Mes: mayo 2022

Norero fue aprehendido junto a su conviviente, Lina R.V., en una casa moderna con exclusivos detalles tecnológicos que estaría avaluada en 2 millones de dólares y que perteneció a un exservidor del IESS que ha sido investigado como parte de una red de corrupción hospitalaria. Ahora se conoce que esa propiedad pertenecía a Xavier Jordán, acusado de lavado de dinero en el caso Gran reparto, y que trabajó de la mano de los Bucaram y Daniel salcedo.

Información proporcionada por altas autoridades de la fuerza pública dan cuenta de una estrecha relación entre Xavier Jordán y alias «Leandro», de hecho establecen que el primero se encargaría de lavar el dinero de Leandro fuera del país. En estas imágenes se observa ademas una relación especial entre el asambleísta de UNES Ronny Aleaga y Xavier Jordán. Algo por demás extraño si consideramos que Aleaga ha sido uno de los grandes denunciantes de la corrupción de Lenín Moreno.

El asambleísta Ronny Aleaga empuja la silla de ruedas de la madre de Xavier Jordán, previo a un viaje de placer en un yate particular. 

La propiedad está ubicada en la urbanización Riveras del Batán, cantón Samborondón; además de esa vivienda, se le incautaron 11 propiedades en varios sitios exclusivos de Guayas, como en un edificio de Puerto Santa Ana; también de Manta, Manabí; y en Punta Blanca, Santa Elena.

Al 2022, el hombre de 34 años considerado uno de los “narcos invisibles” que operan en Ecuador, ya había edificado una poderosa organización dedicada al Lavado de Activos, a la que durante la Operación Despegar, desarrollada la madrugada del 25 de mayo, se le incautaron más de 24 millones de dólares, 6,5 millones en efectivo, en 31 paquetes de 100 dólares; y el resto es el avalúo de 11 viviendas, 6 vehículos de alta gama, lingotes de oro, un sinnúmero de relojes, que cuestan entre 200 mil y 600 mil dólares; 6 laptops, 5 armas de fuego y municiones.

Tras una investigación de ocho meses, la Dirección Nacional de Antinarcóticos ha logrado determinar que alias El Patrón, quien de joven fue parte de la agrupación Los Ñetas, se habría iniciado en el 2005 como cargador de “mulas” (persona que lleva droga en su interior). Ahora, “junto a su conviviente, había logrado establecer en emporio”, dice la Policía.

Durante la audiencia de formulación de cargos por Lavado de Activos también se lo hizo contra las firmas (algunas son solo de papel) Salon L&C S.A.; Samsongseafood S.A.; Corporación de Estética Lumina Luminacorpgye S.A; Ashimha Life S.A.; Agronorting C.A.; y, Norerodesign S.A.

Aunque hacía parecer que estaba netamente dedicado a actividades dentro de una lavadora de carros, ubicada en La Aurora, Daule, denominada Tecnicentro & Car Wash; y su conviviente a la administración de un SPA, localizado en Urdesa, informes del Servicio de Rentas Internas, de la Unidad de Análisis Financiero y Económico; y de la Superintendencia de Compañías dan cuenta de que juntos movían millonarias sumas de dinero que no podían ser justificadas con los ingresos que tenían.

Sobre todo Lina R.V., quien pese a que atendía solo a personas de nivel socioeconómico alto no poseía una cartera de clientes tan amplia como para obtener el dinero que mantenía en las 11 cuentas que había abierto en 5 bancos del Ecuador.

Hoy El Patrón, quien fue parte de las negociaciones de paz desarrolladas en el 2006 entre Los Ñetas y Latin King, es investigado por Lavado de Activos y Tenencia Ilegal de Armas, aunque todavía resta por determinar si es procesado por los documentos que tenía en su poder, con su fotografía.

“Portaba dos licencias de conducir con distintos nombres, también dos cédulas de identidad”, informó el Ministro de Gobierno, Patricio Carrillo, este viernes 27 de mayo en Guayaquil. Además, refirió que se lo debería investigar por enriquecimiento ilícito, vínculos con la minería ilegal y usurpación de identidad.

“La Fiscalía y la Policía Nacional recién están iniciando una gran investigación en este caso”, expresó la autoridad en el Cuartel Modelo.

También aclaró que los vínculos que Norero tenía en los distintos organismos públicos los tendrá que determinar la investigación, pero –aseguró- “por experiencia se conoce que el crimen organizado, cuando actúa, se articula y actúa con protecciones de todo tipo, judiciales, políticas, comunicacionales”.

Y es que en la residencia de El Patrón también se habrían hallado documentos que reflejan la adquisición de una vivienda en Santa Elena, valorada en 230 mil dólares, que estaría a nombre de la exfiscal de antinarcóticos que lo asesora jurídicamente.

Tras haber sido cargador de “mulas”, delito por el cual fue procesado en Perú y que logró que se archive al hacer creer a las autoridades de ese país que había fallecido víctima del Covid 19, El Patrón, además de lavar dinero del narcotráfico, se convirtió en traficante de drogas de alto nivel.

Se estima que enviaba al menos 10 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización por mes a diferentes países del mundo, a través de distintas rutas, las que habría conocido por medio de Jorge Luis Zambrano González, alias Rasquiña, líder de Los Choneros, quien fuera asesinado por un sicario en Manta, en 2021, y “con el que mantenía una buena relación”, según la Policía.

Pero Norero, quien poseía 9 cuentas bancarias en 6 entidades del Ecuador, no solo lavaba dinero en sus empresas sino que es señalado como el financista de bandas narcodelictivas de Los Lobos, Chone Killers y Tiguerones, que mantienen enfrentamientos en las calles del país contra otros grupos narcocriminales e incluso han liderado varias matanzas en las cárceles de Guayas, Azuay y Cotopaxi. Se conoce que, en 2019, sufrió un atentado en el norte de Guayaquil.

Ahí, la Policía reveló que sobre él pesaba una difusión roja de la Interpol, no obstante, ese caso se diluyó. En su prontuario consta que ha enfrentado procesos por narcotráfico, en 2018; y, además, por tenencia ilegal de armas, asalto, robo y asociación ilícita.

Tras la audiencia de formulación de cargos, la Fiscal Lidia Sarabia López, de la Unidad Contra el Lavado de Activos, formuló cargos a Leandro Norero Tigua, sus hermanos Johanna Z.T. e Israel N.T., también contra las seis firmas que administraban El Patrón y su conviviente, Lina R., a quien se le dictó medidas sustitutivas.

Deberá presentarse todos los jueves ante el fiscal que lleve el proceso judicial y tendrá que usar un dispositivo electrónico de vigilancia.

Imagine amable lector que con apenas $5000 dólares de entrada pueda adquirir un departamento en uno de los edificios de la zona de mayor valor de Quito. Imagine también que la entidad estatal para la usted trabajó, le prestó el resto del dinero para pagar el departamento. Finalmente imagine que usted fue funcionario del mismo organismo que guardaba en reserva los datos de ese departamento.

El uso de esa información privilegiada tiene un nombre,  Mauro Alejandro Naranjo Benítez,  pero sobre todo tiene un perjudicado: el empresario Pablo Maya Rivadeneira, dueño del departamento, que desde el feriado bancario nunca dejó de cumplir las obligaciones de pagos que le exigió la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) y más tarde el BCE.

Él asegura que nunca pudo recuperar el bien, a pesar de haber pagado el crédito original.

Maya Rivadeneira perdió su departamento en un remate realizado en Guayaquil, sin que tenga conocimiento. El departamento pasó a manos de un funcionario del Banco Central del Ecuador, MauroNaranjo Benítez. Aquí la historia.

El 21 de marzo de 2018 la Fiscalía General del Estado receptó la denuncia de Pablo Alejandro Maya Rivadeneira y Marco Vinicio Antonio Tamayo Lalama por el delito de falsedad de información financiera y otros delitos conexos.

La denuncia 1701018033139 detalla cómo Karla Jeannine López Solórzano fue usada como testaferro por su pareja sentimental Mauro Alejandro Naranjo Benítez, miembro de AP, exasesor de la expresidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, y también de la Superintendencia de Bancos y del Banco Central del Ecuador.

Naranjo Benítez fue asesor de la Gerencia General y como tal accedió a información privilegiada del Banco Central del estado legal y financiero de varios bienes inmuebles que se encontraban en garantía desde la crisis bancaria del 1999.

Con información en mano escogió un departamento de lujo ubicado en la av. González Suárez, en Quito valorado en $200.000., lo llevó a remate en Guayaquil, en un proceso por demás oscuro y lo adquirió en $50.000 con crédito directo del Banco Central, a cinco años plazo y apenas con $5.000 de entrada.

Es uno de los cientos de casos registrados por el Colectivo de Deudores de Buena Fe, que desde hace 18 años se han visto impedidos de pagar sus obligaciones y han vivido prisioneros de las acciones corruptas de la entonces Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), Banco Central y actualmente la llamada Compañía de Servicios Auxiliares de Gestión de Cobranzas, Recycob.

El departamento

En 1996 la empresa Taguachips fabricante de botones de tagua para exportación, que llegaban a mercados como el Asia y Turquía, realizó un crédito en sucres al Banco del Progreso por un equivalente a $65.000. Por este préstamo Taguachips dejó en garantía real el departamento en la avenida González Suárez de propiedad de Maya Rivadeneira.

La compañía había cancelado capital e interés por tres años, la empresa generaba ingresos y crecía. Además daba trabajo a más de setenta personas. Era un emprendimiento en marcha.

A la fecha del cierre del Banco del Progreso el pago total por ese crédito fue del 45%. “Ya solo quedaba por pagar $29.000”, cuenta Maya en 2019.

En lugar de que la AGD proceda a reestructurar las obligaciones de la empresa y brindar una solución, arrancaron procesos coactivos y fueron tras los bienes en garantía, que parecía un frenesí de cobros como una acción que suplía el mal accionar de los banqueros sobre quienes tenían deudas.

“Fue terrible, cuando ocurrió esto nos quedamos sin poder operar. Y pasamos a ser perseguidos y extorsionados con llamadas de funcionarios y juicios de coactivos ilegítimos”, recuerda.

Notificaron a todos los bancos la condición de morosos a pesar de haber mantenido la calificación “A” como deudores de empresa, que tenía incluso cartas de crédito a su favor en el Banco del Progreso off shore pero que nunca se lograron registrar y se dieron con los años por perdidas.

Cuando la AGD inició los cobros a Taguachips, esta había quebrado y liquidado por los problemas del feriado bancario.

Maya pidió una solución con la dación en pago de la deuda mediante la entrega definitiva del departamento en garantía, pero la AGD nunca realizó un avaluó real y peor el reconocimiento de todo lo pagado. “Nosotros proponíamos soluciones y reestructuración, pero jamás nos contestaban”, en la misma condición le sucedió a la mayoría de los deudores del feriado bancario.

“En lugar de preocuparme porque mis empleados tengan mejores condiciones de vida con el desarrollo de mi empresa, tuve que pasar días enteros en las instalaciones de la AGD recibiendo maltratos con un juicio coactivo en el que no había solución y enfrentando una prohibición de salida del país”.

Miles de deudas sin poder cobrarse y sin voluntad política para encontrar una salida técnica a este problema. “Ahora, en 2019, existen 14 mil casos, en ese entonces el número tiene que haber sido diez veces más”.

La AGD no respondió a esos pedidos, de hecho, el juicio fue declarado nulo por las irregularidades hasta 2009 cuando Naranjo identificó el bien inmueble. Para Pablo Maya fue la continuación de un problema que empeoró porque perdió el bien y siguió endeudado. Según la denuncia de Tamayo y Maya en 2010 se conoció que la entonces gerente del Banco Central en 2010, Hilda de la Torre, trasladó el caso del juzgado de coactivas de Quito al de Guayaquil. “Llegamos a enterarnos que sin nuestro conocimiento y sin que hayamos consentido o prorrogado expresamente la competencia de la causa que tuvo origen y se radicó en Quito” por resolución de la Superintendente de bancos, Gloria Sabando, terminó rematándose en Guayaquil de la mano de la gerente del BCE, Hilda de la Torre.

De la información que se ha podido recabar Naranjo Benítez era asesor de la gerente y por ello tuvo acceso a la información del departamento que luego se adjudicó.

Así los funcionarios de coactiva ordenaron el embargo del departamento y avaluaron el inmueble en $42.000. Es decir, luego de 10 años se dio paso al nuevo avalúo del bien (realizado por Gonzalo Beltrán Torres), pero con el objeto de rematarlo a favor de Naranjo.

Al tiempo que Maya perdía su inmueble de manera amañada por la AGD, su salud se deterioró y enfrentó problemas en el colon y un trastorno nervioso, ambos provocados por la situación de estrés al que estaba sometido.

El remate

Aprobado el avalúo el 24 de febrero de 2011 el juez de coactivas remató el inmueble y adjudicó a Carla López Solorzano, novia de Mauro Naranjo, por $51.000 pagaderos a cinco años.

En Guayaquil, en abril de 2012, cuando el departamento fue rematado y consolidado a favor de la novia de Naranjo, el juzgado de coactiva de Quito pidió nuevamente que el caso sea remitido otra vez a su sede en Quito. “Era para que yo no conozca” dice Pablo Maya. El abogado de coactivas en aquel entonces era Juan Posligua Aveiga y Roberto Gómez.

El departamento estuvo deshabitado desde que lo compraron. Según los guardias del edificio consultados por Maya, Naranjo pagaba las alícuotas de la vivienda sin habitar el mismo, un par de meses luego del haber obtenido el departamento en remate se mudó allí.

Para el 13 de marzo del 2019, luego del impulso que ha dado Maya a su caso, se logró que la fiscalía llame a rendir versiones como parte de la etapa de indagación previa, a quienes se apropiaron del departamento en la av. González Suárez: Mauro Alejandro Naranjo Benítez y Karla Jeannine López Solórzano. Ambos se acogieron al derecho al silencio y no se pudo obtener los testimonios.

Los movimientos inmobiliarios, las inversiones y las deudas de la exconcejal de Quito y exasambleísta Elizabeth Cabezas se circunscribieron al ámbito nacional en una primera etapa de su vida, pero luego la compraventa de departamentos y casas, así como los préstamos tanto de Cabezas como de su familia, empezaron a transarse no solo a nivel nacional sino también en el extranjero.

Sumado a ello abrió cuentas bancarias internacionales y ha contratado abultados créditos con instituciones financieras estadounidenses. Algunos de sus bienes no se reportaron a tiempo, al menos en dos de sus declaraciones patrimoniales, y respecto a una de sus más importantes operaciones contractuales que le permitieron recibir un cotizado terreno, los hechos y las fechas no cuadran.

Entre las actividades de los bienes raíces de Cabezas y su familia que más llaman la atención destaca la forma en que Harrington Maccarthney Consultores & Asociados S.A., una empresa de su esposo y de sus hijos, accedió a un extenso terreno en uno de los proyectos urbanísticos más exclusivos de Quito, al recibirlo como pago de servicios profesionales que habría dado esta desconocida empresa del sector de servicios de asesoría.

A ello se suma que alrededor de este proyecto urbanístico se han iniciado investigaciones en la Fiscalía por presuntas irregularidades en sus procesos de aprobación desde el Municipio de Quito.

Su trayectoria y sus bienes desde concejal hasta presidenta de la Asamblea

Elizabeth Cabezas se inició en la función pública en 2002 en el Municipio de Quito. En 2004 accedió a su primera jefatura al estar a cargo del despacho de la Alcaldía. Luego fue directora de seguridad ciudadana del Municipio de Quito, pero por poco tiempo, pues con la revolución ciudadana en el poder pasó a trabajar para el gobierno desde marzo de 2007 hasta diciembre de 2008, en la Subsecretaría de los programas sociales del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, donde estuvo a cargo del proyecto de dotación de uniformes escolares “Hilando el Desarrollo”, y de la provisión de desayunos escolares a las escuelas fiscales.

Desde este espacio y de la mano del movimiento Alianza PAIS, el salto a la tarima electoral fue rápido, resultando elegida concejala de Quito en 2009, donde se desempeñó como presidenta de la Comisión de Uso de Suelo y Ordenamiento Territorial.

El 16 de diciembre de 2013 Cabezas renunció a su designación como concejala de Quito e intentó lanzarse para la reelección en el periodo 2014-2019 pero las fricciones con el entonces alcalde de Quito, Augusto Barrera jugaron en su contra y no fue registrada en la lista de candidatos de Alianza PAIS.

Rafael Correa decidió llevar a su excompañera de aulas a trabajar en la Presidencia de la República entre el 9 de diciembre de 2013 y el 31 de marzo de 2015, como coordinadora general de cumplimiento de la agenda territorial del mandatario. Luego fue subsecretaria general de despacho de la Vicepresidencia de la República y asesora del sentenciado Jorge Glas, entre abril de 2015 y noviembre de 2016.

En 2017 logró una curul en la Asamblea Nacional por Alianza PAIS sin embargo optó por el morenato y el 14 de marzo de 2018 alcanzó la presidencia de la legislatura luego de que José Serrano fue destituido por promover, junto a Carlos Pólit, la destitución del fiscal general Carlos Baca Mancheno.

La faceta pública de Cabezas contrasta con su lado empresarial y hasta de inversionista, con cuentas en bancos del exterior, según la información que consta en notarías y en organismos de control nacionales, así como en registros de datos públicos en Estados Unidos.

El terreno en ‘Casa de Campo’

Al terminar sus funciones como asesora de Jorge Glas (noviembre de 2016), Elizabeth Cabezas y su esposo Javier Vaca Soto se convirtieron en dueños de un terreno de 2.500 metros cuadrados ubicado en uno de los parajes más caros del Distrito Metropolitano de Quito, el proyecto urbanístico Casa de Campo, a un costo de $74 el metro, una ganga a la que no cualquiera podría acceder.

Mediante dos rutas: cesión de derechos y dación en pago, Cabezas pasó a ser acreedora de Inmómetro Compañía Ltda., que es la inmobiliaria promotora de la ‘Urbanización Casa de Campo’, localizada en el valle de Tumbaco, en la zona de la Ruta Viva. Para ello se configuró, desde años atrás un entramado de trámites y contratos en los que los derechos de la propiedad terminaron entregándose a la exasambleísta desde una persona muy cercana a ella.

La compañía inmobiliaria Inmómetro fue constituida el 23 de marzo de 2003, cuenta con un capital social de $40 mil, nunca ha pagado impuesto a la renta y según los registros de la Superintendencia de Compañías, no ha cumplido sus obligaciones societarias correspondientes al ejercicio económico de 2019, principalmente la presentación de balances.

Inmómetro adquirió los terrenos para el proyecto ‘Casa de Campo’ en 2004. Con el fin de que se le faculte a ejecutar la subdivisión de su propiedad, elemento clave para el desarrollo del proyecto urbanístico, el 7 de agosto de 2012 Inmómetro transfirió un lote de terreno de 16.907 m2, como contribución de áreas verdes y áreas de equipamiento comunal a favor del Municipio de Quito. Pero todavía había un largo camino que recorrer en el desarrollo del proyecto.

Por ello, Inmómetro acude a una fórmula para empezar a desenredar el proceso de aprobación del fraccionamiento y urbanización del terreno: ceder derechos de parte de su propiedad a cambio de obtener, en un plazo determinado, las autorizaciones oficiales.

Así empieza esta historia de traspasos de las tierras de ‘Casa de Campo’: el 8 de agosto de 2012 Inmómetro, representada por Jorge Burneo como su gerente, firmó una promesa de compraventa a favor del abogado Julio César Plaza Vivar y su esposa, mediante la cual Plaza Vivar se comprometía a comprar el 50% de derechos y acciones del lote 11-12 que forma parte del proyecto mencionado. Esta área del terreno sumaba 2.500 m2. El precio a pagar por parte de Plaza Vivar fue de $20 mil.

Pero además, en un plazo de seis meses el comprador se comprometía a entregar la primera etapa del fraccionamiento de la urbanización totalmente aprobada por las entidades municipales hasta su catastro e inscripción en el Registro de la Propiedad más cuatro fraccionamientos sucesivos que se requerían en la primera etapa de las obras.

A esta fecha (2012) ‘Casa de Campo’ aún estaba en trámites para obtener la aprobación del fraccionamiento por parte del Municipio.

Julio César Plaza Vivar es un abogado, experto en derecho constitucional y administrativo que, en ese entonces, tenía casi unos 10 años de experiencia y formaba parte de Plaza, Plaza & Plaza Estudio Jurídico, firma que consta en los Papeles de Panamá como un bufet que operó desde Ecuador como intermediario para la constitución de 8 empresas en Panamá a través del despacho de abogados Mossack Fonseca, entre enero y septiembre del 2008.

Pese a esta experiencia jurídica Plaza Vivar no pudo conseguir las autorizaciones municipales requeridas por Inmómetro, por lo que un año más tarde (8 de julio de 2013) transfirió sus derechos de compraventa de la propiedad a Ximena López Ortiz, quien pasó a ser cesionaria de este bien del proyecto ‘Casa de Campo’.

Las condiciones de la transferencia de derechos de compraventa a Ximena López Ortiz fueron similares a las que tuvo Plaza Vivar, es decir, que debía conseguir todas las autorizaciones municipales a cambio de lo cual le entregarían el lote de 2.500 m2.

López Ortiz es amiga muy cercana de Elizabeth Cabezas, quien precisamente cuando se realizaban estas transferencias de derechos de propiedad del terreno se desempeñaba como concejala de Quito y presidía la Comisión de Uso de Suelo y Ordenamiento Territorial. Por lo tanto, López Ortiz tenía el contacto clave para cumplir con las condiciones que se le exigía en la escritura de cesión de derechos.

Y en efecto, en documentos revisados por pi se pudo constatar que Cabezas emitió un dictamen favorable al nuevo diseño vial que requería Inmómetro para llevar adelante el proyecto. Esta resolución era uno de los requisitos que debía cumplirse para que el Concejo Metropolitano de Quito apruebe el trazado de vías de ‘Casa de Campo’. Es así que “la Comisión de Uso de Suelo y Ordenamiento Territorial…en sesión ordinaria realizada el 7 de octubre de 2013, acogió los criterios técnicos y legal, con fundamento en el artículo 264 de la Constitución; artículo 2, numeral 1 de la Ley Orgánica de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito; artículos 55, literal c); y, 129, inciso quinto, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, emite DICTAMEN FAVORABLE, para que el Concejo Metropolitano apruebe el trazado vial de varias calles del sector San Antonio de Tolagasí, parroquia Tumbaco”.

Un mes más tarde de la resolución suscrita por Cabezas, el Concejo Metropolitano aprobó el nuevo trazado vial y desde entonces se emitieron ordenanzas que han permitido las subdivisiones sucesivas de los lotes de terreno del proyecto, pese a que este se encuentra en una zona rural y en un área protegida, características que según normas municipales impedirían que puedan comercializarse como un espacio urbanístico. Por estas y otras autorizaciones dadas al proyecto, Informes departamentales del municipio capitalino han catalogado a la urbanización como ilegal, otro escollo respecto a esta propiedad sobre lo cual se explicará más adelante.

De acuerdo con fuentes del Municipio de Quito, con la autorización del nuevo trazado de vías en el sector donde se ubica ‘Casa de Campo’, se abrió la puerta para que las aprobaciones de los fraccionamientos del terreno, presuntamente irregulares, continúen.

En medio de estos procesos de subdivisiones de tierras, Cabezas (aunque ya no estaba en el Municipio) y su esposo Javier Vaca Soto accedieron a parte del terreno del proyecto inmobiliario. El 23 de noviembre de 2016 Ximena López transfirió todos los derechos de promesa de compraventa a Cabezas y su cónyuge, pero con un detalle adicional: en la escritura se estipuló que, para cumplir esta cesión de derechos, Inmómetro, debía realizar una escritura de dación en pago a favor del matrimonio Cabezas-Vaca. La dación en pago es un mecanismo basado en la entrega de un bien con el fin de cumplir pagos pendientes.

Un detalle adicional en esta promesa de compra venta: si bien se indica que Cabezas y su esposo tienen los mismos derechos y obligaciones que su antecesora Ximena López, la inmobiliaria exoneró al matrimonio del pago de los $20 mil y, en la misma fecha que la operación anterior, es decir 23 de noviembre de 2016, la inmobiliaria suscribió la escritura de dación en pago, transfiriendo la propiedad del lote a la exasambleísta y a Javier Vaca Soto. Supuestamente Innometro hizo la dación por disposición de la junta general, pero no existe ninguna acta que justifique esa acción.

La dación en pago, según la escritura obedece a una supuesta deuda de $185 mil que habría mantenido Inmómetro con el matrimonio Vaca-Cabezas. Por lo tanto, como medio de pago de la obligación total que tiene la inmobiliaria con Cabezas y su esposo “transfiere en favor de los beneficiarios o acreedores el dominio o posesión del 23,91204% de los derechos y acciones fincados en el lote 5E…”.  Se especifica en el documento que debido a las subdivisiones que ha tenido el terreno, ha ido cambiando su nomenclatura, pero la extensión de terreno transferida se mantiene en 2.500 m2.

En esta dación en pago consta explícitamente que Inmómetro entrega la propiedad al momento de la firma de este contrato: “La compañía inmobiliaria se obliga a entregar los derechos y acciones del inmueble materia de la presente dación en pago en favor de los acreedores al momento de la suscripción del presente contrato…”

Hasta aquí todo parecería estar en orden. Pero al comparar el contenido de la escritura de dación en pago versus la fecha de la factura emitida por la compañía Harrington Maccarthney Consultores & Asociados S.A. por $185 mil en favor de la inmobiliaria, además de un contrato de prestación de servicios profesionales entre Inmómetro y Harrington Maccarthney, saltan detalles que no calzan en este entramado.

Primero, en la escritura de dación en pago, que fue el 23 de noviembre de  2016, no se menciona para nada a Harrington Maccarthney. Los beneficiarios directos de esta operación fueron Cabezas y su esposo, sin embargo, cuatro años después, el 20 de octubre de 2020 es Harrington Maccarthney la que emite la factura #390 por haber recibido los $185 mil de parte de Inmómetro hace cuatro años.

Como ya se mencionó en el contrato de dación en pago se dice que Inmómetro entregará el terreno a la firma de esta escritura y eso se dio el 23 de noviembre de 2016. Es decir, casi 4 años antes de emitirse la factura ya se saldó la supuesta obligación de Inmómetro con Cabezas y su esposo.

En la escritura de dación en pago se dice que la Junta General de socios de Inmómetro autorizó la entrega del terreno a cambio de extinguir la deuda de $185 mil, no obstante, ese documento habilitante no se adjunta a la escritura. Lo que sí consta es un acta del 14 de mayo de 2013 en que la mencionada Junta autoriza a su gerente a firmar transferencias de dominio a sus clientes. Pero Cabezas y su esposo no eran sus clientes; constan en la escritura como acreedores de la inmobiliaria.

En un intento por explicar esta dación en pago y la supuesta deuda de la inmobiliaria hay también un contrato civil de prestación de servicios profesionales que se habría celebrado el 12 de enero de 2016 entre Jorge Burneo como gerente de Inmómetro y Javier Vaca Soto, como presidente de la compañía Harrington Maccarthney. En este contrato privado ya no aparece Elizabeth Cabezas sino su marido como representante legal de Harrington Maccarthney.

Según este documento, Inmómetro contrató a Harrington para “asesoría y consultoría integral en el ámbito empresarial, legal y de gestión para el desarrollo de sus actividades comerciales”. El contrato señala que el pago por estos servicios será con la entrega de un área de terreno equivalente a 2.500 m2 en cualquiera de los proyectos de la inmobiliaria. El valor por metro cuadrado se fijó en $74 incluido el IVA.

El pago de los servicios se estableció en un plazo de 6 meses a partir de la fecha de celebración de este contrato y para ello se firmaría una escritura de transferencia de dominio y dación en pago, “reservándose la contratista la facultad de designar al beneficiario final”. Esto último no consta en la escritura pública de dación en pago, pues los beneficiarios finales fueron Cabezas y Vaca. Harrington no tiene empleados y está domiciliada en la misma dirección del departamento donde viven los esposos Vaca-Cabezas: Coruña Nº32-229 y Manuel Barreto, edificio Santa María en el Penthouse.

Denuncia por enriquecimiento ilícito

El caso de la propiedad Casa de Campo abrió el camino para que este portal conozca sobre otras denuncias presentadas contra Cabezas y su esposo. Una de esas investigaciones se inició en septiembre de 2020 cuando Teodoro Gallegos Salem pidió se investigue por enriquecimiento ilícito a Elizabeth Cabezas y por enriquecimiento privado no justificado a Javier Vaca Soto.

Pero la fiscalía en este caso no hizo las relaciones necesarias para determinar las irregularidades ni el origen de los fondos que Cabezas y su esposo mantienen en tres bancos de los Estados Unidos. Adicionalmente Contraloría General del Estado no sancionó a Cabezas por haber omitido en su declaración patrimonial la casa que el matrimonio compró en Miami, estado de Florida, el 10 de diciembre de 2015. En este caso Cabezas la hizo pasar como propiedad única de su esposo, cuando aún no existía separación de bienes de la pareja.

Sin embargo la fiscalía desestimó los hallazgos identificados en la información que recibió del caso y no realizó la correcta relación de los hechos. El caso prácticamente se cerró con peritaje realizado por Nubia Haydee Almeida Llerena que no determinó incremento patrimonial injustificado del Sr. Javier Vaca Soto y su esposa Elizabeth Cabezas. Por la información que este portal obtuvo entre las cifras que llaman la atención y que debió ahondarse en la investigación están los créditos hipotecarios recibidos por Cabezas entre 2016 y 2018 por $464 mil desde bancos los bancos: Civic Financial Services INC y el Florida Bank. Además de los préstamos hipotecarios por $289 mil del banco del Pacífico, y deudas con familiares por más de $90mil. Tampoco se investigó la cuenta del Chase #3766818679 en los Estados Unidos donde se hacen transferir parte de la venta de los departamentos ubicados en el edificio El Tempo en Quito. Eso quedó en evidencia en la escritura que la misma Cabezas levantó el 9 de diciembre de 2019 para la venta de departamentos de la compañía Harrington Maccarthney, de su propiedad, y que no constaban en su declaración patrimonial.

Harrington Maccarthney, fue creada en 2010, no aparece en las declaraciones patrimoniales de la exlegisladora y no se identifica separación de bienes con su esposo el año 2017.

Información pública obtenida en la web se establece que Harrington Maccarthney tuvo utilidades de $107 mil en 11 años y sacaron del país $512 mil en un período de 8 años Los montos transferidos al exterior hechos Vaca, Cabezas y su empresa, rebasan los $600 mil.

A otros personajes de la política en el actual gobierno por mucho menos se les ha iniciado sendas investigaciones de carácter tributario, ¿y en este?

Fiscalía se hizo de la vista gorda.

Alberto Santillán Molina, quien llevó el caso como Fiscal de Pichincha, aceptó como válido el peritaje realizado a los patrimonios de Cabezas y su esposo, así como otras diligencias y pese a ello ha pedido el archivo de la denuncia. La pregunta de cajón al fiscal Santillán es si esta nueva relación de hechos que consta en toda la información que reposa en su despacho no es suficiente para reabrir el caso.

El juez Vladimir Jhayya Flor, entonces presidente de la Corte Provincial Pichincha, además de archivar la denuncia, el 12 de enero de 2022, acogió el pedido de Cabezas y la declaró “maliciosa y temeraria”, un hecho sin asidero pues el Código Integral Penal establece que las dos figuras son excluyentes.

Gallegos, que fue el denunciante, en un vídeo publicado en su canal de youtube dijo que ese juez, un día antes de dejar la presidencia de la Corte de Pichincha recibió el pedido del fiscal y al día siguiente resolvió el tema, lo que implica haber procesado más de 1.300 páginas en menos de un día.

Las acciones del fiscal y del juez apalancaron las acciones de los esposos Vaca-Cabezas y les abrió la posibilidad de demandar por daños y perjuicios a quién se atrevió denunciarlos.

Un año antes, el 23 de diciembre de 2020 la pareja denunció a Gallegos por difusión de información restringida y el 13 de abril de 2022 se cerró la instrucción fiscal en este caso, por lo que la audiencia preparatoria de juicio, en contra de Gallegos se convocó para este 6 de mayo del 2022.

Sobre esta nueva investigación Gallegos si respondió a este portal y dijo que en un diálogo que tuvo con el fiscal del caso le aseguró que pedirá instrucción fiscal, a pesar de que, dice, no hay delito.

Su dúplex en Miami

Uno de los activos que más sobresalen en el patrimonio de Elizabeth Cabezas es una propiedad adquirida por ella y su esposo en el condado de Miami- Dade, ubicado al sur del estado de la Florida EE.UU. La compra se realizó el 10 de diciembre de 2015, por $299 mil.

En la declaración juramentada de bienes que presentó Elizabeth Cabezas al terminar su gestión como subsecretaria general de despacho de la vicepresidencia de la República, el 15 de enero de 2016, tampoco incluyó este inmueble. Reportó un total de activos por $930.195,99, en los cuales incluyó bienes adicionales a la anterior declaración como un departamento en Quito (Manuel Barreto y Coruña), adquirido el 12 de junio 2015 en $283.474,54; y otra propiedad en la misma ciudad (avenida de los Shyris) adquirida el 15 de octubre de 2014 en $118 mil. Mientras por el lado de los pasivos constan 4 créditos hipotecarios de Cabezas y Vaca por $140.510,45, en Ecuador.

La propiedad en EE.UU es un dúplex ubicado en la 7883 SW 9th Terrace de la ciudad de Miami, que según el portal www.miamidade.gov de la alcaldía del Condado Miami-Dade subió su valor de mercado en 2019 a $310.923, en 2020, a $300.845 y en 2021 bajó a $299.827.

Según Gallegos la casa en Miami no está arrendada según pudo constatar personalmente en un víaje que realizó a finales de abril de este año.

Las proyecciones para estas propiedad  son muy prometedoras. De acuerdo con publicaciones especializadas, Miami es la ciudad número uno en recuperación económica post-pandemia. A la tendencia de alza en el precio de las viviendas que se dio en todo el país, se suma el aumento de la demanda en viviendas en el sur de la Florida lo que está provocando un aumento de los precios.

De acuerdo a un análisis de la Asociación de Agentes de Bienes Raíces de Miami, “el salto en el precio de los condominios en un año fue aún mayor (que el de las casas): en marzo de 2022 un condominio en Miami-Dade costó en promedio 400 mil dólares, mientras que un año atrás costaba 305 mil dólares.

Al momento, en esta misma página web que registra las propiedades de Miami-Dade figura como dueño del dúplex Pretorian PRO LLC, una compañía constituida hace más de 8 años (6 de enero de 2014) en Miami y en la cual Javier Vaca Soto aparece como su presidente, según el portal PRETORIAN PRO LLC / Vaca Soto Javier Adr (intercreditreport.com).

Solicitud de Búsqueda de Propiedades – Condado de Miami-Dade (miamidade.gov)

PRETORIAN PRO LLC es una Compañía de Responsabilidad Limitada de Florida, de la cual no existe mayor información sobre sus actividades. El último evento de esta empresa se registró el 18 de febrero de 2014, hace ocho años y dos meses. Sin embargo, el estado de registro de la empresa es activo.

Vale saber

Legalidad de ‘Casa de Campo’ en la mira

El 11 de marzo de 2004 Inmómetro compró dos lotes de terreno signados con las letras G y H, en Tumbaco, con una superficie de 106.220 m2 y 62.850 m2. Para estructurar el proyecto ‘Casa de Campo’, la inmobiliaria celebró las escrituras públicas de unificación de estos lotes y luego, el 7 de agosto de 2012, transfirió 16.907 metros cuadrados como contribución de áreas verdes a favor del Municipio de Quito con lo que accedió a la autorización para el fraccionamiento del terreno unificado en 20 lotes de menor extensión, que están catastrados e inscritos en el Registro de la Propiedad de Quito.  

Sobre los lotes fraccionados Inmómetro empezó a desarrollar el proyecto inmobiliario “Urbanización Casa de campo”. El movimiento catastral de este predio solo entre 2012 y 2016 evidencia cinco subdivisiones de terrenos y rediseños viales, procesos que han sido cuestionados, no solo por propietarios de terrenos en el sector que se sienten afectados por las autorizaciones municipales en favor de Inmómetro, sino también por funcionarios del mismo Municipio.

El 20 de enero de 2017, moradores del Barrio San Antonio de Tolagasí denunciaron presuntas irregularidades ante la Comisión de Lucha contra la Corrupción, ‘Quito honesto’, donde se abrió un expediente para el caso, en el que, entre otras cosas, se pedía información completa de las modificaciones catastrales realizadas al predio desde 2009; así como el procedimiento y los argumentos técnicos y legales para realizar esos cambios.

En junio de 2018 la Comisión Anticorrupción entregó un informe al Barrio San Antonio de Tolagasí donde mencionaba que el informe técnico que sustenta la resolución C737 en la que el Concejo Municipal aprobó unas vías del sector y eliminó otras, no cuenta con análisis técnico ni levantamiento topográfico por lo que recomienda que se remita el caso a Contraloría para que realice un examen especial.

Lo sorpresivo fue que luego de tres meses de insistencia de los moradores de este barrio para que se revise también la actuación de los técnicos relacionados con este tema, la Comisión Anticorrupción contestó que el caso estaba archivado y que la documentación entregada al barrio en junio de 2018 no era oficial. Apareció así un nuevo informe en el que ya no se mencionaba la ausencia de análisis técnico ni la recomendación de enviar el caso a Contraloría.
Ante ello, los moradores del Barrio San Antonio de Tolagasí presentaron el caso a la Comisión de Desarrollo Parroquial presidido por la ex concejala Susana Castañeda, quien solicitó informes a varios departamentos del Municipio sobre estos. Uno de los reportes recibidos por Castañeda señala que el Concejo Metropolitano de Quito, luego de analizar el Informe No. IC-2013-242, emitido por la Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial (presidido por Elizabeth Cabezas y que fue uno de los sustentos técnicos), emitió la Resolución C737 de noviembre de 2013, aprobando el trazado vial en San Antonio de Tolagasí.

También se observa que «revisados los archivos históricos… se verifica que no existe registro de que se haya realizado algún levantamiento topográfico del sector en los informes que sirvieron de sustento para que el Concejo Metropolitano apruebe la Resolución C737.

El 6 de julio de 2018 la Administradora de la Zonal Tumbaco envió a la Comisión de Desarrollo Parroquial un informe técnico en el que indica que “se han realizado las verificaciones pertinentes, y que Club Casa de Campo se trata de una «urbanización ilegal» ya que su comercialización se realiza como tal, pero para efectos administrativos, la implantación se ha hecho mediante subdivisiones sucesivas, es decir fraccionamientos sobre fraccionamientos”.

A esto se sumó un informe que la Administración Zonal Tumbaco entregó en octubre de 2019, precisando que el proyecto no es urbanización porque se encuentra en suelo rural.

Y por si esto fuera poco hay otro informe en que se comunica a la concejala Castañeda que “la aprobación de los diseños de las «Redes de agua potable y alcantarillado para la Urbanización Casa de Campo, Segunda Etapa- parroquia Tumbaco», emitida supuestamente por la Empresa de Agua Potable con oficios Nos. EPMAPS-GTIS-2017-122 (para agua potable) y EPMAPS-GTIS-2017-320 (para alcantarillado), del 12 y 5 de junio de 2017, respectivamente, corresponden a documentación aparentemente forjada, y que oficialmente se refieren a otros trámites, por lo que la EPMAPS no ha aprobado los proyectos de agua potable y alcantarillado de la Segunda Etapa de la mencionada urbanización”.

Este tema se encuentra en manos de la Fiscalía.

Pese a todo esto, se construyeron un puente para el acceso al proyecto y las vías que constan en los fraccionamientos, así como también se ha dotado de todos los servicios básicos, “convirtiéndose en una Urbanización ilegal, pero con todos los servicios de primera calidad…” según los informes remitidos a Castañeda.

En la actualidad el proyecto ‘Casa de campo’ y otros 2 más que se han desplegado en las faldas del Ilaló están siendo investigados por la Superintendencia de Ordenamiento Territorial del Gobierno. Fuentes municipales indicaron que el organismo gubernamental les ha solicitado información detallada sobre los procesos de fraccionamiento de los terrenos, pues su autorización en áreas rurales ha sido una práctica irregular.