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Mes: noviembre 2022

El laberinto de la salud pública ecuatoriana

El dolor en el sistema público ecuatoriano de salud no es un signo de padecimiento, el dolor ni siquiera es un fin o un medio para ser considerado importante para la atención, el enfermo es un ente en desolación -ni siquiera es un ciudadano- que espera la lejana oportunidad de ser considerado paciente.

En el 2022 me cayeron casi todas las enfermedades. En pandemia dieron por terminado mi contrato laboral y por ende mi seguro médico del IESS y el seguro privado. Pasé a las filas del desempleo igual que miles de personas que trabajaban en empresas que se acogieron a la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, que daba luz verde para terminar contratos con el argumento de fuerza mayor.

Personas esperan medicinas en el IESS Quito

Esto me hizo utilizar con más frecuencia el sistema de salud pública, aunque antes ya había probado el trato en este sector, pues estoy en la lista de espera para trasplante de córnea desde el 2018. Dicho trasplante no lo he realizado, en parte, por falta de medicinas que son necesarias luego de la operación y por lo que se pueda necesitar durante la misma cirugía, pues el sistema de salud público carede de ciertas atenciones, además siempre faltan gasas, jeringas, sueros que se deben comprar de urgencia durante la intervención quirúrgica, según dicen enfermeras y doctoras.

Tras el trasplante de órganos o tejidos se necesitan medicamentos inmunosupresores que también corren por cuenta del paciente, aunque en el 2011 se emitió la Ley Orgánica de Donación y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células (Poner el PDF DE LA Ley) que indica en su artículo 5, que para el restablecimiento del paciente que recibió el órgano o el tejido, el centro de salud dará la medicina gratuitamente y el Estado velará por dicho paciente antes, durante y después del trasplante. El acceso a los trasplantes es para todos, es además gratuito en todas sus etapas: evaluación pretrasplante, cirugía y seguimiento postintervención, sin embargo, en la post-intervención faltan medicinas en el sector público, porque no están en el cuadro básico de medicamentos. Por ejemplo, en el Hospital Eugenio Espejo, casa de salud donde suelo buscar atención médica, en varias ocasiones, no cuenta ni con lágrimas artificiales básicas.

Además de soportar el queratocono, este año tuve una intervención por problemas vasculares. Adicional tengo un tumor en el seno detectado en noviembre del 2021 y una afección en el nervio auditivo, esta última enfermedad es secuela del covid que sufrí en mayo. Por el tema vascular y el  tumor, desde enero del 2022 seguí los protocolos del sistema de salud, primero hacerme chequear en el centro de salud más cercano al domicilio. Allí dijeron que debía ser transferida a un hospital para que se hagan los análisis correspondientes, en el caso del tumor, una ecografía, que hasta el momento no me la realizan.

personas esperando turnos y medicina. Hospital Eugenio EspejoGracias a un contacto logré un turno con el cirujano vascular en el Hospital Eugenio Espejo, solo así pude ingresar a consulta ya que la transferencia era imposible por la falta de turnos. En el área vascular encontré amabilidad en doctores y enfermeras, y observé que el trato es cordial con el resto de pacientes, muy distinto al que a veces se siente en oftalmología, donde a los ciegos nos dicen: “párese y siéntese en otro lado o acaso no ve en donde le digo que se siente”, cuando estamos en la sala de espera, sin lentes y sin acompañantes. En esa área hay una doctora que por no hacerle caso de sentarnos donde ella dice, nos hace sacar de oftalmología con el guardia de turno. Ya le han llamado la atención por sus constantes maltratos pero continúa allí y siempre nos grita a los pacientes que a ella nadie la despide.

De todo hay dentro de los hospitales y tampoco la falta de medicinas y turnos es exclusiva del Eugenio Espejo, en el Hospital Pablo Arturo Suárez también se repiten las historias. Por mis problemas del seno asistí a este hospital buscando atención médica por urgencias, pero aquí tampoco me pudieron hacer la ecografía porque no tienen el equipo necesario y en pandemia despidieron a médicos del área y no cuentan con todo el personal para atender a todos los casos. Cuando estuve con covid fui a este centro hospitalario y no tenían ni paracetamol.

Dentro de los hospitales también hay personas empáticas con los enfermos, es el caso de guardias, enfermeras, doctores y comunicadores que ya nos conocen a los pacientes que solemos peregrinar por los pasillos de los hospitales. Tras la intervención vascular en el Hospital Eugenio Espejo, una semana después de seguir los cuidados recomendados, mi pierna se inflamó, me advirtieron que podía presentar coágulos, así que fui a reagendar mi cita médica ya que tras el procedimiento médico me dieron el turno para después de un mes, pero el dolor no me permitía esperar tanto. Le expliqué de esta situación al guardia y me dejó pasar para agendar una nueva cita. Este hecho se dio en junio, mes en que no había medicinas en los hospitales –ni siquiera una cápsula de ibuprofeno, medicamento que entregan para todos los males- porque recién se estaban haciendo los trámites para hacer las compras directas por decreto de emergencia.

Me mantuve tres horas en la fila hasta llegar a atención al cliente. Mientras esperaba sentía que mi pierna izquierda se hinchaba, era visible que estaba más grande que la derecha, empecé a sudar;  a la primera hora de espera los recuerdos de mi vida pasaron por mi mente y me decía: sí puedes Ana, vamos ánimo, todavía se puede, no seas débil hay personas que están en peores condiciones y están aquí paradas junto  a ti, ya falta poco para llegar, solo se trata de resistencia, esta fila es como la vida, los malos momentos pasan, un poco más, solo un poco más. Las frases de autoayuda que nunca me gustaron, me las repetí. “Mijita usted está blanca” me dijo una señora, a lo que contesté que era por el frío que hacía ya que la espera en la fila del hospital viene acompañada de un intenso viento.

Quienes también buscaban un turno me dijeron que vaya por emergencia para ser atendida, fui, pero como llegué caminando y todavía con signos vitales, el guardia y la enfermera de esa área no consideraron que sea un caso emergente, así que regrese a mi fila donde las personas cuidaron mi lugar. El dolor en el sistema público ecuatoriano es un signo de que el paciente está bien, el dolor no es un fin ni un medio para ser considerado importante en la atención del sector público.

En la fila todos contábamos nuestras enfermedades, el esfuerzo para conseguir atención médica y luego los sacrificios para comprar las medicinas. Por ejemplo, don Pedro tenía que operarse de la columna y la terapia para el dolor le asignaron  el mes de noviembre y para sacarle nuevas imágenes de su columna le dieron turno para el 2023 porque el resonador del hospital ya no vale. Él ya tiene nueve meses de padecimiento desde que se dañó su columna en su trabajo, donde también lo despidieron en tiempo de pandemia. Sebastián, en cambio, estaba buscando un turno para su operación de cadera, tenía cinco meses de espera e incluso por pasar mucho tiempo sin atención médica, los médicos le habían dicho que debe tener fe en que su operación sea exitosa y pueda volver a caminar sin problemas, pues se preveían complicaciones. Martha buscaba una nueva cita para tratar su cáncer, narró que ella sentía en su cuerpo como le habían salido bolas debajo de la piel, que estaba asustada y quería la opinión de un especialista. El viento que hace fuera del lugar de agendamiento es extremadamente frío, así que en un acto de solidaridad intercambiamos los papeles que nos habían entregado para pasar a la parte interna de agendamiento. Los más graves fuimos primero y los enfermos que todavía podían aguantar más tiempo fueron al final. Cuando ya entramos al hospital, a mí me cedieron una silla para que descansara mi pierna.

Entre enfermos nos cuidamos pero no es suficiente, el Estado tiene la obligación de dar atención médica oportuna, comentábamos y varias personas manifestaron que tuvieron fe en este gobierno porque su vicepresidente, Alfredo Borrero, era médico y creyeron que él iba a encargarse de la salud de los ecuatorianos. Del dolor por nuestras enfermedades pasábamos a la rabia y más de una persona dijo que ellos, los del gobierno, “los de arriba”, deberían atenderse en el sistema público de salud para que conozcan la realidad de quien está enfermo y no tiene dinero para curarse. Seguramente si el presidente o el vicepresidente habrían llegado ese momento, habrían sido recibidos con mas que reclamos.

Cuando tocó mi turno de hablar con una de las jóvenes de atención al cliente, ella no quiso reagendarme la cita y me dijo que el médico está de vacaciones, a lo que le respondí que me busque un espacio con otro doctor, que ya no aguantaba el dolor. “!A ver¡ Qué parte no entiende de que el médico está de vacaciones, yo no sé cuándo regresa ni tampoco sé de las agendas de los otros doctores, ya le estoy explicando y no entiende”, respondió. Con las pocas fuerzas que tenía le dije que la que no entendía era ella, que la gravedad de mi pierna podía ser porque me salieron coágulos pues me dijeron los médicos que tenía ese riesgo. Me miró y pidió que pase el siguiente paciente, nada la conmovió. A pesar del dolor fui donde el jefe de atención al cliente quien dijo que hablaría con el personal para que tengan cortesía y educación con los enfermos.

No soporté más, me salté los protocolos y bajé directamente a los consultorios médicos, allí una enfermera muy amable, al verme como estaba me puso en contacto con una doctora que me dio un turno extra para que me atendieran. Efectivamente se me habían formado coágulos, en la cita médica me sacaron cuatro coágulos.

Tras seis meses superé el problema y volví a la lucha en el hospital para una atención en ginecología por el tumor de mi seno. Ya no tenían mastólogo y no existe partida para contratar a otro especialista, me informaron. La cita médica se dio en julio pero la solicité en marzo. No sirvió de nada ya que el ginecólogo que me atendió requería un estudio mayor a través de un eco, que no se hizo  porque no había turnos para imagenología. Después de reírse en atención al cliente por el pedido de un eco me dijeron que regrese el próximo año para ver si hay un espacio y tiempo para realizarme. Con esa respuesta regresé al área de Ginecología donde una doctora me dijo que me haga el examen en un centro privado,  si tengo recursos económicos; una señora indignada le respondió que si todos los que estamos en el hospital tuviéramos recursos económicos para atendernos en otra parte no pasaríamos por tanto padecimiento.

Ya con mi ánimo desgastado pedí ayuda a mis colegas del área de comunicación, porque el dolor en el seno aumenta. Desde allí solicitaron mi traspaso a la Maternidad, donde tampoco tienen medicina para mi tratamiento. “Es una tragedia tener un sistema de salud pública tan deficiente y es una tragedia tener funcionarios indiferentes” dijo en una entrevista Luis Mariño, fotógrafo que murió de cáncer al estómago y el abandono del Estado, tuvo que vender su cámara para comprar medicamentos y realizarse los exámenes médicos. Como fue su caso, es el de otros pacientes que esperaron un turno, suplicando por medicinas y exámenes médicos para sobrevivir, en la camino, no todos ganan esta guerra. “La salud en el país es la última rueda del coche”, dijo Mariño. Los trabajadores de la salud, incluidos los administrativos, los que tienen empatía con nosotros, los pacientes, hacen lo que pueden pero se necesita la maquinaria estatal para cubrir toda la demanda.

Con respecto a mi daño en el nervio auditivo tuve que vender de urgencia mis libros y pedir préstamos a amigos, para atenderme por el lado privado porque el turno en el hospital estaba para marzo del 2023 y no podía esperar, había riesgo de perder audición. ¿Y el seno? El dolor continúa con ese abultamiento que me produce días de incertidumbre.

Crisis en la salud a nivel nacional

Hasta una misa realizó el 14 de julio del presente año, la Alianza Nacional por la Salud, ANS, que agrupa a 33 organizaciones de pacientes con enfermedades raras, huérfanas, catastróficas, trasplantados y personas con discapacidad, para solicitar al gobierno medicinas y atención oportuna. Y el 15 de julio, en un acto simbólico, presentaron féretros ante el Palacio de Carondelet, para pedir al presidente, Guillermo Lasso y al vicepresidente, Alfredo Borrero que den prioridad a la salud en el Ecuador porque sin atención médica lo más seguro es la tumba.

La falta de turnos y medicinas no solo pasa en los centros de salud del Ministerio de Salud, también es problema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS. Pregunté sobre esa condición a Dora García en Guayaquil, ella tuvo un trasplante renal y dice que le faltan los inmunosupresores para continuar con su sobrevivencia diaria. Cuenta que siempre hubo problemas en el IESS en atención médica, pero a partir de la pandemia la entrega de medicinas se ha dado en meses, por ejemplo, ella tiene tres meses sin recibir sus medicinas. “Entre los compañeros nos hemos prestado, pero lo más decepcionante es que los procesos internos dependen de una firma que tarda porque cambiaron de Gerente del Hospital, Teodoro Maldonado Carbo. Dicen que ya están comprando las medicinas pero no compran las medicinas que necesitamos. Se supone que el IESS debe darnos, es obligación con sus pacientes”, argumenta indignada.

La ANS pidió una reunión con el Presidente de la República a mediados de año pero no los atiende a pesar que en el marco del paro nacional afirmó que está abierto al diálogo. “Estamos a la espera que nos reciba, él o el señor vicepresidente, se habla de compras de medicamentes pero son soluciones parches, es decir, la compra no es permanente y constante. Imploramos hasta morfina para pacientes que están al final de su vida. El Presidente dijo que nos atendería pero hasta ahora nada”, cuenta el coordinador de ANS, Gustavo Dávila.

Esta desesperación por medicinas y turnos se da en el marco en que el Primer Mandatario también se encuentra mal de salud y dio a conocer públicamente que en agosto viajó a Houston para ser operado de un melanoma.

Tuit de Lasso diciendo que regresa al Ecuador
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William Aulestia, paciente de trasplante hepático y representante de Asociación Ecuatoriana de Pacientes Trasplantados afirma que desde el gobierno de Lenin Moreno ya es deficiente la atención médica a los pacientes vulnerables y por no tener los medicamentos adecuados algunos trasplantados han tenido rechazo del órgano o el tejido.

“Estamos sobreviviendo con donaciones, ayuda de familiares, amigos cercanos, fondos propios, pero esto no cubre todo, por más declaratoria de emergencia. En el IESS solo hay un hepatólogo y dan turnos para después de cuatro meses. En casos emergentes nos atienden gastereontologos. No patólogos porque no hay médicos especializados. Y a nosotros los pacientes nos piden todo en la consulta médica,  desde el bisturí, guantes quirúrgicos, frascos para las muestras y luego nos dan citas para el 2023” afirma Aulestia.

Tanto él como García indican que esta falta de medicamentos puede ser porque el Gobierno centró todos sus esfuerzos en combatir el covid, sin embargo hay regiones donde no se atendió ni siquiera las afecciones por el coronavirus.

60 días duró la emergencia en la salud ecuatoriana

Según el decreto 454 firmado el 17 de junio del presente año, (Poner el decreto en PDF) la declaratoria de emergencia se dio para abastecer a la red pública de salud de medicamentos e insumos necesarios para funcionar. La viceministra de Salud, la doctora Carmen Guerrero, quien accedió a una entrevista para esta nota, indicó que esta declaratoria de emergencia hizo posible hacer la compra de manera directa de alrededor de 400 medicamentos, pero lo que tenía el mercado local. “Primero recibimos 200 ofertas, se adjudicaron 111 medicamentos, se adjudico 142 dispositivos médicos, al mismo tiempo que hicimos este proceso se catalogaron alrededor de 684 medicamentos… este proceso nos permite hacer una subasta inversa corporativa, es más rápida la adquisición”, afirmó.

Al final de la declaratoria de emergencia se obtuvo seis millones de unidades de medicamentos y 19 millones de unidades de dispositivos; se compraron medicamentos de los 14 grupos del cuadro básico.

Guerrero comentó que los hospitales recibieron los medicamentos desde agosto de acuerdo a la lista que ellos solicitaron y también se está aplicando el proyecto denominado “Farmacia Cerca” en seis hospitales a nivel nacional, que consiste en que los pacientes crónicos retiren su medicina en farmacias externas.

Ante las quejas de los ciudadanos sobre la falta de medicina, Guerrero dijo que aún están en un 70% de abastecimiento en medicamentos, que aún no es lo óptimo pero los procesos toman tiempo a pesar de realizar compras directas, el Ministerio depende de lo que las farmacéuticas tengan en bodega. Ante la pregunta de por qué no se les da alternativas a los pacientes cuando buscan medicamentos y en ese momento no hay pero pueden existir en días futuros, la viceministra dijo que se trabaja en estrategias pues hay mucha burocracia que solo responde a los pacientes automáticamente con un no existe medicina y no se les informa que pueden llegar la próxima semana.

Ante la emisión de turnos para el próximo año, comentó que hay demanda represada de años anteriores, de pacientes que no asistieron a sus citas médicas por la pandemia, “hay una altísima demanda en consulta externa, en hospitalización y en cirugías, es algo generalizado en el país”, mencionó. También habló de que el MSP hace derivaciones a la misma red pública y si no hay respuesta aquí se pasa al sector privado, pero aclaró que son pacientes graves de atención inmediata, no de consulta externa.

Ante la falta de personal, pues los mismos médicos muestran quejas por la falta de profesionales en los hospitales, la viceministra dijo que son conscientes de este problema y que están coordinando acciones con el Ministerio de Trabajo para contratar a más profesionales.

Sobre los equipos que faltan en los hospitales, Guerrero dijo que el resonador del Hospital Eugenio Espejo dejó de tener su vida útil, el ecógrafo del Pablo Arturo Suárez también y que hay que cambiarlos. Se espera comprar 4.600 equipos a nivel nacional durante este gobierno y en este año se comprarían1.000 equipos, entre rayos x, ventiladores, equipos menores, camillas, balanzas, etc.

En el 2022, el presupuesto para la salud es de 3.271 millones, mientras que en el 2021 fue de 3.000 millones, informó el área de Comunicación del MSP.

Se colocaron ataúdes frente a Carondelet luego de hacer una misa para suplicar medicinas para los enfermos vulnerables
Plantón de familiares y enfermos pidiendo medicina al pie de la Catedral de Quito

A pesar del decreto de emergencia y de la compra de algunos medicamentos, aún falta agilidad en la emisión de turnos y en la compra de medicinas. Lastimosamente el dolor de los enfermos según el sistema de Triaje de Manchester, puede esperar, no importa que uno se arrastre por atención médica y por medicinas, el que uno esté presente en el hospital, aullando atención médica, ya es buen síntoma de que el enfermo todavía aguanta…

*Triaje de Manchester, es un sistema de clasificación y priorización de pacientes diseñado en los años 90, por médicos de la ciudad inglesa de Manchester que sirve para categorizar a los pacientes dentro de los hospitales.

Venezuela: Odebrecht elevó 600% el costo de una obra en el metro de Caracas y la usó para pagar sobornos en otros países

El Metro Caracas-Guarenas-Guatire que el gobierno de Hugo Chávez adjudicó a la constructora brasileña Odebrecht en 2006 se ha transformado en el emblema del mecanismo de corrupción de la compañía en Venezuela. Confesiones de sobornos y sobrecostos de una obra que nunca concluyó y aún así terminó costando casi 9 mil millones de dólares. Su abandono ya ocasionó 5 muertos y 17 lesionados. Una investigación de la Alianza Rebelde Investiga (ARI)* para el especial ‘El costo de la corrupción’ de la red colaborativa ‘Investiga Lava Jato’ comprobó cómo los sobrecostos en el metro superan los sobreprecios totales de otras 50 obras en 7 países.

Luz Marina Velásquez acumula casi la mitad de sus 48 años recorriendo los 30 kilómetros que separan a la estación Parque del Este en Caracas de su casa en Guarenas, estado de Miranda, a 45 minutos de la capital venezolana. La vida se le va en un ida y vuelta continuo, de lunes a viernes, en transporte público. En este trayecto puede tardar de dos a cuatro horas dependiendo del lugar donde trabaja como empleada doméstica. Todo un trajín que la desvela y le quita el tiempo que bien podría disfrutar con sus hijos.

En 2008 vio por primera vez a un grupo de hombres con cascos y máquinas pesadas a un costado de la autopista que conduce a Guarenas. También padeció las largas colas de automóviles que se formaban por la interrupción constante del tráfico debido a las obras. Sin embargo, la esperanza aliviaba sus molestias. Se imaginaba montada en el vagón del Metro Caracas-Guarenas-Guatire.

“Uno pensaba que el traslado sería más rápido. Que íbamos a dormir un poquito más y a tener más tiempo para compartir con la familia, con mis hijos”, recuerda Luz Marina. No sospechaba que esas enormes columnas de concreto que permanecen sobre la autopista formarían parte de la pieza clave del mecanismo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht en Venezuela, en la cual se gastaron casi 9 mil millones de dólares, producto de la sobrefacturación, sin que nunca empezara a andar. 

Parte de lo que queda de la obra del Metro Caracas-Guarenas-Guatire, que debía estar terminada en 2019 y jamás se concretó. Ronald Peña/El Pitazo.

Lo que sí comenzaron a rodar cuesta abajo fueron las esperanzas de Luz Marina. Sintió cómo su ilusión se desvanecía en cuestión de seis años, desde que vio los primeros trabajos del sistema de transporte en 2008 hasta 2014, cuando cayó en cuenta de que el Metro Caracas-Guarenas-Guatire era otra promesa descarrilada del chavismo.

“Fue pasando el tiempo y uno veía esas columnas levantadas y que le montaban los rieles a unos tramos. Creía que de verdad se estaba haciendo un trabajo. Pero también veía que las columnas de otros tramos seguían sin terminar. Yo recuerdo que en 2014 mi hermana siempre me decía que ‘en la autopista para Caracas no están haciendo nada, no hay columnas ni túneles’. Era verdad. Entonces entendí que a eso todavía le faltaba mucho”, relata la mujer desde su casa en la urbanización Menca de Leoni, en Guarenas.

En realidad, al Metro Caracas-Guarenas-Guatire no le falta mucho sino casi todo. Según Transparencia Venezuela, hasta 2017 la obra presentaba apenas 27% de avance. Hoy de esos 8 millones 972 mil dólares entregados a Odebrecht entre 2006 y 2015 mediante contratos complementarios, solo quedan unas columnas que los políticos locales usan para pegar afiches en épocas de elecciones y que los alcaldes pintan como si fueran grandes logros de la gestión. 

Según Transparencia Venezuela, hasta 2017 la obra presentaba apenas 27% de avance. Ronald Peña/El Pitazo.

Una base de datos multimillonaria

Las cifras de la inversión asignada al Metro Caracas-Guarenas-Guatire corresponden a una base de datos que registra los documentos hallados durante dos allanamientos realizados el 14 de febrero de 2017 en dos oficinas de Odebrecht en Caracas.

La documentación encontrada por los fiscales y funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) fue revisada y procesada por un equipo conformado por tres  expertos auditores, quienes organizaron toda la información en una tabla Excel, que recoge 275 contratos firmados por la constructora brasileña con el chavismo desde 2002 hasta 2015.

En esa tabla -de la cual se informarán más detalles en una próxima entrega del especial de Investiga Lava Jato- figuran los montos de los contratos, adendas, modificaciones de los presupuestos, los ministerios y empresas del Estado clientes de Odebrecht y los funcionarios firmantes tanto de Venezuela como de Brasil.

Otro tramo de la obra inconclusa: columnas de concreto que los políticos locales usan para pegar afiches en épocas de elecciones y que los alcaldes pintan como si fueran grandes logros de la gestión. Ronald Peña/El Pitazo.

La información confidencial, a la que tuvo acceso la Alianza Rebelde Investiga (ARI), es reveladora. En el caso específico del Metro Caracas-Guarenas-Guatire evidencia el derroche y la corrupción que esconden las columnas de concretos abandonadas. La obra comenzó con un presupuesto de 1.303 millones de dólares y aplicó la fórmula de los sobreprecios para convertirse en la pieza clave del mecanismo de desfalco de Odebrecht en Venezuela. 

En 2006, Hugo Chávez aprobó un presupuesto de 1.303 millones de dólares para la obra y el monto fue firmado el 21 de diciembre de ese año por el entonces presidente del Metro de Caracas, Gustavo González López. Tras 24 modificaciones al presupuesto inicial, la mayoría de los cambios aprobados a través de puntos de cuentas -memos oficiales- firmados por el propio Chávez entre 2006 y 2012, el monto creció hasta los $8.981 millones. Se sumaron $7.678 millones en sobrecostos. Es decir, el valor de la obra se incrementó 589%. Terminó costando siete veces más.

González López, quien es actualmente director de la policía política (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Sebin), suscribió cinco contratos relacionados con esta obra entre 2006 y 2008, mientras ocupaba la presidencia del Metro de Caracas. 

Uno de los puntos de cuenta -memos oficiales- presentados por Elías Jaula al entonces presidente Chávez en febrero de 2012 describiendo “decisiones estratégicas” para varias obras del metro que implicaron aumentos de presupuesto.

El contrato inicial por 1.303 millones de dólares en realidad era un presupuesto mixto expresado en dos monedas: bolívares y dólares (Bs. 1.423 millones; $640,7 millones). 

Transparencia Venezuela identifica que la fórmula mixta de los presupuestos, que en algunos casos, como el del Metro Caracas-Guarenas-Guatire, contemplaban euros además de bolívares y dólares, también se prestaba para las distorsiones en los pagos adicionales. Con el mismo criterio concuerda uno de los fiscales que investigó el caso, entrevistado para este reportaje.

Según expertos en contratos consultados por Transparencia Venezuela, en las modificaciones de los montos reflejados en diferentes monedas se encuentra un posible mecanismo de corrupción en los acuerdos con la constructora brasileña (Informe Odebrecht 2018). 

Quince adendas referentes a las “modificaciones de cláusulas de contrato” fueron las que recibieron mayores asignaciones, un total de 6.369 millones de dólares. Prácticamente la totalidad de ese monto por modificaciones (6.353 millones de dólares) fue aprobado por Haiman El Troudi como representante del Estado venezolano, según revela la base de datos sobre las obras de Odebrecht en Venezuela a la que tuvo acceso ARI. 

El exgerente general de Odebrecht en Venezuela Alessandro Gomes declaró ante los fiscales de Brasil que la obra del Metro Caracas-Guarenas-Guatire la constructora tenía “un lucro líquido real en torno a 23%, que fue reducido, por medio de los contratos ficticios”. Ronald Peña/El Pitazo.

Además, los datos demuestran que el presupuesto asignado para esta sola obra del gigante brasileño en Venezuela supera los 6.000 millones de dólares en sobrecostos de 50 obras de Odebrecht en siete países de Latinoamérica y África, develado en 2017 por la investigación de la Alianza Investiga Lava Jato, bajo la coordinación de Convoca. 

Además, el Metro Caracas-Guarenas-Guatire recibió otros aportes extra a las adendas. Según la Memoria y Cuenta 2015 del Ministerio de Transporte Terrestre, publicado a 9 años de que se firmara el contrato de construcción, esta obra recibió un crédito adicional de 7.267 millones de bolívares (más de 1.153 millones de dólares, a tasa de cambio oficial de la época), señala el decreto 1.639 publicado en la Gaceta Oficial 40.607 del 24 de febrero de 2015.

Por eso, cobra especialmente sentido la declaración que dio en diciembre de 2016 el exgerente general de Odebrecht en Venezuela, Alessandro Gomes, ante la Procuraduría de Brasil. Como parte de su acuerdo de cooperación en la investigación del Lava Jato, Gomes aseguró: “La obra que más generó para la Caja 2 (administración paralela desde donde se pagaban los sobornos) fue la de Caracas-Guarenas-Guatire, pues era la de mayor margen de lucro”.

Desde Brasil, Odebrecht respondió ante la consulta de la Alianza Investiga Lava Jato que “cuenta con importantes derechos y créditos, derivados de contratos públicos suscritos en Venezuela, para la realización de importantes obras de infraestructura de ese país”. “La empresa tiene una estrategia para hacer valer sus derechos contractuales para la terminación unilateral de proyectos, pero prefiere no comentar los valores o detalles de sus iniciativas”, afirmó la compañía.

La exfiscal Raiza Sifontes, exdirectora encargada de Anticorrupción en la Fiscalía General de Venezuela, viajó a Brasil en julio de 2017 para reunirse con los fiscales del equipo Lava Jato y no pudo regresar a Venezuela. CREDITO: César Batiz

El mecanismo de Odebrecht

Gomes explicó el mecanismo que usaron para alimentar las cuentas para el pago de extorsiones o sobornos, la llamada “Caja 2”, a cargo del Departamento de Operaciones Estructuradas de la constructora brasileña.

El ex ejecutivo brasileño menciona tres obras fundamentales para la Caja 2: Metro Los Teques Línea 2, Metro de Caracas Línea 5 y Metro Caracas-Guarenas-Guatire. “Estimo que, en el periodo de 2011 a 2015, el valor de la Caja 2 fue (de) entre 120 y 140 millones de dólares en estas obras del metro”, afirmó en su declaración en referencia al lucro obtenido a través de estos proyectos.

El exvicefiscal venezolano Zair Mundaray aspira, como sus colegas exiliados, a que llegue el momento de que se haga justicia en el caso Odebrecht. CREDITO: César Batiz

Las siguientes palabras del testimonio de Gomes son aún más claras: “En esta obra teníamos un lucro líquido real en torno a 23%, que fue reducido, por medio de los contratos ficticios y, como consecuencia, la generación para la Caja 2 fue de 13%. Las demás obras del metro, que tenían márgenes menores, en torno a 9% a 18% (sic), la posibilidad de generación de Caja 2 era muy menor”. Es decir, el margen de lucro para Odebrecht se reducía en la medida en que la compañía pagaba sobornos a través de los contratos ficticios realizados con empresas asociadas a los sobornados.

La exfiscal Raiza Sifontes, exdirectora encargada de Anticorrupción en la Fiscalía General de Venezuela, corroboró esa información cuando viajó a Brasil en julio de 2017, en una misión oficial junto a su colega Pedro Lupera, uno de los fiscales encargado de la investigación. El objetivo era interrogar a los involucrados en el caso Lava Jato. 

Aunque Sifontes no pudo completar su tarea e incluso jamás logró regresar a Venezuela, debido a las amenazas de detención contra ella y Lupera, sí conoció que con ese lucro generado por el proyecto Metro Caracas-Guarenas, Odebrecht no solo pagó los sobornos en Venezuela, sino también en otros países de Latinoamérica, de acuerdo con el testimonio de los ejecutivos de CNO que colaboraron con la justicia de Brasil.

La del Metro Caracas-Guarenas-Guatire es la historia de un tren multimillonario que aumentó casi 600% su valor sin mover nunca ni un solo vagón. Forma parte del grupo de 24 obras de un total de 33 encargadas a Odebrecht que jamás fueron terminadas, según determinó Transparencia Venezuela. Debía haber sido entregada el 15 de noviembre de 2019, de acuerdo con la Memoria y Cuenta 2015 del Ministerio de Transporte Terrestre. 

El origen del mal: la amistad de Chávez y Euzenando Azevedo

Pocas veces una amistad debió resultar tan costosa para un país. De acuerdo con el registro de Transparencia Venezuela en el Informe Odebrecht 2018, el total de sobrecostos de las obras de la empresa brasileña en Venezuela alcanzó los 29.974 millones de dólares.

Esa cifra tuvo su origen en la amistad entre Hugo Chávez y Euzenando Azevedo, gerente general de Odebrecht en Venezuela.

La ciudad de Guarenas, en el estado de Miranda, se encuentra a 45 minutos de la capital venezolana en automóvil, pero a los venezolanos de esa localidad el trayecto puede llevarles de dos a cuatro horas en transporte público los días hábiles. Ronald Peña/El Pitazo.

La relación comenzó a fraguarse en la campaña presidencial de 1998, de acuerdo con el relato de los fiscales venezolanos que forman parte del expediente que adelantaba el Ministerio Público antes de la destitución de Luisa Ortega Díaz. 

El exgolpista participó en una reunión para presentar su candidatura a los miembros de la Cámara Venezolana de la Construcción. Tras culminar su intervención, Chávez recibió el saludo de un brasileño. Era Euzenando Azevedo, con quien conversó durante 15 minutos.

En diciembre de 1998, ya con Chávez como presidente electo, Rafael Caldera, mandatario saliente, se alistaba a firmar un contrato con una empresa española para la construcción de la línea 4 del Metro de Caracas, pese a que, según dijo Azevedo a Chávez, la licitación la ganó Odebrecht.

Azevedo buscó a Chávez para contarle lo sucedido. Conversaron sobre la obra y Chávez le hizo una promesa: «Voy a hablar con Caldera porque no sería ético que él firmara un contrato de este tamaño, el mayor del país, cuando yo ya gané las elecciones». Agregó que revisaría la licitación y si Odebrecht era la ganadora, le sería adjudicado el proyecto, destaca uno de los informes de los fiscales basado en declaraciones de Euzenando. 

Así nació una amistad muy costosa para los venezolanos, de acuerdo con la información revelada por los exintegrantes del Ministerio Público venezolanos que tuvieron acceso a la declaración del exgerente de Odebrecht en Venezuela.

Chávez, Maduro y Cilia Flores, en el piso legal

El siguiente paso en la fragua de tan cara amistad también estuvo relacionado con el expresidente venezolano Caldera, pero no con su segundo y último mandato, sino con el primero y un documento que dio piso legal a la entrega a dedo de las obras a Odebrecht.

Estación del metro de Caracas. Ronald Peña/El Pitazo.

En 1973, Rafael Caldera, en el último año de su primer periodo, aprobó el Convenio Básico de Cooperación Técnica entre los gobiernos de Venezuela y Brasil, el cual fue publicado en Gaceta Oficial en febrero de 1974.

En septiembre de 2005, 32 años más tarde, el chavismo modificó el acuerdo complementario número 1, para incluir obras de infraestructura en las regiones Amazónica y Orinoquense de Venezuela. En ese momento, Lula Da Silva acumulaba tres años en la presidencia de Brasil.

Con ese piso legal y al menos unos cuatro memorándums de entendimiento para la construcción de infraestructura, sector eléctrico, agrario y cooperación de vivienda y hábitat, se facilitó la aprobación de proyectos, no solo a un país, sino específicamente a una empresa, Odebrecht.

Los cuatro memorándums de entendimiento fueron refrendados entre 2007 y 2009, en la época en que Chávez era el presidente; Maduro, el canciller; y Cilia Flores se encontraba al frente de la Asamblea Nacional.

“Y es mediante el mandato del presidente Hugo Chávez Frías (F) que se generaron las condiciones legales para que la empresa Odebrecht interviniera en la totalidad de los proyectos de mayor importancia de las últimas décadas en el país y en diferentes áreas que comportaran grandes obras de infraestructura, todo lo cual se hizo por adjudicación directa”, apuntan los fiscales venezolanos en un informe al que accedió ARI. 

Los puntos de cuenta

Para completar la faena, se necesitaba una forma de asignar recursos sin pasar por la aprobación de la Asamblea Nacional. Chávez encontró la fórmula al utilizar el excedente petrolero. El barril de petróleo lo presupuestaron a un monto siempre inferior a lo que terminaba marcando el promedio anual. 

Punto de cuenta -memo oficial- de febrero de 2012 para el metro, en el que Elías Jaulá afirma que la obra empleaba a más de mil personas.

Todo el monto que superaba lo presupuestado quedaba a disposición del líder del chavismo, quien con solo una firma, que él mismo llamaba “la rabo de cochino”, decidía a qué obras y qué monto se le asignaba, como lo contó Gomes a la Fiscalía de Brasil.

Ese artilugio del derroche fue utilizado por Chávez para favorecer a Odebrecht. Incluso, en 2012, un año antes de su muerte, firmó puntos de cuentas -memos oficiales- que favorecieron la gerencia de Azevedo, como por ejemplo para dar más recursos para la construcción de los talleres del Metro Caracas-Guarenas. De esa obra no existe nada en la actualidad, comprobaron en el lugar los reporteros de la alianza.

En 2011, con el apoyo de Rafael Ramírez, presidente de Pdvsa y ministro de Petróleo, Chávez y Odebrecht encontraron otra fuente para seguir con el pago de los contratos. Se trata del fideicomiso que generaron con la venta de nafta liviana, gasolina, que Pdvsa realizó a Braskem SA, la petrolera perteneciente al grupo Odebrecht, que cobraba las deudas con la nafta exportada. 

Con esos recursos financiaron obras como el Tercer Puente sobre el Río Orinoco (nunca entregado) y, por supuesto, el inacabado Metro Caracas-Guarenas-Guatire.

En 2011, con el auxilio de Rafael Ramírez, presidente de Pdvsa y ministro de Petróleo, Chávez y Odebrecht idearon un fideicomiso que generaron con la venta de nafta liviana para financiar los contratos a la constructora, entre ellos el del metro. Ronald Peña/El Pitazo.

Ese fideicomiso lo constituyeron el 10 de mayo de 2011, de acuerdo con documentos de la investigación de los fiscales Sifontes y Lupera, el mismo año en el que Azevedo observó dificultades para cobrar los montos que reclamaba.

ARI consultó al expresidente de Pdvsa, quien aseguró que “el hecho de que se haya se haya establecido algún fondo con Brasil para pagar con petróleo o productos alguna obra (no recuerdo esto del metro), era un mecanismo usual entre los países y era una manera de aumentar el intercambio comercial y penetrar mercados, pero siempre era a precios de mercado”.

Del lobbista a Haiman El Troudi

Chávez, aún presidente, se encontraba en tratamiento médico por el cáncer. La administración de los recursos estaba en manos del funcionario multicargos Elías Jaua, Maduro y otros que lideraban el Gobierno.

A raíz de esa situación, el gerente general de Odebrecht en Venezuela contrató a un lobbista para ayudar a cobrar y recibir nuevos contratos. En la declaración de Gomes reluce el nombre Luis Enrique Delgado Contreras por la eficiencia de su trabajo y por los montos que cobraba.

El metro Caracas-Guarenas-Guatires forma parte del grupo de 24 obras -de un total de 33- encargadas a Odebrecht y que jamás fueron terminadas, según Transparencia Venezuela. Ronald Peña/El Pitazo.

Gomes recordó que en 2011 Azevedo le dio la instrucción de manejar la relación con Delgado, un hombre de negocios, quien tenía una oficina en Las Mercedes, en la que ya no opera.

“Luis Delgado usaba su poder de influencia para la aprobación de recursos para nuestros proyectos. Consecuentemente recibía las facturas de la compañía cuyo pago estaba atrasado; y en la aprobación de contratos adicionales que fueran de nuestro interés”, contó Gomes.

El alcance de las gestiones del lobbista permitía a los gerentes de Odebrecht conocer el contenido de los puntos de cuentas -memos oficiales- antes de que fueran firmados y, por lo tanto, cambiar y poner a su favor lo que les interesaba. 

En los allanamientos de febrero de 2017 a las oficinas de Odebrecht, los funcionarios encontraron documentos que solo debían estar en los archivos de la presidencia del Metro de Caracas y Los Teques, del Ministerio de Transporte y Comunicación o del Palacio de Miraflores.

Delgado recibió una comisión de 2% de todo lo que ingresó a las cajas de Odebrecht. Gomes precisó que de 2011 a 2015, la empresa tuvo ingresos por 7,7 millones de dólares, mientras que el lobbista obtuvo 100 millones de dólares.

El segundo lobbista fundamental en esta historia es Héctor Dáger, un abogado que gestionó el cobro de facturas y proporcionó información a Odebrecht sobre el proyecto Tocoma y la empresa Electricidad del Caroní (Edelca). 

Aunque también cobraba 2% de todo el dinero que ingresaba a la compañía brasileña gracias a su actividades e influencias, entre 2006 y 2009, llegaron a sus cuentas 28 millones de dólares, según la información de los fiscales venezolanos en el exilio. Es decir, 72 millones de dólares menos que lo atribuido a Delgado. 

ARI trató de contactarlos, pero en las oficinas asociadas a sus nombres negaron que estuvieran o los conocieran.

Los expresidentes Hugo Chávez y Lula Da Silva junto al actual mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro. Durante el chavismo, la constructora brasileña sobornó a funcionarios por 98 millones de dólares, según los exejecutivos de Odebrecht.

Luis Delgado también fue fundamental en la relación con Haiman El Troudi, expresidente del Metro de Caracas y exministro de Transporte y Comunicación. El Troudi aprobó 14 de las 25 modificaciones realizadas al contrato inicial en su gestión frente al Metro de Caracas.

Los testimonios documentales recogidos por fiscales brasileños y venezolanos y un proceso abierto en la Fiscalía General de la República establecen que existió un vínculo de negocios entre Delgado y El Troudi; con la esposa del exministro, María Eugenia Baptista Zacarías; y con su suegra Elita del Valle Zacarías. El proceso en la Fiscalía General terminó cerrado durante la gestión de Tarek William Saab en el Ministerio Público.

A las dos mujeres les enviaron 16,3 millones de francos suizos desde la cuenta de la empresa Alfa International SA, una de las firmas usadas por Odebrecht para repartir comisiones en los lugares donde tenían obras acreditadas en América Latina y África, de acuerdo con el testimonio de Euzenando Azevedo en Brasil.

ARI intentó contactar al exministro El Trouddi en la casa que le reconstruyen en el centro norte de Caracas, pero no fue posible ubicarlo. De acuerdo con información de personas cercanas al exfuncionario, hoy exonerado por la Fiscalía de cualquier investigación, su esposa y él pasan los días entre Aruba, Santa Lucía, San Martin y un barco con autonomía para navegar por un mes en el Caribe.

Obra paralizada por segunda vez

Odebrecht en Venezuela erigió impunidad. La fiscal Sifontes y el exvicefiscal Zair Mundaray aspiran a que llegue el momento de que se haga justicia. Saben perfectamente que mientras el chavismo se encuentre en el poder jamás se adelantarán las investigaciones que concluyan con el castigo para los responsables de un sobrecosto total en las obras de la compañía brasileña de más de $29.000 millones, según Transparencia Venezuela.

La exfiscal general Ortega Díaz encabezó el equipo de fiscales del caso Odebrecht en Venezuela. En 2017 viajó con uno de sus colegas a reunirse con los fiscales del Equipo Lava Jato en Brasil. Ese día, la hija y el nieto del esposo de la funcionaria fueron secuestrados. Foto: Presidencia Venezuela.

“De acuerdo con el relato de Alessandro Gomes, Hugo Chávez y luego Nicolás Maduro fueron copartícipes del delito de corrupción”, afirmó Mundaray para este reportaje. En febrero de 2017, el exvicefiscal, hoy exiliado en Colombia, viajó a Brasil con la entonces fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. Se encontraban en ese país cuando secuestraron en Caracas a una de las hijastras y a un nietastro de la jefa del Ministerio Público.

Para un miembro de la Fiscalía que conoció el caso muy de cerca, la investigación no debió enfocarse solo en el pago de comisiones a los funcionarios públicos. Asegura que ese monto se acercó a los 1.000 millones de dólares y no se quedó en los 98 millones que los ejecutivos de Odebrecht reconocieron ante las autoridades de Brasil y Estados Unidos en diciembre de 2016, cuando estalló el caso Lava Jato en América latina. Venezuela encabezó entonces la lista de países con mayor flujo de sobornos de la constructora brasileña en la región, aparte de Brasil.

Según el exintegrante de la Fiscalía, el chavismo pagó todas las obras en 2012, pero se intentó refacturar montos más elevados para seguir sacando dinero de Venezuela.

En octubre de 2021 y en enero de 2022, el gobierno de Nicolás Maduro anunció la reanudación de las obras del metro pero la Alianza Rebelde Investiga (ARI) comprobó en el lugar que la supuesta reactivación quedó congelada en fotos oficiales. 

Hacia el final de esta ruta, no hay movimientos en la Justicia, o al menos noticias de ellos. De la construcción del Metro Caracas-Guarenas, solo queda el registro de las columnas levantadas para colocar sobre ellas el riel del tren, ubicadas en la autopista Guarenas-Guatire, que comprueban que la corrupción mata: en 2021, autoridades policiales registraron cinco fallecidos y 17 lesionados en 13 choques contra esas estructuras. 

Metodología

Las cifras publicadas en este reportaje corresponden a la filtración de una base de datos contentiva de los documentos confidenciales recabados durante dos allanamientos autorizados por el Ministerio Público en las oficinas de Odebrecht en Venezuela el 14 de febrero de 2017. Hasta hoy permanecían bajo la custodia del equipo de fiscales (hoy en el exilio) que hasta ese año investigaban el caso de la constructora brasileña en el país. Los datos debieron ser depurados, ordenados y clasificados en Excel para poder procesar las totalizaciones de contratos y adendas de 33 megaproyectos encargados a Odebrecht entre 2002 y 2015. 

Para este especial, se analizó en específico el proyecto del Metro Caracas-Guarenas-Guatire como emblema del mecanismo de corrupción de Odebrecht en Venezuela. En vista de que el presupuesto era mixto (expresado en en tres monedas: bolívares, dólares y euros) se concretó un solo monto convirtiendo los euros y bolívares en dólares calculados a la tasa oficial según la fecha de cada proyecto. 

Con la categorización de los datos, no sólo fue posible descubrir a los principales funcionarios que manejaron mayor número de contratos y recursos y la cantidad y tipo de adendas que se agregaron al presupuesto inicial sino que también permitió comparar que los exorbitantes montos de una sola obra en Venezuela superaban con creces el total de sobreprecios de 50 obras en 7 países calculados por la alianza transfronteriza Investiga Lava Jato, de la que forman parte Runrunes y El Pitazo

*La Alianza Rebelde Investiga (ARI) está integrada por los medios El Pitazo, Runrunes y TalCual. En este especial, los periodistas que integran la red para el especial “El costo de la corrupción” de Investiga Lava Jato son Lisseth Boon, Lidk Rodelo, Jesús Abreu y César Batiz. Base de datos: Carmen Riera. Fotos: Ronald Peña

Pascuales Cuenca, la última batalla de Odebrecht en Ecuador

En 2018 la empresa brasileña había constituido un sólido grupo de abogados que buscaba pelear por una indemnización de más de US$ 183 millones en las cortes ecuatorianas. Con el tiempo el escenario cambió y todo parece indicar que los buenos tiempos de Odebrecht terminaron. De los tres procesos que tiene pendientes en torno a la construcción del poliducto Pascuales Cuenca, en los que se disputan cientos de millones de dólares, uno de ellos ya tiene fecha de audiencia. En las próximas semanas la justicia podría confirmarle multas por US$ 107 millones que hasta ahora se niega a pagar. Esta es una nueva entrega del especial ‘El costo de la corrupción’, que forma parte del proyecto periodístico Investiga Lava Jato.

Odebrecht juega sus últimas cartas en Ecuador y busca evitar que un tribunal civil confirme la legalidad de un informe técnico que establece multas por más de 107 millones 164 mil dólares contra la empresa por los daños identificados en la ejecución del proyecto Pascuales-Cuenca, el poliducto de 200 kilómetros que transporta productos refinados de petróleo desde el puerto de Guayaquil hasta la ciudad de Cuenca, al sur del país. La construcción de la infraestructura fue encargada a Odebrecht por la petrolera estatal PetroEcuador. 

El caso llegó a la justicia en el 2020, en plena pandemia y es vital para el desarrollo de otros procesos judiciales que enfrenta a la constructora brasileña con el Estado ecuatoriano. De la resolución de este proceso depende el futuro de otros dos juicios adicionales que están pendientes sobre el mismo proyecto. En uno, que data de 2018, la brasileña reclama pagos a la estatal por más de 183 millones de dólares. En el segundo, también de 2020, PetroEcuador le exige una reparación por daños y perjuicios por 281 millones.

Desde entonces poco se avanzó en los tres casos, pero al fin los jueces han señalado la fecha de la audiencia que definirá si pagará o no las multas. Será desde el 15 de diciembre de este año. La constructora Odebrecht, que cambió su razón social a Compañía CNO SA, perdió en el pasado otros procesos de tipo tributario y con ello se va cerrando la posibilidad de recibir dinero del Estado a su favor. 

El caso del poliducto Pascuales-Cuenca es uno de los más pedagógicos para explicar la corrupción que relaciona a la constructora brasileña con las autoridades del gobierno del expresidente Rafael Correa, que gobernó entre 2007 y 2016. Los errores y daños estructurales de las obras civiles son evidentes: decenas de vídeos, infografías e imágenes detallan cómo los taludes y muros construidos, tanto para permitir la apertura de terraplenes y el paso de la tubería, se han desestabilizado y están por colapsar. Esta condición podría provocar la destrucción de las grandes esferas de almacenamiento de Gas Licuado de Petróleo. Dado el peligro, las instalaciones se encuentran sin uso y la paralización genera millonarias pérdidas al día.  

CNO sabe que en estos cuantiosos juicios tiene todo en contra. Por ello, busca señalar a otros y evadir sus presuntas responsabilidades. 

Por ejemplo, para la demanda que PetroEcuador le inició por los daños y perjuicios en esta obra en desuso, Odebrecht pidió a los jueces incluir además a las empresas que realizaron los estudios de ingeniería, Caminosca, y a la firma internacional que realizó la fiscalización de la obra, Engil International. Además solicitó que las autoridades de Petroecuador que dieron luz verde al proyecto, en septiembre de 2013, también sean parte del caso.

Las instalaciones del poliducto Pascuales Cuenca construido por Odebrecht presentan grietas y fallas estructurales. Foto: Internet.

La abogada de CNO, Verónica Isabel Loján Avellán, ha dicho durante dicho proceso judicial que Caminosca fue la responsable de los errores de construcción de Odebrecht, una declaración que al mismo tiempo implica un reconocimiento sobre las malas condiciones en que se encuentra la obra ejecutada. 

Asimismo, CNO argumentó que el artículo 80 de la Ley de Contratación Pública dice que el fiscalizador del contrato es responsable de tomar todas las medidas necesarias para su ejecución. “Si la acción planteada en contra de mi representada (CNO) pretende el cobro de una indemnización ocasionada por la construcción del poliducto Pascuales-Cuenca, quien era el encargado de hacer la fiscalización, revisión de toda la ejecución del contratos, era Elgin International”, dijo la abogada Loján.

De hecho, CNO ha manifestado de manera expresa que, como Elgin International ha sostenido que todas las instalaciones del proyecto Pascuales-Cuenca cumplieron con la figura contemplada en el contrato de construcción, la demandada (CNO) debe dirigirse también contra esta fiscalizadora que estaba obligada a controlar la ejecución del contrato.

El origen

Desde el 17 de enero de 2020 José Agusto Briones, entonces ministro de Energía, anunciaba que el Estado iba a demandar a Odebrecht por las fallas estructurales en la construcción del poliducto Pascuales-Cuenca. Se decía que solo faltaba afinar el monto económico a reclamar. 

Hasta ese momento la reacción del gobierno era nula ante la arremetida iniciada por Odebrecht el 9 de marzo de 2018, cuando le entabló el primer juicio a PetroEcuador por USD 183 millones 701 mil reclamando supuestas planillas no pagadas.

Agusto Briones prometió que el gobierno también golpearía. Aunque el primer movimiento se había concretado casi tres años atrás, avanzó con cierto letargo. El 27 de octubre de 2017, el gerente de Petroecuador, Byron Ojeda, dispuso la terminación unilateral del contrato y anunció el inicio de las acciones judiciales por daños y perjuicios en contra de Odebrecht. Pero esto último no fue acatado inmediatamente por la oficina de procuraduría de la petrolera estatal. 

La presencia de un actor clave explicaba las demoras. Se trataba del procurador Marco Prado, quien desempeñó cargos muy importantes durante el gobierno de Rafael Correa. Fue viceministro de Justicia en 2013. Y en ese mismo 2013, Prado también desarrolló una consultoría para Petroecuador con el fin de viabilizar el proyecto del poliducto Pascuales-Cuenca, que finalmente construyó Odebrecht. Cinco años después, en 2018, este funcionario escaló al puesto de procurador de Petroecuador. Y para 2020, paradójicamente,  lideró la defensa de la estatal cuando la constructora le reclamó en los tribunales los mencionados pagos por USD 184 millones referidos a la obra que Prado antes asesoró.

Marco Prado fue contratado en 2013 para una consultoría sobre la viabilidad del poliducto. Años después, como procurador, tuvo que litigar contra Odebrecht generando demoras. Foto: Primicias.

En diálogo con periodistas en 2018, el ex ministro de Energía Augusto Briones advirtió que poderosos intereses impedían avanzar en la demanda que debía interponer el Estado.

¿Se trataba de alguien dentro del propio gobierno? Odebrecht contó con algunas circunstancias que levantan sospechas.

Una fue haber estado cerca de personajes influyentes que en el pasado tuvieron contratos relacionados con sus obras cuestionadas. Es el caso del ex procurador del Estado Íñigo Salvador Crespo, reemplazado en el cargo hace pocos días, quien en 2011 tuvo dos contratos de asesoría legal con la compañía estatal Refinería del Pacífico, por US$ 250 mil. Ambos servicios estuvieron relacionados con la construcción de esta nueva refinería, cuya obra fue ejecutada por la brasileña. 

Salvador incluso participó de la reunión del cierre del contrato entre Refinería del Pacífico con la compañía internacional Worley Parsons, que fue la encargada de fiscalizar y administrar el proyecto, el 21 de noviembre de 2011, para la realización de los estudios del acueducto La Esperanza, que también desarrolló Odebrecht y que era parte de la nueva refinería.

El 13 de febrero de 2019, Íñigo Salvador, ya como Procurador General del Estado, emitió un informe sobre Odebrecht y el poliducto Pascuales-Cuenca, sin determinar responsabilidad alguna pese a estos hallazgos: el presupuesto adjudicado en el contrato fue de US$ 369 millones, que era US$ 97 millones más de lo que Petroecuador fijó en su presupuesto referencial. Pero al 9 de agosto de 2017, el pago de Petroecuador a Odebrecht fue aún mayor: alcanzó los US$ 489 millones.

El ex procurador del Estado, Íñigo Salvador, también hizo consultorías relacionadas con obras que ejecutó Odebrecht. Foto: El Comercio de Ecuador.

En el desarrollo de la obra, hubo aumentos de precios aprobados por Petroecuador y la fiscalizadora Elgin International, que también fue cliente de Odebrecht en una obra ejecutada en Colombia.

¿Qué hizo el ex procurador Salvador, quien el 9 de marzo de 2020 se quejó públicamente de que Odebrecht no se sentaba a negociar la reparación económica por toda la corrupción admitida por ella misma? “Al ser un aspecto de orden económico, y por estar fuera de las competencias de la Procuraduría del Estado, no se emite criterio al respecto”, dijo oficialmente el alto funcionario encargado de defender los intereses de Ecuador. 

Contactos al más alto nivel

Odebrecht contrató a un bufete de abogados con los mejores contactos. Es el estudio jurídico PBP, Pérez Bustamante y Ponce, que de 2010 a 2016 recibió pagos de US$ 800.000 desde la constructora brasileña y tiene como uno de sus socios a Francisco Roldán Cobo, abogado de enorme influencia en los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno.

Roldán Cobo es tío de Juan Sebastián Roldán, quien fue secretario particular y miembro de la mesa estratégica de decisiones (llamada mesa chica) del entonces presidente Moreno. 

Luego de perder en todas las instancias, el estudio Pérez Bustamante y Ponce logró un fallo de la Corte Constitucional que hizo ganar US$ 45 millones a Odebrecht, dejando como saldo para el Servicio de Rentas Internas (la administración tributaria ecuatoriana) solo US$ 10 millones, gracias a la comunicación directa con la entonces vicepresidenta de la Corte Constitucional, Pamela Martínez, que años después, tras la publicación del caso Arroz Verde en 2019, se descubrió la estrecha relación de Odebrecht y otras empresas con ella. 

Luego de quedar en evidencia, Martínez fue capturada y apresada. No tuvo otra salida que colaborar con la Fiscalía General del Estado y entregó las pruebas de cómo influenció en las decisiones de la Corte Constitucional, proporcionó la ruta de los sobornos de Odebrecht y los pagos por US$ 7 millones a la campaña de reelección presidencial de Rafael Correa en 2013. El caso Arroz Verde logró probar la participación de Rafael Correa, el vicepresidente Jorge Glas, el secretario Jurídico de la Presidencia Alexis Mera y seis exministros. De ellos, solo Glas y Mera mantienen prisión domiciliaria.