Tal como ha ocurrido en buena parte de los contratos con China, el manejo de este proyecto deja en evidencia el alto nivel de deterioro institucional en la gestión pública en Ecuador. La obra, entregada en 2020 a pesar de las graves irregularidades detectadas por la Contraloría, refleja cómo los proyectos estratégicos fueron aprobados sin planificación técnica ni respaldo financiero durante el régimen de Rafael Correa. El inicio sin financiamiento asegurado, los rediseños sin certificación presupuestaria y los reforzamientos estructurales sin sustento técnico, revelan una cadena de decisiones políticas tomadas al margen de la normativa. La impunidad reflejada en la ausencia de sanciones, pese a los hallazgos, confirma la debilidad de los mecanismos de control. Este caso se suma a un patrón de irregularidades en contrataciones con empresas chinas, afectando la credibilidad del Estado ecuatoriano y la confianza en la cooperación bilateral, además de profundizar el descontento social y minar la confianza en las instituciones y las autoridades. Al final, así como ocurre con el proyecto Yachay, la promesa de que IKIAM sería el principal centro de investigación y desarrollo amazónico y regional, ha quedado en el papel. En conjunto, el proyecto expone una institucionalidad debilitada, donde la falta de control efectivo y la desconexión entre lo político y lo técnico sigue afectando la calidad, la transparencia y el valor público de las obras estatales.

Sobre la contratación de empresas comerciales para ejecutar el proyecto, en el contrato se establece: “Contratista Aprobado significa cualquier corporación un otras entidades de propiedad o controladas por una entidad de la RPCH o su gobierno”