alguna maquinaria.
Nuestro medio tuvo acceso al movimiento bancario de la cuenta No 30014XXXX del Consorcio Pedernales Manabí, en BanEcuador. Entre marzo y abril de 2020, se realizaron débitos y retiros por $7 millones 645 mil 193 dólares. A la presente fecha el saldo en la referida cuenta es de $892.221,30.
La adjudicación del contrato se dio el pasado 21 de febrero, entonces se había protocolizado el contrato para la construcción del Hospital de Pedernales, con capacidad de 30 camas entre el Consorcio Pedernales Manabí con el Servicio de Contratación de Obras (Secob) por $16.429.512,51 por un plazo de 360 días.
Lo firmaron el subdirector general del Secob José Eduardo Jalil Ponce con el representante de los constructores, José Leonardo Veliz Santos.
Hasta el momento ninguna autoridad del Servicio de Contratación de Obras (Secob) ha explicado públicamente cómo ese consorcio utilizó el dinero y si existen pagos a proveedores y subcontratistas para que continúen los trabajos. El noticiario Televistazo emitió la noche del 22 de mayo un informe sobre los avances en la obra del hospital y evidenció que apenas se encuentra en movimiento de tierras.
Lo único cierto es que debía ser terminada en 360 días, hasta el momento solo ha transcurrido el 21% del tiempo total de trabajos, pero ya se han gastado casi el 50% del anticipo que fue $8,214,756.26.
El 14 de mayo de 2020, la Fiscalía General del Estado allanó varias propiedades en Pedernales, Calceta, Portoviejo y otras ciudades de la provincia de Manabí. En los operativos se incautaron armas de fuego, sellos de varias instituciones públicas, maletas con dinero en efectivo y cheques por una cifra superior a $1.6 millones de dólares.
Además fueron apresados 9 ciudadanos entre los que figuran Jean Carlos Benavides, asesor del asambleísta oficialista por Manabí, Daniel Mendoza, uno de los representantes del Consorcio Pedernales, entre otros implicados. Desde entonces se desconoce el paradero de Daniel Mendoza.
Una investigación periodística realizada por Periodismo de Investigación y La Historia, hace varios meses reveló la entrega de los hospitales del país, es particular de Manabí a varios asambleístas, entre ellos Mendoza, como parte de acuerdos políticos con el gobierno.
Nuestro medio conoce que uno de los facilitadores de esos pactos fue el exconsejero presidencial, Santiago Cuesta Caputi, quien salió del gobierno hace poco, pero sigue con poder en la llamada mesa chica.
En mayo del 2016, días después del terremoto que devastó la provincia de Manabí, el Ministerio de Salud Pública, notificó la construcción del hospital de Pedernales. El anunció quedó en eso hasta catorce meses después (septiembre de 2017), cuando se emitió el permiso para la construcción de un hospital de 30 camas. Pero, se tuvo que esperar otros diecisiete meses (febrero de 2019) para que se entreguen los estudios definitivos.
Finalmente, con informes INF_ESP_2019-STE-DNCP-218, 219 y 222, de 16 y 17 de octubre de 2019, luego de ocho meses de retraso, se emitió el presupuesto referencial y el estudio de mercado para la construcción del referido hospital por un monto referencial de $ 16.450.302.93, con un plazo de 360 días.
El 24 de octubre se designó a los miembros de la comisión técnica y la licitación fue publicada el día 28 de octubre de 2019, en el portal de compras públicas.
El 25 de noviembre de 2019, se recibieron 22 ofertas y para el 11 de diciembre del mismo año, Jenniffer Cobeña Moreira, presidenta de la comisión de licitación recomendó “la adjudicación del proceso Nro. LICO-SECOB-004-2019 “CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL BÁSICO DE PEDERNALES 30 CAMAS”, al CONSORCIO PEDERNALES MANABI con RUC Nro. 1308531274001, por un valor ofertado de USD 16’429.512,519…”. El 16 de diciembre de 2019 se adjudicó la obra y el 13 de febrero de 2020 se firmó el contrato.
El consorcio constructor y el Servicio de Contratación de Obras firmaron el 3 de marzo el contrato para la construcción el Hospital y recibieron $8,214,756.26, es decir el 50% del anticipo de la obra, sin ninguna retención impositiva. Para ese día la cuenta bancaria del consorcio contaba con un sado de $8,215,723.50. Al 31 de marzo el saldo en la cuenta bancaria del consorcio Pedernales Manabí era de $6.620.590,65. Al 30 de abril la cuenta de ese mismo consorcio era de apenas $1.024.602,76. Al 19 de mayo ese corte era $892.221,30.
En el expediente fiscal se incorporan versiones de los detenidos y conversaciones encontradas en varios dispositivos electrónicos, en las que se señalan que el dinero y cheques encontrados tenían como destino Daniel Mendoza. Además, se describen posibles rutas del dinero en prósperos negocios de camarón, entre otros.
Interceptaciones telefónicas, realizadas por las autoridades de justicia, y relatadas en informes policiales, dan cuenta que el chofer José Santos y Victoria Banquero mantuvieron una conversación el 23 de abril en la que se dijo: “…esos cheques son del contrato que está en Pedernales pero hay que pasar viendo por Portoviejo y luego tiene que pasar dejando en un sobre manila a Daniel Mendoza en Bahía”.
