Valor inicial del contrato vs valor final
Informes de contraloría
-DNA1-0020-2018: Examen Especial de Ingeniería a los procesos de contratación, ejecución y fiscalización del proyecto a cargo del Servicio de Contratación de Obras SECOB y a la evaluación de los estudios y diseños a cargo del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público INMOBILIAR (período 30 de agosto de 2013 a 30 de abril de 2017): Se identificó que en la ejecución de la obra se dio un ahorro del 11,43% del valor contractual, equivalente a una diferencia significativa frente al monto original de casi $198 millones. Este hallazgo, junto con once observaciones adicionales, evidenció que el proyecto acumuló retrasos, prórrogas e incumplimientos tanto de la contratista como del SECOB.
La obra debió concluir en febrero de 2017. Hasta agosto de 2018, solo tres de las 12 observaciones de Contraloría habían sido atendidas, lo que reflejaba una gestión deficiente del SECOB en la administración del contrato y en la supervisión de la obra.
Los problemas se originaron desde los estudios técnicos elaborados por el Consorcio Naranjo & Balcázar. La Contraloría detectó “inconsistencias técnicas en cuanto al diseño de la cimentación, estructura de la escalera biomasa del bloque 2, entre otros ítems. China CAMC propuso un rediseño de la cimentación alegando riesgos de seguridad y falta de tiempo, pero la Contraloría determinó que estos cambios se ejecutaron sin análisis económico ni aprobación formal de la fiscalización o la administración del contrato. Esto implicó un incumplimiento de la Ley de Contratación Pública por parte del administrador del contrato con Naranjo & Balcázar.
La constructora también modificó el diseño de la estructura metálica, argumentando la necesidad de cumplir normas sísmicas y optimizar materiales. Aunque la fiscalización aprobó el cambio, la Contraloría concluyó que el rediseño generó una diferencia de más de $22,6 millones entre lo presupuestado y lo realmente ejecutado, sin que se reflejaran beneficios económicos para el Estado. Además, el SECOB permitió prórrogas y mantuvo la obra en recepción provisional más allá del plazo previsto, sin cerrar el contrato ni exigir compensaciones por las optimizaciones realizadas.
Finalmente, el informe reveló errores graves en el diseño y construcción del desvío del colector de alcantarillado, tanto en el primer estudio contratado como en el rediseño realizado por China CAMC, que terminó construyendo un colector con capacidad insuficiente. A ello se sumó la falta de transparencia en la publicación de información contractual entre 2014 y 2015, violando la Ley de Contratación Pública. La Contraloría exigió corregir estas omisiones y subir la información faltante al portal del SERCOP, aunque el SECOB alegó limitaciones técnicas del sistema para contratos de precio fijo.
-GLOSA-DNPR-01064-80 en contra del representante legal de China CAMCE, así como de Salvador Jaramillo Vivanco, director general del SECOB; Pablo Iván Benalcázar Freire, coordinador zonal 9 del SECOB y Luis Armando Macías Jaramillo, analista de seguimiento y control 3 del SECOB, por $22.645.008,32 a cada uno.
La obra debió concluir en febrero de 2017. Hasta agosto de 2018, solo tres de las 12 observaciones de Contraloría habían sido atendidas, lo que reflejaba una gestión deficiente del SECOB en la administración del contrato y en la supervisión de la obra.
Los problemas se originaron desde los estudios técnicos elaborados por el Consorcio Naranjo & Balcázar. La Contraloría detectó “inconsistencias técnicas en cuanto al diseño de la cimentación, estructura de la escalera biomasa del bloque 2, entre otros ítems. China CAMC propuso un rediseño de la cimentación alegando riesgos de seguridad y falta de tiempo, pero la Contraloría determinó que estos cambios se ejecutaron sin análisis económico ni aprobación formal de la fiscalización o la administración del contrato. Esto implicó un incumplimiento de la Ley de Contratación Pública por parte del administrador del contrato con Naranjo & Balcázar.
La constructora también modificó el diseño de la estructura metálica, argumentando la necesidad de cumplir normas sísmicas y optimizar materiales. Aunque la fiscalización aprobó el cambio, la Contraloría concluyó que el rediseño generó una diferencia de más de $22,6 millones entre lo presupuestado y lo realmente ejecutado, sin que se reflejaran beneficios económicos para el Estado. Además, el SECOB permitió prórrogas y mantuvo la obra en recepción provisional más allá del plazo previsto, sin cerrar el contrato ni exigir compensaciones por las optimizaciones realizadas.
Finalmente, el informe reveló errores graves en el diseño y construcción del desvío del colector de alcantarillado, tanto en el primer estudio contratado como en el rediseño realizado por China CAMC, que terminó construyendo un colector con capacidad insuficiente. A ello se sumó la falta de transparencia en la publicación de información contractual entre 2014 y 2015, violando la Ley de Contratación Pública. La Contraloría exigió corregir estas omisiones y subir la información faltante al portal del SERCOP, aunque el SECOB alegó limitaciones técnicas del sistema para contratos de precio fijo.
-GLOSA-DNPR-01064-80 en contra del representante legal de China CAMCE, así como de Salvador Jaramillo Vivanco, director general del SECOB; Pablo Iván Benalcázar Freire, coordinador zonal 9 del SECOB y Luis Armando Macías Jaramillo, analista de seguimiento y control 3 del SECOB, por $22.645.008,32 a cada uno.