Financiamiento
Eximbank de China (85%)
Valor inicial del proyecto
$1.979.700.000
Informes de contraloría
En febrero de 2019, la Contraloría General del Estado (CGE) emitió un informe sobre un examen especial efectuado a la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, en el que determinó un perjuicio al Estado ecuatoriano por $85 millones debido a incumplimientos en los términos contractuales, retrasos en la ejecución del contrato EPC y fallas estructurales que ocasionaron fisuras en los distribuidores de las unidades de la hidroeléctrica. Sinohydro interpuso un recurso de revisión a la CGE el 15 de noviembre del 2020 con el fin de que se desvanezcan las glosas en su contra. Sin embargo, en octubre de 2021 la CGE negó tal recurso y confirmó las glosas. En marzo de 2022 Sinohydro interpuso una demanda de impugnación en contra de la CGE ante el Tribunal Contencioso Administrativo solicitando desvanecer las glosas. A la fecha se espera la resolución del TCA.
Demandas y procesos judiciales
La empresa pública Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP-CCS, el 17 de mayo de 2021 planteó un arbitraje internacional en contra de Sinohydro en el que reclama una indemnización de $580 millones, por las fisuras detectadas en los distribuidores de presión y otras irregularidades en el proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair. Mientras la empresa china ha planteado demandas de reconvención al tribunal arbitral en contra de CELEC EP-CCS, mismas que hasta inicios de 2025 estaban en las primeras etapas procesales de resolución frente a la Cámara de Comercio Internacional.
Ecuador y Sinohydro firmaron un ‘Settlement Agreement’ o acuerdo de conciliación en julio de 2025, como primer paso para poner fin al mencionado arbitraje internacional. Este acuerdo se dio luego de la reunión del presidente Daniel Noboa con el mandatario chino Xi Jinping (27 de junio de 2025). El objetivo del Gobierno ecuatoriano es que la empresa china asuma la operación y mantenimiento de Coca Codo Sinclair. La canciller, Gabriela Sommerfeld, afirmó que también se llegó “a un acuerdo para un aporte de 400 millones de dólares con la empresa Power China”, recursos que ingresarán hasta diciembre de 2026.
Otras demandas de corrupción
La Fiscalía General del Estado investigó una red de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, que habría operado entre 2009 y 2018 a cambio del pago de alrededor de $76 millones en coimas –aproximadamente el 4% del valor de la obra–, que habrían sido entregadas por Sinohydro, utilizando a terceras personas, a cambio de falsos servicios de consultorías y representaciones, y canceladas a través de dádivas, cheques y transferencias.
El 18 de septiembre de 2025 la Fiscalía acusó como autor directo de cohecho activo al expresidente Lenín Moreno, y solicitó que 24 personas sean llamadas a juicio por el mencionado delito. El 28 de agosto de 2026 el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia declaró culpables a 20 de las 21 personas procesadas. Moreno fue condenado a cinco años de prisión como autor directo de cohecho y a la prohibición permanente para ejercer cargos públicos. Según la sentencia, el exvicepresidente habría intervenido desde su cargo para favorecer el financiamiento del proyecto Coca Codo Sinclair. Rocío González, esposa del expresidente; Irina Moreno, su hija; y sus hermanos Guillermo y Edwin Moreno fueron declarados culpables como cómplices. Todos recibieron una pena de dos años y seis meses de prisión. La sentencia estableció que el entorno familiar de Moreno tuvo participación en la estructura de recepción y canalización de los recursos investigados. Esta sentencia es de primera instancia.
Impacto institucional
El megaproyecto Coca Codo Sinclair, ejecutado por Sinohydro Corporation y financiado mayoritariamente por Eximbank, prometía modernizar la matriz energética ecuatoriana. Sin embargo, su manejo ha expuesto profundas debilidades institucionales.
• Sobrecostos y fallas estructurales: El costo real superó los $3.311 millones, muy por encima del presupuesto inicial. La obra presenta más de 25.000 fisuras, según informes técnicos recientes.
• Fiscalización y batalla legal: La Contraloría detectó un perjuicio de $85 millones por incumplimientos y retrasos. Sinohydro intentó desvanecer las glosas, pero la CGE las ratificó. El caso sigue sin resolución en el Tribunal Contencioso Administrativo.
• Corrupción y escándalo político: La Fiscalía investigó una red de corrupción que habría movido $76 millones en coimas. El expresidente Lenín Moreno y otras 24 personas enfrentan acusaciones de cohecho, en un proceso judicial aún abierto.
• Arbitrajes y dependencia extranjera: CELEC EP-CCS reclama $580 millones en arbitraje internacional por las fisuras y otras irregularidades, mientras Sinohydro responde con demandas de reconvención. El acuerdo de conciliación firmado en 2025 implica que la empresa china asuma la operación y mantenimiento de la central, reforzando la dependencia tecnológica y operativa del país.
• Riesgos ambientales: La erosión regresiva del río Coca amenaza la captación de aguas y la operación de la central, sumando riesgos técnicos y ambientales a la crisis institucional.
En conclusión: Coca Codo Sinclair es el reflejo de una institucionalidad debilitada, marcada por la opacidad, la corrupción y la permisividad ante incumplimientos. La judicialización de los conflictos y la falta de transparencia han erosionado la confianza pública y la capacidad del Estado para defender sus intereses, comprometiendo la soberanía nacional y la legitimidad de sus instituciones.