Grilletes electrónicos
China Electronics Limited Corporation
Financiamiento
China Development Bank (CDB)
Valor inicial del proyecto
$13.712.456
Informes de contraloría
DNA1-0049-2018: Examen Especial a las etapas precontractual, contractual, ejecución, recepción, liquidación y uso del contrato para la adquisición e implementación de la Plataforma Informática y Dispositivos de Geo-posicionamiento Electrónico, por el período 1 de enero de 2016 a3 0 de abril de 2018. En esta auditoría se establecieron indicios de responsabilidad penal en contra de altos funcionarios del correismo porque el sistema no permite establecer en tiempo real la ubicación de las personas con grilletes, los datos que se muestran en el sistema del Ministerio de Justicia difieren de los que reporta la plataforma del ECU-911, por lo que la validación de esta información debía hacerse verbalmente entre los operadores de ambas entidades.
A partir del resultado de este examen especial se emitieron 3 glosas el 24 de octubre de 2018
GLOSA-DNPR-01463-80 en contra de la entonces ministra de Justicia del régimen correista, Ledy Andrea Zúñiga Rocha, el exsubsecretario de Rehabilitación Social, Reinserción y Medidas Cautelares, Fabian Marcelo Rosas Espinoza, el ex coordinador General de Gestión Estratégica, Roberto Mauricio Vaca Mejía, y CEIEC por $9,5 millones cada uno.
GLOSA-DNPR-01464-80 en contra de la ministra de Justicia (s), Karla Gabriela Benítez Izurieta y Fabian Rosas Espinoza, por $95.987,20, cada uno por multas no impuestas a CEIEC debido a prórrogas injustificadas; Roberto Mauricio Vaca Mejía por $617060,54; y CEIEC por $713.047,74.
GLOSA-DNPR-01465-80 en contra de Ledy Andrea Zúñiga Rocha, Fabian Marcelo Rosas Espinoza y Roberto Mauricio Vaca Mejía por $193.000 cada uno.
Los argumentos de tales glosas fueron que el contrato se firmó sin estudios definitivos y sin verificar que se cumplan las etapas del mismo; el Ministerio y el administrador del contrato nunca impusieron las multas correspondientes a Ceiec por supuestos retrasos, no se suscribieron las actas de entrega recepción, no se justificó la compra de 100 equipos de reconocimiento facial, etc.
Pero en diciembre de 2019, los mismos auditores que establecieron estas responsabilidades, desvanecieron las glosas y liberaron de responsabilidades a los funcionarios y a la empresa china. Luis Miño, como contralor subrogante firmó esta resolución. Miño junto con Pablo Celi, firmaron otros desvanecimientos de glosas a favor de las empresas asiáticas Petrochina y Sinohydro.
Impacto institucional
El examen de la Contraloría General del Estado revela un quiebre profundo de la capacidad operativa y administrativa del Estado en la gestión del proyecto. De los 5.497 dispositivos electrónicos entregados, apenas funciona una fracción mínima: 13,5% de los grilletes, 2,33% de los beeper, 8% de las radio bases y 1,6% de las tablet.
Esta obsolescencia y falta de funcionamiento no solo compromete la seguridad del sistema, sino que evidencia una fallida gestión de activos tecnológicos, sin mantenimiento, sin control y sin uso efectivo.
El hecho de que el Estado no pueda cerrar el contrato, debido a una disputa con CEIEC por el monto de liquidación, en la que la empresa reclama $2 millones y el Estado sostiene que solo debe $800 mil, refleja una institución atrapada en procesos deficientes, sin capacidad para documentar, supervisar o exigir el cumplimiento contractual.
La suma de estas negligencias -equipos abandonados, documentación incompleta, software sin registro legal, subcontrataciones sin control y dispositivos inutilizados- muestra un accionar que atropella la institucionalidad y un deterioro de la ANT como autoridad rectora del sector. A ello se suma el despilfarro de recursos públicos y el incremento de la deuda bilateral sin justificación. El impacto final es un sistema público incapaz de garantizar seguridad, vulnerable a disputas contractuales y sin mecanismos eficaces para proteger los intereses del Estado y de los beneficiarrios finales: los ciudadanos.
Observaciones
Hasta agosto de 2024 el contrato no podía finiquitarse porque el Estado y CEIEC mantienen una disputa por el monto de la liquidación. La empresa asiática reclama el pago de un remanente de US$ 2 millones y el Estado asegura que solo debe pagarle US$ 800 mil