La ejecución de este proyecto, a cargo del CEIEC y su representante local STAFFSCIGE, bajo la responsabilidad de la ANT, marcó un hito institucional al introducir un sistema masivo de monitoreo con 55.000 kits de seguridad y una plataforma informática nacional. Sin embargo, el proceso estuvo plagado de irregularidades: luego de que fuera declarado desierto el concurso de ofertas, se modificó pliegos y se aplicó el régimen especial que permitió la adjudicación directa a la empresa china, con aval presidencial en tiempo récord. La ausencia de revisión por parte de la Contraloría debilitó los mecanismos de control y transparencia, dejando en evidencia cómo decisiones políticas y diplomáticas incidieron en esta contratación financiada con deuda pública y aporte fiscal. El impacto institucional fue doble: por un lado, la modernización del transporte con tecnología extranjera; por otro, la erosión de la confianza en los procesos de fiscalización y la consolidación de prácticas excepcionales que comprometieron la autonomía regulatoria del Estado.

El 17 de agosto de 2012 se rechazaron los pliegos presentados por CEIEC y se declaró desierto el proceso de adjudicación de contrato del proyecto Transporte Seguro. Pero el 20 de septiembre una comisión técnica (conformada para recomendar la apertura del proceso y modificiar los pliegos) sugirió la reapertura del proceso y se cambiaron los pliegos luego de enviar un informe jurídico a la Presidencia de la República el mismo que fue aprobado 5 días después. El 24 de septiembre de 2012 se declaró el régimen especial para la contratación de 55.000 kits de seguridad de sistemas de transporte. Así, el 27 de septiembre del 2012, CEIEC fue invitada de forma directa a participar en el proceso “en virtud a la recomendación realizada por la Agregaduría de Defensa a la Embajada de la República Popular China por su trabajo en el ECU 911”. El 9 de octubre de ese mismo año se aprobaron los informes que dieron vía libre para que la empresa china acceda al contrato.