Impacto China

Las empresas chinas CEIEC y Gezhouba, adjudicadas hace nueve años con más US$233 millones en contratos para Yachay, preparan demandas contra Ecuador. Aunque parte de las obras contempladas en sus contratos fue suspendida tras anomalías detectadas por la Contraloría, hoy las firmas asiáticas reclaman al Estado supuestos pagos pendientes y hasta daños y perjuicios.

Versiones contrapuestas entre las empresas chinas y la Universidad Yachay Tech se revelan alrededor de millonarios contratos que debieron ejecutarse en La Ciudad del Conocimiento. Mientras el rector de Yachay Tech, Andrés Rosales, sostiene que las contratistas Gezhouba y CEIEC buscan resolver fallas en las obras y liquidar los contratos mediante acuerdos con el Gobierno, los representantes de ambas compañías apuntan a demandas judiciales.

El Estado ecuatoriano no logra liquidar los contratos que, por más de una década, han mantenido las empresas chinas CEIEC y Gezhouba para varias obras en La Ciudad del Conocimiento. La Contraloría ha emitido glosas con responsabilidades administrativas y civiles por decenas de irregularidades en la ejecución de este “proyecto emblemático” del correato.

En exclusiva con Mil Hojas, Carlos Pérez, exministro de Energía, revela que, en medio de la crisis energética, PowerChina ha propuesto al Gobierno comprar o concesionar Coca Codo Sinclair, construida por su filial Sinohydro por $3.300 millones y miles de fallas. No descarta que condicione la oferta a que se libre de culpa a Sinohydro, que enfrenta un arbitraje por esta obra, pero cree que sería la única salida para evitar una catástrofe en la central. Fustiga el secretismo de los contratos y detalla cómo operan las redes de lobistas incrustadas en el sector público.

El Servicio Nacional de Atención a Privados de la Libertad (SNAI) y China National Electronics Import & Export Corporation (CEIEC) mantienen una disputa por la millonaria liquidación que la empresa asiática reclama para poder finiquitar el contrato mediante el cual vendió al Estado ecuatoriano 5.497 dispositivos electrónicos, entre ellos 4.000 grilletes o tobilleras.

El Servicio Nacional de Atención a Privados de la Libertad (SNAI) y China National Electronics Import & Export Corporation (CEIEC) mantienen una disputa por la millonaria liquidación que la empresa asiática reclama para poder finiquitar el contrato mediante el cual vendió al Estado ecuatoriano 5.497 dispositivos electrónicos, entre ellos 4.000 grilletes o tobilleras.

La empresa china CRBC se adjudicó el hotel por US$ 30,8 millones, cifra US$ 6,6 millones menor al precio base aprobado por el Directorio del BIESS. Además, el pago lo concretó después de incumplimientos y cambios de reglas y de la modalidad de la negociación en la subasta bursátil, según la Contraloría General del Estado.

El TLC con China tiene 17 capítulos y seis anexos como cronograma de compromisos arancelarios, uno sobre el sistema andino de franjas de precios, reglas específicas de origen por productos y otros que suman 724 páginas.

El presidente Guillermo Lasso será el primer mandatario en ser enjuiciado políticamente con los instrumentos legales de la Constitución de Montecristi, en vigencia desde 2008, creada para evitar cualquier posibilidad de destitución de un presidente. Paradójicamente es el mismo correísmo el empeñado en caminar contra los principios constitucionales que diseñaron. Es cierto que el presidente es el responsable principal de esta crisis; son tantos los desaciertos que la Corte Constitucional ha resuelto abrir el camino del juicio con una acusación poco clara. 

El caso Sinohidro que la Fiscalía General del Estado sigue por el delito de cohecho a 37 personas tiene un posible camino para incluir en una nueva investigación al ex presidente Rafael Correa y depende  sobremanera de la declaración que brinde en el juicio el principal acusado, el también expresidente Lenín Moreno Garcés. Moreno ha sido firme en señalar desde 2019 que su labor como vicepresidente se limitó hacer lo que el presidente le dispuso por decreto, que fue emprender el plan Manuela Espejo -un programa de incerción a la vida social y económica de la población con discapacidades- y ha negado su participación en el proceso que permitió concretar el contrato de Coca Codo Sinclair con Sinohidro.

La renegociación de dos contratos de preventa de crudo es una prueba de fuego para el gobierno de Guillermo Lasso 

Este especial explica parte de la ruta de la corrupción y del dinero en los contratos de deuda externa ecuatoriana garantizados con 1365 millones de barriles de petróleo a China y que representó ingresos por $18.470 millones. La cifra identifica la brutal corrupción de los contratos porque una simple división determina que el Ecuador negoció cada barril de crudo en $13,56 dólares.

En las últimas semanas es como si por fin a la Corporación Eléctrica del Ecuador – CELEC EP le ha sonado el despertador a propósito del proceso erosivo del Río Coca y su amenaza a la Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair (CCS).

Las demandas penales y las órdenes de prisión fueron los principales dispositivos del correísmo para neutralizar investigaciones sobre corrupción y silenciar a la sociedad crítica. Esos hechos de persecución vuelven a ser noticia luego de que Raymond Kohut, vicepresidente de la transnacional Gunvor se declaró culpable en una corte del estado de Nueva York por sobornar a funcionarios de Petroecuador con 22 millones de dólares para obtener contratos. Fernando Villavicencio denunció la corrupción en la intermediación petrolera en Petroecuador y la respuesta de la estatal fue una demanda, que luego la propia contraloría general del Estado se encargó de declararla ilegal. Vale recordar esta historia que el correísmo y morenismo trataron de guardar en su estado de propaganda.

El plan de sobornos que ha develado el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en la comercialización internacional de hidrocarburos, abre el camino para conocer el mayor caso de corrupción petrolera en la historia del Ecuador, gestado durante el gobierno de Rafael Correa Delgado. Altos funcionarios de Finanzas y Petroecuador junto a varios empresarios han sido identificados en una ruta de corrupción que los periodistas de este portal no hemos dejado de gritar en los últimos 8 años. Periodismo de Investigación le pone el cascabel al informe de la justicia norteamericana y revela los hechos con los nombres de los responsables y la dimensión real de la trama que envuelve a la petrolera Vitol, cuyo hilo delictivo conduce a desenredar la madeja de Petrochina.

Es septiembre en China y en el gigante país asiático se vive lo que constituye el mejor clima de todo el año. El ambiente es propicio para disfrutar las bondades que ofrece actualmente la moderna capital Pekín, con una agradable temperatura de 19 grados. De esa frescura goza actualmente Cai Runguo, quien fuera el embajador chino en Ecuador y posteriormente representante de la constructora estatal Sinohydro, que ejecutó en nuestro país millonarios proyectos que se constituyeron, para bien y para mal, en símbolos del periodo correísta que dominó Ecuador durante diez años.

Coca Codo Sinclair, la mayor central hidroeléctrica de Ecuador, fue construia por la multinacional Sinohydro, con financiamiento del Eximbank, un proyecto concebido bajo el paraguas de la solidaridad entre los gobiernos de China y Ecuador. Tras este amasijo de cemento, hierro y trabajo, se esconden fisuras, fallas, sobrecostos y sobornos… millones de kilovatios de corrupción. Muy ocultos, entre toneladas de papeles que pasarán al olvido, están las huellas, los rostros humanos, los nombres de quienes levantaron esta insignia del llamado cambio de la matriz energética. Por si la memoria nos falla, aquí están todos los nombres de Coca Codo Sinclair.

Un cercano amigo del presidente Moreno es uno de los beneficiarios de la relación con Sinohydro, empresa constructora de Coca Codo Sinclair, cuestionada por la Contraloría del Estado en esa hidroeléctrica y en los contratos millonarios de carreteras en el gobierno de Correa-Moreno. Este empresario y lobista, según documentos, amuebló la casa en Ginebra, Suiza, donde Moreno y su familia vivieron cuatro años tras dejar la vicepresidencia de la República.

Coca Codo terminó constando USD 2000 millones más que el proyecto original. ¿Cómo se justificó este incremento? Este informe, que es la segunda parte del especial, presenta documentos exclusivos que explican esas justificaciones, basadas en un fantasioso incremento duplicación de la potencia.

La Contraloría General del Estado ha puesto contra la pared al Servicio de Contratación de Obras (SECOB) y la empresa china CAMCE, constructora de la plataforma financiera en el norte de Quito. Un examen de ese organismo determinó que la constructora china debe devolver $22,6 millones al Estado. Si el SECOB acepta la recepción definitiva de la obra se configurará el delito de peculado, sin embargo la constructora no está dispuesta a la devolución del dinero: dragón que traga, no vomita.

• El Estado no ejerció su potestad de control sobre la ejecución del proyecto y se ha afectado a los sectores más vulnerables de la población • Varias casas comerciales obligaron, bajo engaños, a miles de personas de escasos recursos a recibir las cocinas de inducción • Los afectados contrajeron deudas inmanejables con el Estado, que continúa cobrándoles mediante las planillas eléctricas, pese a que esto está prohibido por la ley

Bautizada bajo la figura de “derecho intangible“, autoridades petroleras suscribieron una operación de endeudamiento por $1000 millones aa cambio de la entrega del campo Auca a la transnacional Schlumberger (Shaya) En la desesperación por conseguir esos recursos, las autoridades del gobierno olvidaron que, la producción del campo estaba comprometida hasta el año 2024 para pagar los créditos firmados con China y Tailandia Los costos de producción históricos de Auca han sido de los más bajos del continente. Hasta 2009, entre 4 y 9 dólares por barril. Luego se dispararon hasta bordear los $30 en el contrato con Schlumberger

Una investigación de la fiscalía por lavado de dinero provocó que las líneas telefónicas del abogado del ex presidente Correa sean interceptadas La fiscalía elaboró un peritaje a esas conversaciones que se filtraron por redes sociales a periodistas el viernes 22 de septiembre La investigación fiscal se centró en los hermanos Alberto, Xavier y Jordi March Game, que traficaron oro desde el Perú y que eran clientes de Caupolican Ochoa La Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos dirigió esta investigación en Chile, Bolivia, Colombia, República Dominicana, Perú y Ecuador El caso se extiende hasta las empresas de Enrique Cadena Marín, figura oculta de la comercialización de crudo ecuatoriano con Petrochina

Fernando Villavicencio vuelve a desenmascarar los negocios de intermediación del petróleo ecuatoriano. Estos han dejado multimillonarias ganancias a particulares y las equivalentes pérdidas al estado. A los contratos con China, ahora se suma Perú. Sobre este oscuro entramado, la justicia de Ecuador tiene todo pendiente por hacer. Ya es hora de ir poniendo el cascabel al gato.

Una auditoría realizada por la Contraloría concluye que Marco Calvopiña, ex gerente de Petroecuador, presentó la denuncia en contra del autor del libro ‘Ecuador made in China’ en medio de incumplimientos de las leyes de administración pública Calvopiña permitió que la firma Vizueta & Asociados entregue sus servicios de patrocinio en ese caso, sin contar con un contrato de por medio. Cuando finalmente se celebró el contrato, el argumento de Petroecuador para ello fue la falta de confianza en los funcionarios del área legal de la estatal

El 2 de diembre de 2014 el cuerpo del comunero José Tendentza fue encontrado en el río Zamora. Tendentza era un activista contra el extractivismo de la zona que no estaba de acuerdo con la empresa china ECSA. Los dirigentes de la nacionalidad Shuar dicen no confiar en las investigaciones oficialistas y pretenden crear una fiscalía propia.

El 2 de diembre de 2014 el cuerpo del comunero José Tendentza fue encontrado en el río Zamora. Tendentza era un activista contra el extractivismo de la zona que no estaba de acuerdo con la empresa china ECSA. Los dirigentes de la nacionalidad Shuar dicen no confiar en las investigaciones oficialistas y pretenden crear una fiscalía propia.