Mes: mayo 2024

De izq. A der.: Pedro Álava, exministro de Agricultura y Ganadería; Rubén Cherres, empresario guayaquileño; una persona no identificada; y, Danilo Carrera, involucrado en el caso Encuentro y cuñado del expresidente Guillermo Lasso. Foto: Tomada del informe del Frente Parlamentario Anticorrupción

“La dignidad de Danilo Carrera, a quien estimo, aprecio y valoro mucho, no puede ser afectada. Es un hombre intachable que no puede ser usado como símbolo de la corrupción». Así reaccionaba el expresidente Guillermo Lasso, el 12 de enero de 2023, a los señalamientos contra su cuñado, como presunto responsable de armar una estructura criminal para aprovecharse de recursos públicos a través de contratos millonarios en el sector eléctrico, Aduanas y BanEcuador y, además, contratar, junto con su socio y amigo Rubén Cherres, a funcionarios afines a sus intereses.

Lasso lanzó públicamente una férrea defensa a la honorabilidad de su cuñado mientras el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), la institución que rige el sistema nacional de inteligencia y que está bajo las órdenes del Ejecutivo, investigaba la corrupción de personajes involucrados en los desfalcos de dinero público y que hoy están procesados en el caso denominado por la Fiscalía como ‘Encuentro’.

Carrera Drouet es parte del grupo de siete procesados por el presunto delito de delincuencia organizada que tienen prisión preventiva y el 26 de junio próximo deberán acudir a la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio que ya acumula un total de 430 cuerpos del expediente fiscal.  

Danilo Carrera cumple la prisión en su casa por ser una persona de la tercera edad, mientras que los otros, Hernán Luque Lecaro, ex presidente del Directorio de las Empresas Coordinadoras de Empresas Públicas ( EMCO), se encuentra en Argentina a la espera de la apelación a su proceso de  extradición que ya fue aprobado; Leonardo Cortazar, delator y operador del esquema de corrupción en el sector eléctrico se encuentra  en Panamá y está en marcha el trámite de un pedido de extradición en su contra; y Gabriel Nain Massuh, acusado de manejar varias unidades de negocio del área eléctrica, evade por el momento  la prisión preventiva  en Estados Unidos porque cuenta con una visa que le otorgaron por seis años antes de ser procesado por la Fiscalía.

También fueron vinculadas al caso, Karen Cornejo Ortega, operadora de Antonio Icaza Morla, exgerente de la Corporación Nacional Eléctrica (CNEL), y Ericka Farías Martin, exgerente de tres empresas que contrataban con el CNEL de la mano de Cortazar.

Los demás encausados, Julio León Baquerizo, Roberto Bueno Zarria e Icaza Morla, tienen prohibición de salida del país. Y Jorge Orbe Calderón, debe presentarse una vez por semana en el Consulado de Ecuador en Miami.

A Danilo Carrera Drouet, la Fiscalía lo acusa de aprovecharse del parentesco con Guillermo Lasso para obtener contratos en empresas estatales y réditos económicos. Esa acusación se sustenta en un informe pericial de audios, videos y teléfonos ‘interceptados’ y obtenidos judicialmente especialmente a los de su socio y amigo Rubén Cherres Faggioni, quien fue asesinado en marzo de 2023.

A esto se suma un extenso análisis financiero de sus cuentas personales en las que llama la atención las transferencias recibidas por USD$ 7,2 millones entre los años 2021 y 2022.  El 1,1% de esos recursos corresponde a depósitos y el 98,90%, a transferencias.

Entre esas trasferencias aparecen USD$ 1,1 millones en el mismo periodo, que fueron realizadas a través del Banco Central del Ecuador (BCE), lo que hace pensar según analistas económicos, que Carrera era beneficiario de papeles del Estado como bonos por los que recibió y recibe rendimientos financieros.

Además, tiene registros de salida de recursos a Estados Unidos, España, Namibia y Panamá por cerca de medio millón de dólares entre el 2021 y 2023.

El cuñado de Guillermo Lasso tiene solo un pago de Impuesto a la Renta por USD$33.931 en 2021. En los dos siguientes años, no hay registros, según la investigación de la Fiscalía.

De los audios y transcripciones reveladas por el Ministerio Público y que son parte de la investigación que se describe en más de 60.000 hojas, se conocen extractos de diálogos que confirmarían que el ex primer mandatario tuvo acceso por anticipado a información sobre los actos de corrupción de su cuñado y del grupo de funcionarios públicos y sus operadores.

Por las referencias que se hacen a lo largo de los diálogos se puede identificar al anfitrión, Naín Massuh, alias ‘turco’. Las reuniones se realizaban en su casa ubicada en la ciudadela Palma Mayorca, en el cantón Samborondón, Guayaquil.

El 11 de enero de 2023, Massuh, quien aparece en las transcripciones como Voz Masculina 1 (VM1), contó a su interlocutor con el nombre de VM4 que había recibido una llamada para informarle que en el CIES se prepara un informe para el presidente Guillermo Lasso sobre la grabación (de un video) que realizó en su casa a Leonardo Cortazar.  “La verdad que yo no he escuchado, dicen que han quitado todos los ruidos (del audio) y que es mi voz y todo esto lo está haciendo Galo Robalino”.

En esa fecha Galo Robalino, amigo cercano al expresidente Lasso, ya no trabajaba en el CIES. Él fue destituido del cargo el 21 de septiembre de 2022, luego de pasar apenas 20 días como director de inteligencia. Pero Robalino ya investigaba a Massuh desde 2021, mientras se desempeñaba como subdirector del CIES en el Gobierno de Lenin Moreno. Le seguía la pista por la venta de una estructura tecnológica al propio Centro de Investigaciones Estratégicas. En un informe al que accedió MILHOJAS dicha estructura tecnológica se usó para la “venta de datos públicos reservados del Registro Civil, Migración, Corporación Nacional de Telecomunicaciones, entre otras”.

Según ese informe, cuando se hizo la investigación no se encontró evidencia de que la administración de este aplicativo fue realmente entregado a la Policía nacional como estaba estipulado. Y más bien se encontró que Massuh actuaba como administrador de la base de datos alojada en esta estructura tecnológica. Robalino reveló estos hallazgos al entonces presidente Lasso.

Massuh, de acuerdo con ese documento, ha tenido diez procesos judiciales en su contra. Fue detenido el 7 de septiembre de 2015 por un homicidio simple. A su historial delictivo se añaden procesos por daños y perjuicios, concurso de acreedores, defraudación, estafa y reserva de dominio.

‘El turco’ fue beneficiado con millonarios recursos por esta plataforma tecnológica con la complicidad de funcionarios del propio CIES, además de contratos ficticios.

Pero en las grabaciones de Encuentro Massuh seguía preocupado por el contenido de este informe pensando que revelaría detalles de una supuesta grabación de Cortazar.

VM2 De qué grabaciones (hablas)?

VMI (Massuh) las tuyas, las grabaciones a (Leonardo) Cortazar que han sido en mi casa. Y que el informe lo está haciendo Galo Robalino y como tu hablas con él, aunque él va a decir que no, pero es importante que él sepa, dile, haz bien el informe, no es ahí. Dile si yo puedo ayudar, y yo puedo ser su amigo, de hecho él es mi amigo.

En otro diálogo en ese mismo día 11 de enero de 2023, entre Massuh, VM4 y un tercer visitante, VM3:

VMI (Massuh) Hay un informe de inteligencia, que dice que la grabación (con Cortazar) se hizo en esta casa y que ya pana, soy yo. Evidentemente todo es falso. Yo borro todo.

VM4 Eso no sabía, pero ¿no fue aquí?

VM1 No, esto fue hace seis meses hermano

VM3 Pero ahorita (Cortazar) ya no puede regresar al país. Operar a él ya se le acabó. Quién chucha va a querer operar con él, dime.

VM4 Él dice, que va hacer cooperación eficaz y eso implica que diga más, más se hunde

VM1 Cooperación eficaz es decir todo y con pruebas. Si no hay pruebas no vale. Lo que le pasó a Capaya. Yo le di a Eduardo Sánchez 50 millones, dónde están?

En la tarde del 11 de enero, Massuh con otros visitantes a su casa les comentó:

VM1 (Massuh) Llama Galo Robalino… me dice mañana ven a ver un documento, ya lo se todo, ya los tengo en la mira.

VM2 No sé quién es él

VM1 Galo Robalino fue nombrado para el CIES dos días y lo sacaron y el hijueputa es quien arma los informes con Vargas y con (Francisco) Jiménez.

Massuh se refiere al general Mauro Vargas.

Tras la filtración (el 14 de marzo de 2023) de una conversación en la que Vargas y el general Geovanny Ponce decidían el archivo del caso León de Troya que investigaba a presuntos involucrados en actividades de narcotráfico, Lasso pidió la desvinculación de ambos oficiales de la Policía Nacional.  Lo que llama la atención es que en realidad nunca hubo investigación interna a Vargas y Ponce por haber resuelto archivar la investigación León de Troya. Es más, el entonces ministro del Interior, Juan Zapata, anunció que los dos miembros del alto mando tenían derecho a tomar sus vacaciones hasta que se concrete el trámite de su desvinculación.

El peso de los hallazgos en la investigación de León de Troya fue tan gravitante en esta trama que la Fiscalía incorporó al expediente 336 del caso Encuentro un informe del Frente Parlamentario Anticorrupción.

En él se detalla que el 7 de julio de 2021 Guillermo Lasso recibió información de la ex comandante general de Policía, Tannya Varela y del coronel José Luis Erazo, en el que se revelaba la relación de Cherres con grupos de delincuencia organizada que se dedicaban al tráfico de droga, “y los vínculos directos del señor Cherres con el señor Danilo Carrera, como parte de las investigaciones del caso ‘León de Troya’.

Días después, de la visita de Varela y Erazo al presidente Lasso se allanaron las oficinas de la Unidad Nacional de Investigación contra el tráfico interno y se incautaron los discos duros.  Erazo fue trasladado (con el pase) a la ciudad de Guayaquil, contó a MIL HOJAS un miembro de la Policía Nacional que pidió la reserva.

En el informe del Frente Parlamentario (de diciembre de 2022) se indica que el presidente y su gobierno guardaron silencio por 551 días. “Es conocido que hasta hoy no se ha podido evidenciar que el presidente Lasso o alguna autoridad delegada por él haya solicitado información adicional sobre estas investigaciones o peor aún haya iniciado acciones penales contra funcionarios públicos o personas particulares por el presunto delito de tráfico de influencias, toda vez que el presidente tuvo pleno conocimiento de las gestiones de entrega de cargos públicos presumiblemente por intermedio de su cuñado Danilo Carrera”.

Los resultados de las investigaciones que hasta entonces se realizaban por cuerdas separadas en los casos Encuentro y León de Troya reflejaban un esquema de corrupción sistemático contra la administración pública que condujo a la Fiscalía a unificarlos en octubre de 2023.

Varela, Ponce y Vargas enfrentan actualmente una indagación previa por presunta asociación ilícita. El caso se llama “Poder Policial” y según la fiscalía general se indaga si los altos mandos policiales se articularon con el fin de beneficiar a los infractores del caso León de Troya, con cambios de personas y dejar en la impunidad hechos delictivos.

Los altos contactos de Cherres

Con antecedentes por narcotráfico y estupefacientes, Rubén Cherres, una de las piezas clave del caso Encuentro, logró escalar y posicionarse como un personaje de ‘altos contactos’ en los diferentes gobiernos de turno. Se jactaba de su cercanía con políticos como la exalcaldesa de Guayaquil Cynthia Viteri y el ex asambleísta Pocho Harb. También le unía una amistad con José Nebot, hermano de Jaime Nebot, líder socialcristiano. Además, tenía relación con policías como el general en servicio pasivo Víctor Araus y manejó por años, con sigilo, su cercanía y negocios con narcotraficantes como el albanés Djika Dritan.

En interceptaciones telefónicas realizadas por la Policía, el 1 de julio de 2021, Cherres pide a su ‘compadre’ Danilo Carrera hablar con Guillermo Lasso sobre el ascenso de Víctor Araus. “Te acuerdas de nuestro general amigo que fue hablar contigo, ¿el que fue a tu casa? te va a llamar a agradecer, toma nota del número”, le insiste Cherres. Una semana después, Araus fue dado de baja por decisión presidencial.

El general en servicio pasivo también aparece en otros diálogos en la casa de Massuh. Según la Fiscalía, Araus habló seis veces con el exmandatario Rafael Correa y este le propuso ser candidato a la Asamblea Nacional por la Revolución Ciudadana. Pero con la condición de que antes limpie su nombre. Aunque Araus aseguró que esas transcripciones son falsas. “Fueron otros movimientos políticos los que me propusieron ser candidato a la Asamblea, incluso este mismo Gobierno, y a todos les dije que no”, señaló el general en su cuenta de X.

El 9 de agosto de 2021 en una llamada de Pocho Harb a Cherres, hablan sobre la ‘pelea a muerte’ entre José Nebot y el expresidente Guillermo Lasso. Cherres le explica que existe resentimiento en Nebot porque le pidió el consulado de Francia y ‘Lasso no cumplió su palabra’ y prefirió nombrar a Óscar Orrantia.

Cherres: Me reuní hace dos días en la casa de él (José) y me dijo que Lasso ahora tiene dos enemigos, mi hermano (Jaime Nebot) y él.

Harb: Aquí entre nos, (Lasso) me ha incumplido y ha incumplido a un poco de gente hermano

Cherres: Así es. Está jodido hermano, a este paso no creo que dure mucho

Harb: ¿Y qué dice Danilo?

Cherres: No sé. Viene recién mañana en la noche.

Rubén Cherres, su novia y un amigo fueron asesinados en Santa Elena, en una casa de Punta Blanca en marzo de 2023. Cherres fue calificado por la Fiscalía junto con Danilo Carrera como las cabezas de la organización delictiva luego de seis meses de investigaciones que inició el 20 de enero de 2023 con el allanamiento de su vivienda ubicada en la urbanización Capri en Samborondón, provincia del Guayas.

En la residencia de Cherres, vivía Natalia Moreira Sierra y su hijo Allan Zenk Moreira, a quien le incautaron también sus dispositivos electrónicos, según el parte policial de esa noche junto con los de Cherres y sus más de veinte relojes de lujo. Moreira aparece en uno de los mensajes interceptados en el proceso de investigación del caso Encuentro en los que hablan con Cherres sobre el nuevo puesto de trabajo para el hermano de este en BanEcuador.  Ella pregunta si hay contratos para participar en la empresa eléctrica porque le interesa participar.

En conclusión, si bien no todas las transcripciones que se encuentran en el expediente del caso Encuentro están completas porque algunos audios no son claros, ya hubo hallazgos de otras instituciones del estado sobre los irregulares negocios de Nain Massuh con el sector público y las conexiones de este, Cherres y Carrera con el crimen organizado.

Es decir, los dos informes mencionados anteriormente:  uno del mismo gobierno y otro del Frente Parlamentario, ya habían revelado no solo los actos de corrupción de Massuh en la provisión e instalación de infraestructura tecnológica para la entidad que maneja el sistema de inteligencia del Estado, sino también los vínculos de Massuh, Rubén Cherres y Danilo Carrera, con grupos de delincuencia organizada y tráfico de drogas.

Estos documentos confirman que Lasso conoció de las conexiones de su cuñado con el narcotráfico y de los presuntos ilícitos de Massuh en el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES).

Cuál es la situación financiera de Luque, Cortazar, Icaza, Orbe, Bueno y León

Hernán Luque está detenido en Argentina desde el 8 de febrero de 2023 y la Fiscalía espera extraditarlo en “los próximos días” una vez que se resuelva la apelación presentada a la justicia de ese país.

Según la investigación financiera, realizada dentro del caso Encuentro, a Luque y su esposa Sandra Cherres Alvarado, prima del asesinado Rubén Cherres, este exfuncionario de la EMCO traspasó sus bienes a sus tres hijos bajo la figura de donación. Sus dos hijas que viven en España y en Argentina, firmaron un poder para que su hermano mayor Roberto sea el representante legal para tomar decisiones sobre una casa y una oficina que les fueron donadas.

Las cuentas de Luque según la Fiscalía registran ingresos por USD$ 104.519 entre los años 2021 y 2022. El 21,10% corresponde a depósitos y el restante 78,90%, a transferencias. Las transferencias recibidas en ese periodo sumaron un total de USD$ 82.469, de ese monto, USD$ 70.656 se transfirieron a través del Banco Central del Ecuador (BCE).

Según la Unidad de Análisis Financiero, Leonardo Cortazar no registra ningún movimiento superior a los USD$ 10.000 en sus cuentas bancarias personales.

Mientras que Antonio Icaza Morla, en los dos años analizados, sus cuentas recibieron 102 depósitos que sumaron en ingresos USD$ 586.139. Las transferencias a través del Banco Central fueron de USD$ 71.601.

Las cuentas de Orbe, Bueno y León no fueron investigadas. Pero según el expediente de Encuentro hay documentos de notarías sobre el traspaso de bienes a los hijos menores de edad de Roberto Bueno Zarria y su esposa María Isabel Merizalde. Ella es hija del ex comandante de la FAE y ex feje del comando conjunto de las Fuerzas Armadas, César Merizalde Pavón, de la época del presidente Rafael Correa.

El mecanismo no era nuevo, pero se volvió uno de los más usados por la mafia albanesa que opera en Ecuador: en cargamentos que salían de los puertos ecuatorianos como exportaciones de banano se movilizaron miles de kilos de cocaína hacia Europa. Iban camuflados bajo la modalidad de gancho ciego, es decir introducidos directamente en los contenedores, o mediante una técnica que altera su estructura, pues se ocultan en el doble fondo o doble pared en el caso de aquellos containers refrigerados.

Entre 2015 y 2024 este ingente negocio ha significado el lavado de más de USD$31 millones, de acuerdo con reportes del sistema financiero nacional dentro del caso llamado Pampa. Varias compañías que operan en Ecuador y España son investigadas como parte de esta trama de actividades ilegales.  

Este caso tiene su origen en una investigación denominada “León de Troya”, iniciada en 2021, luego de que la Policía Nacional Antinarcóticos, mediante una fuente reservada, conociera sobre la existencia de una organización criminal que se dedicaba al narcotráfico. La estructura era la responsable del envío de grandes cargamentos de droga desde Ecuador a varios destinos en Europa como Bélgica, Países Bajos, España, entre otros. “Se presume que existe una organización delictiva que se dedicaría al tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización entre las provincias de Manabí y el Guayas; sustancias obtenidas desde las provincias fronterizas de Loja y el Oro para su posterior envío hacia mercados internacionales y de consumo interno”, concluyó la Unidad Nacional de Investigación Contra el Tráfico Ilícito para el Consumo Interno de la Policía Nacional, en un informe del 15 de enero de 2022.

El líder era Dritan Gjika, alias “Tony”, de 48 años, natural de Shkodër, una ciudad del noroeste de Albania, que ingresó a Ecuador el 26 de noviembre de 2009 en un vuelo proveniente de Albania. La poderosa organización internacional dedicada al tráfico de cocaína a gran escala y al lavado de activos provenientes del narcotráfico estaba integrada por ciudadanos ecuatorianos, colombianos, argentinos, albaneses, un chino, extranjeros con antecedentes criminales, empresarios y lobistas.

Para conocer cómo funcionaban y se conectaban ambas actividades delictivas en el Ecuador la Fiscalía General del Estado y la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE, con apoyo de la policía europea, han seguido la pista de 13 personas naturales y 12 empresas relacionadas con el albanes, como parte de la “operación Pampa”.

Por tráfico de drogas y delincuencia organizada están detenidos: Julio Lalangui Medina, Julio Lalangui Pillasagua, Jairo Muñoz (colombiano), John Espinar, Jonathan Lalangui, Olmer Jara, Jesús Espinoza, Javier Intriago, Alex Quirola, Juan Yuquilema, Yongdeng Zhuang, Andersson Coppiano, Miguel Álvarez, Héctor Pesántez, Marco Morocho y Evellyn Loor.

En un comunicado la Fiscalía señaló que “todos los procesados trabajarían para el narcotraficante de origen albanés Dritan Gjika, quien se encuentra fuera del país, en calidad de prófugo”.

Por lavado de activos se investiga a: Dritan Gjika, el argentino Mario Sánchez Rinaldi, Carlos García, Julio Lalangui Medina, Julio Lalangui Pillasagua, Jonathan Landívar, Bryan Lalangui, Javier Cevallos, Teresa Pillasagua, Jairo Muñoz, Carina Espinoza, Yongdeng Zhuang, Pablo Hidalgo y las empresas Damascoswett S. A., Agricomtrade S. A., Sentilver S. A., Cresmark S. A., Negoglobal S. A., Ingrener S. A. Holtexsa S.A. y Carniproducción S.A.  

Los acusados, según la Fiscalía, crearon varias empresas -y utilizaron otras ya existentes- para ocultar el origen ilícito del dinero. Estas compañías se dedicaban a la exportación de productos agrícolas -principalmente banano-, a la compraventa de bienes inmuebles y la producción de cárnicos y cannabis. En este período, Gjika y sus colaboradores compraron vehículos de alta gama, terrenos, casas, oficinas, bodegas, parqueaderos, entre otros. Los bienes están ubicados en las provincias del Guayas, Los Ríos, Cotopaxi y Santa Elena.

En el portal de la Superintendencia de Compañías se puede evidenciar las vinculaciones entre los cuatro principales acusados de lavado de activos mediante las empresas que administran y en las que son accionistas, como se expone en el siguiente cuadro:

Confiscaciones y decomisos en cargamentos contaminados, el modus operandi

Las investigaciones revelaron que en varios de los cargamentos de exportación de las empresas Damascoswett, Frutadeli, Green Life Fruit, Tropicalrepublic y Soprisa se decomisó cocaína, según reportes de la Unidad de Información de Puertos Aeropuertos (UIPA) de la Policía y el Departamento de Análisis de Información de la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas.

Estas compañías eran proveedoras de Sentilver S.A. (relacionada con Carlos García) y Agricomtrade S.A., cuyo presidente fue, entre 2018 y 2021, Dritan Gjika; Jonathan Landívar y Bryan Lalangui también ocuparon el cargo de gerente general.

La exportadora de banano Damascoswett S.A., registra como gerente general al argentino Mario Sánchez Rinaldi. Por esa gerencia también pasaron Carina Espinoza, Raquel Almeida, Javier Cevallos, Jonathan Landívar y María Milan. La Fiscalía también identifica a Carlos García como administrador y a Carina Espinoza como única accionista.

Según información de la policía ecuatoriana y del Departamento de Análisis de Información de la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas, la empresa Damascoswett S.A. registra una “aprehensión de droga” el 3 de enero de 2022.

En esa ocasión se confiscó un contenedor, cuya consignataria era la compañía rusa Fruit Park; allí se encontró un cargamento con 43,69 kilos de cocaína, mismo que tenía como origen el puerto Contecom y como destino Rusia, bajo la modalidad de estructura, que según expertos consultados se aplica en containers refrigerados, donde se oculta la droga en el doble fondo o doble pared.

En julio de 2023, Damascoswett S.A. fue señalada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería de presunta falsedad en las declaraciones de sus planes de embarque. Tras una inspección aleatoria de planes de embarque declarados se verificó que la compañía tenía códigos no autorizados.

En manos de las autoridades españolas se encuentran las conversaciones de Dritan Gjika con Julio Lalangui y Jonathan Landívar, que evidencian cómo se planificaba el envío, traslado y comercialización de la droga. En esas conversaciones también se hace referencia a varios contenedores incautados de Sentilver S.A. y Damascoswett S.A., que habrían salido de las terminales portuarias de Ecuador con destino a países de Europa.

La empresa Frutadeli S.A. registra 3 incautaciones de droga:

Green Life Fruit S.A. registra el decomiso de un contenedor con cocaína:

Tropicalrepublic S.A. registra dos incautaciones:

Soprisa S.A. registra una incautación:

La Policía española señala que entre 2019 y 2021 se decomisó un total aproximado de 2.700 kilogramos de cocaína en contenedores de Sentilver y Damascoswett.

A 2021, el precio estimado del kilogramo de cocaína bordeaba los 30.000 euros, lo que sugiere que la cantidad de droga incautada tenía un valor aproximado de 81 millones de euros en el mercado internacional (alrededor de 87 millones de dólares a la fecha).

Información societaria de las empresas con cargamentos incautados

Otras relaciones

Aunque no constan en el proceso que sigue la Fiscalía, Mil Hojas identificó otras vinculaciones de las empresas procesadas por lavado de activos en el caso Pampa, con actores y empresas relacionados con la política y la actividad minera.

En el portal de la Superintendencia de Compañías consta que Cannmaná S.A.S. B.I.C., cuyos accionistas son Bryan Lalangui, Dritan Gjika, Julio Lalangui y Fidel Alcívar, está relacionada con Cannabis Gold-Green S.A.S. B.I.C., que a su vez registra como accionista con un 15.4% de participación accionaria, a Wilson Aldaz López, quien ejerció el cargo de concejal rural de La Maná, en la provincia de Cotopaxi, entre 2019 y 2023.  

Dritan Gjika y Julio Lalangui también son accionistas de Riomel Gold Corporation Cia. Ltda., una compañía con oficinas en el edificio The Point, en Guayaquil, constituida en octubre de 2023 y dedicada a la extracción de metales preciosos.

Entre 2015 y 2023, Gjika reportó ingresos por USD$ 324.699,00, según la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE.

El dinero ingresó a las cuentas de Gjika únicamente a través de depósitos. El sistema financiero nacional registra que el albanés hizo transferencias a varias compañías:

• Banalcar Middle East DMCC, una exportadora de banano, con sede en Dubái por USD$48.900.
• Globalux Trade SL, una comercializadora de equipos electrónicos de Marbella, España, por USD$ 34.932.
• Armor Car Ecuador, compañía ecuatoriana que ofrece servicios de venta y blindaje de vehículos, por USD$25.240.
• Gestoria Asinte SL, compañía de Marbella, España, por USD$18.428.

Por su parte las autoridades españolas identificaron otras empresas vinculadas a Dritan Gjika. A través de las compañías: Exportaciones Durexporta S.A. y Bioexport, dedicadas al negocio de las exportaciones de fruta, él y su hermano Fation, radicado en España, son los principales socios de Mario Sánchez Rinaldi en el negocio del narcotráfico.

El grupo empresarial vinculado a LaFattoria no solo ha concentrado más de una veintena de contratos y 15 convenios de pago para el servicio de provisión de alimentos a los presos por 13 años, sino que sería el canal utilizado por los grupos de delincuencia organizada para el ingreso de celulares, droga y una amplia variedad de armas y municiones a las cárceles del país.

Un exsubdirector del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) y fuentes del Centro de Inteligencia Estratégica CIES, han admitido a Mil Hojas que las empresas contratistas de alimentos estarían involucradas en el ingreso de gran parte de los objetos prohibidos a los Centros de Privación de Libertad, situación que sucede desde el régimen del correato y que involucra no solo a LaFattoria.

De acuerdo con fuentes de inteligencia, el engranaje lo conforman desde los líderes de los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO), exautoridades carcelarias y hasta ex ministros de Estado.

El presidente de la República Daniel Noboa, mediante su cuenta en X, se refirió a los actuales proveedores como vinculados al crimen organizado.

En esta red social, el mandatario opinó sobre la denuncia gubernamental presentada ante la Fiscalía General del Estado, este 2 de mayo: “Jamás favoreceremos a proveedores del Estado que tengan vínculos con el crimen organizado… Son 171 millones los que el proveedor de alimentos de las cárceles del país ha acumulado desde 2015. 171 millones que, de comprobarse la vinculación a los actos ilícitos presentados hoy en la denuncia a la Fiscalía, habrían sido destinados a financiar a estas organizaciones criminales”.

Las sospechas alrededor de lo que se esconde bajo el manejo de alimentos al interior de las cárceles han estado en el ambiente durante varias semanas hasta que la presidencia de la República presentó una noticia criminis sobre presuntos actos ilícitos con la posible implicación de LaFattoria.

La entidad Anticorrupción de este Gobierno, bautizada hace dos días como Secretaría General de Integridad Pública de la Presidencia se inauguró con esta denuncia, pues es la que suscribe el documento entregado, que recoge un análisis de alertas, categorizadas por el Centro de Inteligencia Estratégica CIES, como secretas y que vinculan a LaFattoria con el caso Alpha en el que se investiga irregularidades en las cárceles.

LaFattoria fue constituida en marzo de 2008 para servicios de alimentos y bebidas. Su única accionista es Asesoría Empresarial Riasem S. A. RIASEMSA. Y aunque su representante legal es Aracely Pincay, ha sido el estadounidense Richard Villagrán Freire, quien figura públicamente como vocero de la contratista LaFattoria.

Villagrán es el punto en común de un conglomerado de compañías, varias de las cuales han mantenido importantes contratos con el Estado. Ha sido accionista y administrador de varias empresas vinculadas al grupo RIASEMSA, como Provisali que estuvo a cargo de los economatos que proveen de víveres a las cárceles. Además, ha figurado como directivo de firmas como: Acerinox, Alas para el Agro Alpagro, Noviecua y Henadad.

Pero las relaciones empresariales de Villagrán se extienden también a otros círculos. Ha sido gerente de Tiendanet, dedicada al almacenamiento, intermediación y venta de productos y servicios a través de canales digitales y físicos y cuyos accionistas son Telconet y Korban.

La primera es la empresa de Tomislav Topic, quien fue investigado junto a su hijo Jan Topic por presunto lavado de activos dentro de la trama de sobornos de la constructora brasilera Odebrecht. Uno de los hechos más polémicos y sobre el que se desconoce su desenlace es el acuerdo anunciado por los abogados de Topic, en 2019, con autoridades judiciales para entregar USD$13,5 millones que habría recibido como inversión ilícita por la empresa Glory International para ejecutar el cable submarino.

LaFattoria, importante contratista del estado

Desde 2011 hasta 2022 Lafattoria ha tenido ingresos totales por USD$544,69 millones, según informes que constan en el portal de la Superintendencia de Compañías.

Pero de acuerdo con el Servicio Nacional de Contratación Pública, las instituciones públicas han suscrito con LaFattoria contratos y convenios por más de $700 millones en el período mencionado. Con el Ministerio de Justicia, el sistema penitenciario y el ministerio de Educación LaFattoria ha mantenido más de 20 contratos y 15 convenios de pago y ha sido la beneficiaria de ocho prórrogas de un convenio marco para la provisión de alimentación escolar desde noviembre de 2016 hasta noviembre de 2022, siendo el Ministerio de Educación el mayor contratante.

En entrevista con Mil Hojas el ex director del Centro de privación de libertad de Cotopaxi y exsubdirector del SNAI, Mario Carrillo, asegura que en este último cargo, en el que se desempeñó entre septiembre y diciembre de 2023, conoció no solo del monopolio en la provisión de comida de las cárceles por parte del grupo de LaFattoria, sino también de la fragilidad de los sistemas de control de los centros de privación de libertad que facilita el continuo ingreso de armas y otros artículos prohibidos y es negligente ante los daños intencionados de los escáneres y la corrupción en los filtros de seguridad.

“La alimentación viene desde 2012 con Lafattoría y posteriormente con Gourmet. Son los mismos, pero cambiados el nombre para que administren todo lo que es la alimentación en la zona norte y sur del Ecuador”.

Mil Hojas no encontró vinculaciones de LaFattoria con Gourmet a nivel societario, pero Carrillo asegura que los directivos de estas empresas son bastante hábiles. “Se cuidan, pero todo el mundo en el SNAI sabe, es un secreto a voces que son los mismos”.

En alusión a sus hallazgos durante su paso por la dirección de la cárcel de Cotopaxi Carrillo explicó: “el rato que comienzan a funcionar los escáneres, funcionarios del SNAI y de la policía se encargan de dañarlos”.

A ello se suma la corrupción de los agentes de seguridad penitenciaria y funcionarios policiales que están en los filtros de seguridad para realizar el registro manual y visual de todo lo que entra a las cárceles. “Por ejemplo: tantos quintales de arroz, de papas, de azúcar, de hortalizas, de panes tienen que entrar diario y unos días los funcionarios van a hacerlo muy bien, pero en el sexto o séptimo día ya están cansados. Entonces propusimos que no solamente se compre el aparato sino también el servicio para que el momento que se dañe el escáner, la empresa me garantice el servicio y nunca falte el escaneo para el ingreso de artículos a las cárceles. Entonces ¡está clarito por dónde entran los artículos!”, enfatiza.

Fuentes del CIES revelaron a Mil Hojas que en sus investigaciones se establecieron que la filtración de artículos prohibidos a las cárceles se realizaba bajo la coordinación de líderes de GDO como José Adolfo Macías Villamar, alias Fito y algunos directivos del SNAI, con el conocimiento de altas autoridades de los últimos gobiernos.

Precisan que “las armas eran embaladas e ingresadas por piezas desde los camiones en los que se transportaba los alimentos a vista y paciencia de Richard Villagran”, socio de LaFattoria.

Otra situación que ha sido también analizada es el despegue tan importante que ha tenido LaFattoria sobre todo desde 2015 en que empezó a constituir el holding empresarial que tiene hoy.

Otras alertas

Uno de los frentes en los que ya se advirtió sobre la posible vinculación del servicio de alimentación penitenciario y el ingreso de artículos prohibidos a las cárceles fue la Comisión de Fiscalización de la Asamblea cuando Fernando Villavicencio la presidía.

“Sí teníamos la información de que este no es el único mecanismo que podrían utilizar sino otros también, por eso se han realizado varias coordinaciones con los entes correspondientes para evitar cualquier tipo de ingreso”, dijo en junio de 2022 Pablo Ramírez, entonces director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) y ahora investigado por delincuencia organizada, dentro del caso “Metástasis”.

El oficial de la policía acudió a la comisión de Fiscalización para explicar los procesos de contratación pública y convenios de pago de la empresa LaFattoria S. A. desde el año 2016. Durante la comparecencia Villavicencio le planteó: “tengo información de investigaciones hechas desde el estado donde se confirmaría que se estaría utilizando el servicio de alimentos para el ingreso de armas, municiones y otros productos indebidos a las cárceles. ¿Qué sabe usted señor General?”

Ramírez respondió que había establecido un protocolo con la policía, las Fuerzas Armadas y el SNAI para que exista “una revisión exhaustiva de los vehículos que ingresan con los alimentos. Incluso en la nueva contratación estamos sugiriendo que exista una ubicación satelital de los camiones que ingresan con alimentación desde los centros de abasto hasta el mismo centro. Dentro del proceso tecnológico de adquisición estamos también con la compra de escáneres para que pasen los vehículos por este tipo de artefactos”.

Continuó indicando que “esta información ha sido puesta a disposición de los entes correspondientes que están en el ámbito perimetral de los centros (de privación de libertad CPL) para que haya revisión exhaustiva y de esta manera evitar quizá cualquier tipo de ingreso de objetos prohibidos”.

Ramírez precisó en su comparecencia que entre 2016 y junio de 2022 el estado ecuatoriano pagó solo a LaFattoria USD$177´467.000 por el servicio de provisión de alimentos a las cárceles.

El oficial aseguró ante la Comisión de Fiscalización que, en agosto de 2022 el monopolio de esta compañía terminaría con la zonificación de las cárceles, propuesta que se concretó así:

Esta conformación de zonas se amparó en varios criterios: ubicación de las cárceles, accesibilidad a estas, número de privados de libertad, dinamización de la economía local y aspectos de seguridad penitenciaria.

Pero en la práctica el monopolio de LaFattoria continuó intocado. Y un mes después de su comparecencia a la Asamblea, Ramírez se reunió con el narcotraficante Leandro Norero.  Según testimonio de Hélive Angulo, administrador de bienes del capo, Ramírez recibió USD$200.000 para que Norero tenga privilegios en el centro carcelario de Cotopaxi, donde se encontraba recluido.

Decomisos de armas, municiones y drogas no paran

Solo entre el 8 de enero y el 30 de abril del 2024, en los centros de privación de libertad del país se han encontrado 115.866 municiones casi tres veces más que lo identificado en todo el 2023. Además de 280 armas de fuego y 747 unidades de explosivos, entre otros ítems, de acuerdo con información del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Estas cifras se unen a las publicadas por el SNAI a diciembre de 2023 en su informe de rendición de cuentas, donde detalla que las Fuerzas Armadas efectuaron 33 operativos de control de armas, municiones y explosivos en las cárceles. Entre los hallazgos más relevantes están: 39.887 municiones, 153 armas de fuego (cortas y largas), 551 explosivos, 21.926 gramos de cocaína, 26.238 gramos de marihuana, más de 2.600 celulares.

El SNAI asegura que en 2023 realizó varios procedimientos de contratación para fortalecer la seguridad y el control en los CPL, como la compra e implementación de equipos de control, detección y neutralización de sustancias sujetas a fiscalización, armas, explosivos y dispositivos electrónicos. Para ello “el 25 de julio de 2022 suscribió el contrato Nro. 18-2022 con la empresa Advanced Technologies S. A. Vandetsa por USD$1´600.906,80. Se instalaron 9 Body Scanners que se encuentran distribuidos en 7 cárceles del Guayas, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Manabí.

El 31 de octubre de 2023 se entregaron al SNAI: 210 detectores de metales ferrosos y no ferrosos de uso manual en todos centros a nivel nacional y 12 detectores ferromagnéticos que están distribuidos en los CPL: Chimborazo N° 2, Chimborazo N°3, Pastaza N°1, Masculino Los Ríos N°1, Cañar N°2, El Oro N°2, Guayas N°3, Pichincha N°3, Masculino Pichincha N°2 y CAI masculino Ambato.

Pese a estas acciones que el SNAI asegura desplegar, las armas siguen ingresando a los centros de privación de libertad. El pasado 30 de abril las FF.AA. localizaron una nueva caleta en el Centro de Privación de Libertad Loja, donde se encontró 3 armas de fuego, 6 alimentadoras, 215 municiones, 6 armas blancas, 30 gramos de cocaína y dinero en efectivo.

¿Todo orquestado?

El constante ingreso de objetos prohibidos a las cárceles del país es el resultado de la ausencia de verdaderas políticas de control y vigilancia para el área de rehabilitación social.

Para Mario Carrillo, ex director del SNAI algunas prácticas parecen deliberadas, pues no se explica, por ejemplo, cómo se construyeron las mega cárceles del país, de manera antitécnica. Es decir, sin la provisión adecuada de servicios básicos como agua; sin comedores y para rematar, sin incluir desde el principio el funcionamiento de cámaras para el control al interior de las cárceles dentro del sistema de vigilancia del ECU911.

A ello se suma, las demoras del gobierno para pagar a los proveedores, que en el caso del servicio de alimentación para los centros de privación de libertad se volvió una constante desde hace varios años.

Carrillo asegura que ninguna empresa va a participar en las licitaciones realizadas mediante el sistema de compras públicas para dar la alimentación de las cárceles si el Ministerio de Finanzas tarda en pagar hasta ocho meses. “Estamos hablando de que deben pagarse dos millones de dólares mensuales. Quién puede sostener los costos de desayuno, almuerzo y merienda para unos 20 mil privados de la libertad, sino le pagan tantos meses. Qué empresa va a trabajar si le están debiendo millones de dólares”, cuestiona.

Por lo tanto, para el militar en servicio pasivo, el grupo LaFattoria nunca iba a tener competencia, pues ninguna otra empresa quiere participar en los procesos de contratación para el mencionado servicio.

Con este argumento explica las constantes renovaciones de los convenios de pago con la mencionada empresa. Y agrega que urgen cambios en la política del sector, pues solo con el uso de la fuerza pública no habrá soluciones integrales.

Desde el 1 de mayo pasado la empresa LaFattoria interrumpió el servicio de alimentación a 20 cárceles del norte del país por la falta de pago por parte del Ministerio de Finanzas.

Luego de las declaraciones del presidente Noboa sobre sus razones para pedir a la Fiscalía que investigue a LaFattoria, Richard Villagrán, dueño y representante de la contratista, mediante un comunicado de prensa emitido este 2 de mayo, desmintió la aseveración del mandatario de que los USD$171 millones recibidos por esta empresa del Estado, habría servido para financiar a grupos criminales. Y atribuyó la posición del gobierno a una táctica para justificar la falta de pago a esta contratista. “Es errada la información, señor Presidente, que más bien parece una justificación para no pagar los casi 30 millones de dólares que nos debe por servicios de alimentación”.

Cuestionó las acusaciones de corrupción en su contra al aseverar que no hay evidencia, pues su empresa jamás ha sido denunciada penalmente, ni glosada por la Contraloría General del Estado. “Ese estigma contra la empresa ha dejado ya sin alimentos a miles de PPL’s y dejará a un millón y medio de niños sin desayuno escolar los próximos meses”, advirtió.

En el informe sobre la situación financiera y administrativa expuesto por LaFattoria a la Superintendencia de Compañías, respecto al ejercicio económico de 2022, consta un total de ventas y otros ingresos por USD$100´088.292,6 (1,53% más que en 2021), con una utilidad neta de USD$ 3′ 445.555.

Sus ingresos por ventas de servicios sumaron USD$47´168,952. El mayor volumen de esos ingresos provino de servicios brindados a instituciones públicas como el Ministerio de Educación y el SNAI.

Este reporte es el último presentado por LaFattoria ante el organismo de control societario.

La historia de la danza de millones de LaFattoria como contratista del Estado

Entre 2012 y 2016 se firmaron 21 contratos para la alimentación de los internos del país, de acuerdo con el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop). De estos, 19 fueron adjudicados por el Ministerio de Justicia a la empresa guayaquileña Lafattoria S.A., de propiedad de Richard Villagrán Freire y de Rosa Mueckay Morales; por un monto de USD$ 92 millones.

Las primeras contrataciones de alimentos para las cárceles con esta empresa las realiza el entonces ministro de Justicia Lenin Lara y las continúa Ledy Zúñiga, con lo cual las ganancias de LaFattoria empezaron a despuntar, reflejándose en las declaraciones al impuesto a la renta que despegaron desde 2013 con USD $511 mil; 2014 con USD$977 mil y 2015, con USD$707 mil.

De acuerdo con información entregada por el SNAI a la Asamblea Nacional (en junio de 2022), otro contrato del Ministerio de Justicia se firmó el 14 junio 2018 por USD$17 millones; luego se suscribió un contrato complementario del 28 de noviembre de 2018 por USD$1´363.000.

A partir de diciembre de 2018, hasta enero de 2022 el SNAI no volvió a firmar contratos con LaFattoria. Es decir, esta empresa siguió operando sin relación contractual sino mediante 15 convenios de pago.

Según información del SNAI y del portal de compras públicas, seis concursos han sido declarados desiertos:

En suma, entre 2016 y casi el primer semestre de 2022 LaFattoria fue la única contratista que manejó la provisión de alimentos a todo el sistema penitenciario del país.

LaFattoria ha sido también contratista del programa de alimentación escolar del Gobierno. Mil Hojas publicó en 2017 (https://milhojas.is/612484-un-velo-de-misterio-cubre-la-muerte-de-dos-ninas-en-un-colegio-publico-de-naranjal.html) que los padres de dos niñas que murieron tras ingerir leche en mal estado responsabilizaron de lo ocurrido a esta empresa. El abogado de las familias afectadas denunció robo de la información y de las fotos del médico forense que probarían que la muerte de las estudiantes ocurrió luego de la ingesta de leche entregada por Lafattoria S.A. a un centro educativo fiscal. 

Foto tomada de la licitación del servicio de alimentación para las cárceles del país. El ex presidente Rafael Correa con Richard Villagrán Freire, gerente de Lafattoria (primero desde la derecha)

Los últimos contratos

En 2023 otro actor entra al negocio de la comida para las personas privadas de libertad (PPL) y adolescentes infractores (AI).

El primer proceso de contratación que el SNAI realizó el año pasado para dar el servicio de alimentación a los presos fue la licitación para la zona 2. El contrato Nro. 01-2023 fue suscrito el 23 de enero de 2023 con la empresa Gourmet Food Service GFS S.A. por un monto de USD$12.254,476,25. Según el SNAI, esta compañía provee la comida para 23 centros a nivel nacional desde mayo de 2023, con un plazo de ejecución de 578 días.

Antes de finalizar ese año, mediante otro proceso de licitación se contrató la provisión de comida para los centros de privación de libertad de la zona 3. La firma del contrato se dio el 12 de octubre de 2023 con la empresa Lafattoria S.A. por USD$23.152.597, 50, el mismo que debería ejecutarse hasta el año 2025.

De esta forma el servicio de alimentación para las cárceles quedó en manos de dos empresas: Lafattoria S.A. para la división administrativa territorial Nro. 1 y Nro. 3, y Gourmet Food Service para la división administrativa Nro. 2.

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA N°3

En cuanto a la empresa Lafattoria S.A., el pago de sus servicios se realiza a través de un convenio, el cual cubre el servicio en todos los centros, incluyendo las Unidades de Aseguramiento Transitorio.

De acuerdo con el Informe de rendición de cuentas del SNAI (2023) los convenios de pagos se dan “con el fin de que la Institución pueda cumplir con sus obligaciones con apego irrestricto a la ley. Considerando que esta figura jurídica se aplica por excepción, cuando por circunstancias ajenas a la voluntad o decisión de las autoridades competentes de la entidad debidamente justificadas, no hubiere sido posible celebrar un contrato observando todas las formalidades previstas para la Contratación Pública”.

Si bien se acepta que los convenios de pago solo caben en circunstancias excepcionales, nada se argumenta sobre la justificación para realizar tales convenios con LaFattoria.

Expertos en el tema consideran que las autoridades deberían investigar la legalidad del uso de estos mecanismos de manera tan reiterativa.