El Proyecto Hidráulico Acueducto Santa Elena Phase I, supervisado por la EPA‑EP, reveló graves fallas institucionales que facilitaron el cometimiento de irregularidades como anticipos sin sustento técnico, pliegos incompletos y fatla de verificación de estudios y diseños, lo que afecta la imagen y la legitimiad de la entiad, por su falta de capacidad de supervisión. La contratación de la empresa china CWE sin procedimientos claros ni análisis de viabilidad genera dudas sobre transparencia y legalidad y debilita la confianza ciudadana en el Estado para gestionar adjudicaciones a empresas extranjeras. Los conflictos sociales por desalojos y la lenta aplicación de observaciones de la Contraloría afectan la credibilidad pública, ponen en riesgo la institucionalidad y la eficacia en obras estratégicas.

El proyecto estuvo marcado por la conflictividad social. En 2010, el entonces presidente Rafael Correa firmó el Decreto Ejecutivo 607 que declaró 9.300 hectáreas como zona de seguridad para viabilizar la construcción. Unas 500 hectáreas estaban ocupadas por más de 3.000 familias en asentamientos informales. El desalojo se ejecutó en 2013, principalmente en el populoso sector Monte Sinaí, lo que provocó protestas y cuestionamientos por el impacto social. Varios dirigentes comunitarios terminaron procesados por presunto tráfico de tierras e invasiones. Correa prometió reubicar a los afectados en el proyecto de vivienda social Ciudad Victoria, con subsidios estatales gestionados a través de constructoras privadas, pero el traslado no logró acallar las denuncias por vulneración de derechos. La megaobra hidráulica que abastece a Santa Elena y Guayas entró en operación en julio de 2020. Según cifras oficiales, hoy garantiza agua potable a 560.000 personas y riego para cerca de 350.000 hectáreas, a lo largo de un tendido de 200 kilómetros. Su infraestructura principal incluye estaciones de bombeo, sifones, tuberías de impulsión y chimeneas de equilibrio.