Monitoreo de transporte público fase 2
China Electronics Limited Corporation
Financiamiento
Linea III tramo B del Banco de Desarrollo de China (CDB)
Valor inicial del proyecto
$36.196.421
Informes de contraloría
La Contraloría General del Estado auditó los procesos precontractuales, contractuales, de ejecución, recepción y uso de bienes y servicios —incluidos consultorías e ínfima cuantía— correspondientes al período 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2017. También examinó el contrato para la adquisición e implementación de kits de seguridad, infraestructura tecnológica y ampliación del data center del proyecto de Seguridad Integral para el Transporte Público y Comercial (Fase 2), vigente entre el 1 de noviembre de 2014 y el 31 de diciembre de 2017, a cargo de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre (ANT).
El primer hallazgo: CEIEC subcontrató a DISMUNDI S.A. para actualizar equipos (desinstalar y reinstalar kits de seguridad), tarea que no se completó. Durante la auditoría se encontraron 1.012 equipos abandonados en bodega, sin funcionar: 128 de buses, 426 de flota y 458 de taxis. No existían registros sobre las causas de su desinstalación.
La Contraloría evidenció además manipulación de los kits por parte de conductores de distintas operadoras; muchos equipos estaban dañados, fuera de línea o sin rastreo del ECU 911. Pese a esto, la Dirección de Asesoría Jurídica no elaboró informes para iniciar sanciones a las operadoras.
La instalación y adecuación del data center principal —contrato de USD 1,6 millones— fue ejecutada en el ECU 911 de Samborondón por HARDSOFNET SOLUCIONES, subcontratada por CEIEC. Aunque se realizaron adecuaciones físicas y técnicas (aire acondicionado, energía UPS, monitoreo, control de acceso, cableado), los equipos no contaban con códigos de identificación, lo que impidió su control y custodia.
Otro hallazgo crítico: no se encontró el registro en el IEPI del software SITPC V 2.0 adquirido a CEIEC por USD 5,6 millones, incluidos USD 700.000 por el código fuente. Sin ese registro, la ANT no puede demostrar que es titular de los derechos de propiedad intelectual.
Además, la Directora de Contratación Pública adjudicó el contrato RE-ANT-001-2017 a Karen Johanna Villamar Murillo por USD 50.919,88 más IVA para la publicación de un manual de procedimientos, sin que exista evidencia del producto entregado ni informes de cumplimiento.
Finalmente, la documentación del contrato 018-DE-DCP-ANT-2015 fue entregada al equipo auditor incompleta, desordenada y sin anexos, lo que dificultó el examen de la Contraloría.
Impacto institucional
El manejo de este proyecto es un símbolo del colapso institucional. Más del 85% de los equipos entregados están inservibles, sin mantenimiento ni control, que ha dejado como resultado un sistema de seguridad ficticio y un Gobierno que utilizó el mensaje de proteger a la ciudadanía como pantalla para justificar la firma de un contrato fallido. La disputa contractual con CEIEC, la ausencia de documentación, el software sin registro legal y los dispositivos abandonados en bodegas reflejan una autoridad debilitada, atrapada en procesos deficientes y sin capacidad de exigir cumplimiento.
Este fracaso no es solo técnico: es político y moral. La ANT, como ente rector, ha permitido el despilfarro de recursos públicos, el incremento de una deuda bilateral sin sentido y la erosión de la confianza ciudadana. El resultado es un Estado vulnerable, sin mecanismos eficaces para defender sus intereses, y una institucionalidad que se desmorona frente a la corrupción, la negligencia y la improvisación.
Observaciones
El 13 de noviembre de 2014, el Director Ejecutivo de ANT solicita al Coronel Superior de la Agregaduría de Defensa a la Embajada de la República Popular China que recomiende a alguna empresa de su país, que cuente con la capacidad técnica y operativa para implementar la segunda fase del proyecto denominado Seguridad Integral en el Transporte Público y Comercial Transporte Seguro. El 20 de noviembre de 2014, el mencionado funcionario de la Agregaduría recomienda que la elegida sea la estatal CEIEC. Este contrato para ejecutar la segunda fase fue modificado por dos ocasiones. El 1 de diciembre del 2014 se firmó el segundo contrato ampliatorio y modificatorio para ajustar las formas de pago. El 2 de marzo del 2015 se emite una adenda para ajustar las formas de pago y el 10 de marzo de ese año se firma un tercer contrato modificatorio con igual fin. En este último actuó como representante legal de ANT, María Lorena Bravo Ramírez, directora de esa entidad.