En la segunda fase de ejecución del Sistema Ecu 911, el Gobierno de Ecuador aceptó que la Embajada china en Quito seleccione al contratista del proyecto. Esto no solo afecta la autonomía y la soberanía del Estado en el proceso de contratación sino que viola la legislación nacional sobre seguridad ciudadana. Además, los reiterados cuestionamientos sobre la ejecución de la primera y segunda fases, profundizan las dudas sobre la transparencia y la legitimidad institucional. Estos problemas conllevan un impacto político y dejan en evidencia una renuncia a la soberanía nacional en nombre de la cooperación internacional, lo que genera desconfianza en la opinión pública.

En la fase precontractual de este proceso, el Ministerio Coordinador de Seguridad resolvió que la empresa china que fuera designada para ejecutar esta obra debía ser seleccionada por la Embajada china en Ecuador.