Mes: enero 2023

55,35 millones de dólares es el valor de los tres contratos que el Estado ecuatoriano firmó en 2015 con las empresas chinas Haier y Guandong para dotar a la población de 342 mil cocinas de inducción.

Siete años después no existe claridad en el número de cocinas de este tipo que realmente se entregaron; informes estatales establecen que apenas 62,570 llegaron a beneficiarios desde el inicio del plan y el resto debemos suponer que se encuentran al cuidado de empresas privadas que le cobran al Estado por sus bodegas en algún lugar de Guayaquil. Quiere decir que cientos de miles cocinas de inducción no han podido ser vendidas ni canalizadas a los programas sociales en tres gobiernos, mientras permanecen  guardadas a la espera de su destrucción por el olvido.

El 28 de febrero de 2015 el Ministerio de Electricidad ordenó a la Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP la contratación agresiva de un millón de cocinas de inducción para entregarlas a consumidores del sector residencial en todo el país. En marzo de ese año el Subsecretario de Financiamiento Público del Ministerio de Finanzas, manifiestó que que el “Programa de Cocción Eficiente», se financiaría con $250 millones provenientes del Expor-Import Bank of China.

Con las aprobaciones de Finanzas y la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades) iniciaron  las contrataciones: el 27 de mayo de 2015, la Unidad de Negocio de Eficiencia energética de CNEL EP y la empresa china HAIER Global Business Corporation Limited, suscribieron el contrato RE-CNELEFE-002-15 para la adquisición de 20.000 cocinas de inducción encimeras, por el monto de $2.920.000.

El 22 de julio de 2015, la Unidad de Negocio de Eficiencia Energética y Guangdong Midea Kitchen Appliances Manufacturing CO. LTDA., suscribieron el contrato RE-CNELEFE-0003-15 por 10.000 cocinas de inducción encimeras, valorado en $1.460.000.

El 06 de agosto de 2015, la misma Unidad de Negocio de Eficiencia Energética sucribió con  Guangdong Midea Kitchen Appliances Manufacturing CO. LTDA., el contrato RE-CNELEFE-004-15 para la adquisición de 186.000 cocinas de inducción tipo encimeras y 126.000 cocinas de inducción con horno, más el servicio técnico post venta, por el monto de USD 50.970.000,00.

Del millón de cocinas que el gobierno de entonces propuso adquirir llegaron a Ecuador 342.000; de ese número algunas fueron chatarrizadas, otras vendidas, unas pocas donadas y el resto están en una bodega rentada en Guayaquil.

Al año siguiente continuaron las compra de utencillos: el 12 de abril de 2016, la Unidad de Negocio de Eficiencia Energética y la empresa Corpmunab S. A. suscribieron el convenio de pago Nro. 003-2016-CP, por la adquisición de 10.000 juegos de ollas para cocinas de inducción, por el monto de $293.600,00.  El 09 de mayo suscribieron un convenio adicional (004-2016-CP), por 16.000 juegos de ollas para cocinas de inducción, por $469.760,00. El 16 de junio CNEL EP y Corpmunab S. A suscribieron el contrato de 20.000 juegos de ollas para cocinas de inducción, por  640.000,00.

Finalmente el 1 de septiembre de 2016 la Unidad de Negocio de Eficiencia Energética y la misma empresa suscribieron el contrato (RE-CNELEFE-001-16) para adquirir 50.000 juegos de ollas para cocinas de inducción, por $ 1.468.000,00.

En la actualidad el programa se encuentra en fase de cierre desde julio de 2021 sin un horizonte sobre el destino que tendrán los equipos de inducción almacenados y con cuestionamientos desde la Contraloría General del Estado sobre los procesos contractuales celebrados para la importación de las cocinas y las ollas de inducción.

Cómo empezó todo

Como todos los programas emblemáticos impulsados por la revolución ciudadana, el primer hito para viabilizar el financiamiento, las contrataciones, las adquisiciones y otros procesos que debía cumplir el gobierno para ejecutar dichos programas es la venia de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades). El 31 de diciembre de 2013 se emitió el dictamen de prioridad al Programa de Cocción Eficiente con oficio No. SENPLADES-SGPBV-2013-1408-OF. Se definió como objetivo del programa: sustituir cocinas de gas y calefones de calentamiento de agua por cocinas de inducción y sistemas eléctricos de calentamiento en los hogares de los clientes residenciales del sistema eléctrico.

El diseño de la normativa y la preparación de la estrategia de lanzamiento tomaron su tiempo. Todos los ministerios, empresas públicas y otras dependencias del gobierno central se alinearon a la propaganda que promovía las bondades del supuesto cambio de la matriz energética. Por el lado de la oferta se ponderaban los ahorros y los aportes que significarían para la economía la construcción y puesta en marcha de ocho megaproyectos hidroeléctricos. Mientras por el lado de la demanda se publicitaban otros proyectos que apuntaban a eliminar el uso de gas licuado de petróleo (GLP) en el sector residencial para reemplazarlo con la electricidad generada por las hidroeléctricas y como consecuencia terminar con el subsidio al gas de uso doméstico.

Respecto al consumo de electricidad, en esa época se distribuía en 39,6% para el sector industrial, 29,6% para el residencial, 22,3% para el comercial y de alumbrado público y 8,4% para la construcción.

La tendencia de la demanda de gas y electricidad era de crecimiento continuo y los programas que según el gobierno permitirían alcanzar la eficiencia energética eran el de cocción eficiente; autos híbridos y eléctricos; calentamiento de agua con electricidad, entre otros.

En este contexto el 9 de septiembre de 2014, la cartera de Electricidad estableció y reguló el Programa de Eficiencia Energética para Cocción por Inducción y Calentamiento de Agua con Electricidad en sustitución del gas licuado de petróleo en el sector residencial (PEC).

A partir de las potestades que se establecieron en dicho acuerdo ministerial como son las de asignar, calificar y controlar todos los procesos operativos, Esteban Albornoz, titular de la mencionada cartera de Electricidad dispuso a CNEL EP, el 28 de febrero de 2015, la contratación de un millón de cocinas de inducción, con financiamiento del Estado. Pocos días después y con el fin de operativizar las actividades que demandaba el PEC, el 5 de marzo de 2015, la gerencia de la CNEL EP resolvió crear la Unidad de Negocio de Eficiencia Energética (UN-EFE).

El siguiente paso fue la suscripción de convenios entre el Ministerio de Electricidad y la UN-EFE con las Empresas Eléctricas de Distribución, Unidades de Negocio de CNEL y casas comerciales, para la venta a clientes finales o entrega gratuita de los equipos de inducción a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano (BDH).

Luego de haberles remitido invitaciones directas a seis empresas chinas para que provean cocinas de inducción al Estado, la CNEL, amparada en el mecanismo de giro específico del negocio, adjudicó contratos para la importación a HAIER Global Business Corporation Lted., Guangdong Midea Kitchen y Suzhou Kenmec Electric.

Los contratos de mayor valor y que sumaban 322 mil cocinas de inducción fueron suscritos con Guangdong Midea Kitchen Appliances Manufacturing Co. Ltda.  El otro contrato RE-CNELEFE-002-15, del 27 de mayo del 2015, fue para Haier que debía entregar 20.000 cocinas de inducción encimeras por un valor de $2.920.000.

En la importación de ollas de inducción participó la empresa ecuatoriana CORPMUNAB S.A., mediante varios contratos y convenios de pago por un total de 76 mil juegos de ollas cuyo valor fue de $2,23 millones. El primer contrato que la Unidad de Negocio de Eficiencia Energética de CNEL firmó el 16 de junio de 2015 con esta casa comercial para la adquisición de 20 mil juegos de ollas de inducción tuvo un valor de $US 640 mil. Al año siguiente firmó tres convenios de pago por 10 mil, 16 mil y 50 mil juegos de ollas adicionales, por $US 293.600, $US 469.760 y $US 1´468.000 respectivamente.

Como parte del Plan Nacional de Desarrollo y de la Programación Presupuestaria Cuatrienal vino también la actualización del dictamen de prioridad del PEC por parte de Senplades el 17 de agosto de 2015 (Oficio nro. SENPLADES-SGPBV-2015-0690-OF). El organismo de planificación también aprobó el perfil de quienes debían beneficiarse del programa PEC con la entrega de equipos de inducción gratis. Como producto de esto el 15 de septiembre de 2015 la cartera de Electricidad (Acuerdo Ministerial No. 264)  determinó que los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano (BDH) que se encuentren en la base del Registro Social del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social recibirán en forma gratuita kits de inducción compuestos por: una cocina, un juego de ollas y la instalación del circuito interno a 220 voltios.

El programa PEC nació con el objetivo de aumentar la participación de la energía eléctrica en otros usos, como el de la cocción de alimentos, y para ello el gobierno de ese entonces estableció que en un período de 10 años (es decir hasta el 2023) se incorporen 3´035.128 cocinas de inducción. En ese entonces significaban más del 90% de todos los abonados a nivel nacional. Hoy en día, si este proyecto hubiera tenido el impacto esperado, esos 3 millones de beneficiarios serían el 55% de todos quienes tienen acceso al servicio de energía eléctrica, que según estadísticas del Ministerio de Energía suman 5´505.000 abonados.

Tal objetivo no se cumplió. En un documento elaborado por el Ministerio del ramo a septiembre de 2020, al que PI. tuvo acceso, se reporta que “en aproximadamente 3 años de ejecución del programa PEC (2015 – 2018), las ventas y canjes registrados representan un total de 62.570 cocinas de inducción”. Y aún si estos procesos se reactivaran “se requeriría al menos cuatro años para despachar el inventario total de cocinas de inducción que custodia CNEL EP, con los subsecuentes costos por operación logística, servicio posventa y otros costos asociados a la comercialización”.

Es decir, en el mejor de los escenarios se podría dejar en cero ese inventario en el último trimestre del 2024, con los costos que eso significaría para el fisco, pues en este documento el ministerio advierte que hay una alta probabilidad de que en el caso de las cocinas y ollas de inducción que se logren vender los precios de venta pueden ser menores a los inicialmente establecidos por la reducción de precios de mercado, la devaluación tecnológica por año de fabricación y la pérdida de garantía del fabricante.

Tampoco los programas sociales gubernamentales han tenido un alto potencial de recepción de estos equipos de inducción, pues según la cartera de Energía, los canjes o entregas gratuitas a los beneficiarios del BDH entre los años 2015 y 2018 totalizaron solo 7.173 cocinas de inducción y juegos de ollas.

A lo dispuesto en septiembre de 2015 por el Ministerio de Electricidad que incorporó a los beneficiarios del BDH como destinatarios de los kits de inducción se agregó otra disposición cinco años después: mediante Acuerdo Ministerial Nro. MERNNR-VEER-2020-0005-AM, el Ministerio de Energía decidió “ampliar el segmento de los beneficiarios del Programa de Cocción Eficiente para la entrega gratuita de cocinas importadas por el Estado a otros programas sociales que impulsa el Gobierno Nacional.”

Pese a existir este marco legal para aumentar los destinos de los equipos de inducción hacia más programas sociales, los directivos del Ministerio de Energía siguen encontrando trabas para despachar los stocks de cocinas y ollas que aún permanecen embodegados, pues observan que “en reunión mantenida el 16 de junio de 2020, el gerente del programa PEC informó a la UN EFE que el plan de entrega al programa Casa Para Todos, prevé únicamente la donación de 15.000 kits de inducción”.

Otro medio de verificación del fracaso del PEC son las propias cifras oficiales que no concuerdan con la información que tiene este portal. En la última ficha informativa del programa, publicada por el Ministerio de Energía y Minas, la cantidad total de cocinas de inducción vendidas a través de SIPEC^[1] suman 595.146, al 30 de noviembre de 2022, un número oficial de cocinas superior a los establecidos en contratos que hemos accedido y detallado en los anteriores párrafos. Quiere decir que existe información que no se ha logrado consolidar con claridad.

Además, algunas de las empresas distribuidoras de energía eléctrica en sus reportes desde 2016 resaltan: “se observa un bajo interés de los usuarios por solicitar la instalación de los circuitos expresos en el SIPEC”. Este reporte es de la Empresa Eléctrica Quito y las instalaciones a las que se refiere corresponden a las demandadas para las cocinas de inducción.

Publicaciones de prensa también reportan que a partir de 2017 se evidencia una reducción significativa en la cantidad de solicitudes de usuarios para instalar medidores de 220 voltios, que son los requeridos por las cocinas de inducción, pues el número de solicitudes pasó de 120.267 durante el 2015, a 20.138 en el 2018 y durante los siguientes años en CNEL los valores son mínimos. La empresa pública CNEL provee de energía eléctrica a 2.5 millones de clientes residenciales, un poco más de la mitad de todos los usuarios del servicio a nivel nacional.

15 cuestionamientos de Contraloría para el PEC

El examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación, distribución y uso de los bienes y servicios adquiridos y relacionados con el Programa PEC, se realizó al Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, a la Empresa Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP), sus unidades de negocio, empresas eléctricas y entidades relacionadas (período del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2018).

En este informe, aprobado el 19 de diciembre de 2019, los auditores encontraron que en tres de los procesos de contratación para la compra de cocinas de inducción (RE-CNELEFE-002, 003 y 004-15) a las empresas chinas Haier Global Business y Guangdong Midea Kitchen, no se cumplieron los principios de legalidad, trato justo, igualdad, transparencia y participación nacional para precautelar los recursos públicos.

La comisión técnica de CNEL no verificó que la empresa Haier Global Business cumpla con uno de los requisitos exigidos en los pliegos de contratación, pues se le adjudicó el proceso RE-CNEL-EFE-002-15 a través del cual se adquirieron 20 mil cocinas de inducción encimeras, sin que la compañía china acredite que tiene las certificaciones vigentes ISO 9001 e ISO 14001 para las plantas de producción de cocinas de inducción encimeras. Además, no se encontraba inscrita en el Registro Único de Proveedores. Por lo tanto, no contaba con la documentación mínima requerida en el proceso.

El administrador de la Unidad de Eficiencia Energética de CNEL y los apoderados de las empresas Guangdong Midea Kitchen y Haier Global Business, el 5 y 11 de agosto de 2015, respectivamente, suscribieron los contratos para la adquisición de cocinas de inducción, incluido el servicio el servicio técnico post – venta, por $US 50´970.000 y $US 19´990.000 respectivamente. Ambos contratos suman $US 70,96 millones. No obstante, el administrador de la UN EFE no estaba autorizado a firmar contratos de estos valores. El poder especial que recibió el 8 de junio de 2015 le facultaba a contratar, sin la autorización del gerente general de CNEL, la ejecución de obras y prestación de servicios que no superen los $US 7 millones por proceso.

La Contraloría también identificó que CNEL incurrió en gastos que no se justifican por nacionalización de las cocinas de inducción importadas, pues asumió el pago de $US 401.357,96 por gastos de almacenaje, bodegaje, licencias y honorarios de agente de aduanas.La contratista demoró en entregar la documentación indispensable para el proceso de nacionalización de 25 embarques, especialmente el Certificado de Conformidad del Producto (CQC), mientras los técnicos que participaron en la revisión, verificación y aprobación de las liquidaciones económicas no tuvieron un criterio unificado y una metodología para establecer qué gastos de nacionalización de cada embarque debían ser asumidos por la UN EFE y por la contratista, según sus responsabilidades en el contrato.

Otro de los cuestionamientos de la Contraloría fue que desde la suspensión de las ventas y canje de las cocinas de inducción importadas para las empresas eléctricas de distribución y Unidades de Negocio, los funcionarios de la UN EFE no hicieron un control permanente de la administración de inventario, ni realizaron procesos de baja y chatarrización de los bienes entregados en canje. En consecuencia, “se encuentran embodegadas y sin rotación de inventario 3.014 cocinas encimeras y 81.634 cocinas con horno, además de 4.136 cocinas a gas, 2.283 cocinetas, 5.624 bombonas, 257 cocinas industriales y 476 válvulas recibidas como canje de los beneficiarios de los bonos de desarrollo humano”.

Cartera vencida de las empresas eléctricas

En marzo de 2017 el Ministerio de Electricidad identificó que en 11 Unidades de Negocio de CNEL la mora de los usuarios del PEC se ubicó en $US 6’011.480. La mayor cantidad de esa cartera vencida se concentró en las empresas eléctricas de: Guayaquil con 84.000 cocinas vendidas que significaron un monto impago de $US 1’145.000; Manabí con 34.000 cocinas que representaron una mora de $US 1’015.000; Los Ríos con 17.230 cocinas y un monto impago $US 826.000.

Frente a esto se impulsó una agresiva política de comercialización que prácticamente obligaba a los usuarios a adquirir las cocinas a inducción, provocando denuncias ante la Defensoría del Pueblo y sentencias judiciales por vulneración de los derechos de los abonados, pues muchos de ellos terminaron pagando elevadas planillas eléctricas por el costo de las estufas. Algunos incluso firmaban un documento pensando que era el recibido de las cocinas y realmente era un pagaré. En otras ocasiones las empresas eléctricas ni siquiera les había instalado la acometida de 220 voltios y los abonados no tenían a quién devolver las cocinas.

Ante este panorama las autoridades de energía decidieron empezar el desmontaje del programa PEC, aunque con pocos avances en el camino.

Con memorando Nro. MERNNR-MERNNR-2019-0119-ME, de 25 de junio de 2019, el ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables solicitó a la gerencia del Programa PEC: «(…) ejecute las acciones operativas y administrativas necesarias para terminar de manera ordenada las obligaciones contraídas por este Ministerio en el marco del Programa de Cocción Eficiente”.

El estado en que inició este proceso daba cuenta de que se efectuaron ventas y canjes de cocinas de inducción por un total de 62.570 items.

Además, la Unidad de Eficiencia Energética UN EFE custodia un stock aproximado de 82 mil cocinas de inducción y 37 mil juegos de ollas para inducción, distribuidos en dos partes.

La mayoría de estos bienes se encuentran en las bodegas de la compañía de transporte LOGISTCS S.A., ubicadas en Guayaquil, lo que representa a CNEL EP un gasto mensual por operación logística (administración de inventario y bodega) de $US79.147 (incluido IVA).

La otra parte de los bienes permanece almacenada en las empresas eléctricas de distribución, unidades de negocio de CNEL EP y casas comerciales, como resultado de los convenios suscritos para este propósito. Son 771 cocinas con horno y 1.914 cocinas encimeras.

Estas últimas cantidades son referenciales y siguen siendo verificadas conforme la UN-EFE avanza en el proceso de conciliación de inventarios para dar cumplimiento a las recomendaciones de la Contraloría General del Estado.

La UN EFE se encuentra realizando la conciliación de ventas, canjes, devoluciones y transferencias de los kits de inducción de 11 Unidades de Negocio, 8 Empresas Eléctricas de Distribución y 11 Casas Comerciales. Pero persiste la demora en la revisión de los registros en los sistemas facturación y de inventarios. A criterio de la UN EFE, entre las razones de tal demora están sus “problemas de gestión documental de los expedientes físicos y digitales, correspondientes a los más de cinco años de operación de la Unidad”.

Además de la falta de expedientes organizados, la Unidad de Eficiencia Energética sostiene que la falta de personal ha imposibilitado la liquidación de obligaciones y cierre de 30 convenios tripartitos que ya han finalizado su plazo. Estos convenios fueron suscritos entre el Ministerio de Electricidad, la Unidad de Eficiencia Energética de CNEL y las empresas de distribución eléctrica para la importación de los kits de inducción. Otro efecto de la limitación de recursos humanos serían las dificultades para realizar acercamientos con entidades del sector público como la Asociación de Municipalidades del Ecuador, Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador y Juntas Parroquiales del Ecuador con el fin de conocer los proyectos habitacionales que tienen en ejecución o en planeación, alcanzar un convenio interinstitucional y así concretar la entrega de los kits de inducción.

Lo cierto es que tras las importaciones de cocinas y ollas de inducción realizadas entre 2015 y 2016, no se cuenta con datos actualizados sobre cuántas están embodegadas, cuántas ya no sirven y han sido chatarrizadas o cuántas han sido entregadas en canje mediante programas sociales.

La última ficha informativa del PEC (actualizada a noviembre de 2022) este programa permaneció literalmente congelado desde julio de 2019 mientras se resolvían temas presupuestarios y las dificultades ocasionadas por falta de personal.

^[1] El SIPEC es un sistema de registro alojado en el portal web “Ecuador Cambia” en donde los usuarios ingresan sus solicitudes para cambios de acometidas y medidores, instalación de circuitos expresos (para el programa PEC), acceso a incentivo tarifario para cocción o calentamiento de agua.

Administradores de la Unidad de Negocio de Eficiencia Energética

1. Andrés Fernando Tapia Faggioni
2. Pablo Arturo Falconi Ayora
3. Christian David Parra Pombosa
4. Ana Lucía Játiva Yánez
5. Rommel Patricio Aguilar Chiriboga
6. Xavier Renán Zambrano Aragundi

Cocinas chatarra y el robo de cilindros de gas

En el mes de diciembre del 2020, la UN EFE dispuso el traslado de 5624 cilindros para gas licuado de petróleo, desde el Parque Industrial Sur de Quito, a la Terminal El Chorrillo EP PetroEcuador, Guayaquil, producto del convenio de cooperación interinstitucional entre la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR y la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP.

En el mes de enero del 2021, de acuerdo al informe presentado por el Técnico de Administración Técnica de la UN EFE, uno de los vehículos que transportaba 1125 cilindros para gas licuado de petróleo, fue abordado en el cantón El Empalme, el mismo que fue encontrado más tarde sin los 1125 cilindros.

En el mes de enero del 2021, la UN EFE ejecutó la disposición final de 4428 cocinas de inducción en mal estado. En el mes de mayo del 2021, se dispuso la chatarrización de 614 cocinas de inducción y 14 juegos de ollas para cocinas de inducción en mal estado.

Los pequeños y grandes productores bananeros piensan que serán afectados por la denominada Ley de la Cadena de Suministros, la tercera de su tipo en Europa que entró en vigencia este primero de enero de 2023 en Alemania, un mercado que representó exportaciones de la fruta por $71 millones el año pasado. Esta norma obliga a las grandes cadenas de supermercados de ese país a que antes de comprar el banano ecuatoriano tomen en cuenta las condiciones de trabajo para su producción. Los centros de expendio y el consumidor alemán han ignorado que detrás de la producción y la comercialización del banano ecuatoriano hay precarias realidades laborales. Aquí la historia.

A 27 metros sobre el nivel del mar, con la temperatura y la humedad propicias y en un suelo prodigioso se extienden centenares de hectáreas de bananales, sembrados en largas filas paralelas. De los troncos de estas plantas espigadas y de anchas hojas cuelgan miles de racimos que pintan el fuerte verdor de la zona. Es la Isla de Bejucal, una parroquia rural del cantón Baba, provincia de Los Ríos, que ha sido históricamente un centro agrícola importante por sus cultivos de ciclo corto y sobre todo por la plantación permanente de banano que es la que mueve la economía del sector. Este producto ocupa 7.562 hectáreas sembradas, seguido por el cacao con 3.012 hectáreas.

Los Ríos encabeza las provincias con mayor producción bananera con el 37,14%. Le sigue la provincia del Guayas con 32,25% y El Oro con 24,12%, según el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGAP).

Si bien entre enero y octubre de 2022 las exportaciones de banano tuvieron una caída del 7,5% en cuanto al volumen de cajas, respecto a igual período de 2021 (según la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador, AEBE), las ventas externas de este producto siguen entre los mayores rubros de las exportaciones tradicionales, pues le significaron al país ingresos por $2.609 millones, de acuerdo con las estadísticas del Banco Central del Ecuador.

Pero en las zonas de cultivo de banano el tiempo parece haberse detenido en materia de derechos. Este portal recogió testimonios de trabajadores de haciendas de la ruralidad de Baba que se evidencia que los beneficios de la producción del oro verde se opacan con la precariedad de las condiciones laborales.  

Leoncio Montes Ronquillo ha laborado en plantaciones desde hace tres décadas. Ha hecho de todo: destalle, que es el corte del tallo del racimo que queda luego de la cosecha, deshoje y limpieza de los desechos de la planta, corte y colocación de la fruta en cable vías para trasladarla hasta la empacadora. La mayor parte de sus actividades transcurrió en la hacienda María del Pilar. Sus jornadas empezaban a las 6 de la mañana sin hora fija de conclusión. 

Una afección a su riñón derivó en el sometimiento a sesiones de diálisis por 8 años, el tratamiento no funcionó y debió hacerse un trasplante. “Desde hace tres años ya no estoy trabajando porque caí enfermo, tengo que hacerme las diálisis por 10 años más. Entonces no puedo hacer ninguna labor porque todo en cuanto a banano es puro químico”, lamenta Leoncio. 

A partir de 2019 empezaron los atrasos de su patrono en los pagos de sueldos a los trabajadores de la hacienda al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, Leoncio estaba convencido que sí contaba con los beneficios como asegurado debido a que le descontaban sus aportes mes a mes. Su discapacidad por enfermedad le condujo a pedir su jubilación en 2021, pero su sorpresa fue una negativa por parte del IESS debido a que sus cánones constaban como impagos. “Resulta que ahora no puedo jubilarme, tengo solo 58 aportaciones pagadas y 60 impagas. Y ya no me querían ni atender en los hospitales porque el dueño está en mora”, enfatiza. Leoncio tampoco tiene acceso a sus fondos de reserva.

Al momento su patrono le paga $220 mensuales, Leoncio es el único sustento de su familia, tiene 2 hijos, uno de ellos aún en la escuela y para su tratamiento médico gasta mensualmente alrededor de $100. Unos pocos dólares que obtiene por unos sembríos de arroz ayudan a palear en algo sus necesidades. 

Otra de las importantes tareas que demanda el cultivo del banano es el amarre, que consiste en la sujeción y anclaje de las plantas para prevenir que se doblen o se caigan por el peso o los fuertes vientos. Durante 11 años René Contreras, trabajador de la hacienda Danica, ubicada en el recinto Versalle, del cantón Baba, ha estado encargado del amarre de las plantas de banano. 

Su horario es de 7:00 a 15:00 y percibe $360 mensuales, no alcanza al Salario Básico Unificado (SBU). El argumento de la empresa para no pagarle lo que manda la ley es que Contreras está a cargo de apenas 20 hectáreas y si aspira a obtener el SBU debería cubrir hasta 30 hectáreas. “Humanamente no se puede cumplir con esa extensión”, asegura Contreras, quien se queja también porque desde hace cinco años el dueño de la hacienda le ha descontado de su sueldo los aportes al IESS, pero ninguna de esas deducciones están registradas en el ente de seguridad social. 

La hacienda bananera donde han laborado Leoncio Montes y René Contreras, pertenece ahora a la empresa Danicafruits S.A. donde las paralizaciones de actividades han sido noticia debido a los retrasos en los pagos de sueldos y al incumplimiento de sus derechos laborales. (https://www.aldia.com.ec/trabajadores-paralizaron-el-embarque-por-falta-de-pago/) 

En los registros de la Superintendencia de Compañías Danicafruits aparece constituida el 21 de marzo de 2019, sus accionistas originales fueron: Randy Ramírez Ruiz (presidente) y Danilda Zambrano Marte (gerente). Hernán Zambrano compró el 50% de las acciones en julio de 2019 a Randy Ramírez y se convirtió, junto a su esposa Danilda Zambrano, en dueño de esta compañía.

Según varios trabajadores consultados, a partir del cambio de dueño han sido despedidas al menos 25 personas de la hacienda Danica (como la denominan ahora), a quienes todavía les adeudan sus liquidaciones. Al momento 45 personas se mantienen trabajando en esa plantación, de los cuales 40 no están afiliadas al seguro social. 

Danica no solo está en mora con el IESS, a nivel societario tampoco ha cumplido con la presentación de las contribuciones de 2022 a la Superintendencia de Compañías y según el informe de gerencia de la empresa las utilidades fueron de apenas $77,54 en 2021.

Los trabajadores refieren que en varias ocasiones Zambrano ha prometido actualizar sus aportaciones al IESS. El último ofrecimiento fue que hasta diciembre de 2022 pagaría todos sus pasivos laborales. René Contreras asegura que las deudas con los trabajadores suman ya $280.000. 

Mujeres enfrentan mayor carga laboral y menor pago

Paulina es el nombre protegido que usaremos para una trabajadora del sector bananero a quien despidieron en septiembre del 2022 de la hacienda La Emperatriz, sin ninguna explicación, luego de casi 10 años de desempeñar las más variadas tareas. “Lo que me ponían a hacer yo me desenvolvía”, cuenta resignada.

Desde las 6:00 que empezaba sus labores Paulina se dedicaba, unas semanas a desflorar, otras a sellar y otras a lavar los protectores que se sacan de la fruta. Este lavado es para evitar la presencia de insectos como la cochinilla, una plaga que succiona la savia de las plantas y transmite el BSV (Banana Streak Virus), según el Magap y Agrocalidad. “Su presencia en la fruta de exportación es causa de rechazo en países importadores”.

Las jornadas de Paulina, muchas veces, se extendían de lunes a sábado y sin hora fija de salida. En promedio 12 horas diarias. “A veces nos pagaban $10 a las mujeres si hacíamos 1.000 cajas al día. Si llegábamos a las 2.000 cajas podíamos ganar unos $13 hasta $16”.

Es decir, en el mejor de los escenarios podía obtener $384 mensuales, pero en la práctica su ingreso mensual promedio no sobrepasaba los $280. Todo dependía de la decisión de los directivos de la hacienda, pues nadie le explicó nunca los parámetros que se usaban para calcular el monto que le pagaban.

En esta hacienda La Emperatriz, ubicada en la parroquia Ricaurte del cantón Urdaneta (Los Ríos), Paulina no solo no percibió el salario básico, sino que tampoco accedió a ningún otro beneficio de ley y cuando fue despedida no recibió liquidación. “No tengo ningún papel que diga que yo he trabajado en esa hacienda. Nunca nos dieron un rol de pagos. El capitán coge los nombres y solo él firma”.

Al no tener contratos la desprotección es el común denominador de muchas de las trabajadoras. “Por eso a uno solo le avisan hasta hoy trabajaste y si se dice algo ellos salen más bravos. Uno siempre tiene que agachar la cabeza”, se lamenta. Hay temor de exponerse, en cierta ocasión una de sus compañeras exigió que le paguen, pero el dueño la echó de la hacienda con un revólver en mano. 

La desigualdad de condiciones de trabajo respecto a los hombres es evidente para las trabajadoras de las plantaciones bananeras. Paulina asegura que una mujer puede recibir en promedio unos $15 diarios, pero los hombres ganan entre $25 y $30. El argumento de los directivos de la hacienda es que los hombres tienen mayor fuerza y producen más. Pero las mujeres no solo realizan labores similares sino incluso tienen una mayor carga de trabajo en el mismo período.

Marisela Guzmán, coordinadora de la Asociación Sindical de Trabajadores Bananeros, Agrícolas y Campesinos (ASTAC) dice que el 80% de las mujeres que trabajan en las plantaciones están sometidas a esta forma precaria de trabajo. Las mujeres son una gran minoría en el sector, pues representan entre el 12% y el 15% de un aproximado de 200.000 trabajadores bananeros a nivel nacional, pero esta minoría está prácticamente a la deriva, a criterio de Guzmán porque está expuestas además al acoso y hostigamiento cuando están embarazadas y una vez que dan a luz las madres no pueden hacer uso del horario de lactancia.

Por si todo esto fuera poco Paulina explica que cuando apareció la pandemia de Covid 19 la hacienda La Emperatriz retuvo a los trabajadores casi la mitad del sueldo argumentando que por esta coyuntura no les pagaban completo y los demás ingresos quedaría guardados en la empresa, como una especie de ahorro hasta que todo vuelva a la normalidad. “Esa plata se quedó con ellos, nunca nos devolvieron”. 

En otras palabras, durante más de 2 años no les pagaron todo el sueldo y si los trabajadores reclamaban los despedían.

Paulina tiene tres hijas que mantener. Está sobreviviendo con la cosecha de cacao un día a la semana. No concibe más opciones que volver sus ojos al campo porque dice que no hay otras actividades que pueda hacer, por eso su mayor esperanza es conseguir trabajo en alguna otra plantación bananera, en enero de 2023 en que comienzan a contratar gente.

Despedir a madres gestantes también es otra cara del drama que viven las mujeres que trabajan en las bananeras. Las historias de Isabel Oquendo Cárdenas y Yanina Vera Zambrano se conectan no solo por haber trabajado en el mismo lugar, la hacienda Marianela del grupo Banasoft (recinto Guare, vía Baba), sino porque ambas fueron despedidas casi al mismo tiempo cuando estaban embarazadas.

Isabel estuvo 8 años en la compañía Banasoft. Trabajaba desflorando, pero el pasado primero de octubre, mientras cumplía los 6 meses de gestación, la despidieron sin darle ninguna razón. Sus patronos le convencieron de que al ser una trabajadora eventual no tenía derecho al salario básico, a la afiliación, ni a los demás beneficios de ley. No obstante, ella inició en su trabajo cumpliendo jornadas a tiempo completo. No era una trabajadora eventual. 

Jorge Acosta, presidente de la Asociación Sindical de Trabajadores Bananeros, Agrícolas y Campesinos (ASTAC) explica que si luego la empresa le asignó otras tareas con otros horarios más bien ya se configuraba un despido intempestivo y que aun siendo eventual la empresa no estaba exenta de pagarle todos los beneficios de ley.

Isabel narra que había semanas en las que trabajaba todos los días desde las 07:00 hasta las 17:00 o 18:00. Su nivel de ingresos dependía del número de días trabajados y de la cantidad de cajas alcanzada. Variaba de $220 hasta $400. Esta trabajadora de 32 años no solo tiene dos hijos, también un nieto que está bajo su responsabilidad. Recibió una liquidación de apenas $2.450. 

Yanina de 36 años trabajó en la hacienda como desfloradora y medidora, por 15 años, de los cuales 12 estuvo afiliada al IESS, no obstante, nunca percibió el salario básico. Alcanzaba un promedio de $300 mensuales. A inicios de octubre pasado, cuando tenía 3 meses de embarazo, le dijeron que ya no había trabajo para ella y luego de un mes junto a otros despedidos, le entregaron una liquidación de $5.500. “Nosotros firmamos que habíamos recibido el pago, pero ellos nos pusieron descuentos tras descuentos, sin ninguna razón”. 

Es una modalidad de varias empresas bananeras dar liquidaciones de las que deducen supuestos créditos entregados a los trabajadores, bajo el nombre de sobregiro. Pero esta estrategia -afirma Jorge Acosta, presidente de ASTAC – solo sirve para reducirles el sueldo a los campesinos, quienes nunca reciben los supuestos préstamos.

Cuando Yanina aún trabajaba en la plantación le descontaban un rubro por vacaciones, pese a que nunca accedió a ese descanso en 12 años de trabajo y menos aún recibió el equivalente en dólares por tales vacaciones. Es decir, esta trabajadora firmaba roles de pago por ingresos que no correspondían a la realidad.

Isabel y Yanina presentaron demandas por despido ineficaz lo que implica un pedido de indemnización por despido intempestivo y un año más de sueldo por haberles separado de sus trabajos mientas estaban embarazadas. Están solicitando una indemnización de alrededor de $20 mil cada una. 

En total, 64 personas fueron despedidas de la hacienda Marianela, de las cuales 14 son mujeres. 

El estigma de ser parte de un sindicato

El respeto a los derechos de los trabajadores a organizarse y protestar aún es un mito en el campo y las plantaciones bananeras no son la excepción.

En la publicación realizada por varias organizaciones sindicales del país como CEOSL, UNE y FETRAPEL, titulada `Observaciones Sindicales a la Implementación de los Convenios 87 y 98´ se concluye que Ecuador tiene una de las tasas de sindicalización más bajas, la cual se estima entre el 2% y el 3,8% de la fuerza laboral.

Desde su conformación en febrero de 2014, hasta mayo de 2021 en que fue reconocida como organización sindical, han pasado 6 años y medio en que ASTAC ha enfrentado varios embates desde el empresariado bananero y del mismo Estado. Los obstáculos para actuar en representación de los trabajadores no han terminado. Y para informar sobre ellos ASTAC hizo un encuentro en noviembre pasado con sus afiliados. 

Junto a uno de los caseríos que se levantan a un lado de la carretera en el sector de la Isla de Bejucal (cantón Baba-Los Ríos), se congregó un grupo de trabajadores bananeros a quienes Jorge Acosta y Marisela Guzmán, presidente y coordinadora de ASTAC respectivamente, expusieron un nuevo capítulo de los últimos escollos jurídicos impuestos a la organización: el Ministerio del Trabajo negó el registro de su nueva directiva. 

La negativa provocó la reacción de ASTAC y presentó una apelación a lo resuelto por el Ministerio del Trabajo con el argumento de que el Ministerio de Trabajo no puede solicitar requisitos que no están establecidos en la ley, pues restringe derechos, como el de libertad sindical y libertad de organización de los trabajadores. El Ministerio del Trabajo aún no ha resuelto ni contestado la apelación de ASTAC.

No solo comercio justo, también pago justo con respeto a los DD.HH.

Con este panorama de explotación laboral, el sector bananero ecuatoriano deberá encarar nuevas reglas de juego en el mercado alemán, al que se exportaron 148.866 toneladas de fruta entre enero y octubre de 2022, por $71,5 millones, siendo el cuarto destino más importante de venta de banano a la Unión Europea, de acuerdo con las estadísticas del BCE.

Desde el primero de enero de 2023 entrará en vigencia una ley en Alemania que obliga a las grandes cadenas de supermercados a que antes de comprar el banano ecuatoriano tomen en cuenta las condiciones de trabajo con las que se lo produce. Tanto estos centros de expendio como el consumidor alemán han ignorado que detrás de la producción y la comercialización del banano hay precarias realidades laborales de esta cadena productiva.

Con el objetivo de prevenir las violaciones de derechos humanos en las cadenas de suministro de productos que se comercialicen en Alemania el parlamento de ese país, aprobó en junio de 2021 la ´Ley sobre los deberes de diligencia debida de las empresas en las cadenas de suministro´ (Lieferkettengesetzes). 

Esta norma se aplicará a todas las empresas que mantengan operaciones en Alemania o que tengan una filial en cualquier parte del territorio alemán. En consecuencia, la ley también alcanza a sectores como banca, servicios financieros o servicios de auditoría.

Solo Francia y Países Bajos antecedieron a Alemania con este tipo de normativa que regirá para empresas de más de 3.000 trabajadores y para sus proveedores directos e indirectos. En este universo de empresas también están los supermercados que compran el banano ecuatoriano. Uno de cada tres bananos que se consume en Alemania viene de Ecuador.

Según constan en esta Ley, la cadena de suministro a la que las empresas alemanas deberán analizar incluye todas las etapas necesarias para la fabricación de productos y la prestación de servicios, desde la extracción de materias primas hasta la entrega al cliente final.

Para efectos de esta norma se consideran riesgos para los derechos humanos cuando las empresas violan 12 tipos de prohibiciones. Algunas de ellas son: la esclavitud, servidumbre y otras formas de opresión en el lugar de trabajo. Implica además la prohibición de ignorar las obligaciones en materia de salud y seguridad, la falta de medidas de protección adecuadas para evitar los efectos de las sustancias químicas, físicas o biológicas, entre otras. 

Considera además la prohibición de no respetar la libertad de asociación, la desigualdad de trato en el empleo o privar al trabajador de un salario adecuado que es al menos el salario mínimo.

Las sanciones económicas para las empresas alemanas que incumplan pagarán entre los 100 mil y los 800 mil euros dependiendo del tipo de infracción. En una entrevista concedida en junio de 2021 por el economista profesor Achim Truger al portal alemán Deutschland, dijo que las empresas hicieron un compromiso voluntario de cumplir este tipo de normas desde 2011. Sin embargo el 80 % de esas compañías aún no han aplicado su promesa y por eso se ha tenido que tomar medidas políticas.

En Ecuador no han sido ampliamente difundidos y debatidos los alcances de esta norma pero en foros específicos del sector bananero sí ha despertado la preocupación. En junio de 2021 el Clúster Bananero del Ecuador (representa a productores y exportadores de banano) organizó el evento online “Hacia un Banano Justo – Responsabilidad compartida entre productores y comercializadores”, donde varios de los actores involucrados directa e indirectamente en el tema expusieron sus posiciones.

El punto de mayor preocupación de todos los sectores se resume en los costos que implicará cumplir con la normativa de ´Diligencia Debida´ de la ley alemana.

José Antonio Hidalgo, director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador, resaltó que la responsabilidad debe ser compartida para distribuir los costos de manera equitativa entre todos los agentes de la cadena de valor, desde los productores, hasta los consumidores. 

Las iniciativas para exponer las condiciones del sector laboral de la industria bananera se han originado en organizaciones internacionales de defensa de derechos humanos. En noviembre de 2022, una delegación de la ONG internacional Oxfam mantuvo reuniones con decenas de trabajadores bananeros y líderes sindicales en varios sitios de las provincias de Los Ríos y Guayas para conocer de primera mano las circunstancias en las que se desenvuelve su actividad laboral. 

El objetivo fue recoger y procesar testimonios, información y documentos para presentarlos a los grandes supermercados y autoridades alemanas como pruebas de la precariedad de las labores agrícolas en las plantaciones desde la perspectiva de los derechos humanos de los trabajadores. 

Se le “perdió” el control al Ministerio del Trabajo

El centro de derechos humanos ABA, Asociación Americana de Abogados tras su visita al Ecuador en julio de 2022 identificó al menos una decena de violaciones a los derechos laborales de quienes trabajan en el sector bananero. Entre los principales hallazgos destaca el pago irregular de salarios, muchas veces por debajo del mínimo que para el 2022 fue de $425 mensuales. Se puntualiza que, si bien a los trabajadores bananeros se les paga según una escala basada en el tipo de actividad, tienen derecho por ley al salario básico. 

Según ABA, la mayoría de los trabajadores señalaron que no han recibido los decimotercer y decimocuarto sueldos. Todos los trabajadores, con excepción de quienes trabajaban para Reybanpac, se quejaron no solo de no acceder a vacaciones sino también a la falta de licencias por enfermedad. “Al menos dos indicaron que se les exigió enviar a un familiar para que les sustituyera los días que estuvieron enfermos”. 

En cuanto al derecho a organización sindical, tres trabajadores denunciaron que fueron despedidos en Reybanpac tras unirse a ASTAC y para darles una baja indemnización les pidieron firmar una renuncia.

Una de los mecanismos utilizados por las empresas como represalia a la afiliación sindical es el uso de las denominadas listas negras y ABA lo corroboró. Trabajadores, representantes de sindicatos y abogados “hablaron de bases de datos informales compartidas entre empleadores que enumeran a los trabajadores que pueden haber causado «problemas» en el pasado, por ejemplo, estar involucrados en actividades sindicales o participar en quejas contra sus empleadores”.

Otro factor que aumenta la vulnerabilidad de los trabajadores es el Sistema Informático de Trámite Judicial (SATJE) donde se consulta el estado de los procesos judiciales, éste proporciona información sobre los trabajadores que han demandado a sus empleadores y estos datos son usados para negarles acceso al trabajo.

El informe también señala también retrasos significativos en el registro de sindicatos. El Código del Trabajo fija 30 días para revisar la solicitud de registro, pero las organizaciones citaron varios ejemplos en los que el registro demoró meses e incluso años después de la presentación de la solicitud. También señalaron que el Gobierno tiende a solicitar documentación excesiva y que está fuera de los requisitos del Código del Trabajo. 

El acceso a representación legal es otro obstáculo importante para los sindicatos que están sobre todo fuera de Quito y un desafío mayor para los trabajadores individuales. El Centro habló con 11 abogados laboralistas que señalaron que faltaban abogados especializados en esta rama, especialmente fuera de Quito. Los casos laborales tardan años en resolverse y los abogados no pueden asumir los costos por honorarios, especialmente en áreas remotas. “Algunos abogados expresaron su preocupación por su seguridad y señalaron que conocen de colegas asesinados por representar casos de derechos laborales particularmente polémicos”.

Periodismo de Investigación solicitó una entrevista al ministro del Trabajo, Patricio Donoso para conocer su posición sobre las condiciones laborales en la industria bananera, los desafíos de la ley de Debida Diligencia y el contenido del informe del Centro de DD.HH. de ABA, sin embargo, hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

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