Tal como ocurrió en la primera y segunda etapas, la ejecución de la tercera fase del proyecto ECU 911, dejó un impacto institucional marcado por la opacidad y la fragilidad del control estatal. La Contraloría identificó pagos injustificados, falta de transparencia en la contratación y la imposibilidad de verificar costos y subcontratistas, lo que evidenció la debilidad de las autoridades para fiscalizar un proyecto estratégico. El informe con indicios de responsabilidad penal y su envío a la Fiscalía expuso cómo la dependencia de empresas extranjeras y la tolerancia a irregularidades minaron la credibilidad institucional y consolidaron prácticas que comprometen la soberanía y la confianza en la gestión pública.