Zamora Chinchipe es la provincia amazónica del extremo sur, con una población de apenas 120.221 habitantes distribuida en 10.584 kilómetros cuadrados. El patrimonio más alto de una autoridad local llega a los USD 650.000 mientras otros dos alcaldes tienen patrimonios en negativo. Un alcalde fue denunciado por presunta paralización de servicios públicos.

Diez autoridades seccionales gobiernan Zamora Chinchipe, la provincia amazónica cuya actividad minera ha puesto a prueba las relaciones con el gobierno central y las empresas internacionales. Alejada del centro político, la provincia vive una realidad de pobreza que contrasta con su riqueza minera.

Mientras que, cuatro de los nueve alcaldes han tenido alguna relación con empresas de transporte o de construcción.  El alcalde de El Pangui, Jairo Bladimir Herrera Gonzales, es el que más relaciones societarias ha tenido, según el portal web de la Superintendencia de Compañías: fue accionista o administrador de cinco empresas, dos de transporte y tres de construcción. Sin embargo, actualmente ningún alcalde ni la prefecta de Zamora Chinchipe son accionistas activos de empresas.

El alcalde reelecto de la capital provincial Zamora, Víctor Manuel González Salinas, fue denunciado el 28 de julio de 2022 por una compañía minera por presunta paralización del servicio público. El denunciante fue el Proyecto Minero Fruta del Norte y la Coordinadora General Jurídica del Ministerio de Gobierno.

Según consta en los expedientes del e-Satje, el 16 de mayo de 2020 el alcalde de Zamora y otros funcionarios habrían realizado una protesta y “bloquearon el tránsito de carga pesada proveniente del proyecto minero Fruta del Norte, a la altura del barrio El Limón”. El juez decretó el archivo de la investigación previa porque no halló “una conducta penalmente relevante que amerite ser procesada”.

Esta serie Alcaldes y prefectos bajo la lupa fue posible gracias al auspicio del Pulitzer Center y en alianza con Fundamedios. Este reportaje contó con la participación de Vistazo. Mil Hojas y otros 36 medios de comunicación se han unido a la alianza periodística de Spondylus Info Lab para difundir la información.

Otros juicios archivados o en espera de ser archivados

Alfonso Luis Seas Quezada, alcalde de Yacuambi, tiene dos procesos judiciales registrados. El primera data de 2020 cuando aún no era electo, por presuntos daños materiales y fue archivado. El segundo, según el Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (e-Satje), ingresó en octubre pasado, pero no se conocen más detalles.

Jairo Herrera González, alcalde de El Pangui, tuvo dos procesos judiciales abiertos en 2025 por el presunto delito de fraude procesal. El primero por supuestas irregularidades en la donación de tierras que pertenecían a familias shuar. El caso fue archivado porque el denunciante no volvió a declarar dentro de la etapa investigativa. La segunda investigación previa tiene relación con denuncias que la alcaldía hizo contra un ciudadano que presuntamente hizo uso inadecuado de la red de agua potable.

Herrera respondió a Spondylus Info Lab. Dijo que la primera causa ya fue archivada y la segunda está en trámite de archivo, por lo que “se desprende que no existen elementos que determinen responsabilidad de mi persona.”

Por otro lado, la prefecta de Zamora Chinchipe, Karla Reátegui Encarnación tiene dos investigaciones previas de acuerdo con el sistema e-satje: uno por presunto delito de daños materiales que está en espera de confirmación del archivo, pues hubo apelación y, otro por presunto delito de violación a propiedad privada, el caso fue archivado.

Reátegui respondió, a través de mail, que los dos casos señalados no llegaron a ser procesos judiciales debido a que “nunca se llegó a formular cargos o instrucciones fiscales”. Adicionalmente, aclaró que en los dos casos fueron denuncias contra el GAD provincial como institución mas no a ella de manera personal.

Disminuciones y aumentos en las declaraciones patrimoniales

Los crecimientos patrimoniales van desde los USD 9.000 hasta los USD 200.000. También hay casos de patrimonios que han descendido dentro del periodo analizado.

La alcaldesa de Yantzaza, María Elizabeth Lalangui Cabrera, inició su gestión en 2023 con un patrimonio de USD 39.290, sin embargo, para 2025 tiene como patrimonio un valor negativo de USD 2.985, un descenso de 464%. Algo parecido ocurre con el alcalde de Paquisha, Paúl Rodríguez Narváez, quien declaró en 2023 un patrimonio de USD 12.081. Sin embargo, en 2025 registró un patrimonio de USD 7.747, es decir, bajó en 164%.

Henry Ordoñez Jaramillo, alcalde de Chinchipe, tuvo una disminución del 8% en su patrimonio entre 2023 y 2024, aunque con valores diferentes a los casos anteriores. Ordoñez, al inicio de su gestión, declaró un patrimonio de USD 363.806 y, un año más tarde, USD 355.941, un descenso de USD 27.864. Ordoñez no ha presentado su declaración patrimonial de 2025.

Por otro lado, Jairo Herrera González, alcalde de El Pangui, en su primer año de gestión, presentó una declaración patrimonial de USD 214.084 y, en 2024, USD 339.582 es decir su patrimonio se elevó en USD 125.498.

Acercando la lupa, se halló que, Herrera no registra cuentas bancarias. Dentro de los bienes muebles declarados por el alcalde de El Pangui en 2023, solamente existe el registro de una camioneta del año 2020 con el valor de USD 32.000. Sin embargo, en 2024, en ese mismo rubro de bienes muebles se registran dos ítems por concepto de “otros”:  uno de USD 70.000 y otro de USD 4.000. Además, hubo una disminución de USD 51.498 en los saldos de su préstamo hipotecario y de su préstamo quirografario. Sus bienes inmuebles se han mantenido en 11 terrenos y 3 casas, todo avaluado en USD 284.643.

Herrera González tuvo una baja del 5% en su patrimonio entre 2024 y 2025 pasando de USD 339.582 a USD 321.782.

Al respecto Jairo Herrera respondió a Spondylus Info Lab: “En atención al correo remitido, me permito manifestar que la información relacionada con la declaración patrimonial contiene inconsistencias respecto de los valores señalados en su comunicación, por lo que previo a cualquier pronunciamiento corresponde verificar la información oficial y completa de las fuentes respectivas”. No incluyó documentos que sostengan que los documentos oficiales de la página web de Contraloría tengan errores.

El alcalde de Zamora, Víctor Manuel González Salinas, ha ejercido esta función por siete años. Inició su gestión en 2019 con un patrimonio de USD 432.009. En 2023, su patrimonio fue de USD 447.333. En el segundo período como alcalde, su incremento patrimonial fue alrededor de USD 200.000 en dos años. pasando de los USD 447.333 en 2023 a 652.094 en 2025.

Al inicio de su segunda gestión, su patrimonio se conformaba por un menaje de casa valorado en USD 1.000 que, en 2025 subió a USD 15.000. En la lista de los bienes inmuebles de Víctor González, en 2023, había una casa de USD 50.000 y, en 2025, se sumaron dos fincas y una casa más, todo valorado en USD 522.090. También se registra la compra de un auto del año 2022 por USD 25.000. Sin embargo, cabe destacar que, en las declaraciones patrimoniales juramentadas de González, hay errores en la suma de los ítems.

De acuerdo con los registros del SRI, el alcalde de Zamora tiene una deuda de USD 2.929, con facilidades de pago.

En el municipio de Nangaritza, el alcalde Francisco Efrén Cordero Carrión triplicó su patrimonio entre 2023 y 2025. Al inicio de su gestión declaró USD 21.749 y, dos años después, su patrimonio fue de USD 82.819. La diferencia es de alrededor de USD 60.000 en dos años.

Algo parecido ocurrió con el alcalde de Yacuambi, Luis Alfonso Seas Quezada, que elevó su patrimonio en casi USD 50.000 en dos años. En 2023, declaró USD 1.683 de patrimonio, mientras que en 2025 subió a USD 51.280. No hay registros de la declaración del año 2024.

Respecto al incremento patrimonial, la primera autoridad de Yacuambi explicó a Spondylus Info Lab que el salto patrimonial se debe a que “al inicio de mi gestión, mi estado civil era de soltero. Para el año 2025, mi estado civil cambió a casado con la señora Zoila Inés Guamán González”. Es decir que su patrimonio refleja ahora el de la sociedad conyugal “y no a un enriquecimiento personal”.

Finalmente, el alcalde de Centinela del Cóndor, Segundo Pascual Sarango Masache, registra un aumento porcentual del 30% en su patrimonio, entre 2023 y 2025, pasando de USD 250.784 a USD 328.466. Una diferencia de USD 77.682 en dos años.

Acercando la lupa, se puede observar que Sarango declaró, en 2023, 10 lotes y una casa en Zamora y un chalet en El Oro, todo por USD 171.079. Para 2025, se suman un lote más en Zamora y un segundo chalet en El Oro. Además, la casa aumentó de valor pasando de USD 40.869 a USD 86.168.

El alcalde tenía, en 2023, nueve cuentas bancarias, en las que mantenía un total de USD 11.582. Para 2025 Sarango registró once cuentas bancarias, entre todas se sumaba solo USD 4.269. También hubo un aumento en sus pasivos a USD 42.705, en 2025, por un préstamo hipotecario. Sarango respondió al pedido de contrastación de Spondylus Info Lab señalando que “su patrimonio creció por una revalorización de sus propiedades, con miras a obtener un crédito y que no ha comprado bienes nuevos durante su gestión”.

Con un territorio que bordea el 9% del Ecuador y pocos habitantes, Morona Santiago es una de las provincias más pobres del país. Algunas de sus autoridades seccionales registran incrementos patrimoniales, otros no han actualizado siquiera su declaración ante la Contraloría, su pago de impuestos es bastante variable y hasta hay un alcalde que no tiene oficinas propias del municipio.

Morona Santiago abarca el 9,3% del territorio nacional (2.4 millones de hectáreas), sin embargo, tiene apenas 213.457 habitantes distribuidos en 13 municipios siendo Sevilla Don Bosco el más joven, creado en octubre de 2024, y su alcalde fue elegido el 17 de agosto 2025 con más del 49% de los votos. La creación de este nuevo cantón y todos los problemas que se han derivado posteriormente son un claro reflejo de la poca institucionalidad del país y de la desconexión entre la capital política ecuatoriana y las zonas más alejadas.

El nuevo alcalde, Carlos Narváez Gavilanes (electo por la alianza Juntos por Sevilla), maneja una alcaldía que funciona en tres locales distintos y hasta ha enfrentado una denuncia por paralización de servicios públicos.

Entre sus colegas, hay seis alcaldes que registran aumentos en su patrimonio entre 2023 y 2025 mientras dos no han actualizado su declaración patrimonial juramentada desde la del inicio de su gestión.

Tres de los trece alcaldes de Morona Santiago son accionistas y administradores de empresas relacionadas con actividades de construcción o de transporte de carga pesada, según el portal de la Superintendencia de Compañías. Sin embargo, ninguna de estas empresas ha tenido, ni tiene, contratos con el Estado.

Esta serie Alcaldes y prefectos bajo la lupa fue posible gracias al auspicio del Pulitzer Center y en alianza con Fundamedios. Este reportaje contó con la participación de Vistazo. Mil Hojas y otros 36 medios de comunicación se han unido a la alianza periodística de Spondylus Info Lab para difundir la información.

Alcalde sin alcaldía

Carlos Narváez Gavilanes es el flamante alcalde número 222 del Ecuador. Fue elegido en agosto pasado, casi un año después de que la Asamblea Nacional decidiera convertir en cantón a la parroquia Sevilla Don Bosco, parte del cantón Morona.

El 5 de septiembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) le entregó las credenciales y se posesionó el 13 de septiembre. La Ley de creación del cantón dio un plazo de 45 días después de la posesión para que todos los procesos administrativos a cargo del GAD de Morona sobre la jurisdicción de Sevilla Don Bosco se transfieran a las nuevas autoridades. El plazo se cumplió el 28 de octubre de 2025 pero el traspaso no había culminado. Sin embargo, el 30 de octubre el alcalde de Sevilla Don Bosco fue denunciado y se le abrió un expediente judicial por presunto delito de paralización de un servicio público. Los demandantes fueron los funcionarios de la anterior junta parroquial.

Spondylus Info Lab conversó con el procurador síndico del cantón, Edwin Cunalata, quien explicó que la denuncia fue finalmente archivada pues no tenía sustento. El juez dio la razón a las nuevas autoridades.

Por otro lado, el GAD de Morona tampoco ha transferido todos los bienes al nuevo cantón. Es así, según relató Cunalata, que la Alcaldía todavía no tiene oficina propia. Dentro del edificio del GAD cantonal de Morona, en un espacio dedicado a un centro cultural está ubicada la oficina del alcalde, de planificación, de administración y la sala de sesiones del concejo. El departamento de gestión ambiental y de obras, está, hasta el momento, en el coliseo polideportivo de Sevilla Don Bosco. Y, adicional, usan una parte de las oficinas de la exjunta parroquial.

En su primera declaración patrimonial, Narváez señaló un patrimonio de USD 49.000, no tiene empresas y su pago de impuestos ha sido variable.

Compra de maquinaria pesada y ganado entre las razones del aumento patrimonial

Entre los alcaldes de Morona Santiago se cuentan los de Huamboya, Santiago de Méndez, Limón Indanza, Tiwintza y Morona con saltos patrimoniales importantes, según los registros de la Contraloría General del Estado.

Miguel Zambrano Escobar, alcalde de Huamboya, aumentó su patrimonio en casi USD 300.000 entre 2023 y 2025. Al inicio de su gestión, Zambrano declaró USD 434.944 entre activos y pasivos. Para 2025 su patrimonio fue de USD 734.581, es decir 61% más que en 2023. En 2024, Zambrano registró USD 200.000 en compra de animales o semovientes. Desde 2007 tiene un RUC activo por concepto de consulta y tratamientos de médicos generales y especialistas. El alcalde de Huamboya es médico graduado en Manabí y tiene un Máster en atención primaria infantil. No tiene compañías a su nombre. En 2018 inició su etapa como servidor público: fue director del Departamento de desarrollo social y productivo del cantón. Llegó a la alcaldía por la alianza Unidos por Huamboya (PSP-CREO-MPFA).

Otro salto patrimonial importante es del alcalde del Municipio de Santiago de Méndez, Fredy Cabrera Riera (PSP-CREO), quien declaró USD 423.400 en 2023 y luego, en 2025, USD 616.022. Es decir que registra un aumento de casi USD 200.000, equivalente a un 41%. Dentro de su patrimonio constan, como bienes muebles, dos equipos camineros de USD 206.000 cada uno, adquiridos en 2019 y 2022.  De acuerdo con Contraloría, equipo caminero se refiere a maquinaria pesada como excavadoras, volquetas o motoniveladoras. Cabrera consta como emprendedor, según el SRI, de 2003 a 2019. En 2020 fue jefe político del mismo municipio de Santiago de Méndez.

Cabrera envió documentación a Spondylus Info Lab dentro del proceso de contrastación en el que confirma las cifras de patrimonio registradas en Contraloría. Adicionalmente, el alcalde recalcó que los equipos camineros los compró antes de ser alcalde y que en total tiene cuatro máquinas pesadas y, aclaró, que la diferencia económica de alrededor de USD 192.000 entre las declaraciones de 2023 y 2025 se debe a la venta de un terreno comprado en 2010 para pagar deudas. “No he comprado ningún bien en este tiempo como alcalde”, aseguró.

En el cantón Limón Indanza, el alcalde Antonio Castillo –que llegó por la ID– declaró al inicio de su gestión un millonario valor negativo de USD 4.221.449. Al año siguiente, en 2024, su patrimonio sigue en negativo con menos de USD 4.213.971. Sin embargo, en 2025 su declaración pasó a los USD 365.881. Al revisar cada una de sus declaraciones patrimoniales, se trataría de un error. Esto confirmó Castillo a Spondylus Info Lab. El inconveniente se dio cuando dentro de los documentos de Contraloría, en el desglose de las deudas contraídas por el alcalde, un préstamo personal de USD 50.000 registró un saldo por pagar de USD 4`620.392, cuando en realidad era USD 462.392. Esto se arregló en la declaración de 2025 cuando su patrimonio pasó a USD 365.881

Por su parte, el alcalde de Tiwintza, Kleber Antich (Pachakutik) inició su gestión con un patrimonio de USD 3.020 que a 2025 llegó a USD 34.580, es decir que aumentó 10 veces. En 2024 adquirió un auto por USD 28.819 y en 2025, un lote en Morona Santiago por USD 20.000.

Los alcaldes de Logroño, Sandra Barahona Rojas, y de Taisha, Hugo Molina Parra, solo registraron su declaración de inicio de gestión en 2023. Barahona por USD 12.866 Molina por menos USD 9.982.

Por otro lado, el alcalde del cantón Morona, cuya capital es Macas, también tuvo un crecimiento en su patrimonio de alrededor de USD 70.000. Francisco Andramuño Rodríguez (Pachakutik) inició su gestión con un patrimonio en negativo: su declaración juramentada del 2023 registró menos de USD 37.958. Para 2025 su patrimonio resultó positivo y se ubicó en USD 33.634, es decir un aumento del 360%.

Entre 2011 y 2020 Andramuño tuvo RUC registrado como emprendedor. Desde 2016 fue funcionario público del GAD provincial de Morona Santiago, hasta 2020. Entre ese año y 2022 fue asesor de la Asamblea Nacional.

Adicionalmente, el alcalde de Morona registra un proceso judicial de acuerdo con el portal web del Consejo de la Judicatura, el registro del e-Satje. Andramuño fue sobreseído el 6 de mayo de 2026 de un proceso judicial abierto el primero de febrero de 2023 por el presunto delito de concusión. Óscar Guerra Santana denunció que, cuando Andramuño era director administrativo de la Prefectura, en 2014, se firmó un contrato por USD 309.000 entre su empresa de seguridad y la Prefectura. Según el denunciante, Andramuño habría comenzado a pedirle dinero para no declararlo contratista incumplido. El caso llegó hasta la etapa preparatoria de juicio, pero las presuntas víctimas desistieron de la acusación. El juez dictó sobreseimiento a favor del actual alcalde de Morona.

Spondylus Info Lab pidió las versiones de las autoridades seccionales, pero ninguna respondió.

Investigaciones archivadas y otras abiertas, pero en reserva

Adicionalmente, el Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (e-Satje) registra procesos judiciales contra otros cinco alcaldes, la mayoría en proceso de archivo.

Además de estos procesos, a fines de mayo se hizo viral una denuncia pública, en rueda de prensa, por parte del Coordinador de la Nacionalidad Achuar de Ecuador (NAE), Alfredo Mayak, contra el actual prefecto y excoordinador de la NAE, Tiyua Uyunkar. El 14 de mayo, Mayak acusó a Uyunkar de presuntamente haber agredido sexualmente a una funcionaria del GAD Provincial de Morona Santiago. La investigación se mantiene en reserva.

Cinco cantones conforman esta provincia amazónica que tiene una extensión de 1’251.300 hectáreas en el que más del 67% es bosque natural. La minería ilegal es uno de los principales conflictos de Napo, que va de la mano de la violencia. A excepción de una alcaldesa cuyo patrimonio pasa el millón de dólares, el promedio del resto de alcaldes, cinco en total, es de USD 70.000.

La extracción minera, principalmente ilegal, está en auge en Napo, provincia que cuenta con cinco cantones. En uno de ellos, Carlos Julio Arosemena Tola, la Fiscalía investigó a la alcaldesa Ligia Caiza Obando de supuestamente realizar actividades de minería ilegal y de tráfico de combustible. En enero de 2026 fue declarada inocente.

Mientras, otra alcaldesa, de Archidona, Amada Grefa Tapuy, fue blanco de un atentado. El 20 de mayo pasado, hombres armados que iban en motos dispararon contra su vivienda. La Policía investiga el hecho, pero hasta ahora no se conocen más detalles.

Algunas autoridades seccionales de Napo registran cambios patrimoniales; solo la alcaldesa Caiza tiene una deuda con facilidades de pago con el fisco, pero de menos de mil dólares, y solo el prefecto de la provincia tiene una actividad empresarial: es socio de una cooperativa de transporte.

Esta serie Alcaldes y prefectos bajo la lupa fue posible gracias al auspicio del Pulitzer Center y en alianza con Fundamedios. Este reportaje contó con la participación de Vistazo. Mil Hojas y otros 36 medios de comunicación se han unido a la alianza periodística de Spondylus Info Lab para difundir la información.

Alcaldesa declarada inocente

Ligia Caiza Obando es la actual alcaldesa del cantón Carlos Julio Arosemena Tola que, junto con Tena, son los municipios que concentran el 97% de las concesiones mineras de Napo. Llegó por la alianza Partido Sociedad Patriótica, Avanza y CREO el movimiento local Antisuyo Ushito.

En 2023 se abrió un expediente judicial contra Caiza, ingeniera ambiental. La Fiscalía la vinculó con presuntas actividades de minería ilegal y de tráfico de combustible. Según los documentos públicos del portal digital del Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (e-Satje), entre 2020 y 2021 se realizó un operativo policial para desarticular una presunta banda de tráfico de combustibles usados para minería ilegal. La alcaldesa de Carlos Julio Arosemena Tola y su esposo Jofre Coronel (quien tiene a su nombre una concesión minera artesanal) fueron identificados como presuntos líderes, según un informe que consta en el proceso, y los acusaron del presunto delito de asociación ilícita.

El fiscal Luis Chipantiza presentó el detalle del trabajo de vigilancia y seguimiento como llamadas telefónicas con conversaciones de coordinación de las presuntas actividades ilícitas. La Fiscalía dijo que el grupo investigado se dedicaba a la extracción de recursos mineros (oro), utilizando maquinaria pesada. También, se los acusó de presunto tráfico de combustible y de extracción del producto aurífero en lugares no autorizados.

La investigación fue abierta el 31 de marzo de 2023, mes y medio antes de que Ligia Caiza fuese posesionada como alcaldesa. El proceso duró tres años e incluyó medidas cautelares como presentación semanal y prohibición de salida del país de los involucrados. El 13 de enero de 2026, el Tribunal de Garantías Penales de Napo declaró la inocencia de los procesados al “no establecerse ni siquiera la existencia material de la infracción”.

De acuerdo con el Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (e-Satje), Caiza registra tres investigaciones más por el mismo delito de asociación ilícita. Dos se archivaron y la tercera está a la espera de la audiencia evaluatoria.

Saltos patrimoniales y amenazas a alcaldesa de Archidona

Amada Grefa Tapuy es la actual alcaldesa de Archidona, cantón con 33.000 habitantes. Grefa fue víctima de un atentado el 10 de mayo de 2026: dos sujetos en moto y armados dispararon contra su vivienda. La Policía Nacional se encuentra investigando.

Una semana antes, el 4 y el 8 de mayo de 2026 a la alcaldesa Grefa le abrieron dos expedientes judiciales por presunto incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Las dos investigaciones previas fueron archivadas el 11 de mayo sin mayores detalles de la especificación de los presuntos delitos.

Electa por la alianza Sociedad Patriótica–Avanza–CREO y un movimiento local, el patrimonio de Grefa tuvo un aumento del 136% entre el inicio de su gestión en mayo de 2023 y 2024, pero el monto es relativamente bajo. Pasó de USD 7.400 a USD 17.400, según los registros de la página web de la Contraloría Nacional del Estado. Para 2025, tuvo otro crecimiento en su patrimonio pasando de 17.400 USD a 42.000 USD, más del doble.

En 2023, su primera declaración patrimonial incluye menaje de casa por el valor de USD 20.000 y un préstamo personal de USD 18.800 de los cuales le quedaba por pagar un saldo de USD 13.893. Para 2025 esa deuda ya no se encuentra registrada. Adicionalmente, la alcaldesa de Archidona habría adquirido un auto de 2023 por un valor de USD 9.000 más un lote, en Napo, por USD 10.000.

Grefa tiene un historial de trayectoria en el servicio público: entre 2014 y 2017 fue funcionaria del GAD provincial de Napo. Entre 2017 y 2019, funcionaria del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entre 2020 y 2023 fue asesora de la Asamblea Nacional y funcionaria del GAD de Napo hasta que fue elegida alcaldesa en 2023.

De su lado, la alcaldesa de Carlos Julio Arosemena Tola, Ligia Caiza, había declarado cero impuestos hasta 2022 y, desde el inicio de su gestión, sus declaraciones van por encima de los USD 2.000. Pagó USD 5.367,25 en 2025. También registra una deuda en firme con el SRI por un valor de USD 874 que actualmente se encuentra en la categoría de facilidades de pago.

Su RUC se mantiene activo desde 1999. La actividad económica principal es la extracción de metales preciosos (oro).

En relación con sus declaraciones juramentadas de patrimonio, al inicio de su gestión, en 2023, Caiza registra un patrimonio total de USD 1.138.110. Al año siguiente, declaró 1.167.166 USD, es decir, un crecimiento del 3%, equivalente a 29.000 USD. No se registra declaración patrimonial de 2025. Ligia Caiza declaró un patrimonio inicial que consta de 3 fincas en Napo por un valor total de USD 580.000, más una casa avaluada en USD 400.000. Para 2024 esos valores no cambian. Lo que hace la diferencia es el saldo de una deuda personal que pasó de USD 67.688 a USD 43.090. Adicionalmente hubo un aumento de USD 5.000 por concepto de “otros” en la casilla de bienes muebles, pero sin especificaciones.

Antes de ser alcaldesa, Ligia Caiza tuvo otro cargo público en 2014, como servidora financiera del Ministerio de Recursos Naturales Renovables.

La alcaldesa no respondió al pedido de contrastación de Spondylus Info Lab.

Otro caso de cambios patrimoniales es el del prefecto José Toapanta Bastidas. Al inicio de su gestión registró un patrimonio de USD 271.764, al año siguiente declaró USD 316.767, es decir, hubo un aumento de USD 45.000 en un año.

Revisando a detalle, en 2023, su patrimonio constaba de seis terrenos que sumaban un valor de USD 271.764 y una camioneta de 2017 avaluada en USD 3.999. Para 2024, la camioneta la cambió por un automóvil de 2025 con una cuantía de USD 53.999. Además, sumó USD 4.000 en menaje de casa y USD 30.000 en animales para la ganadería. Dentro de sus bienes inmuebles se sumó un lote avaluado en USD 38.500. También se registra una deuda adquirida por un monto de USD 88.674 por concepto de préstamo personal y otros. No se registra la declaración patrimonial de 2025

El alcalde de Quijos, Édison Cueva, como el alcalde de El Chaco, Óscar De La Cruz mantienen sus patrimonios con aumentos de alrededor de USD 4.000. En el caso de El Chaco, no se registra declaración de 2025.

Alcaldes de Napo no tienen relación con empresas

De los cinco alcaldes de Napo, ninguno tiene relación con empresas privadas, de acuerdo con la Superintendencia de Compañías.

Sólo el prefecto, José Toapanta Bastidas, es accionista actual de la empresa Compañía de Transporte del Valle Sagrado de Cotundo Transcotundo S.A., que da servicio de transporte de camionetas. Es uno de los 25 socios, con USD 20 de capital, de un total de USD 840. Al respecto, Toapanta respondió que tiene una participación mínima en la compañía, con un 2,38% de acciones.

Por otro lado, el patrimonio de Toapanta creció 17% entre 2023 y 2025, pasando de USD 271.764,68 a USD 316.767,68, es decir un aumento de USD 45.000 en dos años. Al respecto el prefecto de Napo afirmó que su incremento patrimonial tiene “evolución normal” de acuerdo con las remuneraciones percibidas como prefecto y sus actividades económicas anteriores a su cargo.

La revisión a las autoridades de Imbabura revela que cuatro de sus alcaldes enfrentan causas penales sin condena, cinco elevaron su patrimonio durante sus funciones y el alcalde de Ibarra registra nexos corporativos activos. Además, se evidencian omisiones reiteradas en la declaración de impuestos.

Imbabura, una provincia estratégica para la conexión entre Quito y la Sierra Norte, exhibe una realidad política y social paradójica. Por un lado, es un escenario de alta conflictividad ciudadana, marcado recientemente por el bloqueo con tierra y piedras de la Panamericana Norte durante las protestas de organizaciones indígenas contra la eliminación del subsidio al diésel.

Por otro lado, la cúpula de sus autoridades seccionales –caracterizada por una fuerte tendencia a la reelección y rotación política, con al menos cuatro de sus titulares repitiendo mandatos o alternando cargos públicos– refleja un panorama financiero que contrasta con el descontento en las calles: cinco de sus alcaldes lograron incrementar su patrimonio neto durante sus gestiones, a la par que arrastran un historial de expedientes penales.

Tres de las siete autoridades seccionales responden a la Revolución Ciudadana (RC), mientras que Avanza cuenta con tres alcaldías, dos de las cuales son en alianza con movimientos locales.

Esta serie Alcaldes y prefectos bajo la lupa fue posible gracias al auspicio del Pulitzer Center y en alianza con Fundamedios. Mil Hojas y otros 36 medios de comunicación se han unido a la alianza periodística de Spondylus Info Lab para difundir la información.

Las declaraciones patrimoniales juradas presentadas ante la Contraloría General del Estado permiten observar a detalle la evolución de los bienes, saldos bancarios, inversiones, deudas y el patrimonio neto de los seis alcaldes de la provincia de Imbabura y del prefecto Richard Calderón. La documentación oficial evidencia que cinco alcaldes incrementaron su patrimonio declarado entre 2023 y 2025.

El alcalde de Ibarra, Álvaro Castillo (Avanza), declaró bienes inmuebles por un valor de USD 839.061 en 2023. Para 2025, esta cifra ascendió a USD 969.061, tras la adquisición de dos departamentos en la provincia de Esmeraldas. Este incremento inmobiliario fue de USD 130.000, equivalente al 15,49%. En paralelo, sus pasivos se dispararon, subiendo de USD 40.196 a USD 167.626. Esto representa un aumento de sus deudas de USD 127.429, lo que se traduce en un incremento del 317%. Con estos movimientos, su patrimonio aumentó ligeramente de USD 854.726 a USD 871.287, una variación del 1,94%.

Por su parte, Anabel Hermosa (RC), alcaldesa de Otavalo, elevó considerablemente sus saldos bancarios pasando de USD 13.284 a USD 53.184 entre 2023 y 2025. Esto significa USD 39.899 adicionales, equivalentes a un incremento del 300% en su liquidez. Su patrimonio pasó de USD 101.821 a USD 140.828, un aumento del 38,31%.

Jorge Manrique (RC), alcalde de Urcuquí, incrementó sus saldos bancarios de USD 5.327 a USD 35.533, reflejando un aumento del 567%. Al mismo tiempo, sus pasivos bajaron de USD 3.818 a USD 1.623. Como resultado, su patrimonio subió de USD 24.509 a USD 55.910, representando un incremento del 128,12%.

Finalmente, Óscar Narváez, alcalde de Pimampiro, reportó USD 14.788 en saldos bancarios al inicio de su gestión en 2023, alcanzando un pico de USD 41.879 en 2024, para luego declarar USD 17.017 en 2025. A la par, sus pasivos cayeron drásticamente de USD 57.233 a USD 12.571, lo que significa una reducción de deudas del 78,03%. Su patrimonio aumentó de USD 246.627 a USD 290.890, una variación al alza del 17,95%.

Spondylus Info Lab contactó a los funcionarios a través de sus correos electrónicos registrados en el Portal de Transparencia para consultar su postura al respecto; sin embargo, hasta el cierre de este artículo no hubo respuesta.

Expedientes acumulados: El historial judicial de las autoridades

Los registros del Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano demuestran que cuatro de las seis autoridades municipales de Imbabura figuran relacionadas con nueve causas penales que concluyeron sin una sentencia condenatoria.

El alcalde de Ibarra, Álvaro Castillo, concentra la mayor cantidad de expedientes. Consta como investigado en tres causas principales por el presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Dos de ellas se relacionan con el pago de indemnizaciones y se archivaron cuando los valores fueron cancelados. La tercera causa, originada por la denuncia de un ciudadano, fue archivada sin que se conozcan mayores detalles.

Adicionalmente, el Alcalde de Ibarra enfrentó una denuncia por presunta violencia psicológica tras emitir en una entrevista radial presuntos insultos y comentarios supuestamente denigrantes, calificando de “majadera” a una ciudadana, expediente que fue archivado el 10 de mayo de 2023. También fue investigado por el presunto delito de daño a bien ajeno en una causa archivada el 9 de mayo de 2025. Finalmente, fue querellado penalmente por el presunto delito de usurpación, al haber ordenado a maquinaria municipal destruir un cerramiento e ingresar a propiedad privada, proceso que concluyó el 19 de octubre de 2015 mediante un acuerdo de conciliación en el que el alcalde debió ofrecer disculpas formales a la víctima.

En el cantón Cotacachi, el alcalde Jomar Cevallos Moreno fue denunciado por supuesto tráfico de influencias. El expediente examinó una decisión adoptada en 2019 por el directorio de la Empresa Pública de Energía Renovable y Turismo de Cotacachi, presidido por Cevallos en su calidad de alcalde, para entregar en comodato las instalaciones de la Hostería Cuicocha a la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi. La causa fue archivada el 17 de mayo de 2021 por insuficiencia de indicios para proceder a una acusación.

César Escobar Vallejos, alcalde de Antonio Ante, aparece relacionado con una investigación previa por presunta elusión de responsabilidad de servidores de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas. El expediente ingresó el 30 de diciembre de 2020, antes del inicio de su administración, y fue archivado el 21 de enero de 2021 a petición de la Fiscalía por no hallar elementos de convicción suficientes.

Óscar Narváez Rosales, alcalde de Pimampiro, registra una causa penal en su contra por la presunta comisión de actos de odio. Fue denunciado por un ciudadano que argumentó haber sido víctima de un trato discriminatorio por su ideología política al habérsele suprimido su puesto. La Presidencia de la Corte Provincial de Justicia dictó el archivo de la investigación el 9 de octubre de 2024, tras determinarse que los hechos respondieron a facultades municipales regulares y se justificó la supresión de la partida presupuestaria con el pago de USD 7.227, concluyendo que la conducta no constituyó un delito.

Spondylus Info Lab contactó a los funcionarios a través de sus correos electrónicos registrados en el Portal de Transparencia para consultar su postura al respecto; sin embargo, hasta el cierre de este artículo no hubo respuesta.

Cuentas pendientes: Omisiones y registros tributarios

Una revisión del portal del Servicio de Rentas Internas con corte al 14 de mayo de 2026, fecha en la que se cumplieron tres años del inicio de las actuales administraciones seccionales, indica que ninguna de las siete autoridades de Imbabura registraba deudas firmes, deudas impugnadas o en facilidades de pago.

Los alcaldes de Cotacachi y de Ibarra no han presentado todas sus declaraciones. Jomar Cevallos no lo hizo en 2021 y 2022, en tanto que Castillo solo en 2022.

Negocios paralelos: Autoridades en el mundo empresarial

Dos autoridades tienen vínculos con empresas. Richard Calderón, prefecto de Imbabura, fue proveedor del Estado, pero con un contrato bajísimo de alrededor de USD 2.000 durante la pandemia de COVID-19 y antes de ser electo.

Álvaro Castillo, alcalde de Ibarra, sigue siendo accionista de tres empresas: Aprende y Emprende–Incubadora de Empresas AEIEmpresas S.A.S., Agroturismo del Norte S.A.S. y Constructora Comercial Castrillo Concomcas Cía. Ltda. En las dos primeras ocupa también el cargo de representante legal, de acuerdo con la Superintendencia de Compañías.

Mientras Esmeraldas enfrenta la violencia de las bandas criminales, sus autoridades seccionales acumulan expedientes penales por los presuntos delitos de lavado de activos, tráfico de influencias, retención ilegal de aportaciones a la seguridad social, incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, abuso de confianza, intimidación, calumnia, hurto, robo y daños materiales, registran saltos patrimoniales de hasta un 191% y no siempre presentan su declaración de impuestos ante el SRI.

Esmeraldas revela un patrón alarmante: su prefecta y los siete alcaldes registran fluctuaciones y saltos patrimoniales vertiginosos, un contraste con la pobreza que vive la población a la que deben servir como funcionarios públicos. El alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís Tenorio, detenido y sospechoso de presunto lavado de activos, es el caso más extremo.

En esta jurisdicción, que alberga a una población proyectada de 609.590 habitantes para 2026, los hallazgos evidencian que las ocho autoridades seccionales –la prefecta y los siete alcaldes– enfrentan o han enfrentado procesos penales. Además, tres presentan saltos patrimoniales atípicos durante el ejercicio de sus gestiones, cinco mantienen nexos directos con el sector empresarial mediante acciones o cargos administrativos, y tres no han cumplido con presentar sus declaraciones de impuesto a la renta ante la autoridad tributaria durante uno o más años desde el 2019.

Esta serie Alcaldes y prefectos bajo la lupa fue posible gracias al auspicio del Pulitzer Center y en alianza con Fundamedios. Mil Hojas y otros 36 medios de comunicación se han unido a la alianza periodística de Spondylus Info Lab para difundir la información.

Alcalde de Esmeraldas en la mira de la Fiscalía

De acuerdo con los registros de la Contraloría General del Estado (CGE), el alcalde Villacís Tenorio registró un salto patrimonial del 191%. En 2023, al inicio de su gestión, reportó un patrimonio de USD 1.442.301. Sin embargo, en su declaración periódica de 2024, esta cifra se disparó a USD 4.209.579, y posteriormente los registros muestran variaciones considerables en sus activos.

El rubro de efectivo disponible en bancos del alcalde Villacís –electo por la Unión por la Revolución Ciudadana– pasó de apenas USD 10.994 en sus primeras declaraciones de 2023 a USD 77.378 en 2024, hasta alcanzar la suma de USD 713.543 en 2025.

El empresario y abogado declaró una subida de sus cuentas por cobrar de cero dólares a USD 1.450.000, y en 2024 reportó inversiones por USD 1.900.000 que luego desaparecieron de sus registros en 2025. Su maquinaria y equipo también fluctuaron desde USD 5 millones en 2024 hasta más de USD 2 millones en 2025.

Tras el arresto de Villacís, la concejal Laura Yagual Salazar asumió la Alcaldía de manera subrogante. Las declaraciones juradas de Yagual muestran un incremento reciente en su patrimonio. En reportes anteriores, la funcionaria registró patrimonios de USD 15.005 y USD 15.210, integrados casi de forma exclusiva por bienes muebles. No obstante, en sus declaraciones periódicas más recientes, la cifra ascendió a USD 55.000, impulsada por una valoración de USD 50.000 en el rubro de bienes muebles y manteniendo sus pasivos en cero.

Por su parte, la prefecta de la provincia, María Roberta Zambrano Ortiz (Partido Social Cristiano), presenta un historial financiero caracterizado por millonarios crecimientos y caídas. Al inicio de su gestión en 2019, reportó un patrimonio de USD 1.888.628. En un lapso de dos años, este monto subió en un 29% hasta llegar a USD 2.441.455, pero posteriormente se desplomó a USD 662.651.

En sus múltiples declaraciones, la prefecta Zambrano ha detallado poseer bienes inmuebles como una hacienda en Esmeraldas valorada en USD 181.132, casas en Esmeraldas valoradas en USD 254.836, un departamento en Pichincha de USD 150.000 y otro departamento en Manabí por el mismo valor. Además, declaró poseer semovientes valorados en USD 460.000 y plantaciones de teca por USD 197.940, mientras que en sus pasivos se destaca un préstamo hipotecario por USD 240.000.

Sobre estas fluctuaciones, la Prefectura respondió a este equipo periodístico a través de su coordinadora institucional, Mónica González. Como delegada de la máxima autoridad, la funcionaria justificó que las variaciones y la severa reducción de sus activos obedecen a la renuncia de gananciales y bienes hereditarios tras el fallecimiento de su esposo en febrero de 2022, aclarando que el millonario patrimonio declarado inicialmente correspondía a la sociedad conyugal e incluía derechos de usufructo a favor de sus hijas.

En el cantón Muisne, la alcaldesa Yuri Colorado Márquez (que gana por el PSC) incrementó su patrimonio desde que asumió el cargo en 2023. Ese año declaró USD 194.000, cifra que subió a USD 301.973 para su declaración periódica de 2025.

Este incremento de más de USD 107.973 se explica por el aumento de sus inventarios y mercaderías de USD 90.000 a USD 120.000, la compra de un terreno en Esmeraldas valorado en USD 16.000 y la incorporación de equipos de oficina y obras de arte. No obstante, en una segunda declaración del mismo 2025, su patrimonio se redujo a USD 249.816, debido a la caída de sus inventarios nuevamente a USD 90.000, la reducción del avalúo de su menaje de casa y el incremento de sus pasivos mediante un “préstamo personal” y otras deudas.

La presidente de la Asociación de Municipalidades (AME) remitió una respuesta oficial a este equipo periodístico aclarando que la cifra de USD 301.973 correspondió a «errores de tipeo» en el formulario. Por este motivo, Colorado aseguró que presentó oportunamente una declaración corregida donde se subsanó el error y se fijó su patrimonio neto real en USD 249.816.

Otros alcaldes también muestran variaciones. El alcalde de Atacames, Willians Mendoza Vidal (PSC), incrementó su patrimonio de USD 1.925.943 a USD 1.980.355, justificado por el aumento de cuentas por cobrar en USD 17.600 y un disponible en bancos que subió marginalmente, manteniendo intactos sus bienes inmuebles valorados en más de USD 1.100.000, entre los que destacan fincas, terrenos y casas en Esmeraldas.

El alcalde de Eloy Alfaro, Ali Corozo Mosquera (PSC), subió su patrimonio de USD 25.836 a USD 39.606 tras la adquisición de un automóvil valorado en USD 42.990 en julio de 2025, lo que a su vez incrementó sus deudas a más de USD 34.000.

Finalmente, el alcalde de Quinindé, Ronal Moreno Anangonó (Unión por la Revolución Ciudadana), reportó en 2024 un patrimonio neto de USD 1.402.797, impulsado por activos que superan los USD 2.000.000, incluyendo una casa en Pichincha valorada en USD 420.000, múltiples propiedades rurales en Esmeraldas y Guayas, y maquinaria pesada valorada en USD 365.990.

El grupo periodístico Spondylus Info Lab contactó a los demás funcionarios a través de sus correos electrónicos registrados en el Portal de Transparencia de sus respectivas instituciones para consultar su versión; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Expedientes acumulados: El historial judicial de las autoridades

Los registros públicos del sistema judicial (Satje) exponen una cruda realidad administrativa en Esmeraldas, donde casi la totalidad de sus máximas autoridades enfrentan procesos penales. A la cabeza aparece Vicko Villacís, detenido el 3 de junio de 2026 y procesado por lavado de activos por presuntamente liderar una estructura criminal estratégicamente organizada para la obtención sistemática de fondos estatales en perjuicio de Petroecuador.

Según el expediente judicial, el alcalde habría registrado ingresos en el sistema financiero nacional por USD 8.249.466 entre 2020 y 2025, de los cuales la mayoría corresponderían a transferencias y depósitos injustificados. El presunto modus operandi incluyó una supuesta “monetización física” de millonarias sumas en hoteles y departamentos para la estratificación del dinero ilícito proveniente de fallos judiciales presuntamente amañados.

Aparte de este escándalo, Villacís Tenorio enfrenta otra causa por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente impulsada por la empresa Duragas, y un proceso por abuso de confianza relacionado con honorarios impagos a una abogada. Además, tras su arresto, querelló por calumnia a Laura Yagual, la concejal que asumió su lugar de manera subrogante. El caso está en etapa inicial.

La prefecta Zambrano también posee un historial judicial. Fue investigada por presunta intimidación a un periodista del medio digital Hoja de Ruta, quien expuso presuntas irregularidades en su patrimonio. Según el expediente, la prefecta habría publicado mensajes en sus redes sociales responsabilizando al periodista de su seguridad y la de sus hijas, y posteriormente habría ordenado la realización de un video en TikTok donde su asistente de comunicación habría proferido comentarios de descrédito en contra del reportero. Este caso fue archivado y el juez declaró la temeridad de la denuncia.

Por otro lado, el exasambleísta Linder Altafuya presentó una querella contra la prefecta y ya se ha ordenado su citación formal. Además, su nombre aparece en un expediente por el presunto delito de hurto en 2019.

Frente a este historial, la delegada de la prefecta Zambrano respondió que en el caso por presunta intimidación la justicia declaró la temeridad de la denuncia debido a la total ausencia de elementos de convicción e indicios razonables por parte del denunciante. Respecto a la causa por hurto, la vocería oficial aclaró que la investigación no se dirige en contra de la actual prefecta, sino que corresponde a una denuncia presentada por la administración anterior tras la sustracción de herramientas de una maquinaria de la institución, un proceso en el cual aseguran haber solicitado que continúen las indagaciones.

El delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente es casi un denominador común entre los alcaldes esmeraldeños. El alcalde de Atacames, Willians Mendoza Vidal, enfrenta una formulación de cargos por negarse a acatar una sentencia del Tribunal Contencioso Tributario que obliga al Municipio a devolver USD 487.188 a favor de la empresa DirecTV.

El alcalde de Río Verde, Joffre Quintero Bolaños, en cambio, fue investigado por presunto tráfico de influencias, un proceso que ahora está en consulta a la Fiscalía General porque la Contraloría se opuso al archivo de la investigación. Quintero acumula además múltiples causas por presuntamente no haber acatado mandatos judiciales a favor de la empresa Conecel (Porta), y enfrentó una indagación penal similar por presuntamente haberse negado a cumplir una orden de pago a favor de la contratista Martha Cecilia Trujillo Landeta, aunque este último caso fue archivado tras alcanzar un acuerdo de mediación.

En el ámbito judicial, la alcaldesa de Muisne, Yuri Colorado, también fue indagada por el presunto incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, derivado de una denuncia por impagos a una exempleada. Al respecto, Colorado respondió que la denuncia obedecía a deudas generadas por administraciones anteriores y recalcó que el juez dictó el archivo de la causa debido a la falta de elementos recabados por la Fiscalía.

En todos estos casos, Spondylus Info Lab contactó a los funcionarios a través de sus correos electrónicos registrados en el Portal de Transparencia para consultar su postura al respecto; sin embargo, no hubo respuesta.

Cuentas pendientes: Omisiones y registros tributarios

Varias autoridades de Esmeraldas han normalizado una cultura de opacidad fiscal, reflejada en el incumplimiento sistemático de sus obligaciones ante el Servicio de Rentas Internas (SRI). Si bien la base de datos oficial no reporta deudas en firme actualmente, el registro de presentación de la declaración del impuesto a la renta expone omisiones.

El alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís no presentó su declaración de impuesto a la renta entre los años fiscales 2019 y 2021, en tanto que en 2022 y 2025 declaró cero dólares. En el mismo contexto, el alcalde de Eloy Alfaro, Ali Corozo Mosquera, omitió la presentación de su declaración correspondiente al año 2021, al igual que la alcaldesa de Muisne, Yuri Colorado, en 2019, cuando fue electa por primera vez.

Sobre esta omisión, Colorado justificó que en dicho periodo fiscal sus ingresos no superaron la fracción básica desgravada. La funcionaria argumentó que durante ese año no cumplió funciones bajo relación de dependencia ni generó ingresos por actividades económicas independientes que superaran la base imponible, razón por la cual no generó pago de impuesto a la renta.

La situación del alcalde de Quinindé, Vicente Moreno, es particular. Desde 2019 hasta 2022 reportó siempre cero dólares de impuesto a la renta. Solamente a partir de 2023, cuando asumió la Alcaldía, tuvo pagos significativos.

Negocios paralelos: Autoridades en el mundo empresarial

El cruce de datos entre la Superintendencia de Compañías y el Servicio Nacional de Contratación Pública evidencia que el alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, está relacionado con varias empresas. La Fiscalía las ha incluido también en su investigación.

Según los registros, es accionista y administrador actual de la distribuidora de bebidas Nativa Company Premiumwater S.A. y la camaronera Greenseafoods S.A. También mantiene relación con las compañías disueltas Reygrouph S.A. y Reypezpacific S.A., en tanto que figura como administrador anterior de la constructora King Traiding Limited KT&V Cia.Ltda., la empresa de transporte Reysolutionwash S.A. y Esmerey TV S.A.

A su vez, otros tres alcaldes de la provincia son socios de empresas de transporte.

Así, Vicente Moreno Anangonó, alcalde de Quinindé, poseía, desde el año 2010, 20 acciones en la empresa Transportes La Cumbre S.A. Transcum, lo que representa apenas el 2,5% de la compañía. Los documentos públicos revelan que el 4 de mayo de 2023, apenas días antes de asumir oficialmente su cargo, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Quinindé firmó un contrato con Transcum por un valor de USD 335.549 (más IVA). El 30 de junio de 2023, casi mes y medio después de asumir su cargo, el alcalde se deshizo de sus acciones.

Otro caso es el del alcalde de Eloy Alfaro, Ali Corozo Mosquera, quien mantuvo vínculos comerciales con la Compañía de Transporte Mixto Transpmixlec S.A., en la cual fue accionista desde el año 2017 hasta el 2021. Esta empresa ha sido una recurrente beneficiaria de fondos públicos en la provincia; los documentos detallan que el 31 de julio de 2023, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) del distrito Esmeraldas adjudicó el contrato número FI-DD08D01-001-2023 a favor de Transpmixlec S.A. por un monto de USD 80.283 para el servicio de alquiler de vehículos. Adicionalmente, esta misma compañía participó y resultó adjudicada en otros procesos de ferias inclusivas impulsados por entidades estatales en la provincia, como la Corporación Nacional de Electricidad y el Ministerio de Salud Pública, compartiendo en algunos contratos la prestación del servicio de transporte con otras operadoras locales.

Finalmente, el alcalde de Atacames, Willians Mendoza Vidal, es socio de la Compañía de Transporte de Carga Pesada Alsoveri S.A., donde posee un dólar de capital, de un total de 800; así como de la Compañía de Transporte Pesado Buncheritos S.A. donde tiene USD 40 de un total de USD 840 y en la que participan también sus hermanos. No es la única actividad empresarial de Mendoza, quien es también socio de la Compañía Ferretera y Constructora Ferriconstruccionesoriente S.A.

En el ámbito corporativo, los registros societarios vinculan a la alcaldesa Yuri Colorado como gerente y accionista de la empresa Academia de Formación Yuri Colorado S.A.S. Sobre este tema, la funcionaria reconoció haber constituido la sociedad con fines de emprendimiento particular antes de iniciar su carrera pública, pero aseguró que al asumir la Alcaldía el proyecto quedó completamente inactivo. Colorado enfatizó que la empresa se paralizó bajo un “estricto criterio de ética” para prevenir conflictos de intereses, aclarando que la firma no mantiene ni ha mantenido contratos con el Estado ni con ninguna entidad pública o privada.

En El Oro la violencia no da tregua, dos de sus alcaldes fueron asesinados. Sus quince autoridades seccionales han reportado saltos patrimoniales importantes, el del prefecto Clemente Bravo es el más llamativo pues registró un aumento considerable en el primer periodo y luego retrocedió drásticamente en el segundo mandato.

El Oro, la sexta provincia más poblada del Ecuador, atraviesa una espiral de violencia sin precedentes, con una tasa de 105 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2025. En ese año se registró, en promedio, un homicidio cada 33 horas.

La violencia ha cobrado la vida de dos alcaldes. Primero fue Jorge Maldonado Sánchez, alcalde de Portovelo, asesinado el 19 de abril de 2024 por dos sujetos en moto que le dispararon en la ciudadela El Oro. Lo reemplazó Yulissa Aguilar Espinosa. Luego fue el alcalde de Arenillas, Eber Ponce Rosero, también en un ataque armado el 11 de enero de 2025. Lo reemplazó Teresa de Jesús Solís Culcay, ginecóloga de 57 años y vicealcaldesa por el movimiento Avanza.

Son 15 autoridades seccionales que gobiernan la provincia. Al menos seis de ellos registran variaciones patrimoniales significativas: cuatro con incrementos que van del 80% al 1.076% entre una declaración y la siguiente, y dos con reducciones abruptas que superan el 85% respecto de su declaración inmediatamente anterior.

El caso más extremo es el del prefecto Clemente Bravo Riofrío, ingeniero civil y abogado de 56 años, reelecto bajo el partido SUR, cuyo patrimonio pasó de USD 490.691 a USD 5.768.451 en cuatro años y luego retrocedió considerablemente. Entre los alcaldes, Hitler Álvarez Bejarano, docente de El Guabo, reelecto bajo el movimiento MAR, presentó cifras altas en su primer periodo que también disminuyeron en el segundo mandato.

A inicios de junio, la Contraloría General indicó que, tras auditar las declaraciones patrimoniales del alcalde de Machala, Darío Macas, se encontró una diferencia de cerca de un millón de dólares que no pudo ser justificada, por lo que trasladó el expediente a la Fiscalía para que investigue.

Además, cinco autoridades mantienen vínculos societarios activos registrados ante la Superintendencia de Compañías. Cuatro de ellos aparecen como administradores a pesar de ser alcaldes.

Otros dos alcaldes tienen deudas tributarias en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI), aunque de bajo monto y otros dos no han presentado todos los años sus declaraciones de impuesto a la renta. Seis alcaldes y el prefecto registran investigaciones penales, todas concluidas con archivo o sobreseimiento.

Esta serie Alcaldes y prefectos bajo la lupa fue posible gracias al auspicio del Pulitzer Center y en alianza con Fundamedios. Mil Hojas y otros 36 medios de comunicación se han unido a la alianza periodística de Spondylus Info Lab para difundir la información.

Los aumentos patrimoniales

El prefecto Clemente Bravo Riofrío encabeza los casos de mayor crecimiento patrimonial entre las autoridades de El Oro. El ingeniero civil y abogado de 56 años acumula más de dos décadas en cargos públicos, primero como alcalde de Santa Rosa durante 18 años y desde 2019 como prefecto bajo su propio partido, SUR.

Bravo registró ante la Contraloría General del Estado un patrimonio de USD 490.691 en su declaración de inicio de gestión de 2019. La cifra ascendió a USD 5.768.451 en su declaración de fin de período de 2023. La diferencia equivale a un aumento de aproximadamente 1.076%. Sin embargo, para 2025 registró USD 1.312.049, lo que equivale a un retroceso millonario.

El primero de junio, esta alianza periodística le envió un correo electrónico al prefecto, pero no obtuvo ninguna respuesta. Desde la publicación de la serie, el miércoles 17 de junio, se anunció que se enviaría una respuesta, pero hasta el cierre de esta edición esta tampoco llegó.

Entre los alcaldes, uno de los casos que más llama la atención es el de Hitler Álvarez Bejarano, de El Guabo, docente y dirigente del transporte. Asumió la alcaldía en 2019 con un patrimonio de USD 266.282 y tuvo un crecimiento sostenido hasta cerrar el 2023 con USD 280.725. Sin embargo, al iniciar el siguiente periodo situó su patrimonio en tan solo USD 7.158, una disminución de más de USD 270 mil.

Durante su segundo periodo, en la declaración periódica de 2024, su patrimonio subió a USD 36.485 y para 2025 se situó en USD 62.987, principalmente por un aumento en bienes inmuebles.

En Las Lajas, el alcalde Jimmy Castillo Abad declaró un patrimonio de USD 1.208.036 al inicio de su gestión en 2023. Sin embargo, las declaraciones presentadas en 2024 y 2025 registran exactamente un mismo valor, mucho menor: USD 95.263.

En respuesta a la consulta de este equipo periodístico, Castillo Abad atribuyó la diferencia a un error de digitación en su declaración de inicio de gestión de 2023. Según explicó, una vivienda en el cantón Arenillas, adquirida en 2017, fue declarada por error con un valor de USD 1.078.558 cuando el correcto era USD 10.785, es decir, sin los decimales correspondientes.

El alcalde reelecto de Machala, Darío Macas Salvatierra, presenta una de las reducciones patrimoniales más marcadas. El ingeniero civil que llegó por el movimiento Avanza lidera el cantón orense con más asesinatos en términos absolutos en 2025.

En 2024, Macas tenía un patrimonio de USD 2.511.616. Un año después presentó dos declaraciones periódicas: la primera por USD 372.024 y la segunda por USD 387.954. Comparada con la declaración de 2024, la reducción alcanza aproximadamente el 85%. Macas no respondió a un pedido de contrastación enviado por esta alianza periodística.

Autoridades mantienen participación en compañías activas

Cinco de las autoridades de El Oro analizadas en esta investigación mantienen vínculos societarios registrados ante la Superintendencia de Compañías mientras ejercen funciones públicas, ya sea como accionistas, administradores o ambos. En un caso, una empresa vinculada a un alcalde suscribió un contrato con el Estado durante su gestión, pero bastante pequeño.

El alcalde con mayor historial empresarial es Luis Florencio Fárez Reinoso, de Huaquillas, cantón fronterizo con Perú. Registra participaciones accionarias en varias empresas, pero en su mayoría están en proceso de disolución o liquidación. En una comunicación enviada a esta alianza periodística, Fárez explicó que seis de nueve están en esa situación. En tanto que otras tienen su RUC suspendido.

La excepción, añadió, es Indamira Cía. Ltda., cuya gerencia general asumió el 16 de septiembre de 2023, ya en ejercicio de la Alcaldía. Fárez indicó que se trata de una empresa familiar dedicada a una plantación de teca que no alcanzó desarrollo comercial, que su RUC está inactivo desde el 2021 y que no ha mantenido vínculo contractual con el Municipio. Incluso indicó que estaba evaluando renunciar formalmente al cargo.

Otro caso es el del alcalde de Machala reelecto, Darío Macas Salvatierra, pues registra participación accionaria en Construcciones D&MS S.A., donde también es administrador. Adicionalmente mantiene acciones en Camaroneras Marescisne S.A.

El alcalde de Las Lajas, Jimmy Castillo, es accionista de la Compañía de Transporte Rutas Lajenses S.A. y de Agroindustrias Castillo Ordoñez Casord S.A.S., de la que es su presidente. El alcalde aseguró que esta última es un emprendimiento familiar y restó importancia a su cargo de presidente.

Sí explicó detalladamente el contrato que Rutas Lajenses suscribió en diciembre de 2024 con la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP) por USD 21.464 por un año. Para esa fecha, Castillo Abad ya se encontraba en funciones como alcalde y era uno de los 25 accionistas.

Castillo indicó que en este modelo de negocio los réditos los percibe directamente el propietario del vehículo, no los accionistas, y envió documentos para probar que no tenía ningún vehículo operando en ese entonces.

Asimismo, el alcalde de Pasaje, Jovanny Coronel Castillo (SUR), consta como accionista y administrador de la Inmobiliaria JJC Cía. Ltda. También mantiene participaciones en la Compañía de Transporte de Carga Pesada y Mudanzas Beltrán y Asociados Transbeltrán S.A. y en la Compañía de Carga Pesada Unión Orense Unorcom S.A.

En el caso del alcalde de El Guabo, Hitler Álvarez Bejarano, los registros de la Superintendencia de Compañías lo identifican como accionista de Camiones Orenses Caminer S.A.

Mientras que el prefecto Clemente Bravo Riofrio mantiene participaciones en cuatro empresas activas: Agricmarino Export S.A.S., dedicada a actividades camaroneras; Transporte de Materiales Pétreos Orovol S.A.; Compañía de Taxis 12 de Marzo S.A.; y Empresa Minera Oro Blanco Emob S.A. La diversidad sectorial de sus vínculos (camarones, minería, transporte de carga y taxis) abarca precisamente algunas de las industrias más relevantes de la provincia.

Deudas tributarias y períodos fiscales sin declarar

Los registros del Servicio de Rentas Internas (SRI) muestran deudas tributarias en firme y falta de declaraciones en determinados períodos fiscales.

Las deudas con el SRI son por cantidades bajas si se comparan con sus patrimonios declarados. A inicios de mayo, el prefecto Bravo registraba una deuda tributaria en firme de USD 1.104 y el alcalde de Pasaje, Jerry Coronel, una de USD 1.109.

Por su parte, los alcaldes de Huaquillas y Las Lajas no han presentado su declaración de impuesto a la renta los últimos años. De acuerdo con el portal del SRI, Fárez Reinoso no la presentó en 2019 ni en 2020 en tanto que Jimmy Castillo Abad no lo hizo en 2020 ni en 2021.

Al respecto, Castillo explicó que durante esos años no trabajó en relación de dependencia ni obtuvo ingresos que lo obligaran a declarar, y citó el artículo 42 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, que exonera de esa obligación a quienes no superan la fracción básica desgravada.

Investigaciones archivadas y sobreseimientos

Seis alcaldes y el prefecto registran investigaciones penales según la consulta de procesos judiciales electrónicos del Consejo de la Judicatura (Satje), los procesos concluyeron con decisiones de archivo o sobreseimiento, sin que se acusara formalmente.

El alcalde reelecto de Machala, Darío Macas Salvatierra, registra dos investigaciones archivadas. La primera se inició en abril de 2022 a partir de una nota periodística de Ecuavisa, que se había difundido el 28 de abril del 2020 –según los registros del Satje–, sobre presuntas irregularidades en la construcción de un mercado minorista multifuncional, valorado en aproximadamente USD 7,84 millones, en terrenos de la antigua Granja del Colegio Nacional 9 de Octubre. La denuncia cuestionaba el procedimiento de contratación utilizado para la obra. Tras casi dos años de investigación, la Fiscalía concluyó que no existían elementos suficientes para configurar un delito de tráfico de influencias.

La segunda investigación seguida por la Fiscalía General del Estado y los ciudadanos Milton Chacaguasay y Reymundo Alarcón fue ingresada en julio de 2024 y tuvo como antecedente una publicación realizada en enero de 2023 por el semanario La Verdad. La nota señalaba presuntas irregularidades en la administración municipal, incluyendo supuestos actos de favoritismo en contrataciones, manejo indebido de recursos públicos y posibles delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y asociación ilícita. La Fiscalía determinó que no existían elementos suficientes para formular cargos y dispuso el archivo de la causa.

El prefecto de El Oro, Clemente Bravo Riofrio, estuvo vinculado a una investigación relacionada con la licitación para la ampliación y mejoramiento de la vía Machala–intersección con la Troncal de la Costa E-25. El denunciante sostenía que la adjudicación al Consorcio Balosa-Palosa, por USD 17,4 millones, resultaba más costosa que la propuesta presentada por el Consorcio AVM, valorada en USD 14,5 millones. Tras la investigación, la Fiscalía concluyó que no se configuraban los elementos constitutivos del delito de peculado y solicitó el archivo del expediente.

En 2018, el alcalde de Huaquillas, Luis Florencio Fárez Reinoso, fue investigado en una causa relacionada con una presunta estafa vinculada a inversiones en actividades camaroneras. La Fiscalía dispuso su sobreseimiento antes de la etapa de juicio. El proceso continuó respecto de otro investigado, quien posteriormente también fue absuelto.

Por su parte, la alcaldesa de Portovelo, Madeleivy Aguilar Espinosa, registra una investigación archivada por una denuncia de presunta defraudación tributaria. Según la denuncia presentada por el Servicio de Rentas Internas (SRI), la empresa Consorcio Aguilar y Aguilar, en la que ella figuraba como contadora, habría incrementado artificialmente sus costos en la declaración del impuesto a la renta correspondiente a 2014. En diciembre de 2023, la Fiscalía solicitó el archivo del caso al no encontrar elementos suficientes para continuar con la acción penal.

Con el fin de contrastar los hallazgos de esta serie se enviaron correos electrónicos a las autoridades seccionales de El Oro, solo Castillo Abad contestó antes del cierre de esta edición.

Tras la publicación de este reportaje, el prefecto de El Oro, Clemente Bravo Riofrío, contestó a las preguntas enviadas por este equipo periodístico. En su respuesta, sostiene que las variaciones detectadas entre sus declaraciones patrimoniales no corresponden a una variación injustificada, sino a la corrección y mayor individualización de bienes inmuebles que, según afirma, ya formaban parte de su patrimonio antes de asumir la Prefectura —con fechas de adquisición que ubica entre 1993 y 2008— y a la incorporación posterior de pasivos, créditos e hipotecas que, según indica, no habían sido registrados en declaraciones anteriores. Bravo atribuye las omisiones iniciales a errores en el proceso de levantamiento y carga de información realizado por la persona encargada de asistirlo en esa tarea. Según su declaración patrimonial de septiembre de 2025, su patrimonio neto —descontando pasivos por USD 3.713.916,63— asciende a USD 1.312.049,79.

Centro político y productivo del país, en Pichincha ninguna de sus nueve autoridades se salva de denuncias, aunque algunas ya están archivadas. A su vez, cuenta con dos alcaldes empresarios que siguen como representantes legales de sus compañías.

Denuncias que van desde delito de odio hasta delitos contra el agua, pasando por estafa, peculado o abuso sexual; las nueve autoridades seccionales de Pichincha acumulan causas penales, muchas de las cuales ya fueron archivadas. Con excepción de la prefecta Paola Pabón, todos podrían ser candidatos a la reelección en los próximos comicios.

Dos alcaldes empresarios no solo son accionistas de sus empresas, sino que también las representan legalmente. Uno de ellos pagaba cero de impuesto a la renta hasta que asumió la alcaldía.

Además, existen cuatro casos de cambios patrimoniales importantes: los alcaldes de Puerto Quito, Cayambe, San Miguel de los Bancos, así como de la prefecta provincial.

Esta serie Alcaldes y prefectos bajo la lupa fue posible gracias al auspicio del Pulitzer Center y en alianza con Fundamedios. Mil Hojas y otros 36 medios de comunicación se han unido a la alianza periodística de Spondylus Info Lab para difundir la información.

Altos y bajos

En lo que respecta a los aumentos de patrimonio, uno de los casos más importantes es el del alcalde de Puerto Quito, Víctor Mieles Paladines, que llegó por el Partido Socialista Ecuatoriano. En 2023 declaró un patrimonio de USD 51.535, que se incrementó en 92% en 2024, llegando a USD 98.981, para situarse en 2025 en USD 144.788 (un aumento de 46%).

De larga trayectoria en el sector público, Mieles fue consejero provincial y concejal de Puerto Quito antes de ser alcalde.

Su crecimiento patrimonial registra un incremento del 517,07% desde que inició su gestión como concejal. En 2019, al asumir dicho cargo en el Municipio, Mieles reportó un patrimonio total de USD 23.463, compuesto por bienes muebles valorados en USD 1.809 y bienes inmuebles por USD 25.564, manteniendo deudas por USD 4.000. Años más tarde, ya en funciones como alcalde, su patrimonio se elevó a USD 144.788.

Por su parte, el alcalde de Cayambe, Alberto Masapanta Cobacango, evidenció un salto del 112% en apenas tres años. En su declaración de inicio de gestión de 2023, Masapanta reportó un patrimonio de USD 90.000, compuesto íntegramente por bienes inmuebles y sin registrar deudas ni bienes muebles.

Sin embargo, en su declaración periódica de 2025, su patrimonio ascendió a USD 190.744,32, desglosado en USD 35.000 en bienes muebles y USD 125.744,32 en bienes inmuebles, manteniéndose sin deudas contraídas. Llegó a la alcaldía por la alianza Unión Popular, PSE y Avanza.

La prefecta de Pichincha, Paola Pabón Caranqui, también experimentó variaciones al alza en su patrimonio. En funciones desde 2019, el patrimonio de la prefecta de la Revolución Ciudadana se situaba en USD 92.745 ese año y no tuvo fluctuaciones importantes, reportando USD 98.720 en 2023 y 107.237 en su declaración periódica de 2024.

En cambio, para su declaración de 2025, el patrimonio aumentó, registrando un salto del 53,19% frente a lo declarado en 2023, pasando a USD 151.232. Este incremento se explica en el crecimiento de sus bienes muebles a USD 35.000 (que incluyen USD 20.000 en obras de arte y joyas), la aparición de cuentas por cobrar por USD 11.250, el ligero reavalúo de sus bienes inmuebles a USD 178.958 (conformados por un terreno y una casa en la provincia de Pichincha) y, fundamentalmente, por una sistemática reducción de sus pasivos, logrando disminuir sus deudas contraídas de USD 100.295 en 2023 a USD 75.505 en 2025.

Un caso curioso es el del alcalde de San Miguel de los Bancos, Luis Suqui Morocho (Avanza), cuyo patrimonio ha decrecido bastante. En 2023 declaró USD 854.456, al año siguiente USD 748.992 y finalmente en 2025 USD 216.380. El alcalde tampoco presentó su declaración de impuesto a la renta en el 2021.

Tras ser consultado por este equipo periodístico, el alcalde Suqui justificó por escrito la omisión de su declaración de 2021, argumentando que durante ese ejercicio fiscal no se encontraba prestando servicios en ninguna institución pública ni privada, ni desarrollaba actividades económicas que generaran ingresos sujetos a la declaración del impuesto a la renta. Por tal motivo, aseguró el funcionario, no existía una base imponible que lo obligara a presentar dicho documento tributario.

Spondylus Info Lab contactó a los demás funcionarios a través de sus correos electrónicos registrados en el Portal de Transparencia para consultar su postura al respecto; sin embargo, hasta el cierre de este artículo no hubo respuesta.

Negocios paralelos: Autoridades en el mundo empresarial

El cruce de información con los registros de la Superintendencia de Compañías (Supercias) reveló que varios alcaldes de la provincia mantienen nexos societarios y administrativos vigentes con empresas privadas.

Los casos que llaman la atención porque, siendo autoridades, también representan a sus empresas son el del alcalde de Mejía, Wilson Rodríguez Vergara (del Movimiento Fuerza Mejiense), quien consta como administrador actual de la firma Rodriguezcompany S.A.S., dedicada al alquiler de grúas y equipos de construcción.

Y la alcaldesa de Pedro Moncayo, Verónica Sánchez Cárdenas, quien aparece registrada simultáneamente como accionista y administradora actual de la Compañía de Importaciones y Exportaciones Veronica Sanchez Verisan Cia. Ltda., empresa enfocada en la venta al por mayor de productos diversos. Llegó a la Alcaldía por la alianza SUMA-Pachakutik-AIRE.

Además, no presentó su declaración de impuesto a la renta en 2019, según el portal del SRI.

Ninguno dio su versión sobre si esta situación les generaba algún conflicto de interés, aunque sus empresas no tuvieran contratos con el Estado.

De su lado, el alcalde de Pedro Vicente Maldonado, Freddy Arrobo Arrobo (ID), es accionista de la Compañía de Camionetas Pedro Vicente Maldonado S.A. y de Transportes Samiban S.A., esta última con registros de haber mantenido un contrato de subasta inversa electrónica con el Municipio de San Miguel de los Bancos en el año 2015, mucho antes de la posesión de Arrobo.

Tras ser consultado por este equipo periodístico, el funcionario remitió una carta oficial fechada el 5 de junio de 2026, en la cual respondió textualmente: “Me permito poner en su conocimiento que actualmente me encuentro ‘inactivo’ como accionista de las compañías que hace mención». Esa inactividad no se refleja en la Superintendencia de Compañías, según constató Spondylus Info Lab.

Finalmente, el alcalde de Rumiñahui, Fabián Eduardo Iza Marcillo, se encuentra registrado como accionista actual de Galileo Galilei Cia. Ltda., una entidad dedicada a la educación primaria, pero no es su representante legal.

Expedientes acumulados: El historial judicial de las autoridades

El Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (Satje) alberga múltiples expedientes penales que involucran a las autoridades pichinchanas en investigaciones por delitos que van desde peculado y estafa hasta abuso sexual y daño a bienes ajenos.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz López, fue investigado por el presunto delito de peculado con una indagación previa que data de 2024, pero al final la Fiscalía pidió el archivo en octubre de 2025. Además, el alcalde Muñoz es investigado de manera reservada por la compra de 60 trolebuses, proceso en el cual ha sido llamado a rendir versión.

En su historial también consta una causa penal originada por presuntos hechos ocurridos el 30 de septiembre de 2010, cuando se desempeñaba como viceministro del Ministerio de Inclusión Económica y Social, en el Gobierno de Rafael Correa. La prescripción se dictó en febrero de 2025, al haber transcurrido más de 14 años.

En respuesta a una solicitud de información enviada por Spondylus Info Lab, el alcalde Muñoz señaló que, en el caso de peculado, la denuncia se originó por una escritura no registrada en 1991, fecha en la que él no ejercía funciones municipales, por lo que la Fiscalía ya dispuso el archivo. Sobre la indagación del caso trolebuses, enfatizó que su participación se limitó a la firma de un memorando de entendimiento técnico con la UNOPS (Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos), mientras que la decisión de compra, especificaciones y ejecución del contrato fueron competencia exclusiva de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros, la cual cuenta con autonomía administrativa. Finalmente, respecto a la causa prescrita por hechos de 2010, aseguró que durante las diligencias de la Fiscalía no se hallaron elementos que sustentaran responsabilidad alguna en su contra.

El alcalde de San Miguel de los Bancos concentra tres expedientes. En 2024 enfrentó una denuncia por el presunto delito de abuso sexual. En noviembre de ese mismo año, el fiscal provincial solicitó el archivo de la investigación al considerar que la conducta no configuraba dicho delito, pedido que finalmente fue aceptado por la Corte Provincial. A esto se suma una causa por presuntos delitos contra el agua, cuya solicitud de archivo fue remitida por la Fiscalía en agosto de 2025.

Frente a estas indagaciones, Suqui respondió mediante una carta oficial que siempre ha colaborado con las autoridades. Recalcó que tanto en la denuncia por abuso sexual como en la de delitos contra el agua, la propia Fiscalía solicitó los respectivos archivos tras concluir que los hechos no configuraban una infracción penal y al no existir elementos de convicción suficientes que sustenten una imputación, por lo que no existió formulación de cargos. Adicionalmente, el funcionario aclaró que el tercer expediente que figura en su contra por daño a un bien ajeno no guarda relación con su administración actual como alcalde, sino que se trató de decisiones institucionales ejecutadas en el pasado cuando ejercía funciones de procurador síndico en el cantón Pedro Vicente Maldonado.

La prefecta Pabón registra una causa por el presunto delito de ocupación, uso ilegal de suelo o tráfico de tierras, en la cual la fiscal provincial Mayra Soria solicitó el archivo el 7 de octubre de 2025. Asimismo, enfrentó una investigación por los presuntos delitos de homicidio y estafa vinculados a bienes incautados que reposaban en las bodegas de la Prefectura, proceso que fue archivado por falta de elementos de convicción. Como antecedente consta que en 2019 fue procesada por el delito de rebelión, caso que no figura activo en el sistema judicial debido a que recibió amnistía.

El alcalde de Cayambe, Segundo Masapanta, acumula procesos por falsificación, estafa y actos de odio. Todos archivados.

Seis alcaldes de Guayas han tenido cambios patrimoniales importantes, uno de ellos lo aumentó en USD 800 mil, en tanto que otros enfrentan juicios o han obtenido millonarios contratos.

Los patrimonios de 15 de los 25 alcaldes de la provincia de Guayas crecieron tras asumir sus funciones en 2023, seis de ellos con aumentos inusuales, siendo el máximo USD 800 mil. Las autoridades seccionales de esta provincia, que cuenta con 4,3 millones de habitantes, también registraron procesos penales, en nueve casos, tres de ellos vigentes, según los registros del Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (e-Satje).

Además, diez alcaldes mantienen relación activa con empresas inscritas en la Superintendencia de Compañías. En el caso del flamante prefecto Carlos Encalada Villacís, aún consta vinculado a seis empresas. Encalada reemplaza desde el 14 de mayo a Marcela Aguiñaga (exRC), tras su renuncia un año antes de terminar el periodo para el que fue elegida.

En esta provincia, dos cantones tienen autoridades subrogantes y designadas ante la falta de sus alcaldes titulares. Se trata de Guayaquil, donde Tatiana Coronel asumió la función porque Aquiles Álvarez se encuentra detenido desde el 11 de febrero pasado; y en Nobol, donde María Belén Candado Veliz reemplazó a Marvin Salas, fallecido en septiembre de 2025.

En Guayas, tres dignidades no han presentado su declaración de impuesto a la renta, al menos una vez, en los últimos siete años, según el Servicio de Rentas Internas (SRI), mientras que las compañías de dos funcionarios han mantenido contratos con el Estado.

Esta serie Alcaldes y prefectos bajo la lupa fue posible gracias al auspicio del Pulitzer Center y en alianza con Fundamedios. Mil Hojas y otros 36 medios de comunicación se han unido a la alianza periodística de Spondylus Lab para difundir la información.

Los incrementos patrimoniales

Entre los alcaldes con marcados crecimientos en sus patrimonios constan los de Naranjito, Naranjal, Marcelino Maridueña, Guayaquil, El Triunfo y Simón Bolívar. Los valores que reportaron en sus declaraciones de inicio de gestión contrastan con las de años posteriores, según los registros de la Contraloría General del Estado.

Por ejemplo, el formulario patrimonial del alcalde de Naranjito, Cristian Suárez Peñafiel, tenía todos los casilleros con valores en cero dólares en 2023. Dos años después, en 2025, reportó USD 637.076 e incluyó entre sus bienes cuatro carros por USD 120.000, dos de ellos comprados en USD 45.000 cada uno, el mismo día, el 23 de octubre del 2023.

Entre sus bienes inmuebles, registró tres casas valoradas en USD 258.362, dos en Guayas y una en Santa Elena. Como única deuda constan USD 12.150 de la tarjeta de crédito a nombre de Suárez Peñafiel.

Electo por el Partido Social Cristiano (PSC), Cristian Suárez, médico de 48 años, no registra compañías y no tiene Registro Único de Contribuyente (RUC) en el SRI. En su formulario del 2024 declaró haber recibido USD 250.000 por concepto de “derechos fiduciarios, de propiedad intelectual o por herencias”. Spondylus Lab le preguntó una versión al respecto, pero no obtuvimos respuesta.

De su lado, el alcalde de Naranjal, Juan Carlos Rivera Gutiérrez, comerciante de 46 años, también registra un incremento patrimonial desde que llegó a esa dignidad en 2023 auspiciado por el movimiento Creando Oportunidades (CREO). El cantón es uno de los más violentos del país con una tasa de muertes violentas de 152,71 por cada cien mil habitantes en 2025.

En 2023, Rivera declaró un patrimonio por USD 1.027.026 y que en 2025 se incrementó a USD 1.871.650, según la Contraloría. Entre sus bienes incluyó 27 propiedades, diez de las cuales fueron adquiridas en 2024.

Mientras que sus deudas, por USD 370.157, comprenden un préstamo hipotecario por USD 332.072, un préstamo personal y su tarjeta de crédito. En 2024 el alcalde compró tres fincas, dos terrenos, tres lotes, un solar y una propiedad, valoradas en USD 452.384. Todas adquiridas el 3 de junio del 2024, de acuerdo con el formulario de Contraloría.

En los registros de la Superintendencia de Compañías no consta que el alcalde tenga empresas y en el SRI tampoco consta inscrita alguna actividad comercial, solo el pago de impuesto de USD 8.178 en 2025. Aunque se le envió un mail con preguntas, no fueron respondidas hasta el cierre de esta publicación.

En Guayaquil, también registra un aumento patrimonial la alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel, economista de 34 años. A la Contraloría le reportó bienes por USD 986 el 16 de mayo de 2023 cuando asumió como concejala, en tanto que en octubre de 2024 su declaración registró el valor negativo de USD 1.842.

No obstante, en el formulario periódico de 2025 reportó un patrimonio de USD 53.591 que comprendía un departamento valorado en USD 54.991. Entre sus deudas solo constan valores por su tarjeta de crédito. El inmueble fue adquirido el 1 de mayo del 2025. Para esta investigación se le consultó al respecto, pero no respondió.

Del Movimiento Renovación Total (RETO), Tatiana Coronel reemplazó desde el 11 de febrero de este año a su coideario, el alcalde Aquiles Álvarez, investigado por varios delitos y actualmente detenido en la Cárcel del Encuentro. La Fiscalía acusa a Aquiles Álvarez de lavado de activos, por introducir en el sistema financiero las ganancias por la venta ilegal de combustibles.

A diferencia de Coronel, el patrimonio de Álvarez retrocedió durante su periodo de alcalde. Pasó de USD 7,7 millones en 2023 a USD 7,4 millones en 2025, una disminución de alrededor de USD 300 mil. Álvarez declaró no tener bienes inmuebles. Sin embargo, informes de la UAFE del caso llamado Goleada, señalan que habría adquirido USD 6,2 millones en bienes, terrenos en Santa Elena y departamentos en Samborondón.

En su declaración de bienes del 2023, cuando asumió el cargo, Álvarez incluyó tres carros, por USD 5.259, USD 63.996 y USD 120.000. No obstante, no mencionó un vehículo Mercedes Benz G 500 del año 2023 valorado en USD 325.000 que aún sigue a su nombre. Ninguno de los carros fue registrado en los formularios patrimoniales de los años siguientes.

El capital del reelecto alcalde del cantón Marcelino Maridueña también aumentó en su gestión. El patrimonio de Pedro Orellana Ortiz, abogado de 54 años electo por la coalición Partido Social Cristiano (PSC)-Movimiento Madera de Guerrero, pasó de USD 168.077 en 2023 a USD 225.125 el año pasado. Su patrimonio en 2019, en su primera administración, se ubicó en USD 134.226.

De su lado, la alcaldesa de El Triunfo, Mabel Tenezaca López, electa por la Revolución Ciudadana, pasó de tener USD 61.105 cuando se posesionó en el cargo a USD 111.320 dos años después. Entre sus bienes consta una casa en Guayas valorada en USD 25.000 y adquirida el 1 de marzo del 2025, lo que fue confirmado por la alcaldesa.

“Dicho incremento corresponde principalmente a la adquisición de una vivienda durante el año 2025, que fue incorporada de manera legal, registrada y oportunamente declarada ante los organismos competentes”, señaló Tenezaca en un escrito para este reportaje.

La alcaldesa agregó que sus declaraciones patrimoniales incluyen “tanto los activos como las obligaciones financieras vigentes relacionadas con dichos bienes”.

También electa por la RC, la alcaldesa del cantón Simón Bolívar, María Fernanda Vargas, presentó su formulario de bienes con el valor negativo de USD 3.390 en el 2023, monto que en 2025 se convirtió en positivo y alcanzó los USD 139.014. En su declaración de 2023 consta el valor de USD 110 de un inmueble, cifra que atribuye a “errores de digitación que fueron posteriormente corregidos y reportados ante la Contraloría”.

“Una vivienda adquirida en 2018 fue registrada por USD 110 cuando su valor correcto es USD 110.000. Asimismo, la deuda hipotecaria asociada a ese inmueble ya constaba en la declaración inicial y continúa vigente, con un saldo menor, debido al pago normal del crédito”, argumentó en su respuesta enviada a Spondylus Lab, María Fernanda Vargas, una de las pocas autoridades seccionales que respondió a los pedidos de contrastación enviados.

Intimidación, entre procesos judiciales

Dos de los 25 alcaldes de Guayas son objeto de investigación por parte de la Fiscalía, en casos que son de conocimiento público. El alcalde de Guayaquil acumula cuatro causas, dos de ellas en la etapa de instrucción fiscal, uno en juicio y otro en solicitud de archivo.

Alvarez fue llamado a juicio en el caso Triple A, por el presunto delito de comercialización ilegal de combustibles en la frontera sur, un proceso iniciado en julio del 2024 y que involucra a 16 personas y seis empresas. Según la Fiscalía, las empresas del alcalde habrían desviado el diésel subsidiado vendiéndolo a otros a precio de mercado, lo que habría provocado un perjuicio al Estado de USD 100 millones. Luego, la Fiscalía abrió la investigación conocida como Goleada, ahora en etapa de instrucción fiscal, por el presunto delito de lavado de activos y que se deriva del caso inicial de la venta ilegal de diésel.

A raíz del caso Goleada, en el allanamiento a su vivienda en una urbanización de Samborondón, el 10 de febrero de 2026, la Policía declaró que el alcalde no portaba el grillete, por lo que ahora se lo lo investiga por presunto incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, proceso que está en etapa de instrucción fiscal.

La justicia también lo investigaba por una denuncia de peculado presentada en septiembre del 2024 por el dirigente de la Federación de Transportistas Urbanos del Guayas, Christian Sarmiento, y que tenía como sustento un informe de Contraloría sobre el contrato firmado en 2022 entre la ATM y la empresa STG encargada de recaudar los ingresos del sistema de la Metrovía. El caso se encuentra en proceso de archivo, pues Sarmiento y otros denunciantes de la Fetug presentaron escritos con su “desistimiento voluntario”.

Otro caso es el de la alcaldesa de Yaguachi, Viviana Olivares Coll, electa por el movimiento Revolución Ciudadana, cuyo proceso está en trámite de archivo. Se trata de una denuncia cuando se desempeñaba como presidenta del GAD parroquial Virgen de Fátima, presentada por Lorena Benalcázar, una exjueza que el 27 de abril del 2022 la acusó de una supuesta intimidación y amenazas.

La Fiscalía pidió el archivo del caso, que está pendiente, por no haberse obtenido “elementos suficientes para formular cargos”.

Empresario con contratos públicos

Entre los alcaldes del Guayas, dos han recibido contratos públicos. Se trata de Luis Chonillo Breilh, de Durán, quien administra desde el extranjero la sexta ciudad más poblada del Ecuador. Chonillo ha estado vinculado a ocho empresas, en cuatro como accionista actual, entre ellas Poligráfica C.A., una compañía que ha recibido 14 contratos desde 2023 hasta la fecha.

Poligráfica C.A., una empresa tradicional guayaquileña y que es de la familia de Chonillo, obtuvo contratos por USD 19,4 millones con el Ministerio de Educación, según los datos del Servicio Nacional de Contratación Pública, Sercop. La mayoría de las adjudicaciones se dio para la impresión de libros, adhesivos vehiculares y otros documentos.

Las empresas del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, también figuran como contratistas del Estado. La compañía Gasgrupco S.A. obtuvo dos adjudicaciones por un total de USD 453.600 en diciembre de 2023, de parte de las municipalidades de Salinas y de Durán. Ninguno de los alcaldes respondió el cuestionario sobre sus contratos, enviado por el equipo de Spondylus Lab.

Un nuevo remezón a nivel seccional ocurrió a inicios de junio: al alcalde de Cuenca se le suspendieron los derechos de participación y ya no puede ejercer su cargo. Ahora Marisol Peñaloza dirige los destinos de la tercera ciudad más grande del país.

Azuay es una de las provincias más prósperas y estables. Con más de 900.000 habitantes y una economía que combina industria, comercio, minería y servicios, alberga a Cuenca, la tercera ciudad más poblada del Ecuador. Sus cifras de violencia contrastan con el resto del país: en el primer semestre de 2025 fue la única zona de planificación policial que registró una reducción de homicidios, con un descenso del 54% frente al mismo período de 2024. Pero esa calma no se refleja en todo el territorio provincial.

El cantón Camilo Ponce Enríquez, en el extremo occidental de la provincia, se convirtió en 2024 en el cantón más violento de Ecuador por tasa anual de homicidios: 258,56 muertes por cada 100.000 habitantes, doce veces más alta que el promedio latinoamericano. La violencia sucede en medio de disputas por el control de la minería ilegal por parte de la delincuencia organizada. Ese año el cantón registró secuestros masivos de personal minero, masacres con víctimas encontradas descuartizadas en campamentos clandestinos y el asesinato del propio alcalde, José Sánchez, en abril de 2024.

Desde entonces, la abogada Magali Sánchez Guerrero ejerce como alcaldesa designada para completar el período 2023–2027. Llegó a la concejalía por la alianza Cambio Histórico Ponceño (DSI-UP-APP). Pese a los operativos militares sostenidos, la minería ilegal persiste: casi cada semana el Ejército clausura bocaminas y destruye campamentos, pero siguen apareciendo nuevos.

Esta investigación cubre a las 14 autoridades municipales actualmente en funciones y al prefecto de la provincia, sustentada en consultas de registros públicos de varias instituciones. Uno de los casos más curiosos es el de dos alcaldes de cantones distintos que son accionistas de una misma empresa constituida en 2026 que declara operar como restaurante en una dirección del Centro Histórico de Quito donde no existe ningún establecimiento verificable.

Mientras se desarrollaba esta investigación, se produjo un cambio inesperado en la conducción de la capital provincial: el 11 de junio de 2026, el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, perdió sus derechos políticos de participación por seis meses tras una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral por violencia política de género, y la vicealcaldesa Marisol Peñaloza Bacuilima asumirá como subrogante.

Además, cuatro alcaldes azuayos registran incrementos patrimoniales de entre el 35% y el 134% entre una declaración y otra; cuatro mantienen vínculos con empresas privadas activas; solo uno mantiene una deuda tributaria en firme y una sola autoridad aparece vinculada a una investigación penal que no derivó en formulación de cargos.

Esta serie Alcaldes y prefectos bajo la lupa fue posible gracias al auspicio del Pulitzer Center y en alianza con Fundamedios. Mil Hojas y otros 36 medios de comunicación se han unido a la alianza periodística de Spondylus Info Lab para difundir la información.

Aumentos en patrimonio

Cuatro de los 15 alcaldes de la provincia de Azuay registran incrementos patrimoniales significativos de entre el 35% y el 134% entre una declaración y otra, según los registros de la Contraloría General del Estado. El caso con mayor recorrido a lo largo del tiempo es el del alcalde reelecto de Paute, Raúl Delgado Orellana, ingeniero civil de 55 años, que ganó por la alianza Paute Bonito. Acumula cuatro períodos consecutivos al frente de municipios azuayos: dos en Guachapala y dos en Paute. Incluso fue presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador en el año 2019.

Sus registros ante la Contraloría muestran un crecimiento sostenido desde el inicio de su primera gestión en Paute: USD 84.205 en 2019 y USD 126.079 en 2020, equivalente a un 50% más, impulsado por inversiones en bienes muebles e inmuebles. Para 2022, el incremento fue de 61%, principalmente por bienes inmuebles, su patrimonio total entonces era de USD 202.641.

Al cierre de su primer período en 2023, Delgado Orellana declaró USD 304.772. Pero hay un detalle que los registros no explican: al día siguiente de esa declaración, al iniciar su segundo mandato, presentó una nueva declaración por USD 292.778. En cuestión de horas, la diferencia entre ambos registros es de casi USD 12.000.

Otro de los incrementos corresponde al alcalde de Gualaceo, Marco Tapia Jara, cuyo patrimonio pasó de USD 19.139 en 2024 a USD 44.730 en 2025, esto es un aumento del 134% en apenas un año. El salto se explica, según la información declarada ante la Contraloría, por la incorporación de bienes muebles: USD 5.000 en menaje de casa, USD 5.000 en semovientes (ganado) y una motocicleta valorada en USD 2.109.

El alcalde de Chordeleg reelecto, Deifilio Arévalo Vásquez (que ganó por la alianza SUMA-Construye), tiene una de las trayectorias más particulares con incrementos y caídas drásticas. En 2020 declaró USD 579.510. En 2022 reportó USD 165.840, lo que indica una caída del 71% en dos años. En su declaración de inicio de gestión de 2023 registró USD 223.913, es decir un incremento del 35% y ese mismo año, en su declaración periódica, reportó USD 308.830, lo que significa un aumento adicional del 38% asociado principalmente a bienes inmuebles.

William Patricio Maldonado Jiménez, al frente de la alcaldía de Nabón, registra el patrimonio absoluto más alto entre los cuatro casos analizados. En 2020 declaró USD 498.517, cifra que ascendió a USD 711.906 en 2023, un incremento del 43% explicado principalmente por aumentos en inversiones y bienes muebles e inmuebles.

El panorama patrimonial de las autoridades subnacionales de Azuay tiene un capítulo adicional que se definió durante los primeros días de junio. El 11 de junio de 2026, el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora (que ganó por la ID) perdió sus derechos políticos de participación por seis meses tras una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral por violencia política de género, a raíz de una denuncia presentada por la concejala Diana González Arteaga.

Zamora deberá pagar una multa de USD 12.050 y tomar un curso de 40 horas sobre violencia de género; además, enfrenta una investigación de la Fiscalía por presunto enriquecimiento ilícito. En su ausencia, asumirá como alcaldesa subrogante la vicealcaldesa Marisol Peñaloza Bacuilima, concejala de Cuenca desde 2019 y reelecta en 2023 con la lista Democracia Sí-Pachakutik.

Las declaraciones patrimoniales de Peñaloza ante la Contraloría muestran una trayectoria estable. Sus activos incluyen tres terrenos en Azuay valorados en conjunto en USD 130.571,78, además de bienes muebles: menaje de casa, maquinaria y equipo, inventarios por alrededor de USD 50.000. Su patrimonio total se ha mantenido entre USD 117.805 y USD 127.735 en sus declaraciones más recientes, con pasivos de alrededor de USD 38.000 a USD 59.500 en préstamos personales y tarjeta de crédito. A diferencia de otras autoridades de la provincia, Peñaloza no registra empresas activas en la Superintendencia de Compañías, no tiene procesos en el E-SATJE, no registra deudas en firme con el SRI y mantiene al día sus declaraciones de impuesto a la renta.

Dos alcaldes accionistas de la misma empresa

Entre los registros de la Superintendencia de Compañías aparece un dato que conecta a dos alcaldes de cantones distintos: Raúl Delgado Orellana, de Paute, como Adrián Berrezueta Barreto, de Pucará, figuran como accionistas activos de Terrauio S.A.S., empresa en la que el primero tiene invertidos 300 y el segundo 700 dólares de capital. La compañía fue constituida el 12 de enero de 2026, tres años después de que ambos asumieran sus alcaldías. Su actividad declarada ante el Servicio de Rentas Internas es la de restaurante, con establecimiento matriz registrado en la calle García Moreno del Centro Histórico de Quito, en el edificio Amador. Como la compañía fue creada en enero de este año, aún no reporta balances.

Sin embargo, tras una revisión in situ de este equipo, en la dirección y edificio señalados no se identificó ningún restaurante. Además, tras una búsqueda en la web, el número telefónico fijo de la empresa, registrado ante la Superintendencia de Compañías, coincide con un registro antiguo de los teléfonos institucionales del Banco Central del Ecuador (BCE) que data de 2016. Al llamar, el mensaje de la operadora indica que el número “no es el correcto”.

Ni Delgado Orellana ni Berrezueta Barreto respondieron las solicitudes de información de este equipo periodístico.

El segundo vínculo de Berrezueta Barreto añade otra capa. El alcalde de Pucará figura también como accionista de la Compañía Minera Espinoza & Asociados Commine S.A., una empresa activa creada en 2019 por ocho socios. El alcalde tiene USD 200 de acciones y maneja el 14% del capital.

Según la información de la Superintendencia, la compañía minera de Berrezueta Barreto se dedica a la extracción de minerales metalíferos como oro, plata, platino y a la extracción y preparación de minerales por su contenido de metales no ferrosos, como aluminio (bauxita), cobre, plomo, zinc, estaño, manganeso, cromo, níquel, cobalto, molibdeno, tántalo, vanadio, etcétera.

El último balance financiero registrado ante la Superintendencia es del 2019, cuando la compañía declaró un patrimonio total de USD 1.400 y cero dólares en ingresos.

Las otras dos empresas de Delgado Orellana son Animalpaute S.A.S. que opera Animal Paute, un parque temático en el propio cantón donde interactúan más de 40 especies de animales, desde conejos y cobayas hasta aves exóticas, orientado al turismo familiar. También tiene a Jurassicpaute S.A.S., que está detrás de Jurassic Paute, un parque de réplicas de dinosaurios animatrónicos de hasta diez metros que se promociona activamente en redes sociales como uno de los atractivos turísticos del cantón.

De su lado, el alcalde de Sevilla de Oro, Byron Rubio Heras, figura como accionista de Asoturi S.A.S., una operadora turística constituida el 7 de febrero de 2022 en la parroquia Palmas, aproximadamente un año antes de que Rubio Heras asumiera la alcaldía en 2023. La empresa está dedicada a la planificación y organización de paquetes de viajes y tours en un cantón que el Ministerio de Turismo identifica como uno de los destinos con mayor potencial turístico del Azuay.

La revisión de los registros del sistema judicial Satje, también muestra que Azuay presenta el menor número de autoridades seccionales vinculadas a investigaciones penales entre las provincias examinadas. Durante el período analizado se identificó un solo caso.

Se trata de la alcaldesa de San Fernando, María Aurelia Sarmiento Gavilanes, quien aparece vinculada a una causa por presunto daño a bien ajeno ingresada en diciembre de 2020. Según los registros judiciales, el proceso no avanzó a etapa de juicio ni derivó en una sentencia condenatoria o absolutoria. El expediente atravesó conflictos de competencia y tampoco llegó a la fase de formulación de cargos.

Las organizaciones políticas nacionales no ganan solas en las provincias, apenas un 35% de autoridades seccionales responde sólo a esas agrupaciones, el resto ha ganado sus cargos por alianzas entre ellas o con movimientos locales y muchas veces son los mismos personajes, caciques locales, los que se imponen.

Nombres simples que pretenden atraer a electores con conceptos de unión, de cambio, de belleza, de renovación, de progreso son las alianzas más comunes para las elecciones seccionales en Ecuador, donde los partidos o movimientos políticos nacionales no logran imponerse solos frente al poder local. Para muestra un botón: “Por ti Urdaneta mi tierra amada”.

Solo el 35% de alcaldes y prefectos del país proviene de un solo partido o movimiento político nacional, es decir 89, de los cuales 78 son alcaldes y once prefectos. El resto proviene de alianzas entre tiendas nacionales o entre estas y movimientos locales.

El caso más extremo registrado en 2023 es la alianza “Unidos por Los Ríos”, listas 1-3-4-17-20-21-23-25, en la que confluyeron ocho partidos o movimientos: Centro Democrático; Partido Sociedad Patriótica; Pueblo, Igualdad y Democracia; Democracia Sí; CREO; SUMA y Construye. Juntos ganaron dos puestos de los 14 que estaban en juego en esa provincia. Se llevaron las alcaldías de Baba y Vinces.

Manabí es otro caso particular donde la identidad local se impone. Así, la Alianza por la Unidad Manabita, que agrupa a los movimientos locales Caminantes y Movimiento Unidad Primero (MUP) se unió con el Partido Social Cristiano y con SUMA para las elecciones seccionales. De las seis alcaldías que ganó (de un total de 23 cargos en competición), cuatro fueron con autoridades reelectas. Además, para obtener otros dos cantones, esta alianza se amplió e incluyó a los movimientos cantonales transformándose en Alianza por la Unidad Bolivarense y Alianza por la Unidad Rocafortense.

La Revolución Ciudadana, que es potente en Manabí, también tuvo que competir bajo la alianza RC-Sí Podemos, listas 5-72, para obtener siete alcaldías, de las cuales tres fueron reelección.

En El Oro, el Movimiento Sur Unido Regional, liderado por el prefecto reelecto Clemente Bravo, ganó también las alcaldías de El Guabo, Pasaje, Santa Rosa y Zaruma.

Los movimientos locales no son monopolio de la Costa. En Chimborazo, el Movimiento Político Provincial Cambio (MPPC) se impuso en Alausí, Chambo y Chunchi. Integración Cívica Tungurahua, en alianza con Centro Democrático (CD-MCAT), obtuvo las alcaldías de Baños, Mocha y Patate en esa provincia.
Mientras que en Carchi existe el Movimiento Social Conservador del Carchi (MSC) que obtuvo la prefectura y las alcaldías de Montúfar, Bolívar y Mira, estas dos últimas con organizaciones nacionales distintas. Tres de los cuatro son autoridades reelectas.

En los comicios seccionales de 2023, las organizaciones nacionales con mayores puestos fueron la RC y el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, ambos con 23 dignidades cada uno.

De acuerdo con el Mapa de organizaciones políticas de Ecuador (2025), en el país existen 17 partidos y movimientos políticos nacionales, 62 movimientos provinciales, 139 cantonales y 15 parroquiales.

Para Simón Pachano, politólogo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), hay dos factores que explican la débil presencia local de los movimientos y partidos nacionales.

Por un lado, aseguró, en Ecuador no existen partidos políticos con ideario, militantes, escuelas de formación o foros de discusión sobre políticas públicas; lo que existe son membretes políticos, maquinarias que necesitan ganar para mantenerse. Por otro lado, añadió, el país es bastante fragmentado, con identidades cantonales y regionales fuertes, cuya realidad no depende de la política nacional, incluso puede ser más prestigioso seguir manteniendo presencia local en lugar de ir a la Asamblea Nacional, por ejemplo.

Esta situación no es única de Ecuador, sino que es muy normal en América Latina, con excepción posiblemente de Uruguay, explicó el politólogo.

“Me parece que impera una lógica de tipo empresarial, si quiero entrar en un territorio es más fácil aliarme con el líder de ese territorio, me consigo un vendedor local, en lugar de desarrollar mi infraestructura desde cero”, comentó Pablo Medina, politólogo de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ).

Aunque no hay estudios sobre cómo funcionan las dinámicas de alianzas entre organizaciones políticas, Pachano señaló que generalmente son circunstanciales, ganen o pierdan la elección, se acaban; de ahí la importancia de quién realmente es la persona que se convertirá en alcalde o prefecto.

Spondylyus Info Lab presenta esta serie Alcaldes y prefectos bajo la lupa, elaborada gracias a una beca de producción periodística del Pulitzer Center y en alianza con Fundamedios. Treinta y siete medios de comunicación se han unido para difundir esta información.