El nombre de la empresa China Railway No 9 Engineering Group Co. Ltda. aparece en un testimonio del director de la escuela de la Función Judicial, Michael Hernández, dentro del proceso penal denominado ‘Plaga’ . Este abogado declaró que se pagaron sobornos a cambio de fallos en el caso judicial de esta empresa asiática, luego de que el Ministerio de Educación terminara unilateralmente el contrato y la Contraloría le glosara por ser empresa incumplida. Zhou Xiaoyu, representante de la empresa, presentó una acción legal en contra del Ministerio de Educación y la Procuraduría General del Estado.  En abril de 2021, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Quito aceptó parcialmente la demanda y dejó sin efecto la terminación unilateral. Además, ordenó el pago de USD 67 millones a favor de la compañía. El Ministerio y la Procuraduría plantearon un recurso de casación. Este proceso cayó en el despacho del juez nacional Milton Velásquez. Hernández relató que asistió a una reunión con los jueces Iván Saquicela, Felipe Córdova, un empresario chino y un traductor, ya que este caso no lograba solucionarse y la empresa buscaba una resolución. Según Hernández, Álex Palacios, exasesor de Wilman Terán y sentenciado por el caso Metástasis, habló con el juez Milton Velásquez para que convocara a la audiencia de fundamentación, que era uno de los pedidos de la empresa china. Además, por medio de Andrés V., exvicepresidente del Colegio de Abogados del Azuay -y también cercano a Saquicela- Hernández se habría enterado de que este caso ya había superado la fase de admisión y se había fallado a favor de la empresa china, por lo que solo faltaba fecha para que se dicte la resolución. Y también le contó que Iván Saquicela habría cobrado $30.000 para fijar esa audiencia y coordinarla con Milton Velásquez.  Este juez convocó a audiencia de fundamentación el 7 de septiembre de 2023, luego se reinstaló el 14 de diciembre de ese mismo año y al día siguiente, el tribunal presidido por Velásquez negó el recurso de casación de la Procuraduría y aceptó parcialmente el del Ministerio de Educación y ordenó el pago de USD 59 millones a favor de la empresa china. (Testimonio tomado del portal Primicias). El caso vuelve a dar un giro en 2026: el 29 de julio de este año la Fiscalía General del Estado anunció la investigación a tres jueces de la Corte Nacional de Justicia: Milton Velásquez, Patricio Secaira e Iván Larco, por presunto cohecho a consecuencia del ya mencionado testimonio de Michael Hernández (procesp Plaga’) Según la investigación los magistrados habrían gestionado y emitido el fallo de casación favorable para la empresa China Railway N°9, ordenando el pago de USD 59,3 millones en perjuicio del Estado. En los allanamientos realizados por la Fiscalía en el norte de Quito se encautaron computadoras, teléfonos celulares y documentación clave.

En julio de 2018, en el Gobierno de Lenin Moreno, el Ministerio de Educación terminó de manera unilateral el contrato con la empresa China Railway No 9 Engineering Group Co. Ltda. y se impuso una multa por US$ 29 millones por incumplimiento de las especificaciones técnicas y el cronograma del contrato. Se ejecutaron las garantías y posteriormente, la Contraloría General del Estado impuso una glosa. La situación derivó en una disputa legal, resultando en una orden del tribunal para que el Ministerio pagara una indemnización de más de $67 millones a la empresa China Railway. El ministerio interpuso un recurso de casación en la Corte Nacional de Justicia que fue resuelto en 2023 con la ratiicación de la sentencia a favor de la empresa china pero ajustando los valores a $85.9 millones que incluía el valor de las escuelas construidas, devolución de ejecución de garantía e intereses. La ministra Alegría Crespo cuestionó que la empresa china trate de cobrar esa deuda pendiente, tras una serie de irregularidades cometidas en un contrato que se adjudicó a dedo bajo régimen especial.