Financiamiento
Valor inicial del proyecto
$15.994.781
Informes de contraloría
La Contraloría General del Estado realizó un Examen Especial a los estudios, procedimientos de contratación y fiscalización de la construcción de los establecimientos de las Unidades Educativas del Milenio de Quingeo, Sayausí y Pancho Negro, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018.
En el examen, la entidad de control encontró lo siguiente:
– El Director General del Servicio de Contratación de Obras, quien aprobó los pliegos y el inicio del proceso, contrató de forma directa y sin que se cumpla con la condición o la existencia de la circunstancia material y/o necesidad concreta que le faculta acogerse al Régimen Especial para la contratación de obras; a pesar, de que se dispuso de tiempo necesario y del presupuesto correspondiente para preparar y seguir un proceso común, ocasionando que no exista la participación de varios oferentes, lo que hubiese redundado en beneficio de la entidad contratante.
– Miembros de la Comisión Técnica habilitaron y calificaron una oferta a pesar de que no cumplían con los requisitos exigidos en los pliegos; además no revisaron la documentación presentada referente al personal técnico que no contiene información respaldada ni avalada por los profesionales propuestos.
– Los certificados presentados por el oferente en cuanto a las experiencias internacionales no contaban con la certificación de ejecución y finalización de la obra y no estaban debidamente apostilladas.
– Sobre las condiciones de los profesionales para labores de planillaje, en la oferta no se identifica los proyectos que justifiquen la experiencia específica, para que este personal sea calificado y aceptado como idóneo. Y en el caso de los títulos de profesionales extranjeros no demuestran que se cumpla con la condición de la certificación debidamente certificada (apostillada) y el formulario del superintendente no está firmado.
– El estudio concluye que el oferente no cumplió con las condiciones establecidas en los pliegos que fueron de su conocimiento, previo a la presentación de la propuesta, y la Comisión Técnica no requirió de validación o aclaración al respecto. Los miembros de la Comisión habilitaron y calificaron una oferta que no cumplía con los requisitos exigidos en los pliegos y que constituían causas de rechazo, sin advertir su idoneidad, veracidad y legalidad de la documentación; además, no revisaron el contenido de la oferta con relación a los datos consignados en los formularios solicitados en los pliegos y no requirieron su convalidación y luego recomendaron su adjudicación.
– Los estudios, diseños y presupuestos entregados para su construcción fueron incompletos y sin las aprobaciones correspondientes.
– Los análisis de ampliaciones de plazos contractuales y suspensiones de trabajos incidieron en el cumplimiento de la entrega de la obra.
– Los pagos de órdenes de trabajo cancelados mediante la modalidad de costo más porcentaje no cumplió con el debido proceso y sin
respaldo de cuantificación.
Impacto institucional
El proyecto Unidades Educativas del Milenio en Quingeo, Sayausí y Pancho Negro se convirtió en un caso emblemático sobre cómo se distorsiona el aparato estatal cuando la obra pública se maneja con discrecionalidad política y sin controles reales. Desde el inicio, el Ministerio de Educación impuso el régimen especial para acelerar la contratación, pero esa figura fue usada para evadir la competencia, direccionar el proceso y abrir una vía exclusiva para Gezhouba.
El SECOB respondió con resoluciones hechas a la medida: pliegos, análisis, comisiones técnicas y una invitación directa que anuló cualquier posibilidad de concurrencia. La Comisión Técnica, sin rigor profesional ni independencia, validó una oferta que no cumplía requisitos mínimos. Así, el sistema institucional -en teoría diseñado para garantizar transparencia- no pasó de ser un mero trámite para legitimar decisiones políticas tomadas de antemano.
El resultado fue inevitable: estudios incompletos, obras con retrasos, pagos irregulares y una fiscalización escasa, ineficaz o ausente. La Contraloría terminó confirmando lo que el propio proceso anunciaba: un proyecto capturado, un contratista favorecido y un Estado debilitado.
El impacto institucional es grave: se normalizó la contratación direccionada, se desvirtuó el régimen especial y se dejó instalada una lógica en la que la discrecionalidad reemplaza a la planificación, la técnica y la competencia, minando la confianza pública y dejando obras educativas que jamás cumplieron la promesa con la que fueron anunciadas.
Observaciones
El 15 de abril de 2014, el ministro de Educación anunció la construcción de 201 unidades educativas del milenio a nivel nacional por lo que pidió al director del SECOB que proceda a la contratación de estas obras bajo “régimen especial”. Las primeras disposiciones dadas al SECOB fueron las convocatorias para construir las unidades de Pancho Negro, Sayausí y Quingeo.
El respaldo para estas convocatorias fue un informe del Ministerio de Educación con la aprobación de los estudios de diseño de las infraestructuras educativas y de la desagregación tecnológica.
Desde la dirección del SECOB se emitieron una serie de resoluciones para que se haga un análisis técnico como posible constructor a la china Gezhouba Group; sobre la disponibilidad de recursos para la construcción de los proyectos; la aprobación de pliegos; para el inicio del proceso y para la designación de los miembros de la Comisión Técnica para que se encargue de elaborar el proceso precontractual de régimen especial. Con ello, el SECOB invitó directamente a Gezhouba Group a participar en esta convocatoria y la Comisión Técnica emitió un informe anunciando que la empresa asiática cumple con todos los requisitos exigidos y recomendó su adjudicación.
La Comisión Técnica, que estuvo conformada por: la Gerente de Infraestructura Educativa y Social como presidenta; por el Analista Técnico de Proyectos 2; y, por el Ing. de Sistemas Informáticos.
El SECOB fue creado en 2011 en el régimen de Rafael Correa, que le encargó la ejecución y contratación de proyectos de infraestructura y obra pública. Fue eliminado en 2020 por decreto presidencial como parte de un plan de austeridad. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) asumió sus funciones.