Financiamiento
Eximbank de China
Valor inicial del proyecto
$327480967
Informes de contraloría
La Contraloría General del Estado (CGE) publicó un informe en el que identificó inconsistencias en la etapa de recepción de la obra del Proyecto Hidroeléctrico Minas San Francisco. La ejecución del contrato inició el 31 de marzo de 2012 y debía terminar el 30 de marzo de 2016, pero hubo cinco ampliaciones de plazo con lo que tenía que concluir el 16 de septiembre de 2018. Fue inaugurada recién en enero de 2019. La CGE encontró que se aprobó, sin una justificación clara, la devolución al constructor de 10.613.114,95 dólares que se habían cobrado como multas por incumplimiento de plazos. Además detectó que la construcción de un pozo combinado no cumplió especificaciones técnicas, y que hubo rubros nuevos que fueron pagados sin un sustento en el contrato. El monto ascendió a 244.030,66 dólares. También descubrió que el contratista redujo el valor cubierto por la póliza de fiel cumplimiento de 24.783.160,02 dólares a 12.500.000 luego de suscribir el acta de recepción definitiva de la obra civil.
Demandas y procesos judiciales
Existe un proceso legal según Expediente N.º 17811-2022-02067, tramitado ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Quito,con un monto en disputa de $3.018.517,66. Esta causa inició el 11 de octubre de 2022 por la compañía china, con el propósito de impugnar una resolución emitida por la Contraloría General del Estado, en la que se le atribuye responsabilidad civil por presuntas irregularidades en la ejecución del mencionado proyecto hidroeléctrico. Actualmente, el proceso se encuentra en fase de sustanciación, y está pendiente la convocatoria a audiencia preliminar.
Existe un segundo proceso legal (Expediente N.º 17811-2022-02160) también ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Quito. Esta demanda fue presentada el 24 de octubre de 2022 y está relacionada con la impugnación por parte de la empresa china de diversas resoluciones de la Contraloría, que establecieron multas y descuentos por la ejecución del proyecto. En esta causa, cuyo monto asciende a $2.794.872,28, se solicita la declaración de nulidad de varios actos administrativos. Al igual que el anterior, este proceso se encuentra en fase de sustanciación y aún no se ha fijado fecha para la audiencia preliminar.
Otro proceso, iniciado el 5 de noviembre de 2021, es el Expediente N.º 185-21 relacionado con un proceso mixto de naturaleza arbitral y administrativa, tramitado ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Quito. El monto en disputa es de $13.463.413,67. En este caso, la compañía presentó una demanda contra la Corporación Eléctrica del Ecuador CELE EP por presunto incumplimiento contractual, específicamente en relación con devoluciones de multas y pagos pendientes derivados del mismo proyecto hidroeléctrico. El proceso ha concluido y se resolvió parcialmente a favor de la empresa china, mediante la aceptación de un reclamo administrativo por parte de la Corporación Eléctrica del Ecuador CELE EP.
Finalmente, se encuentra en curso el proceso (Expediente N.º 17811-2023-00623), también tramitado ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Quito. Esta causa fue iniciada el 21 de marzo de 2023, con un monto en disputa de $10.613.114,95, y tiene como objeto la impugnación presentada por CELE EP frente a resoluciones administrativas que aceptaron parcialmente las pretensiones formuladas por la compañía china. En esta etapa, Harbin defiende la legalidad de dichas resoluciones. El proceso se encuentra actualmente en fase de sustanciación.
Observaciones
El 23 de junio de 2025, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros notificó a la compañía el Oficio N.º SCVS-IRCVSQ-DRGDA-2025-00071530-OC, de 20 de junio de 2025, mediante el cual se informa sobre la revocatoria del permiso de operación de Harbin Electric International Co. Ltd., debido a la falta de presentación de información ante dicho organismo regulador. Harbin asegura que se encuentra atendiendo estas obligaciones con la Superintendencia, con el fin de dejar sin efecto la revocatoria del permiso de operación, según una auditoría hecha a esta empresa.